22 de enero de 2021
Un gesto de soberanía
Islas Malvinas: La aerolínea Lufthansa le pidió permiso a Argentina para realizar dos vuelos
La aerolínea alemana Lufthansa marcó con un gesto administrativo un importante reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas al presentar una solicitud de sobrevuelo y aterrizaje para viajar al archipiélago ante Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la provincia de Tierra del Fuego.
"Se destaca la relevancia de la presentación de la solicitud de Lufthansa ante autoridades argentinas, en tanto implica el reconocimiento de las Islas Malvinas como parte del territorio argentino", celebró la Cancillería argentina. El pedido de la aerolínea de bandera alemana es para realizar dos vuelos chárter a las Islas Malvinas.
Los vuelos en cuestión, que ya recibieron aprobación, partirán desde la ciudad alemana de Hamburgo, el primero a realizarse el próximo 1 de febrero y el segundo el 30 de marzo. En ambos casos se designó a Ushuaia como aeropuerto alternativo a las Islas Malvinas, según detalló la Cancillería.
La solicitud presentada informa que ambos vuelos tienen como objetivo transportar a científicos y personal para recambiar a las personas actualmente presentes en la estación científica alemana en la Antártida "Neumayer III", así como el recambio de tripulación para el buque de investigación polar "Polarstern".
La autorización de ingreso del mencionado buque a Puerto Argentino había sido solicitada por la Embajada alemana a la Prefectura Naval Argentina en el marco del Decreto 256/2010. Lufthansa detalló que todas las personas a bordo de dichos vuelos pasarán 14 días de cuarentena antes del viaje, durante los cuales serán sometidos a tres exámenes PCR, cuatro en el caso de los tripulantes de la compañía aérea.
Sobre este tema, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, destacó que es una señal importante el permiso solicitado porque representa "un paso importante en la comprensión a nivel global de que se trata de un territorio sobre el cual, como reconocen las Naciones Unidas, existe una disputa de soberanía que tiene como único camino de solución el diálogo en el marco de la resolución 2065 de Naciones Unidas", subrayó.
Fue ministro, senador y destacable operador del peronismo
José Pampuro, adiós a un político de raza
Falleció José Pampuro, a los 71 años. Médico de profesión, especializado en oncología. Bonaerense de nacimiento, peronista conurbano desde la cuna, baqueano de su provincia, político con larguísimo recorrido. Fue ministro de Defensa durante la presidencia de Néstor Kirchner, presidente provisional del Senado entre 2005 y 2011. Con anterioridad, secretario presidencial con Eduardo Duhalde. Diputado nacional, en ocasiones. En los últimos años, con la salud muy dañada, director del Banco Nación. El listado de cargos impresiona. Es consecuencia del peso de su faceta más destacada, su especialidad, que no figura en ningún organigrama. “Pepe” Pampuro, que así lo llamaban amigos, adversarios, contertulios (condiciones que variaban según los tiempos) fue un operador de primera. Armador de listas, de reuniones, de armisticios, de pactos. Negociador permanente con dotes para la trenza, el toma y daca, la persuasión, el pressing, cierto manejo de las macanas cuando era menester.
Tarea colectiva por antonomasia, la política democrática real existente precisa especialistas de surtidos formatos. Cuadros por vocación, por experiencia, por destreza. La denostada rosca integra la labor cotidiana. Hay quienes enaltecen el diálogo, el pluralismo, las tratativas y desmerecen las labores que los cimentan. Se equivocan, practican una moralina vanidosa.
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Pampuro hizo carrera con Duhalde, fue figura relevante en la decisión de candidatear a Kirchner para presidente. Cuando sus dos referentes chocaron se alineó con “el Flaco” (así solía apodarlo) granjeándose odios de Duhalde. Tremendos, salvo si se los compara con el que le defirió la ex senadora Hilda González de Duhalde. “Chiche”, vale recordar, fue goleada en las elecciones para senadores bonaerenses por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2005). Pampuro ladeó a Cristina en la fórmula y recaló, con esos votos recontra prestados, en la Cámara Alta, un refugio que le encantaba.
Antes Kirchner lo había designado en Defensa. El negociador sudó la gota gorda acompañando al presidente en su audaz política de derechos humanos. Jamás le aconsejó sus decisiones, las bancó tragando saliva, empalideciendo a menudo. Bancó y por eso la transición al Senado.
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A primer vistazo podía engañar. Tez cetrina, cortito de estatura, propensión a hablar bajo o susurrar. Tal vez la pinta lo ayudó al principio para distraer interlocutores. Conocía Buenos Aires al dedillo, llevaba cien Excel en la cabeza, un mapa hablado de cada protagonista, una colección de mesas, mateadas, cafés y cenas.
Ciertas características lo diferenciaban del arquetipo o del prejuicio. Fue médico de buen nivel, hablaba inglés con fluidez, fue hombre de buenas lecturas.
La ironía, una marca de fábrica. “Duhalde es un jugador de ajedrez”, decía sugiriendo sabidurías tácticas. Eventualmente, colaba: “yo le gano a veces”.
El tránsito del duhaldismo al kirchnerismo constituyó su etapa más destacada, opina este cronista. Desde temprano alentó que Kirchner fuera el candidato, cuando también pintaban José Manuel De la Sota, Carlos Reutemann, Felipe Solá. Algunas encuestas acertaban; Carlos Menem puntearía en primera vuelta. Y durante un rato se decía que Ricardo López Murphy saldría segundo. Ese rumor, tal vez, alentó desplazamiento de votos hacia Kirchner, de ciudadanos que no lo conocían ni podían pronunciar su apellido. “Esas encuestas se dibujaron” comentó en off alguna vez. “¿Quién las dibujó?” indagó este cronista. El operador reía, dejando flotar al enigma, la duda, la sospecha.
