Paro en la química Dalgar por despidos
Trabajadores de la química Dalgar realizan una huelga en defensa de los puestos laborales. Exigen condiciones de seguridad e higiene y la reincorporación de 4 operarios despedidos.
Desde el lunes 4 de enero los trabajadores de la química Dalgar de Esteban Echeverría se encuentran realizando un paro total del establecimiento.
El conflicto en esta fábrica comenzó, como dijo el delegado del establecimiento Carlos Arguello en distintos medios zonales, por el incumplimiento de la patronal de los protocolos de seguridad e higiene producto de la pandemia del coronavirus. Y frente al intento de aprovechar la crisis económica para flexibilizar las condiciones de trabajo.
Ante esta situación los trabajadores comenzaron a realizar asambleas por turno a lo que la empresa respondió con el despido de cuatro trabajadores el día lunes. Desde ese momento, la comisión interna y los trabajadores acompañados por el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Avellaneda iniciaron un paro con permanencia en el portón del establecimiento y el corte del carril mano a provincia de la Ruta Camino de Cintura.
Entre el jueves y el viernes la patronal envío más telegramas de despidos que hasta el día de hoy totalizan doce trabajadores. Los trabajadores solicitan la difusión y la solidaridad para contrarrestar esta política patronal de ajuste y despidos.
Fuente: ANRed
Tierra del Fuego: metalúrgicos de Leanval denuncian despidos sin previo aviso
Tres trabajadores de la firma Leanval, de la ciudad de Rio Grande, en Tierra del Fuego, denunciaron que fueron desvinculados sin previo aviso. Esta situación generó tensiones entre los trabajadores quienes reclaman por sus reincorporaciones.
La firma despidió a tres trabajadores sin previo aviso luego de que estos empleados acusaran de maltrato a un supervisor.
Al respecto, una de las damnificadas, Jesica explicó “dejaron afuera a tres empleados de los más antiguos sin previo aviso, creemos que el nuevo supervisor por un conflicto personal nos dejó afuera”.
“Anteriormente teníamos otro supervisor y el año pasado llegó otro que no tiene el mejor trato con nosotros”, indicó la mujer.
Por otro lado, otro de los empleados que se quedó sin su puesto de trabajo dijo “esto viene a raíz de reiterados pedidos por nuestro bienestar laboral, y dos días antes de año nuevo nos enteramos de esta noticia”.
“Junto al gremio de la UOM seguiremos acá pidiendo por nuestros puestos laborales”, concluyó una de las trabajadoras.
Fuente: Info Gremiales
Proponen que el Estado compre una parte de las acciones de EDENOR que vende Mindlin
Pampa Energía acordó la venta del paquete accionario mayoritario de la distribuidora eléctrica a Vila-Manzano. La operación debe ser aprobada por el ENRE y el Ministerio de Economía. Pymes y organizaciones, entre las que se encuentra la CTAA, plantean ampliar la participación de ANSES en la empresa para mejorar el control de tarifas.
Hace algunos días se conoció que el consorcio que encabezan los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti firmó un acuerdo de compra por EDENOR, la mayor distribuidora eléctrica del país, por un monto inicial de US$ 100 millones para hacerse con el 51% de las acciones, actualmente en poder del holding Pampa Energía que preside Marcelo Mindlin. Se estima que la operación final podría concretarse en US$ 150 millones.
Sin embargo, la operación deberá ser aprobada por el Ente Nacional de Regulador de Electricidad y el Ministerio de Economía de la Nación. El traspaso accionario esta previsto para el 16 de febrero.
La estructura accionaria de EDENOR se complementa con un 27,8% en poder de la ANSES y el resto, 22% aproximadamente, en manos de inversores bursátiles, cotizando en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires.
Ahora, un amplio grupo de organizaciones sociales, sindicatos, empresarios y cámaras pymes proponen que el Gobierno aproveche la operación para ampliar la participación del Estado en la compañía eléctrica y, entre otras cosas, facilitar el manejo tarifario.
En un comunicado firmado por el Grupo Bolívar, la CTA Autónoma, Industriales Pymes Argentinas, el Consejo Productivo Nacional y el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, entre muchos otros, señalan que la situación constituye “una excelente oportunidad para el Estado nacional, para reordenar el sector eléctrico, ya que la electricidad es un insumo estratégico usado por las industrias, cuyo precio influye en la competitividad de las mismas y que a la vez es usado por la totalidad de la población”.
