Quién es quién en los tribunales manejados por los hermanos Fernández y donde se juegan las causas contra el Estado.
Franco Mizrahi - Ari Lijalad
Cuando Germán Garavano asumió como ministro de Justicia de Mauricio Macri organizó una reunión con todos los jueces del fuero Contencioso Administrativo, un fuero clave pero con poca prensa donde tramitan las causas judiciales contra el Estado. Era algo normal, una presentación, lo mismo que con el resto de los fueros. Pero cuando el ministro llegó se encontró con una situación extraña. Lo esperaba sólo Jorge Eduardo Morán, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero. A los pocos minutos se sumó el hombre fuerte del fuero, el camarista Sergio Fernández. Le dijeron que bastaba que hablara con ellos. Así funciona ahí.
Fernández, que formalmente preside la Sala III de la Cámara del fuero, es hermano de Javier Fenández, histórico operador judicial. Pese a que los hermanos no están en el mejor momento de su relación, las fuentes consultadas por El Destape coinciden en que los hombres fuertes del Contencioso Administrativo son los Fernández, pero no Alberto ni Cristina.
El Contencioso Administrativo, por su protagonismo en esta materia, será una de las claves para ver la forma en que el Poder Judicial asimila la reforma. Suele ser un fuero reticente a todo cambio. Y lo será ahora ya que un aspecto del proyecto enviado por Alberto Fernández es su fusión con fuero Civil y Comercial, lo que licua el poder de los hermanos Fernández.
Si bien este fuero ya había quedado en el ojo de la tormenta durante la discusión en torno a la aplicación de la Ley de Medios audiovisuales no tiene la misma “vidriera mediática” que los tribunales de Comodoro Py. Se compone, fundamentalmente, de doce de juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones dividida en cinco salas.
“Sergio Fernández monopoliza gran parte del fuero. Hay pocos independientes, un par de camaristas que no juegan con él”, indica una fuente que conoce al detalle los mecanismos de los tribunales y sus corrientes internas. Por ejemplo, señala que –con distintos grados- tres de las cinco salas de la Cámara de Apelaciones siguen la línea del referente del fuero y una cuarta mantiene buena llegada con él. Sólo la sala I rompe esa lógica.
Un aliado importante de Sergio Fernández en la cámara es José Luis López Castiñeira, a quien definieron como “el armador de Compromiso Judicial”, quien llegó al cargo apadrinado por Sergio. Compromiso Judicial es una de las listas de la Asociación de Magistrados y pisa fuerte en este fuero. Es la corriente interna del Poder Judicial sobre la que se apoyó el macrismo mientras estuvo en el Gobierno. López Castiñeira es vocal de Compromiso e integra la sala II de la cámara.
La hegemonía se replica en los juzgados de primera instancia. No es azaroso. Entre los doce juzgados hay cuatro que están vacantes. Y las subrogancias las define la cámara. “Actúan todos en equipo”, señala otra fuente judicial.
Casi todos los magistrados con despacho en primera instancia tienen vínculo con la escudería Fernández, la de Javier y Sergio, que tiene predominancia en el fuero.
Guiño al Lawfare
El fuero Contencioso Administrativo quedó este jueves en el centro de la escena política luego de que la jueza María Alejandra Biotti, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo N° 5, impidiese que el Senado trate los pliegos de dos camaristas del Lawfare, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Biotti dio una muestra de lo que puede ser la resistencia en pos de mantener el statu quo judicial. Bruglia y Bertuzzi, puestos a dedo por Macri en la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py, pidieron que no se analicen sus traslados irregulares. Y Biotti emitió una primera resolución este jueves.
Tal como informó El Destape, en lugar de resolver los casos de Bruglia y Bertuzi vía decreto el presidente Alberto Fernández tomó el camino largo, donde el Consejo de la Magistratura analizó los traslados irregulares por Macri, le elevó un informe al Poder Ejecutivo y este lo remitió al Senado para que defina, como marca la Constitución. Pues bien, ante la llegada de los casos de los camaristas de Comodoro Py al Senado (junto a otros 8 casos), la jueza Biotti dictó una medida precautelar donde le dijo al Senado que se abstuviera de tratarlos hasta que ella resuelva la cuestión de fondo. En la comisión de Acuerdos decidieron analizarlos igual, pero el mensaje se entendió.
