Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 01 de septiembre de 2020.
La Comunidad Indígena Los Chuschagasta perteneciente al Pueblo Nación Diaguita realizamos en la mañana del viernes 28 de agosto una jornada de visibilización para repudiar la complicidad existente entre la justicia tucumana, jueces, terratenientes y asesinos. Por Comunidad Lxs Chuschagasta.
La misma se desarrolló en la Plaza Hipólito Yrigoyen frente al Palacio de Justicia en la actual provincia Tucumán con el acompañamiento de vecinxs autoconvocadxs y las organizaciones: PTS, Biblioteca Ayelén, Partido Obrero Tendencia, Lillo a la Izquierda (Facultad de Ciencias Naturales), Medicina a la Izquierda (Secretaría de Derechos Humanos – Facultad de Medicina), Partido Revolucionario Marxista Lenilista (PRML), APDH y Frente Popular Darío Santillán (Corriente Nacional).
Hace exactamente dos años atrás, el 28 de agosto de 2018 daba comienzo el juicio oral y luego de transcurrir casi dos meses del proceso judicial, el 24 de octubre de 2018 la Sala IV del Fuero Penal dictaminó las condenas a los asesinos: el terrateniente Darío Luis Amín a 22 años de cárcel y a sus sicarios, los ex policías Humberto “niño” Gómez a 18 años de cárcel y José Valdivieso Sassi a 10 años de cárcel, por el ataque que perpetraron en nuestro Territorio Ancestral Diaguita el 12 de octubre de 2009 que dio como resultado el asesinato de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar y las heridas de gravedad a los Referentes Comunitarios Andrés Mamani y Emilio Mamani. Los tres asesinos llegaron fuertemente armados la tarde del 12 de octubre de 2009 e irrumpieron efectuando disparos contra todas y todos lxs que nos encontrábamos resguardando el Territorio Ancestral de manera pacífica.
El 7 de julio de 2020 nos enterábamos que los asesinos eran puestos en libertad por la complicidad de la Corte Suprema de Justicia de la provincia presidida por la Sra. Claudia Sdbar, la dilación por parte de la misma puso nuevamente en riesgo la vida de todxs lxs Chuschagastas.
La sentencia dictada por la Sala IV pasó por la revisión de cuatro magistrados, el cuarto juez Antonio Daniel Estofán favoreció con su voto el pasado miércoles 26 de agosto a los tres asesinos influenciado por su relator, el terrateniente Fernando (h) López de Zavalia, evidenciando los vínculos de poder que ejercen históricamente los terratenientes en la provincia de Tucumán.
Lxs Chuschagastas hemos denunciado públicamente y le hicimos saber a la presidenta de la Corte Sra. Claudia Sdbar nuestra preocupación por la intromisión del terrateniente Fernando (h) López de Zavalia, conocido él y su familia por hostigar y perseguir a las Comunidades Indígenas de esta región, como es el caso del Pueblo de Tolombón.
La respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia fue el avasallamiento una vez más a nuestros derechos constitucionales colectivos, humanos y ciudadanos brindando protección nuevamente a los asesinos.
La sentencia ahora está a revisión de un quinto juez, el Sr. Luis Fernando Morales Lezica al respecto el Referente Comunitario y Vocero Ismael Chocobar expresó: “al quinto juez designado hoy Luis Fernando Morales Lezica le pedimos que tenga en cuenta las aristas que ha tenido esta causa, ha tardado casi una década para que se realice el juicio. En un contexto histórico donde los Pueblos Originarios y sus comunidades han sido atacadas y donde han tratado de exterminarnos a lo largo de más de quinientos años, todavía estamos acá, continuaremos luchando por nuestros derechos colectivos y nosotrxs lxs Chuschagastas exigiendo justicia. Le pedimos al juez Luis Fernando Morales Lezica que tenga en cuenta todas éstas cuestiones de violaciones sistémicas al Derecho Indígena vigente.
Le manifestamos al Estado Argentino sí realmente hay un espíritu de justicia en esta nueva etapa por parte del Gobierno Nacional exigimos qué de una vez y para siempre se apliquen las leyes y se haga justicia.
