Perotti mandó al Senado la ley de Necesidad Pública
Ahora que ya hablaron con todos, va de nuevo
Pide financiamiento por 27.000 millones para levantar las deudas que dejó Lifschitz, fondos de emergencia, congelamiento de tarifas y boleto educativo
Por Juan Carlos Tizziani
Borgonovo confía en el diálogo que abrió con la oposición, para conseguir la ley.
(Desde Santa Fe)
El gobernador Omar Perotti le pidió ayer a la Legislatura que declare a la provincia en “estado de necesidad pública”, como se llama ahora a la crisis “económica, alimentaria, sanitaria, financiera y en seguridad”, hasta el 30 de junio de 2021. El proyecto de ley ingresó por el Senado y, entre otras cosas, solicita financiamiento por 27.000 millones de pesos para tapar el bache fiscal que dejó Miguel Lifschitz: 15.000 millones que serían destinados a reconstruir el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), vaciado antes del cambio de gobierno, y otros 12.000 millones para pagar la mitad de la deuda flotante que asumió el socialista y ya supera los 27.000 millones. Más, fondos específicos para afrontar la emergencia social y alimentaria (2.500 millones), sanitaria (2.500 millones), en seguridad (2.000 millones), auxiliar a municipios y comunas, extender el congelamiento de tarifas eléctrica y agua por 180 días y sostener el boleto educativo. Según el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, en la Legislatura “hay conciencia de que estas herramientas son necesarias” para sacar a Santa Fe de una “situación de vulnerabilidad fiscal”, como la califica el mensaje del Poder Ejecutivo. El ministro observó que “ha bajado la confrontación política” y que la ronda de diálogo en la Casa Gris con bloques opositores aportó un “clima de sinceridad y de mirar las cosas como son”. “Esta es la realidad”, le dijo a Rosario/12.
Borgonovo cree que mejoró el trato con la oposición. “El resultado fue bueno”. “Estamos en una situación muy distinta” a la de diciembre, cuando Perotti pidió la emergencia, el Senado bochó la de seguridad y en Diputados, el bloque de Lifschiz la mandó al archivo. “La ley que enviamos ahora incorporó los planteos de los legisladores. Tiene muy definido el destino de los fondos y las operaciones de crédito que se piden. Y es una fuerte apuesta a solucionar la crisis alimentaria. Todos sabemos que más allá del gran aporte que será la Tarjeta Alimentar (que asigna entre 4.000 y 6.000 pesos a niños y niñas menores de seis años) queda un universo de 140 mil personas en Santa Fe con una Tarjeta Ciudadana que es la provincial de apenas 300 pesos, lo cual es una vergüenza para todo el arco político”, dijo el ministro. Y a esto hay que agregarle “los fondos para Salud, la asistencia a municipios y comunas, sostener el congelamiento de tarifas por 180 días y el boleto educativo. Hay necesidades objetivas que la mayoría de los bloques reconoce”, aseguró.
Cuando se le pidió una estimación total del endeudamiento, Borgonovo mencionó los 12.000 millones para pagar las “deudas vencidas y exigibles a cortísimo plazo” que dejó Lifschitz y los 15.000 millones para recomponer el FUCO. “Los 12.000 millones de pesos se necesitan para atender la deuda flotante, la deuda consolidada y renegociar contratos. Ahí hay una finalidad concreta. Si en vez de esa cifra nos autorizaran 13.000 millones no podríamos gastarlos en otra cosa. Acá no hay gastos corrientes, ni nada, son para pagar deudas que asumió el gobierno anterior y no las pagó. Clarito como el agua”.
“Después, están los 15.000 millones para el FUCO, que es el colchón financiero con el que funciona la provincia tradicionalmente para atender disponibilidades transitorias, que es una necesidad”, explicó Borgonovo. Y recordó que fue el propio Lifschitz quien “autorizó por decreto que se utilizara un 100 por ciento” del Fondo. Porque primero era un 50%, después un 80% y ahora el 100%, con lo cual ya hay un reconocimiento explícito (del socialismo) de la necesidad de contar con esa herramienta. Y además, los dos fondos para alimentación y salud (de 2.500 millones de pesos cada uno) y seguridad de 2.000 millones. “El pedido de asignación directa es de 1.000 millones, pero se destinan a ese fondo las multas de seguridad vial y otros recursos. Lo calculamos en 2.000 millones”, agregó.
—¿Cree que la Legislatura puede sancionar la ley?
—Hay que seguir conversando, estamos muy cerca. Creemos que hay conciencia de que estas herramientas son necesarias. Ha bajado la confrontación política y las reuniones se realizaron en un clima de sinceridad y de mirar las cosas como son.
Al describir la “situación de vulnerabilidad fiscal” de la provincia, el mensaje de Perotti recuerda el “déficit fiscal” de 18.200 millones de pesos en 2019 que le dejó Lifschitz "como consecuencia de gastos consumados no registrados por falta de crédito presupuestario” y agregó el déficit de 2020 en el presupuesto que el ex gobernador le armó antes de asumir, que ronda los 8.130 millones.
Fuente:Rosario12
Derechos humanos
Más cerca de la justicia
08/02/2020
El TOF II estableció el 25 de marzo como fecha para dar a conocer la sentencia del juicio por delitos de lesa humanidad comprendidos en las causas Feced III y IV. Los crímenes del SI y la Biblioteca Vigil. Tres represores murieron durante el proceso, que lleva dos años.
El Tribunal Oral Federal II de Rosario estableció la jornada siguiente a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia como fecha para dictar la sentencia en el juicio oral conocido como Feced III y IV, que se inició en abril de 2018. Es una fecha tentativa, parte del cronograma que no necesariamente se cumple. Ese día, el 25 de marzo, debería conocerse la suerte procesal de diez policías retirados juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, como homicidios, privación de la libertad y abuso sexual agravados y aplicación de tormentos. También por el delito de asociación ilícita.
El irrevocable paso del tiempo hizo que cuatro de los imputados originalmente durante la instrucción de las causas no lleguen a conocer la sentencia: Carlos Ulpiano Altamirano, Daniel González y Ovidio Olazagoitía –tres ex policías que actuaron en el Servicio de Informaciones (SI) bajo el mando del jefe de ese centro clandestino, Agustín Feced- murieron durante el extenso proceso que se extendió por casi dos años.
El cuarto acusado que quedará sin condena, el sacerdote Eugenio Segundo Zitelli, falleció unos días antes del comienzo del juicio, postergado en tres ocasiones. Ex capellán de la Policía de Rosario antes y durante la última dictadura, el cura fue procesado por delitos de lesa humanidad. Consentía la aplicación de tormentos, participó de esos vejámenes a los que fueron sometidos los detenidos-desaparecidos que pasaron por el SI, según testimoniaron en la causa.
Zitelli no se arrepintió de su actuación una vez iniciado el proceso democrático. La institución que lo invistió como sacerdote lo protegió mientras pudo. A los 85 años, murió tras ser sometido a un cirugía.
“Estaba agonizando desde hace varios días, fue operado en diciembre de un corrimiento en su prótesis de cadera y eso le desencadenó problemas físicos y cognitivos ya que se aceleraron enfermedades seniles de base”, informó en aquel momento su abogado, Oscar Romera.
Alegatos
Tras la feria judicial de enero, esta semana se reiniciaron las audiencias del juicio por las causas Feced III y IV. Son la tercera y cuarta parte de las investigaciones judiciales por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el SI, ubicado en la céntrica esquina de San Lorenzo y Dorrego, en una ochava del edificio que entonces albergaba a la Jefatura de Policía de Rosario.
Allí funcionó entre marzo de 1976 y finales de 1978 el centro clandestino de detención más importante del sur de Santa Fe en cuanto al número de víctimas que pasaron por sótano de ese edificio, conocido como El Pozo. En pleno centro, a la vista de todes.
A finales del año en el que se desarrolló el Mundial de Fútbol en Argentina, los represores debieron “levantar” el centro clandestino tras el escándalo que generó el asesinato en ese lugar del militante Conrado Galdame. Fue detenido el 13 de diciembre y según testimonios de sobrevivientes los mismos represores se recriminaron que a uno de ellos se “le escapó un tiro”.
Para perfeccionar el “error”, la patota fue hasta el domicilio de Galdame, en España y Pellegrini. Allí mataron a la estudiante peruana María Antonieta Chuang Céspedes y fraguaron el homicidio como un “enfrentamiento”, la principal figura escogida por el terrorismo de Estado para comunicar a la opinión pública sus crímenes. También secuestraron a un hermano de la estudiante, Rory Chuang Céspedes, quien llegó al departamento en medio del procedimiento. Lo trasladaron al SI. Y también murió indefenso, en un “enfrentamiento”.
El reclamo de la Cancillería peruana y el escándalo que provocaron esos asesinatos generaron, a la vez, el rápido final del centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones policial.
Pero ese caso ya se juzgó.
Esta semana la fiscalía, a cargo de Adolfo Villate, continuó con los alegatos finales que había comenzado en diciembre pasado. De acuerdo a las previsiones de la propia fiscalía, el alegato podría extenderse “otras dos o tres semanas”, dijo a El Eslabón una fuente del equipo de la Unidad a cargo de los juicios de lesa humanidad.
Las querellas de una parte de las víctimas, a cargo de los abogados de HIJOS Rosario y del equipo jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh) realizaron sus alegatos a fines del año pasado.
Una vez que concluya la Fiscalía, será el turno de los defensores de los diez represores imputados en el proceso oral.
Los acusados
Los imputados originalmente en el juicio fueron los policías retirados Carlos Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Ramón Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara, Héctor Gianola y Daniel González.
Los primeros once ya habían sido condenados a distintas penas por delitos de lesa humanidad juzgados en anteriores procesos orales de las causas Feced I y II. Altamirano, Olazagoitía y González fallecieron durante el proceso.
Los policías “Beto” Gianola y “Lagarto” González no habían sido alcanzados por esos juicios anteriores porque se mantuvieron prófugos de la Justicia, mientras que el cura Zitelli no había sido investigado judicialmente.
