Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2020
El gobierno de Neuquén cuantificó que unas 4.000 familias rurales, en su mayoría crianceros, fueron afectados por las nevadas y la ola de frío que azotó a la provincia en las últimas semanas. Esperan fondos de Nación para poder asistir a los afectados.
«Esto afectó a toda la zona rural de la provincia. Son familias que dependen de la venta de chivitos y sus animales que eso no lo van a tener este año», explicó el ministro de Producción, Facundo López Raggi.
El funcionario explicó que con los revelamientos realizados para declarar la Emergencia Climática, el decreto N° 807 firmado por el gobernador Omar Gutiérrez, consiguieron una entrevista en el ministerio de Agricultura de Nación. Allí les solicitaron una ampliación de los informes y estimaron las pérdidas ocasionadas.
López Raggi confirmó que los fondos nacionales podrían llegar antes del próximo viernes. La Provincia solicitó 50 millones de pesos para enfrentar los problemas causados por la nieve y el frío, pero el funcionario estimó que seguramente sea una cifra menor la que finalmente terminen recibiendo.
«No sabemos cuánto va a venir, pero lo importante es que esos fondos llegarían en los próximos días«, explicó el ministro. Estimó que son unas 4.000 familias rurales las que sufrieron importantes pérdidas en su principal actividad que es la ganadería caprina.
Son los productores de la zona del norte neuquino que se dedican a la cría de chivos para su comercialización en la provincia y varias regiones del país. Es una de las provincias como más cabezas de caprinos.
«Excepto la zona de los valles, todas las regiones rurales fueron afectadas por la cantidad de nieve que cayó y la ola de frío», señaló López Raggi para explicar la magnitud del impacto que tuvo el temporal climático en ese sector productivo.
Denuncian que 27 detenidos fueron golpeados por policías en Famaillá
Resumen Latinoamericano, 05 de agosto de 2020.
La fiscala García de Targa les toma declaración mediante videollamada para tratar de establecer qué pasó.
Al menos 27 presos alojados en la comisaría de la ciudad tucumana de Famaillá denunciaron haber sufrido maltratos por parte de policías que aparentemente, la semana pasada, realizaron un asado en la seccional, informaron fuentes oficiales.
Tras la denuncia, el ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley y el jefe de la Policía provincial, Manuel Bernachi ordenaron investigar a los policías de esa comisaría ubicada a unos 40 kilómetros de la capital provincial, para determinar las responsabilidades y advirtieron que serán «inflexibles».
La medida fue ordenada luego que familiares de detenidos en la comisaria de esa ciudad tucumana denunciaron que el personal policial maltrató y golpeó a 28 presos.
“El jueves (los policías) hicieron un asado, sacaron a los detenidos de los calabozos y los llevaron al patio, donde los obligaron a hacer flexiones y abdominales, y a los presos que no lo hacían los castigaban. Los golpearon brutalmente y a algunos los desnudaron”, denunció la hermana de un detenido.
La denuncia está siendo investigada por la Fiscalía II de Monteros, a cargo Mónica García de Targa, quien ordenó una serie de medidas.
En tanto, José Ardiles, subsecretario de Seguridad, dijo hoy a los medios locales que el Gobierno acompañará a la Justicia “en las decisiones que considere necesarias para poder esclarecer lo ocurrido en la comisaria de Famaillá”.
El funcionario señaló que partir de la denuncia de los familiares, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía “iniciaron una investigación interna que permita establecer la veracidad de los hechos y la responsabilidad de los policías involucrados”.
“En caso de que se determine que se cometió maltrato se tomarán las decisiones correspondientes y seremos inflexibles en las mismas”, aseguró Ardiles.
“No se pueden tolerar este tipo de conductas de total falta de respeto y garantía de los derechos humanos”, concluyó.
Fuente: La Gaceta
El 2020 finalizará con casi 63% de la infancia en situación de pobreza
Resumen Latinoamericano, 05 de agosto de 2020.
Estimaciones actualizadas del organismo internacional para la infancia y que toma en cuenta la caída del PBI generada por la pandemia estima que la cantidad de chicas y chicos pobres pasará de 7 a 8,3 millones al finalizar 2020.
