La inexplicada caída de activos en los meses previos al concurso de acreedores
Vicentin y el misterio de los u$s 1450 millones esfumados en cien días
Nueva documentación prueba la desaparición de 88 mil millones de pesos en activos (dinero, productos y deudas de clientes) entre octubre y febrero últimos, cuando la cerealera pasó de una posición "robusta" a un súbito "estrés".
Por Raúl Dellatorre
Alberto Padoan marchó en su camioneta por las calles de Avellaneda el 9 de julio.
Mientras los representantes de la exportadora cerealera en concurso Vicentin siguen demorando la presentación del balance por el ejercicio 2019, surgen datos que revelan el sospechoso descenso que tuvieron los activos de la empresa en las semanas previas a que declarara el default, hasta el momento en que presentara el pedido de convocatoria de acreedores. Concretamente, entre el 31 de octubre de 2019 y mediados de febrero, cuando hizo la requisitoria judicial, hay documentación que señala que los principales activos de Vicentin sufrieron pérdidas por más de 88.000 millones de pesos. Esto es, más de 1450 millones de dólares (al valor de la divisa comercial en diciembre), una cifra equivalente al total de la deuda con terceros por la que se decretó la convocatoria. Dinero o valores que, sin que hasta ahora Vicentin haya dado ninguna explicación al respecto, se esfumaron en apenas cien días.
En base a datos y documentación de la firma auditora del grupo Vicentin, KPMG, y a información que volcó la propia empresa cabeza del holding en otra causa que se tramita en tribunales provinciales (ajena al concurso preventivo en el fuero comercial de Reconquista), el investigador Juan Chiummiento (del portal de negocios Puntobiz) pudo obtener la información sobre los saldos en las principales cuenta del Activo de Vicentin SAIC al 31 de octubre de 2019. Y luego, compararlo con los saldos en las mismas cuentas declaradas a mediados de febrero de este año, al momento del pedido de apertura del concurso de acreedores.
Evaporados
El principal ítem del activo de la cerealera es Bienes de Cambio, que entre materias primas (granos comprados a los productores), productos elaborados (aceites, harinas y otros derivados del procesamiento) y otros rubros menores (insumos, productos de reventa) totalizaba una cifra superior a los 84.000 millones de pesos a octubre de 2019.
Tal como señala el artículo de Chiummiento, cien días después, en el informe de activos y pasivos que Vicentin presentó al momento de solicitar el concurso de acreedores, la cuenta Bienes de Cambio presentaba un saldo de 610 millones de pesos. Es decir, menos del uno por ciento que el saldo que tenía a fines de octubre.
Si esas materias primas, insumos y productos elaborados se hubieran convertido en producto final y ya se hubieran vendido, ese valor debería aparecer en el activo trasladado a caja o bancos, si se cobró, o en Créditos por Ventas, si se vendió en cuenta corriente y aún no se hubiera cobrado.
Sin embargo, los saldos de estas últimas cuentas en vez de explicar el circuito que siguieron los bienes de cambio, agrandan los interrogantes. El saldo de Créditos por Ventas, que el 31 de octubre ascendía a 8295 millones de pesos, al mes de febrero siguiente había caído prácticamente a la mitad, 4292 millones de pesos. En la cuenta Caja y Bancos, contra un saldo a octubre de 2019 de 664 millones de pesos, quedaban al mes de febrero de 2020 apenas 40,8 millones de pesos.
En resumen, mientras que de la cuenta Bienes de Cambio se habían evaporado unos 83.500 millones de pesos, en Créditos por Ventas se habían perdido 4000 millones más de activos y en Caja y Bancos, otros 600 millones, en números redondos y aproximados. Es decir, en conjunto de estos tres rubros del activo se esfumaron alrededor de 88 mil millones de pesos en apenas cien días.
Con estos datos sobre la mesa, no son pocos los que especulan acerca de las verdaderas razones por las cuales las autoridades de Vicentin (Gustavo y Sergio Nardelli, y Alberto Padoan, los principales) resolvieron demorar ad eternum la presentación del balance ante el juzgado comercial de Fabian Lorenzini. Los números del mismo, al 31 de octubre de 2019 (fecha del cierre del ejercicio) no podrían reflejar la situación de "estrés financiero" denunciada apenas 35 días después, y mucho menos los movimientos patrimoniales que derivaron en la convocatoria de acreedores y la declaración de imposibilidad de pagar sus deudas y carencia de activos líquidos para responder por ellas.
Lo sospechaban
Esa misma sospecha quedó reflejada en la ampliación de prueba (o segunda solicitud) del procedimiento de "discovery" que el Comité de Bancos Acreedores de Vicentin presentó ante los tribunales de Nueva York, en los últimos días de junio. Allí sostiene:
"El Comité, una vez más, busca la asistencia de este Tribunal para obtener los registros financieros que son necesarios para llegar a la verdad de una situación que tiene todas las características de ser la mayor irregularidad financiera internacional". En función de ello, le reclama todos los "registros de las transferencias bancarias relacionadas con Vicentin y sus empresas controladas, conocidas o sospechosas de serlo, con el objetivo de averiguar el verdadero destino de los recursos sustanciales de Vicentin”.
El Comité de acreedores financieros del exterior de Vicentin representa, en conjunto, reclamos de deuda por más de 500 millones de dólares y lo integran desde instituciones multilaterales, como el CFI (perteneciente al Banco Mundial) hasta bancos de la talla de Credit Agricole (Francia), ING Bank, Natixis New York y los holandeses Rabobank y FMO.
