05 de enero de 2021
Guerrero Motos, firme con los despidos
Patrón insensible
Sergio Aladio, del gremio de Camioneros de Santa Fe
Duro para dejar su cargo en el sindicato
El Sindicato de Camioneros de Santa Fe atraviesa desde hace un tiempo un conflicto interno que derivó en la intervención del gremio por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, avalada por una resolución judicial. Sin embargo, la conducción actual, a cargo de Sergio Aladio, se niega a dejar el poder y convocar a nuevas elecciones. “Hoy por hoy están físicamente tomando el edificio porque no tienen una legitimación para estar en posesión del cargo”, alerta Rodrigo Condori, abogado, dirigente de la Federación y delegado normalizador designado por la conducción nacional, en una entrevista exclusiva con Rosario/12.
Para entender esta batalla judicial hay que remontarse a los graves hechos acontecidos el 12 de abril de 2014, cuando Nicolás Savani, un trabajador de Agua y Gaseosas de la Distribuidora Funes y afiliado al Sindicato de Camioneros, fue asesinado durante una asamblea en el camping de Pérez que tiene el gremio. "Ese día, gente armada junto a dirigentes de camioneros opositores a Hugo Moyano, tomaron el camping para que no entren los que no respondían a ellos", había recordado Juan Chulich, secretario general de Camioneros de Santa Fe, en uno de los aniversarios de su muerte.
En ese momento, la Federación Nacional dispuso la intervención del sindicato santafesino pero quienes estaban al frente del mismo interpusieron recursos y acciones legales ante la justicia federal, la cual les fue otorgando cautelarmente una certificación de autoridades hasta que saliera la sentencia definitiva. Finalmente, esa resolución judicial llegó en septiembre del año pasado, convalidando la intervención por parte de la Federación, pero una vez más, esa sentencia fue recurrida por quienes seguían en posesión del sindicato. En última instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo les negó el recurso extraordinario con lo cual la sentencia quedó firme.
A pesar de esto y de que el Ministerio de Trabajo de la Nación emitiera la nueva certificación de autoridades el pasado 12 de diciembre de 2020, a Rodrigo Condori se le negó tanto el ingreso al inmueble donde está la sede central del sindicato, en calle Pasco 1043, como la entrega de los libros contables y de actas del gremio.
-¿Cuáles serán los próximos pasos a seguir por parte de la Federación?
-En este momento se está produciendo una usurpación del cargo porque están desobedeciendo tanto una orden judicial como una resolución del Ministerio de Trabajo. Por eso, ahora vamos a iniciar un proceso tanto en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde vamos a pedir que se ejecute su sentencia, como en el Ministerio notificándolos de esta cuestión. De hecho, el Ministerio mandó veedores y todo esto que cuento consta en las actas de esos veedores. Ellos determinarán cuáles serán los pasos a seguir, pero seguramente van a emitir una intimación para que Aladio acate la intervención.
-¿Cuál es el objetivo principal de la intervención?
-Desde el inicio, allá por 2014, la intervención tenía como única finalidad que se proceda, en un plazo relativamente corto, a convocar a elecciones en las que se pueda garantizar la participación democrática de todos los afiliados que integran el Sindicato de Camioneros de Santa Fe.
-¿Incluido Aladio o se lo dejará al margen por esta desobediencia?
-Eso será una cuestión que tendrá que definir la justicia y el Ministerio. Objetivamente, hoy no tengo una causal como para impedirle que se postule pero sí claramente podría surgir esa causal de las acciones que está llevando adelante en este momento. Nosotros siempre nos manejamos con la legalidad y no tengo constancia de que exista una condena contra Aladio que le impida ejercer un cargo. De hecho, si la tuviese tendría que haber sido removido antes. Pero me parece importante destacar que en este momento probablemente se estén produciendo algunos delitos que sí podrían ser causales de desafiliación o de impedimento para que pueda presentarse como candidato en las próximas elecciones.
Un fallo judicial que generó críticas y movilizaciones
Habilitar la pesca en el Paraná lo antes posible
Desde Santa Fe
El fiscal de Estado, Rubén Weder, se presentará hoy ante el juez civil y comercial Nº 11 de Rosario, Luciano Carbajo, quien prohibió la pesca comercial y deportiva en el río Paraná hasta el 31 de marzo y apelará la medida que dejó sin sustento a más de 6.000 familias de pescadores y generó una escalada de protestas y cortes de rutas en toda la provincia. Ayer, los piquetes complicaron a miles de vehículos, sobre todo en tres vías estratégicas: la autopista Santa Fe-Rosario, la ruta 168 Santa Fe-Paraná y el puente Rosario-Victoria, donde generó demoras de hasta 10 kilómetros.
El ministro de la Producción, Daniel Costamagna, ya había anticipado que el gobierno de Omar Perotti apelaría el fallo Carbajo, al que consideró “contradictorio”, “sin asidero”, "un mamarracho". Una fuente de la Fiscalía de Estado dijo a Rosario/12 que “estaban trabajando en el tema”, pero después otro vocero de la Casa Gris confirmó que la apelación se presentará hoy en los Tribunales de Rosario, con la expectativa de revocar la veda pesquera y descomprimir el conflicto social y los cortes de rutas. La crisis alimentaria afecta a 4.200 pescadores registrados en el Ministerio de la Producción, más otros 2.000 que trabajan de manera informal.
Ayer, la presidenta comunal de Puerto Gaboto, Sandra Aguirre, patrocinada por el constitucionalista Domingo Rondina, presentó un “reclamo administrativo” ante el ministro Costamagna para que el fiscal de Estado comparezca ante el juez Carbajo –que es lo que ocurrirá hoy- y apele la cautelar que impuso la veda total de pesca en el río Paraná por 90 días. En el escrito, solicitó también que el gobierno regule la actividad con permisos habilitantes y asista a pescadores y al sector turístico.
Rondina criticó el fallo Carbajo por el impacto y la reacción social que generó. “Esto es lo que ocurre cuando las decisiones irresponsables de los jueces no entienden que detrás de una cautelar hay un planeta de conflictos. Por eso, el gobierno le corresponde al Poder Ejecutivo y no a los jueces”, ironizó el abogado.
La presidenta comunal de Puerto Gaboto reclamó que la provincia “disponga lo necesario” para habilitar la pesca comercial y deportiva en el Paraná lo antes posible. “Es necesario que disponga por acto administrativo una habilitación expresa de pesca que cambie la situación normativa sobre la cual decidió el juez de Rosario, que dispuso como cautelar la veda total”, explicó Aguirre.
“Debe atenderse -mediante asignaciones económicas- la situación de indigencia a la que son reducidos los pescadores cuyo trabajo es la pesca, no para subsistencia sino para comercializar”, planteó la intendenta. Se trata de “pescadores individuales, no de empresas, que en sus canoas y lanchas, siempre han trabajado en el río Paraná con conciencia y respeto del recurso natural”.
Aguirre advirtió también que el fallo Carbajo tuvo un efecto dominó porque agravó la “crisis del sector turístico, asentado en la pesca deportiva de verano”. Y solicitó a Costamagna que convoque a una “audiencia pública” para tratar el asunto.
La comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados declaró también su “preocupación” por el impacto social del fallo Carbajo -la pérdida de 6.000 puestos de trabajo durante la veda- y le pidió al gobierno de Perotti que garantice la asistencia económica a los pescadores y convoque a una “mesa de diálogo” que armonice la defensa de las fuentes de trabajo y la preservación del recurso pesquero. El presidente de la comisión Fabián Palo Oliver, y su colega Carlos del Frade se acercaron ayer a la mañana, hasta una protesta de pescadores que se convocó en la plaza de Mayo, frente a Tribunales de Santa Fe. Y a la tarde, hicieron lo mismo en el corte del puente Rosario-Victoria, donde se reunieron con los manifestantes.
Los legisladores consideran que el gobierno de Perotti tiene un doble desafío: responder ante la “urgencia” porque el fallo Carbajo dejó sin recursos a 6.000 familias, pero también “trabajar sobre la problemática de fondo”. De lo contrario, cualquier medida sería un “parche transitorio que no termina de resolver una situación estructural, pasan los años y los pescadores viven por debajo de la línea de pobreza, mientras las empresas que monopolizan el mercado ganan cuantiosas sumas y sobreexplotan los recursos naturales sin tomar ningún tipo de riesgos”.
“De no abordarse la problemática en su contexto y en conjunto, en poco tiempo tampoco tendrán los trabajadores recursos para valerse. Los últimos ciclos de producción se han visto dañados por las bajantes y la ausencia de medidas proteccionistas. Por eso, solicitamos la urgente intervención” del gobierno porque se trata de “una temática de naturaleza alimentaria, que afecta a todos los santafesinos”, dijo la comisión.
Además de los cortes en la autopista, en la ruta 168 Santa Fe-Paraná y en el puente Rosario-Victoria, grupos de pescadores cortaron la ruta nacional 11 en cuatro lugares: a la altura de Coronda, Arocena, San Fabián y Tacuarendí. En Arocena el corte era intermitente: dejaban pasar vehículos 10 minutos y luego bloqueaban las dos manos durante una hora, lo que generó una cola de 7 kilómetros.
En la ruta provincial Nº 1, en la zona de la costa, hubo cortes en San Javier, Cayastá y Alejandra. Y lo mismo ocurrió en el acceso al puerto Reconquista, con un corte parcial de calzada y paso alternado de vehículos.
Fuente:Rosario12







No hay comentarios:
Publicar un comentario