Resumen Latinoamericano, 01 de septiembre de 2020.
Imputaron y detuvieron a Eduardo Garzuzi, el exfuncionario provincial de Córdoba apuntado en el caso de trata y explotación sexual contra «Nora», una joven de 20 años.
Después de mucha batalla para ser escuchadxs en la Justicia, familiares y amigxs de «Nora» lograron que la Justicia hiciera lugar al pedido de que Eduardo Garzuzi, uno de los principales acusados por captar a Nora para las redes de trata para la explotación sexual, fuera imputado y detenido bajo prisión preventiva.
«Si hemos podido avanzar en estos primeros y mínimos pasos, ha sido pura y exclusivamente producto de nuestra lucha y el acompañamiento de las organizaciones de mujeres aglutinadas en la Asamblea Ni Una Menos, así como personalidades y profesionales de los derechos humanos, de la salud, políticas y de la cultura que nos acompañaron desde un primer momento. A ellas y a la sociedad toda apelamos para seguir acompañándonos en esta lucha», expresaron desde @setratadenora.
La abogada de Nora -quien fue aceptada como querellante- remarcó sin embargo que se cambie la imputación contra Garzuzi, ya que sólo fue acusado por «sometimiento para la esclavitud» (un hecho individual), cuando lo que se denuncia es la existencia de una red de trata con varios sujetos involucrados.
«Todo los elementos aportados a la causa que no fueron aún valorados, dan cuenta de un entramado complejo para la consumación del delito de trata, entre los cuales se encuentra otro miembro del poder judicial provincial y un funcionario público del gobierno local. Seguimos diciendo que en Córdoba HAY TRATA, y el caso de Nora lo es».
Fuente: La Tinta
Comunidad senegalesa responde al diario El Día: “nunca tuvimos la voluntad de confrontar con los comerciantes”
Resumen Latinoamericano, 01 de septiembre de 2020.
La Asociación Senegalesa de La Plata desmintió el editorial publicado por el diario El Día el 24 de agosto, donde la empresa periodística afirma que los comerciantes de la localidad sufren una “dañina discriminación de la que Control Urbano no parece ocuparse” y que los “salvajemente discriminados propietarios y empleados de pequeños comercios un día es muy posible que reaccionen”. “Queremos aclarar que nunca tuvimos ni tendremos la voluntad de confrontar con los comerciantes. Son trabajadores como nosotros que buscan ganarse la vida y sabemos que muchos de ellos están pasando por un momento muy difícil, sin que el Estado esté dando una respuesta suficiente para evitar su ahogo. Creemos que el tono de la editorial no hace más que echar leña al fuego a una situación que, en un contexto social y económico tan complejo y excepcional, debe nutrirse más de mesas de diálogo que de confrontaciones”, expresó Cheikh Gueye, vocero de la comunidad. Además, recordó: “la violencia y persecución discriminatoria que sufrimos por parte de Control Urbano y la Policía Bonaerense, que nos quita nuestra mercadería de venta sin cumplir con el debido procedimiento, que nos insulta, golpea, y arma causas penales por ‘resistencia a la autoridad’ de manera arbitraria”
La respuesta fue publicada por la Asociación Senegalesa de La Plata en su página de Facebook, por medio de un texto firmado por Cheikh Gueye, vocero de la comunidad: “el 24 de agosto pasado, el diario ‘El Día’ de La Plata publicó una editorial denominada ‘Control Urbano ignora las graves discriminaciones al comercio’, cuya redacción incluye (a nuestro modo de ver) afirmaciones incorrectas que vale la pena corregir o por lo menos poner en cuestión”, comienza la respuesta.
“En primer lugar, quiero explicitar desde dónde hablo: mi nombre es Cheikh Gueye, nací en Senegal, vivo hace 6 años en La Plata, me dedico a la venta ambulante, y soy vocero -junto a otros chicos- de la comunidad senegalesa radicada en esta ciudad. También quiero aclararles que (dadas mis dificultades con el idioma) estas palabras las escribí con la ayuda de los abogados y abogadas del Colectivo ‘La Ciega’, uno de los tantos organismos de derechos humanos que nos acompaña y colabora en resolver los problemas que se nos presentan con frecuencia.
Sabemos que estamos viviendo un momento difícil porque la pandemia paralizó durante un largo tiempo las posibilidades de trabajar y cada vez cuesta más llegar a fin de mes – continúa el vocero senegalés – A nosotros también nos cayó como un baldazo de agua fría: la mayoría de nosotros somos vendedores ambulantes que llegamos a este país para trabajar y poder ayudar a nuestras familias que quedaron en Senegal, pero el aislamiento obligatorio no nos permitió salir a la calle durante meses, y nos cuesta mucho poder subsistir, alimentarnos y pagar los alquileres de nuestros hogares si no salimos al menos algunas horas a vender, sobre todo cuando la mayoría de nosotros no pudo acceder a cobrar el IFE”, explica Gueye.