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Ocurrió durante un congreso peronista en Lanús, su pago chico. Duhalde precisaba cambiar las reglas de la interna peronista, abolirla para la presidencial del 2003, con "neolemas", que todos compitieran como candidatos a cielo abierto. Era el modo de evitar que Menem ganara las primarias, que quedara condenado a puntear en primera vuelta y perder en ballotage ante Kirchner. Mediaban acuerdos en general pero los votos se suman de a uno. El misionero Ramón Puerta, expresidente fugaz, estaba enojado. Se asiló con una cantidad grossa de congresales en un café de las inmediaciones, sin entrar al Congreso. Pampuro fue comedido a parlamentar junto con el enorme operador peronista Juan Carlos “el Chueco” Mazzón. Puerta protestaba; lo relegaban, lo ninguneaban. Los operadores lo convencieron.
Argüían: “lo necesita el presidente. Hoy es por Kirchner pero si los sondeos no le dan (como a De la Sota) puede ser para vos”. Quizá la promesa de algún puesto en el gobierno embelleció la conversa. Puerta accedió, dejando constancia del desagrado.
¿Por qué creerles a dos operadores rejunados, sospechosos lo tanto?, inquirió entonces este cronista.
“Por ahí no tenía alternativa. Por ahí creyó que la remoción de Kirchner era factible. Por ahí, era posible. En todo caso, le quedábamos debiendo algo, para otra vez”.
La política no es (siempre ni mayormente) la continuación de la guerra por otros medios. Son relaciones de tracto sucesivo, donde se abren cuentas corrientes, deudas, créditos, expectativas.
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“El operador –reflexionaba-- debe hacer lo que su jefe necesita, A veces éste no lo sabe, ni es forzoso que siempre conozca lo que hace”. Puestos a parafrasear, de modo libre, los textos sobre el Cid, todo buen señor necesita buenos vasallos. Tejer, tejer, coleccionar relaciones, es una de las claves.
Los operadores no gozan de buena prensa ni de abordajes académicos a su nivel. Se trata, empero, de jugadores necesarios en un equipo. Los más eximios, Pampuro entre ellos, son imprescindibles en segundo plano como grandes actores de reparto del cine inglés o del francés. Completan la escena, ayudan al brillo del protagonista, sin ellos no hay historia.
La relación entre el dirigente y los periodistas que lo consultan asiduamente, otro temazo desmerecido. El firmante de esta columna intercambió durante años con Pampuro, cada quien haciendo su trabajo. Lo cual incluía pactos, canjes, alguna primicia entregada a un medio competidor, compensaciones...
Buen observador, con aguda perspicacia psicológica, lo adornaba el sentido del humor. “Mordaz” era un elogio intenso, en su vocabulario.
Cultivaba y disfrutaba del off the record en su capciosa gama de versiones nacionales. Tomaba en solfa los códigos: “no me entregues", "no comentes que esto te lo contó un dirigente petiso que fuma en pipa", "disimulame un cachito”…
La biografía exige consignar que era hincha de San Lorenzo, familiero, con la memoria prodigiosa del dirigente territorial para recordar datos del interlocutor.
Siempre fue peronista, aunque atravesó Rubicones internos. Consagró su vida a la acción política, sostuvo convicciones con mayor firmeza que muchas estrellas. Se hizo querer por compañeros y adversarios, sabía ser afectuoso. Hasta Duhalde lo despidió con respeto, escogiendo las palabras y el momento.
Jamás le escuché hablar con malevolencia sobre la vida privada de nadie. Fue grato y fructífero intercambiar con él.
Pepe Pampuro fue un político de raza, que supo cumplir su misión y hacerse valorar. El reconocimiento de sus pares le hace justicia. Esta nota aspira a lo mismo, sin excluir la pena que no se debe sobreactuar ni mucho menos negar.
Va también el abrazo a su familia, que tanto nombraba en sus conversaciones.
El sistema de salud ante la ley de IVE
Quiero abortar y puedo: las obligaciones de las obras sociales y la medicina prepaga
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.610, el Estado argentino asumió el compromiso de garantizar el acceso libre y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo a todas las personas gestantes que habiten este suelo, hasta la semana 14 de gestación inclusive. Así, libre y gratuito, tal como lo cantamos en infinitas marchas.
“La presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto” dice el artículo 1. Además, en el artículo 16 se explicita que la práctica formará parte del Plan Médico Obligatorio, lo que obliga a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a incluirlo dentro de sus prestaciones. Por eso el aborto podrá ser en el hospital y también en clínicas, consultorios privados, sanatorios y en nuestras propias casas. En cualquier lugar, tal como exigimos en los cánticos renovados de los últimos años.
Entre el debate de 2018 y los datos aportados en 2020, ya no quedan dudas sobre la conveniencia de la ley para el sistema público de salud. No sólo se salvan vidas al evitar complicaciones por abortos mal practicados, sino que también se liberan camas para otres pacientes al evitar internaciones.