“Se debe tener en cuenta que Argentina es un país que puede ser autoabastecido en energía en todas sus formas. Dado el monto acordado por la venta de Edenor, es posible la recuperación. Consideramos que los servicios públicos deben estar en manos del Estado o, alternativamente, controlados muy severamente.”, agregan.
Además, reclaman revisar los mecanismos de funcionamiento de los entes reguladores, “que están cooptados por las empresas concesionarias”; como así también hacer públicos todos los sumarios abiertos por infracciones al servicio; que se puedan registrar las irregularidades para que, eventualmente, que el Estado pueda rescindir sin costo los contratos por falta de cumplimiento de las obligaciones; y que las eléctricas solo puedan operar en el mercado interno para evitar los negociados con sobreprecios en la adquisición de insumos en divisas, salvo para operaciones publicas verificadas.
“El sistema neoliberal imperante ha desarrollado un mecanismo de empresas de servicios públicos cuyo principal objetivo es la extracción de rentas de Argentina. Las compañías han montado un modo de extracción de riquezas, siempre en divisas, utilizando todos los mecanismos oscuros que la legislación no castiga adecuadamente”, denuncian en el texto, y finalmente concluyen: “Solicitamos se examine exhaustivamente la transacción de EDENOR y se vea lo conveniente para la Nación Argentina, no como en una compraventa privada, que no lo es, ya que sin la intervención del Estado no es posible hacerla”.
También aparecen entre los firmantes la Central de Entidades Empresarias: Unidad Popular, Movimiento Proyecto Sur, Unidad Peronista Bonaerense y Corriente 25 de Febrero, entre otros
Fuente: ACTA
La CTAA y otros sectores reclamaron que Edenor e YPF sean estatales y revisar venta de la eléctrica
La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) consideró «fundamental» que Edenor, YPF y todos los servicios públicos «estén en manos del Estado o controlados de manera severa», y reclamó hoy a las autoridades nacionales «una exhaustiva investigación de la transacción de la empresa eléctrica al Grupo Manzano-Vila-Filiberti».
Un documento firmado por los secretarios general y adjunto, Ricardo Peidro y Hugo Godoy, y respaldado por una decena de sectores, agrupaciones y entidades, aseguró que en el caso Edenor debe examinarse «lo más conveniente para la Argentina, y no como una transacción privada, que no lo es, porque sin la intervención estatal no es posible hacerla».
«La venta de la mayoría del paquete accionario de Edenor es una excelente oportunidad para el Estado de reordenar el sector eléctrico, que es un insumo estratégico para la población y las industrias; su precio influye en la competitividad y, para el ciudadano, su valor afecta el nivel de vida colectivo, al igual que sus costos», señaló el documento.
Para el sector, la Argentina puede autoabastecerse en energía y, Edenor, es la empresa más grande; fue dada en concesión por el menemismo y exige «un indispensable reacomodamiento, que depende de la mirada política sobre la visión de una Nación industrial y con energía barata», por lo que reclamó su «inmediata recuperación».
«La transacción que se intenta depende de la aprobación del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE). Hay que avanzar en el control público del sector para resolver la fragmentación y anarquía propia de la privatización, y traspasar YPF también», afirmó.
El holding de Marcelo Mindlin (Pampa Energía) procura transferir Edenor a aquel grupo empresario en 100 millones de dólares, que se abonarían en dos cuotas de 60 y 40 millones cuando se oficialice la venta y dentro de un año, pero depende de Economía.
«El valor de venta está muy debajo de la cotización de mercado para una firma con casi 3 millones de usuarios. El grupo se quedaría con el 51,8 por ciento de la mayor distribuidora eléctrica y con el control de la actividad y sus utilidades, ocultas hoy en divisas extranjerizadas. Ello se realiza con la compra de materiales en el exterior, siempre con sobreprecios, lo que facilita ganancias en dólares no contabilizados», remarcó.
Para el espacio, ello «pauperiza» a la Argentina y «alienta la desindustrialización» para mejorar «sus negocios privados, además de obtener balances deficitarios, justificados con los perpetuos aumentos de tarifas, con importantes ganancias extracontables en divisas».
«La Anses debe aumentar su participación accionaria en Edenor para ponerla al servicio de los intereses nacionales. Hay que revisar el funcionamiento de los entes reguladores, cooptados por las concesionarias, y también registrar las irregularidades para poder rescindir los contratos, sin costo alguno para el Estado», señaló el documento.
El sector denunció que «las empresas de servicios desarrollaron un sistema de extracción de riquezas en divisas, que la legislación no castiga, como los sobreprecios de partes importadas sin restricciones por la cancelación de la Ley de Compre Argentino, que debilitó el Gobierno de (Carlos) Menem y derogó el de (Mauricio) Macri», enfatizó.