A los jueces del Contencioso Administrativo, al igual que en otros fueros, se los puede conocer por sus fallos y por sus terminales políticas. Ambas están relacionadas, claro.
“Biotti es una terminal de los espacios de Bruglia y Bertuzzi”, aseguran fuentes judiciales que conocen en profundidad las internas palaciegas de tribunales. La referencia es a sus vínculos con Compromiso Judicial. Biotti ya había fallado en contra del gobierno de Alberto Fernández en el caso Vicentín y hasta avalado durante el macrismo que familiares de funcionarios no incluidos en la ley de amnistía fiscal pudieran ingresar al blanqueo de capitales al rechazar un planto de Felipe Solá.
Ahora resta saber qué hará con el fallo de fondo que sellará el futuro inmediato de Bruglia y Bertuzzi. Un dato no debiera pasar desapercibido: llegó al cargo en junio de 2015 y Sergio Fernández no fue neutral en su designación.
La primera línea
En el Contencioso al igual que en Comodoro Py hay 12 juzgados de primera instancia pero 8 jueces, ya que 4 de ellos ocupan dos despachos. Se trata de Enrique Lavié Pico, a cargo del N° 1 y el N° 6; Esteban Furnari, con el N° 2 y el N° 10; Pablo Cayssials, con despacho en el N° 7 y el N° 9; y Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, quien está en el N° 8 y el N° 11. A ellos se suman, la mentada Biotti y Santiago Carrillo, quien está a cargo del juzgado N°3; Rita Ailán, al frente del N°4; y Macarena Marra Giménez, quien figura en el N° 12.
La mayoría del fuero no ve con buenos ojos una Reforma Judicial porque licúa la concentración de poder que hoy detentan. Es que el proyecto que se debate en el Congreso plantea la unificación de este fuero con el Civil y Comercial, menos operado por sus propias competencias.
Los vínculos con Clarín y Macri
Es imposible disociar al juez Cayssials de Clarín. Entre sus fallos se destaca la anulación de la adecuación de oficio del Grupo Clarin a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También fue central para la operación contra la ex procuradora Alejandra Gils Carbó orquestada por Macri, Clarín, Comodoro Py y los abogados del establishment y de genocidas.
En un fallo a medida, declaró inconstitucional el artículo 76 de ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que a Gils Carbó sólo se la podía remover por vía del juicio político. Para el juez, la Ley de Ministerio no podía establecer el requisito de juicio político cuando la Constitución no lo establece taxativamente. Citó para esto al prestigioso jurista Germán Bidart Campos, pero de forma parcial. Tal como advirtieron abogados como Graciana Peñafort y Lucas Arrimada, el juez Cayssials recortó intencionalmente el párrafo del texto de Bidart Campos donde explicita que justamente el caso de la Procuradora General de la Nación es uno de los que sí se entiende que debe ser removida vía juicio político.
La familia Macri tampoco le es ajena a Cayssials. Tuvo en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclamaron 2.365 millones de pesos justo en el mismo momento en que Macri le intentaba condonar la deuda con el Estado a su familia.
El caso de Marra Giménez, vinculada a la escudería Fernández, está muy ligado a los intereses de Macri. Subroga en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 12, y mientras concursaba para ser su titular hizo todos los deberes. Fue parte de la iniciativa del macrismo de transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal, aunque atenta a los cambios de viento les dictó un fallo en contra en las últimas semanas de anterior Gobierno.
También intervino en una causa vinculada al caso Correo Argentino. Mientras maniobraban para lograr la condonación de su deuda con el Estado, los Macri iniciaron una demanda contra el Estado por 2.365 millones de pesos. Es una de las 5 causas que iniciaron contra el Estado y que a finales de la presidencia de Macri buscaron unificar. Marra Giménez hizo la tarea y les habilitó el pedido. Varias, entre ellas la que reclaman 2.365 millones de pesos, quedaron juntas en manos del juez Enrique Lavié Pico, otro de los nombres fuertes del fuero. Al presidente Fernández retiró su pliego del Senado apenas asumió.
