A pesar de la campaña mediática en contra, la gran mayoría de la población comparte la estrategia impulsada por el gobierno nacional para enfrentar el coronavirus. El presidente conserva un alto nivel de imagen positiva. Sin embargo, las expectativas económicas sobre el futuro están en un nivel bajo.
Por Nicolás Eisler
16 de agosto de 2020
El manejo de la pandemia tiene una alta aprobación de la población a pesar de que ya transcurrieron casi cinco meses de aislamiento obligatorio. Si bien la imagen positiva de Alberto Fernández bajó desde el 80% que tenía cuando comenzó la cuarentena, se mantiene cercana a los niveles de los primeros meses del año, en torno al 60 por ciento.
A pesar de que los cuestionamientos al confinamiento reciben amplio tratamiento en diversos medios de comunicación, los sondeos de opinión muestran que la medida continúa con un respaldo amplio, que aumentó luego del acuerdo con los bonistas.
Analía del Franco (Analía del Franco Consultores), Lucas Romero (Synopsis), Hilario Moreno (Dicen) y Ricardo Rouvier (Rouvier y asociados) analizaron el escenario de la pandemia y las expectativas a futuro de la población.
Del Franco mide habitualmente la aprobación del manejo de la pandemia entre la población. En su último estudio la cifra llega al 71%. Respecto de Alberto Fernández, estima que su imagen positiva se sitúa entre el 58 y el 60. “Está al mismo nivel que en febrero. Cuando comenzó la cuarentena llegó a números muy altos, superiores al 80%, pero son cifras muy difíciles de mantener en el tiempo, sobre todo en un escenario como este”, señaló.
La consultora sondeó las repercusiones del acuerdo con los bonistas y en ese caso la recepción fue positiva en 3 de cada 4 encuestados. “Era un tema que en un principio parecía intrascendente, pero una vez que se cerró el acuerdo los niveles de aceptación fueron altos”, dijo.
Si bien hay buena aceptación de las medidas para enfrentar el Covid, Del Franco entiende que la situación genera malestar. Por eso cree que el anuncio del acuerdo para producir en el país una parte de la vacuna de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca le da aire al gobierno.
“La pandemia provoca una situación de malestar general, pero si no hubiera otros elemento para presentar, la situación sería muy negativa”, dijo.
El malhumor por la situación se constata en las expectativas a futuro, que están por debajo del 50% de positividad, más bien entre el 40 y 45 por ciento. “La situación económica es mala y el humor social positivo está bajo. Influye el pico de contagios y el rebrote en provincias hizo que el interior cayera un poco”, señaló la consultora a Tiempo.
También analizó el último anuncio de Fernández junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. “Lo del viernes fue una muy buena presentación, con una apelación fuerte y seria a la responsabilidad ciudadana en la convivencia con el virus. El presidente dejó de ser el papá protector”.
Para la socióloga, que hace algunos estudios para el gobierno, Fernández logró dar respuesta a los reclamos que enarbolaban fuera del oficialismo. “Se les fue poniendo la tapa a varios cuestionamientos opositores, como el acuerdo con los bonistas o la vacuna. Le da consistencia al gobierno ser ‘parte de la solución’. No es fácil tener 58 o 60% de imagen positiva con la situación económica actual”, consideró.
No todas las mediciones coinciden. En la última encuesta de la consultora Synopsis, dirigida por Lucas Romero, el presidente tuvo una mayor imagen negativa que positiva (44,3% contra 42,1%). Al igual que el resto de sus colegas, Romero había constatado una suba de casi 20 puntos en la imagen de Alberto Fernández que el mandatario fue perdiendo con el transcurso de la pandemia.
El consultor menciona tres factores que hicieron bajar la imagen de Fernández. “El deterioro económico, las respuestas a nivel sanitario y la inseguridad, que puede ser un fenómeno de ‘agenda setting’ pero igual influye”, comentó.