Además de la CTAA, firmaron el documento el Grupo Bolívar, Unidad Popular, Movimiento Proyecto Sur, Observatorio de la Riqueza, Instituto Peronista, Unidad Peronista Bonaerense, Industriales Pymes Argentinas, Consejo Productivo Nacional, Central de Entidades Empresarias y Corriente 25 de Febrero, entre otros sectores y entidades.
Fuente: Info Gremiales
Jujuy: municipales denuncian despidos y precarización, en la ruta 34
Trabajadores nucleados en el SEOM le exigen al intendente de Pampa Blanca la reincorporación de 13 trabajadores despedidos. Denuncian condiciones laborales graves y precarización.
Los trabajadores de la localidad jujeña de Pampa Blanca se movilizaron hoy a la Ruta Nacional 34, para reclamar por la reincorporación de 13 trabajadores jornalizados que fueron despedidos.
Los manifestantes denuncian que fueron echados por no firmar un contrato de trabajo que le pone fecha de vencimiento a la relación laboral y le congela el sueldo para todo el 2021 en sumas que van de $ 5000 a $ 9000 mensuales.
Asimismo, exigen que le devuelva el cargo de Jornalizados a 9 Planes Municipales que fueron retrotraidos ilegalmente a esa situación y que cobran $ 2500 mensuales, también el pago íntegro de haberes a todos los Jornalizados dado que les abonan sumas fijas muy por debajo de lo que corresponde por ley; que cumpla la Ordenanza de Altas por Bajas, Recategorización para la Planta Permanente y entrega de elementos de protección personal e Indumentaria completa, informó La Izquierda Diario.
Desde el SEOM Jujuy pidieron acciones para revertir la situación al intendente Monzón, en medio de la Pandemia por COVID 19.
El 23 de diciembre del 2020, Monzón notificó a jornalizados para que se presenten a firmar un contrato de trabajo con vencimiento bajo amenaza de cesantía si no firmaban. Amenaza que hizo efectiva este martes 5 de Enero, cuando los jornalizados no aceptaron firmar
Los trabajadores jornalizados, no aceptan un contrato que pone fecha de vencimiento a su carrera administrativa y valida la liquidación irregular de haberes recortándoles ítems que les corresponden por derecho.
Fuente: Info Gremiales
UTA reclama una mesa de diálogo al Estado por salarios de choferes de combis
El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, reclamó hoy que el Gobierno disponga «una mesa de diálogo» para «solucionar la falta de pago de salarios a miles de trabajadores de combis» y anunció el «estado de alerta y movilización».
«Ponemos en conocimiento de los trabajadores y a la opinión pública, que no hemos tenido ninguna respuesta a los reclamos formulados a los funcionarios del ministerio de Transporte por los salarios de los choferes de combis y así vemos que el sector va camino a desaparecer», sostuvo Fernández, en un comunicado de prensa.
El titular del gremio, que agrupa a choferes de micros de corta, media y larga distancia, reclamó «no mirar a un costado cuando existen 15.000 trabajadores que no pueden cobrar sus sueldos y padecen un destino de abandono y miseria».
Ante esa situación, el gremialista planteó que «se necesita no solo el mayor de los aportes de parte de los empresarios, sino una respuesta seria, acorde, indispensable y urgente».
El texto firmado por Fernández puntualiza además que «de continuar como hasta la fecha el sistema de Oferta Libre y Turismo y nuestro Convenio Colectivo de Trabajo 610/10, nos quedaremos con menos fuentes de trabajo, sin salarios o con salarios de hambre y miseria, con los trabajadores cada vez más golpeados, y sin encontrar respuestas a sus básicas necesidades alimentarias».
Asimismo, destaca que «los trabajadores de las combis y de turismo no resistimos más, protestamos y nos manifestaremos porque si bien tenemos temor al coronavirus, más temor nos genera no tener para llenar un plato de comida en la mesa de nuestras familias».
La UTA plantea que «el Estado tiene el compromiso de establecer una mesa de diálogo y determinar un proceder, inmediato; y realizar todos los esfuerzos posibles a su alcance para asistir y auxiliar un sector con destino a desaparecer, de muchos trabajadores, de pequeñas empresas y grandes necesidades, que de un tiempo a esta parte ve un retroceso y un destino preocupante en la precariedad y la marginalidad».
Fuente: Info Gremiales
Envio:RL
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