La maniobra de unificar las denuncias de los Macri contra el Estado en el juzgado de Lavié Pico habla por sí sola de la confianza que depositaron en él. Pero no fue su única intervención vinculada al macrismo. Fue clave para lograr el desplazamiento del camarista Eduardo Freiler de Comodoro Py. Freiler es el único juez en la historia que osó citar a indagatoria a Héctor Magnetto y Macri pidió su cabeza cuando intervino en un fallo a favor de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Para deshacerse de Freiler el macrismo necesitaba números que no tenía en el Consejo de la Magistratura y Lavié Pico les resolvió el problema. Dictó un fallo donde decía que para integrar el organismo había que ser abogado, algo que ni la Constitución ni la ley 26.855 que reformó el Consejo de la Magistratura ni la Corte cuando opinó sobre la constitucionalidad de esa ley dicen. Pero no importó, y desplazaron al entonces consejero Ruperto Godoy. Luego, el entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, retuvo a su reemplazante, el senador Mario País, y en el interín Cambiemos obtuvo una mayoría circunstancial que utilizó de forma escandalosa para avanzar contra Freiler.
El argumento de Lavie Pico fue una supuesta intencionalidad de los constituyentes que no quedó plasmada en la Constitución. Lo que sí quedó en la Carta Magna es que los jueces tienen que jubilarse a los 75 años, pero Lavie Pico permitió a la cortesana Elena Highton de Nolasco quedarse luego de esa edad. Constitucionalismo selectivo.
Lavié Pico “también responde a Compromiso Judicial aunque puede tener cierto juego independiente”, los describieron desde tribunales.
Otra de las juezas con doble despacho es Gilardi Madariaga de Negre, a quien también se relaciona con la escudería Fernández. Furnari también tenía buen vínculo con los referentes del fuero pero tuvo una serie de roces. Carrillo, por su parte, es uno de los pocos que no tiene una línea aceitada con quienes detentan la hegemonía en el Contencioso. Ailán también es considerada como “más independiente”. No obstante, resaltan las fuentes consultadas, “cuando se quiso desmarcar mucho llamativamente ingresó una denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura”.
Abuso laboral: denuncian que firmas de comida rápida se apropian del ATP destinado a sus trabajadores
Grandes cadenas como Wendy’s, KFC, Starbucks, Mc Donald's, Mostaza y Burger King lo descuentan del aguinaldo o lo inscriben como saldo negativo. Radiografía de un sector "esencial" con alta explotación laboral.
Por Nazarena Lomagno
Hay un panorama gris para los empleados de comercio. Junto con sus vaivenes de cambio de fase, el ASPO volvió a extenderse hasta el 30 de agosto en lo que es su prórroga número once desde el 20 de marzo. Particularmente la región del AMBA, en sintonía con otros sectores del país, volvió a un aislamiento más restrictivo. En sintonía con la crisis, el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) determinó que el empleo a nivel nacional se contrajo 3,2% en comparación con el año anterior, el nivel más bajo desde principios de 2003. El último dato sobre desempleo viene de la mano de la Ciudad de Buenos Aires e indica que alcanzó el 14,7% en el segundo trimestre, desde el 10,9% registrado hace un año. Se traduce en 211 mil personas que no tienen trabajo pero están activamente buscando. En paralelo, se registró una caída de 9,9 puntos porcentuales en la tasa de actividad. En todo el país, si bien la economía mostró un fuerte rebote mensual en mayo, la caída interanual continuó siendo récord.
