El caso de los fiscales acusados por exacciones ilegales
Serjal deja la fiscalía regional
Anoche comunicó por escrito su decisión al fiscal general de la provincia y aseguró ser "ajeno a las cuestiones que se ventilaron"
El senador Gramajo dirige la comisión que analizará el caso. Baclini es el fiscal general.
Patricio Serjal renunció anoche al cargo de fiscal regional de la región Rosario a causa de las denuncias que lo invlucraron, al igual que al fiscal Gustavo Ponce Asahad en delitos de exacciones ilegales para brindar protección e información a una banda delictiva dedicada a administrar casinos ilegales y extorsiones.
"Entiendo que los acontecimientos ocurridos en los últimos días ponen de manifiesto una situación de gravedad para el Ministerio Público de la Acusación", dice en el primer párrafo la renuncia escrita dirigida al fiscal general de la provincia Jorge Baclini.
La renuncia llegó anoche sobre las 22 y en la práctica es sólo al cargo de fiscal regional Rosario, que Serjal ejercía desde abril de 2017. Sin embargo, ese paso al costado no implica dejar el cargo de fiscal raso.
En el texto de una carilla Serjal asegura ser "ajeno a las cuestiones que se han ventilado" y dice haberse puesto a disposición de los investigadores. "Quiero dejar en claro que jamás he realizado actos que no se hayan ajustado a derecho durante mi función", afirma.
Serjal y Ponce Asahad quedaron muy comprometidos el viernes. Leonardo Peiti, un empresario del juego imputado como miembro de la asociación ilícita que regenteaba casinos clandestinos y extorsiona, dijo en la audiencia en la que lo imputaron que se reunió unas 30 veces con Ponce, informó el lugar donde supuestamente llevaban el dinero de las coimas y contó detalles de las cifras en dólares que los fiscales les exigían. El abogado de Peiti confirmó que estuvo reunido en una oportunidad con el fiscal.
Otro tanto con Serjal. Contó detalles de los pedidos de dinero que dice que le hizo el fiscal regional, los encuentros, uno de ellos en Buenos Aires en un hotel.
Los fiscales que llevan la investigación, más allá de contar con la valiosa declaración de Peiti, en condición de arrepentido y con el declarado propósito de mejorar su situación procesal, dieron indicios claros de haber reunido pruebas que validan dichos de quien los acusa. El viernes, el fiscal general habló de filmaciones, registros telefónicos y otras verificaciones coincidentes con el relato.
Para ambos fiscales ahora se abre un doble frente. Por un lado la investigación penal que llevan adelante sus colegas Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Por el otro el frente político en la Legislatura.
La Legislatura provincial pasa a tener esta semana una centralidad excluyente. Buena parte de lo que ocurra con los dos acusados por exacciones ilegales entre otros delitos se jugará en la Comisión Bicameral de Acuerdos que resolvió reunirse este martes de urgencia para tratar el caso del primero.
Todo indica que la comisión bicameral dictaminará a favor de la suspensión de Ponce Asahad, medida que para concretarse requiere que la vicegobernadora Alejandra Rodenas convoque a sesión conjunta de ambas cámaras y mayoría simple en cada una. Mañana cuando se reúnan tendrán un detallado informe de la Fiscalía General y en presencia a la auditora general del Ministerio Público Fiscal, María cecilia Vranicich.
Serjal, como fiscal regional, a diferencia de Ponce Asahad, tenía inmunidad, condición que pierde al renunciar. Por lo tanto, queda en la misma condición que su colega ante la Legislatura.
Los fiscales regionales y el fiscal general tienen inmunidad, por lo tanto es necesario que en caso de sospechas de que cometieron un delito, los fiscales que llevan adelante la investigación o el fiscal general, que es el superior, soliciten a la Comisión Bicameral de Acuerdos que se retire la inmunidad para avanzar en la imputación. Una vez que se analiza el caso, la comisión de Acuerdos dictamina y la resolución la toman diputados y senadores en sesión conjunta (no es lo mismo que Asamblea Legislativa).
Por lo que pudo saber Rosario/12 el fiscal regional ingresará entre hoy y mañana un informe detallado con los antecedentes y las acusaciones que pesan sobre ambos fiscales. Será la materia prima sobre la que deberá construirse el dictamen de la comisión.
La comisión bicameral es presidida por el senador Joaquín Gramajo (PJ) y la integran 4 senadores y 8 diputados. Difícilmente haya oposiciones a avanzar en la suspensión de los cargos ante el impacto que tuvo el caso que salió a la luz el viernes pasado y la solidez de la investigación que esbozaron los fiscales investigadores y el fiscal general, aunque la totalidad de los detalles se conocerán en los próximos días cuando Ponce Asahad sea sometido a audiencia imputativa, instancia que hasta anoche no estaba definida en el caso de Serjal, para lo cual primero hay que sortear la instancia de inmunidad.
Cabe recordar que durante el fin de semana tanto el bloque de diputados socialista como el de la UCR pidieron celeridad para suspender a los fiscales y que se convoque cuanto antes a la sesión conjunta de las cámaras, decisión que está en manos de Rodenas en su condición de presidenta del Senado. La vice esperará los que dé la comisión de Acuerdos antes de resolver la convocatoria.
03 de agosto de 2020
El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Senadores
La ley de ART está cada vez más complicada
Entre diputados del oficialismo crece el rechazo. Ya se pronunciaron Rubeo, Bruera y De Ponti. Se sumó Bravo, de La Cámpora.
Por Pablo Fornero
Para la diputada de La Cámpora Paola Bravo "es una ley macrista".
Pese al esfuerzo y empeño que le pone el gobierno provincial, la adhesión a la ley nacional de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no sale del embrollo. Ninguna de las cuatro diputadas integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales consultadas por Rosario/12 dijo que acompañará el proyecto que tuvo media sanción del Senado. Particularmente, la peronista Paola Bravo sumó su rechazo a la iniciativa de la Casa Gris y la calificó de “ley macrista”. En tanto, la socialista María Laura Corgniali estimó que se le harán modificaciones a lo aprobado en la Cámara alta. Finalmente, la radical Silvana Di Stéfano y la celeste Betina Florito aseguraron que no tienen posición tomada. La comisión debería emitir un dictamen a fines de agosto para que el proyecta pase a Asuntos Constitucionales.
El ministro de Trabajo Roberto Sukerman se cargó al hombro el proyecto. A la reunión que dos semanas atrás convocaron gremios que denuestan el proyecto, el Ejecutivo le respondió con una gacetilla del encuentro que el funcionario rosarino mantuvo con sindicatos que defienden la adhesión. Sobre el cierre de la semana pasada, Sukerman viajó hasta Sunchales para visitar la comisión médica de la Superintendencia de ART. “Muchas de las causas que se tramitan en los juzgaos laborales de Rosario son causas de ART que podrían solucionarse en una instancia previa, administrativa, como la que generan las comisiones médicas”, expresó el ex concejal, quien dijo ser “muy respetuoso de las voces críticas”, pero “muchas veces tienen que ver más con el propio sistema de las ART que con el proyecto de adhesión”.
Pese al interés cada vez más enfático del Ejecutivo, el bloque de Diputados del PJ no se encuentra homogéneo en este caso y no defiende el proyecto. El diputado Luis Rubeo y la diputada Matilde Bruera tuvieron históricamente una posición contraria, mientras que Lucila De Ponti votó en contra en el Congreso cuando se convirtió en ley nacional, bajo la presidencia de Mauricio Macri.
Ahora se sumó la abogada laboralista Bravo. Integrante de La Cámpora, la legisladora se declaró “totalmente en contra de la ley, por más que sea un proyecto del oficialismo”. “Es una iniciativa que ya existe, la diferencia es que es opcional, si comisión médica o vas a la justicia. Ahora si se hace obligatorio, como pretende la ley, el trabajador no va a tener accesibilidad a la justicia”, ahondó Bravo. La diputada admitió que el bloque peronista no trató el tema en su conjunto, aunque dijo no sorprenderse por el interés mayúsculo del Ejecutivo. “Es una ley macrista, no sé para qué vamos para ese lado, pero estamos en democracia y cada uno se puede expresar”. A la vez, en el repaso de los y las once integrantes de la comisión, Bravo dijo que “hay más votos por la negativa”.