Respecto de las expectativas personales a futuro, Romero señaló que los últimos resultados recogidos daban cuenta de un fenómeno que también registró durante el último gobierno de Cristina Fernández. “Con Macri la gente era más pesimista respecto de su situación personal que respecto del país, con Cristina era mejor la percepción personal que la del país, con Alberto Fernández sucede lo mismo”, señaló. “En este punto hay que abrir un paréntesis y ver cómo influyen los medios”, analizó el politólogo.
Desde Synopsis detectaron con respecto a las expectativas a futuro que “en agosto hubo una caída pequeña del pesimismo y aumento del optimismo. Tal vez las condiciones de una mayor flexibilidad en la cuarentena generaron un escenario positivo”.
Hilario Moreno, director de la Consultora Dicen, tiene medido a Alberto Fernández con entre 60 y 65% de imagen positiva. “Conquistó a algunos votantes moderados que habían elegido a (Roberto) Lavagna e incluso a Macri”, explicó a Tiempo. “Mucha gente que no era albertista apoyó las medidas y algunos volvieron a cambiar su opinión, pero en general la cuarentena tiene más del 70% de apoyo”, agregó el politólogo.
Moreno asegura que respecto a las expectativas económicas "no hay grieta: son malas". "La ventaja de estar en el fondo del mar es que es difícil que empeore”, señaló.
Ricardo Rouvier fue otro de los que midió el apoyo al acuerdo con los bonistas. En su caso, coincide con Del Franco: el 75% de los encuestados (todos pertenecientes al AMBA) consideró que es positivo para el país, mientras que respecto a Alberto Fernández, los resultados de su estudio mostraron un 66,9% de imagen positiva y 32,3% de negativa.
Detrás de la protección judicial a Macri se asoma una resistencia a la reforma
Los últimos movimientos en torno a la revisión de los nombramientos por decreto revelan el intento de un sector del Poder Judicial de retener su cuota de poder en defensa propia.
Por Néstor Espósito - @nestoresposito
16 de agosto de 2020
Una serie de presentaciones y fallos, incluidos algunos de la Corte Suprema, parecen marcarle el territorio a la intentona del gobierno de forzar cambios en un deteriorado y desprestigiado Poder Judicial.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia resolvieron resistir una eventual reprobación en el Senado de la designación irregular de sus traslados de un tribunal otro decidida por decreto por el gobierno de Cambiemos.
Es curioso: para pasar de un tribunal oral a la Cámara Federal porteña (lo que, en los hechos, significa un virtual descenso, aunque –claro está– no en la percepción salarial), no hubo objeciones judiciales. En cambio, cuando se cuestiona el procedimiento porque acaso –nada menos– no respete el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la designación de magistrados, es decir el mismo camino pero de regreso, les piden a sus pares (otros jueces) que los defiendan de un supuesto atropello institucional.
El Poder Judicial, fiel a su concepción endogámica, resolvió armarse –judicial y corporativamente– en defensa propia. Lo que aparenta ser el cuidado de las espaldas del expresidente Mauricio Macri es, en rigor, una preservación de su propio poder, que sienten amenazado por la iniciativa de reforma judicial.
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti asumió el cargo el 2 de junio de 2015. Fue una de las últimas designaciones del kirchnerismo en la Justicia. Es una funcionaria de carrera, como la mayoría en ese fuero, históricamente.
Fue ella quien produjo el fallo que les regaló sendos artículos a los principales diarios del país acusando al gobierno (en su faceta kirchnerista) una desobediencia judicial que no parece tal.
¿Otra vez opera la mesa judicial del macrismo, conformando un trípode mediático y político?
La investigación sobre las tropelías de la mesa judicial quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti. Tiempo documentó días atrás que mientras se definía el envío de su pliego al Senado y su designación como magistrada visitó en seis oportunidades la sede central de la AFI: cinco veces para reunirse con Silvia Majdalani y una con Gustavo Arribas.