Según declararon desde el Poder Ejecutivo, el sistema público ya está abastecido con los insumos necesarios para todo lo que queda del año ¿Y el resto de los prestadores?¿Cómo se va a garantizar la práctica en aquellas provincias donde abundan los objetores?¿Cómo podrán acceder a los medicamentos quienes decidan abortar sin pasar por el sistema de salud?
En buena parte del país no era fácil acceder a las interrupciones legales que ya existían (ILEs) y sabemos que tampoco será sencillo hacer cumplir la ley. El desafío por delante es grande, pero sin dudas el camino recorrido es auspicioso.
Miso para todes: aborto con pastillas
Gracias a la militancia, a la investigación, a les profesionales comprometides, hace tiempo ya que sabemos que la forma más segura y también más económica para abortar es el aborto farmacológico, con pastillas. Sólo en los casos en los que se excedan las 12 semanas o si hubiese alguna patología particular, se recomienda otro tipo de intervención como el AMEU (aspiración manual endouterina).
Desde la promulgación de la ley, bastará sólo con comunicar la decisión para que le profesional que nos atienda tenga la obligación de brindar información y garantizar la práctica. Incluso en el caso de objetores de conciencia porque tendrán que derivar sin dilaciones.
Quiero abortar y puedo. Y también lo deseo. Nos cansamos de escuchar eso de que “nadie quiere abortar”. Y es un error. En todo caso lo que no queremos es quedar embarazades involuntariamente pero no hay nada que deseemos más que abortar cuando eso ocurre. Y las razones ya no importan. Si falló el método, si fue un descuido, si nos arrepentimos. Ninguna de esas son circunstancias ocasionales.
Según el ministro de Salud Ginés González García, ya se compraron insumos para que, durante este año, a nadie le falten medicamentos, test ni anticonceptivos. También explicitó que en la última licitación el Estado compró cajas de Misoprostol por $ 2.800, menos de la mitad de lo que cuesta en farmacias ($ 6.200). También contó que el Fondo de Población de Naciones Unidas ofreció una partida grande a $ 400. Además, está en evaluación la provisión para todo el país a través del laboratorio de Santa Fe, que hoy sólo tiene permiso para abastecer a la provincia.
Si bien en el sistema público se debería poder conseguir, para quienes decidan comprarlo por su cuenta habrá que garantizar que las farmacias lo tengan y que las obras sociales y prepagas lo faciliten, con los descuentos correspondientes. Al día de hoy, a veces cuesta conseguirlo.
Las farmacias son negocios que funcionan por demanda. El Estado no regula su stock de medicamentos. Es probable entonces que, si aumentan los pedidos de misoprostol, sean más las que lo soliciten a sus distribuidores y lo ofrezcan al público.
“A veces es un recorrido laberíntico para quienes quieren comprar misoprostol. Y se les da información errónea. También hay mucha venta trucha por internet” cuenta Ruth Zurbriggen, activista e investigadora de la Colectiva Feminista La Revuelta (Neuquén-Patagonia Argentina), Socorristas en Red y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Otro desafío en el corto plazo es lograr que se apruebe en nuestro país el uso de mifepristona. “La combinación de misoprostol con mifepristona eleva la calidad de la intervención, acorta la cantidad de horas y además hace que sea una práctica más amable para el cuerpo. Y el sistema de salud gana porque el porcentaje de efectividad es más alto cuando se combinan. El misoprostol tiene una efectividad de entre 89 y 92 % ,y combinados, un 98 %”, apunta Ruth. En la plataforma Misobservatorio se puede encontrar una guía muy completa sobre todos los avances al respecto y también un monitoreo de precios.
Información para decidir
Sobre todo en 2018, buena parte de les legisladores recurrieron a información falsa para sembrar el pánico. “Esto va a hacer colapsar el sistema sanitario”, “no hay recursos para garantizarlo”, decían. Incluso quisieron que el proyecto fuera tratado por la Comisión de Presupuesto, presidida en aquel momento por el ultracatólico Esteban Bullrich. En una de las últimas exposiciones, el ministro de Salud de aquel entonces, Adolfo Rubinstein, fue el primero que, desde una voz oficial, confirmó lo que distintos informes ya adelantaban: los costos del aborto clandestino son ampliamente mayores.
Durante la pandemia, se calcula que alrededor de 100 camas estuvieron ocupadas por internaciones evitables, producto de abortos mal practicados. La información falsa tenía a su favor la clandestinidad. Ahora que tenemos ley y que, de a poco, accederemos a estadísticas más precisas, quizás podamos exigir a quienes aportaron datos falsos que revisen sus discursos. Y que, como buenos creyentes, pidan disculpas.
Para contrarrestar la desinformación, en estos días se difundió mucho el 0 800 222 3444. Se trata de la línea 0 800 Salud Sexual que funciona hace más de diez años pero cuya demanda aumentó exponencialmente desde el debate de 2018. Hoy se convirtió en una herramienta fundamental para conectar a quienes demandan la práctica y les referentes de cada región que trabajan para hacer cumplir la ley.
Desafíos del nuevo presente
“Esta ley es la frutilla del postre” dice Analía Messina, medica tocoginecóloga, consultora de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y jefa de servicio de Obstetricia del Hospital Álvarez. “Venimos andando un camino que incluye, por ejemplo, la ley de parto humanizado, la ley de identidad de género, la ley contra las violencias. Hoy tenemos que fortalecer a los equipos que dan respuesta y que cumplen con las leyes que hemos conquistado. De ese modo tenemos que garantizar que cualquier subsector brinde servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Hasta hoy, quien siempre dio más respuestas fue el sistema público”.
Hay obras sociales provinciales con las que se trabaja bien, cuenta Analía y cita el caso de la provincia de Mendoza, Santa Fe y algunas partes de la Provincia de Buenos Aires, pero hay otras que aún no tienen ninguna experiencia. En la Ciudad de Buenos Aires, durante el 2020, más de la mitad de las mujeres y personas gestantes que recibieron atención por ILEs tenían otras coberturas. A nivel país, quienes sólo tienen acceso al sistema público son aún una minoría: el 36 %.
“El Ministerio de Salud de la Nación tiene enormes responsabilidades y enorme trabajo en hacer cumplir la ley. Si porque tuve partos anteriores me atiendo con una ginecóloga amorosa y que me cuida pero si voy por un aborto no me atiende, en realidad lo que sucede es una estigmatización de la práctica. Para todo puedo atenderme con ella, pero para esto no porque en la clínica en la que atiende no se garantizaron los mecanismos. Nuestro trabajo va a estar orientado a todo lo que podamos aportar al sistema público de salud. Por el aprendizaje acerca de la escucha, el cuidado, etcétera. Lo pondremos a disposición como también nuestra capacidad de exigencia”, dice Ruth.
De alguna manera, la implementación de la IVE pondrá al descubierto las fortalezas y debilidades del sistema tripartito de salud. En una de sus últimas intervenciones, la Vicepresidenta Cristina Fernández sugirió que había que debatir la distribución injusta de los recursos. Todo indica que el acceso a la IVE pondrá de manifiesto muchas de las falencias del sistema actual. Por eso será una nueva oportunidad para cuestionar un tema de fondo, de ésos que nos gustan abordar desde los feminismos: ¿hasta cuándo podremos tolerar que la salud sea un negocio? Es una pregunta urgente, sobre todo en tiempos de pandemia.
También podremos mostrar, ya sin miedo a ser criminalizadas, la desigualdad en el acceso a la salud integral en las distintas provincias de nuestro país e incluso entre regiones.
Aunque la palabra “salud integral” se haya vetado y no figure en la ley, sabemos que la polisemia del aborto es infinita y que haber dejado atrás la clandestinidad nos abre un mundo de posibilidades.
El reacondicionamiento del Parque de la Innovación costará mil millones de pesos y lo hará la empresa Bricons
Otro negocio en CABA para los aportantes PRO
Werner Pertot
Imagen: Leandro Teysseire
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta preadjudicó una obra para reacondicionar el llamado Parque de la Innovación a una empresa que fue aportante de campaña de Cambiemos. Su presidente, Mario Ángel Raspagliesi, aportó 500 mil pesos a título personal y otros 500 mil en nombre de una de sus empresas a la campaña presidencial de Mauricio Macri de 2015. La ganadora, Bricons, tiene una larga historia con el Gobierno porteño: hizo Metrobuses, edificios de ministerios, parte de la Villa Olímpica y forma parte del afortunado grupo de empresas que refaccionan veredas. La oposición porteña cuestionó, además del ganador, algunas cuestiones de fondo: que se destinen fondos a un proyecto inmobiliario privado, financiado por la venta de terrenos públicos, donde se convertirá un espacio verde en una zona con torres que superan el alto que estaba permitido para la zona.
Como se publicó en el Boletin Oficial del jueves, la Licitación Pública 719 concluyó con la preadjudicación a Bricons SAICFI de la obra para la "remediación, demolición e infraestructura" del Parque de la Innovación en Nuñez, por un total de 998 millones de pesos. Como publicó el diario Tiempo Argentino, en una cena en La Rural para reunir fondos de campaña para el PRO Raspagliesi aportó 500 mil pesos a título personal y otro medio millón a nombre de El Mistol, una empresa que produce aceite de oliva.
La empresa de Raspagliesi, Brincons, es hace años uno de los grandes jugadores de la construcción en la Ciudad. En 2014, por ejemplo, fue la responsable de la construcción del Metrobus del Sur. En ese entonces, el auditor Eduardo Epszteyn remarcó que la obra costó 223 millones de pesos, un 89 por ciento más que el monto original. Según el equipo del auditor, las dos estaciones que están sobre la avenida Sáenz (la estación Pompeya y Sáenz) costaron cerca de dos millones de pesos cada una. Luego el Gobierno porteño le pagó por demoler esa misma obra, ya que iban a hacer un centro de trasbordo. Con eso, sumaron otros 39 millones.
Bricons también ingresó al exclusivo club de empresas que refaccionan veredas en la Ciudad, donde hay más de un aportante de Cambiemos, por no mencionar a empresas vinculadas a Nicolás Caputo, el "hermano de la vida" de Macri. Bricons, concretamente, ganó la licitación para refaccionar la comuna 6, por 280 millones de pesos. Pero eso no es todo: otra empresa, Miavasa, socia de Bricons en aquella obra del Metrobus, se llevó la Comuna 4, con otros 291 millones de pesos. Bricons construyó parte del actual edificio del Ministerio de Educación en la Villa 31, hizo parte de la Villa Olímpica en Lugano, el Centro de Trasbordo de Constitución, el Metrobus Norte, entre otras obras emblemáticas del PRO. Bricons también tuvo otros contratos en la provincia de Buenos Aires en la época de María Eugenia Vidal, en Acumar, y con AUSA y la Corporación del Sur.
Ahora se ocupará del Parque de la Innovación, un proyecto que se supone que reunirá a instituciones privadas y públicas que se dediquen a la investigación científica -aunque no se conocen las instituciones interesadas- y cuyos fondos provienen de la venta de terrenos públicos, como el del ex Tiro Federal, que fueron adquiridos por grandes desarrolladores. Según publico la periodista Celeste del Bianco en Tiempo Argentino, entre los ganadores por la venta de estos terrenos está un fideicomiso propiedad de la familia Werthein y la empresa Sancor Seguros.
Ahora el Gobierno porteño se ocupará de acondicionarles el terreno. Y con una empresa cuyo dueño fue aportante de campaña. Bricons trabajará sobre un polígono de 13 hectáreas, entre las Avenidas Leopoldo Lugones, Guillermo Udaondo y Del Libertador, en donde -entre otras cosas- deberá demoler el ex Tiro, excavar y proveer la infraestructura y la nivelación para los servicios básicos, abrir calles y construir veredas, bicisendas, plantar árboles. En total, la obra duraría 22 meses.
Sobre esto, el legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña planteó a este diario: "En plena emergencia económica con bajas en los presupuestos de educación y salud en plena pandemia es escandaloso que Larreta gaste 1000 millones en esta obra, además hay que sumarle los 4800 millones presupuestados para Costa Salguero. En ambos casos, son negocios inmobiliarios con grandes rentabilidades en las que el Estado paga la infraestructura y la ganancia se la llevan los mismos de siempre que, cómo si fuera poco, fueron aportantes a la última campaña y seguramente lo serán de la campaña presidencial del jefe de Gobierno".
Por su parte, el legislador Juan Manuel Valdés indicó: "Con respecto a esta licitación, vuelve a llamar la atención que se premie a los empresarios amigos con suculentas contrataciones. Habrá que ver si no vuelve esta empresa a ser aportante del PRO en la campaña 2021". "Siempre cuestionamos la política de construir torres donde existen actualmente espacios verdes. Las que se instalarán en el Parque de la Innovación tendrán una altura que triplica lo establecido por el código urbanístico. Mientras la normativa prevé que no pueden excederse los 32 metros de altura en un corredor alto, estos edificios tendrán 100 metros, a partir de una excepción otorgada especialmente por la Legislatura. Un espacio que originalmente debía servir para el deporte y esparcimiento de los ciudadanos cambia drásticamente su fisonomía", advirtió Valdés. "Perdemos superficie absorbente para prevenir inundaciones y mejorar la calidad de vida, al mismo tiempo que seguimos cargando el corredor norte con actividades que podrían desarrollarse en la zona sur. Para mudar el Tiro Federal se rellenó el río, otra muestra de la irresponsabilidad ambiental de Larreta", consideró.
“Es vergonzoso que el gobierno porteño gaste en estos momentos de pandemia mil millones de pesos en tareas de infraestructura del Parque de la Innovación, donde funcionaba el Tiro Federal, y aún peor es que le adjudique esta obra a la empresa Bricons que fue aportante de la campaña de Cambiemos en 2015", remarcó el legislador Santiago Roberto. "Además, esta firma ya había sido beneficiada por la Ciudad con la construcción del Metrobus. Pero esto no es todo, a esta situación irregular además hay que sumarle que la venta del predio del Tiro Federal se realizó por un monto mucho menor que el que correspondía a la tasación real y que nosotros denunciamos el año pasado porque el Estado porteño perdía recursos y se beneficiaba un negocio inmobiliario”, recordó.
Diferentes eslabones de la cadena de valor deslindaron responsabilidades
El pan sube, pero los empresarios miran para otro lado
Dada la sensibilidad que generó el anuncio y en algunos casos la concreción del aumento del precio del pan, los diferentes eslabones de la cadena de valor se desmarcan de su posible responsabilidad en la suba de costos de uno de los productos básicos de la mesa de los argentinos. A principios de la semana fueron las asociaciones de industriales panaderos. Este jueves les tocó el turno a los molineros, que negaron las acusaciones de desabastecimiento realizadas por algunos dirigentes panaderos y denunciaron que desde las fiestas no pueden reponer la mercadería (es decir, el trigo) y se encuentran utilizando el “stock de seguridad” que poseen para este tipo de situaciones.
En diálogo con PáginaI12, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, aclaró tres puntos que considera cruciales en este conflicto que mantiene al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en diálogo con representantes el sector.
Otra vez sopa: la especulación
En linea con las denuncias de los panaderos, Cifarelli explicó que se vive un momento de tensión en el mercado porque hay escasez en la oferta de trigo. "Estas situaciones suceden a lo largo del año, pero no suelen pasar en enero, cuando recién termina la cosecha", explica y agrega: "Estamos usando el stock de seguridad, que compramos en plena cosecha pero que vamos reponiendo diariamente en tiempos normales. Ahora no podemos reponer la molienda diaria, porque los productores probablemente estén conservando los granos para que no se desvalorice su producción hasta la próxima siembra". Lo que se puede deducir como una especulación, Cifarelli lo interpreta como una falla del Estado por no generar una política pública para incentivar a que el productor triguero despache la mercadería: "No hay herramientas que le permitan al productor salir del grano y quedarse dolarizado de cara a la próxima siembra", explica.
En un déjà vu de lo que hace apenas una quincena fue un conflicto con los productores de maíz, otra teoría sobre la escasez de trigo puede tener que ver con que los productores esperan que el peso se desvalorice aún más para vender la producción a un precio más alto, o que estén mirando con cariño las pizarras de futuros en el Mercado de Chicago, en donde el precio del trigo se encuentra batiendo récords históricos y con tendencia alcista.
Desabastecimiento
"Que desaparezca la idea de q existe desabastecimiento porque no lo hay. Todas las panaderías están abastecidas y las industrias no dejaron de moler en ningún momento, incluso en épocas álgidas de la pandemia", sentenció Cifarelli en respuesta a las declaraciones de algunos dirigentes panaderos que, además de atribuir el aumento del producto final a la suba de la bolsa de harina (en los primeros días del año la bolsa de harina costaba 1.400 pesos, mientras que el viernes 15 de enero cerró en 1.800 pesos); deslizaron que en algunas zonas del interior comenzaba a haber desabastecimiento, lo que podía empujar los precios aún más al alza.
Precio máximo
"Un factor que afecta directamente a la industria molinera es el precio controlado de la harina que rige desde el 6 de marzo de 2020. Desde esa fecha pudimos tener solo dos aumentos, uno del 5 por ciento y otro del 4 por ciento, mientras que el trigo, que significa un 80 por ciento del costo de producir harina, aumentó 61 por ciento interanualmente”, explicó el dirigente y agregó : “Tener el precio fijo con un 9 por ciento acumulado de un año contra un 61 por ciento de aumento de materia prima básica, más la inflación normal del orden del 35/40 por ciento es insostenible".
El presidente de la Federación indicó que, cuando se congeló el precio, la bolsa de 25 kg. de harina costaba 620 pesos, mientras que hoy en día cuesta alrededor de 700 pesos. “Lo que necesitamos es un valor similar a 850/900 pesos más impuestos”. “Si el trigo es precio mundial, si la harina es la más barata del mundo y el pan es a precio mundial, evidentemente la complejidad para nuestro sector es enorme”, concluyó.
También ampliará la prohibición de despidos y suspensiones por noventa días más
El Gobierno extenderá la doble indemnización durante todo el año
Imagen: NA
A pocos días de que se venza el plazo dispuesto por el Gobierno Nacional que impide a las empresas a despedir empleados, el Ejecutivo nacional resolverá extender la prohibición de echar trabajadores durante 90 días. También ampliará el pago doble de indemnización, esta vez, durante todo el 2021. La medida se hará oficial en los próximos días.
De acuerdo al decreto Decreto 891/2020, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de despidos y suspensiones finalizaba el 29 de enero. En aquel entonces, el gobierno había considerado que "la pandemia de Covid-19 ha producido una merma considerable en la actividad económica a nivel mundial de la que nuestro país no se encuentra exento, por lo cual se entiende necesario y conveniente - más allá de las particularidades de cada región-, prorrogar la normativa existente respecto de la prohibición de despidos".
El origen de estas medidas fue para limitar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre el mercado de trabajo. El Poder Ejecutivo impuso la prohibición de los despidos y la penalidad del pago de doble indemnización a las empresas que dispusieran cesantías sin causa de su personal.
La primera de esas medidas fue decretada inicialmente a fines de marzo. En ese momento, cuando lo anunció, el presidente Alberto Fernández cuestionó públicamente, sin mencionar el nombre, a Paolo Rocca, dueño de Techint, porque había despedido trabajadores agremiados en el sindicato de la Construcción.
Los fundamentos del nuevo decreto serán los mismos que en los casos anteriores (el primer DNU rigió desde el 1° de abril, el segundo, desde el 1° de junio y el tercero desde el 1 de dicembre): se dicta en el marco de la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus”.
Desde el Gobierno confirmaron que, como dice el texto del último decreto, "los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto" en este texto "no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales". La medida no se aplicará "en el ámbito del Sector Público Nacional".
La decisión de extender esas medidas de protección a los trabajadores fue tomada en la reunión de Gabinete Económico. En este mismo encuentro los funcionarios evaluaron la marcha de los precios, en particular los de los alimentos frescos.
La línea de pobreza subió 39,1 por ciento y la de indigencia, 45,5
Canastas alimentarias, por arriba de la inflación
Imagen: Enrique García Medina
La canasta básica total, con la cual se mide la línea de pobreza, subió 4,7 por ciento en diciembre. Así lo precisó este jueves el Indec. El centro de estadísticas oficial detalló que una familia de cuatro integrantes necesitó 54.207 pesos para no caer en la pobreza.
La canasta básica alimentaria, que marca la línea de indigencia, subió en diciembre 5,1 por ciento. De este modo fueron necesarios para una familia representativa tener ingresos por 22.680 pesos para no se indigente.
En el informe del Indec se registró que la canasta básica total aumentó 39,1 por ciento en 2020, una cifra que se ubicó por encima de la suba del nivel general de precios de la economía, del 36,1 por ciento.
Por su parte, la canasta alimentaria avanzó 45,5 por ciento. En este último indicador tienen una mayor participación los alimentos, que en los últimos meses han registrado fuertes remarcaciones.
En números redondos, en diciembre de 2019 una familia tipo necesitaba casi 39 mil pesos para no ser pobre, cifra que en diciembre de 2020 subió 54 mil pesos. A su vez, una familia representativa necesitaba a fin de 2019 algo más de 15 mil pesos para no ser indigente, monto que subió a algo más de 22 mil pesos a fin de 2020.
El aumento porcentual de la canasta básica total del 39,1 por ciento el año pasado fue menor que el de la canasta básica alimentaria en casi 6 puntos porcentuales.
La diferencia se explicó principalmente por el peso de las tarifas de los servicios públicos y el transporte en la canasta total, los cuales se mantuvieron congelados desde inicio del año para evitar un impacto en el poder de compra de la población. Se trató de una medida de política económica ante la crisis sanitaria.
En el caso de la canasta alimentaria, las tarifas no se computan en el índice y tienen una gran ponderación alimentos de consumo masivo. En los últimos meses hubo subas fuertes en diversos rubros como la carne, la leche, las harinas y los aceites. Desde el Gobierno se avanzó en robustecer los programas de precios de referencia y al mismo tiempo un esquema de precios máximos.
La inflación minorista en el 2020 fue del 36,1 por ciento, con un alza del 42,1 por ciento en alimentos y bebidas. El aumento de la cotización internacional de las materias primas como el maíz, el trigo y la soja fue uno de los elementos que potenció la presión de precios.
En 2019 la canasta básica total había marcado un incremento de 52,8 por ciento, una cifra que fue casi 14 puntos porcentuales menor durante el acumulado del 2020. Por su parte, la canasta alimentaria había subido al mismo ritmo que la total en 2019, es decir 52,8 por ciento, al tiempo que en 2020 avanzó 8 puntos porcentuales por debajo de esa cifra, en un período en que el nivel general de precios también se redujo pasando del 54 al 36 por ciento (es decir bajando en 18 puntos). Colaboraron en esta dirección distintas herramientas de la política económica, que apuntaron a mantener la estabilidad del dólar comercial y evitar saltos en el precio de las tarifas.
El joven mapuche fue asesinado por un integrante de la Prefectura en noviembre de 2017
Rafael Nahuel: Una nueva pericia dice que lo mató otro efectivo del grupo Albatros
Una tercera pericia balística en la causa donde se investiga el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido en noviembre de 2017, estableció que el proyectil que lo mató salió de un arma que pertenecía a otro integrante del grupo Albatros y no al que hasta ahora había sido identificado como posible autor del disparo. Las idas y vueltas en la causa, que lleva más de tres años, perpetúan el riesgo de que sigan sin establecerse quién o quiénes fueron responsables, aunque lo que el resultado de este estudio deja en claro es que hay responsabilidad estatal y que los hombres de Prefectura que ingresaron al predio donde se encontraba la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu desplegaron una cacería que terminó con la vida de “Rafita”, como lo recuerdan al joven asesinado, acribillado por la espalda. Antes de nuevas definiciones sobre la situación de los prefectos implicados se hará un análisis comparativo de las pericias.
La causa tramita en la justicia federal de Bariloche y el primer juez que tuvo, Gustavo Villanueva, encomendó la pericia inicial al experto Roberto Nigris. Como el papel de la Prefectura estaba claramente en la mira, se evitó la intervención de cualquiera de las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio por entonces al mando de Patricia Bullrich. Aquella pericia mostró una compatibilidad entre el proyectil extraído del cuerpo de Rafael Nahuel y las huellas que dejaban en las balas los disparos desde el arma que había estado asignada aquel 25 de noviembre de 2017 al cabo primero Francisco Javier Pintos. Era un subfusil MP con el número de serie B 05-C335508. Pintos fue procesado por homicidio agravado, pero apeló y su planteo central era que no había utilizado ese fusil.
Pese a que el cabo acusado no pidió ninguna nueva pericia, el juez dispuso su realización y en esa segunda oportunidad la encomendó a la Gendarmería, que no analizó todas las armas secuestradas (que son una veintena) sino la atribuida a Pintos y otra más. La conclusión fue que la bala que mató a Rafael no era de ninguna de ellas. En el ínterin la Cámara de Casación desprocesó al cabo Pintos. Todos los implicados están con falta de mérito, lo que implica que no hay definición y se los sigue investigando. Fueron seis los Albatros que desplegaron la persecución en el predio de la comunidad mapuche y que terminó en el asesinato. Quien le disparó al joven estaba a 700 metros de la ruta, ya arriba de la montaña, y gatilló desde atrás, según mostró claramente la autopsia, lo que implica que Nahuel huía, no lo estaba atacando.
Así las cosas, el juez que interviene actualmente, Gustavo Zapata, ordenó una tercera pericia al Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta, un organismo especializado que suele hacer este tipo de estudios en casos resonantes. Lo que se hace es disparar las armas utilizadas en el hecho real y observar con microscopios y otros instrumentos muy precisos las marcas y estrías que deja sobre los proyectiles. Para sorpresa de la mayoría de las partes, el resultado de este análisis lo que concluyó es que la bala alojada en el cuerpo de Rafael Nahuel había salido de una pistola Beretta modelo 92 con el número de serie 05-P833327. Es la que tenía asignada el cabo primero Sergio Cavia, sobre quien ahora se trasladan las sospechas. Cavia tenía falta de mérito, igual que el resto. Los fusiles y las pistolas que llevaban los prefectos el día del asesinato todos usaban proyectiles de 9 milímetros.
A partir de estos nuevos resultados el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal, pidió las nuevas medidas de cotejo entre esta última pericia y la primera del perito Nigris. Lo que se hará es comparar las balas que se dispararon en cada una de las pericias para despejar todas las dudas posibles.
Como es previsible, la defensa de Pintos anunció que iniciará accione civiles contra quienes comprometieron a su cliente. El abogado de Pintos es Marcelo Rochetti. Como informó el periodista Santiago Rey en el sitio “En estos días”, fue jefe de gabinete de Cristian Ritondo en el ministerio de seguridad de la provincia de Buenos Aires y abogado del Rafael Di Zeo durante la presidencia de Daniel Agelici en Boca. Rey plantea dudas sobre la segunda y la tercera pericia ya que no estaría claro si efectivamente el proyectil supuestamente que se cotejó y peregrinó de un lado a otro era realmente el original que causó la muerte de Nahuel.
De lo que no quedan dudas es de la responsabilidad del Estado en el asesinato y la persecución del grupo Albatros, pero habrá que ver de qué modo eso queda reflejado en la causa.
Un estudio también revela que sus trabajadores tuvieron más contagios de covid que la media del país
El aguante de las empresas recuperadas: el 86 por ciento están activas pese a la pandemia
Imagen: Sandra Cartasso
El 86 por ciento de las empresas recuperadas y cooperativas de trabajo están activas a pesar del coronavirus. Frágiles al final del gobierno macrista, comenzada la pandemia tuvieron un acceso limitado a herramientas como el IFE y los ATP, aunque en la segunda parte del año les llegó asistencia del Estado a través de programas como el Potenciar trabajo y la Línea 1. El sector, nacido de la resistencia a los cierres, tiene una enorme capacidad de aguante y atraviesa esta nueva crisis defendiendo sus puestos de trabajo.
Los datos son parte de una encuesta de alcance nacional realizada en 195 empresas autogestionadas y cooperativas, en las que trabajan 6 mil personas. Fue hecha por el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) junto a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
La investigación revela que el nivel de contagio entre los trabajadores del sector fue superior a la media del país: de en un 2,8 por ciento . En las recuperadas hubo la mitad de casos de covid-19 que en las cooperativas de trabajo. “Las diferencias podrían explicarse porque las cooperativas con más contagios desarrollan actividades en la vía pública, como recolección y reciclado de residuos urbanos o mantenimiento de espacio público, que los exponen más al contagio, mientras que el grueso de las ERT tiene otro tipo de actividades en los que esta exposición es menor”, apuntaron los investigadores.
Otro dato interesante es que el porcentaje de empresas recuperadas y cooperativas de trabajo ocupadas en tareas declaradas esenciales fue bastante alto, el 80 por ciento para el total de la muestra. Esto se debió al elevado número de cooperativas que realizan actividades esenciales. Y en algunos casos a que se reconvirtieron, como por ejemplo las textiles que pasaron a fabricar barbijos y ropa para el personal de salud, o alcohol en gel.
Las leyes argentinas reconocen de manera insuficiente la condición laboral del trabajo autogestionado. Al no ser considerados trabajadores asalariados ni tampoco empleadores, los integrantes de las recuperadas y cooperativas de trabajo “quedaron en una zona gris de la política asistencial, en la que no fueron contemplados para los subsidios ATP por no responder a una relación de dependencia, ni tampoco cubiertos del todo por el IFE, pues en muchos casos tenían incompatibilidades”, describe el informe. Esto generó desigualdades de ingresos en lugares de trabajo que tienen como tradición el reparto igualitario de sus ganancias.
“El problema comenzó a ser resuelto mediante dos medidas básicas, aunque juzgadas como insuficientes y tardías por la mayoría de las organizaciones. En primer lugar, la reactivación de la llamada Línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, que en su momento funcionó como un equivalente del REPRO para las cooperativas, que prevé un subsidio mensual que empezó con montos bajos, luego se actualizó al equivalente de un salario mínimo y, en los últimos meses, a medio salario mínimo”.
Otra forma de asistencia fue el programa Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social. “Tanto las cooperativas de trabajo que ya venían percibiendo estos subsidios como las que lo obtuvieron en el último tiempo, continuaron haciéndolo durante la pandemia, y en la mayoría de los casos les resultó un ingreso más estable que aquellos provenientes de medidas temporales dictadas en el marco de la emergencia sanitaria”.
“Como en toda la economía, las recuperadas y cooperativas pasan por una gran crisis por la pandemia, que las afectó cuando ya venían de cuatro años muy malos por las políticas del macrismo”, resumió Andrés Ruggeri, responsable de la investigación. La encuesta muestra cómo se han adaptado, a pesar de que hubo algunas emblemáticas como el Hotel Bauen, que por la imposibilidad de recibir huéspedes y hacer eventos han tenido que cerrar”.
“Que en su mayoría hayan logrado sobrevivir habla de la capacidad de resistencia de los trabajadores y la llegada de asistencia del estado en la última parte del año, ya que por motivos estructurales las políticas de corte más económico, como los ATP les fueron limitadas”, dice la encuesta.
“Lo que hace falta para sostener el sector tiene dos aspectos, lo urgente y lo de fondo. Lo urgente son recursos para solucionar deudas generadas por las tarifas o los alquileres, e inyectar fondos para capital de trabajo. Por otro lado, que finalmente se estructure una política estratégica que las incorpore como sujeto político y económico. Creo que en ambas cosas se están trabajando, sobre todo desde la incorporación al ministerio de Desarrollo Productivo del INAES. Se han anunciado algunas políticas que están en curso, con una mirada productiva de las recuperadas y cooperativas de trabajo que no había existido antes desde el Estado. Eso, más allá de la pandemia, nos permite tener una pequeña dosis de optimismo en un momento muy complicado”.
Fuente:Pagina12
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