González y Zitelli murieron impunes.
Todos los miembros de la fuerza de seguridad acusados en este juicio prestaron servicios durante los primeros años de la última dictadura en el Servicio de Informaciones (SI).
Durante estos casi dos años, los jueces Lilia Carnero (integrante del Tribunal Oral I de Entre Ríos), Jorge Gallino (miembro de la Cámara Federal de Apelaciones Rosario) y Osvaldo Facciano escucharon y vieron las pruebas existentes sobre los casos de 152 víctimas del terrorismo de Estado, de los cuales 90 fueron ventiladas por primera vez ante el Poder Judicial.
El juicio también incluyó, por primera vez, los casos de las víctimas de la represión ilegal pertenecientes a la comisión directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil.
La entidad fue intervenida el 25 de febrero de 1977 por el gobierno de facto provincial. Una semana después, el poder militar cerró las escuelas de la Biblioteca, la caja de ayuda mutual, la guardería y el Centro Materno Infantil. Los milicos hicieron una pira con gran parte de los libros que componían al patrimonio de la Vigil, emulando las quemas organizadas por estudiantes, docentes y militantes del nazismo cuarenta años antes.
El 10 de marzo del mismo año ocho miembros de comisión directiva fueron secuestrados y trasladados a El Pozo. Dos meses más tarde fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional –“blanqueados” como detenidos más o menos legales- y a finales de 1977 fueron liberados, tras ser sometidos a torturas. Cuarentaitrés años después, las víctimas aguardan que a la jornada siguiente del Día de la Memoria, se conozca la verdad y se haga justicia.
El irrevocable paso del tiempo hizo que cuatro de los imputados originalmente durante la instrucción de las causas no lleguen a conocer la sentencia: Carlos Ulpiano Altamirano, Daniel González y Ovidio Olazagoitía –tres ex policías que actuaron en el Servicio de Informaciones (SI) bajo el mando del jefe de ese centro clandestino, Agustín Feced- murieron durante el extenso proceso que se extendió por casi dos años.
El cuarto acusado que quedará sin condena, el sacerdote Eugenio Segundo Zitelli, falleció unos días antes del comienzo del juicio, postergado en tres ocasiones. Ex capellán de la Policía de Rosario antes y durante la última dictadura, el cura fue procesado por delitos de lesa humanidad. Consentía la aplicación de tormentos, participó de esos vejámenes a los que fueron sometidos los detenidos-desaparecidos que pasaron por el SI, según testimoniaron en la causa.
Zitelli no se arrepintió de su actuación una vez iniciado el proceso democrático. La institución que lo invistió como sacerdote lo protegió mientras pudo. A los 85 años, murió tras ser sometido a un cirugía.
“Estaba agonizando desde hace varios días, fue operado en diciembre de un corrimiento en su prótesis de cadera y eso le desencadenó problemas físicos y cognitivos ya que se aceleraron enfermedades seniles de base”, informó en aquel momento su abogado, Oscar Romera.
Alegatos
Tras la feria judicial de enero, esta semana se reiniciaron las audiencias del juicio por las causas Feced III y IV. Son la tercera y cuarta parte de las investigaciones judiciales por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el SI, ubicado en la céntrica esquina de San Lorenzo y Dorrego, en una ochava del edificio que entonces albergaba a la Jefatura de Policía de Rosario.
Allí funcionó entre marzo de 1976 y finales de 1978 el centro clandestino de detención más importante del sur de Santa Fe en cuanto al número de víctimas que pasaron por sótano de ese edificio, conocido como El Pozo. En pleno centro, a la vista de todes.
A finales del año en el que se desarrolló el Mundial de Fútbol en Argentina, los represores debieron “levantar” el centro clandestino tras el escándalo que generó el asesinato en ese lugar del militante Conrado Galdame. Fue detenido el 13 de diciembre y según testimonios de sobrevivientes los mismos represores se recriminaron que a uno de ellos se “le escapó un tiro”.
Para perfeccionar el “error”, la patota fue hasta el domicilio de Galdame, en España y Pellegrini. Allí mataron a la estudiante peruana María Antonieta Chuang Céspedes y fraguaron el homicidio como un “enfrentamiento”, la principal figura escogida por el terrorismo de Estado para comunicar a la opinión pública sus crímenes. También secuestraron a un hermano de la estudiante, Rory Chuang Céspedes, quien llegó al departamento en medio del procedimiento. Lo trasladaron al SI. Y también murió indefenso, en un “enfrentamiento”.
El reclamo de la Cancillería peruana y el escándalo que provocaron esos asesinatos generaron, a la vez, el rápido final del centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones policial.
Pero ese caso ya se juzgó.
Esta semana la fiscalía, a cargo de Adolfo Villate, continuó con los alegatos finales que había comenzado en diciembre pasado. De acuerdo a las previsiones de la propia fiscalía, el alegato podría extenderse “otras dos o tres semanas”, dijo a El Eslabón una fuente del equipo de la Unidad a cargo de los juicios de lesa humanidad.