También le recordamos al Estado que no alcanza con la ley 26.160. Ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas en Argentina, cabe decir qué esta ley está prorrogada hasta finales del año 2021 que si bien su artículo 2 indica que por el plazo de la emergencia declarada no se pueden ejecutar sentencias, actos procesales cuyo fin sean los desalojos. Hemos padecido todo lo contrario, desde intentos y despojos territoriales hasta las más violentas persecuciones y asesinatos en defensa de nuestros Territorios Ancestrales. Es por todas estas aberraciones históricas qué el Estado Argentino debe dar un paso más y crear la ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la cuál ya hay dos presentaciones realizadas en el Congreso de la Nación por parte de las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios que han trabajado en esta propuesta de ley de títulos comunitarios”.
Por su parte el Referente Comunitario Emilio Mamani puntualizó “esperamos tener una respuesta positiva por parte de la justicia.Vamos a luchar hasta lo último”.
La Comunera Vilma Fernández se refirió también a la justicia “nos decepciona la justicia tucumana. Nos quitan los derechos como Comunidad Indígena, como personas y seres humanos. Somos Pueblo Originario, los cuáles aportamos día a día con nuestro trabajo a este Estado como cualquier otro ciudadano y como tales nuestros derechos deben ser contemplados como lo manda la Constitución Nacional y Provincial. No es justo que no se haga justicia por nuestro querido hermano Javier Chocobar y por todos nuestros hermanos quiénes sufren atropellos día a día en el Territorio”.
Finalmente, el Vocero y Referente Comunitario Audolio Chocobar expresó “Nos da mucha bronca, lo hemos venido diciendo en todo este proceso que el juez Antonio Daniel Estofán tenía como relator al terrateniente Fernando (h) López de Zavalia quién en conjunto con su familia tiene conflictos con las Comunidades Indígenas y el juez Antonio Estofán se ha dejado influenciar por éstos terratenientes. Es evidente y nos queda claro que Antonio Daniel Estofán es parte y cómplice de todas estas cuestiones que nosotrxs estamos denunciando, él es un terrateniente más.
A pesar de todo esto continuamos ajustándonos al derecho occidental y esperamos que esté último Juez, LUIS FERNANDO MORALES LEZICA imparta justicia y de esa forma podamos cerrar una etapa y sobre todo podamos vivir en paz en nuestro Territorio Ancestral Diaguita”.
¡JAVIER CHOCOBAR PRESENTE!
¡BASTA DE DESPOJO TERRITORIAL!
¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!
¡BASTA DE DESPOJO TERRITORIAL!
¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!
Fuente: RedEco
Denuncian abuso policial en El Bolsón
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 01 de septiembre de 2020.
Desde Colectiva Comarcal Ni Una Menos informaron que en la madrugada de este domingo, dos adolescentes de 15 años, que venían de acompañar a una chica a su casa, fueron interceptados frente al CEM Nº10 por dos agentes policiales que estaban en un patrullero, quienes les pidieron documentos (ninguno de los chicos llevaba) y los empezaron a insultar y luego a pegarles patadas en el estómago a los dos.
Los agentes les preguntaban “si sabían ponerse un forro” y “si sabían usar un forro”, y ante cada respuesta les pegaban, después los obligaron a correr y les hacían hacer sentadillas para luego volver a pegarles. Los arrinconaron contra la pared del propio colegio secundario.
En un momento, uno de los chicos les dice que no les pueden pegar que son menores y que los van a denunciar, entonces los policías les dicen que si se dan un abrazo los largan, los chicos ni se podían abrazar por el dolor que tenían en todo el cuerpo. Observan que además uno de los agentes los estaban filmando. Les vuelven a ordenar que se abracen y entonces después los dejan irse, previamente les sacaron el celular y el cargador.
Cuando llegan a su casa, la familia llama al 911 y le dijeron que no podían hacer nada que era un número de emergencia.
“Consideramos que todos estos hechos son una grave violación a la Ley de Protección de Derechos de Niños/Niñas y Adolescentes Nº26.061 (nacional) y 4.109 de la provincia de Río Negro, y que este accionar nada tiene que ver con las funciones que tienen que llevar adelante las fuerzas de seguridad pública. Repudiamos esta práctica vejatoria humillante y perversa que deja de manifiesto un claro abuso de poder y violatorio de derechos. A menos de dos semanas del repudio generalizado hacia el accionar represivo de la policía, en el caso de otro menor de edad agredido y violentado en el paralelo 42, la fuerza de inseguridad se burla de toda la sociedad de la comarca con esta repudiable acción de abuso de autoridad. Nos volvemos a preguntar, ¿quién controla el accionar de la policía?”, expresaron desde la Colectiva.