En la misma línea, agrega: “e ese panorama – compartido por la mayoría de los ciudadanos – también se nos suma el desarraigo que sufrimos. Extrañamos a nuestras familias y a nuestra tierra, tenemos una cultura muy distinta a la de este país, nos cuesta mucho entender y hablar el idioma español, hemos sufrido racismo en todas partes del mundo, y carecemos de todo tipo de representación diplomática en la Argentina que nos permita resolver algunos problemas que arrastramos desde hace años. Es posible que muchos de sus padres o abuelos hayan vivido situaciones semejantes hace varios años atrás, y que por ese motivo no haga falta explicarles qué se siente tener esa mochila a cuestas”.
En ese marco, considera que “la editorial que publicó ‘El Día’ se refirió a una mesa de trabajo conformada por diferentes organismos públicos (del Municipio, Provincia y Nación) que se reunió hace unos días atrás para evaluar e intentar resolver algunas de las problemáticas que atravesamos: entre ellas, la violencia y persecución discriminatoria que sufrimos por parte de Control Urbano y la Policía Bonaerense, que nos quita nuestra mercadería de venta sin cumplir con el debido procedimiento, que nos insulta, golpea, y arma causas penales por ‘resistencia a la autoridad’ de manera arbitraria. Sin embargo, lejos de informar sobre el contenido y resultado de esta mesa (una mesa en la que, al menos desde nuestro lugar, tenemos la voluntad de dialogar y acercar posiciones), la editorial ironizó sobre su composición al decir que ‘no vinieron representantes de las Naciones Unidas pero poco faltó para eso’, y descalificó el espacio afirmando que son los comerciantes los que sufren una ‘dañina discriminación de la que Control Urbano no parece ocuparse’, que ‘los así discriminados están indefensos’, y que los ‘salvajemente discriminados propietarios y empleados de pequeños comercios un día es muy posible que reaccionen’. ”
Es por eso que desmienten al diario El Día, por considerar que lo que busca es sembrar la discordia entre los comerciantes de la zona y los vendedores ambulantes senegaleses: “queremos aclarar que nunca tuvimos ni tendremos la voluntad de confrontar con los comerciantes. Son trabajadores como nosotros que buscan ganarse la vida y sabemos que muchos de ellos están pasando por un momento muy difícil, sin que el Estado esté dando una respuesta suficiente para evitar su ahogo. Creemos que el tono de la editorial no hace más que echar leña al fuego a una situación que, en un contexto social y económico tan complejo y excepcional, debe nutrirse más de mesas de diálogo que de confrontaciones, aunque a la editorial le resulte ‘desmedida’ y le parezca que ‘no era necesario semejante convocatoria’. A su vez, nos interesa manifestar que no es la primera vez que una editorial se refiere a nosotros como ilegales o que no pagamos ‘impuestos de ninguna naturaleza’. Esto es falso, todos estamos de forma legal en el país: si bien somos muy pocos los que (como quien escribe) hemos adquirido la ciudadanía argentina, el resto de los chicos tienen trámites iniciados como refugiados o han iniciado el proceso para adquirir la residencia. Por este motivo la mayoría no tiene DNI sino una documentación precaria emitida por la Dirección Nacional de Migraciones, lo que no los convierte bajo ningún punto de vista en ‘ilegales’.También cabe aclarar que muchos de nosotros, pese a no contar con DNI argentino, pagamos monotributo y aportamos económicamente en este país”, detalla en su carta Cheikh Gueye.
Y finaliza: “queremos hacer las cosas bien, nadie en su sano juicio podría pensar que es un privilegio trabajar en la calle expuestos al frio, al calor, a la lluvia, a la falta de un baño, y muchas veces al maltrato. Nos gustaría poder tener alternativas de empleo que hoy no tenemos, y que la próxima vez que salgamos en el diario no sea porque parezcamos un estorbo, que hay que barrer de la vereda, sino por ejemplo para contarles sobre nuestra cultura y costumbres”.
Fuente: AnRed
Una mujer, un hombre y un pibe, inducidos por el Estado, se suicidaron en las cárceles de mala muerte
Por María Pueblo, Resumen Latinoamericano, 01 de septiembre de 2020.