Las querellas de una parte de las víctimas, a cargo de los abogados de HIJOS Rosario y del equipo jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh) realizaron sus alegatos a fines del año pasado.
Una vez que concluya la Fiscalía, será el turno de los defensores de los diez represores imputados en el proceso oral.
Los acusados
Los imputados originalmente en el juicio fueron los policías retirados Carlos Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Ramón Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara, Héctor Gianola y Daniel González.
Los primeros once ya habían sido condenados a distintas penas por delitos de lesa humanidad juzgados en anteriores procesos orales de las causas Feced I y II. Altamirano, Olazagoitía y González fallecieron durante el proceso.
Los policías “Beto” Gianola y “Lagarto” González no habían sido alcanzados por esos juicios anteriores porque se mantuvieron prófugos de la Justicia, mientras que el cura Zitelli no había sido investigado judicialmente.
González y Zitelli murieron impunes.
Todos los miembros de la fuerza de seguridad acusados en este juicio prestaron servicios durante los primeros años de la última dictadura en el Servicio de Informaciones (SI).
Durante estos casi dos años, los jueces Lilia Carnero (integrante del Tribunal Oral I de Entre Ríos), Jorge Gallino (miembro de la Cámara Federal de Apelaciones Rosario) y Osvaldo Facciano escucharon y vieron las pruebas existentes sobre los casos de 152 víctimas del terrorismo de Estado, de los cuales 90 fueron ventiladas por primera vez ante el Poder Judicial.
El juicio también incluyó, por primera vez, los casos de las víctimas de la represión ilegal pertenecientes a la comisión directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil.
La entidad fue intervenida el 25 de febrero de 1977 por el gobierno de facto provincial. Una semana después, el poder militar cerró las escuelas de la Biblioteca, la caja de ayuda mutual, la guardería y el Centro Materno Infantil. Los milicos hicieron una pira con gran parte de los libros que componían al patrimonio de la Vigil, emulando las quemas organizadas por estudiantes, docentes y militantes del nazismo cuarenta años antes.
El 10 de marzo del mismo año ocho miembros de comisión directiva fueron secuestrados y trasladados a El Pozo. Dos meses más tarde fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional –“blanqueados” como detenidos más o menos legales- y a finales de 1977 fueron liberados, tras ser sometidos a torturas. Cuarentaitrés años después, las víctimas aguardan que a la jornada siguiente del Día de la Memoria, se conozca la verdad y se haga justicia.
Contra el hambre sin intermediarios
Un mercado de productos a precios accesibles pasó por Empalme Graneros
La primera Feria Itinerante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación convocó a más de 1200 personas. Fue, además, el escenario de la firma de un convenio entre los tres niveles del Estado con el objetivo de multiplicar estas actividades en todo el territorio.
En el marco de la Feria Itinerante que se llevó adelante este viernes en Empalme Graneros, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, firmó un convenio de colaboración junto con su ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. La jornada se realizó de 09 a 13 en Juan José Paso y Campbell y fue en el marco de las acciones impulsadas por el gobierno nacional para facilitar el acceso a la alimentación de los sectores populares. La Feria –que en principio se iba a realizar el sábado 8 pero se adelantó al viernes 7– llega a Rosario a partir de un acuerdo entre los gobiernos nacional y de la provincia de Santa Fe, con la participación del municipio local y organizaciones y movimientos sociales y tiene como objetivo ofrecer alimentos de calidad a precios populares a través de una vinculación más directa entre productores y consumidores.
La primera Feria Itinerante del año resultó ser un éxito: 1200 compradores y 40 productores estuvieron en la zona de Juan José Paso y Campbell potenciando la economía popular de la región. “Fue un excelente encuentro”, resumió José Abelli, referente del movimiento de empresas recuperadas. “Imaginate, ¡se conseguía el kilo de uva a 50 pesos! Esa es la fórmula del éxito”, destacó, para completar la imagen de una mañana agobiante por las altas temperaturas del verano rosarino. Estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti; la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el ministro de Desarrollo Social de la provincia Danilo Capitani; el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; el senador Marcelo Lewandosky y el Intendente de Rosario Pablo Javkin, entre otros.
Abelli remarcó la importancia de haber apuntado a la comercialización de lácteos, carnes y verduras, en el marco de una de las principales políticas que trazó el gobierno nacional: enfrentar el hambre de los barrios de todo el país. “También hay que destacar que de esto participó la Municipalidad, la Provincia, la Nación y las organizaciones sociales, todos en armonía. La idea es que las ferias se multipliquen en todo en el territorio, apuntando a que los vecinos y productores se apropien, se organicen y logren que estas instancias sean permanentes en cada barrio”.
“La actividad de esta mañana (por el viernes) es una clara señal política para atender lo urgente, que es el hambre. Pero también es un guiño de que la matriz económica va a dar un giro también hacia las pymes y las cooperativas”, concluyó el referente.
