15 de octubre de 2020
Una tribuna esquiva, pero sin peso
De visitante: Alberto Fernández abrió el Coloquio virtual de IDEA
Imagen: Prensa IDEA
La decisión del presidente Alberto Fernández de aceptar la invitación al Coloquio de IDEA no sólo quiebra una línea de faltazos históricos del peronismo al convite, sino que además muestra cierta habilidad para entender que, en política, siempre es mejor jugar en todas las canchas. Como organización empresaria, IDEA tuvo una mutación al macrismo notoria y no disimulada, que puso al evento en el rol de plataforma de aval y campaña del partido de Mauricio Macri. En ese terreno jugó el presidente y hará lo propio, el próximo viernes, el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Desde el 2015 a esta parte, también alimentado por el ninguneo del kirchnerismo al Coloquio, no sólo fue IDEA una tribuna franca de militancia PRO, sino que además acentuó un problema serio: ante estas posiciones políticas tan marcadas, los dueños, los que pagan salarios y representan el poder real en la Argentina, se corrieron del evento que suele llevarse a cabo en el Hotel Sheraton de Mar del Plata. Así, se configuró una tierra de gerentes, más que nada de multinacionales de servicios que, en general, tienen un discurso bien distinto al de los patrones.
Alguna vez, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiso reactivar sus nexos empresarios y dejó una frase: “quiero hablar con los titulares”, disparó. De un tiempo a esta parte, y salvando casos muy aislados, juegan allí buenos suplentes, pero suplentes al fin. Una de esas excepciones, un debate entre Paolo Rocca, pope de Techint, y Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre. Lo más elevado de los últimos cinco coloquios.
En cuanto a la política, el último peronista que asistió al Coloquio fue el entonces ministro Roberto Lavagna, pero ya en su momento de claro enfrentamiento con Néstor Kirchner y un tiempo antes de salir del gobierno. Luego, estuvo cerca de participar Martín Insaurralde, en las legislativas en las que cayó derrotado por Sergio Massa, hoy ambos dentro del Frente de Todos. Naturalmente, también espanta el clima ultra militante. Un caso, en la última edición con presencia física, la del 2019, la titular de LATAM y directiva de IDEA, Rosario Altgelt, entrevistó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con tal tono militante que hubo cuestionamientos de los propios socios.
En IDEA, Vidal fue, incluso, más mimada que Macri, quien en ese mismo Coloquio pegó el faltazo aduciendo su tour federal para dar vuelta la elección, y recibió un gesto inédito: durante el cierre que protagonizó por videoconferencia, el salón quedó a la mitad de su capacidad.
Muro de los lamentos
En este último Coloquio virtual hubo un hecho que expone lo antes relatado. Esa tribuna dispuesta a jugar un rol político fuerte, casi ideológico, que incluso se corre del respeto a las investiduras, lejos de aquella amabilidad con Cambiemos. Mientras exponía Fernández, se dispuso un muro para comentarios de los empresarios en vivo.
Los cruces al presidente son el reflejo de la situación. Cuadros de bajo vuelo que confrontan con críticas virtuales. Esa misma lógica es la que alejó de IDEA a los dueños. Del total de mensajes, la mayoría son impublicables por el nivel de virulencia. Y algunos, como el sindicalista judicial, Julio Piumato, parecieron no saber que ese muro era público, a la luz de las críticas expuestas.
En IDEA, los que mueven los hilos económicos y hacen política están lejos. Es clásica la crítica al Coloquio de los dirigentes de la Unión Industrial (UIA), al igual que algunos de los popes que conviven en la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Naturalmente, este escenario fue, es y será hostil para el Frente de Todos, cualquiera sea la política que implemente. Si el Círculo Rojo fuera mensurable en relación a variables políticas, debería decirse que, hoy, IDEA sigue siendo un polo corporativo más afín y militante de Cambiemos que uno crítico del gobierno de turno.
Acuerdo por seis meses en la reunión del Consejo del Salario Mínimo
Aumento del 28 por ciento
en el salario mínimo
El Gobierno acordó una suba del salario mínimo del 28 por ciento en tres cuotas: 12 por ciento en octubre, 10 por ciento en diciembre y 6 por ciento en marzo. La condición para el acuerdo fue que el Consejo del Salario Mínimo que agrupa a centrales sindicales y cámaras empresariales que se reunió ayer, vuelva a convocarse en abril del año próximo, cuando se espera que la pandemia sea cosa del pasado y puedan proyectarse algunas variables como inflación y paritarias con una mayor certeza. Con el aumento, el salario mínimo, que desde septiembre del año pasado estaba fijado en 16.875 pesos, se elevará a 21.600 a partir de marzo.
El acuerdo llegó luego de una negociación que se cerró por la mañana, en el encuentro de la mesa técnica del Consejo. Allí, las cámaras empresariales plantearon un incremento del 23 por ciento, sin precisar hasta cuándo abarcaría. La CGT y la CTA que encabeza Hugo Yasky respondieron por una suba del 30 por ciento. Fue el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien les convino a cerrar en torno al 28 en tres tramos porque, les explicó, el Estado no estaba en condiciones de seguir aportando más.
Es que buena parte de la ayuda social está atada al monto del salario mínimo, por lo que su suba termina influyendo más en el gasto estatal que en el de los empresarios e industriales cuyos convenios colectivos casi no tienen relación con este esquema. "Estamos pagando 9 millones de IFE, el ATP, todos los gastos sanitarios que demanda la pandemia, más todo el resto de la ayuda social", argumentó Moroni ante los sindicalistas, que entonces aceptaron limitar la demanda al 28 por ciento con la condición de reabrir las conversaciones en abril.
Con ese preacuerdo llegaron a la reunión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil -tal su nombre completo- convocada para la tarde en el formato virtual que demandan los tiempos. "A todos nos duelen la cifras de la pobreza, el tema es cómo lo vamos a resolver. Resolverlo para nosotros, para este gobierno, es ni más ni menos que actuar a favor del empleo y a favor de la producción. Allí es donde nosotros queremos seguir trabajando", señaló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su mensaje durante la reunión. Cafiero destacó que se hubiera podido llegar a un rápido acuerdo entre las partes. "Para nosotros es central, a la hora de dar un mensaje de toda dirigencia del Estado, de los trabajadores y de los empresarios. De cómo queremos que la Argentina transite el camino de la reconstrucción", señaló.
Aunque por primera vez se tratará de un acuerdo "corto", de seis meses, que significará una suba total de 4.725 pesos. En los últimos tres años, durante el gobierno de Mauricio Macri, no había existido consenso y fue el Ministerio quien terminó definiendo la cifra. En esta ocasión hubo acuerdo pero Daniel Funes de Rioja, en representación de la UIA, no dio como un hecho que en el primer tramo del año se otorgará un nuevo aumento, sino que solamente se reunirán de nuevo para evaluar la situación. Para abril, evaluaban los sindicalistas, se conocerá el índice de inflación correspondiente a este año tan complejo y se habrán cerrado las primeras paritarias, que son las que marcan la tendencia general. Entonces tendrán más en claro cuál es el porcentaje que corresponde elevar el salario mínimo.
El ministro Moroni celebró la continuidad del Consejo, al que calificó como una "institución fundamental". El acuerdo fue aprobado por 31 votos a favor contra 1 en contra, la solitaria posición que adoptó la CTA Autónoma que conduce Ricardo Peidró, que por primera vez participó del cónclave. También lo hizo la CTEP, de los trabajadores de la economía popular, aunque sólo en calidad de invitados, sin voto.
Además de Cafiero y Moroni, por el Gobierno participó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en tanto la delegación de la CGT estuvo integrada por Daer, Julio Piumato, Víctor Santa María, Jorge Sola, Noemí Ruiz, Antonio Caló, Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Sergio Romero y José Luis Lingeri. Por las principales cámaras patronales lo hicieron la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, CRA, Came y las Pymes.
En Gobierno estaban satisfechos porque habían imaginado un acuerdo más fatigoso, que probablemente demorara más de un día para el cerrarlo. No fue necesario. Ahora restaba determinar también cómo será la actualización del seguro por desempleo, que seguramente se tratará en los próximos días. "En lo único que fue eficaz Macri fue en bajar el costo laboral. Se lo reclamaron los grupos económicos y él cumplió", ironizó Yasky en su participación en el encuentro. Daer coincidió. "En los últimos años este salario se fue para abajo porque perdió incluso con la inflación", recordó el jefe cegetista.
Calcularon en 25 por ciento la pérdida de valor del salario mínimo durante el macrismo y que se debía apuntar a un ideal que fuera que llegara a cubrir la canasta básica familiar, que es de 46 mil pesos. Pero para eso hacía falta un aumento de 225 por ciento que, en estas circunstancia, se veía poco realista. Justamente, ese fue el monto en el que se plantó Peidró, de la otra CTA, por lo que fue el único voto en contra del consenso. Además, avisó que acudiría a la OIT para plantear "discriminación" porque no fue invitado a participar de la reunión técnica de la mañana, donde se resolvió el aumento.
El salario mínimo impacta en las jubilaciones mínimas, en el programa ATP y, en menor medida, en el salario básico docente que debe ser al menos un 20 por ciento superior. En el sector privado, principalmente en los convenios de salarios más bajos y en los que no tienen cobertura. El último aumento se había producido en septiembre de 2019, cuando el entonces ministro Dante Sica, ante la falta de acuerdo, lo subió de 12.500 a 16.785 pesos, también en tres cuotas.
La queja de los movimientos sociales
Organizaciones sociales referenciadas en partidos de izquierda marcharon por el centro porteño mientras se desarrollaba la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Los manifestantes reclamaron que el salario alcance el costo actual de la canasta básica y la implementación, entre otras, de un plan de viviendas populares.
Sin embargo, el Consejo del Salario acordó un incremento del 28 por ciento que se abonará en tres tramos a partir de este mes y hasta marzo. Los trabajadores de las organizaciones sociales tienen sus ingresos atados al salario mínimo. En la actualidad, según señalaron, cobran 8500 pesos que los deja muy por debajo de la línea de indigencia.
Marianela Navarro, referente de Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), señaló en una entrevista radial que "nosotros como trabajadores de las cooperativas somos 500.000 en todo el país, pero además a nuestro pliego se le incorpora otra demanda que es que 9 millones de trabajadores han quedado sin cobrar el IFE este mes, sin poder ingresar a los programas de empleo tampoco”, aseguró la dirigenta del FOL.
"Las organizaciones sociales y piqueteras que no fuimos cooptadas por este y por los anteriores gobiernos reclamamos por Trabajo Genuino mediante la obra pública y un plan de viviendas populares y en la emergencia el aumento del salario mínimo a la canasta básica", señaló el Polo Obrero en un comunicado
Pagará parte de los salarios de los empleados
El Gobierno asistirá a
empresas que reestructuren
sus deudas
Imagen: NA
El Gobierno pagará la mitad de los salarios, cifra que puede llegar hasta el 75% de la masa salarial, de los empleados de las empresas que inicien un proceso de reestructuración de sus deudas. Aquellas empresas que ya reciben el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) podrán acceder al pago de la totalidad de los sueldos de sus empleados.
A través de la resolución 551/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo publicada en el Boletín Oficial, se creó el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos.
La resolución precisó que este programa atenderá a empresas que registren más de 500 empleados en relación de dependencia; se encuentren en una situación económica o financiera con necesidad justificada de reestructuración de sus pasivos; y vendan bienes o servicios con alto contenido tecnológico o realicen exportaciones con alto valor agregado.
También indicó que la asistencia consistirá en Aportes No Reembolsables (ANR) que las empresas beneficiarias deberán destinar al pago del 50% de la masa salarial bruta que permita el funcionamiento de la empresa durante dicho proceso. En casos debidamente justificados, el Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) podrá aumentar los ANR para cubrir hasta el 75% de la masa salarial bruta.
La asistencia financiera será mensual y estará condicionada al cumplimiento de los objetivos y etapas del proyecto de reestructuración de pasivos. Los proyectos y la asistencia mensual tendrán una duración máxima de cuatro meses, pudiendo ser prorrogados excepcionalmente por el Comité Ejecutivo del Fondep, previa propuesta del Comité del Programa, por dos meses adicionales a solicitud fundada de la empresa.
Los requisitos para acceder al programa
Las empresas solicitantes deberán presentar un proyecto de reestructuración de pasivos, detallando un análisis de la situación económica financiera de la empresa; y una explicación detallada de las razones que han llevado a la empresa a optar por una reestructuración de sus pasivos.
También deberá incluir una explicación sobre la reestructuración de pasivos que se propone realizar; una justificación detallada de la sostenibilidad de los pasivos y de la viabilidad del plan de negocios de la empresa tras la reestructuración; y las etapas del proceso de reestructuración y de solicitud de asistencia y sus plazos previstos.
Además, tendrán que presentar una estimación de los desembolsos mensuales destinados a garantizar el funcionamiento de la empresa considerando los gastos vinculados a la reestructuración hasta tanto concluya el proceso de reestructuración de pasivos.
Del mismo modo, los últimos tres estados contables de la empresa y copia de las declaraciones juradas de impuestos nacionales y provinciales correspondientes a los últimos tres ejercicios fiscales; y un listado de acreedores.









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