Recuerda el comité de entidades financieras internacionales que en julio de 2019 "Vicentín proveyó a los miembros de este Comité registros financieros que reflejaban un desempeño robusto y equilibrio y cientos de millones de dólares de activos. Luego, en diciembre 2019, sin aviso previo ni explicación, Vicentín colapsó financieramente, cesando sus operaciones. Debido a esto, se evidencia que Vicentín no solo falseó las amplias reservas que había declarado previamente, sino que también adeudaba aproximadamente 400 millones de dólares a proveedores de materia prima".
"El Comité descubrió cientos de millones de dólares en transferencias de la Empresa (y sus sucursales y subsidiarias) a otras compañías propiedad de los accionistas de Vicentin, aparentemente sin ningún tipo de razón. Estas transferencias pueden representar un esfuerzo continuo para extraer el dinero en efectivo ganado por Vicentin para ponerlo a salvo de reclamaciones de los acreedores de la Empresa. Si se prueba, estas actividades de "trasvasamiento" muy bien pueden constituir un delito penal según la ley argentina", declara el grupo de bancos acreedores del exterior.
15 de julio de 2020
Ratificó en una carta a las Madres su compromiso "con los que menos tienen"
Alberto Fernández: "Soy el Presidente de todos los argentinos"
La carta de Madres , firmada por su titular, Hebe de Bonafini, había sido muy crítica con la decisión del mandatario de haber compartido el acto por el Día de la Independencia con empresarios y sindicalistas, entre ellos el titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, a quienes la Asociación había acusado de "secuestrar a nuestros hijos" y "saqueadores del país".
"Mi compromiso fue y es el de siempre: con los que menos tienen", subrayó Fernández en su carta y recordó que recibe tanto a los empresarios como a representantes de pymes, movimientos sociales, estudiantes y sindicalistas.
"Queridas madres, siempre tengo la plena conciencia de lo que ustedes han significado y significan para que seamos mejores como sociedad, por eso tengan la plena seguridad de que todas nuestras políticas tienen un objetivo central: construir la Argentina socialmente justa que aún soñamos", sentenció el mandatario.
15 de julio de 2020
Empieza a aplicarse la nueva legislación
La hora de hacer valer la ley de alquileres
Con la probable reapertura de inmobiliarias en CABA, empezarán a firmarse los nuevos contratos. Pedido de cobertura frente a desalojos.
Por Florencia Barragan
Imagen: Sandra Cartasso
Las inmobiliarias podrían reabrir en la Ciudad de Buenos Aires con el fin de la cuarentena estricta. Así, comenzarán a firmarse los primeros contratos con la nueva ley de alquileres. En tanto, las agrupaciones de inquilinos solicitarán al Ministerio de Vivienda que se prorrogue el decreto que congela alquileres y prohíbe desalojos hasta octubre. En el Senado ya se encuentra un proyecto de ley para extenderlo hasta 2021.
Reapertura
La nueva ley de alquileres entró en vigencia el primero de julio en todo el país. Los primeros contratos ley se firmaron en varias ciudades, pero no en el AMBA. El mismo día que comenzó a aplicarse coincidió con el arranque de una cuarentena más estricta, que se extenderá hasta el viernes.
Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires podrían reabrir las inmobiliarias y permitirse las mudanzas, y con eso, aplicarse la nueva ley para nuevos contratos. “Las inmobiliarias las tomamos en la misma situación que los comercios. Analizamos volver a como estábamos antes del primero de julio, por lo que quedarían abiertas”, confirmaron desde el gobierno porteño. En la Provincia, podría variar según cada municipio.
Cabe aclarar que todavía rige el decreto 320 que publicó el Gobierno nacional en marzo. Esto significa que, ante un vencimiento de contrato, se puede prorrogar automáticamente hasta el 30 de septiembre, con el mismo precio. El mismo DNU prohibió desalojos y obligó el pago bancarizado hasta octubre.
Prórroga
Agrupaciones de inquilinos anticipan que pedirán a la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa, que se extienda el plazo de vigencia del DNU hasta 2021. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Agrupados, explicó: “La imposibilidad de pagar el alquiler y la especulación que hay sobre los precios de los alquileres en un momento tan sensible hacen fundamental la extensión para garantizar la vivienda".
Según Inquilinos Agrupados, el 25 por ciento de los inquilinos no pagó en su totalidad el alquiler de julio en la Ciudad. “Acumulan tres meses de deuda”, afirma el relevamiento. En cuanto a los precios, registran una “aceleración”, según el último informe de Zonaprop. La suba fue de 3,8 por ciento en junio y acumula en todo el semestre 19,8 por ciento, muy por encima de la inflación del período (11,1 por ciento hasta mayo).
Fernando Muñoz, de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad, considera que el decreto debe seguir al menos 6 meses. “El objetivo es evitar los desalojos masivos que se van a venir en octubre, y en el mientras tanto que se resuelva el endeudamiento de las familias”, afirmó. La principal consulta en la Defensoria tiene que ver con la imposibilidad de pagar, la terminación de contratos anticipados por este motivo y las deudas generadas. Estiman que medio millón de hogares van a tener complicación para pagar el alquiler.
