La policía dirigida por Berni desalojó a balazos toma de tierras de Los Hornos, en
La Plata, y también reprimió y
quemó otra vez las humildes
casillas de la toma de Rafael Castillo
Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2020.
Así actúa la Bonaerense dirigida por el Ministro de Seguridad y bajo las órdenes del gobernador. En Rafael Castillo y La Plata hubo quema de casillas, balas de plomo, golpes y robo de la comida. Todo sin orden de juez o fiscal. Mientras tanto, como hacían Duhalde y Ruckauf, atacan a la izquierda que acompaña el reclamo por vivienda.
Kicillof, Larroque y Berni están contra el derecho a la tierra y la vivienda. Este martes lo están demostrando con las violentas represiones que tienen lugar en Rafael Castillo y en La Plata. Allí, la Policía Bonaerense reprimió brutalmente a familias que toman tierras reclamando su derecho a la vivienda.
En el caso de Rafael Castillo este martes a las 6:15 de la mañana, la policía bonaerense desalojó una toma de tierras donde 300 familias luchan por un lugar donde vivir. Hubo disparos con balas de plomo, quema de casillas y de comida y detenciones. En el caso de La Plata, también hubo balazos en represión. En esta ciudad el intendentes derechista Garro viene pidiendo represión contra las ocupaciones de tierra desde hace tiempo.
Durante el operativo del cual participaron alrededor de 50 oficiales, quemaron las casillas de las familias y comedores. “La policía entró a las 6:15 de la mañana a quemar con nafta las casillas y comedores, desplegaron motosierras y dispararon con balas de plomo, golpeando mujeres y niños, de manera muy violenta y sin reparo. El operativo estaba encabezado por el sub comisario Benítez, y 50 oficiales policiales sin identificación” explicaron los vecinos.
Entre las personas detenidas se encuentra el joven Brian Saucedo de 24 años, quien fue trasladado a la comisaría de Rafael Castillo y se encuentra incomunicado.
Mientras se lleva a cabo esta represión abierta por parte de la Bonaerense, el Gobierno provincial se encarga de atacar a la izquierda por medio de Larroque. El ministro y titular de La Cámpora todos los días usa los medios de comunicación para atacar a la izquierda, buscando inculparla por una «politización» del reclamo de Guernica que no existe.
El objetivo de ese ataque es ocultar que el Gobierno provincial no tiene ninguna salida real al reclamo de las familias de Guernica. Es decir, no tiene ninguna solución real al reclamo de tierra y vivienda. La represión que tiene lugar en Rafael Castillo y La Plata confirma que la gestión de Kicillof confirma eso.
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Comunicado: HAMBRE Y REPRESIÓN
En la mañana de hoy, alrededor de 50 efectivos uniformados ingresaron al barrio Nueva Unión en Rafael Castillo al mando del Sub Comisario Uriel Benítez disparando armas de fuego, golpeando vecinos, destruyendo las precarias viviendas y arrasando con el comedor comunitario. Se llevaron detenido a un joven que quiso defender los alimentos de la comunidad golpeándolo brutalmente.
Actualmente permanece demorado en la Comisaría de 3° de Rafael Castillo.
La represión se esta haciendo costumbre para los sufridos barrios matanceros y sus trabajadores más desprotegidos.
En otro extremo de la localidad, en Villa Celina, amparándose en anónimos, amedrentan, difaman y amenazan de muerte a los trabajadores de la Feria establecidos desde hace años en el lugar.
Denunciamos la impunidad conque bandas civiles y fuerzas policiales operan en el Partido de La Matanza al amparo del Consejo Deliberante y el Intendente Espinoza. Con el silencio o el beneplácito de distintos poderes provincial, nacional, ejecutivo, judicial.
Como calificar a quienes se ensañan con el hambre de la población, persiguen sus emprendimientos privándolos del trabajo, el techo y el pan.
No son hechos aislados. La repetición en distintos puntos configura una política. Parece que para el Intendente Espinoza en Matanza sobra población.
Trabajadores y vecinos seguiremos defendiendo nuestros derechos y manifestándonos públicamente hasta obtener una respuesta a nuestros reclamos.
Espacio de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Territoriales de La Matanza.
13 octubre 2020
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A pedido del intendente Garro, la Bonaerense desalojó a los tiros una toma de tierras en Los Hornos
Se trata de un terreno ubicado en la zona de 138 y 70. En sus redes sociales, el intendente de Juntos por el Cambio reclamó «una justicia activa que cuide la propiedad privada».
El intendente de La Plata, Julio Garro, denunció que la toma de los terrenos ubicados entre 137 y 139 desde 70 a 72, en la localidad de Los Hornos, se realizó en una zona en la cual el municipio tiene previsto realizar un reservorio para acumular agua en caso de inundaciones por lluvia.
Desde su cuenta de twitter, el referente local de Juntos por el Cambio, reclamó que se desaloje el predio y exigió «una justicia bien activa y gobiernos provinciales y nacionales en la misma sintonía cuidando la propiedad privada».
La respuesta llegó en horas de la mañana con un despliegue de la policía bonaerense que a los tiros sacó a las personas que se encontraban en el terreno, para dar lugar después a las topadoras que levantaron las casillas allí construídas.
fuentes: propias, AnRed y La Izquierda Diario
«A pocas horas del desalojo de
miles de personas en Guernica, el
Gobierno sigue privilegiando a los
ricos sobre los más humildes»
Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2020.
COMUNICADO DE LA OLP-RESISTIR Y LUCHAR
A pocas horas del desalojo de miles de personas en Guernica
El Gobierno sigue priorizando a los ricos sobre los más humildes
En todo el país brotan las llamadas “tomas de terreno”, tal vez sería más justo llamarlas “Recuperación de derechos”.
El Gran Buenos Aires, en su epicentro. Allí se exhibe el país que supimos (mejor dicho: No supimos) conseguir.
El crecimiento de las “tomas” va a la par de lo que está pasando con la desocupación, la pobreza, la desigualdad y los countries o barrios cerrados. Todo eso va de la mano y constituye la esencia de la sociedad que estamos transitando. Esa imagen confirma que la riqueza de unos, los menos, se está construyendo sobre la miseria de otros, los más.