Al finalizar 2020 habrá 1,2 millones de pobres más entre los niños, niñas y adolescentes (NNYA) de Argentina que el año anterior, según un informe de Unicef elaborado en base a las nuevas proyecciones de caída del PBI que actualizó el que la organización realizó en mayo, que pronosticaba que 750 mil NNYA caerían en situación de pobreza para la misma época, números afectados por la pandemia de coronavirus.
Las nuevas estimaciones presentadas hoy alertan que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad chicas y chicos pobres pasaría de 7 a 8,3 millones, con lo cual el porcentaje NNYA pobres alcanzaría casi el 63% (62,9%) al final de este año.
Unicef basa sus cálculos en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y los pronósticos del Producto Bruto Interno (PBI) provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral que el pasado 24 de junio presentó las nuevas proyecciones por países que en el caso de Argentina dan cuenta de un incremento de la pobreza infantil de 4,3 puntos porcentuales en junio en relación a la estimación de mayo, pasando del 58,6% al 62,9% actual.
Estos datos forman parte del informe “Actualización de la estimación de pobreza infantil” que presentó Unicef junto a los resultados de la “Segunda Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el Gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes”.
La encuesta de Unicef muestra que, más allá de la apertura de actividades, de la flexibilización de la cuarentena en parte del país y del programa de asistencia al trabajo y a la producción, aún hay 2,6 millones de hogares que tienen sus ingresos laborales reducidos, lo que representa 45% del total.
La representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana, destacó que -en este contexto- el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanza al 47% de los hogares, frente al 22% que lo recibía en abril.
“Son 13 millones de personas que habitan en 2,8 millones de hogares donde al menos un miembro recibe el IFE”, dijo Brumana y señaló que la continuidad de los programas de protección social “es clave para evitar que más hogares caigan en la pobreza extrema”.
“Deben redoblarse los esfuerzos para que ninguna familia en condiciones de vulnerabilidad se quede por fuera de estos beneficios”, agregó.
El consumo de alimentos es una de las variables en las que impacta con más fuerza la disminución de los ingresos en los sectores vulnerables.
Los programas alimentarios como la Tarjeta Alimentar alcanzan a 36% de los hogares (frente a 19% en abril); el porcentaje de hogares encuestados que dejó de comprar algún alimento por no tener dinero disminuyó levemente de 28 a 26% de acuerdo al informe.
No obstante, la concurrencia a comedores populares aumentó (pasó de 8% a 10%) y mejoró notablemente el acceso: en abril 8% de las personas que concurrieron a un comedor reportaron problemas para acceder o retirar viandas; en julio este porcentaje se redujo a 1%.
Fuente: Telam
Corte de ruta de comunidades diaguitas en rechazo al proyecto hidroeléctrico “Toro Yaco” en Catamarca
Resumen Latinoamericano, 05 de agosto de 2020.
El lunes 3 de agosto la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca cortó la ruta 40, a la altura del paraje San Marcos, en el Departamento de Santa María, en repudio a la pretensión de construir una represa hidroeléctrica en la zona, ante la presencia del gobernador Raúl Jalil. Las comunidades dudan de que la producción de energía anunciada sea para beneficio de la población, tal como lo vienen manifestando las autoridades, y creen que en realidad la intención sería la producción de energía para el pretendido Proyecto Minero Agua Rica, cuestionado por el pueblo de Andalgalá, principal afectado y el pueblo de Santa María, que por varias medidas judiciales la provincia y la empresa Yamana Gold no pueden explotar dicho yacimiento. ANRed entrevistó a Jorgelina Gerbard, cacica de la Comunidad El Cajón, y Noemí Reyes, integrante de la Comunidad de Famabalasto, las cuales rechazan el dique y exigen, además, el reconocimiento de un Municipio Autónomo Indígena.
En medio de las bajas temperaturas de la zona en esta época del año, comunidades de diversos puntos del Departamento de Santa María, en la provincia de Catamarca se congregaron en la ruta 40 para realizarle un corte de la ruta al gobernador catamarqueño Raúl Jalil.
