31 de diciembre de 2020
La medida regirá hasta el 1 de marzo del año próximo
Cerraron la exportación de maíz
Imagen: Alejandro Elías
El gobierno suspendió temporariamente la exportación de maíz hasta el 1 de marzo de 2021, cuando arranca formalmente la nueva campaña 2020/21 del cereal. “Esta decisión se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”, justificó el Ministerio de Agricultura. El maíz pisingallo queda exceptuado de la medida.
Los números oficiales marcan que a la fecha se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la presente campaña 2019/20 sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas. Es decir que ya se vendió al exterior casi el 90 por ciento de lo que se preveía. En Casa Rosada explican que en función de la dinámica alcista de los precios internacionales, el mercado de exportación se movió más rápido de lo esperado y que hace unas semanas se venía prendiendo la luz amarilla.
En cambio, desde al agro advierten que la previsión de las 38 millones de toneladas de exportación ya contemplaba las necesidades del mercado interno (que asciende a unas 20 millones de toneladas) y recuerdan que la presente campaña del maíz fue récord, superando incluso a la soja. Aseguran que el abastecimiento no estaba en juego.
Por su parte, la industria que utiliza el maíz como insumo viene planteando que más allá de que en los números globales no haya un faltante, en lo concreto se viene dificultando la compra porque acopios y productores especulan para venderlo más caro.
La medida no afecta al maíz que ya fue declarado para la exportación pero que todavía no fue embarcado. En cambio, sí frena las operaciones de autorización de exportación que se tramitan mediante las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para los meses de enero y febrero. También se puede declarar exportaciones a partir de marzo.
Más allá de la polémica sobre en qué medida el mercado interno va a estar bien abastecido o puede llegar a quedar corto, hay un efecto precio en cuyo análisis todos los actores (gobierno, agro e industria) coinciden, aunque tengan posturas opuestas. La medida de restringir exportaciones durante el verano hace de contención de los precios en el mercado interno, porque amplía la oferta, en un contexto internacional de suba de todos los commodities del agro. El maíz forma parte de la ecuación de costos de buena parte de los alimentos que se consumen en el país, porque se usa para la alimentación del ganado y para la molienda. Así, la medida en principio favorece a los consumidores y a la industria pero perjudica a los productores y cerealeras.
Las reacciones
"El objetivo de la medida es que las 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano cuando la oferta de cereal tiende a escasear. Eventualmente, esta cartera evaluará la reapertura del registro”, informó la cartera de Agricultura.
Desde la entidad del agro Maizar indicaron que "este tipo de medidas erosionan fuertemente la confianza y conducen a que inmediatamente se retraiga la producción y las inversiones, situación que llevará indefectiblemente a mayores precios para los consumidores y menos trabajo. El cierre de los mercados logra un efecto contrario al deseado, medidas similares en el pasado dieron como resultado una brutal caída del área sembrada con el cultivo, perjudicando no solo a la producción sino a toda la cadena de valor".
En tanto, Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), indicó que "esperemos que la medida dé resultado. Hace 90 días que está siendo difícil poder conseguir maíz. El grano está, pero el productor no quiere vender quedarse con los pesos. La cantidad de 4 millones para lo que queda de la campaña parece normal, pero no hay flujo de ventas. Al cerrar la exportación hasta marzo, se debería descomprimir un poco el mercado interno".
El ministro de Salud, Ginés González García, entrevistado por Página/12 horas después de la histórica aprobación del Senado
Ley IVE: "El desafío grande va a ser la aplicación"
“Esa va a ser la batalla que se viene”, anuncia el ministro de Salud, Ginés González García, en una entrevista con Página/12, y se refiere a la implementación de la flamante ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en la madrugada del miércoles por el Senado, en una votación histórica. Ahora le toca al Ejecutivo la promulgación –con un veto parcial en dos artículos, compromiso asumido para sumar apoyos- y luego la reglamentación, en la que participarán varios ministerios, entre ellos el que encabeza GGG. “El desafío grande, además de estos pasos necesarios y burocráticos, va a ser la aplicación, teniendo en cuenta las dificultades que hemos visto en los últimos años con la interrupción legal de embarazo, que era parcial y ahora será ser más amplia”, advierte el funcionario y espera que la militancia feminista se involucre y sea parte de ese proceso, del mismo modo que fue pieza clave para la sanción. “Todo el movimiento que hay detrás de esta ley va a ser protagonista también en la implementación”, afirmó.
“Fue un día maravilloso para mí porque empezó la vacunación y se aprobó esta ley: el 29 de diciembre quedará como un día muy importante en mi vida”, dice y se ríe. La conversación es telefónica, desde su despacho. GGG fue el primer ministro de Salud que habló del aborto como problema de salud pública ya en 2003 , quien por entonces puso en marcha el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que empezó a comprar anticonceptivos para que lleguen gratuitamente a la población. En 2004 pedía que se imparta educación sexual en las escuelas para prevenir los embarazos no deseados y así los abortos practicados en la clandestinidad. El primer protocolo de atención de la ILE del Ministerio de Salud de la Nación se redactó hacia fines de 2007, en el último tramo de su gestión como ministro durante el Gobierno de Néstor Kirchner. Buscó dar certidumbre a los equipos médicos que tenían que garantizar esa práctica, en un contexto en el que profesionales antiderechos en hospitales públicos imponían obstáculos arbitrarios a niñas y adolescentes que habían sido violadas y querían interrumpir esas gestaciones forzadas. Muchas de ellas tuvieron que enfrentar idas y vueltas -con exigencias de permisos judiciales que no llegaban- y que se convertían en verdaderas torturas. Todavía se dan esas situaciones, lamentablemente. Pero en menor medida. En su segundo día como ministro de Alberto Fernández, en diciembre de 2019, GGG quiso dar un mensaje claro y actualizó el protocolo de ILE que el expresidente Mauricio Macri había rechazado.
-¿Cómo piensa la implementación de la Ley de IVE?
-Creo que la tenemos que ganar como se ha ganado esta ley. Por un lado, con la conciencia de los derechos, con información, conocimiento y acciones de militancia como hacen todos los movimientos feministas para que las mujeres tengan conciencia de sus derechos, sobre todo en aquellos lugares donde es más difícil que puedan ser ejercidos. Y después, por otro lado, trabajar mucho en el sector público y privado, pero sobre todo en el público y no solo en los hospitales sino mucho, mucho, en el sistema de atención primaria que está más cerca de la gente, que cuenta con más de 6000 centros en todo el país. Les vamos a proveer rápidamente todos los insumos y los medicamentos específicos para que la ley sea realidad, extendiéndolo en un amplio radio de aplicación.
-¿Se está comprando misoprostol, la medicación para realizar los abortos?
-Si, tenemos mucho y le estamos comprando más dosis al Fondo de Población de Naciones Unidas: va a haber una cantidad muy pero muy importante.
-¿Se va a tramitar la autorización de la mifepristona, droga que combinada con el misoprostol resulta más efectiva según la OMS para garantizar la IVE con medicamentos?
-Estamos en eso. Y estamos incentivando para que algún laboratorio público o privado la fabrique en el país.
-¿Habrá una campaña de difusión y capacitaciones a profesionales de la salud?
-Si, todas esas iniciativas las tendremos en cuenta. Esa es la intención. Vamos a tratar de que llegue a las dos partes: al lado sanitario, para que tenga todo el conocimiento y los medios, y por otro lado, a generar conciencia sobre los derechos para que sea un reclamo y una demanda que no puede dejar de ser escuchada ni atendida. A mi equipo le digo todos los días: guarda que ahora viene una etapa difícil y que tenemos que hacerla con toda energía. Con la ley sola no alcanza.
-¿En cuánto tiempo se implementará?
-Es un proceso que llevará varios pasos y que los haremos a la máxima velocidad. Este año que empieza se va a aplicar cumpliendo todos los pasos previos. Recuerde que a través de la reglamentación se pudo construir una mayoría tan fuerte como la que hubo.
-¿Le sorprendió la diferencia de votos?
-Aun los más optimistas nos vimos sorprendidos.
-¿Cómo cree que puede influir la objeción de conciencia para obstaculizar el acceso a la IVE?
-Creo que no va a ser tanto como lo que podría pensarse en el pasado. A lo mejor es mi optimismo. Al descomprimir legalmente, con una ley como hay ahora, mucha gente que usaba la objeción de conciencia por miedo, porque ha habido lugares donde se han hecho cosas muy feas vía judicial sobre los propios médicos o los actuantes (ante una ILE), seguramente no se declará objetora. Por supuesto esto será un proceso cultural: no se cambia de un día para el otro. Nosotros vamos a dar todas las garantías y todas las exigencias para que se cumpla la ley y que más allá de la objeción de conciencia, no se la use como coartada y nadie se quede sin el acceso a la práctica que tiene que tener.
-¿Habrá suficientes profesionales de la salud para garantizar la IVE en todo el país?
-No tengo ninguna duda. A veces hacen más ruido los que dicen que no, que los que dicen que sí. Hay una mayoría que dice que sí. En muchos distritos se viene garantizando el aborto dentro del marco legal, sin estridencias y con mucha efectividad.