Esta realidad no es solamente hija de estos que llamamos pandemia, tampoco de los 4 nefastos años del gobierno de Macri. Quienquiera mirar los números allí están, a la vista de todos. Ellos prueban la responsabilidad de los diferentes gobiernos en la construcción de este fracaso.
Hoy, estos millares, que están recuperando sus derechos, se concentran en los municipios de La Matanza y La Plata. Tienen a Guernica (en el municipio Presidente Perón) como nave insignia de este fenómeno colectivo, que también recorre otras áreas de nuestra geografía. Entre esos múltiples casos se destacan los que se verifican con los mapuches en la Patagonia, los Wichis y Quom en el Chaco. Los marginados, excluidos, negados, los “descartables”, hartos de estar hartos, quieren echar a caminar.
La realidad muestra que crecen los que están dispuestos a dar vuelta lo que está “patas arriba” y quieren andar, pero no cabeza abajo, sino erguidos y montados sobre sus propios pies.
El gobierno, aunque se autodenomine “nacional y popular”, les responde con la lógica de un poder que manejan otros. A la antigua justicia del reclamo de los humildes les responden con los jueces, fiscales y leyes que hicieron posible y legalizaron el despojo que padecen.
Sobre sus necesidades recae la amenaza del “monopolio de la violencia estatal” llamado represión.
Al pedido de restablecer un pedazo de la Justicia Social olvidada, le llaman “delito” y se le contesta con la amenaza de palos y algo más.
Hablando de los hechos más reciente, sin necesidad de recurrir a la historia de cómo se apropiaron de las tierras, el gobierno no se percató de lo que hace un tiempo le informó el diario La Nación (¡La Nación!) en el sentido que el 50% de los barrios cerrados bonaerenses no están legalizados.
Ellos sí pueden “ocupar” para sus privilegios pero el pueblo no puede ejercer sus derechos.
Estamos a horas del desalojo en Guernica. Desde el gobierno nos dicen que no pueden avanzar en la solución porque lo impiden algunas organizaciones sociales y los intereses inmobiliarios. Es necesario que identifique a esos intereses para evitar confusiones. No mezclen la legítima lucha de un pueblo que avanza en organización y lucha con los bastardos intereses de los “vivos” de siempre que se han criado y desarrollado a expensas del mismo Estado.
GUERNICA RESISTE Y RESISTIRÁ!
TIERRAS PARA VIVIR!
UNIRSE DESDE ABAJO, ORGANIZARSE COMBATIENDO
OLP-RESISTIR Y LUCHAR
El fuego del agro
Por Federico Paterno, Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2020.
a provincia de Córdoba se encuentra bajo una catástrofe ambiental. Son más de 200 mil hectáreas las que se incendiaron en lo que va del 2020. Las responsabilidades se advierten del lado del empresariado para favorecer al sector del agronegocio, la especulación inmobiliaria y la minería a cielo abierto. Los últimos diez años reflejan, en esta provincia, focos de incendio en Sierras Chicas de Punilla, sobre todo en la extensión más grande, que es la que tiene que ver con todo el costado de la ruta nacional 38, la cual abarca todo el Valle de Punilla y también el Valle de Paravachasca. Diego Aranda integra la asamblea ambiental de esta localidad, conformada por vecinos y vecinas autoconvocados y autoconvocadas, y analizó las razones que causaron los voraces incendios, y comentó sobre el trabajo que llevan adelante en la asamblea.
Desde la asamblea denuncian que los incendios son una nueva manera de desmontar, para diferentes proyectos, y diversos intereses privados y estatales. Con una repetición estratégica de los lugares incendiados, que dejan libre el avance del desarrollo inmobiliario y la urbanización en la sierra de Córdoba, sin dejar de mencionar la quema del bosque nativo. En la actualidad sólo queda un 3% de bosque nativo en su estado natural. La Ley de Bosques 9814 es la que debería resguardarlo. Esta Ley Provincial de Ordenamiento Territorial del Bosque fue aprobada en el año 2010 después de esperar dos años en los que hubo debates y charlas entre organizaciones, la Universidad de Córdoba y asambleas ambientales. Dos días después de sancionada la Ley, se terminó aprobando otro proyecto que había sido presentado por la Federación Agraria de Córdoba. “En el 2016 el Ejecutivo Provincial intenta modificar esta Ley y presentar un nuevo proyecto de ley en contra de la conservación del Bosque Nativo, y fue gracias a la movilización de las organizaciones que se logró paralizar ese tratamiento de ley”, explicó Aranda.
LA AUTOVÍA QUE REDUCE EL BOSQUE
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, está queriendo en la actualidad ser modificada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que conduce Juan Cabandie, quien hace pocos días afirmó que hay “aspectos a mejorar”. Sobre esto el activista ambiental se refirió y dijo: “Es un proyecto que avanza sobre las zonas amarillas de la categoría número 2 de conservación del monte nativo, es un proyecto que intenta introducir ganadería integrada, sobre todo de animales de gran porte vacuno en el monte nativo, lo cual va a eliminar los pastizales autóctonos y los pastizales de altura. Si bien hay una Ley Provincial como la 9814 y también una Ley Nacional la 26.331, hay intento de modificaciones de esa Ley. La provincia de Córdoba debería haber actualizado su mapa de ordenamiento territorial que indica la 9814, esta ley señala que cada 5 años la provincia debe actualizar sus mapas de ordenamiento territorial, es decir actualizar cuáles son las zonas de conservación de la provincia de Córdoba, desde el 2015 que no se realiza esto”.
Los incendios que la provincia sufrió hace diez años, tienen como característica reiterada que siempre ocurren al costado de la Ruta Nacional 38 que abarca todo el Valle de Punilla y el Valle de Paravachasca. En particular en el valle de Punilla hay un proyecto del Gobierno cordobés de construir una autovía de montaña, la construcción y el proyecto ya aprobado tienen como dato relevante que una parte de este emprendimiento pasaría por dónde hace pocas semanas se produjo uno de los grandes focos de incendio. Este proyecto implica la reducción del bosque nativo del 76% al 68%, según informan desde el Foro Ambiental de Córdoba. No sólo hay un interés empresarial e inmobiliario detrás de la construcción de la autovía, aseguró el integrante de la asamblea, sino también se encuentra detrás de esto el Estado Provincial, “los diferentes movimientos alertamos sobre esta situación”, denunció.
LA ASAMBLEA
La conforman organizaciones de base, ambientalistas, y vecines autoconvocades del valle de Paravachasca, con un trabajo siempre en relación a las acciones vinculadas a la defensa del Bosque nativo y a la exigencia de ordenamiento territorial del Bosque. Otra de las tareas que viene llevando a cabo tiene que ver con la actualización de los mapas provinciales, a partir de la tensa situación que se vive a causa de los incendios y cómo vienen trabajando la construcción de información propia. “Desde la asamblea y organizaciones venimos denunciando que los incendios que prenden fuego el monte nativo es una nueva manera de desmontar”, aseguró Aranda.
La asamblea cuenta con un equipo técnico propio que está destinado a la diagramación de mapas que sirvan de relevamiento, a nivel geográfico, de la utilización del suelo en relación al bosque nativo. Zonas de conservación del bosque dividida en categorías: roja, verde y amarilla, según su conservación. “Venimos denunciando situaciones de desmonte en nuestro territorio, fumigaciones que también desde hace un tiempo lo venimos trabajando con diferentes organizaciones, lo que tiene que ver con localidades como Dique Chico por ejemplo, un caso emblemático el último año, donde se viene llevando a cabo una resistencia logrando resoluciones comunales para delimitar la distancia en cuanto a las aplicaciones con agrotóxicos”, comentó. Forman parte también de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, integrada por más de 100 organizaciones socioambientales de diferentes provincias y representantes regionales de cada asamblea ambiental.
Los focos de incendio en la provincia que gobierna Juan Schiareti del Partido Justicialista, tiene en los últimos días como dato para resaltar, la denuncia penal que recibió el Gobernador, de parte del biólogo y Presidente de la Funam (Fundación para la Defensa del Medio Ambiente) Raúl Montenegro y el abogado Juan Smith, por no haber declarado la alerta roja a tiempo. La denuncia se encuentra en la fiscalía del distrito 2. El biólogo, en declaraciones públicas advirtió el peligro que vive la biodiversidad de la provincia a causa de los desmontes y los intensos incendios. En sus últimas declaraciones, el Director de Defensa Civil Diego Concha, aseguró que pedirá a la fuerza pública para dispersar a les vecines que interfieran en el trabajo de los bomberos en los focos de incendios. Hay brigadas de vecines que están trabajando para combatir el fuego y ante esta situación la respuesta del titular de Defensa Civil es avanzar contra la propia comunidad con la fuerza pública y no con la capacitación e insumos necesarios.
Sólo entre los años 1997 y 2017 se quemaron 700 mil hectáreas en las sierras de Córdoba. Guillermo Galliano es columnista de Radio Universidad en Córdoba y preside la Fundación Mil Aves, declaró en el último mes: Camino a Falda del Carmen, Falda del Cañete, ahí había bosque nativo, con toda la biodiversidad que ahí habita, veamos qué hay ahora: todos countries, barrios cerrados”. Datos concretos de defensa civil afirman que el 98% de los incendios son adrede, por causa directa de la mano del hombre. El avance del agronegocio y los negocios inmobiliarios están bajo la lupa en esta catástrofe ambiental.
Fuente: AnRed
China llegó
Por Fermín Kopp, Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2020.
Con el 23 por ciento de la población mundial y solo el 7 por ciento de las tierras disponibles para producir sus alimentos, hambre de carne y cada vez más dinero, China zarpó con destino nosotros. Una neoconquista que seduce con dólares, pero deja territorios destruidos y pueblos cada vez más pobres.
Un laberinto de contenedores apilados. Contenedores de muchos colores, como formando un mosaico, sin que se pueda ver lo que transportan. Barcos tan altos que no permiten observar el río. Tripulaciones de todo el mundo hablando en diferentes idiomas. Olor a pescado que todo lo invade y llega hasta la cercana terminal de cruceros, donde están los turistas. Accesos controlados, seguridad y ojos que vigilan cada paso. Un terreno tan grande que, para cubrirlo todo, hace falta recorrerlo en auto. El puerto de Montevideo, en Uruguay, está lleno de sorpresas.
Porque este país pequeño, con menos de cuatro millones de habitantes, tiene un puerto que podría compararse al Port Royal, de Jamaica, en tiempos de piratas. Porque el puerto de Montevideo es hoy considerado el segundo a nivel mundial en transbordo de pescados sospechados de haber sido obtenidos de manera ilegal.
Son toneladas de peces y mariscos, pero también miles de kilos de cocaína e, incluso, tripulantes muertos. Los datos, que suenan a una película de piratas, a una gran producción de ficción estilo Hollywood, son, en realidad, información verídica y oficial revelada por el gobierno uruguayo. Mucho ocurre dentro de este puerto con más de 100 hectáreas y actividad que trabaja las 24 horas del día.
Aquí anclan cientos de barcos que pescan donde no deberían, en travesías ilegales buscando calamares, tiburones y otras especies amenazadas por la sobrepesca.
¿Cuáles son esos barcos que van recorriendo los mares de América Latina para pescar lo prohibido? Barcos chinos.
Porque China -un país con más de mil millones de habitantes- tiene el doble del promedio mundial de consumo de pescado per cápita y ya agotó la mayoría de los recursos que había en su territorio. Entonces, para poder llenar sus platos, se acerca al Pacífico y al Atlántico con cientos de buques que aprovechan los abundantes recursos y la falta de control en las aguas latinoamericanas. No sólo usan el puerto uruguayo, también muchos otros de la región.
Pero la pesca es sólo una parte de esta historia. Con un apetito voraz, China llega hasta aquí en busca de todo tipo de alimentos para sus ciudadanos, que representan el 23% del total de la población mundial. Porque no alcanza a producir lo que necesita, con sólo un 14% de su territorio apto para la agricultura. Porque necesita dar de comer a su clase media en expansión, que además está cambiando de dieta y quiere cada vez más carnes.
Además de los cientos de barcos en busca de pescado ilegal, hay otras miles de naves chinas surcando nuestros mares de forma legal. Miles de embarcaciones cargadas con soja en todas sus formas, carne de vaca y de cerdo, frutas, verduras, vino y muchos otros productos que viajan en enormes contenedores de uno a otro extremo del mundo.
Es una pequeña lista de lo que va y viene regularmente, porque, en las últimas dos décadas, China se convirtió en el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región.
“China busca lo mejor para su población, pero acá hay alguien que le abre la puerta”, dice Ariel Slipak, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires.
Es que mientras la potencia llega atraída por los abundantes recursos naturales y alimenticios, los gobiernos de la región ven en ella a un prestamista e inversor que desplazó a los ya conocidos Estados Unidos y Europa. Sin importar el signo político, todos los gobiernos se volvieron dependientes de China.
Y esta relación comercial no sólo implica negocios: también cambió nuestros modelos productivos. Permitió consolidar la visión agroalimentaria y extractivista que hoy caracteriza a nuestros países. Precios récord de alimentos, materias primas y una rentabilidad extraordinaria se combinaron con la re-primarización de la economía y conflictos ambientales y sociales, instalando una dinámica por lo menos asimétrica. Advierte Ariel Slipak: “China está externalizando a terceros países problemáticas ambientales y sociales. No les estamos exportando solamente soja y carne, sino también agua y recursos naturales”.
Seguridad alimentaria
China sabe que no puede alimentarse a sí misma. Lo buscó, pero terminó resignando sus planes a la realidad. En 1996, tenía el objetivo de producir el 95% de todos los granos y legumbres que necesitaba, pero, con su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001 y una relación comercial más abierta, terminó replanteando sus metas, abriéndose al comercio internacional de alimentos. Hoy, ese objetivo de 95% se convirtió en 80%, consciente de sus propias limitaciones.
“De a poco, China se empezó a proveer de una gran cantidad de productos agropecuarios a través del comercio internacional. Pasaron por diversos problemas de eficiencia, ambientales y de productividad”, explica Pablo Elverdin, coordinador de estrategia del Grupo de Países Productores del Sur (GPS).
Es un país de grandes dimensiones como también de grandes problemas. Tiene sólo el 7% de la tierra cultivable a nivel global. Y de ese porcentaje menor, además, un tercio está contaminada por uso excesivo de agroquímicos.
Es un país de una muy baja productividad agropecuaria, con un promedio del 60% de mecanización cuando Europa y Estados Unidos rondan el 90%.
Es un país que padece falta de recursos hídricos para producir alimentos. La cantidad de agua disponible por persona por día es de menos de 2 litros y un cuarto de lo que tiene se va a la agricultura.
Pero eso no es todo. Entre lo que sí puede producir, China también tiene problemas. Sobre todo, enfermedades y plagas en sus animales y plantas. Un ejemplo, el reciente brote de peste porcina africana que les ha llevado a sacrificar a millones de cerdos desde 2019, con imágenes que despertaron indignación a nivel global.
“La producción ganadera moderna a gran escala es ambientalmente intensiva y China tiene un entorno vulnerable debido a su alta densidad de población, incluso en el entorno rural, porque las plantas de menor escala no tienen las instalaciones adecuadas para proteger a los animales de las enfermedades”, explica Holly Wang, investigadora en Purdue University en Estados Unidos.
Condiciones que se transforman en problemas y grandes escándalos de seguridad alimentaria también golpean al país. En 2015, se incautó carne vacuna congelada de contrabando ilegal, parte de la cual se descubrió que tenía más de 40 años guardada, en cantidades por valor de unos 483 millones de dólares. También se han detectado numerosos casos de uso en restaurantes de “aceite de alcantarilla”, es decir, aceite usado y reciclado ilegalmente. Escándalos tales que han afectado la confianza de los consumidores chinos en los productos alimenticios producidos en su propio país, por lo cual prefieren lo importado.
Y así, China se volvió dependiente de importaciones de alimentos, que pasaron de 14 mil millones de dólares en 2003 a 104.6 mil millones de dólares en 2017. Se multiplicaron 642 veces. Salió así a buscar insumos fuera porque su propia producción ya no es suficiente para alimentar a una población en crecimiento, con una clase media cada vez más grande, urbana y nuevos hábitos alimenticios.
La nueva China y su expansión
Entre las más de mil millones de personas que habitan China, el consumo de cereales, granos y legumbres ha comenzado a disminuir mientras que el consumo de carne, leche y otros productos alimenticios no básicos ha aumentado. En 1980, el 80% de la dieta estaba basada en cereales, con un 10% de consumo de carnes y un 10% de verduras y frutas. Pero hoy el escenario es muy diferente: sólo el 40% de la dieta son cereales, seguido por carne (30%) y frutas y verduras (30%).
El caso de la soja es quizás el más relevante. De 2000 a 2018, las importaciones pasaron de 2.3 mil millones a 38 millones de dólares, convirtiéndolos en el mayor importador de soja del mundo por un amplio margen. Comprándole, sobre todo, a América Latina y por una razón que parece ilógica: China compra soja para poder comer carne.
Lo explica la experta Margeret Myers: “China tiene una cantidad limitada de tierra y una población en expansión. La clase media prefiere comer carne, especialmente de cerdo y de vaca. Ello disparó la demanda de soja, no para consumo directo, sino para consumo animal, que China reconoce que no puede satisfacer a nivel doméstico”, dice la directora del programa de Asia y América Latina en el think-tank Diálogo Interamericano.
Pero China no es solamente un comprador de alimentos de América Latina, es también un actor con mucha fuerza en toda la cadena agroalimentaria de la región. Aquí las empresas agropecuarias chinas están presentes desde hace más de dos décadas y de diversas formas, compitiendo mano a mano con las grandes norteamericanas y europeas, conocidas como ABCD (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company), que venden todo el paquete para trabajar la tierra, desde la semilla hasta los pesticidas.
El gobierno del actual presidente chino Xi Xinping incentivó a las empresas de su país, muchas de propiedad estatal, a expandirse globalmente para asegurar el suministro de soja (y otros productos agrícolas) y también mejorar su capacidad de controlar los precios de alimentos. Un plan de inversión conocido como “going out” o “going global”.
El primer camino elegido respecto de la agroindustria latinoamericana fue la compra de tierras, tal como habían hecho previamente en África sin mayores problemas. Pero acá, la mayoría de las compras terminó en fracaso. Las inversiones fueron rechazadas por organizaciones sociales y ambientalistas porque los proyectos violaban leyes sobre la titularidad de la tierra. Es incierto el monto de la tierra que han comprado inversores chinos, con estimaciones que van de entre 800,000 a 70,000 hectáreas.
“China necesita expandir su capacidad de producción más allá de sus fronteras y elige hacerlo en América Latina y África”, dice Ignacio Bartesaghi, especialista de la Universidad Católica de Uruguay. “Mientras que en África se metió en las tierras, en América Latina está en toda la cadena de producción y comercialización con grandes empresas, muchas estatales”.
El caso más representativo fue la compra de Nidera, una transnacional de agronegocios, y de Noble, un productor de soja latinoamericano, por la estatal china COFCO en 2014 y 2016 respectivamente
La compra no fue menor. Noble está presente en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en los sectores de la soja, el café, la caña de azúcar, el biodiésel y el algodón, con una infraestructura logística bastante desarrollada. Mientras que Nidera está principalmente en Argentina y Brasil con gran capacidad de almacenamiento y puertos propios para transportar granos, fertilizantes.
No es todo. China sigue comprando empresas de procesamiento como también de transporte, logística y marketing. Destacan los negocios de la estatal china CGC con empresas brasileñas y argentinas como Molino Cañuelas (soja) y las inversiones en la región por las empresas Chongqing Grain Group, Sanhe y China National Heavy Machinery Corporation (infraestructura agrícola). También numerosas compras e inversiones en semillas y en la industria agroquímica, un mercado clave porque China produce el 40% del glifosato utilizado a nivel global. Fue clave en ese sentido la compra de Syngenta, una de las empresas agroquímicas más grandes del mundo, por la estatal ChemChina en 2017.
“Las empresas chinas están emergiendo en la cadena de suministro agroindustrial de América Latina como jugadores competitivos con las empresas multinacionales existentes”, dice la investigadora Holly Wang. “A ello, se suma la inversión china en el transporte de productos agrícolas en la región, que reduce el costo comercial y vuelve a los productos más competitivos en el mercado mundial”.
La marca
Además de comprador, en América Latina, también China se ha vuelto quien presta dinero. Su rol como fuente de préstamos y financiamiento se incrementó significativamente, totalizando 113 mil millones de dólares desde 2003 al presente. Los bancos chinos financiaron, por ejemplo, redes de autopistas y ferrocarriles en toda la región: los trenes Belgrano Cargas en Argentina; numerosos proyectos de maquinaria agrícola en Bolivia; hidrovías en el Amazonas hoy controladas por empresas chinas.
Y sus compras traen divisas, pero también ejercen presiones sobre el territorio, abriendo la puerta a diversos conflictos sociales y ambientales. Porque no sólo están comprando nuestros alimentos, también nuestros recursos hídricos, nutrientes de los suelos y bosques nativos. Incluso, al producir aquí lo que necesita para consumir allá, China está generando mayores emisiones de gases de efecto invernadero en los países de la región. Contamina con las factorías aquí y con el traslado transatlántico.
Para Slipak, experto en las relaciones entre China y América Latina, la región tiene que permitirse discutir otro modelo de desarrollo, que no necesariamente significa el agronegocio. Porque ahora: “La industria no importa, todo pasa por ser los graneros o supermercados del mundo”.
La soja es sin duda lo más importante para China y también uno de los puntos de mayor conflicto. Las compras a productores de nuestra región crecen sin parar desde 1996 y hoy representan un promedio de casi el 60% de todas las importaciones chinas de esa oleaginosa. Miles de toneladas de soja viajan por mares hacia el oriente. Y siete de cada diez kilos salieron de Brasil, en cantidades menores de Argentina y Uruguay.
Se van barcos con granos, quedan problemas. En Brasil, la organización Trase reveló que las importaciones chinas de soja brasileña provocaron la deforestación de 223,000 hectáreas entre 2013 y 2017, equivalente a un área de dos veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Cientos de empresas participan en la cadena de producción de soja brasileña, pero solo seis concentran el 70% del volumen exportado desde la región de Matopiba: Agrex, Amaggi, LD Commodities, Multigrain, Cargill, Bunge y ADM. Es decir, multinacionales. Dinero que no queda en el país. Incluso entre los mayores exportadores de soja a China, con una participación del 7%, hay una empresa… ¡china! (COFCO) .
“La soja es el principal producto agropecuario que la región exporta a China y, por lo tanto, existe casi una ‘dependencia mutua’ entre el país asiático y los países de Sudamérica”, dice María Eugenia Giraudo, investigadora en la Universidad de Durham en Inglaterra. “Una mayor presencia en la región permite incrementar la interdependencia entre ambos y tener un mayor acceso a los recursos producidos en la región”. Es decir, una espiral que parece no tener fin: crece y crece.
Y por el mismo camino de la soja va la carne brasileña. Porque el 44% de la carne vacuna que compra China proviene de Brasil. Bifes, cortes y milanesas que salen, sobre todo, en un 70%, de dos regiones, Amazonas y Cerrado, donde la expansión agropecuaria implica más y más deforestación. Se tiran árboles para poner vacas. Se pierde biodiversidad y aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero.
En 2017, Brasil exportó 1.4 millones de toneladas de carne a diversos países. Carne que para producirse, según estimaciones de la ONG Trase, causó la deforestación de 65,000 a 75,000 hectáreas de bosques nativos, de las cuales 22,000 corresponden exclusivamente a envíos a China. Para que la población china pueda disfrutar platos con buenos bifes, Brasil sacrifica sus bosques. Y la mayor pérdida fue en la región del Amazonas, donde funcionan decenas de mataderos.
Los problemas se repiten en otros países. En Argentina, organizaciones sociales y ambientales alertan por un proyecto de acuerdo comercial con China que duplicaría la producción de carne de cerdo. El plan es instalar 25 plantas productoras en el norte argentino para generar 900,000 toneladas de carne por año. Ello duplicaría las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, demandaría 12,000 millones de litros de agua potable y, sin dudas, igual que en Brasil, significa la deforestación de bosques nativos.
“La instalación de estas granjas de cerdos en las provincias que más deforestaron durante las últimas décadas generará aún más presión sobre los bosques, ya que aumentará significativamente la demanda de maíz y soja para alimentarlos”, alerta Hernán Giardini, experto en bosques e integrante de Greenpeace. “Va a contramano de las medidas necesarias para enfrentar la crisis sanitaria y climática”.
Al acecho
El agua es la otra frontera extractivista para China en América Latina y una muy importante. Durante las últimas décadas, la actividad pesquera china se expandió a nivel global: su flota de barcos de aguas distantes pasó de 1,830 en el año 2012 a casi 3,000 en la actualidad.
China ve a la pesca como una industria estratégica y, por ello, subsidia el combustible de sus barcos de aguas distantes, que son cada vez más grandes y funcionan prácticamente como fábricas flotantes.
Por los mares del mundo, en esas llamadas “aguas distantes”, las naves de bandera roja buscan, sobre todo, el calamar, que luego se consume en China, pero también exportan a Estados Unidos y Europa.
Milko Schvartzman, especialista en conservación marina, estima que, en picos de temporada pesquera, hay más de 300 barcos en el Pacífico Sur, todos chinos, mientras que, en el Atlántico Sur, hay más de 500, la mayoría chinos. Los gobiernos de la región no les otorgan licencias de pesca, pero tampoco un freno, y así los barcos muchas veces se mueven por fuera de los límites nacionales. Incluso, cuando la vigilancia está, pero es poca, rompen esas fronteras imaginarias sobre el agua y compiten con las flotas nacionales.
“Es imposible controlar los barcos a distancia, incluso a través de satélites, ya que desconectan sus sistemas de rastreo. Tenés que estar en el lugar y eso cuesta millones a los gobiernos”, explica Schvartzman. Por eso, los barcos chinos “no respetan la zona de veda ni la temporada. Empiezan a trabajar en diciembre, cuando a la flota argentina se la autoriza a partir de enero”.
En 2019, la empresa china Shandong BaoMa subió la apuesta. Intentó instalar un puerto privado en Uruguay, un lugar donde pudiera recibir a más de 500 barcos por fuera del control del gobierno local. El proyecto, que costaría unos 200 millones de dólares, contemplaba desarrollar una zona franca con puerto, astillero y planta para procesamiento, y congelado de pescado. No se ha concretado, está suspendido por denuncias de organizaciones sociales y ambientales. Suspendido…al menos por ahora.
Cerca de la costa de Ecuador, 340 barcos chinos actualmente rodean las Islas Galápagos, principalmente en búsqueda del calamar. Rondan el archipiélago de 12 islas que es mundialmente conocido por su importancia ecológica: la segunda reserva marina más importante del planeta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero en la visión de los pesqueros chinos, no hay conservación, sino un área de abundantes recursos por la confluencia de corrientes marinas. Un área donde capturar muchos calamares para que se transformen en platillos diversos a miles de kilómetros.
En 2017, un barco chino fue capturado dentro de la zona de protección marítima de Galápagos. Dentro de su bodega, había 7,200 tiburones y otras especies en peligro de extinción. Si bien ahora la flota china pareciera no estar pescando dentro de los límites del Ecuador, su sola presencia y actividad impactan en la zona, ya que el calamar es una parte vital de la cadena alimentaria marina.
Acechan las naves. Como el buque Hong Pu 16, que está ahora frente a la costa de Galápagos. El mismo que ya fue detenido en abril de este año, después de invadir los límites nacionales de Argentina.
“En el hemisferio norte hay más controles y, por eso, no están ahí los barcos chinos -dice el experto Milko Schvartzman-. Vienen a América Latina por falta de voluntad política de los gobiernos, por menos controles y por limitación de recursos”.
Acechan los barcos chinos, como esperando dar un golpe. Parecen dormidos o distraídos, pero no lo están. Acechan todo el tiempo, aprovechando que no hay reglas ni controles. Y mientras tanto, los recursos se van acabando.
No solamente los pescados. También se acaban los nutrientes de los suelos, la pureza de los ríos y la belleza de los bosques nativos de América Latina.
Fuente: La tinta
Ambigüedad: El Gobierno no
suscribe la declaración del Grupo
de Lima sobre Venezuela pero
insiste en la «preocupación» por
los derechos humanos en ese país
Resumen Latinoamericano, 13 de octubre 2020.
El gobierno se desmarcó de la maniobra de utilizar «el informe Bachelet» para acusar a Nicolás Maduro y los principales referentes chavistas ante la Corte Penal Internacional. Además, reiteró que desconoce cualquier autoridad de Juan Gauidó.
El gobierno argentino aclaró hoy que no suscribe el reclamo del Grupo de Lima para que los hallazgos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela sirvan de prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI), y advirtió que no puede «admitirse una vía de acción» sobre ese país que pueda «generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe».
«El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha y Argentina no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país. Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Para la Cancillería, «en primer término la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela», en referencia a Juan Guaidó.
«La Argentina no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global», sostuvo la cartera que encabeza Felipe Solá. Indicó que «en este contexto, preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la ‘restauración de la democracia y el Estado de Derecho'».
«Este llamado a una intervención extrarregional, que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe», añadió.
Respecto de Venezuela, el Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que «comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Argentina reiteró su «apoyo al valioso trabajo que viene realizando Bachelet dentro de Venezuela desde 2019, mediante el registro de testimonios y denuncias, y cuya actualización fue presentada este año en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Argentina confía en la efectividad de los mecanismos de protección desplegados en ese marco».
«Como país receptor de un importante flujo de migrantes venezolanos, Argentina entiende el impacto regional en materia migratoria y reafirma su compromiso con una eficiente respuesta a la crisis migratoria y humanitaria venezolana desde un enfoque de derechos humanos. Argentina ha sido y continuará siendo un país receptor de inmigrantes, manteniendo incólume la igualdad de derechos civiles, sociales y económicos entre nacionales y extranjeros», puntualizó la Cancillería, y añadió que confía en la «gran vocación democrática del pueblo venezolano».
«Creemos que sólo por la vía electoral puede establecerse de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución», añadió.
El Gobierno argentino reiteró que el «rol de la comunidad internacional, en una coyuntura especialmente agravada por la pandemia del COVID-19 y por las sanciones unilaterales y los bloqueos físicos y financieros que repercuten sobre los sectores más necesitados, debe ser el de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes».
«Sólo así será posible hallar una salida política que, en el marco de los mecanismos institucionales y constitucionales vigentes, liderada por los propios venezolanos, lleve en el más breve plazo posible a la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos, a la recuperación de la economía venezolana y al bienestar de su gente», agregó, y aseguró que Argentina «mantendrá siempre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y sostendrá los principios de no injerencia, paz y resolución política y democrática de la crisis venezolana».
Los países del Grupo de Lima reclamaron una investigación «a fondo» y urgente sobre las supuestas «conexiones» del Ejecutivo con el «crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando», y renovaron su respaldo a Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por el Congreso unicameral, además de rechazar las elecciones de diciembre próximo convocadas por Caracas para elegir una nueva Asamblea Nacional.
Exigen justicia por Florencia
Gómez militante feminista
asesinada en Santa Fe
Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2020.
María Florencia Gómez Pouillastrou tenía 35 años y era militante de la Federación Juvenil Comunista, madre de dos hijas y luchadora feminista en el Municipio de San Jorge, provincia de Santa Fe. Su cuerpo sin vida, fue hallado ayer por la tarde a la vera de un camino rural. Por el momento no hay responsables del femicidio y se esperan los resultados de la autopsia. “Llamamos a las organizaciones del campo popular a sumarse al pedido de justicia por Florencia y por todas las compañeras que día tras día nos son arrebatadas por el patriarcado. No descansaremos hasta que se haga justicia por Flor, nuestra Camarada y por todas las pibas: mujeres, lesbianas, travestis y trans que no están”.
María Florencia Gómez Pouillastrou tenía 35 años y era militante de la Federación Juvenil Comunista, madre de dos hijas y luchadora feminista en el Municipio de San Jorge, provincia de Santa Fe. Su cuerpo sin vida, fue hallado ayer por la tarde a la vera de un camino rural.
El fiscal Carlos Zoppegni de la Fiscalía 150 de San Jorge , es quien tiene a su cargo la investigación y expresó a los medios de comunicación que “María Florencia fue brutalmente asesinada y ahora restan los resultados de la autopsia para saber si la víctima fue abusada”.
Según reveló el fiscal en diálogo con el medio San Jorge Virtual, Florencia había quedado en encontrarse con una amiga para salir a caminar. Por eso dejó a sus hijas al cuidado de su ex pareja, el concejal del partido Comunista Lisandro Schiozzi. Al poco tiempo de haber salido de casa, la amiga con la que mantendría el encuentro llamó a Schiozzi para avisarle que aún estaba esperando a María Florencia. Entonces Schiozzi comenzó a llamar a su ex esposa para saber dónde estaba pero no encontró respuesta. Finalmente, hacia las 17hs. la policía le comunicó el hallazgo de un cadáver
Los voceros señalaron que el cuerpo fue reconocido por el concejal Lisandro Schiozzi (Partido Comunista), expareja de la víctima y padre de sus dos hijas, quien fue convocado para tal efecto tras sospecharse que se trataba de Gómez Pouillastrou.
Fuentes de la investigación dijeron que la mujer había dejado a sus hijas de 1 y 4 años al cuidado de Schiozzi luego del mediodía.
Ya en la tarde, una persona que caminaba por la zona rural halló el cuerpo entre unos pastizales, boca abajo, semidesnudo y con una fuerte contusión en el cráneo.
Ante el hallazgo fue convocada la Policía, en este caso de la comisaría 2da. de San Jorge, que preservó el lugar y puso en en conocimiento al fiscal Carlos Zoppegni.
Tras su intervención en la causa, Zoppegni detalló a la prensa local que el cuerpo de la víctima se encontraba «en el camino detrás de la Empresa Provincial de la Energía» (EPE), y que «ella usualmente iba a caminar por ese lugar», si bien «generalmente lo hacía con amigas».
«Criminalística confirmó que fue un homicidio, la causa de muerte fue un fuerte traumatismo de cráneo que puede haber sido producido con una piedra», señaló el funcionario judicial de acuerdo a las declaraciones reproducidas por el sitio El Trébol Digital.
Por su parte, Schiozzi, en diálogo con el canal de noticias C5N, recordó esta mañana a María Florencia como «una militante revolucionaria y feminista» cuyo «crecimiento como militante fue a través de la causa del movimiento de mujeres», en la que tenía una «responsabilidad importante» a nivel provincial.
«Los proyectos que teníamos trazados eran para avanzar en función de eso, de un plan de acción en conjunto y en unidad con todos los sectores feministas que acompañan esta lucha y le ponen el cuerpo todos los días, por eso más allá de toda la emotividad que tiene esto para nosotros, lo que pretendemos es que esta lucha siga y presionemos y les sirva a las compañeras para seguir organizándose», dijo.
Además, la expareja de la víctima explicó que tanto él como la familia de María Florencia aún no tienen novedades por parte de la Justicia, y consideró que «lo importante es que la investigación avance para encontrar al responsable».
Comunicado del Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista, organizaciones en las que participaba Florencia.
El Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista comunican con profundo dolor pero con el firme convencimiento de que se hará justicia, el femicidio de nuestra joven camarada Florencia Gómez del Municipio de San Jorge, provincia de Santa Fe.
Florencia o Flor, como le decíamos, era militante de nuestra organización y una aguerrida activista feminista, furiosa abolicionista que formaba parte de la Comisión de Géneros de nuestra juventud. Era parte de la dirección política de nuestra organización, transformando la realidad social en su Municipio a través del activismo territorial.
Luchaba día a día contra las opresiones que imponen el patriarcado y el capitalismo en todas sus formas; en pos de un mundo mejor “donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”.
En horas de la tarde recibimos la terrible confirmación de que nuestra Camarada había sido asesinada. El crimen de Florencia fue un femicidio. Un crimen político en manos del patriarcado. Se encontró su cuerpo tendido en la tierra por la que ella tanto luchó, en su cuerpo los rastros de la violencia del patriarcado en su expresión más dolorosa y despiadada.
Los medios hablarán del modo en el que se encontró, nosotrxs elegimos hablar de su historia, de su vida y de su lucha. Desde allí exigimos justicia.
Atravesadxs por el dolor, nos secamos las lágrimas en el camino de reclamar Justicia organizando la rebeldía que tantas veces la hizo sonreír.
En la causa Interviene la fiscalía 150 de San Jorge a cargo del Dr. Carlos Zoppegni.
Reclamamos la aplicación de todo los protocolos que garanticen una investigación transparente y efectiva. Desde el momento que nos enteramos del hecho comienza nuestra lucha por el esclarecimiento del femicidio de nuestra camarada y exigimos una investigación rápida para encontrar a los responsables.
Nos ponemos a disposición y acompañamos a su familia, a nuestrxs camaradas y a Lisandro Schiozzi, concejal de San Jorge en estos momentos de dolor e impotencia. Abrazamos a su familia, porque somos parte de ella. Llamamos a las organizaciones del campo popular a sumarse al pedido de justicia por Florencia y por todas las compañeras que día tras día nos son arrebatadas por el patriarcado.
Desde el Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista, no descansaremos hasta que se haga justicia por Flor, nuestra Camarada y por todas las pibas: mujeres, lesbianas, travestis y trans que no están.
Que su crimen no borre su historia, su crimen como el de todas las pibas es bandera de rebeldía.
Proponen suspender desalojos de
tomas, crear un Banco Nacional
de Tierras y plan de viviendas
populares
AnRed / Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2020.
Foto: Germán Romeo Pena (ANRed)
Este lunes se realizó un pre encuentro por la tierra y la vivienda en la toma de tierras de Guernica, donde desde julio 2500 familias ocupan 100 hectáreas ociosas para construir viviendas dignas. De la jornada participaron delegaciones de 28 asentamientos y recuperaciones de tierra de toda la provincia de Buenos Aires, con la presencia de 400 vecinos y vecinas. En una declaración conjunta propusieron la suspensión por seis meses de los desalojos de tierras ociosas ocupadas en todo el país por personas que no poseen ni tierra ni vivienda; el rechazo al inminente desalojo en Guernica, fijado para este jueves 15; la implementación del proyecto por los y las vecinas de urbanización de tierras a partir de la ley 14.449, que dispone la cesión del 10% para el loteo social de los grandes emprendimientos inmobiliarios; la constitución de un Banco Nacional de Tierras para conocer la cantidad de tierras ociosas y fiscales que pueden destinarse a la tierra para loteos sociales; un plan de entrega de tierras a familias con salarios menores a la canasta familiar, mediante el pago de una cuota menor al 10% del salario mínimo vital y móvil; un plan de urbanización y de vivienda popular; y la urbanización de las villas y asentamientos bajo control de los vecinos afectados. El jueves se realizarán cortes en varios puntos de la provincia y del país contra el desalojo en Guernica.
El pre encuentro por la tierra y la vivienda se realizó este lunes 12 de octubre en la toma de tierras que llevan adelante 2500 familias desde julio en la localidad de Guernica, al sur del conurbano bonaerense, para acceder al derecho a la tierra y la vivienda dignas. Contó con delegaciones de 28 asentamientos y recuperaciones de tierra, y la presencia de 400 vecinos y vecinas, que deliberaron en siete comisiones que debatieron la problemática legal, urbanística, de género, juventud, migraciones, organización y política.
Luego, por la tarde, realizaron un plenario general, donde acordaron una declaración general, en la que definieron la “suspensión por sietes meses de los desalojos de tierras ociosas que han sido recuperadas en todo el territorio nacional por personas que no poseen ni tierra ni vivienda”; el “no al inminente desalojo de Guernica, implementación del plan y del proyecto presentado por los vecinos de urbanización de tierras a partir de la ley 14.449”; el “cumplimiento irrestricto de la ley 14.449 de cesión del 10 % para el loteo social de los grandes emprendimientos inmobiliarios”; la “constitución de un Banco Nacional de tierras para para conocer y dar a conocer exactamente la cantidad de tierras ociosas y fiscales que pueden ser destinadas a la tierra patra loteos sociales y para la vivienda única, para los que la necesiten”; “establecer un plan de entrega de tierras a familias con salarios menores a la canasta familiar mediante el pago de una cuota menor al 10% del salario mínimo vital y móvil”; la realización desde el Estado de “un plan de urbanización y de vivienda popular”; una “ley de impuesto progresivo a la vivienda y las tierras ociosas, partiendo de las extensiones de más de una hectárea y de la vivienda mayor a mil metros cuadrados, progresivo para que financie la construcción de viviendas sociales”; la “urbanización de las villas y asentamientos bajo control de los vecinos afectados”.
Foto: Germán Romeo Pena (ANRed)
Además, anunciaron la posibilidad de realizar una jornada nacional de lucha por tierra y vivienda para fines de octubre, a ser refrendada en las asambleas de recuperaciones de tierra, y ratificaron el plan de lucha por Guernica, toma sobre la cual pesa una orden de desalojo para el próximo jueves 15, por lo que impulsarán una vigilia en el lugar desde el miércoles a las 17 y la realización de cortes en todo el país para el día que se realice el desalojo.
Envio:RL
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