Esta medida de cortar la ruta fue tomada conociéndose la presencia de la máxima autoridad de la provincia en la zona serrana de dicho departamento, donde hace años existe un proyecto hidroeléctrico de construcción de la “Presa de Embalse de Toro Yaco”, un dique o presa de escollera con pantalla de hormigón de 70 metros de altura y 200 metros de largo para la supuesta generación de energía hidroeléctrica a pie de presa. En el anteproyecto de construcción de la misma, del año 2008, se menciona que la finalidad sería “el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo de la región, además de garantizar una fuente de agua potable segura y superficial para las poblaciones de la región” .
Según un informe de la Universidad Nacional de Catamarca, se trataría de uno de los cuatro nuevos embalses que pretendían construirse: “las Tunas (El Alto), Río Chico (La Paz), Toro Yaco (Santa María) y el Sinchal (Belén) financiadas con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros fondos provinciales, como de las utilidades mineras”
Sin embargo, las comunidades dudan de que la producción de energía anunciada sea para beneficio de la población, tal como lo vienen manifestando las autoridades, y creen que en realidad la intención sería la producción de energía para el pretendido Proyecto Minero Agua Rica, proyecto cuestionado por el pueblo de Andalgalá, principal afectado y el pueblo de Santa María, que por varias medidas judiciales la provincia y la empresa Yamana Gold no pueden explotar dicho yacimiento.
Jorgelina Gervand, cacica de la Comunidad Del Cajón, e integrante de la Unión Diaguita, aseguró: “hace años que vienen hablando pero venía quedando en la nada, y como los integrantes de las Comunidades de Toro Yaco, La Hoyada y la gente de nuestra comunidad no estaban de acuerdo, entonces como nosotros somos la Unión Diaguita, que cuando pasa algo en algún pueblo estamos todos ahí reunidos, por eso decidimos cortar la ruta al paso del vehículo que transportaba al gobernador”.
En medio de la protesta, Raúl Jalil bajó de su vehículo y habló con los y las caciques que se manifestaban interrumpiendo el paso. La cacica relató el momento: “dijo que se había dejado de lado el tema del dique, que como la gente no estaba de acuerdo, no se iba a tratar más. Dijo que había venido a ver las necesidades de la gente, qué es lo que necesitaban y esas cosas. No ha querido hablar más del dique. La gente no quería porque el agua iba a tapar casas, fincas y todo, entonces nadie estaba de acuerdo. Se hizo un acuerdo de que no iban a seguir insistiendo más por el dique. Acompañaron los caciques de Famabalasto, Cerro Pintao entre otros”, detalló la cacica, que expresó que, de realizarse esta obra, la comunidad de Toro Yaco desaparecería.
Por la presión social generada por las comunidades que vienen rechazando estos emprendimientos, la provincia ha anulado la licitación de la obra de la represa. Sin embargo, en varias oportunidades la legislatura catamarqueña ha intentado declarar, la utilidad pública de los territorios indígenas, todo ello violando el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que incorpora a los derechos constitucionales los derechos de los pueblos indígenas, además de violar el Convenio 169 de la OIT, que garantiza los derechos territoriales de los pueblos indígenas, como así también el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas.
En la reunión mantenida con el gobernador “se le dijo al gobernador las necesidades de las comunidades, en particular por qué no está haciendo un mini hospital, que nos ayude ahí, y en la escuela secundaria, que también la hicimos nosotros, los padres y los alumnos, para que nos ayude a terminarla porque falta todavía”.
Noemí Reyes, integrante de la Comunidad de Famabalasto, nos manifestó que ante la pregunta del gobernador acerca de cuáles son las necesidades de las comunidades, y ante el ofrecimiento de crear una intendencia en la zona serrana, la respuesta de las autoridades comunitarias fue exigir el reconocimiento de un Municipio Autónomo Indígena.
Fuente: AnRed
Toma de tierras en Guernica: “estas familias representan la tercera parte de la población municipal”
Por Anred, Resumen latinoamericano, 5 de agosto 2020.