Estos pedidos de los inquilinos encuentran respaldo del Congreso. La senadora del FdT María de los Angeles Sacnun presentó un proyecto para extender el decreto hasta marzo 2021. En diálogo con PáginaI12, la legisladora afirmó que desde el oficialismo no buscarán aprobarlo de inmediato. “Vamos a ir viendo la evolución de la situación del mercado y de las familias. Si persisten estas condiciones, habrá que amparar”, aseguró. Además, consideró que deberá haber un “equilibrio” con los propietarios.
En tanto, el consultor inmobiliario José Rozados opinó que una prórroga de los congelamientos podría ser una “señal negativa para motorizar la inversión”, lo que podría desincentivar la oferta. “Hay que asegurarle a quien tenga excedente que vuelque ese ahorro a la compra de viviendas para motorizar la industria de la construcción, que tiene un efecto multiplicador, necesario para la pospandemia”, opinó. Una de las próximas medidas del gobierno podría ser un blanqueo de capitales para inversiones inmobiliarias.
15 de julio de 2020
"Nos convirtió en una sociedad más justa, más digna, más decente"
Matrimonio Igualitario: Vilma Ibarra cuenta la historia secreta
Cómo nació el proyecto, quiénes lo impulsaban, el papel de Néstor Kirchner y el rol que jugó Máximo, la posición de Cristina, la construcción transversal. A diez años de la ley que reconoció derechos discriminados una de sus principales promotores revela sus intimidades y se explaya sobre el aborto, Lanata y la misoginia.
Por Mariana Carbajal
El aniversario del Matrimonio Igualitario es la excusa para hablar del backstage de aquella histórica sanción, del rol de CFK, entonces presidenta de la Nación, y de Néstor Kirchner: fue la única ley que votó como diputado. Pero también se explaya sobre el proyecto de despenalización y legalización de la interrupción voluntaria de embarazo y aclara que todavía no está definido cuándo se enviará al Congreso, pero asegura que “la ley de aborto tiene que salir”. “¿Tenemos posibilidades? Claro que las tenemos. Si no, no nos atreveríamos. Pero es todavía un camino a recorrer. Y lo vamos a recorrer las mujeres juntas. El Gobierno pone el proyecto, lo impulsa y acompaña sabiendo que está tratando de evitar las muertes evitables que suceden por abortos clandestinos, y que está enfrentando un problema de salud pública. Se hará el debate social y pelearemos voto a voto”, dice Ibarra. “Entiendo a la gente que tiene determinadas ideologías, que no se haría (un aborto) y el respeto a decidir cada una lo que tenga que decidir”, agrega.
--Este martes tuiteó para cuestionar el comentario de Jorge Lanata sobre el aspecto físico de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti ¿Cómo piensa que se debe trabajar el problema de los discursos misóginos en los medios?
--Primero tenemos que lograr que esto sea un debate. Que se instale que esto no es perdonable. Está lastimando, hiriendo, agrediendo, discriminando, humillando. No se puede permitir. ¿Es la penalización el camino? Para mí no, es el debate social, el repudio. Como ministra del Gobierno, sintiendo que tengo un rol ocasional, temporario, porque el Presidente me ha confiado un trabajo, me siento en la obligación de escribir sobre estas cosas, de repudiarlas, de marcarlas. Cuando el repudio se hace más fuerte, más grande, queda menos lugar. Son muy importantes los organismos que se ocupan de estas cosas pero hay algo más que tiene que ver con el repudio social. Cuando logramos eso, el lugar de los misóginos, del discurso del desprecio, de la humillación y la agresión, tiene menos lugar. Me parece muy importante que estemos muy activas. De hecho, hubo un repudio muy grande al acto enormemente misógino que cometió Jorge Lanata respecto de Carla Vizzotti. Lo que hizo es vetusto hasta para la misoginia. Es horrible. Alertar sobre esto es importante. Cuando las sociedades no las toleran más, son casos muy marginales. Tenemos que pedir algo más activo. Los periodistas tendrían que sacar un comunicado, sus colegas, los dueños del canal y quienes le ponen pauta tendrían que decir: esto no. Es la forma más efectiva de poner límites. La misoginia agravia personas. No es una discusión menor.
La trastienda de la ley
Vilma Ibarra tuvo un rol muy importante en la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario como presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Era diputada por Encuentro Popular y Social. Fue la que se animó a impulsar el debate, a plantearlo, la que le dio la oportunidad y fue una gran articuladora, entre las organizaciones LGBT, que tenían diferencias; entre las organizaciones y el Gobierno, y entre las organizaciones, el Gobierno y la oposición.
--¿Cómo se llegó al debate?
--En 2007 era senadora y candidata a diputada en las elecciones de ese año, en la que Cristina fue candidata a presidenta en la fórmula con Julio Cobos. Yo era una aliada al Gobierno, estaba muy cercana, era segunda en la lista en Capital. En el marco de esa campaña, presenté entonces un proyecto en el Senado, como un compromiso electoral. Era marcar un área, en la cual había que trabajar, que era la ampliación de derechos y la igualdad. Ya había presentado un proyecto de legalización del aborto. Cuando salí electa diputada lo representé en la Cámara de Diputados, donde ya estaba un proyecto similar de la diputada socialista Silvia Augsburger, una genia. Los dos planteaban reformar el Código Civil para ampliar el matrimonio a parejas del mismo sexo
--¿A diez años de esa sanción, como evalúa el impacto de la ley?