En un momento, uno de los chicos les dice que no les pueden pegar que son menores y que los van a denunciar, entonces los policías les dicen que si se dan un abrazo los largan, los chicos ni se podían abrazar por el dolor que tenían en todo el cuerpo. Observan que además uno de los agentes los estaban filmando. Les vuelven a ordenar que se abracen y entonces después los dejan irse, previamente les sacaron el celular y el cargador.
Cuando llegan a su casa, la familia llama al 911 y le dijeron que no podían hacer nada que era un número de emergencia.
“Consideramos que todos estos hechos son una grave violación a la Ley de Protección de Derechos de Niños/Niñas y Adolescentes Nº26.061 (nacional) y 4.109 de la provincia de Río Negro, y que este accionar nada tiene que ver con las funciones que tienen que llevar adelante las fuerzas de seguridad pública. Repudiamos esta práctica vejatoria humillante y perversa que deja de manifiesto un claro abuso de poder y violatorio de derechos. A menos de dos semanas del repudio generalizado hacia el accionar represivo de la policía, en el caso de otro menor de edad agredido y violentado en el paralelo 42, la fuerza de inseguridad se burla de toda la sociedad de la comarca con esta repudiable acción de abuso de autoridad. Nos volvemos a preguntar, ¿quién controla el accionar de la policía?”, expresaron desde la Colectiva.
Fuente: RedEco
Se llevaron a una mariposa: travesticidio en Mendoza
Resumen Latinoamericano, 01 de agosto de 2020.
La violencia de género una vez más se vuelve postal en la provincia de Mendoza. En esta oportunidad se hace efectiva en el travesticidio de Melody, joven de 27 años, quien fue asesinada en un violento ataque de odio el 29 de agosto en el departamento de Guaymallén. El próximo miércoles 2 de setiembre se autoconvoca a una concentración en el KM 0 a las 15 horas de pedido de “Justicia para Melody”. “Es el Estado el que debe responder ante estas situaciones de travesticidios y que la respuesta que debe dar para estas situaciones debe ser, en primer lugar, una justicia digna y, en segundo lugar, aprobar el proyecto de ley de cupo laboral e inclusión travesti trans”, expresó a ANRed Consuelo, activista travesti y militante de la Click de Mendoza.
Una vez más vuelve la urgencia de hacer visible los crímenes de odio que cristalizan las violaciones de derechos, la vulneración de la dignidad, la discriminación que en 245 días del 2020 lleva 62 muertes del colectivo travesti trans por violencia sexista.
Consuelo, activista travesti y militante de la Click de Mendoza, comenta: “el día 29 de agosto nos encontramos con una situación de travesticidio. En esta oportunidad le pasó a Melody, una piba trans de 27 años, oriunda de Luján, que se encontraba en situación de prostitución, en la zona de Guaymallén. Estos hechos ponen de relieve la situación en las que nos encontramos las compañeras del colectivo travesti trans aún hoy en día y en contexto de pandemia. Las compañeras arriesgamos nuestras vidas para poder generar ingresos económicos y creemos que es el Estado el que debe responder ante estas situaciones de travesticidios y que la respuesta que debe dar para estas situaciones debe ser, en primer lugar, una justicia digna y, en segundo lugar, aprobar el proyecto de ley de cupo laboral e inclusión travesti trans, porque es el Estado el que debe garantizarnos el derecho a poder acceder a un empleo digno, y no excluirnos y ubicarnos en una situación de extrema vulnerabilidad como es el escenario de la prostitución”, sostuvo.