¿Eso significa que Capuchetti favorecerá a los exfuncionarios? Claramente no; no hay razones para dudar de su honestidad. Pero por mucho menos, decenas de jueces se excusan o son recusados para intervenir en expedientes.
Capuchetti quedó al frente de la causa tras un conflicto de competencia que dirimió el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun. El autor de la doctrina que lleva su apellido (dudoso palmarés) fue espiado por el aparato ilegal del macrismo, según consta en un expediente judicial. ¿En qué circunstancia? Cuando estaba reunido con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los integrantes de la mesa judicial. Según Irurzun, eso no afecta su imparcialidad.
Durante el período 2003-2015, los años de gobierno del kirchnerismo, fueron designados 546 jueces, a razón de 42 por año. Entre 2016 y 2019, en los cuatro años de Cambiemos, el Ejecutivo designó a 191 jueces, casi 48 por año. Pero quedaron truncos más de 120 pliegos que Macri envió al Senado entre 2017 y el 2 de diciembre de 2019. Si hubieran recibido el acuerdo de la Cámara Alta, Macri habría designado a 78 jueces por año, el promedio más alto desde el regreso de la democracia. ¿Un blindaje?
En los tribunales federales de Lomas de Zamora y Dolores se investigan causas por espionaje ilegal, una herramienta para el armado estructural de una lógica de eliminación política del adversario. ¿Convirtieron a inocentes en culpables sobre la base de pruebas falsas? ¿O utilizaron un atajo ilegal para encontrar mediante la comisión de delitos las pruebas y los quiebres de voluntad que no habrían conseguido con la Constitución en la mano?
Entre el viernes y el sábado, el juez Juan Pablo Augé ordenó nuevos allanamientos en la “causa grande” de espionaje ilegal. Se trata de tres responsables de lo que pasa adentro de las cárceles federales, entre ellos el extitular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emiliano Blanco, quien intentó permanecer en el cargo en el actual gobierno y, de hecho, lo consiguió hasta fines de mayo pasado, cuando el escándalo ya había estallado.
Además de Blanco (cuya requisa al domicilio en el country Highland fue requerida a la Policía de Seguridad Aeroportuaria), el juez ordenó procedimientos en los domicilios de María Fernanda Koser y Carlos Mario Marchese, sospechados de haber ocultado información sobre el espionaje cuando María Laura Garrigós fue nombrada interventora de SPF.
La pata penitenciaria del espionaje canalizado a través de la AFI pero presuntamente diseñado por la mesa judicial de Cambiemos tenía objetivos con nombre y apellido: Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Chueco, Víctor Manzanares, Oscar Thomas, Fernando Esteche, José María Olazagasti, Fabián De Sousa, Rafael Llorens, Daniel Pérez Gadín, Carlos Santiago Kirchner, Gerardo Ferreyra, Claudio Minichelli, Atanasio Pérez Osuna, Juan Pablo Medina, Cesar Milani, Nelson Lazarte, Enrique Omar Suárez, Rafael Resnik Brenner. Lo dice el propio expediente.
Macri necesita un Poder Judicial amable para evitar un colapso. Y los jueces precisan que alguien les prometa que nada va a amenazar sus afanes de emperadores.
En ese contexto debe leerse hoy, tras el paso del tiempo, el apartamiento del juez Federico Villena resuelto por la Cámara Federal de La Plata. Es cierto que los abogados Fernando Sicilia y Alfredo Oliván, defensores de los exespías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Sáez, tenían razones para objetar su continuidad en la investigación. Tan cierto como que si Villena estuviera hoy al frente de la causa, difícilmente Macri estaría disfrutando del verano europeo.
El oficialismo quiere llevar la reforma judicial al recinto a fines de mes
Esta semana continuarán las audiencias en las que opinan especialistas sobre el proyecto. Aunque la oposición pidió que se lo retire, el debate avanza.
Por Verónica Benaim - @VeBenaim
16 de agosto de 2020
El Senado continuará este martes la audiencia pública sobre el tratamiento de reforma judicial en el marco de la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales. Pese al planteo formulado por los diputados de Cambiemos al presidente Alberto Fernández para que se retire el proyecto del Congreso, el oficialismo no frenará el debate y realizará una nueva reunión “virtual”.
