1 de diciembre: Día Mundial del VIH y el Sida
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2020.
En este año, atravesado por la pandemia de COVID-19 y después de un año de volver a tener Ministerio de Salud, las personas con VIH afirmaron: “Nuestros derechos no se negocian. No hay más tiempo para tratar el proyecto para una nueva ley de VIH en nuestro país”.
Reproducimos comunicado de la Fundación GEP:
Desde 2008, Argentina está en una meseta epidemiológica: todos los años hay alrededor de 5500 nuevas notificaciones de personas con VIH y todos los años mueren alrededor de 1500 personas por enfermedades relacionadas con el VIH.
En el documento del Observatorio de Acceso a Medicamentos de Fundación GEP pudimos sistematizar hallazgos importantes: hemos constatado que, este año, el precio de los medicamentos aumentó más que la inflación; un 84% en promedio, aunque hay algunos que llegaron a aumentar un 1300%, como es el caso de la combinación tenofovir-emtricitabina, del laboratorio Elea.
En los últimos ocho años más del 80% del presupuesto ha sido destinado a la compra de tratamientos y este año el porcentaje fue de 89%” dijo José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP. Esto impide que puedan llevarse adelante políticas complementarias relacionadas con la prevención, la atención integral adecuada, el seguimiento de tratamientos y la contención social, entre otras necesidades que han quedado insatisfechas.
“Es imposible revertir la meseta de transmisiones y muertes anuales sin campañas desde el Estado que posibiliten el acceso a la información y a la prevención, como así también garantizar el acceso a los tratamientos”, agregó José María Di Bello
A pesar de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud mejoró la planificación y previsibilidad de las compras de tratamientos con respecto a años anteriores, en los que ni siquiera el país contaba con dicha cartera. Sin embargo, nos preocupa que la Dirección de respuesta al VIH hoy no cuente con stock suficiente de algunos medicamentos clave para garantizar la continuidad de los tratamientos de miles de personas.
El viernes 27 de noviembre pasado, la Dirección de respuesta al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis llevó a cabo una presentación pública de la Dra. Cecilia Santamaría, que fue nombrada para hacerse cargo del área, después que quedara acéfala por la renuncia de Sergio Maulen en octubre pasado.
En dicha presentación, las organizaciones expresamos la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado desde 1994 en la cumbre de París: la participación y el involucramiento de las personas afectadas y la sociedad civil en el diseño y definición de las políticas públicas para lograr una real y efectiva respuesta integral al VIH que permita disminuir los nuevos diagnósticos y el acceso universal a los tratamientos.
Hace más de dos meses, el 25 de septiembre de 2020, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, del que Fundación GEP forma parte, ingresó por tercera vez a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto revisado para una nueva ley de VIH, Tuberculosis, Hepatitis virales e ITS, que busca generar y consolidar políticas públicas que garanticen los derechos de las personas afectadas por esas enfermedades y a la población general, y así superar las deficiencias de la actual ley de VIH/SIDA que ya ha cumplido 30 años de vigencia. Necesitamos de políticas integrales e interseccionales para abordar las temáticas asociadas a las enfermedades.
Este martes por la noche, las organizaciones que integramos el Frente, realizarán proyecciones sobre la fachada del Congreso Nacional exigiendo el tratamiento urgente del Proyecto de Ley.
El Informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos a partir del análisis de las compras públicas de medicamentos antirretrovirales que hizo la Dirección de respuesta al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis en los años 2019 y 2020, recomienda la apertura de licitaciones públicas en las cuales puedan participar múltiples oferentes y generar competencia que permita bajar el precio de los medicamentos. Es imperioso que la Dirección trabaje en garantizar el acceso a medicamentos a precios asequibles para la optimización del uso de los recursos públicos destinados al VIH.
La pandemia de COVID-19 dejó todavía más en evidencia el accionar abusivo de las empresas farmacéuticas que se han empeñado en conservar sus privilegios y negocios frente a la Salud del pueblo. “La necesidades urgentes que enfrentamos en materia de acceso a las tecnologías médicas merecen decisiones políticas asertivas y proporcionales por eso Fundación GEP en conjunto con cientos de organizaciones de todo el mundo está haciendo un llamado a los líderes polìticos de alto nivel y presidentes de los Estados miembro de la Organización Mundial del Comercio que dispongan una suspensión temporaria de los derechos de propiedad intelectual sobre tecnologías para COVID-19 mientras dure la pandemia”, dijo al respecto Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación GEP.
“Los Estados deben tener la libertad de ejercer la soberanía sanitaria sin monopolios con el fin de garantizar el Derecho a la Salud de sus pueblos, máxime en el marco de una pandemia con características excepcionales como la que la humanidad atraviesa”, agregó Di Giano.
Por todo esto, decimos:
¡Basta de monopolios sobre nuestra Salud!
¡Nuestra Salud no es una mercancía!
¡Ley de VIH, Hepatitis virales, ITS y Tuberculosis, YA!
¡No hay más tiempo!
Fuente: RedEco
“La única herramienta concreta que tenemos es la gente en la calle mostrando que las mineras no tienen licencia social»
Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2020.
En Chubut pareciera que nadie duerme. Hace un tiempo que el pueblo viene saliendo periódicamente a las calles. «Enredando las mañanas» conversó con Martín Vallejos, integrante de la Asamblea Comarcal Contra el Saqueo, para hablar sobre lo que está pasando la provincia de Chubut en la lucha contra la megaminería. «El gobernador Mariano Arcioni comentó públicamente que iba a presentar el proyecto de zonificación a la legislatura provincial, lo que provocó la movilización masiva de miles de personas ‘movilizó en todas las ciudades y pueblos de la provincia», señala el entrevistado. A pesar de ello, agrega: «el proyecto se presentó igual, pero en las calles igualmente se está alcanzado una fuerza muy importante que hace que empiece a quebrarse el grupo de poder que está queriendo imponer la megaminería en Chubut».
En Chubut pareciera que nadie duerme. Hace un tiempo que el pueblo viene saliendo periódicamente a las calles y la entrevista inició indagando acerca de los motivos: “al principio fueron rumores de que el gobierno provincial iba a presentar un proyecto de zonificación minera para la provincia”, relata Martín pero, agrega que «esto después se confirmó en una reunión promovida por la Secretaria de Minería y el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Alberto Hensel y Matias Kulfas (respectivamente), las dos figuras principales que están empujando fuertemente para que se lleve puesta la ley que nosotres tenemos en Chubut que prohíbe la explotación minera en todo el territorio».
Posteriormente, el gobernador Mariano Arcioni comentó públicamente que iba a presentar el proyecto de zonificación a la legislatura provincial, lo que provocó la movilización masiva de miles de personas: “movilizó en todas las ciudades y pueblos de la provincia”, señala el entrevistado. A pesar de ello, agrega: “el proyecto se presentó igual, pero en las calles igualmente se está alcanzado una fuerza muy importante que hace que empiece a quebrarse el grupo de poder que está queriendo imponer la megaminería en Chubut”.
En el año 2003, la lucha histórica del pueblo de Esquel, con su “No a la Mina” derivó en la sanción de la ley 5001, que, en su artículo 1º, prohibió la explotación minera metalífera a cielo abierto en toda la provincia y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. Martín recordó como el grado de movilización alcanzado por este “pueblo cordillerano, amenazado por un proyecto extractivo de oro”, implico después un plebiscito no vinculante, pero en el que más del 80% de la población local “se expresó en contra de ese proyecto y de allí nació la ley 5001”. El artículo 2º de la ley, cuenta el entrevistado, previa la determinación, en 120 días, de una zonificación minera a cargó del Consejo Provincial de Ambiente, que, a 17 años de la sanción de la ley “aún no se ha realizado, y ahora, sin embargo, están queriendo avanzar con ello”.
Por estas razones, expresa Martin, desde las asambleas “venimos trabajando largamente en un proyecto de ley por iniciativa popular para prohibir definitivamente todas las actividades del proceso de explotaciones minera, porque al día de hoy hay varias empresas que están haciendo exploración, con más de 700 cateos mineros en la provincia”. Esto implicaría, para el entrevistado, “la destrucción de todo el territorio provincial” de permitirse la habilitación de la explotación. Este proyecto ya tuvo un antecedente en el año 2014, y “básicamente prohíbe todas las diferentes etapas del proceso minero y prohíbe muchísimas más sustancias, no solamente el cianuro” aclara el entrevistado, y ya fue presentado con más de 30 mil firmas de ciudadanas y ciudadanos de toda la provincia, “cuando el requisito mínimo era 13 mil firmas”.
Entre sus últimas intervenciones, Martin nos apunta que en todas las movilizaciones “es el pueblo el que está en la calle, con marchas donde hay más de 1000 personas en localidades donde no llegamos a 15 mil personas” y teniendo en claro que “la única herramienta concreta que tenemos es la gente en la calle mostrando que las mineras no tienen licencia social”. Algo a destacar de cada territorio, prosigue el entrevistado, es la alianza entre las asambleas y las comunidades mapuche y mapuche-tehuelche, dado que la mejor forma de defender el territorio es con la gente de la tierra, y aquí estas comunidades viene llevando una lucha por recuperar los territorios y desde ahí protegerlos. “Elles los que están poniendo los cuerpos en el territorio contra todas las estrategias que tienen las mineras para intentar obtener algún tipo de licencia social, que de por si nunca tienen. porque nadie está dispuesto a dejarse morir por 2 pesos con 50” cierra Martin.
Fuente: AnRed
Aborto legal: como hace dos años,
Diputados dio el primer paso para
que sea ley
Por Verónica Benaim, Resumen latinoamericano, 1 diciembre de 2020.
Crónica de la jornada inaugural con exposiciones a favor y en contra, en un clima de respeto. “Este no es un debate exprés”, resumió Cecilia Moreau. El oficialismo espera que el Ejecutivo subsane un error técnico para obtener dictamen y llevar el proyecto a sesión.
Con exposiciones moderadas, en un clima con menos mística que hace dos años debido a la virtualidad por el contexto, se vivió este martes en la Cámara de Diputados la primera parte de la jornada de expositores que debatieron en el plenario de comisiones a favor y en contra del proyecto de ley del ejecutivo de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Por la reunión, de manera telemática, pasaron 20 expositores que tuvieron, como hace dos años, siete minutos para expresar sus posturas. En el Salón Delia Parodi los escuchaban de manera presencial los presidentes de las comisiones de Legislación General (cabecera) Cecilia Moreau, Mónica Macha de Mujeres y Diversidad, Carolina Gaillard de Legislación Penal y el único legislador que participó de manera virtual fue el tucumano Pablo Yedlin, titular de Salud. También participaron sus vices de Juntos por el Cambio, Carla Carrizo de Legislación Penal, Silvia Lospennato, Marcela Campagnoli y Carmen Polledo, estas dos últimas en contra del proyecto del Ejecutivo y representantes del sector celeste antiaborto. PUBLICIDAD
Mientras se desarrollaba el primer debate, Tiempo pudo comprobar que se quitaron las pantallas del recinto que fueron colocadas cuando comenzó el aislamiento social y obligatorio por la pandemia, para poder sesionar de manera mixta (unos 47 diputados de manera presente y el resto conectados por VPN). Con el protocolo de trabajo remoto vencido el 30 de noviembre, esto indica que el tratamiento del IVE en la Cámara que preside Sergio Massa será de manera presencial.
Durante la jornada se pretendió dar un tratamiento respetuoso y responsable. El oficialismo no sólo quiere llevar el debate sin conflictos teniendo en cuenta el termómetro social de los grupos en contra de legalizar la práctica sanitaria en el país sino también cuidar la unidad dentro del bloque del Frente de Todos, donde Moreau es la vicepresidenta teniendo en cuenta que dentro del mismo espacio hay diputados con una postura contraria a los que apoyan al sector de los pañuelos verdes.
Por otro lado, también a algunos llamó la atención el error técnico del gobierno nacional al prorrogar las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre. Y es que el reglamento obliga a las comisiones a emitir dictamen diez días antes del vencimiento de la prórroga, por lo que se alteraría el cronograma que se diagramó, incluso por resolución, para el tratamiento y el dictamen que sería este viernes. En este sentido, en diálogo con la prensa, Cecilia Moreau confirmó que «en cuanto el Ejecutivo mande la rectificación de la prórroga de sesiones vamos a dictaminar. Este no es un debate exprés». Las diputadas sororas esperan que Alberto Fernández haga la extensión del período ordinario hasta el 14 de diciembre.
fuente: Tiempo Argentino
Envio:RL
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