En la misma línea, agregó: “el acceso a la justicia en Mendoza es deplorable. Si hacemos una revisión del poder judicial en la provincia nos encontramos con una justicia sumamente machista, patriarcal y sumamente conservadora que pone resistencia al tratar estas situaciones de crímenes de odio desde una perspectiva de géneros y diversidad. Y ya cuando nos encontramos con eso, nosotras, lamentablemente, sabemos que es inalcanzable poder acceder a una justicia digna. Si para nosotras poder acceder a un empleo formal, a la salud, a la educación o a una vivienda digna es casi imposible, imagínense lo que es acceder a una justicia, digamos, digna. Lo que ha sucedido con Melody nos lleva a un extremo de pedido de justicia, por su situación, porque hemos perdido a una piba de 27 años que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Queremos avanzar en esta situación de justicia por Melody”.
En un mundo en el que prima la cultura de la violación, el odio hacia las corporalidades disidentes, la violencia sexista, la impunidad ante los crímenes de odio, la revictimización constante por parte de la justicia y los medios de comunicación ante los crímenes de odio hacen que el camino de la prostitución muchas veces lleve a la muerte. Es por ello que desde los colectivos travesti trans continúan exigiendo la Ley de Cupo Laboral e inclusión travesti trans, para que la explotación prostituyente no sea la manera de generar ingresos para vivir.
El próximo miércoles 2 de setiembre se autoconvoca a una concentración en el km 0 a las 15 horas de pedido de Justicia para Melody.
Fuente: AnRed
El Chubutazo: iniciativa popular por una ley antiminera
Por Sergio Ciancaglini, Resumen Latinoamericano, 01 de septiembre de 2020.
Ante la reactivación de nuevos (viejos) proyectos mineros, con millonarios auríferos y gobiernos sinuosos, las asambleas chubutenses se movilizaron como lo vienen haciendo hace 18 años (que incluyeron plebiscitos, represiones y espionajes históricos). Ahora, organizaron la campaña “Nos deben una ley”. Con barbijos y distanciamiento social, marchan y reúnen firmas en 42 localidades: una Iniciativa Popular por una Ley que prohíba la megaminería, tras el fraude de 2014, cuando un diputado recibía instrucciones de Yamana Gold por celular. Reflexiones sobre la política, la democracia y la riqueza convertida en maldición.
En cierta zona del universo, hay lugares con nombres bellos y desconocidos en la geografía mediática: Yala Laubat, Colan Conhué, Paso de Indios, Gan Gan, Los Altares, Chacay, Paso del Sapo, Gualjaina, Piedra Parada. Se suman nombres que el narcisismo de las ciudades grandes registra a lo sumo por razones turísticas: El Maitén, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, Trevelin, Corcovado. Andan por allí Esquel, Aldea Apeleg, Facundo, Lago Blanco y, del otro lado, en la costa, Camarones, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Puerto Pirámides y un total de 42 comunidades que se están dedicando a un par de tareas inhóspitas en un invierno de nieve, virus y aislamiento: frenar la minería y reinventar la democracia.
Ese lugar se llama Chubut, que significa “transparente” en lengua tehuelche, aunque otra teoría es que significa “tortuoso” o “zigzagueante”. Muchos de sus habitantes consideran que esa geografía padece una maldición: el oro. Hay también plata, uranio y cantidad de tesoros naturales que encandilan a uno de los oficios más viejos, tortuosos y poco transparentes del mundo: extraer esas riquezas del suelo, con un saldo imborrable de territorios dañados, contaminados y empobrecidos. Por eso, maldición y minería funcionan como dos caras de una misma memoria.
Consejos Elsztain
La larga historia, abreviada, señala que el señor Eduardo Elsztain informó en mayo de este año a sus clientes, amigos & afines que el único modo de sobrevivir en modo millonario a pandemias y otras incertidumbres planetarias es acumulando oro. No pesos, plazos fijos ni dólares: lingote mata billetera.
Elsztain es dueño de una creciente barba blanca que oculta el nudo de sus corbatas, entre otros enigmas. Dueño también de IRSA, el grupo de bienes raíces más grande de Argentina con shoppings como Abasto, Alto Palermo, Patio Bullrich, hoteles y edificios de lujo, como el Llao Llao. De Cresud (un millón de hectáreas de campos). De un tercio del Banco Hipotecario. De edificios en Nueva York. Y tiene el control del mayor grupo económico de Israel, el IDB (Israel Discount Bank), entre muchas otras cosas.