La socialista Corgniali confió que no tiene una definición personal, pero no vislumbra una aprobación tal como el proyecto llegó del Senado. “Así como vino, lo veo no favorable”, explicó. La legisladora reveló que la agenda de reuniones de la comisión con gremios y agrupaciones terminará en la segunda mitad de agosto y que, luego, se emitirá un dictamen. “Me interesa escuchar a todas las partes”, señaló, aunque destacó: “Algunos artículos atentan contra los derechos de los trabajadores”.
Di Stéfano, en tanto, dijo que se está “enriqueciendo mucho” de todas las opiniones recabadas en la comisión y aclaró que no tiene posición tomada. Aspiró a conseguir el “mejor dictamen posible”, aunque admitió que hacia dentro del bloque del Frente Progresista hay “diferentes posiciones internas”. Finalmente, la oriunda de Roldán posó el ojo en el bloque justicialista. “Me llama atención que no hay diputados oficialistas que estén motorizando el proyecto”, pegó.
Florito, por su parte, observó las “muchas diferencias” que existen en el mundo gremial, pero en ese marco “comprende los planteos de los dos lados”. Agregó que ve con “preocupación” el debate porque se “apura el tratamiento”. En ese marco, consideró que la adhesión “se merece todo su tiempo”. Integrante del bloque “Somos Vida”, confió que “está complicado” arribar a un dictamen favorable dentro de la comisión, ya que hay “muchas diferencias”.
Prohibición de reuniones afectivas en toda la provincia
La ciudad sumó 34 contagiados
Unos de los locales clausurados por no cumplir el protocolo.
Imagen: Prensa Municipalidad de Rosario
Imagen: Prensa Municipalidad de Rosario
En medio del crecimiento sostenido de los contagios de coronavirus en la provincia -ayer se reportaron 74 nuevos casos en todo el territorio-, a partir de hoy quedarán prohibidas las reuniones sociales en todo el país por disposición del gobierno nacional. De esa manera, la medida que ya estaba vigente en el departamento Rosario se extiende ahora a todas las localidades santafesinas.
El presidente Alberto Fernández firmará hoy un decreto de necesidad y urgencia por el cual se suspenderán los encuentros sociales en todo el territorio nacional por los próximos 15 días. De acuerdo a lo que había explicado la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, la medida se toma "para que allí donde hay brotes se puedan controlar y para que allí donde no hay brote podamos minimizar la posibilidad de tenerlo".
Vale recordar que en el departamento Rosario las reuniones familiares y afectivas se encuentran suspendidas desde el 22 de julio pasado por disposición del gobierno provincial y por el plazo de 14 días. Ahora con la nueva determinación nacional, esta realidad se extenderá a toda la provincia, alcanzando a todas las comunas y municipios de Santa Fe. Además, implicará que en Rosario esa prohibición se extienda por una semana más de lo previsto.
En cuanto a los casos reportados en el informe vespertino de ayer, la provincia registró un total de 74 nuevos contagios, de los cuales 34 corresponden a Rosario, 22 a Casilda, 3 a Helvecia, 2 a San Lorenzo, 2 a Carcarañá y 2 a Santa Isabel, mientras que otras 9 localidades presentaron 1 solo caso cada una: Pujato, Chañar Ladeado, Correa, Arroyo Seco, Funes, Granadero Baigorria, Timbúes, Venado Tuerto y Villa Gobernador Gálvez.
Con respecto a los casos de Rosario, 20 se produjeron por contacto con positivos confirmados mientras que los otros 14 todavía se encuentran en investigación para determinar su nexo epidemiológico.
Un dato que destacan como positivo desde la cartera sanitaria es que de los 652 pacientes activos del virus que hay en la provincia, solamente 6 se encuentran internados en cuidados intensivos, y únicamente dos requieren de asistencia respiratorio mecánica, mientras que otros 50 se encuentran internados en camas generales.
En otro orden, la Secretaría de Control y Convivencia municipal continúa con los operativos durante los fines de semana para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones vinculadas al coronavirus en locales gastronómicos de la ciudad. En ese marco, entre el viernes y el sábado se clausuraron 5 comercios y se establecieron faltas a otros negocios por diversas irregularidades.
En ese sentido, la secretaria Carolina Labayru detalló que el viernes, se efectuaron clausuras en tres bares: uno ubicado en Belgrano al 700 que carecía de habilitación municipal, no cumplía con los protocolos sanitarios y, además, estaba funcionando fuera del horario permitido; otro en Dorrego al 1300, que tampoco contaba con los protocolos; y el tercero, en San Martín al 4500, que estaba abierto fuera del horario permitido. Además, durante la misma jornada se procedió a clausurar una fiambrería y vinoteca de Mendoza al 1700 por carecer de protocolos sanitarios.
Por su parte, el sábado se concretó una clausura preventiva de un bar en San Martín al 4800, que no aplicaba el protocolo covid-19 y contaba con la habilitación municipal vencida.
Más llamativo fue lo que ocurrió en la ciudad de Santa Fe, en donde se desbarató en la madrugada del domingo una fiesta con al menos 200 participantes en un local de venta de celulares. Las autoridades municipales y la policía intervinieron luego de detectar este encuentro ilegal a través de las imágenes del sistema de monitoreo.
03 de agosto de 2020
Desajustes entre las cámaras, y entre éstas con el Ejecutivo
Luz verde al Nueva Oportunidad
Los jefes de bancada del Senado ven con buenos ojos el proyecto que salió de Diputados, pero el Ejecutivo tiene uno propio
Por Pablo Fornero
Jefes de bancada Armando Traferri (PJ) y Felipe Michlig (UCR).
Imagen: Prensa Senado
Imagen: Prensa Senado
Los jefes del Senado, el peronista Armando Traferri y el radical Felipe Michlig, recibieron de parabienes la media sanción del plan Nueva Oportunidad, pero no le vieron vida a largo plazo. El Frente Progresista pretende consolidar como ley lo que fue una de sus principales políticas sociales orientada a jóvenes de sectores vulnerables. “Es un proyecto más que interesante, no tuvo ningún voto en contra, solo abstenciones en Diputados”, rescató el sanlorencino. “Son bienvenidas todas las iniciativas que tienen que ver con lo social”, avaló el oriundo de San Cristóbal. Pero ambos senadores hicieron foco en las dificultades que tienen entre ambas Cámaras, y también con el Ejecutivo, para sancionar leyes. Por un lado, porque hay proyectos similares en la dos y, por el otro, porque la Casa Gris no implementará iniciativas que no son de su interés. “No vemos tanto interés del Ejecutivo en la agenda legislativa, al Ejecutivo tenemos que interesarlo, comprometerlo”, se quejó el UCR. “No le podés prohibir a un legislador que presente proyectos, pero así como vamos corremos que nunca tengamos una ley”, sostuvo el peronista.
Para reflexionar sobre esos inconvenientes, Michlig y Traferri, junto a su par José Baucero, se vieron las caras el jueves con el presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz, y los jefes de bloque, Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Fabián Palo Oliver y Joaquín Blanco. Mayoría con mayoría. No hubo diputados de otros partidos, solo del Frente Progresista. Buscan los senadores tener una agenda legislativa “aceitada”.
“Quedamos que la semana que viene (por la que arranca hoy) vamos a avanzar en una agenda legislativa, con la posibilidad de que esa agenda esté en sintonía, o por lo menos charlada, con el Ejecutivo. Tenemos que ordenarnos, hay proyectos cruzados con el mismo tema y eso genera dificultades para dar una sanción definitiva. Establezcamos una agenda de trabajo, hay muchas y buenas iniciativas, pero corremos el riesgo de dar expectativas que después no podemos colmar y cumplir. Podemos tener la mejor iniciativa, pero si el Ejecutivo no trabaja en conjunto y después veta una ley corremos el riesgo de que la ley no se promulgue, y ninguna de las dos cámaras tiene dos tercios para oponerse a un veto”, señaló Michlig.
“No se puede vivir sacando leyes sin tener alguna, primero hay que ver el impacto en las arcas provinciales de cada proyecto sancionado. Nos llenaron de leyes en los primeros seis meses, muchas se contraponen, te puedo hablar de la ley de cooperativas, del plasma. Hay que darle más seriedad al trabajo legislativo. Si no hay negociación entre las dos cámaras lo más posible es que las leyes terminen naufragando en la media sanción. Tenemos superposición de proyectos y una resultante cero, porque los dos proyectos quedan con media sanción. Entonces, lo que planteamos es que tiene que haber una coordinación porque si no entramos en una zona gris que no le damos respuesta al problema. Te puede servir en las estadísticas, pero no resolvemos el problema”, abogó Traferri.
Por otro lado, con respecto al Nueva Oportunidad en particular, Michlig ponderó los “diferentes programas de inclusión y contención” que tenían las gestiones progresistas Y remarcó que “es necesario salir de este enfoque economicista que tiene el gobierno provincial para dar repuesta en el momento que vivimos”. En ese sentido, castigó a la Casa Gris: “Está claro que lo que interesa es que cierre la caja y recaudar y los problemas de los santafesinos parece que no son del gobierno”. Por su parte, Traferri advitió que lo aprobado por Diputados es “muy posible que colisione” con el programa Santa Fe Más que lanzó el Ejecutivo. “Hasta que no lo veamos no tengo definición, el título es interesante, hay que trabajar sobre los sectores vulnerables, esto no se arregla solo con una reforma policial, tiene raíces socioeconómicas. En la medida que se agraven las cuestiones sociales, se van a agravar las cuestiones de seguridad, es de sentido común”, cerró el senador PJ.
03 de agosto de 2020
Continúa la lucha contra el fuego; detienen a pescadores
Brigadistas en las islas
Después de la masiva movilización del sábado en el puente Rosario-Victoria en repudio a los incendios en las islas del delta del Paraná, ayer los brigadistas continuaron con los trabajos para combatir varios focos ígneos que generaron un nuevo día con humo sobre amplios sectores de la ciudad. Además, dos pescadores fueron detenidos por la policía de Entre Ríos, acusados de haber iniciado uno de los incendios.
En una jornada con temperaturas atípicas para esta época del año, miles de personas eligieron los parques costeros para disfrutar del día pero no estuvieron exentos de respirar, una vez más, el humo que llegaba desde las islas frente a Rosario. Esto se debió a que todavía se mantenían activos varios focos de incendio, motivo por el cual los brigadistas continuaron trabajando para apagar el fuego imperante.
Otra de las novedades de ayer fue la detención de dos hombres acusados de haber provocado el inicio de una de las quemas en las islas del departamento Diamante, frente a la localidad santafesina de Timbúes. Se trata de dos pescadores oriundos de San Lorenzo que fueron apresados por la policía de Entre Ríos. Además, a ambos se les labró un acta de infracción a la Ley Provincial de Pesca por no poseer licencia habilitante y por estar pescando en un día no permitido.
Por otro lado, la Sociedad Rural de Rosario y la de Victoria difundieron un comunicado en el que "condenan y lamentan profundamente el alto impacto ambiental que se está produciendo debido a los incendios en las islas del delta entrerriano y el perjuicio sobre la salud de la población de Rosario y localidades aledañas", pero también condenaron que "se acuse de manera generalizada y sin fundamentos a los productores agropecuarios, como responsables de los mismos".
Sobre este último punto hicieron más hincapié, explicando que en la zona de islas no se siembra y ha mermado la actividad ganadera, al mismo tiempo que los productores isleños declaran que la quema no beneficia a nadie, ya que extingue el poco pasto de invierno y provoca destrucción de la infraestructura isleña. Por esta situación, ambas instituciones solicitaron a las autoridades provinciales "acordar un programa de vigilancia y control a las quemas, identificar a los reales responsables de las mismas y ponerlos a disposición de la justicia de forma inmediata".
03 de agosto de 2020
Pandemia
Raciones alimentarias
03 de agosto de 2020
Importación
Sustitución en autopartes
03 de agosto de 2020
Ingresos tributarios en los tres niveles del Estado
Santa Fe recaudó más que Nación y municipios
En medio de la pandemia sufrió menor caída de recursos, incluso comparado con otras provincias, de acuerdo a un informe privado.
Por David Narciso
((((( GRáfico)))) Santa Fe y Buenos Aires fueron las que más airosas salieron.
Imagen: Elaboración consultora P&G.
Imagen: Elaboración consultora P&G.
Santa Fe salió más airosa que la Nación y los municipios de la provincia al momento de comparar la caída de la recaudación tributaria entre los tres niveles del Estado entre el primer semestre de 2020 con el mismo período de 2019.
El Estado provincial estuvo más de 10 puntos por encima de la Nación y de los municipios, aclarando que en este último caso el cálculo se hizo sobre la base de relevamiento de diez gobiernos locales representativos de la provincia, “con tamaños diversos, localizaciones geográficas dispersas y estructuras productivas heterogéneas”.
Mientras la recaudación tributaria de Nación creció 25,8% en términos nominales comparado semestre contra semestre, la provincia lo hizo en 37,3% y los municipios 26,2%.
“En los tres niveles de gobierno la recaudación tributaria creció por debajo de la inflación, es decir, registró una caída en términos reales”, indica el último informe de la consultora P&G que dirigen el ex ministro de Economía de la provincia Gonzalo Saglione y Pablo Olivares.
La consultora comparó precios del IPC nacional del primer semestre de 2020 con los mismos precios del primer semestre de 2019 y obtuvo como resultado inflación promedio de 46,35%.
Con esos datos de crecimiento nominal y la inflación interanual acumulada para cada uno de los primeros seis meses del año, concluye que en términos reales “la recaudación tributaria nacional y municipal acumuló durante el primer semestre una caída real del -14%, cifra que duplica el -7% de la disminución real observada en la recaudación del gobierno de la provincia de Santa Fe en idéntico período de tiempo”.
Cabe recordar que los tres grandes pilares de ingreso de los municipios son la recaudación propia y los recursos que vienen por coparticipación provincial y federal. En el caso de provincia esencialmente se nutre de recaudación impositiva propia y coparticipación nacional. Y en el nivel federal es por recaudación tributaria propia.
Impuesto por impuesto
El informe dedica un capítulo al comportamiento de cada uno de los impuestos que recauda Santa Fe, siempre comparando el primer semestre de 2020 con mismo período de 2019.
De ese análisis surge que la recaudación por Ingresos Brutos creció 37,73% nominal, Inmobiliario 67,61%, Patentes 43,05%, Sellos 2,90%. El promedio es 37,33%.
En la evolución mes por mes, se destaca la profunda caída de la recaudación durante abril, el mes que reinó del primero al último día el Aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo).
En enero la recaudación, siempre en términos nominales, creció 48%; febrero 47%, marzo 37%, abril 13%, mayo 34% y junio la recuperación llegó al 45%.
Provincias
P&G también comparó la recaudación tributaria de Santa Fe con otras provincias (ver gráfico): Entre Ríos 22%; provincia de Buenos Aires 24%, San Juan 25%, Mendoza 25%, Córdoba 33% y Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe 37%.
“Allí puede notarse que la recaudación tributaria del gobierno de Santa Fe experimentó, durante el primer semestre del año, una evolución interanual mucho más favorable que la registrada en provincias con similar grado de desarrollo”, indica el informe.
Recaudación e inflación
El análisis de la consultora concluye, como se dijo más arriba, que “en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) la recaudación tributaria creció por debajo de la inflación, es decir, registró una caída en términos reales”.
“La brecha entre inflación interanual y variación interanual de la recaudación era reducida en enero y febrero, y empieza a incrementarse con fuerza a partir del mes de marzo, desde la entrada en vigencia del Aislamiento social, preventivo y obligatorio”, explica.
Los municipios son quienes “registraron una mayor caída durante los meses de abril y mayo. Ya en el mes de junio, la recuperación parcial de recaudación municipal permite mostrar resultados acumulados de variación similares a los nacionales, aunque muy por debajo de lo observado en el ámbito del gobierno de la provincia”, finaliza.
Fuente:Rosario12
Gobierno nacional y federal
Destacan “fuerte inversión” de Nación en Santa Fe
El diputado nacional Marcos Cleri aseguró este sábado que “el gobierno nacional viene realizando una fuerte inversión en nuestra provincia”, con el objetivo de “reconstruir la economía y el tejido social que fueron devastados por el macrismo”.
Tras la media sanción que dio este viernes la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de ampliación de la moratoria impositiva que el Ejecutivo nacional dispuso en diciembre del año pasado, el legislador santafesino subrayó la inversión nacional en la provincia.
“Afortunadamente tenemos un gobierno nacional que privilegia políticas públicas para el bienestar general y con sentido federal, tal como puede apreciarse en la fuerte inversión que se viene realizando en la provincia de Santa Fe para reconstruir la economía y el tejido social que fueron devastados por las políticas del macrismo, a lo que se sumaron los efectos provocados por la pandemia. En este mismo sentido va el proyecto que aprobamos”, dijo Cleri.
“Hemos realizado un informe detallado de la inversión del Estado nacional en la provincia y son cifras importantes y direccionadas de acuerdo con la coyuntura que estamos viviendo”, destacó el diputado del bloque del Frente de Todos-PJ.
“Se destinaron 4600 millones de pesos al Fondo Fiduciario Provincial, más de 1.700 millones al Fondo Compensador del Transporte, más de 4 mil millones de Aportes del Tesoro Nacional y 2.500 millones de adelanto de coparticipación”, enumeró Cleri. Y sumó “el fuerte respaldo a nuestra provincia para políticas de salud, educación y asistencia a los que más necesitan, ante las demandas generadas por las consecuencias del combate contra el Covid 19”.
En ese aspecto, destacó que “a través de la Anses se destinaron más de 24 mil millones de pesos a santafesinas y santafesinos, a través de herramientas como el IFE con sus 680 mil beneficiarios en nuestra provincia y el programa ATP para el sector productivo, más los refuerzos con el Bono Extraordinario para jubilados y jubiladas y en la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar, junto con el acuerdo para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia”.
“Para la salud pública llegaron casi 1.300 millones, el Ministerio de Educación de la Nación dispuso inversiones en nuestras universidades de Rosario y del Litoral, se reforzaron también los aportes al área de Desarrollo Social para alimentos y productos de limpieza, el Banco Solidario y programas de inclusión como el Potenciar Trabajo; y al mismo tiempo se pusieron en marcha líneas de crédito con tasas subsidiadas para el Desarrollo Productivo, con más de 7 mil millones de pesos direccionados a nuestra provincia”, resaltó.
“Ahora, esta ampliación de la moratoria impositiva significa un alivio más, sobre todo para monotributistas y pymes; y en el mismo sentido va la ampliación presupuestaria en la que venimos avanzando en el Congreso, trabajando responsablemente para brindar soluciones, para generar bienestar a nuestro pueblo, dejando de lado las ambiciones sectoriales, sin especular con candidaturas y proyecciones personales”, subrayó el diputado nacional del peronismo.
“Siempre bajo la ética del cuidado de la salud, el gobierno nacional prioriza al ser humano y privilegia la calidad de vida de la gente, el bienestar general, con ideas innovadoras que se materializan a lo largo y ancho de la Argentina con una propuesta federal e inclusiva”, enfatizó.
Fuente:RedaccionRosario
DISTRITO POR DISTRITO
Conocé el mapa de contagios de coronavirus en Rosario
La Municipalidad de Rosario detalló este domingo la ubicación geográfica de los 251 infectados con coronavirus en la ciudad que permanecen activos desde que comenzó la pandemia. En el acumulado, la cifra asciende a 625.
Además, desde la Secretaría de Salud Pública indicaron que de los pacientes contagiados que todavía no se recuperaron 111 contrajeron el covid-19 por contacto estrecho, 59 están en investigación y 34 por circulación comunitaria. En tanto, informaron que hay 46 trabajadores de salud infectados.
Según la distribución geográfica de los casos en la ciudad, en el centro rosarino se encuentra la mayoría de los contagios (82), mientras que en noroeste se detectaron 64, en el norte 40, en el oeste 25, en el sur 22 y en el sudoeste 17. También, dio positivo de coronavirus una persona en situación de calle.
En tanto, 826 personas permanecen aisladas preventivamente (13 clústers) y 41 pacientes se encuentran internados.
El detalle territorial de los infectados se dio a conocer tras la realización del plan Detectar en barrio Ludueña, donde se hisopó a 72 vecinos y 9 dieron positivo. El operativo del jueves pasado fue el primer testeo barrial masivo que resultó con un número de casos mayor a uno o dos.
FuenteRosarioPlus
Rosalía Jara, la joven asesinada que ya es faro para un nunca más femicidios en el norte santafesino Este lunes se conocerá el veredicto en el juicio que tiene como único acusado a Juan Valdez, un profesor de gimnasia que la sedujo cuando él tenía 32 años y ella 11 o 12. Con una hija en común -no reconocida por él- a los 15, los alegatos finales reconstruyeron una historia sórdida, pero no única
2 de agosto de 2020
Guillermo Correa
El pasado jueves 30 tuvo lugar en los Tribunales de Vera, la última audiencia previa a la sentencia de este lunes, los alegados finales de las partes en el juicio que arrancó el pasado 7 de julio por el femicidio de Rosalía Jara, de 19 años. La declaraciones resultan ilustradoras de parte del recorrido que transitó ella hasta su temprana muerte y, en forma horrenda, después de que exhalara su último hálito de vida. Esta es la historia.
Rosalía, nacida y criada en Fortín Olmos, en el centro geográfico del departamento Vera, fue vista con vida por última vez el 1º de julio de 2017 y permaneció desaparecida durante un año y casi dos meses, hasta que su cuerpo fue encontrado por dos cazadores el 26 de de agosto de 2018 en una zona de monte, a 150 metros de la ruta 98, a 34 kilómetros del lugar donde vivía.
Quien en vida fuera Rosalía había sido dejada en posición de sentada, con la espalda apoyada sobre un árbol. Por su desaparición primero –y por su asesinato cuando se encontró el cuerpo– desde hace tres años está detenido Juan Valdez, un profesor de educación física que hoy tiene 40 años, y que había mantenido una relación clandestina con ella durante largo tiempo: según se fue develando, el acercamiento había comenzado cuando era una niña que cursaba el 4º o el 5º grado de la primaria en la escuela San José Obrero, donde donde él llegó para hacer reemplazos. El vínculo la convirtió a ella en madre adolescente de una niña, cuando tenía 15 años, y desembocó cuatro años más tarde en el crimen que tiene a Valdez sentado en el banquillo como único acusado.
La extensa jornada de alegatos transcurrió por más de siete horas. Pasadas las 10 en un pequeño recinto de la Oficina de Gestión Judicial de Vera, reacondicionado por la pandemia de coronavirus pero que no parecía garantizar el suficiente resguardo, el tribunal integrado por los jueces Mauricio Martelossi y Norma Senn, bajo la presidencia de Gonzalo Basualdo, dio inicio a la ronda de alegatos de cierre, en lo que será el último paso judicial hasta el dictado de la sentencia, este lunes 3 de agosto.
La sucesión de alocuciones se inició con el repaso de todo lo acontecido por parte del fiscal Gustavo Latorre, en representación del Ministerio Público de la Acusación; continuó con la alocución de la abogada Carolina Walker, que integra la querella en representación de la familia Jara, para luego dar lugar al turno de la defensa, exposición que hizo el abogado Jorge Faisal –los otros defensores del acusado, Jorge Bedouret y Bárbara Reynoso, dimitieron un día antes del inicio del juicio– para después dar espacio a la réplica de argumentos entre las partes. En el cierre y con la advertencia de que no iba a contestar preguntas –aunque no cabían en esta instancia– el propio Valdez hizo uso del derecho de hablar en su propia defensa.
Acusación del Ministerio Público
El fiscal Latorre, ensayó una síntesis de testimonios de distintas personas, entre ellas familiares directos de Rosalía, ex parejas, amigas, docentes y directivos de las escuelas de Fortín Olmos, cuyas declaraciones se fueron volcando en el marco de la causa. También hilvanó testimonios técnicos, los de funcionarios policiales, de un jerárquico de Telecom Personal, de peritos que intervinieron en diferentes etapas. Y citó a quienes habían visto a Rosalía en la noche del sábado 1º de julio de 2017, cuando ella salió del bar “Vázquez” y caminó mientras hablaba por teléfono hacia un punto, donde la tapó la oscuridad. Eran algo más de las 22 y fue el último instante en el que la vieron con vida en el pueblo de poco más de 3 mil habitantes.
“Podemos afirmar que se ha logrado acreditar, con las particularidades del caso, la autoría de Juan Oscar Valdez en la comisión del femicidio en perjuicio de Rosalía Daniela Jara”, sostuvo el fiscal Latorre casi en el inicio de su alegato.
El representante del MPA eligió así comenzar por la conclusión, con lo que abrió paso a un sinuoso repaso por algunos aspectos de la vida de Rosalía, los que reconstruyó apoyado sobre testimonios que obran en la causa.
Así repasó que Valdez y Rosalía se conocieron cuando él era profesor reemplazante en la San José Obrero y ella cursaba la primaria: “Se pudo probar la relación amorosa entre Valdez y Rosalía, también que esa relación comenzó cuando ella era menor de edad y también que atravesó un embarazo, al termino del cual dio a luz a su hija, cuyo padre es Valdez, quien “le tiraba 300 pesos de vez en cuando”.
El fiscal se centró en el testimonio de la madre y la hermana de Rosalía. Esta última, Irina, era su confidente, y apuntó que Rosalía le contó sobre la relación que mantenía cuando ella cursaba 6º grado, y que se escapaba en secreto para encontrarse y mantener relaciones sexuales con Valdez, quien también se movía en forma clandestina, ya que era casado.
El testimonio que expuso el fiscal se detuvo en algunos detalles, como que se veían más seguido los fines de semana, que él le daba dinero “de vez en cuando”, y que la pasaba a buscar en su auto, pero de manera oculta: detrás de la casa del padrastro de Rosalía o en calles “solitarias” donde no hay casas.
Otro testigo referido por el fiscal fue Elbio Oviedo, quien tiempo después mantuvo una relación con Rosalía. Dijo que se encontraban generalmente los fines de semana, “y que siempre Rosalía le quería dar celos con Valdez”, recordó Latorre.
El fiscal también repasó otros testimonios que confirmaron la existencia de una relación, entre ellos los de un tío y de amigas de Rosalía. Y que además corría el rumor por el pueblo: “Todo esto corroborado por el estudio de ADN realizado por el Instituto Médico Legal de Rosario, donde se confirma la paternidad de Valdez con respecto a la hija de Rosalía”, marcó Latorre.
También que otra pareja de Rosalía, con la que transitó una convivencia, hizo los trámites para reconocer como suya a la hija de Rosalía y Valdez. Empero, cuando la pareja se separó, este último inició un juicio de impugnación de paternidad.
En esa situación estaba Rosalía cuando, según el racconto del fiscal, estaba en el bar de Fortín Olmos, entre las 21.30 y aproximadamente las 22: pasada esa hora, le entró una llamada, la última de varias, a su teléfono celular. Fue la que la hizo salir del lugar y alejarse caminando hacia una zona sin iluminación, sin temer que nunca más volvería. Esa llamada, marcó el fiscal, coincide en la hora con la que le cruzó Valdez.
Rosalía caminó hacia la garita de colectivos. Otros testigos que daban vueltas por el pueblo, dijeron haber visto detrás a un “auto grande, nuevo y de color blanco”, recordó Latorre. Valdez tenía un Toyota Corolla, nuevo, y de ese color.
El fiscal abundó en otros testimonios, numerosos, que mencionaron hora aproximada, lugar y vehículo, pero no otros detalles. Y pasó a otros testimonios que representa un salto de tiempo y distancia: horas después, ya entre las dos y las tres la madrugada un vehículo que transitaba por la ruta 40 en el que varios jóvenes se desplazaban en dirección a Vera, es sobrepasado a alta velocidad por el Corolla blanco y con vidrios polarizados.
A los investigadores no les costó mucho vincular al vehículo descripto con Valdez: sólo había dos de ese tipo en el pueblo, así que cuando lo veían, o era uno o era el otro.
El fiscal repasó luego las circunstancias en las que Valdez se encontraba en los momentos previos y posteriores a las 22. Otros testimonios, como los de su pareja de entonces, su hijastra y amigas: todos lo ubican tomando las llaves del auto y saliendo, mientras las chicas se preparaban para un encuentro de pizzas ese sábado a la noche. La confluencia de las declaraciones ubican al acusado fuera de la vista en un lapso coincidente con el posible encuentro con Rosalía en otro sector del pueblo. Para Latorre era el mismo vehículo el que pasó por delante del bar, en dirección a la garita, y que se estacionó detrás; y es el vehículo que le pertenecía a Valdez y en el que se fue de su casa para encontrarse con alguien con quien –así lo señalan otros testimonios– esa noche no estuvo.
El fiscal Latorre repasó de inmediato otro testimonio, al que situó como clave: el del comisario Julio Blanc, jefe de Bomberos Zapadores de Santa Fe y de la Brigada Canina, que integra el cuerpo. Uno de lo perros que la integran, puntualizó el funcionario, hizo todo el recorrido y situó a Rosalía dentro del auto de Vázquez el 4 de julio de 2017, cuando la joven llevaba tres días en condición de desaparecida.
Tras dar pormenores y detalles de lo actuado en Fortín Olmos y en otros operativos por los canes de búsqueda y rescate de personas vivas y de rastreo y ubicación de cadáveres para exponer por qué esa prueba resultaba concluyente, el funcionario judicial volvió hacia atrás para recordar otro episodio de Rosalía que involucraba a Vázquez.
Se trata de una serie de llamadas cortas, certificadas por Telecom Personal, que ella cruzó el viernes 9 de junio dos semanas y media antes de su desaparición, en una serie en la que la mayor parte –9 llamadas de 13– él no atendió. Al día siguiente, el sábado 10, intentó suicidarse, reveló el fiscal.
Con la misma certificación, Latorre dio cuenta que el 1º de julio de 2017, el día de su desaparición, hubo 14 llamadas entre los teléfonos celulares de Rosalía y de Vázquez. De ellas, las tres últimas, todas discadas por Juan Valdez, coincidieron con el lapso en que ella estaba y salió del bar, y que él estaba y salió de su casa. Y que después de la noche del ese sábado no volvió a haber comunicación alguna entre ambos números, y todas las llamadas que se hicieron al teléfono de Rosalía, cuando ya no estaba, automáticamente entraron al buzón de voz.
El fiscal también hizo foco en el viernes 30 de junio de 2017, un día antes de la desaparición de Rosalía. En esa jornada, durante la mañana, ella recibió una notificación judicial, la que le informaba que su hija debía someterse a una extracción de sangre para un examen, en el marco de la impugnación de paternidad que había presentado su ex pareja, que le había dado su apellido a la nena cuyo padre es en realidad Valdez.
Tras la notificación, Rosalía llamó a su madre, y después a Valdez.
Demostrada la comunicación frecuente entre ambos, el fiscal no dudó: “Estoy convencido, en virtud de lo hasta aquí analizado, de que el motivo por el cual Valdez no intentó llamarla ni comunicarse por ningún medio, era porque sabía perfectamente que Rosalía no podía contestar”.
El fiscal Latorre también se centró en testimonios de diferentes personas que corroboraron que un efectivo policial fue a ver a Valdez, pocos días después de la desaparición de Rosalía, al gimnasio privado en el que daba clases y era uno de los propietarios. Le fue a avisar –lo admitió el propio agente, aludiendo de que lo había hecho por orden de su superior– que le iban a secuestrar el teléfono y el auto. Era el martes 4 de julio de 2017, Rosalía faltaba desde hacía tres días y Valdez dedicó horas esa noche a borrar datos de su celular, al que reseteó dejándolo a modo de salida de fábrica, y a cerrar y abrir nuevas cuentas de correo electrónico y redes sociales. Así lo certificaron diferentes peritos e investigadores –los que extraen la información y los que analizan lo extraído– tanto de la Policía de Investigaciones de Santa Fe y de la actual Agencia de Investigación Criminal como de la Policía Federal, y las propias compañías de comunicaciones, que precisaron con exactitud digital el momento en que Valdez hacía cada operación informática.
El repaso del fiscal sobre ese tramo se completó con un párrafo de la declaración de Lorena Faisal, esposa en ese entonces de Valdez: admitió que un jefe policial le había recomendado que borrara su teléfono.
En cada servidor remoto de las diferentes redes quedó el registro de lo que había estado haciendo, del mismo modo que en los reportes de cada antena y celda de telefonía celular permanece la huella de la ubicación de los aparatos activos. No se puede precisar que en la noche de la desaparición de Rosalía su teléfono y el de Valdez estuvieran a pocos centímetros o a varios metros de distancia, pero sí que estaban en la misma área al mismo tiempo, y lo siguieron estando en la madrugada, cuando fueron captados ambos teléfonos por otra celda, compatible con un punto determinado de la ruta 40: el lugar donde testigos que iban en un vehículo refirieron que los sobrepasó otro a gran velocidad, y que por la descripción se parecía demasiado al auto de Valdez, si es que no lo era.
Finalmente, el fiscal Latorre se centró en el hallazgo de los restos y prendas de vestir que después serían identificados como los de Rosalía Jara. A un año y casi dos meses de su desaparición, uno de los forenses detectó la huella de un fuerte golpe en la cabeza, con fractura y hundimiento del cráneo. Pero aclaró que un golpe semejante hubiera producido en la víctima mareos y probablemente un desmayo, pero no la muerte.
También concluyó con causa de fallecimiento indeterminada el estudio del Equipo Argentino de Antropología Forense, que cotejó los restos certificando, en conjunto con análisis de piezas dentarias, que pertenecían a una hija de Liliana Jara –y a la madre de la hija de Rosalía– con un 99,99% de probabilidad. A la misma conclusión llegó el estudio de compatibilidad genética que, a pedido de la defensa del acusado, hizo el Instituto Médico Legal de Rosario.
El funcionario del MPA también mencionó que en el momento de la desaparición de Rosalía, el acusado Valdez transitaba por otro problema personal y económico: un reclamo por paternidad y alimentos de otra mujer, la niñera que había trabajado en su casa.
Con todo, para el fiscal hubo móvil, posibilidades, recursos y oportunidad –su pareja no se encontraba en Fortín Olmos– para que Juan Valdez cometiera el crimen por el que se lo acusa. Y quedó demostrado que ocupó de concretar maniobras para entorpecer la investigación, la misma que habría contribuido a exculparlo en caso de inocencia. Por caso, como extra mencionó que la defensa de Valdez, durante la investigación penal preparatoria, apuntó a los peritos que intervinieron en los análisis de su teléfono celular sosteniendo que manipularon los peritajes para inculparlo; y que al quedar demostrado que las operaciones se realizaron cuando Valdez tenía todavía el aparato en su poder, se alegó que había borrado todo para ocultar una infidelidad de pareja.
“Toda la prueba indiciaria que fuera producida ante estos estrados nos conducen a Juan Valdez”, sostuvo en el tramo final de su alegato el fiscal Latorre, tras pedir al tribunal que valore los elementos en forma integral y no fragmentada o aislada, ya que en rigor no hay una prueba directa del femicidio de Rosalía Jara, ni testigos presenciales, ni menos cámaras de seguridad: ni siquiera hay alumbrado público en la periferia de Fortín Olmos, donde basta desplazarse a un par de metros de sus límites para perderse en la oscuridad.
“Entendemos que la conducta desplegada por el imputado es típica, antijurídica y culpable, y que los hechos se adecúan perfectamente al delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo, atento a la relación de pareja sin convivencia, y por haber mediado violencia de género, atento a que la acción típica consistió en matar a una mujer y el hecho fue perpetrado por un hombre mediante violencia de género. Y pidió condenar a Juan Valdez a prisión perpetua.
Yo acuso
Tras el resumen del representante del Ministerio Público de la Acusación llegó el turno de la querella, representada por la abogada Carolina Walker. De inmediato planteó una marcada distancia con la Fiscalía, aunque el camino que trazó resultó convergente en el punto central: “Propiciamos que se condene a Juan Valdez a la pena de prisión perpetua por considerar que es autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ser cometido por un varón contara una mujer mediando violencia de género”, planteó la abogada casi al concluir su alegato.
Aunque la letrada se aproximó allí al fiscal Latorre, por momentos sus alegatos estuvieron a enorme distancia. Walker, quien llegó a la representación de la familia Jara a través de organizaciones de mujeres de las ciudades de Vera y Reconquista, que desde el inicio vienen reclamando justicia por Rosalía, y de organismos de derechos humanos como del norte santafesino, como el Movimiento Ecuménico (Medh) expuso que exactamente esa era la situación: los Jara son una más de un gigantesco número de familias vulnerables de la región, que a través de la historia han sufrido todas las humillaciones posibles en manos de los que ocupan un escalón social superior, en una escalera que allí se acorta, y mucho.
En esa línea, Walker describió en su alegato que la relación amorosa entre Rosalía y Valdez no era tal cosa ni nunca lo había sido, sino que se trató de un “claro abuso sexual infantil”.
“La niña tenía entre 11 y 12 años y provenía de una familia muy pobre cuando el docente entabló contacto con ella”, repasó. Y en esa línea planteó que “no quedan dudas, por los testimonios recogidos, de que él llegó a pagarle para mantener relaciones sexuales”.
Walker recordó que el vínculo que se mantuvo por al menos ocho años, transitó por el embarazo de ella cuando tenía 15 años, que llevó a término y gestó una nena que no fue reconocida por quien la engendró.
Así, la abogada tomó distancia incluso de quienes la precedieron en la representación, y que dejaron el caso cuando la familia Jara ya no pudo pagarles por su trabajo. En su labor ensayaron una línea que Walker no compartió: “No se tomó en cuenta el abuso configurado por el marcado desequilibrio de edad y recursos entre Valdez y Rosalía, pero más todavía porque refirió que existen «al menos» otros cuatro casos análogos, cuyas víctimas fueron también niñas y adolescentes”, repasó la abogada, para concluir que el acusado Valdez “tiene un claro perfil de abusador sexual infantil, que nunca fue profundizado por la Justicia”.
Walker, como el fiscal, también atravesó en su alegato por los peritajes y las declaraciones de técnicos e investigadores de las fuerzas policiales santafesina y Federal, ratificó la importancia de haber quedado certificado y sin lugar a dudas que el acusado había borrado todos los datos de su teléfono, cancelado y cambiado su cuenta de correo electrónico, y más operaciones informáticas que borraron datos claves que en última instancia hubieran contribuido a sostener la inocencia alegada por el acusado Valdez, pero que comprobadamente obstruyeron la investigación.
Walker denunció en esa línea, el paso inmediato anterior que lo provocó: el aviso por parte de policías que le iba a ser requisado su teléfono. Y denunció que no fue el único episodio ilegal en la investigación de la, por entonces, desaparición de Rosalía: la abogada habló de aprietes a testigos, de familiares que urdieron falsas declaraciones para exculpar a Valdez, de una construcción artificial de coartada. Y pidió entonces que se corra vista al Ministerio Público de la Acusación para que se formulen los cargos correspondientes a quienes dieron falso testimonio y a uniformados que protagonizaron una trama de complicidad policial con el acusado.
En otro tramo de su alegato, Walker resaltó el trabajo de la Brigada Canina, cuyos perros pudieron reconocer trazas del paso de Rosalía por diferentes lugares, uno de ellos el auto de Valdez. Y recordó que uno de los perros había trabajado en la tragedia de calle Salta, en Rosario, en la búsqueda de personas sepultadas bajo los escombros de los edificios que se destruyeron por completo con la explosión del 6 de agosto de 2013. Y también en el caso de Julieta Del Pino, de Berabevú, cuyo cuerpo estaba enterrado en el patio de la casa de un conocido de la familia, que había tenido una relación con ella. Julieta y Rosalía, reparó la abogada tenían la misma edad, 19 años, cuando fueron asesinadas.
“¿Cuántas más necesitamos para que se entienda esto que queremos decir? Esto no es cuestión de un asesinato, sino de una matriz cultural para la cual los cuerpos de las mujeres son objetos desechables. Sin voz, sin libertad, sin goce, sin vida”, le dijo la abogada al tribunal, pero la pregunta iba a todos quienes la escucharan, tanto en la otra sala, donde la audiencia se transmitía por circuito cerrado, como en las redes sociales, ya que los jueces no admitieron una televisación pero sí una transmisión en un sitio, el de la Agencia de Noticias eu!
También la abogada Walker se separó, incluso, de la figura del femicidio: para ella lo que cometió el autor –con la plena seguridad de que el autor es Valdez– fue un feminicidio. La diferencia, expuso, es antropológica, social y cultural: “Femicidio es un homicidio cometido por un varón en contra de una mujer, mediando violencia de género. Feminicidio va mucho más allá, y se relaciona con un patrón de violencia de género tolerada por el Estado”.