Este fin de semana, un mujer, Micaela (33) -madre de dos hijas-, perdió la vida en la U-8 de Los Hornos. También se suicidó Ángel en la Unidad 9 de La Plata y Lucas (17) en una cárcel para pibes en Pablo Nogués. Todas las muertes pudieron y debieron ser evitadas tanto por el SPB y por del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Las condiciones de detención en toda la provincia dan cuenta de una situación crítica que no resiste más dilaciones ni excusas. La emergencia carcelaria colocada en la escena pública tras las manifestaciones sostenidas por las personas privadas de libertad y sus familias, expresadas en todas las formas posibles (huelgas, chaponeos, hábeas colectivos, autolesiones) y con la participación de organizaciones sociales y referentes en la lucha contra el sistema de la crueldad, no han logrado torcer el brazo de hierro que encarcela y criminaliza a la población más castigada por la desigualdad y la pobreza. Ni el poder judicial logra que sus agentes respeten el debido proceso y el principio de progresividad de la pena, ni el sistema de encierro y tortura toma debida nota de la urgencia de cuidar las vidas que decidió encerrar. Estos dos vectores de aprisionamiento se potencian y funcionalizan castigando con dureza cuerpos y almas ya quebrados.
El rigor del sistema se potencia con el contexto de ASPO, durante el cual el grado de aislamiento se extrema, en perjuicio de la calidad de vida. Mientras el servicio de salud del sistema asevera que tienen condiciones favorables para dar respuesta a las demandas de atención sanitaria de la población encarcelada.
En este contexto, este fin de semana, tres vidas se cancelan por aparente mano propia; los registros dirán que Ángel, Lucas y Micaela terminaron con sus vidas. Pero sabemos que sus vidas estaban signadas por la desidia y el abandono desde hacía tiempo. Morir joven en la cárcel es una probabilidad cercana. Las autolesiones y el suicidio son leídos como problemas individuales, como decisiones personalísimas.
No creemos que estos sea así, creemos que el sistema que deshumaniza, acorrala y rompe con los escasos resguardos que aún mantienen con vida a una parte significativa de las y los privados de libertad. Y sabemos que el sistema no registra estas muertes como un problema de salud pública, que no hay un programa real y sostenido de prevención del suicidio ni de contención y acompañamiento para quienes deben afrontar el día después del suicidio de unx comnpañerx.
Por eso se decide colectivamente expresar el dolor y la indignación ante el silencio cómplice de quienes registran este genocidio como un episodio más. De ese modo, confluyeron el chaponeo de las compañeras, así como la protesta organizada por familiares y organizaciones sociales y políticas en la puerta del penal 8, este 31 de agosto, de Los Hornos, ubicada en calle 70 y 149. «La falta de higiene y atención medica, la alimentación deficitaria, los castigos, el aislamiento y la represión por parte del servicio penitenciario se sigue cobrando vidas», denunciaron las detenidas. Y pidieron «libertad ya a todas las presas con condena cumplida, madres con hijxs, mujeres con discapacidad y en riesgo por enfermedades graves. Ni una menos también en las cárceles».
Fuente Agencia para la libertad
La policía de Sergio Berni reprimió a 40 familias en un predio de Quilmes
Resumen Latinoamericano, 01 de septiembre de 2020.
Esta madrugada, la policía de Sergio Berni reprimió con balas de goma, palos y gases lacrimógenos a 40 familias que se instalaron en un predio ocioso en Francisco Solano, Quilmes. Son 40 familias en situación de calle o sin la posibilidad de seguir afrontando un alquiler, que reclaman una respuesta urgente al gobernador Axel Kicillof.
Sin embargo, y a confesión de partes, Berni hoy expuso sin tapujos que le importa más conservar los privilegios de unos pocos que los derechos de quiénes peor la están pasando durante la pandemia, y para quiénes, cómo si su situación no fuese lo suficientemente dura, la respuesta una vez más es la represión.
En la madrugada de hoy fuerzas de infantería reprimieron brutalmente con balas de goma, gases lacrimógenos y palos a las mas de 40 familias instaladas desde el domingo ultimo en el predio ubicado en 812 y arroyo San Francisco en el barrio la Paz en San Francisco Solano, Quilmes. Hay personas heridas y detenidxs.
Se encuentran en el predio personas en situación de calle o gente que pagaba el alquiler y ya no puede hacerlo, por lo que se vieron empujados a tomar estas tierras ociosas. En plena pandemia, la precarización de la situación habitacional en el pais quedó en evidencia.
Se encuentran en el predio personas en situación de calle o gente que pagaba el alquiler y ya no puede hacerlo, por lo que se vieron empujados a tomar estas tierras ociosas. En plena pandemia, la precarización de la situación habitacional en el pais quedó en evidencia.
Nuevamente, la policía de Sergio Berni queda en la mira con este hecho de represión policial. #viviendadigna #bastadeviolenciainstitucional
Fuente: Correpi
Envio:RL
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