Escribió sobre la actual crisis pandémica: “El manual de supervivencia económica de la Argentina dice que, en este contexto de déficit fiscales épicos, más el endeudamiento más alto de la historia, más emisión monetaria a niveles nunca vistos, más depresión económica, cualquier persona con ahorros grandes o pequeños, debería redireccionar una parte significativa de esa liquidez a la única moneda que no puede ser impresa: el oro”. La frase figura en su escrito Chapter three of the most challenging crisis in our lifetimes o “Capítulo tres de la crisis más desafiante de nuestras vidas”.
La palabra “nuestras” remite solo a los que tienen liquidez en estos tiempos tan secos, a quienes Elsztain les recomienda comprar oro, mientras él concreta algo todavía más astuto: convertirse en minero. Creó la empresa Austral Gold con la que desarrolla proyectos de minería en Salta, San Juan, Río Negro y Santa Cruz.
Mientras la sociedad estaba pendiente de la situación sanitaria, la minera canadiense Yamana Gold informó que Elsztain, con su socio Saúl Zang, invertirá 2 millones de dólares para incorporarse al proyecto Suyai, de Esquel, como primer paso para llegar a un 40% del paquete accionario. ¿La función de los nuevos socios? Informa la empresa: “El grupo argentino asumirá la responsabilidad de todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno (ESG), y, en particular, liderará los esfuerzos de permisos destinados a avanzar en el proyecto a través de sus diferentes etapas de desarrollo”.
La traducción obvia es: lobby y negocios. Elsztain intentará que pueda realizarse el hasta ahora fracasado proyecto Suyai (“esperanza”), ubicado sobre la población de Esquel, a 6 kilómetros del centro de la ciudad.
Calcula Pablo Lada, quien desde Trelew se ha transformado en un referente del rechazo en la costa chubutense: “Los 2 millones de dólares son un chiste en términos mineros. Lo de Elsztain es simbólico: significa poner a un empresario argentino para meter más presión para aprobar Suyai”.
Ese proyecto había sido rechazado en 2003 con el 82% de los votos de un plebiscito en Esquel que sembró el camino para la Ley 5001 que prohíbe en toda Chubut la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero mientras las riquezas sigan bajo el suelo, parece haber más trampas que leyes en una provincia desmantelada por sus propios gobernantes que han sabido esfumar millones de dólares de las arcas estatales, mientras postulan que la solución es la megaminería. El otro proyecto clave, en la Meseta, es Navidad (plata, plomo y cobre).
Un mensaje de whatsapp llegado desde Chubut sintetiza la situación: “Otra vez sopa”.
¿Qué es una iniciativa popular?
“Se sumó todo”, dice Viviana Vivi Moreno, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH) recordando que, en diciembre, Alberto Fernández, recién asumido, dijo: “En Mendoza, logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera y, en Chubut, hemos logrado que en la zona de la Meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia”.
“Me parece que le informaron mal”, supone Vivi, que es bioquímica jubilada y una tromba de iniciativas. En Mendoza, la sociedad agitó inteligencias y pies en diciembre contra la derogación de la ley antiminera 7722, con movilizaciones históricas que hicieron retroceder el plan oficial nacional y provincial. En Chubut, hubo también grandes movilizaciones que incluso rodearon la Legislatura en Rawson y la minería sigue prohibida.
“Íbamos a anunciar la idea de la Iniciativa Popular el 22 de marzo y nos agarró la cuarentena. Pero cuando vimos que el gobierno, sin importar el coronavirus ni el aislamiento, declaró a la minería ‘actividad esencial’, y que Elsztain entró en el proyecto Suyai, dijimos: no nos podemos paralizar. Cada vez que los políticos y los mineros se mueven, tiran kerosén al fuego”, dice Vivi.
El 22 de junio, se lanzó la Iniciativa Popular, una herramienta de la Constitución provincial que permite, con el aval del 3% de firmas del padrón electoral, presentar un proyecto de Ley que debe ser obligatoriamente tratado por la Legislatura. En Chubut, necesitan 13.500 firmas.
¿Qué plantea la Ley que propone la Iniciativa? Prohibir la minería metalífera de la primera categoría del Código de Minería (oro, plata, platino, cobre, etc.), la de uranio y torio, y el uso no solo del cianuro, sino de toda una serie de químicos contaminantes con los que intenten reemplazarlo.
Iván Payllalaf, 20 años, mapuche-tehuelche y estudiante de Historia, debe viajar desde su casa en Cachay Oeste 10 kilómetros hasta un lugar en la meseta nevada donde consigue señal telefónica para comunicarse con MU: “Otra cosa que incluye la Ley es el principio precautorio, el preventivo, el intergeneracional”. O sea: ante el riesgo de daño irreversible actual o futuro, mejor prevenir que curar. Esos principios, así como el de sostenibilidad y cooperación, son parte de un texto casi desconocido para la farándula empresaria y política, llamado Ley General del Ambiente.
Por eso, la paradoja: quienes se rebelan en Chubut y en Mendoza (y en cada centímetro del país amenazado por la destrucción socioambiental) son personas que defienden la vida y las leyes escritas y no muy aplicadas, amenazadas por los Estados y las corporaciones empresarias.
“Nos han mentido y atacado de todos los modos posibles”, dice Vivi Moreno. La secuencia incluye espionaje de la AFI sobre más de 30 integrantes de la asamblea de Esquel (la justicia no dio el nombre de quienes cometieron el delito, porque eran espías protegidos, superando en creatividad al Superagente 86). Las asambleas fueron reprimidas en Rawson por patotas pseudosindicales con zona libre policial en 2012 y, a fines del año pasado, 6 manifestantes fueron secuestrados y golpeados directamente por la policía provincial, una de las más violentas del país, que logró, entre varios blasones, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino por la desaparición forzada en democracia de Iván Torres, en 2003, en Comodoro Rivadavia, sin que el accionar policial haya cambiado excesivamente desde entonces.
Mandame un mensajito
El lema de la Iniciativa Popular es “Nos deben una ley”. Explica Vivi Moreno: “Habíamos presentado una Iniciativa Popular en 2014, casi idéntica a la actual, que la Legislatura convirtió en un fraude. Habíamos reunido 13.007 firmas. Pero, en lugar de debatir nuestro proyecto, lo distorsionaron totalmente y lo convirtieron en una ley prominera tan vergonzosa, que el propio gobernador Mario Das Neves la tuvo que vetar”. La votación había sido 15 a 12.
El símbolo de aquel fraude fue la foto del legislador del Frente para la Victoria, Gustavo Muñiz, mensajeándose desde su Blackberry con el gerente de Yamana Gold, Gastón Berardi, quien le indicaba qué aspectos de la Ley debían modificar. La foto del celular, tomada desde las gradas, recorrió el mundo como símbolo. Vivi: “Ahí estaban nuestros representantes basureándonos, humillándonos. Una todavía confía, tiene ilusiones de que la democracia es la mejor opción. Pero ya aprendimos: no se puede confiar. Hubo incluso tres diputados de Esquel, también del FpV, Javier Cisneros, Héctor Trotta y Elba Willhuber que nos traicionaron”. El propio Das Neves fue antiminero y pro minero sucesivamente (según estaba o no en el poder) hasta que la crisis hídrica en la provincia lo puso contra la minería antes de morir en 2017. Poco después, ya con el vice Mariano Arcioni (ex antiminero) al mando, hizo su aparición en Chubut otro inolvidable, versión PRO: el exsecretario de Energía Juan José Aranguren, con fuerte custodia policial y el vía libre de Macri Mauricio para instalar la minería, actividad que parece destinada a sellar las grietas en buena parte de la política y abrirlas con las comunidades. “El actual secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel, es de San Juan, provincia prominera, y es la continuidad de Aranguren. No hay diferencia alguna”, explica Moreno.
La licenciada en Química Marta Sahores, otra de las mujeres que hizo escuela en Chubut explicando el verdadero contenido de la megaminería, dice sobre las frecuentes contradicciones entre el sistema representativo y la idea de democracia: “La democracia la hacemos en las calles, con la participación. No es ir a votar cada tanto. Cuando vamos a votar, no son elecciones: son opciones. Se opta por el mal menor. La democracia es otra cosa”.
¿La minería da trabajo?
“Es incomprensible que una persona como Mariano Arcioni haya llegado a ser gobernador y lo siga siendo”, dice Pablo Lada. La intentona minera se apoya en ese zigzagueante político cuyos spots televisivos contra la minería quedaron tan archivados como los rumores de romances farandulescos que le dieron notoriedad mediática porteña. En 2019, Arcioni logró adelantar elecciones junto al último pago normal de los sueldos provinciales. Apenas ganó, la realidad quedó más desnuda y menos glamorosa que vedette televisiva: la provincia venía endeudándose en dólares a niveles insostenibles y estalló una crisis social inédita. Aún hoy, los sueldos se pagan con atrasos de entre dos y tres meses, y Chubut vive de los salvavidas financieros que le arroja el gobierno nacional. O sea: más deuda. Arcioni venía siendo uno de los grandes ganadores con el “quedate en casa”, consigna que no aplicó para las mineras, que siguieron operando.
La Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros publicó la teoría según la cual “la Ley 5001 propició el empleo público y desincentivó la inversión privada”. “Siempre han dicho lo mismo” explica Pablo. “La crisis es producto de que no hay minería y ponen la zanahoria de que con mineras la situación mejoraría, lo cual sabemos que es falso”. Creer que el progreso radica en el extractivismo que primariza la economía, contamina y destruye es un tanto extravagante. Pero, además, en Esquel, están finalizando una investigación que demuestra por qué el argumento sobre el empleo es falso. Algunos datos del trabajo que se conocerá en estos días: en San Juan, en su apogeo minero, la actividad ocupa al 0,89% de los asalariados y el empleo privado en general está en caída constante durante los últimos 6 años. Si se compara Chubut con la ultraminera Santa Cruz, se descubre que en esta última los empleos públicos ocupan al 57%, contra el 30% de Chubut, revelando el sesgo de la información que difunden los lobbies mineros. Viviana: “Las que ganan son las corporaciones y los políticos que las apoyan. Nunca gana la gente”.
Dónde está la energía
“Lo que está ocurriendo con la Iniciativa Popular es fenomenal”, dice Pablo Lada. “Cumplimos los protocolos de distancia, los barbijos, la gente viene con su lapicera y, si no tiene, le damos una que luego desinfectamos. Se hacen colas con frío bajo cero para firmar. Es conmovedor”. Datos de las primeras semanas: Trelew ya reunió el 6% de firmas de su padrón; Puerto Madryn, 4%; Rawson, 11%; Epuyén, 10%. En la Meseta (proyecto Navidad): Las Plumas, 10%; Chacay, 50%; Los Altares, 32%. Todo arriba del 3% necesario, si se mantiene la tendencia. “Y en mucho menos tiempo que la vez anterior, con todo en contra por el frío, la crisis y la pandemia”. Uno de los llamados de las asambleas: “Tu firma vale más que el agua”. Cuatro de los 27 legisladores chubutenses también firmaron, hasta ahora.
Desde la Meseta, Iván Payllalaf me manda una selfie en medio de la nieve que lo rodea. Estudia en Trelew, pero volvió a Chacay para estar con su familia. Su papá trabaja en la Cooperativa eléctrica de Gan Gan y su mamá es auxiliar educativa. Iván habla con una mezcla de rigor y emoción en cada palabra: “Las mineras quieren entrar con clientelismo y asistencialismo. En el caso Sarayaku, de Ecuador, la Corte Interamericana dijo que las prácticas de asistencialismo empresarial son incompatibles con los derechos humanos, en especial en el mundo indígena. Tenemos el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada en territorios que nos han sido robados. La minería no es una actividad productiva: no produce nada: solo extrae minerales para exportarlos. Lo que hacemos con las asambleas en Chubut es una de las mejores formas de defender la democracia frente a la estafa, destrucción y división que generan las mineras. No sé qué va a pasar. Tienen gente muy pesada amenazando y el Estado abandonó sistemáticamente a la Meseta. Desde que nací, y más antes, hasta hoy, nunca hay luz desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Hay cortes semanas enteras. Me acostumbré, no me quejo porque nunca me faltó comida ni agua. Pero es una desigualdad. Y les dan todo a las corporaciones. La gente quiere cuidar el agua, la tierra, sus animales, el planeta, la vida. Lo que se hace aquí con la Iniciativa me produce admiración. Y yo agradezco que alguien nos escuche”.
Fuente:La tinta
Fuente:RB
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