---Destaco dos impactos y un rasgo político. El primer impacto es directo a las personas a quienes se les reconocieron derechos que se les habían negado durante mucho tiempo. Lo que hace la ley no es otorgar sino reconocer derechos que estaban vulnerados, por tener cierta orientación sexual. Hoy es muy difícil de pensar esa situación en términos que no sean discriminatorios. Solo por ser homosexual se te negaba ejercer un derecho que por ser heterosexual lo tenías. La ley vino a reparar, en principio, algo que había estado dañado por muchos años. Y no es poca cosa: es una reparación real y simbólica. Esto fue en sí mismo muy importante. Después tiene otra dimensión a nivel social: este tipo de leyes te convierte en una sociedad más igualitaria, más justa, más digna, más decente. Respetar a las personas en su condición de tales, en forma igualitarias, independientemente de su religión, de su ideología política, de su nacionalidad, de su orientación sexual o de cuanta cosa a una se le ocurra que han sido materia de discriminación durante muchos años, y siguen siéndolo en muchos lugares del mundo, nos convierte en una sociedad mejor, más linda de vivir. Son leyes hermosas, que nos hacen bien. Y hay, también, una dimensión política: fue una ley que se trabajó con muchísima transversalidad y en el marco de un trabajo mano a mano, y codo a codo, con la sociedad civil, con todas las organizaciones sociales involucradas en la temática. Fue una ley que se discutió en los recreos de los colegios, en la mesa familiar al almorzar o al cenar, en los clubes, en todos lados. Pocas leyes fueron debatidas en el ámbito social de esta manera. Eso la convirtió en una ley profundamente democrática. Para mí, ese es un gran orgullo. ¿Qué pasó después? Esa ley abrió puertas a poder pensar en otras ampliaciones de derechos.
--¿Cómo se tomó la decisión de impulsar la discusión, finalmente?
--Los proyectos estaban presentados. Y no es que no se habían tratado en 2008 y principios de 2009 porque no queríamos sino porque pensábamos que no teníamos fuerzas como para sancionarlo y no queríamos una derrota.
--¿Cuándo habla del plural se refiere al oficialismo en ese momento?
--No. El oficialismo no era el impulsor de esta norma. La impulsamos sobre todo un grupo de legisladoras. Con Silvia Augsburger teníamos mucho contacto con las organizaciones sociales y una de ellas, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, había iniciado una acción de inconstitucionalidad del artículo del Código Civil que exigía la condición de varón y mujer para el casamiento. Tenían expectativas de ganar en la justicia. Y les daba temor si la ley era rechazada, que impactara negativamente en un posible fallo de la Corte Suprema. Ese era el motivo por el cual no poníamos el tema en debate. El 2009 fue un año muy especial: en las elecciones legislativas, Néstor Kichner perdió por muy poquitos puntos en la provincia de Buenos Aires y quedó divido el Congreso en el grupo A y el oficialismo. El oficialismo tenía que tener consensos para tener quorum. Entonces, a fines de 2009 y principios de 2010 estuvo muy paralizado el Congreso.
--¿Y qué pasó?
--Silvia Ausgburger terminaba su mandato en diciembre de 2009. Al haber perdido por algunos puntos en las elecciones, era muy posible que perdiéramos algunas presidencias de comisiones y que como yo era una aliada, perdiera la presidencia de Legislación General. Silvia Augsburger vino a mi oficina y me dijo: “yo voy a dejar de ser diputada y es posible que vos no seas más presidenta de Legislación General. Si no es con vos como presidenta, no lo sacamos más. ¿Por qué no lo ponemos en temario?”. Le dije que me encantaría, pero necesitaba hablar con las organizaciones sociales. Hablé con la CHA, con la Federación, y a otras: les dije, pongámoslo en temario de la comisión, tratemos de meterlo en la agenda política. Si lo logramos, después vemos si lo llevamos a votar, de acuerdo a como nos den los apoyos. Las organizaciones dieron el debate al interior de sus espacios, y decidieron ir para adelante. Entonces, en noviembre de 2009, con mi firma como presidenta de Legislación General puse en debate el tema. Le avisé a (Agustín) Rossi (entonces presidente del bloque kirchnerista de Diputados), me dijo "ok: todavía no tenemos posición como bloque pero avanzá". Le dije: "yo sé que es no es fácil pero queremos ponerlo en agenda". Y así arrancamos.
--Ese año no llegaron a sacar dictamen en la comisión…
--No logramos sacar dictamen porque no estaba saldado el tema en el oficialismo. Había una parte que nos apoyó y otra que no. Sin el ok del Gobierno, todavía muchos no avanzaban. El radicalismo tampoco. Solo la izquierda, el socialismo, algunas radicales como María Luisa Storani, Silvia Storni, en el oficialismo Juliana Di Tullio, Diana Conti, Vicky Donda, Liliana Parada, éramos un grupo muy militante del tema. No logramos el quorum. Pero ahí, en diciembre de 2009, salió el fallo de la jueza Elena Liberatori, de la ciudad de Buenos Aires, que autorizó la primera boda entre dos varones y entonces el tema empezó a tomar un sesgo público más importante. Pudimos llegar a actores, actrices, organizaciones de distinto tipo, el periodismo lo tomó al tema. Aquel día que se iban a casar, Mauricio Macri mandó suspender la boda al Registro Civil a través de una resolución de un juez incompetente. El casamiento se hizo en Tierra del Fuego, con un gran trabajo de Fabiana Ríos en aquel momento gobernadora. Todo eso permitió que estuviera en el debate público. Ese año en diciembre, me llama un legislador oficialista, Alejandro Rossi, hermano de Agustín, que había estado en la Casa Rosada con la presidenta y le había dicho que el oficialismo iba a acompañar el proyecto, lo iba a militar y yo iba a quedar como presidenta de la comisión para sacarlo adelante. En 2010 arrancamos en Diputados.