Las Ferias Itinerantes son convocadas desde la Dirección Nacional de Comercialización y Abastecimiento Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Rafael Klejzer que, junto con los gobiernos provinciales y municipales, coordina en cada ciudad o pueblo la organización de cada encuentro con representantes locales de cooperativas, empresas recuperadas, pequeños productores, emprendedores y organizaciones que producen alimentos.
El objetivo es que los productores cuenten con nuevos espacios para comercializar y los consumidores puedan adquirir productos de alto valor nutricional a precios muy accesibles.
En este sentido, entre los productos y precios a los que se puede acceder se cuentan: leche (1 litro en sachet), a 38 pesos; Pollo entero (aproximadamente 2,400 kg), a 200 pesos; yerba (1 kg), a 180 pesos; porotos aluvia (1 kg), a 80 pesos; lentejas (1 kg), a 65 pesos; garbanzos (1kg), a 55 pesos; pan (1 kg), a 40 pesos. También se ofrecen bolsones de frutas y verduras y otros alimentos como, por ejemplo: bolsón de banana, manzana, naranja y pera (1 kg de cada fruta), a 200 pesos; bolsón de 1 kg de pan francés, media docena de facturas, media docena de bizcochos, un pan de campo con o sin semillas (750 grs) y 8 pizzetas, a 200 pesos.
Se emite por Radio Rebelde Rosario Una década ganada
El programa Poné la Pava, coproducido por la Cooperativa La Masa –que lleva adelante este diario digital– y la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), cumple 10 años y los festeja en el Parque España (Sarmiento y el río), este viernes desde las 18.
Concebido en 2010, Poné la Pava surgió con la consigna de “darle voz a los que no tienen voz”. Producto del vínculo establecido entre integrantes de La Masa que cubrían periodísticamente los cortes de ruta y otros reclamos llevados adelante por la FTV, comenzó a emitirse de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana en dicha radio comunitaria, bajo la conducción de Manolo Robles y Guillermo Griecco, con la participación especial de Juan Carlos Rodríguez, líder provincial de la Federación de Tierra. La columna deportiva estaba a cargo de Santiago Garat, hoy conductor principal. El profesor Pablo Bilsky analizaba la política internacional y Horacio Çaró, la local.
Luego de un par de temporadas y algunos cambios en el staff, Poné la Pava se mudó a Frecuencia Mutual, la radio de la Federación de Mutuales, y cambió de horario: de 10 a 12 del mediodía.
Más adelante la emisora que le abrió sus puertas fue Gran Rosario, primero en horario vespertino y luego copando la mañana informativa.
Desde 2019, la Federación Tierra y Vivienda se lanzó a la apertura de un estudio propio bajo la denominación de Radio Rebelde Rosario, en Rodríguez 15 bis, del populoso barrio de Pichincha.
El próximo lunes comenzará la décima temporada de esta coproducción, en el horario de 7 a 12 y en el 99.3 del dial de las FM. El equipo actual lo componen Juan Carlos Rodríguez y Santiago Garat en la conducción; Noelia Megías en la producción general; Guillermo Callipari en Deportes; Pablo Bilsky en política internacional, Sebastián Frer en el móvil y Ramiro Rivera en los controles técnicos.
Tiran la radio por la ventana
Para festejar sus primeros 10 años, Poné la Pava organizó una movida en las escalinatas del parque España que contará con una radio abierta, música en vivo, feriantes, sorteos y sorpresas.
Entra los artistas que amenizarán la jornada, se cuentan los cumbieros Güepa Jé y Augusto y la Banda del Crack; los raperos El Extraterrestre y JH Rapper, el folclorista Marcelo Gallo y las melodías de Purple Glow y Zona Sur.
Fuente:RedaccionRosario
Fuente:RedaccionRosario
EMERGENCIAS A LA ESPERA
Perotti envió la ley de Necesidad Pública al Senado
El gobernador Omar Perotti envió este viernes el proyecto de ley de Necesidad Pública a la Legislatura santafesina. La iniciativa ingresó de forma unificada, con todas las emergencias en una sola normativa, y con la Cámara de Senador como primera instancia de debate.
Desde la Casa Gris habían anticipado que el proyecto tenía "dos ejes de emergencias: una alimentaria, social y de salud; y otra de seguridad". En caso de aprobarse, tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2021, a menos que el Ejecutivo lo de por concluido antes de esa fecha.
“Se remite a vuestra consideración, tratamiento y sanción definitiva el proyecto de ley por el cual se declara el Estado de Necesidad Pública en materia Social, Alimentaria y Sanitaria, de las Contrataciones Públicas, Financieras y de Seguridad en la provincia de Santa Fe, hasta el 30 de junio de 2021”, expresa el mensaje que Perotti envió al Senado este viernes.
Tras el ingreso del proyecto a la Legislatura, llegaron las críticas de los diputados opositores. "El proyecto de necesidad pública finalmente ingreso unificado y por el senado. Desde la UCR oportunamente pedimos que ingrese desdoblado y por la cámara de diputados. El diálogo es positivo pero es mejor cuando los interlocutores te escuchan", criticó el diputado provincial Maximiliano Pullaro.
El lunes pasado el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo se había reunido con el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Casa Gris para buscar acuerdos y lograr la aprobación de las emergencias. Dos días después fue el turno del socialismo. Luego de las reuniones, el proyecto se hizo oficial este viernes.
A 26 años de su muerte, el recuerdo del militante LGTBI Juan Carlos Espina
Un 8 de febrero de 1994 fallecía quien fuera el primer secretario general del Movimiento de Liberación Homosexual (MLH), primera organización LGBTI de Rosario y de Santa Fe
Juan Carlos Espina era un militante entrañable e incansable, y se animó a tomar la voz por el colectivo LGBT+ en tiempos difíciles. A pesar de transitar su acción política en la recientemente recuperada democracia, aún continuaban las razzias, la persecución policial, la violencia institucional y el estigma y la discriminación como marcas a fuego para toda una comunidad.
Para recordarlo, qué mejor que recuperar los testimonios de quienes, desde distintos aspectos de su vida, acompañaron a Juan Carlos en esos difíciles años que sentaron las bases para tantos logros y conquistas que el movimiento del cual fue pionero, lograría años más tarde.
En palabras de Adrián Sánchez, compañero de Juan Carlos y segundo secretario general del MLH: “Un día, que no puedo precisar, del invierno de 1980 Juan Carlos me dijo que había que comenzar a luchar por nuestros derechos. «Estoy cansado de que nos llamen putos y enfermos, amar no puede ser una enfermedad, enfermos y egoístas son los que nos desprecian sin razón. Vamos a reunirnos los domingos con los amigos a charlar sobre nuestros sentimientos, a pensar, a hablar de lo que hay que hacer»”.
“Eso me dijo Juan y en menos de una semana él ya había tomado la iniciativa de hablar con algunos amigos de confianza y el domingo siguiente tuvo lugar la primera reunión. Este grupo embrionario funcionó en completo secreto. Eran tiempos de dictadura, las razzias de la Policía en bares y lugares frecuentados por «las travestis, las tortas y los putos» eran tan frecuentes como las palizas, extorsiones y alguna que otra ocasional muerte violenta. Surgía el Movimiento de Liberación Homosexual y Juan Carlos fue su primer secretario general, en 1984. Ellos tuvieron la visión de enmarcar la lucha por los derechos de la diversidad sexual en un contexto mayor: las luchas por un mundo digno de vivir en él, la férrea defensa de los derechos humanos para todas y para todos en el camino hacia la emancipación de los pueblos, apoyando los reclamos de otras organizaciones de derechos humanos; marchando como Movimiento de Liberación Homosexual en las primeras demostraciones por la aparición con vida de los desaparecidos, juicio y castigo a los culpables. En la década de los 80 el MLH emergió con una misión ambiciosa, al mismo tiempo tuvo que hacer frente a la aparición del Sida Hacia 1987 el MLH lanzó la primera campaña de prevención contra el Sida en Rosario”.
Otro de sus compañeros de lucha, y referente del colectivo LGBTI de la ciudad, Carlos Italiano, expresa: “Entre un ser común y uno excepcional hay un espacio que cubre la memoria en todas sus formas y dimensiones. Los seres comunes quedan alojados en el recuerdo de sus seres queridos y suelen traspasar generaciones de un mismo tronco familiar. Los seres excepcionales quedan grabados –además– en la memoria colectiva de una sociedad, de una cultura, a través del tiempo histórico y de sus espacios. Sin dudas, Juan Carlos Espina pertenece a ambos linajes, y por eso su memoria moviliza no solamente a sus seres amados por vínculos de sangre sino a quienes tuvimos el privilegio de conocerlo como activista pionero en la lucha de la defensa de los derechos de las minorías sexuales. «Vos tenés que militar con nosotros», me dijo una tarde rosarina y sueñera como su río y desprendió su sonrisa inolvidable, esa espuma de ángeles que brillaba también en su mirada inteligente y penetrante. Y me fui con «ellos». Ellos que pasó a ser nosotros cuando ingresé al MLH de su mano, cuando escuchándolo me di cuenta que ponía en palabras lo que yo llevaba puesto en mi vida desde que había comprendido mi ser diferente y perseguido, porque no era –no soy– heterosexual, pero tampoco era heteronormativo”.
José María “Pepe” Díaz de Brito, integrante de la Casa LGBTI y fundador de VOX Asociación Civil y militante de Colectivo Arco Iris, entre otras organizaciones, recuerda: “Lxs militantes de los últimos años y lxs jóvenes generaciones tienen un camino más fácil por la labor previa de abnegados militantes como Juan Carlos Espina, de quien podemos decir que fue el primer militante gay público de nuestra provincia. Él tuvo que tropezar con innumerables obstáculos para abrir duramente el camino que luego transitaron nuevas y más numerosas generaciones de militantes populares”.
“En fin, éramos «putos, tortas y travas». Y a mucho honor. De allí viene la palabra Orgullo que aplicamos a nuestros festejos. Orgullo de haber sacado de nosotrxs la vergüenza y la culpa que tantos siglos de cultura sexista, patriarcal y binaria nos han impuesto como sanción condenatoria por no seguir el camino establecido por esta sociedad hipócrita”.
Su hermano, Jorge Alberto Espina, lo recuerda desde un lugar más personal: “Fuiste un distinto, caminaste por caminos difíciles en épocas oscuras. Desafiaste la dictadura, los miedos y la moral de aquellos tiempos. Trabajaste por tus ideales sin buscar nada a cambio, sólo construir un lugar donde sean respetados todos los derechos. Sabías que lleva tiempo, pero hay que poner la semilla para que más temprano que tarde la sociedad se empodere y logre ir avanzando hacia esos objetivos. No sólo organizaste y fuiste el primer secretario general del Movimiento de Liberación Homosexual; también te uniste a la lucha por otras emergencias de la época, marchamos juntos por el fin de la dictadura y estabas en esos primeros grupos de apoyo a las Madres de Plaza de Mayo. También estuviste en los primeros y difíciles años de la aparición del Sida, tu profesión de Bioquímico te permitió ser un adelantado, trabajar en la detección del virus haciendo los primeros test, pero impulsando que los mismos sean gratuitos y anónimos”.
Durante el mes de marzo se realizarán diversos homenajes a la figura de Juan Carlos Espina impulsados por sus compañeros de lucha y familiares. Esta iniciativa tuvo su origen durante 2019 con motivo de los 25 años de su fallecimiento, y se concretarán durante 2020.
Nota de Instituto de Políticas Públicas LGBT+ (politicaslgbt.org)
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
La producción industrial en Santa Fe cayó en tres de los últimos cuatro años
Cayeron las manufacturas de origen industrial y decreció fuertemente el empleo. El deterioro rubro por rubro, y tanto del mercado doméstico como de la posibilidad de generar valor agregado y bienes exportables, en datos de la Federación Industrial de la provincia.
La industria es, naturalmente, el segmento económico que más sufre una recesión. Más aún cuando se trata de una profunda y prolongada como la que atraviesa Argentina desde, por lo menos, el segundo trimestre de 2018.
A eso se suma que en los años anteriores, más allá del clásico “serrucho” (un año positivo uno negativo en términos de crecimiento del PBI, lo que impide hablar de recesiones), se puede hablar de un estancamiento que ya bordea la década (con una profundización claramente regresiva en los últimos años).
A la hora de esbozar balances, el más reciente informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), relativo a enero de 2020, permite ponderar lo brusco de la caída de 2019, sumada a la debacle de 2018, y al mismo tiempo trazar un mapa que permita comenzar una reconstrucción del tejido industrial, con especial foco en generar valor agregado y consolidar puestos de trabajo, algo en lo que se esperanzan desde la entidad, a la luz de “las primeras medidas” del gobierno nacional (el que marca la cancha en términos macroeconómicos).
La producción industrial en Santa Fe disminuyó en tres de los últimos cuatro años. De acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de Fisfe, el nivel de actividad industrial en la provincia de Santa Fe enfrentó en el último mes de 2019, y por vigésimo mes consecutivo, una disminución de -0,6% interanual, acumulando en doce meses un retroceso de -6,5% en relación al año anterior.
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Fisfe.
En el último mes de 2019 algunas ramas fabriles mostraron mejores desempeños interanuales permitiendo moderar los resultados negativos observados durante gran parte del año. En 2018 la producción industrial santafesina ya había experimentado una contracción de similar magnitud. El actual nivel de actividad fabril se encuentra -13,5% por debajo del registrado en el año 2015.
Al finalizar 2019 un grupo mayoritario de 43 ramas industriales, sobre un total de 50 analizadas, presentó bajas de producción en relación al año anterior. El deterioro del nivel de actividad de 2019 se fundamentó en el magro desempeño de la industria automotriz (-32,7%), productos de metal (-9,6%), maquinaria y equipo (-21,7%), autopartes (-15,6%), lácteos (-7,9%), siderurgia (-15,5%), sustancias químicas (-4,6%), entre otras.
Contrariamente, resultaron actividades expansivas la molienda de oleaginosas (+5,9%) y carne vacuna (+3,7%). Un total de 33 ramas industriales exhibió retrocesos de producción en 2018 y 2019; mientras que los peores resultados se hallan en Productos químicos básicos, Calzado, Textiles, Productos farmacéuticos, Maquinaria de uso especial, Vehículos automotores, y Otro equipo de transporte, al presentar en 2019 el tercer año consecutivos de menor actividad.
CASOS TESTIGO
Tras dos años de menores niveles de actividad, el complejo industrial oleaginoso con actividad en la provincia de Santa Fe finalizó 2019 mostrando una clara recuperación interanual.
El procesamiento de 36,6 millones de toneladas de semillas de soja y la elaboración de 7,2 millones de toneladas de aceite representaron subas de 12,7% y 11,8% en relación al año anterior. La producción sectorial de 2019 fue la segunda mejor de los últimos diez años, sólo superada por los registros de 2016. En el plano coyuntural, en diciembre de 2019 la industrialización de materia prima cayó -1,1% interanual.
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Fisfe.
Las exportaciones argentinas de aceite de soja finalizaron 2019 mostrando un aumento interanual de 28,2% en volumen (5,3 millones de toneladas) y 19,2% en valor (3.447 millones de dólares). Las colocaciones externas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja registraron durante 2019 un incremento interanual de 15,1% en términos de volumen (27,8 millones de toneladas), y una baja de -4,9% en valor (8.800 millones de dólares) debido a los menores precios de exportación.
Para la campaña 2019/20 la producción argentina de soja se estima en 53/54 millones de toneladas, un volumen levemente inferior al ciclo anterior.
Por su parte, la producción de biodiésel de soja en Santa Fe acumuló al mes de noviembre de 2019 una baja de -10,7% frente al mismo período del año anterior, como resultado de menores exportaciones.
En el extremo opuesto al complejo oleaginoso, la producción de vehículos automóviles en Santa Fe registró en 2019 una baja de -32,7% interanual. Este desempeño negativo de la industria automotriz en nuestra provincia estuvo en línea a lo observado a nivel nacional. Santa Fe generó en 2018 y 2019 prácticamente el 8% de la producción de automóviles en nuestro país.
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Fisfe.
LO QUE URGE REVERTIR
Hay algunas de las cifras, más allá del análisis sectorial y desglosado que permite vislumbrar el impacto en cada rubro, hay dos cifras generales que, por su carácter sintomático permiten ver la gravedad de la crisis y la necesidad urgente (aunque sea precisamente algo que cuesta modificar rápidamente) de revertir la tendencia.
En primer lugar, el nivel de empleo. El total de asalariados registrados en el sector privado en la provincia de Santa Fe retrocede desde septiembre 2018 y hasta la actualidad. Desde comienzos de la etapa recesiva el total de asalariados declarados se redujo en -16,3 mil.
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Fisfe.
En noviembre de 2019, último dato oficial publicado, se verificó, por décimo quinto mes consecutivo, una nueva caída interanual, en este caso de -2,4%, equivalente a una pérdida de -12,4 mil trabajadores asalariados.
En los últimos cuatro meses la destrucción de empleo se intensificó, retrotrayendo el actual nivel de empleo (493,4 mil asalariados) al registro alcanzado en el año 2011. La presente fase contractiva en materia de empleo es la más duradera y profunda desde la crisis de 2001.
Además de los magros números de materia laboral, la generación de valor agregado y la consecuente capacidad exporable, aciaga por estas horas, es otro síntoma que el imperativo de la hora exige revertir prontamente.
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Fisfe.
En los primeros once meses de 2019 las exportaciones santafesinas de Manufacturas de Origen Industrial mostraron un descenso de 383 millones de dólares en relación al mismo período del año anterior.
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Fisfe.
Este negativo desempeño se fundamentó principalmente por las menores colocaciones externas de la industria química, automotriz y máquinas-equipos. Sólo los rubros Metales comunes y sus manufacturas, y excepcionalmente, Manufacturas de piedra y productos cerámicos, registraron una recuperación. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario crecieron +3,7% en valor y +19,3% en volumen.
Estos mejores resultados fueron generados por las mayores colocaciones de carne bovina, productos de molinería, y aceite de soja y girasol. Contrariamente, el complejo lácteo santafesino perdió ingresos por 51 millones de dólares.
El valor de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario e industrial (11.400 millones de dólares) generaron el 90% del total de exportaciones con origen en Santa Fe.
PRIMERAS MEDIDAS: TENUE ILUSIÓN
Desde la Fisfe, además, esgrimieron que a partir de las “importantes bajas en la tasa de interés de la política monetaria con impacto sobre otras de referencia en el sistema financiero” propiciadas por el Banco Central se plantea “estimular el financiamiento productivo a largo plazo y el derivado de las necesidades de capital de trabajo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, en un contexto de tasas compatible con el crédito a la producción”.
No obstante, en diciembre de 2019, en términos reales y ajustados por estacionalidad, los préstamos totales en pesos al sector privado presentaron una contracción mensual de -2,1%, completando el año con una severa caída de -25,2% frente al año anterior, señalaron desde Fisfe.
En enero de 2020, y a valores nominales, los préstamos totales mostraron un virtual estancamiento frente al mes anterior, y un alza de solo +20,8% en la medición interanual. Los préstamos prendarios y documentarios mostraron incluso ciertas reducciones.
Por último, desde Fisfe valoraron que varias de las medidas dispuestas en las primeras semanas del Gobierno de Fernández (enumeraron: modificación del sistema de licencias no automáticas de importación; implementación de un plan de facilidad de pago de obligaciones tributarias y aduaneras por parte de Afip para las Mipymes; la firma del Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad, que prevé la creación de empleos de calidad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, y facilitar el acceso al crédito bancario para la producción; el inicio de un sendero de reducción de tasas de interés de referencia impulsadas por el BCRA; la prórroga del programa Ahora 12, y otras medidas dirigidas a estimular el consumo doméstico”) son “importantes primeras acciones que permite vislumbrar mejores señales para la industria manufacturera.”
Fuente:Conclusion 
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