Y consideró, en esa tolerancia, ejemplos que ocurrieron en todas las instancias de ese caso y en otros, y aun fuera de ellos: mencionó que los fiscales, y un empleado judicial, que fueron los recursos existentes para la investigación llegaron a utilizar sus propios autos particulares e incluso sus ingresos para seguir con investigaciones en curso. “El Estado tiene la obligación de dotar al fiscal de todos los recursos económicos, logísticos, humanos, tecnológicos para que pueda hacer su trabajo diligentemente”, remarcó. Y sostuvo que la impunidad se consagra por la desidia del Estado: “Las dejó solas. A Rosalía, a Rocío, a Gisela, a Julieta y a otras miles”. En ese marco reclamó “políticas de Estado claras para evitar esta pandemia de feminicidios. Políticas publicas, mecanismos de protección, investigación y reparación”.
Y recordó, como ejemplo, que desde que se inició el juicio por Rosalía en Vera, quedó expuesta la emergencia: “Tres feminicidios en 15 días, al norte, al centro y al sur de la provincia”.
“Necesitamos «al menos» justicia”, reclamó.
No tienen nada, nada, nada
Tras los alegatos de Fiscalía y querella, tomó la palabra la defensa. El abogado Jorge Faisal, único que permaneció junto a Valdez de un equipo de tres, arrancó sin ambigüedades: “Sostengo lo que siempre sostuve: Juan Oscar Valdez no tiene nada que ver con el delito que se lo acusa”.
Faisal se dedicó luego a demoler –o al menos intentarlo– las conclusiones que habían hilvanado Fiscalía y querella, e incluso puso en duda la puesta en valor de los datos objetivos sobre las que se basaron. “Nada han podido probar los acusadores, nada”, proclamó y repelió la “obsesión, empecinamiento, fantasía de los acusadores” para con su cliente “injustamente privado de su libertad” y “condenado socialmente” por un delito que no cometió.
El abogado Faisal negó, en uno de los tramos de su alegato, que Rosalía le hubiera hecho un reclamo de paternidad a Valdez: “No existió”, sostuvo.
Y mientras la Fiscalía tomó como ejemplo el caso del femicidio de Érica Soriano, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, por cuyo caso fue condenada su ex pareja por matarla y hacer desaparecer el cuerpo, que nunca se encontró; Faisal apeló al ejemplo inverso, la desaparición forzada de Paula Perassi en San Lorenzo, para resaltar –incluso erróneamente, como le marcó la abogada de la querella– la actitud “valiente” del tribunal que dejó libres de culpa y cargo a todos los imputados que llegaron a juicio, fallo que después fue revertido parcialmente por la Cámara Penal.
También negó por completo que hubiera existido complicidad o ayuda policial para con el docente de educación física y copropietario de un gimnasio, que además conocía cercanamente a los agentes de Fortín Olmos. En cambio, habló de “reunión de testigos”, y de declaraciones que respondían a un libreto: “Mienten”, disparó y como lo hizo la abogada querellante, también pidió investigar a quienes prestaron declaración. Sostuvo, que “no sabían” de la relación entre Rosalía y Valdez, ni las chicas del pueblo ni la familia de ella, sino que se enteraron porque “salió en todos los medios”.
Y negó incluso que Valdez haya sabido que la hija de Rosalía era también suya, resaltando que el mismo pidió un ADN para comprobarlo. “No han podido demostrar el móvil del homicidio”, sostuvo el abogado, negando con el ejemplo anterior motivación alguna de su defendido para haber provocado la muerte de Rosalía.
También puso en cuestión el hallazgo mismo del cuerpo por parte de dos cazadores, sosteniendo que en la fecha en la que desapareció Rosalía todo el lugar estaba bajo agua por las inundaciones extremas que tuvo toda la provincia en 2017. Como conclusión, pidió la absolución de Valdez, proclamando que “nada ha sido probado”.
No sé, no vi, no hice
La audiencia continuó con la oportunidad de cruzar datos entre Fiscalía, defensa y querella, con todo plantados en sus trece. Las distancias entre las dos partes, la que pedía la condena y la que pugnaba por la exculpación del acusado, no pudieron ser mayores. Y Faisal insistió incluso en que se había referido al tribunal de primera instancia que actuó en el caso de Paula Perassi, repitiendo que sus integrantes tuvieron “el valor, el coraje de absolver a esas personas”.
Y finalmente llegó el turno de Valdez. El acusado, que está en prisión preventiva desde el 20 de julio de 2017, cuando fue detenido en Reconquista, en la casa de sus suegros, fue días después imputado por “retención y ocultamiento de persona”, con fines de coacción. La sospecha, por entonces, era que Rosalía continuaba con vida y que Valdez la podría haber entregado a una red de trata. La investigación continuó por ese andarivel hasta que todo cambió en agosto de 2018, cuando los restos encontrados en pleno monte fueron identificados como los de Rosalía Jara.
Ahora, en la última jornada del juicio, Valdez volvió a clamar total inocencia.
“Yo no tengo ninguna connivencia con la Policía”, dijo casi al comenzar a hablar. Y después comenzó a despotricar contra los uniformados de Fortín Olmos: los que la querella había acusado por ayudarlo, Valdez dijo que le habían manipulado el teléfono, cuando se presentó en la comisaría en la noche anterior a que se hiciera la requisa del dispositivo.
Y dijo tambíén que aunque no tenía ninguna relación profunda, conocía a los uniformados y solía ir al destacamento porque “ahí funcionaba una mesa de poker”.
“Yo sé que voy a tener problemas”, marcó tras prender el ventilador. Y acto seguido hizo responsables a los funcionarios judiciales que ordenaron su detención tres años atrás, 19 días después de la desaparición de Rosalía, y a los policías que presuntamente le dieron aviso que generó la reacción casi inmediata de borrar todo el contenido de su celular. Si así ocurrió, Valdez dejaba en claro, con sus palabras, que el entendimiento estaba ya roto.
Dijo también que no había sido él el último en llamar a Rosalía en la noche de su desaparición, ya que los policías le habían mostrado una lista, antes de que llegara la documentación certificada de la empresa Personal. En esa lista, dijo, él no era el último nombre.
En esa línea se preguntó “a quién defiende Fiscalía, a quién protege Fiscalía”,
al inculparlo a él.
Y recordó también que el entregó el teléfono con todo: “con cuentas de Gmail, con patrones de desbloqueo”. Admitió que borró el contenido del aparato devolviéndolo al estándar de fábrica, pero alegó que reinstaló todo, y lo entregó sin problemas.
Como lo había hecho antes su abogado, cuestionó también la prueba de los canes de rastreo y venteo: “El perro no ladró; al perro lo hicieron ladrar”, sostuvo, en un esfuerzo por despejar la traza detectada de Rosalía en su auto. “El bombero le toca la cabeza al perro, y el perro ladra”, insistió, y deslizó otra vez un presunto complot, ya que aseguró que ese movimiento no está registrado en el video que cubrió el peritaje.
Valdez dijo que en todo momento él actuó de buena fe: “Sin saber que la Policía me estaba armando la causa”.
“No les tengo miedo. Me arruinaron la vida, a mí y a mi familia”, lamentó y destacó: “Siempre, durante todos estos tres años, estuve a derecho. Siempre, Jamás me negué a nada”.
Una por una, y uno por uno, Valdez fue descalificando a cada persona que intervino en su caso, comenzando por los policías que lo detuvieron, los funcionarios judiciales que lo investigaron, los peritos y los testigos. Sensibilizó al tribunal con el “calvario” que sufrió desde el primer momento. Varias veces regresó al planteo de inquirir a quién se estaba protegiendo al apuntarlo a él como quien asesinó a Rosalía.
Valdez dijo que todo el tiempo que pasó en prisión fue amedrentado y violentado, perseguido aun en prisión, que estuvo en un buzón por meses, en Coronda. “Y acá me tienen, de pie, porque soy inocente”, proclamó.
Sólo reconoció al fiscal de juicio, Latorre, a quien realzó como “el único” que fue respetuoso con él.
“Esta corporación durante tres años mintió”, desafió. “Confío en la Justicia, confío en este tribunal”, dijo casi en el tramo final. Y repasó las denuncias que fue haciendo sobre cada amedrentamiento que sufrió. “Yo pedí el ADN porque a mí Rosalía jamás me había dicho que era hija mía”, insistió sobre la hija en común, que hoy tiene cinco años, su mamá muerta y su padre en prisión acusado de haberla asesinado.
Con todo Valdez incluso negó haber borrado cosas de su teléfono, aunque había admitido el reinicio: “Me borraron las conversaciones”, insistió. Incluso sostuvo que ni siquiera la edad de Rosalía era tal: “Le siguen mintiendo a la sociedad”.
Sólo se quebró, en su repaso, cuando recordó a su hija mayor: “Está a tres meses de cumplir 15 años. Y yo le prometí que iba a estar”, dijo.
Y sugirió, una vez más que el cuerpo de Rosalía “fue plantado ahí”, donde se encontró, y que cuando fue visto era el día anterior a una audiencia en la que su defensa iba a solicitar su libertad.
“La Policía me armó la causa”, repitió.
“Voy a colaborar para que se llegue a la verdad, siempre”. “No lo digo, yo, lo dicen las pruebas de este juicio. Que fue vergonzoso, por que lo vendieron como el juicio de la historia en los Tribunales de Vera. Y el fiscal cerró (diciendo) que sobran indicios para pedir la perpetua a una persona”, concluyó.
Así se cerró el debate hasta este lunes a las 12, cuando el tribunal dará a conocer el veredicto.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Casilda tiene récord de contagiados y vuelve a la fase 1 de la cuarentena
El crecimiento vertiginoso del virus entre sus habitantes obligó anoche al municipio a tomar esa drástica medida.
Por Gustavo Orellano gorellano@lacapital.com.ar
Lunes 03 de Agosto de 2020
El brote de contagios en Casida continúa en constante alza y desde la provincia se informó ayer que había 22 nuevos casos de coronavirus, ascendiendo la cifra de enfermos a 77. Pero en las últimas horas de ayer el municipio amplió ese número y señaló que había otras 10 personas con Covid-19. Ante esta escalada, el gobierno local dispuso que se vuelva a la fase 1 de la cuarentena, tras una conversación que mantuvo el intendente Andrés Golosetti con el gobernador Omar Perotti.
El subsecretario de Salud de Casilda, Ariel Aquili, declaró anoche a La Capital que “llegó el momento de ponerle freno a esta situación”, y confirmó que la ciudad volverá a la fase 1 de la cuarentena, en la que solo se permiten actividades esenciales.
La situación que se dio en los últimos días potencia la preocupación e intranquilidad en esta ciudad cabecera del departamento Caseros que, en menos de dos semanas, se convirtió en uno de los puntos más críticos dentro del panorama epidemiológico provincial.
Casida, de 35 mil habitantes según el censo de 2010, se posicionó como la segunda ciudad santafesina con mayor cantidad de infectados, detrás de Rosario. Ya superó a Zavalla (51), Carreras (54) y Santa Isabel (73), entre otras localidades donde el virus también se hizo sentir, como Venado Tuerto (50), la ciudad de Santa Fe (36) y Rafaela 21.
Si bien las autoridades de Casilda venían advirtiendo sobre la posibilidad de un pico para esta época, no deja de generar conmoción entre los casildenses el creciente ascenso en la curva de infectados.
De tener apenas tres casos reportados hasta el 20 de julio, hoy soporta los embates de una escalada a la que se intentará ponerle freno con medidas restrictivas y de control, como son las establecidas en la fase 1 de la cuarentena, apuntando fundamentalmente a evitar la circulación de personas.
La preocupación por el aumento de contagios entre los habitantes se fue percibiendo en los últimos días, con el escaso movimiento de gente que muestran las calles de la ciudad, una imagen que contrasta con las postales de relajamiento social de los últimos fines de semana.
Y ni hablar de días laborales anteriores, donde tampoco pasó inadvertida cierta falta de apego al cumplimiento de conductas para prevenir la enfermedad, pese a la insistencia y apelación por parte del Estado municipal en tal sentido.
Ahora, salvo algunas excepciones, el comportamiento social parece estar en sintonía con el clima de alerta que genera lo sucedido y que tuvo mayor impacto al recogerse el guante de que Casilda está considerada ciudad de circulación de transmisión comunitaria del virus, además de sumar ya tres casos fatales por coronavirus.
El dato positivo es que tanto los pacientes que ya cursaban la enfermedad como los que se sumaron ayer evolucionan bien y la mayoría se encuentran confinado en sus hogares o en centros de aislamientos locales.
Antes de que trascendiera que la curva de contagios seguía en un alza pronunciada, ya se plantaba un endurecimiento de las medidas.
Cabe recordar que el decreto provincial que regía para la ciudad suspendía hasta el 13 de agosto el funcionamiento de bares y restaurantes, los encuentros familiares y afectivos, las salidas recreativas y actividades deportivas, culturales y religiosas, entre otros puntos.
Camas disponibles en centros de salud
Pese al aumento de contagios, Casilda por ahora no tiene inconvenientes en cuanto a la disponibilidad de camas, según informó el Comité de Epidemiología de la ciudad. El vicedirector del Hospital San Carlos, Adrián Guerrera, que integra el comité, indicó que ese nosocomio tiene ocupado un 21% de su capacidad en la sala general, mientras que en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) el nivel de ocupación es del 20%. En la Clínica Julián Moreno de la UOM está ocupado el 20 % de sus camas en sala común y el 37% en UTI. Además puntualizó que el Sanatorio Primordial tiene cubierto el 56% de las camas en sala general. En tanto ya no tiene disponibilidad en terapia.
Fuente:LaCapital
Del Frade: “Nuestra preocupación son los trabajadores”
03/08/2020
Después que el presidente Alberto Fernández derogara el pasado viernes el decreto que dispuso la intervención de la agroexportadora Vicentin y cerrara el capítulo del salvataje, la situación de los trabajadores de la empresa ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe es de total incertidumbre.
En ese sentido Carlos del Frade, diputado provincial e integrante de la Comisión que Seguimiento a Vicentin señaló en el programa “Desayuno de noticias” que se emite por Radio Nacional Rosario, que “el fracaso era anunciado. Tuve la tranquilidad de conciencia de decirle al gobernador Perotti que por lo menos pecaba de iluso creer que la gente que había vaciado y planificado el vaciamiento de la empresa de 2015 en adelante se iba a retirar y que además le iban a dar acciones y plata”
Con respecto al decreto presidencial de derogación de la intervención y la expropiación de la agroexportadora ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe, Del Frade señaló: “Me sorprendió, no de buena manera, pero más allá de eso, el decreto tiene tres hartazgos que compartimos: uno frente a las decisiones del juez de Reconquista en el concurso, que siempre favoreció a la empresa; hartazgo contra los directivos de Vicentin que son absolutamente delincuentes, que se pusieron la plata del pueblo argentino, la que les dio el Banco Nación, en sus bolsillos”.
El legislador provincial también hizo hincapié en la situación en el presente y también en el futuro cercano de los proveedores de materia prima que hoy son acreedores y específicamente con los trabajadores de la empresa.
“En ese sentido hay un informe de los síndicos que dice que tal como está la empresa hoy, tiene dinero para afrontar el pago de sueldos hasta abril del año que viene, con lo cual no debería haber ningún despido producido por Vicentin pero que como forma de extorsión le pide plata al Estado nacional o provincial. A esto hay que advertirlo, porque estaríamos ante una nueva maniobra extorsiva de esta gente. Tienen plata de sobra para afrontar las deudas. Con cuatro meses de actividad normal de Vicentin, se paga dos veces esa deuda de 1.350 millones de dólares. Así que no lloren la carta, porque en realidad son delincuentes que deberían estar presos”.
Sobre el caso del fiscal Serjal
En el mes de mayo de este año el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, presentó un informe en la Legislatura provincial por presunto mal desempeño de Patricio Serjal, que en ese momento fue tratada por la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe.
Luego que Patricio Serjal, presentara su renuncia al cargo de Fiscal Regional de Rosario, acorralado por sospechas de corrupción, Del Frade señaló: “ Se pone de manifiesto la grosería de la impunidad, porque como había hecho dos favores grandes al poder económico y al político, al archivar en agosto de 2017 una causa por mal manejo de subsidios de otros senadores, y al mismo tiempo –en febrero de 2018– terminar con lo que se llamaba la megacausa en la que estaban involucrados hasta directivos del diario La Capital, Serjal se sentía impune. Por eso después hace la brutalidad de comprar dos autos cero kilómetro en la misma empresa de venta de autos cuyo dueño él había protegido cerrándole la causa. Es alevoso”.
Y por último remarcó: “El tipo que hace eso con los autos es porque ya viene jugando para el delito desde hace rato”.
Fuente: Radio Nacional Rosario
Fuente:RedaccionRosario
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