Con el objetivo de sistematizar las propuestas que se hacen en torno a las posibles modificaciones del proyecto, el quinto encuentro se realizará desde las 13 y contará con la participación remota de 15 expositores entre los que habrá representantes de Derechos Humanos, y participarán el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y el exjuez de Cámara Carlos Rozanski.
En una conferencia de prensa virtual con la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) de la que participó Tiempo, la senadora María de los Ángeles Sacnun aseguró que "el proyecto ya tiene estado parlamentario y ya está siendo debatido por el Senado de la Nación". "¿Por qué se retiraría del Parlamento donde ya hemos demostrado que hemos llevado adelante un debate prácticamente igual que el que se genera cuando las reuniones son presenciales?", se preguntó la titular de Asuntos Constitucionales.
Sacnun expresó: “La verdad es que es inexplicable la posición que tiene la oposición en torno al debate parlamentario”. Y diferenció las actitudes de los bloques de ambas Cámaras: “Más allá de que la oposición no está planteando reformas concretamente, y hay una franca oposición al proyecto, están asistiendo a las comisiones, han presentado expositores, se está dando el debate parlamentario”.
Como adelantó este diario, el Frente de Todos estima bajar el proyecto al recinto que preside Cristina Fernández a fin de mes, cuando se presume que el espacio de Juntos por el Cambio, que lidera Luis Naidenoff, presente un dictamen propio. En ese sentido, la senadora por Santa Fe, anticipó: “Les hemos pedido que se eleven las eventuales reformas o planteos que tengan; no hemos obtenido respuesta en ese sentido, con lo cual presumo que habrá un dictamen de minoría”.
Durante la jornada del martes también expondrán Hugo Blasco, secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA); Emilio Porras Hernández, procurador general adjunto de Chubut; Carlos Seijas, defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción; Ricardo Rojas, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal; Ricardo Peyrano, fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo; Héctor Chayer, especialista en Gestión y Organización Judicial; Mario Bosch, representante del colectivo de abogadas y abogados querellantes en causas de lesa humanidad; Jorge Auat, exfiscal general de Resistencia, Chaco; Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal; Lucila Larrandart, profesora consulta de Derecho Penal y Procesal Penal de UBA; Miguel Caminos, exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal; y Alejandro Gullé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Fuente:TiempoArgentino
Fuente:TiempoArgentino
Las jubilaciones suben un 7,5% en septiembre, que hacen que la mínima recupere parte de lo perdido hasta 2019
La ANSES comunicó que con este nuevo aumento para jubilaciones y pensiones la suba acumulada en lo que va del año alcanza un 28,9% para los haberes más bajos. "Eso significa que en el primer semestre del año 2020 el haber mínimo aumentó, en términos reales, un 5,5%, recuperando así parte de la pérdida" durante el último gobierno, informó la entidad.
El organismo precisó que, con este incremento, alrededor del 85% de los jubilados y pensionados tendrán aumentos en sus haberes por encima de la inflación.
"Asimismo, también se ven alcanzadas por esta suba las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares", aclaró el organismo previsional.
A través de un comunicado, detallaron además el conjunto de medidas lanzadas por el Gobierno nacional para proteger los ingresos de las personas mayores, como fueron los dos bonos extraordinarios de hasta $ 5.000 abonados en diciembre y enero pasado. "Esta medida alcanzó al 65% de las y los beneficiarios de más bajos ingresos cubriendo a 4,5 millones de personas", agregó.
Además destacó que en abril, para morigerar el impacto de la crisis sanitaria y económica derivada de la Pandemia del Covid-19, se asignó un bono de hasta $ 3.000, beneficiando al 63% de los jubilados y pensionados de más bajos ingresos y llegando de forma directa a más de 4,3 millones de personas.
Fuente:PoliticaArgentina
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