Específicamente en CABA, dentro de este parate económico que lentamente busca destrabarse, a los trabajadores del sector comercial les cuesta palpar la recuperación real porque, a pesar del reciente anuncio de Horacio Rodríguez Larreta de reabrir más locales y la extensión del programa ATP en julio, desde que comenzó el aislamiento se registran denuncias por despidos o reducciones salariales en grandes comercios. Sin embargo, en medio de la desalentadora situación, se realizó un gran paso por parte del sector gastronómico: los trabajadores nucleados en el Sindicato de Pasteleros lograron acordar mesas de diálogo con las principales cadenas de comidas rápidas. La iniciativa surgió porque en los primeros meses de pandemia se registraron reiteradas situaciones donde el salario pagado con el ATP resultaba mayor a la remuneración recibida normalmente. Entonces, cadenas como Wendy’s, KFC, Starbucks, Mc Donald's, Mostaza y Burger King descontaron esos “excedentes” de la prestación. Claro: según el abogado del sindicato, Leandro Laurito, los salarios para los trabajadores part time, la mayoría en este rubro, oscilan entre los 12.000 y 14.000 pesos, mientras que el ATP contempla el pago de un Salario Mínimo Vital y Móvil de 16.875 pesos. Las empresas consideraban que ese excedente les pertenecía, en vez de retribuirselos a los trabajadores o, en última instancia, al Estado. El ambiente laboral terminó de calentarse al llegar el pago del aguinaldo. Ese resto acumulado proveniente del ATP se descontaba a la hora de realizar este pago de medio año, como si el empleado estuviera en deuda con el empleador. Laurito ejemplificó: "Si los primeros dos meses tenían que cobrar 12 mil pesos y cobraban 16 mil, las empresas computaban 4 mil de diferencia. Con el primer pago son ayuda del ATP (aguinaldo) que tuvieron que efectuar, pretendieron compensarlo de ahí. Generaban una bolsa de supuesta deuda para cada trabajador"
“Pretendieron descontar del aguinaldo este ‘acumulado de ATP’ y en ocasiones, depende del monto descontado, se lo ponían como negativo”, explicó el profesional. Varios empleados, producto de estos descuentos, arrojaron un saldo negativo al no cobrar el pago de medio año y el aguinaldo no figuró en muchos recibos (en plena pandemia). “El tema del aguinaldo hizo que la situación explote”, reconoció Laurito. Felipe, trabajador de Burger King e integrante de la organización Red de Precarizadxs, enfatizó en que las mesas no se podrían haber dado “si los trabajadores no hubiesen hecho un paro por un día”.
Por todo esto es que las mesas de trabajo, articuladas con abogados del sindicato, fueron una buena idea para poder restituir como grandes logros los derechos básicos. Fruto de las negociaciones virtuales, es que estas empresas, excepto Mostaza, admitieron las irregularidades y restituyeron el pago del aguinaldo. “Desde el lado gremial es el primer paso como un reconocimiento de una mesa franca donde se diga ‘es verdad, no pague bien’. Hay buena voluntad de ambas partes para buscar soluciones consensuadas”, dijo el abogado. La última empresa con la que se estableció la misma modalidad de acuerdos es La Contentinal. La pizzería tampoco había abonado el pago de medio año en tiempo y forma. Laurito destacó, además, que constantemente se publican nuevas normativas y “son difíciles de interpretar cuando cada uno tira para su lado”. “Hay que solucionar para tirar para adelante”, reflexionó. El Estado, por su parte, contribuye con audiencias provenientes del Ministerio de Trabajo, que se encargan de chequear los acuerdos entre privados. Las mesas de trabajo o de diálogo quedarán abiertas mínimamente durante la extensión del aislamiento y tienen como función “agarrar los problemas antes de que sucedan”
Fuente:ElDestape
Fuente:ElDestape
Trotta advirtió a Larreta que no hay margen para el regreso de las clases
"No están dadas las condiciones epidemiológicas", afirmó el ministro de Educación
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, advirtió que "no están dadas las condiciones epidemiológicas" para un regreso a las clases en la ciudad de Buenos Aires, aunque elogió la voluntad del gobierno porteño de llegar a unos 5.000 alumnos que no tuvieron contacto con sus docentes desde el inicio del aislamiento social.
La postura de Trotta se conoció después de que Horacio Rodríguez Larreta, anunciara su intención de hacer regresar a las clases en las próximas semanas a unos 5.100 alumnos de escuelas públicas que tuvieron problemas de conectividad a internet, una medida que generó el rechazo inmediato del sindicato docente CTERA.