Desde el lunes 20 de julio se estima que 2 mil familias de tres barrios de la zona decidieron tomar un predio de 100 hectáreas del Barrio Numancia, ubicado en el Partido de Presidente Perón, al sur del conurbano bonaerense, para construir vivienda dignas ante la crisis habitacional. Estos lotes se encuentran en estado de abandono desde hace más de 40 años. Entrevistamos a Leandro, del Barrio 20 de Julio, y Yamila, del Barrio La Unión, que participan de la toma, y nos contaron sus inicios y características, cómo la policía y el municipio los engañaron con la firma de un censo falso para iniciarles causas judiciales masivas por “usurpación”, y las perspectivas de que la toma se transforme en un barrio para vivir. “Somos familias que nos estamos quedando sin casas y somos expulsadas, porque perdimos el trabajo o no podemos pagar el alquiler. Queremos un plan de viviendas, donde podamos pensar un barrio de progreso. Nuestra proyección es construir espacios verdes, salitas, espacios de recreación, jardín de infantes, un centro cultural con apoyo escolar, un merendero y un comedor”, relató Yamila.
El proceso de la toma de tierras para construir viviendas dignas en medio de la crisis habitacional y fundar un barrio comenzó el lunes 20 de julio, cuando un estimado de 2 mil familias (un total de 10 mil personas, aproximadamente) se dispusieron a tomar un predio de 100 hectáreas, abandonado desde hace más de 40 años, ubicado en el Partido de Presidente Perón, cuya localidad de cabecera – y más conocida – es Guernica. Dialogamos con Leandro, que pertenece al Barrio 20 de Julio, y Yamila, del Barrio La Unión, quienes vienen participando de la toma de tierras, y nos relataron los orígenes de la toma, la composición social de las familias que participan de ellas, el engaño de la policía y el municipio a los y las vecinas con censos falsos para armarles causas legales masivas por “usurpación”, y qué perspectivas ven sobre la toma, que busca convertirse en un barrio de progreso y viviendas dignas.
Imagen aérea de la toma de tierras, y los barrios (en colores) que se conformaron dentro de ella (Ferroviaria, La Unión, Expansión S/N, San Martín Expansión, 20 de Julio y San Martín), lindantes del barrio privado BC & Club San Cirano.
“Estas familias representan la tercer parte de la población municipal”
“La toma comenzó el lunes 20 de julio con un grupo de vecinos y vecinas desocupados que por motivos de la pandemia no pudieron pagar el alquiler y fueron desalojados – relata Leandro, referente del Barrio 20 de Julio, una parte de la toma – Se decidió ir a parar a un campo, el cual no está alambrado y sus dueños no aparecen hace más de 40 años, que no tenía ninguna utilidad y estaba sin uso. El mismo día llegó la policía y desalojó a esas familias. Estas accedieron a irse, pero al otro día nos reunimos con las distintas familias y volvimos a ingresar al predio de forma pacífica, y comenzamos a construir viviendas precarias de nylon. En el Barrio 20 de Julio somos aproximadamente 500 familias. Nos caracterizamos como vecinos unidos independientes y no estamos bajo ninguna bandera política. En el transcurso de los días se fue sumando un barrio nuevo, San Martín, y a los dos días se unió el Barrio la Unión”.
En la misma línea, Yamila, vocera del Barrio La Unión, estima que las miles de personas que permanecen en la toma “representan la tercer parte de la población municipal”, dado que la localidad de Guernica (cabecera de Presidente Perón) “es un pueblo pequeño, que recién se está armando hará 25 o 30 años aproximadamente”, sostiene. Sobre los objetivos que persiguen con la toma, detalló: “queremos un plan de viviendas, donde podamos pensar un barrio de progreso. Nuestra proyección es construir espacios verdes , salitas, espacios de recreación, jardín de infantes, un centro cultural con apoyo escolar, merendero, comedor y actividades culturales”.
Asimismo, detalló las características socioeconómicas de las familias que participan del proceso de la toma del predio: “hasta el momento, en el Barrio la Unión somos 320 familias y 450 chicos. Estamos expuestos. En su mayoría somos familias que se están quedando sin casas y son expulsadas, ya sea porque perdió el trabajo y no pueden afrontar el pago del alquiler. Algunas salieron del alquiler de manera voluntaria, otras fueron desalojadas. En el barrio estamos viviendo en lonas porque no nos dejan ingresar ningún tipo de material para construir, la policía retiene todo material para construir un lugar digno y amedrentan a los y las vecinas, secuestrando autos y motos”, denunció.
“La verdad, es muy doloroso de ver éstas situaciones tan de lleno y de cerca. Es angustiante y triste. Y posiblemente nos levanten. ¿Y qué hacemos después de esto? – se pregunta Yamila – No tenemos dónde vivir. Acá en Presidente Perón no se respetaron las cautelares como gobierno de que hasta que se terminaba la cuarentena nosotros estábamos amparados bajo la ley. Pero la realidad es otra. Se nos sacó de nuestras viviendas alquiladas por parte de los dueños”, denunció, y amplió: “en mi caso particular la propietaria me está bancando, porque hace cuatro meses que no le pago. Y ella también vive de esto, y la señora no puede salir a trabajar por la pandemia. Pero ahora me dio el ultimátum: te quedan 20 días. A muchos nos pasó eso. Somos trabajadores precarizados, que no tenemos algo que nos avale para alquilar. Entonces eso también se nos complica, porque no tenemos dónde nos ampare la ley, no hay comodatos, no hay absolutamente nada”.
“El municipio junto a la policía nos hizo creer que nos estaba censando para darnos una solución, y lo que estaban haciendo era todo el proceso de desalojo”
Capítulo aparte merece la actitud del personal del Municipio de Presidente Perón, a cargo de la intendenta Blanca Haydeé Cantero, y la policía de la zona. Ambos entrevistados coinciden en el relato de que tanto inspectores del municipio como personal de la polícia bonaerense iniciaron supuestos censos de las familias que están en el predio, logrando que varias firmen las mismas sin revelarles los detalles, y que dichas documentaciones fraguadas dueron utilizadas para iniciar causas legales masivas a las familias por el supuesto delito de “usurpación”.
Leandro dio cuenta de este engaño gubernamental y policial: “el día sábado 25 se presenta en el predio la policía diciendo que ya estaba todo bien, que lo único que necesitaban era que el municipio cense, y la firma de todas las familias que estaban ahí, que ya se terminaba el problema y se le daba la vivienda digna. Hay un video que comprueba eso. La policía hizo un supuesto censo donde había un funcionario municipal y tres policías acompañándolo. Te tomaban los datos: el empleado municipal te llenaba una planilla y el policía te llenaba otra planilla. El empleado municipal te tomaba los datos y la policía te hacia firmar una notificación. La policía no te permitia leer esa notificación. Yo personalmente pedí una copia de esa notificación, y dije que no iba a firmar algo que no sabía qué era, y me dijeron que si la leía me iban a llevar porque estaba desacatando a la ley. Las únicas fotos que pudimos sacar de esas planillas, fueron sacadas ocultas. Después de que las firmaron los vecinos, las empezamos a leer. Y ahí entendimos lo que habíamos firmado. Algunas estaban vacías y otras estaban caratuladas con la palabra ‘usurpación’, y a más de uno le hicieron firmar una notificación vacía. No llenaron ni el número de causa. No caratularon nada”.
Pero la situación irregular continuó: “el domingo vino de nuevo a censar la policía. El lunes vino la policía nuevamente. Y dijeron que tenían que hacer un segundo censo. A lo cual vecinos y vecinas más organizados ya no quisieron. Había salido una nota en Infobae la cual explicaba el procedimiento de una orden de desalojo. Hay un decreto que había salido en 2019 que primero había que censar, notificarse y que después ahí se hacía el desalojo. Se hace un ambiental, policía científica que saque fotos del lugar. El municipio junto a la policía nos hacía creer que nos estaba censando para darnos una solución. Y lo que estaban haciendo era todo el proceso de desalojo, mintiéndonos en la cara. Nosotros firmamos de buena fe. El martes vinieron hacer el ambiental, los vecinos se negaron, porque ya estábamos más empapados en el tema. Algunos vecinos se negaron, otros hicieron el ambiental y ahí fueron a notificar a 30 personas por segunda vez. Esas 30 personas ya tiene causa judicial abierta, más las 538 o 544 que ya tienen una causa iniciada“, relató Leandro.
Por esa misma situación, Yamila expresó que tienen “desconfianza con el municipio”, porque si presentan el listado de las familias de la toma como se les exige, corren el “riesgo de encausar a todas las familias”, por lo que sostuvo que “no trascenderán sus nombres y apellidos, si no nos presentan garantías de la integridad legal hacias las distintas familias”. “Solicitamos tener un encuentro con el defensor del pueblo, no tuvimos una mediación concreta. El defensor del Juzgado de Garantías desde el minuto cero se presentó con una negativa, disimulando que nos va a dar una respuesta. Lo que nos ofreció es traer el listado de todas las personas que están en los cuatro barrios, como una especie de censo. Esto nos pareció irrisorio, considerando que tenemos el caso testigo de que tomaron listado emulando un censo y así le abrieron causa a 544 personas“.
Finalmente, Leandro puso de relieve también el amedrentamiento diario que la policía sostiene sobre las familias que están en el predio: “la policía está rodeando el predio y todos los días está esperando un disturbio para violentar al pueblo. Todos los días. Los mismos vecinos de Guernica nos cruzamos día a día, saben que somos gente trabajadora, que necesitamos de verdad, mucha gente está o estaba alquilando y con la cuarentena mucha gente que se quedó sin trabajo. Muchos que son albañiles y no tienen de dónde sacar esa plata, entonces la única solución que encontró la gente fue agarrar un pedacito de tierra para poder vivir”.
Por una patria con trabajo cooperativo
Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2020.
foto: Reunión en Ferro en julio de 2019
El 27 de julio de 2019, más de 3000 trabajadores y trabajadoras 3000 trabajadores y trabajadoras de organizaciones de la economía cooperativa, autogestionada y popular nos reuníamos en el estadio de Ferro para debatir una agenda de propuestas programáticas de política pública para nuestro popular nos reuníamos en el estadio de Ferro para debatir una agenda de propuestas programáticas de política pública para nuestro sector.
La militancia de este sector aportó al triunfo de Alberto Fernández y el inicio de un nuevo gobierno, del que algunos/as de nuestros de nuestros compañeros/as son protagonistas a partir de la responsabilidad en la gestión pública. Somos parte de este gobierno que recibió una crisis brutal heredada de la gestión de Mauricio Macri, y a los 4 meses de gestión afrontó la pandemia del COVID-19, que ha sumido al mundo en la mayor crisis de la que se tenga memoria desde la Gran Depresión de 1930.
La militancia de este sector aportó al triunfo de Alberto Fernández y el inicio de un nuevo gobierno, del que algunos/as de nuestros de nuestros compañeros/as son protagonistas a partir de la responsabilidad en la gestión pública. Somos parte de este gobierno que recibió una crisis brutal heredada de la gestión de Mauricio Macri, y a los 4 meses de gestión afrontó la pandemia del COVID-19, que ha sumido al mundo en la mayor crisis de la que se tenga memoria desde la Gran Depresión de 1930.
Como protagonistas de este proyecto es que venimos dando discusión sobre aquella agenda que impulsáramos un año atrás en Ferro. Los problemas que afrontamos son muchos: la falta de respuesta en la inclusión del programa ATP que derivó en una actualización de la Línea 1 del programa de Trabajo Autogestionado, las dificultades para acceder al crédito del Banco Nación y las deudas por tarifas impagables que si bien han sido congeladas, siguen sin reconocer nuestra necesidad de obtener un régimen tarifario diferencial de electricidad y gas.
Estamos convencidos/as hoy de que la asistencia del Estado en forma directa, como la que el gobierno está implementando, es un elemento indispensable elemento indispensable, pero si no se complementa con una fuerte palanca para el desarrollo del trabajo autogestionado y la economía popular, va a tocar el techo de los recursos limitados de un Estado quebrado adrede por el neoliberalismo extremo.
Por eso presentamos esta agenda, la agenda de nuestro sector:
A) Reconocimiento jurídico al trabajador autogestionado como sujeto laboral
B) Creación de una Ley específica de cooperativas de trabajo
C) Una legislación que regule y facilite la constitución de empresas recuperadas
D) Creación de un Fondo de crédito y financiamiento para cooperativas de trabajo, empresas recuperadas y la economía popular
E) Lanzamiento de una nueva política de compras y obra pública del Estado
F) Fomento de la integración y articulación sectorial de redes productivas, creación de almacenes, mercados populares y desarrollo de las economías regionales
G) Promoción de políticas que hagan efectiva la participación activa de las mujeres y la paridad de género en el sector.
Para fortalecer estas demandas y propuestas es indispensable la articulación de las organizaciones del sector, tanto en la integración productiva y comercial como en vistas a la implementación de políticas públicas. El desarrollo nacional será con trabajo cooperativo. En eso estamos.
Envio:RL
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