-La senadora Silvia Elías de Pérez, referente “celeste” en el Senado, ya anunció que se presentarán a la justicia para reclamar una supuesta inconstitucionalidad. ¿Podrán frenar la ley en los tribunales?
-No creo. Me parece una cosa absurda, tan horrible imaginar que un senador acude a la Justicia cuando pierde. El Senado es uno de los cuerpos legislativos. Entonces agraviarse de esa manera, invalidando una decisión de la mayoría, es un hecho antidemocrático, devaluador de la institución a la cual pertenece. Me resulta insólito, salvo que quiera tirar una frase para su clientela: a veces algunos senadores piensan en su clientela y no en el bien común.
-¿Qué impacto tendrá la ley?
-Primero, naturalmente un impacto sanitario: vamos a tener menos dolor, menos internaciones, menos muertes maternas evitables. Con la Ley de los 1000 días se les dará protección a las mujeres que quieran continuar con un embarazo, con lo cual se eliminará que se recurra a la interrupción de un embarazo por una situación de pobreza. Es una ley de prevención, de derechos y de justicia social. Son todas ganancias.
La validez de las grabaciones irregulares debe analizarla el mismo tribunal desde cuya órbita se realizaron
Espionaje ilegal: las filtraciones de las escuchas y la paradoja de la Corte Suprema
El dictamen y el informe de la Comisión Bicameral que supervisa los organismos y actividades de inteligencia que cuestiona el papel de la oficina de las escuchas telefónicas desde su traslado a la órbita de la Corte Suprema, en 2016, fueron entregados este miércoles a la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. El texto dejó a la vista que desde entonces hubo graves filtraciones a la prensa de conversaciones privadas vinculadas con casos de alto impacto político. Una de las aristas hasta ahora menos señaladas del informe de las/los senadoras/es la que denuncia, en particular, fuertes obstáculos para desentrañar lo ocurrido con escuchas a la familia de Santiago Maldonado, a uno de sus amigos, una integrante de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y a una mujer ajena al tema. Sus teléfonos fueron pinchados mientras se investigaba su desaparición de joven pese a que ninguno de ellos estaba imputado. La gran paradoja es que la validez de esas intervenciones y su llegada a manos de periodistas debe ser analizada por la propia Corte Suprema que materializó las intervenciones a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo).
El análisis que hizo la Bicameral, que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, resaltó que lo que originalmente era un organismo para hacer escuchas telefónicas --que estaba en manos de la Procuración General y pasó a la esfera de la Corte con un DNU de Mauricio Macri-- se agigantó y devino en una dependencia con “amplias funciones y sofisticadas estructuras” que operó como herramienta del “máximo tribunal para supervisar la persecución penal”, con participación casi directa en las investigaciones de los juzgados de Comodoro Py contra ex funcionarios. La Corte, plantea, se adjudicó funciones legislativas al agrandar la oficina de escucha y dotarla de funciones hasta de policía judicial. Moreau explicó en forma detallada las claves del estudio. En la DAJuDeCo minimizan el contenido, dicen que es sesgado y que apunta cuestionar al tribunal y especial a Ricardo Lorenzetti, que lo presidía cuando las escuchas pasaron al ámbito cortesano, y al camarista Martín Irurzun, que quedó a cargo los primeros años. Pero en algunos despachos supremos reina la premisa de respetar a los otros poderes del Estado. Horacio Rosatti incluso ha propiciado el control de las escuchas desde el Congreso.
Buena parte del trabajo se basó en el análisis de algunos casos concretos donde se filtraron conversaciones privadas a los medios: diálogos entre Oscar Parrilli y CFK que fueron obtenidos de una pre-causa promovida por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) apenas desembarcó Gustavo Arribas y una causa sobre supuesto encubrimiento del narco Ibar Pérez Corradi; diálogos extraídos de escuchas a los teléfonos públicos del penal de Ezeiza en una causa contra el narco Mario Segovia pero usadas para vigilar a ex funcionarios y generar un expediente para poner en duda el del D’Alessiogate; y el caso de Santiago Maldonado, donde hubo una cuestionada orden judicial del primer juez del caso, Guido Otranto, para intervenir los teléfonos de su hermano Sergio, su amigo Ariel Garzi, Claudina Pilquiman de la comunidad Pu Lof, y una mujer sin relación con el tema. Son todas actividades que inscriben en la misma lógica de las tareas de espionaje ilegal o de dudosa legitimidad fueron una marca del gobierno de Macri y que quedó a la vista en dos grandes causas que pusieron esa operatoria a la vista: la que tramita en Lomas de Zamora, a cargo de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y la que tramita en Dolores a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.
Como informó este diario, tanto en el caso de Parrilli como el de la llamada “Operación Puf”, la Bicameral hizo una reconstrucción de lo sucedido, advirtió sobre el doble papel de Irurzun como camarista y titular de la DAJuDeCo, y la utilización del contenido de los diálogos, que quedó claro que no habían aportado nada para esclarecer los expedientes en cuestión. En el caso de Maldonado el informe de la comisión señala que si bien pidió información sobre las intervenciones telefónicas al juez Gustavo Lleral --que sucedió a Otranto en la pesquisa-- y a la propia DAJuDeCo que había abierto un expediente administrativo por las filtraciones, no obtuvo datos de ningún tipo que le permitieran reconstruir nada. Lo que vuelve a quedar sobre el tapete a partir de la inclusión de este tema en el informe es la utilización de escuchas telefónicas en una causa de enorme trascendencia como lo fue la de la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017. Las intervenciones se hicieron en el período en que era buscado y estaban dirigidas a personas allegada a él, incluso sus familiares. Más adelante se produjo filtración de parte de los diálogos a los medios, para ser aprovechada por Gendarmería --en los tiempos en que dependía de Patricia Bullrich-- para promover una acusación dirigida a la familia, para deslindar la responsabilidad de sus hombres, que estaban en la mira por la cacería que derivó en la muerte del joven, cuyo cuerpo fue hallado el 17 de octubre de aquel año en las aguas heladas del río Chubut.
Las escuchas fueron ordenadas por el juez Otranto, que luego fue desplazado de la causa por la Cámara de Comodoro Rivadavia, pero no se conocieron hasta el año siguiente, cuando el juez que se hizo cargo del expediente, Lleral, se encontró con esos teléfonos intervenidos. En mayo de 2018 Lleral ordenó destruir el material recopilado y consideró que eran escuchas “inconstitucionales”, “ilegítimas”, “inconducentes” y “desproporcionadas”. Pero la fiscal Silvina Avila apeló y la Cámara las avaló. Sólo Javier Leal de Ibarra dijo en disidencia que no eran válidas las escuchas a Sergio Maldonado. Leal de Ibarra es quien sucedió a Irurzun al frente de la DAJuDeCo y hoy sigue a cargo del organismo. La familia llevó el tema a la Cámara de Casación y la Sala IV respaldó las pinchaduras. La abogada Verónica Heredia planteó una y otra vez que son ilegales las escuchas a testigos y víctimas: sólo se podría investigar por medio de intervenciones de teléfonos a los imputados. No era el caso de ninguno de los escuchados.
En nombre de Maldonado, Heredia llevó el tema en queja a la Corte Suprema y está ahí desde abril de 2019 sin resolver. “Nosotros cuestionamos la validez de las escuchas y las filtraciones ante la Corte. Le pedí, además, al tribunal que tuviera en cuenta su propia acordada del 19 de junio de 2019 que pone límites a las intervenciones telefónicas. Seguimos sin respuesta”, dijo a PáginaI12 la abogada Heredia. El máximo tribunal debe revisar qué ocurrió con las escuchas que ejecutó su propio organismo encargado de pinchar los teléfonos y que la Comisión Bicameral pone en cuestión y señala como uno de los posibles responsables de las fallas en la cadena de custodia, junto con la AFI. La acordada que señala Heredia fue consecuencia de los escándalos por las filtraciones. Los supremos también tienen pendiente resolver el destino de la investigación sobre la desaparición y muerte de Maldonado, donde nunca nadie fue indagado y según el mismo juez Lleral no había delito. La causa, hoy, ni siquiera tiene juez. La Corte no tuvo para atender este caso el mismo apuro que, por ejemplo, para resolver por per saltum la discusión sobre los jueces trasladados a la Cámara que preside Irurzun.
El fallo no quedó firme: el exvicepresidente puede apelar a la Cámara de Casación
El juez Obligado rechazó el pedido de Amado Boudou para continuar con la prisión domiciliaria
El fallo no quedó firme, ya que el ex titular de la ANSES puede recurrir esta medida mediante un recurso de Casación. Si el juez no habilita la feria judicial, la definición quedará para febrero.
El magistrado dispuso en su fallo "revocar el arresto domiciliario" de Boudou "y disponer su alojamiento en un establecimiento penitenciario bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF)", al considerar que han cambiado las circunstancias por las que lo había enviado a su casa.
Con esta resolución, Obligado hizo lugar a los pedidos de los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín, quienes habían solicitado que Boudou cumpla el resto de la condena en la cárcel. La presentación de la defensa, en cambio, resaltó que la misma fiscal de ejecución que insistió en que Boudou no cumpla el arresto domiciliario, es la misma funcionaria que por lo menos en cuatro casos de condenados por la tragedia de Once consideró que podía cumplir la pena en sus casas por tener hijos pequeños.
El 10 de dicembre, Boudou le había solicitado al mismo magistrado que le permita continuar el cumplimiento de la pena en su domicilio y con el régimen de vigilancia electrónica, que el mismo tribunal le concedió en abril de este año porque tiene hijos mellizos de 2 años. Cabe destacar que la Ley de Ejecución Penal prevé el acceso a la prisión domiciliaria para proteger el “interés superior” de las niñas y los niños menores de 5 años.
Los detalles de un proceso de inmunización histórico
Coronavirus: ¿cómo sigue la vacunación en el país?
El proceso de vacunación al que Argentina se enfrenta es histórico. La primera tanda de 300 mil dosis de la Sputnik V arribó desde Rusia el 24 de diciembre y, tras la distribución en cada jurisdicción, comenzaron a ser inoculadas a las 9 del martes y, a partir de allí, a ritmo continuo. De manera coordinada y en simultáneo en todas las provincias, se inició el Plan Estratégico de Vacunación con la inmunización del personal sanitario que, desde que comenzó la pandemia, más riesgos enfrentó. Ahora bien, resuelto el primer escollo del acceso a la tecnología, el principal desafío es logístico.
Leticia Ceriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lo describe del siguiente modo: “El martes se inició la campaña y estamos muy contentos. Por supuesto que hubo y habrá obstáculos que tendremos que sortear y cosas para ajustar. Tuvimos reuniones con los directores de hospitales para calibrar el registro y la carga de datos. A diferencia del martes, el miércoles funcionaron mucho mejor. También estamos mejorando el sistema de avisos y las agendas para que las personas que tienen un turno asignado sepan cuándo deben vacunarse. Son cosas que de un día para el otro ya se pulieron”, señala la funcionaria.
Luego, detalla otras contramarchas que se deben tener en cuenta, que se irán resolviendo y que son comunes a todas las provincias. “Si bien los trabajadores de la salud están entrenados en la vacunación, nunca se han enfrentado a una campaña de semejante magnitud. Por la cantidad de gente a la que deberán inyectar así como a las cuestiones específicas de esta vacuna: el frío, la conservación, el tiempo que puede estar a temperatura ambiente sin que se eche a perder. Complejidades extra que requieren que los equipos se vayan acomodando a medida que avanza la campaña”, explica.
De las 24 jurisdicciones, por su magnitud demográfica, Buenos Aires es la provincia que corre con el mayor desafío. Al respecto Ceriani puntualiza: “Arrancamos con el personal de salud de 110 hospitales, distribuidos en 89 municipios. A partir de la semana que viene, se incorporará a los municipios cuyos hospitales aún no recibieron sus dosis con el objetivo de cubrir los 135 municipios que tiene la provincia. Están recibiendo la Sputnik V los trabajadores de las propias instituciones, así como también los que ofrecen sus servicios en privados”, advirtió. Después completó: “Realizamos una segmentación para establecer prioridades. En el Registro Federal de Profesionales de la Salud tenemos identificadas a 250 mil personas y hemos recibido 123 mil dosis. Hacia mediados de enero recibiremos la otra tanda de vacunas y podremos completar el total de la gente abocada a actividades prioritarias”. En paralelo, Buenos Aires fomenta el registro de todas las personas en el sitio Vacunatepba. Es la página en la que se deben registrar todos los bonaerenses, más allá de si pertenecen o no a grupos de riesgo. El objetivo es que cuando les llegue el momento de ser vacunados, a partir de ese registro, se les pueda asignar un turno. A la fecha, hay más de 470 mil inscriptos.
En CABA recibieron 23.100 dosis de la Sputnik V. Gabriel Battistella, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud de CABA, comenta: “Arrancamos con muy buena expectativa, ya hay 17 hospitales que están vacunando en paralelo. En Ciudad de Buenos Aires, el área crítica vinculada al rubro está compuesta por 22.668 personas y podremos cubrir el segmento con el lote inicial de vacunas que llegó. Hasta el momento, ya se aplicaron las dosis a 1500 individuos”.
En esta línea, cita los contratiempos que surgieron: “Habíamos montado una infraestructura para un procedimiento de aplicación mayor. Comenzar con menos vacunas nos sirvió como ejercicio para no cometer errores. Lo que sí hay que corregir y ya detectamos es que las personas que vacunan se acostumbren a que no pueden estar las ampollas mucho tiempo afuera del freezer (no resiste más de 30 minutos)”. Y continúa con un fenómeno a revertir: “Hubo cuatro o cinco vacunatorios que a las 17.30 aproximadamente (a las 18 culmina la jornada de inoculación) abrieron el frasco que contiene cinco dosis y advirtieron que solo tenían tres o cuatro personas para vacunar. Las dosis que no se utilizan en el momento hay que descartarlas. De aquí en más, no se abrirán los frascos sin la certeza de que haya al menos cinco personas a quienes inyectar”.
El objetivo a corto plazo es alcanzar al personal de 37 hospitales (17 públicos y 20 privados) como primera etapa del plan gradual que la cartera gestionada por Fernán Quirós dispuso para la Ciudad. Los primeros en recibirla son, según la norma general, los trabajadores de la salud de la primera línea y la distribución será proporcional al número de individuos que formen parte del grupo de riesgo en cada institución (intensivistas, personal de guardias, de los laboratorios en contacto frecuente con muestras de covid y ambulancieros que trasladan a personas contagiadas). Sin excepción, todas las personas que se apliquen la dosis de Sputnik serán evaluados mediante un monitoreo epidemiológico para analizar su evolución en el tiempo.
El Plan Estratégico de Vacunación está a cargo del Ministerio de Salud e incluye la participación de las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones, a través del Consejo Federal de Salud. El procedimiento será en etapas; la vacunación es voluntaria y con independencia de si el individuo tuvo o no covid. Como las vacunas y la logística se definen como recursos finitos, el gobierno estableció --de acuerdo a otros marcos de referencia internacionales-- la prioridad para recibir las dosis en relación al riesgo por exposición y a la función estratégica. En esta línea: aquellos que se están vacunando con la Sputnik V son los miembros del personal de salud. Luego vendrán las personas que se desempeñan en las fuerzas armadas y de seguridad; y los docentes y no docentes (inicial, primaria y secundaria), población clave para poder cumplir con el cronograma regular de clases en 2021. Al mismo tiempo, se tendrá en cuenta para las etapas siguientes a otras poblaciones estratégicas: los adultos mayores de 70 años y las personas mayores residentes hogares de larga estancia; los adultos de 60 a 69 años y, por último, los adultos de 18 a 59 años de grupos en riesgo. Asimismo, también se relevará si son individuos que habitan en barrios populares, si son personas en situación de calle, de pueblos originarios, privadas de libertad, migrantes y docentes universitarios.
Esperanzas en medio de la emergencia
“El comienzo de la vacunación ha implicado un momento histórico para el país y para el planeta. Son cada vez más las naciones que iniciaron sus campañas y, afortunadamente, Argentina no es ajena. Meses atrás, una parte del personal de salud estaba un poco reacia a la inoculación masiva. Algunas encuestas indicaban que solo el 60% quería vacunarse. En los últimos días ese porcentaje se modificó de manera rotunda y hoy se palpa en los mismos hospitales y centros”, dice Daniela Hozbor, referente del Comité Asesor del Ministerio de Salud y de la Comisión de Seguridad de las Vacunas, ambos de la provincia de Buenos Aires. Y continúa: “Precisamente, estos días reciben su dosis los miembros del personal de salud que se encuentran más en riesgo y en contacto con el peligro. Luego de 21 días tendrán la segunda dosis que arribará en enero junto con el resto para continuar con la campaña en tiempo y forma. Una vez que se haya completado la inmunización al personal de salud, se ampliará hacia los otros grupos que continúan en el orden de prioridad”, destaca Hozbor, bioquímica e Investigadora Principal del Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata.
La vacunación masiva se despliega cuando la situación de emergencia se profundiza. Atrás quedó el descenso marcado de casos que parecía consolidarse durante los últimos meses. Sin ir tan lejos, el martes se alcanzó un nuevo récord: 11.650 casos y 151 muertes. Las reuniones multitudinarias –mucho más aún en tiempos festivos y de vacaciones laborales– y el relajamiento de los cuidados –en el uso del barbijo y la distancia social– son los aspectos que más preocupan al gobierno, sobre todo, porque recién inicia el verano y la segunda ola podría ser más severa hacia otoño e invierno.
El contexto, sin embargo, es mejor de lo que se esperaba. Al mismo tiempo que los países más ricos del mundo, Argentina pudo obtener una buena cantidad de dosis para comenzar su procedimiento de inoculación a escala. Algún lector pensará que 300 mil son muy pocas si se tiene en cuenta que la población local roza los 45 millones. Es cierto, pero hay que tener en cuenta que otros vecinos de la región como México y Chile –tan solo– recibieron 3 y 10 mil dosis, respectivamente, de la fórmula de Pfizer/BioNTech. En total, el gobierno nacional se aseguró la adquisición de 51 millones de dosis. A las 300 mil que arribaron el jueves, se sumarán 4.7 millones que llegarán los primeros días de enero y 15 millones más en febrero. El miércoles, Kirill Dimitriev, el director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y máximo referente en el financiamiento de la fabricación de la variante rusa, en conversación con la agencia de noticias Bloomberg, apuntó que Argentina "tendrá su segunda entrega a tiempo, que es en enero, y básicamente seguiremos exactamente el calendario que acordamos con ellos".
Luego, a las 20 millones de Sputnik V, en marzo se sumarán las 22.4 millones de AstraZeneca/Oxford. Las 9 millones restantes serán recibidas de parte de la plataforma Covax, el fondo de acceso global que es liderado por la Organización Mundial de la Salud y cuyo aval de creación fue firmado por 172 naciones.
Otra buena noticia proviene desde Reino Unido y es que, a partir del lunes próximo, se comenzará a aplicar la variante desarrollada por la Universidad de Oxford y el Laboratorio AztraZeneca. El ente regulador sanitario autorizó el uso de emergencia para una fórmula que obtuvo una eficacia media (pues, se combinaron dos líneas distintas de investigación) de un 70%. A Argentina le interesa particularmente esta novedad porque, según se prevé, a mediados de marzo podrían llegar las 22.4 millones de dosis que el gobierno adquirió de la empresa británica. Cabe destacar que la sustancia activa es fabricada por el laboratorio local mAbxience, del grupo Insud liderado por el empresario local Hugo Sigman, y que luego la producción es enviada a México para su empaquetamiento y distribución por toda Latinoamérica, a excepción de Brasil. Las próximas semanas serán claves.
El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado
Alberto Fernández pidió a los diputados del FdT que avancen con la reforma judicial
Durante el brindis de fin de año que encabezó en la Residencia de Olivos, el presidente Alberto Fernández realizó un balance legislativo del 2020 y les pidió a los diputados del Frente de Todos que trabajen para que el proyecto de reforma judicial, que cuenta con la media sanción de la Cámara de Senadores, sea tratado el año que viene.
Luego del encuentro, del que participaron los integrantes del bloque oficialista, el diputado Rodolfo Tailhade contó que Fernández "volvió a insistir en mandar al Congreso leyes vinculadas al funcionamiento de la Justicia, tras el trabajo que hizo el Consejo Consultivo", y señaló que les instó a tratar la reforma judicial.
El legislador afirmó que "la democracia necesita reformular el Poder Judicial" y anticipó que el Presidente "enviará varios proyectos" vinculados con la Justicia.
En relación a la tarea legislativa desarrollada durante este año, Tailhade detalló que "la Cámara sesionó el doble de lo que lo hizo en 2018 y 2019" y remarcó que "se aprobaron 60 leyes enviadas por el Gobierno".
A su vez, el legislador manifestó que el Presidente alentó a los diputados "a seguir trabajando de esta manera, no bajar los brazos" y "habló de las 20 verdades que hoy publicó la prensa, que son 20 logros de gestión".
Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el jefe del bloque de la Cámara baja del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
El mejoramiento de la Justicia es una de las prioridades del Gobierno Nacional. Por ello, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de reforma judicial, que cuenta con media sanción, y convocó un Consejo Consultivo de expertos que le presentó recomendaciones para encarar cambios de fondo.
El proyecto fue enviado al Congreso el 29 de julio tras una presentación pública de las que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.
El 27 de agosto, la iniciativa logró la media sanción en el Senado con el respaldo de los representantes del Frente de Todos y sus aliados, y la oposición de los senadores de Juntos por el Cambio.
En marzo de 2021 se aplicará el primer aumento con la nueva fórmula
La movilidad arrancaría con un 8 por ciento
A partir de marzo de 2021, las jubilaciones, pensiones y asignaciones volverán a actualizarse por un índice de movilidad, tras la aprobación de la ley en el Congreso. Según estimaciones de expertos en seguridad social, la suba trimestral podría ser de alrededor del 8 por ciento. Se trata de proyecciones, debido a que la suba no se puede calcular con exactitud. Se toman datos de variación de salarios y de recaudación de la Anses entre octubre y diciembre de este año, que todavía no fueron publicados o relevados oficialmente.
La movilidad de marzo sería de alrededor del 8 por ciento, según el abogado previsionalista Miguel Fernández Pastor, o 7,4 por ciento, según Sergio Rottenschweiler, economista especializado en seguridad social. Ambos expusieron en la comisión bicameral mixta de movilidad previsional. Se trata de proyecciones. Para la fórmula que se aplica en marzo 2021, se toma la evolución de los salarios entre octubre y diciembre de 2020. Hasta el momento se encuentra sólo el dato del Ripte de octubre, de 4,6 por ciento, que mide los salarios del sector formal. Todavía falta la publicación de noviembre y diciembre. Además, va a compararse con el Índice de salarios del Indec, y se tomará el mejor de los dos. El último dato en este sentido es de septiembre.
También en la fórmula que se aplicará para la suba de marzo se toma la comparación interanual de la recaudación de los recursos tributarios de Anses durante el cuarto trimestre. El dato es público, aunque de difícil acceso, y lo releva el Ministerio de Economía. Se encuentra hasta noviembre, por lo que el resto fue estimado por Rottenschweiler. Si bien esta fórmula es similar a la vigente entre 2009 y 2017, el economista plantea que no se puede observar lo que sucedió y extraporlarlo para adelante, dado que la composición de los recursos tributarios de Anses cambió. Por ejemplo, se reemplazó el impuesto a las Ganancias por el impuesto al cheque.
Los equipos técnicos de Anses también tienen hechas sus estimaciones, pero no las están difundiendo públicamente. Durante las reuniones de comisión en el Congreso, informaron a los diputados y senadores que el aumento de marzo sería alrededor del 11,9 por ciento. En ese momento, el proyecto de ley planteaba subas semestrales, en marzo y septiembre de cada año, y para eso se tomaba en marzo lo ocurrido durante el segundo semestre del año anterior con los salarios y la recaudación.
Desde el organismo explicaron que las estimaciones podían ser más precisas porque estaban los datos de varios meses del semestre, mientras que actualmente se tomará lo ocurrido en un trimestre, y recién están las cifras de octubre. Con los cambios que se le pusieron al proyecto en el Senado, la actualización del proyecto pasó de ser semestral a trimestral, por eso la suba estimada inicialmente de 11,9 por ciento será menor.
El Gobierno considera que los haberes con la nueva fórmula le ganarán en 2021 a la inflación. Carlos Heller, diputado del Frente de Todos, se aventuró a estimar una suba de 8 a 10 puntos superior. En su exposición en el Congreso afirmó que los salarios van a crecer de manera real como una política del gobierno, y la recaudación va a aumentar por una mejora en la actividad económica y una reforma impositiva.
Tras una caída histórica este año en la actividad económica, todos los consultores e informes internacionales estiman un rebote para 2021. Sin embargo, el diputado Jorge Sarghini, de Consenso Federal, pidió “prudencia”, ante la incertidumbre que genera que no se haya solucionado la crisis sanitaria ni en Argentina ni en el mundo.
¿Qué ocurriría entonces si, pese a las proyecciones del Gobierno, la recaudación y los salarios no se recuperan debido a la pandemia? Ante esta consulta, Fernanda Raverta, titular de Anses, afirmó: “En alguna cuestión excepcional, siempre está la facultad del presidente Alberto Fernández de pagar un bono cuando las cosas se ponen bien feas”.
Otro aspecto que podría hacer variar los aumentos 2021 es la reglamentación de la ley, que deberá estar publicada para febrero. La ley habla de una comparación homogénea entre variables, lo que expertos llaman “cláusula de legislación constante”. Lo que busca es que cambios normativos no afecten el cálculo de movilidad, como, por ejemplo, sacar un impuesto que forma parte de la recaudación de Anses. Además, determinar qué beneficiarios y beneficios se van a tomar, en caso de que salga una moratoria por ejemplo. De todos modos, según una fuente oficial, estas modificaciones no cambian demasiado, debido a que siempre las comparaciones se hacen sobre variables, y no sobre stocks.
La gran pregunta es cuándo los jubilados recuperarán el poder adquisitivo perdido. Entre 2016 y 2020, la economía sólo creció en 2017. En esos años, con la movilidad del gobierno de Cristina Kirchner, y desde 2018 con la de Mauricio Macri, los jubilados perdieron ante la inflación. Este 2020, con la movilidad suspendida y las subas por decreto, el 80 por ciento de los jubilados igualaron a la inflación. El diputado Máximo Kirchner adelantó en el discurso de cierre de la sesión que los haberes "no van a recuperar todos los puntos perdidos el año que viene".
Fuente:Pagina12
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