Si bien Trotta elogió la propuesta porteña de "llevar a cabo una política socioeducativa para llegar a los hogares de los más de 5000 niños y niñas que no han tenido contacto con sus docentes", aclaró que en estas horas "la prioridad es el cuidado de la salud de la comunidad educativa”,
Además, solicitó "la presentación de los protocolos" para la apertura de "gabinetes informáticos escolares que mejorarán la continuidad pedagógica".
El anuncio de la Ciudad generó el rechazo de la Ctera, que consideró que la región del AMBA "está lejos de ser considerada una zona segura para actividades donde se congreguen una gran cantidad de personas como las escuelas".
"Tenemos una enorme preocupación por el impacto de la pandemia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las niñas, niños y adolescentes como así también, en su dimensión subjetiva", dijo Trotta en una declaración pública.
"Trabajamos -siguió- en aquellas regiones donde las condiciones epidemiológicas están dadas, para promover el regreso a las aulas, como han sido los casos de ciertas regiones en las provincias de San Juan y Formosa y lo será, el próximo martes, en departamentos de Catamarca".
El ministro destacó que celebra "toda iniciativa de las jurisdicciones educativas que implique priorizar la presencia del Estado en la garantía del derecho a la educación para aquellos estudiantes que no hayan tenido contacto con sus docentes"
"Este es el objetivo del programa Acompañar en el que se está avanzando en conjunto con las 24 jurisdicciones educativas", precisó.
Indicó que el Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las aulas, "viene desarrollando una tarea interdisciplinaria y participativa, que produce criterios comunes a ser debatidos en el Consejo Federal de Educación".
La idea del gobierno porteño fue adelantada por Rodríguez Larreta durante la conferencia que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y luego el jefe del Gobierno dio más detalles sobre el tema en una entrevista con la prensa.
odríguez Larreta destacó que vamos a ir "a buscar a los chicos a sus casas y llevarlos a las escuelas con todo el protocolo necesario, con el objeto de volver a vincularlo con sus docentes".
Precisó, además, que "la semana entrante estaremos hablando con el Ministerio de Educación de la Nación sobre este tema".
En ese marco, la cartera educativa porteña explicó que el primer paso en la puesta en marcha de ese plan "será abrir escuelas primarias y secundarias para que todos los chicos que hayan tenido algún problema de conectividad en sus casas puedan acceder a una computadora y a Internet".
Indicó que el arribo de estos 5.100 alumnos "se hará con turno previo", en una relación "que favorezca el distanciamiento dentro de los edificios y de las aulas, y la puesta en práctica de protocolos", mientras que los estudiantes estarán supervisados "por las conducciones de las escuelas".
Además se invitará a la escuelas de gestión privadas a que se sumen y puedan abrir espacios para uso de computadoras y conexión a internet.
Rodríguez Larreta detalló que "el 90 por ciento de los alumnos del sistema público y privado ha estado en conexión con las escuelas. Unos 500 mil chicos han mantenido ese vínculo. Pero, pese al esfuerzo, hemos identificados unos 5.100 alumnos del sistema público que, por diferentes situaciones, no han podido seguir ese contacto".
"Los chicos que no tuvieron ningún contacto fue por su situación familiar, por su situación socioeconómica, por lo que iremos a buscarlos uno por uno a sus casas, es importante recuperar el vinculo con ellos", remarcó.
Para el gremio Ctera, el anuncio es "insensato" y detalló que el 4 de junio se firmó un Acuerdo Paritario "donde se estipulaban las condiciones necesarias de salubridad e higiene para que en las provincias se diera inicio a las clases presenciales".
"Es irresponsable el comienzo de las clases en uno de los distritos que más contagios y muertes tiene en el país" dijo el gremio y consideró que esa medida "pondrá en riesgo la vida de docentes, alumnas y alumnos y personal de las escuelas, siendo un foco de contagio para las familias porteñas".
El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, a su turno, destacó en declaraciones televisivas que los alumnos irán a la escuela para conectarse a una computadora con buen acceso a internet "sin la presencia de docentes en las escuelas".
Fuente:Infonews 
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