--¿Qué fue lo más difícil de conseguir en el debate?
--Siempre los consensos y los votos no son fáciles de conseguir. Si me preguntás cuál fue el mayor desafío y qué nos ayudó a ganar, fue haber conservado la sensatez, no habernos montado en algunos discursos discriminatorios, de odio. Dijimos algo muy importante: nos vamos a quedar con las palabras lindas, igualdad, respeto, diversidad, amor, dignidad. Se escucharon discursos muy duros. Siendo lesbiana, gay, bisexual, cualquier persona se siente mal escuchando las cosas horrorosas que se decían. Y la entereza que se tuvo en el debate de parte de las organizaciones sociales fue fundamental.
--María Rachid tuvo un rol clave como comunicadora…
--Si, importantísimo, también Esteban Paulón, Martín Canevaro, gente que no solo militó, habló, discutió sino que tuvieron la valentía de dar testimonio en los medios de comunicación, en el Congreso. Me acuerdo de Cachita y Norma, que parecían las abuelas que te hacían el bizcochuelo, mujeres lesbianas de más de treinta años de amor entre ellas. Cuando ellas contaban, volvías a la tierra. Fue muy importante haber humanizado la discusión con estos testimonios, que fueron muy valientes, que contaban cómo la discriminación en sus vidas las había lastimado y que fueron a pelear por esa reparación, que era la ley. En un momento María Rachid dijo: “Yo no sé si me quiero casar pero quiero tener el derecho a decir que no quiero casarme”. Esa valentía y el no ceder a ese discurso de agresión, de discriminación, a veces de miedo a los cambios sociales, fue lo más hermoso.
--¿Cómo fue el debate al interior del bloque kirchnerista?
--Yo no lo integraba. Era aliada. Hubo resistencias y las plantearon en el recinto. En estos temas las posiciones tienen mucho que ver con ideas muy asentadas a lo largo de la historia social; tienen que ver la educación, la posibilidad de ampliar los horizontes de lo que viviste, de pensar que puede haber muchas alternativas a esa familia tipo que te enseñaron de una mamá y un papá. No a todo el mundo le resultaba fácil hacer ese camino. El debate te hace dar pasos adelantes. Recuerdo un diputado que estaba profundamente en contra, propuso invitar a un especialista para argumentar en contra, estuvo presente en todos los debates de la Comisión, y cuando estábamos por sacar el dictamen, dijo que iba a firmar a favor. Pidió la palabra y dijo que siempre había estado en contra y que había tenido que pelear contra sus propios prejuicios, que se había dado cuenta de que no estaba bien lo que pensaba y que hacía daño, que lastimaba. Me dio mucha alegría escucharlo, sentí que el debate de verdad vale la pena.
--¿Cuál fue el rol del entonces diputado Néstor Kirchner?
--Dos cosas me dijeron en ese momento y yo alguna vez lo hablé con Máximo. Que Máximo tuvo una intervención muy activa, que se presentó ante sus padres y les dijo que la ley tenía que salir, y que Néstor dijo que había que ir para adelante. Fue un orgullo muy grande para mí: fue la única ley que votó, fue muy emocionante verlo.
--En aquel momento, Jorge Bergoglio era Arzobispo de Buenos Aires y lanzó una cruzada contra el Matrimonio Igualitario. ¿Cómo analiza hoy esa postura tan virulenta?
--Me acuerdo que fue cuando estaba en tratamiento en el Senado. En general, las iglesias hacen sus procesos. Creo que hoy no se daría ese nivel de virulencia con el Matrimonio Igualitario o con la ley de Identidad de Género, pero probablemente lo vivamos cuando discutamos la ley de aborto. Creo que ver la gente discriminada, sufriendo, que le impiden ejercer derechos por su orientación sexual o mujeres que mueren en muertes evitables por abortos clandestinos son cosas que movilizan también las almas. En Italia, en Roma, el aborto es legal. La sociedad va cambiando, y los debates nos van cambiando y aquello que nos parecía que no era posible en un momento, empieza a ser posible en otro. Hay una percepción social de que es una ley que nos ha hecho mejores como sociedad.
--Se llegaron a decir barbaridades…
--Lo mismo que sucedió cuando iba a salir la ley de divorcio. Me acuerdo de esa sanción porque estaba esperando la ley para poder divorciarme porque me iba a casar con quien fue el papá de mis hijos. Lo mismo con el voto femenino. Pero se avanza.
--¿Están los votos para aprobar la ley de despenalización y legalización del aborto que el Presidente prometió enviar al Congreso?
--Creo que es una votación difícil. De hecho lo sabemos por cómo resultó la última votación, en 2018. Es muy importante marcar acá que vamos a discutir sobre la cantidad de muertes de mujeres que son evitables y que está en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Eso en primer lugar, y en segundo, que tenemos un tema muy serio, que independientemente de que alguno le parezca bien o mal, en la situación como está, los abortos suceden y las mujeres se mueren. Tenemos que hacer mucha Educación Sexual Integral, poner mucho presupuesto en eso, hacer campañas muy importantes, acompañar todos los procesos en materia de salud integral pero la ley de aborto legal tiene que salir porque es lo que nos va a permitir que las mujeres no se mueran por abortos clandestinos. Creo que tenemos que dar un debate en ese sentido. Entiendo a la gente que tiene determinadas ideologías, que no se haría (un aborto) y el respeto a decidir cada una lo que tenga que decidir.
--Una ley que despenaliza y legaliza el aborto no obliga a quienes no quieren abortar a hacerlo…
--No solo la ley no obliga: otorga el derecho, es una opción. Deja de criminalizar y amenazar con cárcel a la mujer, que es lo que provoca los abortos clandestinos y las muertes. Hay que dar ese debate con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, con mucho respeto, y mucha firmeza. Y es un desafío. ¿Tenemos posibilidades? Claro que las tenemos. Si no, no nos atreveríamos. Pero es todavía un camino a recorrer. Y lo vamos a recorrer las mujeres juntas. El Gobierno pone el proyecto, lo impulsa y acompaña sabiendo que está tratando de evitar las muertes evitables que suceden. Y sabiendo que está enfrentando un problema de salud pública. Y se hará el debate social y pelearemos voto a voto.
--¿Será este año? ¿O ya se descartó por el contexto de la pandemia por coronavirus?
--No lo sabemos. Porque no podemos saber cómo salimos. Estamos en un momento álgido de la pandemia, con todo el sistema de salud abocado a la situación del covid. Es muy grave. El mundo está detenido con un deterioro económico alto, con un impacto muy fuerte. Necesitamos hacer dos cosas: por un lado, contener los números de la expansión del virus para evitar la famosa exponencialidad de los contagios y que no se sature el sistema de salud, y por el otro lado, contener la situación socioeconómica, que es muy angustiante, muy difícil. ¿Vamos a salir? Vamos a salir. Tenemos que sostener el empleo, la producción, apoyar para que el empresariado se mueva y que pueda contar con financiamiento y ayuda concreta del Estado para poder producir. Necesitamos tener el área de salud dispuesta a poder dar el debate del aborto: es muy importante. No es este el momento, con la pandemia más severa que se vivió en este siglo y en el siglo pasado. Vamos a ir evaluándolo. Sabemos que hay un compromiso claro del Presidente en el sentido de enviar el proyecto de legalización del aborto.
--¿En lo personal, que le quedó de la discusión del Matrimonio Igualitario?
--Aprendí muchísimo. El trabajo transversal es muy potente. Rescato mucho eso. El haber construido consensos para lograr cosas importantes. No fue un proyecto del Gobierno pero si no acompañaba y empujaba no lo hubiésemos podido sacar. Fue lo que marcó la suerte. La fuerza de un Gobierno trabajando para la ampliación de derechos es fundamental. Nos sirvió para conquistar otros derechos: al año siguiente se aprobó la Ley de Identidad de Género, que es un modelo en el mundo.
15 de julio de 2020
La oferta financiera es inamovible mientras se ajustan cuestiones legales del contrato de los nuevos bonos
Movimientos en la negociación con BlackRock
El equipo económico adelantó que no habrá nueva oferta financiera equivalente a 53,5 dólares cada 100. Existen conversaciones para modificar algunos aspectos legales del canje para terminar de sumar al grupo de acreedores más agresivo.
La calificadora de riesgo S&P rebajó este martes la nota de dos bonos argentinos en moneda extranjera de la categoría “CC” a “D” (default).
La calificadora de riesgo S&P rebajó este martes la nota de dos bonos argentinos en moneda extranjera de la categoría “CC” a “D” (default). Este cambio no tiene implicancias judiciales para la Argentina ni modifica la negociación que lleva adelante el país con los bonistas. Se trata simplemente de la calificación aplicada por Standars & Poor debido a que no se pagaron intereses por títulos con vencimiento en 2028 y 2048.
"En medio de las negociaciones en curso, el Gobierno no pagó aproximadamente 228 millones de dólares en intereses adeudados por dos bonos en moneda extranjera, bajo legislación extranjera, con fechas de pago original del 11 de julio y una fecha de pago aplicable del 13 de julio", especificó la calificadora de riesgo a través de un comunicado.
El mercado tenía descontada la situación porque el equipo económico había advertido desde que se presentó la primera oferta para reestructurar los 66 mil millones de dólares con Ley del extranjero que no iban a continuar los desembolsos en divisas.
Los intereses de los dos bonos no pagados este mes se sumaron a los 503 millones de dólares que no se habían desembolsado el 22 de abril y a los 580 millones que tampoco se abonaron en concepto de intereses de tres bonos en la semana del 29 de junio.
Desde el Ministerio de Economía se mantienen firma con esta lógica adelantada a los inversores. Los próximos pagos de deuda en dólares se harán a partir de lo acordado en la reestructuración. En la última oferta el Gobierno propuso en 2021 volver a pagar intereses a tasas bajas de 0,125 por ciento e ir escalonando los rendimientos con el correr de los años.
La negociación de la deuda sigue en marcha hasta el 4 de agosto. El fondo de inversiones BlackRock dejó trascender nuevamente que se encuentra dispuesto a alcanzar un acuerdo si se logran algunas modificaciones a la enmienda final presentada ante la SEC.
En el Gobierno tienen voluntad de negociación pero dejó en claro que no existe margen para modificar el valor de recupero del 53 por ciento.
En el equipo económico se indicó que los marcos contractuales del acuerdo pueden flexibilizarse si las nuevas condiciones son avaladas por el Fondo Monetario Internacional o la asociación de mercado de capitales.
El principal objetivo de la Argentina es no retroceder en los avances legales generados a partir de 2014 para las renegociaciones de deuda soberana. En ese momento los principales organismos de la arquitectura financiera internacional comenzaron a proponer el uso de cláusulas de acción colectiva anti fondos buitres. El juicio del país en las cortes de Nueva York fue una de las claves la reforma de los esquemas contractuales.
El Gobierno además de avanzar en la renegociación de la deuda en dólares mantiene una estrategia de recomposición del mercado de títulos en moneda local en el mercado interno.
Esta semana la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía presentó resultados alentadores respecto de la política de emisión de bonos en pesos. En su último informe de gestión mencionó que en junio se consiguió renovar casi la totalidad de los vencimientos del mes.
“Se logró renovar casi la totalidad de la deuda en pesos del mes (92 por ciento). Una señal que refuerza el objetivo de recuperación del financiamiento genuino del Tesoro en el mercado local”, se precisó. En junio se hicieron pagos de deuda por 253 mil millones de pesos.
“En un mes en el que la magnitud de los vencimientos era relativamente importante y esa tenencia se encontraba mayormente en acreedores externos, el mercado local continuó apoyando el refinanciamiento del sector público a través de la suscripción y canje de instrumentos con un retorno sostenible”, aseguró el informe.
Los ratios de deuda pública en moneda local permanecieron estables en junio respecto del mes previo y por encima de los niveles de noviembre de 2014, cuando representaba el 14,3 por ciento. “Impulsar la demanda de instrumentos en pesos constituye un pilar necesario en el proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública y de la estabilidad macroeconómica, permitiendo aliviar las necesidades relativas de financiamiento en moneda extranjera y amortiguar el efecto negativo de la carga de intereses sobre la balanza de pagos”, concluyó el informe.
El ex titular de la AFI macrista fue indagado por la Justicia
Espionaje ilegal: Gustavo Arribas dijo que supo por la TV que sus agentes seguían a CFK
“Me enteré por televisión”, declaró Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, al ser indagado por el espionaje ilegal a la ex presidenta Cristina Kirchner. Dijo que esas actividades de inteligencia tenían autorización judicial, algo que los fiscales consideran falso, pero por las dudas aclaró que él no dio las órdenes.
Por Irina Hauser
Imagen: NA
“Me enteré por televisión”, declaró Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al referirse a las tareas de espionaje que el organismo mandó a hacer sobre el Instituto Patria a mediados de 2018 y que los fiscales de la causa, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, consideran ilegales. El ex funcionario amigo del ex presidente Mauricio Macri, empresario del fútbol, prestó declaración indagatoria y sostuvo que, más allá de que él no dio órdenes, las actividades de inteligencia fueron dispuestas de manera legal en el contexto de una causa en la que la propia AFI había denunciado riesgos para la seguridad ante la organización de las cumbres de la Organización Mundial de Comercio y luego la del G-20. Los investigadores sostienen que es un argumento falso, y que ese expediente se utilizó para justificar seguimientos ilegales que tuvieron muchas otras víctimas. De hecho tanto a Arribas como al resto de la conducción de la AFI macrista les imputan la violación a la Ley de Inteligencia, pero también el armado de documentos para darle aspecto de legalidad con posterioridad.
Arribas llegó cerca de las 9 de la mañana a Lomas de Zamora junto con su defensor Alejandro Pérez Chada --histórico abogado de Macri-- y, al igual que su ex número dos en la Agencia, Silvia Majdalani, anunció que haría una exposición pero no respondería preguntas. Ambos tratan de desconocer la competencia del juez y los fiscales de Lomas de Zamora, con una apuesta a que la causa pase a Comodoro Py, donde especulan que les irá mejor. Arribas, en su monólogo, contó qué hizo para que la AFI funcionara, según su parecer, con “estándares internacionales” y cómo encaró su gestión. Con la explicación de que la actividad operativa y vinculada al despliegue de inteligencia estaba a cargo de la “Señora 8”, se desligó casi por completo de cualquier responsabilidad en los seguimientos. Cuidó no comprometer de lleno a su ex compañera, pero dejó claro que no era él quien daba las órdenes y pidió incorporar un organigrama a la causa, donde se reflejaría que sus responsabilidades eran solo administrativas. Tampoco abundó sobre el ex jefe de Operaciones, Alan Ruiz, ya procesado.
Cuestionó de manera directa, en cambio, a quien fue director de Contrainteligencia, Martín Coste, un agente que ante la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia, dejó a ambos ex directores de la AFI muy mal parados al decir que el espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner y el Patria no tuvo sustento legal y que a él mismo lo habían mandado a confeccionar un informe trucho para justificarlo ante una causa judicial que se había abierto en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, quien de hecho se apoyó en ese documento para sobreseerlos. Coste ratificó este relato el viernes último, y el resto de lo que había contado ante los diputados y senadores a quienes les describió que la AFI funcionaba como “una empresa” y que “todo era irregular”. Volverá a declarar como sospechoso el viernes de esta semana.
Según la explicación de Arribas, desde las áreas de Asuntos Jurídicos y de Contrainteligencia le explicaron a él que las “observaciones” --como llama a las operaciones de inteligencia-- al Instituto Patria estaban relacionadas con la llamada “causa del G-20”, que tenía a cargo otro juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, apartado recientemente de la investigación más grande sobre espionaje por haber sido quien autorizó algunas de las actividades de inteligencia cuestionadas. Eso, dijo, fue lo que informó a la Bicameral en el momento que se detectó el espionaje allí.
Aquel expediente al que aludió se había abierto en octubre de 2017 cuando la AFI se presentó ante Villena y planteó que tenía indicios a través de información de otros servicios de inteligencia de que podía haber atentados en la Argentina, e incluso señalaban a una organización de raíz anarquista llamada ITS (Individualistas Tendientes a lo Salvaje), que habría protagonizado ataques en otros países, como Chile, y estaban preocupados por todos los incidentes que habían ocurrido en la Cumbre del G-20 en Hamburgo ese año.
Respecto de la operación de espionaje en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, Arribas no dijo nada ni aceptó preguntas. En la investigación declararon tres testigos de identidad reservada, agentes de carrera que participaron de los seguimientos a la vivienda de la ex presidenta y al Patria, y revelaron que a ellos no les pedían preservar a nadie de ningún ataque terrorista, algo que en cualquier caso se le debería avisar a la víctima y no sucedió, sino que detectaran si había movimientos de bolsos, mochilas, bolsas, cajas, documentación o algo similar. Por eso, sostienen los fiscales, todo hace suponer que el espionaje obedecía a razones políticas, lo que viola la ley de inteligencia.
La explicación documentada de que supuestamente había un peligro para CFK apareció cerca de 75 días después de que los integrantes del Instituto Patria, con Oscar Parrilli a la cabeza, denunciaran públicamente y en tribunales la presencia de dos autos sospechosos en la entrada de la entidad. Eran, en efecto, autos de la AFI. Es lo que Arribas dice que vio por televisión. Recién tiempo después, y cuando la AFI debió dar una explicación ante el juez de la causa, entregaron un informe que decía que al 30 de julio habían tenido un alerta específica sobre CFK. También sobre otros políticos, como María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Graciela Camaño, todos también considerados víctimas de espionaje.
El agente Coste contó en la Bicameral que él armó toda la documentación para respaldar esas operaciones, sabiendo que eran mentira los fundamentos. Parte fue para uso interno y otro tanto para darle a Martínez de Giorgi, como prueba a favor de las autoridades de la AFI. Precisamente porque gracias a eso fueron desvinculados, ahora dicen que ya fueron juzgados. Pero Incardona y Eyherabide sostienen que hubo hechos no juzgados, como el espionaje a la casa de CFK, y por mucho tiempo más que el que consideró el juez porteño. Es más, sospechan que pudieron haber sido meses de espionaje.
En la batalla por dónde y a cargo de quién tramitará la causa, la fiscal Incardona rechazó la recusación que planteada en su contra. El juez Juan Pablo Augé había rechazado un planteo de incompetencia planteado por el ex espía Ruiz, que ahora revisa la Cámara de La Plata. Desde Comodoro Py, y a pedido de Arribas, la jueza María Eugenia Capuchetti pidió certificar el expediente de Lomas para definir si podría reclamarlo.
Lo que agregó Alan Ruiz
Alan Ruiz, ex director de Operaciones de la AFI y único procesado hasta ahora por el espionaje a CFK y al Instituto Patria, presentó una ampliación de su última declaración indagatoria en la causa más grande sobre espionaje en la que puso énfasis en que “no tenía trato directo” con la ex número dos de la Agencia y que las órdenes las recibía a través del ex director de Contrainteligencia Martín Coste. Está en línea con lo que dijo la ex funcionaria. Además, Ruiz intentó desacreditar a los testigos de identidad reservada que complicaron su situación y la de la cúpula de la AFI, y sugirió que estuvieron preparados o fueron presionados. “Si bien la conocí a ella personalmente y participé en reuniones en donde estaba, siempre lo hice a instancias de Coste y en su presencia", dijo en una presentación por escrito. Coste es el agente que ante la Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia comprometió a la cúpula de la AFI y dijo que lo mandaron a hacer informes falsos para justificar el espionaje ilegal.
Ruiz contó que ingresó al organismo en 2018 de la mano de Diego Dalmau Pereyra, luego reemplazado por Coste, y que aquel le había alertado sobre situaciones de peligro de seguridad o contra el orden constitucional en el contexto del G-20 y los Juegos Olímpicos de la Juventud, eventos ambos usados para hacer espionaje masivo desde la AFI, según denunció la interventora Cristina Caamaño.
Ruiz habló específicamente de la misma organización de base anarquista que mencionó la Señora 8 a la que estaban atentos, ITS (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje), como justificación de las operaciones que pedían en una causa judicial que tenía a cargo el juez Federico Villena. También dijo que la supuesta amenaza contra la ex presidenta CFK surgió de una reunión de un grupo anarquista y que Coste les ordenó poner una suerte de guardia en los lugares que ella frecuentaba. Sostuvo que eran tareas de “vigilancia y observación”. Volvió a cuestionar al grupo de agentes que integraban la banda Super Mario Bros (Leandro Araque, Facundo Melo, Jorge Sáez, entre otros). “Querían seguir con sus cosas y sobre todo sin control”, dijo.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario