5 de enero de 2021

ROSARIO - SANTA FE.


 05 de enero de 2021

Guerrero Motos, firme con los despidos

Patrón insensible

La fábrica automotriz Guerrero Motos persiste en sostener el despido de 23 de sus trabajadores, y así el conflicto recrudece con episodios alarmantes. Así como el mes pasado uno de sus dueños, Gonzalo Guerrero, quemó el auto de uno de los trabajadores que reclamaba reincorporación frente a la planta fabril, ayer otro de los cesanteados se roció con nafta y estuvo a punto de prenderse fuego delante de varias familias que fueron a acompañar el reclamo. La intervención de los compañeros evitó la desgracia peor. 

Los trabajadores que volvieron a la labor luego del fin de semana largo del Año Nuevo ayer se rehusaron a ingresar a la planta de San Lorenzo, en solidaridad con sus compañeros despedidos, que montaban un piquete desde temprano y con el apoyo del sindicato automotriz Smata. Es que los 23 trabajadores cesanteados fueron rechazados y el personal de seguridad les impidió el ingreso. Por lo tanto, la decisión gremial fue decretar un paro por tiempo indeterminado, luego de comunicarlo al Ministerio de Trabajo.

En ese clima de tensa angustia, un operario tomó un bidón con nafta y se la volcó encima, para desesperación de sus familiares y compañeros. Alguien le quitó el bidón y el encendedor y la situación no pasó de eso, pero la incertidumbre se mantiene ante la intransigencia de la patronal.

"Estos dueños nunca cumplieron con los llamados del Ministerio, no hacen nada para salir del conflicto. Son herederos y no saben nada, se parecen a (Mauricio) Macri que nunca trabajó y se creía el dueño de todo; son unos vagos que heredaron la fábrica y la están fundiendo”, bramó Marcelo Barros, titular de Smata Rosario.


Sergio Aladio, del gremio de Camioneros de Santa Fe 

Duro para dejar su cargo en el sindicato 

El Ministerio de Trabajo de la Nación falló a favor de Moyano pero a su interventor se le negó el ingreso a la sede sindical.
Por Juan Giosa








Rodrigo Condori, delegado normalizador en Santa Fe. 

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe atraviesa desde hace un tiempo un conflicto interno que derivó en la intervención del gremio por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, avalada por una resolución judicial. Sin embargo, la conducción actual, a cargo de Sergio Aladio, se niega a dejar el poder y convocar a nuevas elecciones. “Hoy por hoy están físicamente tomando el edificio porque no tienen una legitimación para estar en posesión del cargo”, alerta Rodrigo Condori, abogado, dirigente de la Federación y delegado normalizador designado por la conducción nacional, en una entrevista exclusiva con Rosario/12.

Para entender esta batalla judicial hay que remontarse a los graves hechos acontecidos el 12 de abril de 2014, cuando Nicolás Savani, un trabajador de Agua y Gaseosas de la Distribuidora Funes y afiliado al Sindicato de Camioneros, fue asesinado durante una asamblea en el camping de Pérez que tiene el gremio. "Ese día, gente armada junto a dirigentes de camioneros opositores a Hugo Moyano, tomaron el camping para que no entren los que no respondían a ellos", había recordado Juan Chulich, secretario general de Camioneros de Santa Fe, en uno de los aniversarios de su muerte.

En ese momento, la Federación Nacional dispuso la intervención del sindicato santafesino pero quienes estaban al frente del mismo interpusieron recursos y acciones legales ante la justicia federal, la cual les fue otorgando cautelarmente una certificación de autoridades hasta que saliera la sentencia definitiva. Finalmente, esa resolución judicial llegó en septiembre del año pasado, convalidando la intervención por parte de la Federación, pero una vez más, esa sentencia fue recurrida por quienes seguían en posesión del sindicato. En última instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo les negó el recurso extraordinario con lo cual la sentencia quedó firme.

A pesar de esto y de que el Ministerio de Trabajo de la Nación emitiera la nueva certificación de autoridades el pasado 12 de diciembre de 2020, a Rodrigo Condori se le negó tanto el ingreso al inmueble donde está la sede central del sindicato, en calle Pasco 1043, como la entrega de los libros contables y de actas del gremio.

-¿Cuáles serán los próximos pasos a seguir por parte de la Federación?

-En este momento se está produciendo una usurpación del cargo porque están desobedeciendo tanto una orden judicial como una resolución del Ministerio de Trabajo. Por eso, ahora vamos a iniciar un proceso tanto en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde vamos a pedir que se ejecute su sentencia, como en el Ministerio notificándolos de esta cuestión. De hecho, el Ministerio mandó veedores y todo esto que cuento consta en las actas de esos veedores. Ellos determinarán cuáles serán los pasos a seguir, pero seguramente van a emitir una intimación para que Aladio acate la intervención.

-¿Cuál es el objetivo principal de la intervención?

-Desde el inicio, allá por 2014, la intervención tenía como única finalidad que se proceda, en un plazo relativamente corto, a convocar a elecciones en las que se pueda garantizar la participación democrática de todos los afiliados que integran el Sindicato de Camioneros de Santa Fe.

-¿Incluido Aladio o se lo dejará al margen por esta desobediencia?

-Eso será una cuestión que tendrá que definir la justicia y el Ministerio. Objetivamente, hoy no tengo una causal como para impedirle que se postule pero sí claramente podría surgir esa causal de las acciones que está llevando adelante en este momento. Nosotros siempre nos manejamos con la legalidad y no tengo constancia de que exista una condena contra Aladio que le impida ejercer un cargo. De hecho, si la tuviese tendría que haber sido removido antes. Pero me parece importante destacar que en este momento probablemente se estén produciendo algunos delitos que sí podrían ser causales de desafiliación o de impedimento para que pueda presentarse como candidato en las próximas elecciones. 


Un fallo judicial que generó críticas y movilizaciones

Habilitar la pesca en el Paraná lo antes posible

El gobierno apelará hoy en los Tribunales de Rosario, con la expectativa de revocar la veda pesquera y descomprimir el conflicto social y los cortes de rutas.






El diputado Del Frade junto a pescadores en el puente Rosario-Victoria. 

Desde Santa Fe

El fiscal de Estado, Rubén Weder, se presentará hoy ante el juez civil y comercial Nº 11 de Rosario, Luciano Carbajo, quien prohibió la pesca comercial y deportiva en el río Paraná hasta el 31 de marzo y apelará la medida que dejó sin sustento a más de 6.000 familias de pescadores y generó una escalada de protestas y cortes de rutas en toda la provincia. Ayer, los piquetes complicaron a miles de vehículos, sobre todo en tres vías estratégicas: la autopista Santa Fe-Rosario, la ruta 168 Santa Fe-Paraná y el puente Rosario-Victoria, donde generó demoras de hasta 10 kilómetros.

El ministro de la Producción, Daniel Costamagna, ya había anticipado que el gobierno de Omar Perotti apelaría el fallo Carbajo, al que consideró “contradictorio”, “sin asidero”, "un mamarracho". Una fuente de la Fiscalía de Estado dijo a Rosario/12 que “estaban trabajando en el tema”, pero después otro vocero de la Casa Gris confirmó que la apelación se presentará hoy en los Tribunales de Rosario, con la expectativa de revocar la veda pesquera y descomprimir el conflicto social y los cortes de rutas. La crisis alimentaria afecta a 4.200 pescadores registrados en el Ministerio de la Producción, más otros 2.000 que trabajan de manera informal.

Ayer, la presidenta comunal de Puerto Gaboto, Sandra Aguirre, patrocinada por el constitucionalista Domingo Rondina, presentó un “reclamo administrativo” ante el ministro Costamagna para que el fiscal de Estado comparezca ante el juez Carbajo –que es lo que ocurrirá hoy- y apele la cautelar que impuso la veda total de pesca en el río Paraná por 90 días. En el escrito, solicitó también que el gobierno regule la actividad con permisos habilitantes y asista a pescadores y al sector turístico.

Rondina criticó el fallo Carbajo por el impacto y la reacción social que generó. “Esto es lo que ocurre cuando las decisiones irresponsables de los jueces no entienden que detrás de una cautelar hay un planeta de conflictos. Por eso, el gobierno le corresponde al Poder Ejecutivo y no a los jueces”, ironizó el abogado.

La presidenta comunal de Puerto Gaboto reclamó que la provincia “disponga lo necesario” para habilitar la pesca comercial y deportiva en el Paraná lo antes posible. “Es necesario que disponga por acto administrativo una habilitación expresa de pesca que cambie la situación normativa sobre la cual decidió el juez de Rosario, que dispuso como cautelar la veda total”, explicó Aguirre.

“Debe atenderse -mediante asignaciones económicas- la situación de indigencia a la que son reducidos los pescadores cuyo trabajo es la pesca, no para subsistencia sino para comercializar”, planteó la intendenta. Se trata de “pescadores individuales, no de empresas, que en sus canoas y lanchas, siempre han trabajado en el río Paraná con conciencia y respeto del recurso natural”.

Aguirre advirtió también que el fallo Carbajo tuvo un efecto dominó porque agravó la “crisis del sector turístico, asentado en la pesca deportiva de verano”. Y solicitó a Costamagna que convoque a una “audiencia pública” para tratar el asunto.

La comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados declaró también su “preocupación” por el impacto social del fallo Carbajo -la pérdida de 6.000 puestos de trabajo durante la veda- y le pidió al gobierno de Perotti que garantice la asistencia económica a los pescadores y convoque a una “mesa de diálogo” que armonice la defensa de las fuentes de trabajo y la preservación del recurso pesquero. El presidente de la comisión Fabián Palo Oliver, y su colega Carlos del Frade se acercaron ayer a la mañana, hasta una protesta de pescadores que se convocó en la plaza de Mayo, frente a Tribunales de Santa Fe. Y a la tarde, hicieron lo mismo en el corte del puente Rosario-Victoria, donde se reunieron con los manifestantes.

Los legisladores consideran que el gobierno de Perotti tiene un doble desafío: responder ante la “urgencia” porque el fallo Carbajo dejó sin recursos a 6.000 familias, pero también “trabajar sobre la problemática de fondo”. De lo contrario, cualquier medida sería un “parche transitorio que no termina de resolver una situación estructural, pasan los años y los pescadores viven por debajo de la línea de pobreza, mientras las empresas que monopolizan el mercado ganan cuantiosas sumas y sobreexplotan los recursos naturales sin tomar ningún tipo de riesgos”.

“De no abordarse la problemática en su contexto y en conjunto, en poco tiempo tampoco tendrán los trabajadores recursos para valerse. Los últimos ciclos de producción se han visto dañados por las bajantes y la ausencia de medidas proteccionistas. Por eso, solicitamos la urgente intervención” del gobierno porque se trata de “una temática de naturaleza alimentaria, que afecta a todos los santafesinos”, dijo la comisión.

Además de los cortes en la autopista, en la ruta 168 Santa Fe-Paraná y en el puente Rosario-Victoria, grupos de pescadores cortaron la ruta nacional 11 en cuatro lugares: a la altura de Coronda, Arocena, San Fabián y Tacuarendí. En Arocena el corte era intermitente: dejaban pasar vehículos 10 minutos y luego bloqueaban las dos manos durante una hora, lo que generó una cola de 7 kilómetros.

En la ruta provincial Nº 1, en la zona de la costa, hubo cortes en San Javier, Cayastá y Alejandra. Y lo mismo ocurrió en el acceso al puerto Reconquista, con un corte parcial de calzada y paso alternado de vehículos.

Fuente:Rosario12


Reporte epidemiológico

Coronavirus: Rosario registró 318 nuevos casos y hubo 1.112 en toda la provincia

 
Fuente:RosarioPlus



Ampliación de derechos
Cupo laboral trans: el Concejo Municipal inauguró el año 
con las dos primeras incorporaciones
Se trata de Michelle Mendoza y Santiago Quizamás quienes empezaron a trabajar en el área de recepción del 
Palacio Vasallo y la comisión de Feminismos y Disidencias, respectivamente. Fue en sintonía con la Municipalidad y 
una ordenanza aprobada por el cuerpo





















Se trata de Michelle Mendoza y Santiago Quizamás quienes empezaron a trabajar en el área de recepción del Palacio Vasallo y la comisión de Feminismos y Disidencias, respectivamente.

Ingresaron de acuerdo al proceso de selección correspondiente al año 2020. De la misma forma, trabajadoras y trabajadores del mismo colectivo empezaron a formar parte de la planta de la Municipalidad.

Las incorporaciones son en cumplimiento de la ordenanza Nº 9.543 votada por el Concejo Municipal en 2016, un proyecto de la actual presidenta del cuerpo María Eugenia Schmuck, del bloque Radical, y su compañero de bloque de entonces, Sebastián Chale.

“Hoy es un día histórico, un día en donde Argentina amplió derechos, un hito en la historia de las libertades de millones de mujeres. En ese marco, decidimos cumplír con una deuda pendiente de nuestra institución, la incorporación de las primeras dos personas a través del cupo laboral trans. Seguimos celebrando estos momentos porque son necesarios para construir una realidad más igualitaria. Tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestra palabra y de cumplir con la historia”, expresó Schmuck durante una reunión de bienvenida que se realizó en el despacho de la Presidencia.

En aquella oportunidad, cuando se presentó y trató el proyecto, se tuvieron en cuenta planteos realizados por Vox Asociación Civil y otras organizaciones del movimiento LGTBIQ+. Es decir, la norma surgió como resultado de las luchas de ese colectivo.

“El derecho a la identidad de género es una prerrogativa que integra el más amplio derecho a la propia identidad, formando parte del plexo normativo de los derechos humanos”, señaló Schmuck a través de su iniciativa. La norma se fundamenta en la Constitución Nacional, así como los tratados internacionales de derechos humanos y la ley nacional Nº 26.743 sancionada en 2012 y que establece el derecho a la identidad de género, entre otras normas.

“Travestis, transexuales y transgéneros generalmente son excluidos y excluidas del mercado laboral, viendo frustradas sus expectativas de lograr un plan existencial”, argumentó.

Además recordó que “es un colectivo especialmente sensible a sufrir y padecer discriminación, ya que siguen existiendo prejuicios culturales y socio-laborales a la hora de aceptarlos en determinados ámbitos regulares del mercado laboral”.

Según el texto de la ordenanza, “la Municipalidad de Rosario deberá incorporar anualmente a su planta de trabajadoras y trabajadores a cinco personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad para los cargos”.

También propone promover su inclusión en los organismos descentralizados y autárquicos municipales, empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todos aquellos organismos empresariales donde el municipio tenga participación mayoritaria en el capital.

Además se garantizarán los mismos derechos y remuneraciones, y deberán cumplir con las mismas obligaciones por sus prestaciones que los demás empleados y empleadas que desempeñen en el Estado.

A la Municipalidad también ingresaron Mariana Fregenal, Virginia Rivero, Xiomara Toffoletti y Mariana Braccani.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion

No hay comentarios: