07 de febrero de 2021
Entrevista al criminólogo Enrique Font sobre la crisis de seguridad
"Falta invertir en las políticas integrales"
Imagen: Andres Macera
A la par de la pandemia la preocupación por la ola de balaceras, crímenes y delitos que azota ala ciudad de Rosario llevó alas autoridades provinciales y municipales a formular acciones más visibles de cara a la sociedad. De eso se trataron los encuentros del viernes a la mañana entre el Ministro Marcelo Sain y funcionarios municipales y jefes delas fuerzas policiales --en la reunión semanal de la mesa de seguridad-- en el Distrito Sudoeste, en la cercanía de donde se produjo un impactante crimen de un hombre que jugaba la pelota con su hijo en la plaza del barrio. Allí Sain exhibió un dato que lejos de tranquilizar a la opinión pública, grafìca la necesidad de mostrar resultados que ciertamente no aparecen: "bajaron en conjunto los homicidios en enero" dijo el funcionario, que evitó referir a que en el primer año de gestión de Omar Perotti hubo mas homicidios que el último de Miguel Lifschitz. "Ahora la paz y el orden", fue el ariete de campaña del gobernador. El adverbio --como mínimo-- sigue siendo una expresión de deseos. Mas adelante, el titular de seguridad hizo una serie de consideraciones que resultan más interesantes que su descripción de los asistentes a marchas o reuniones exigiendo mejoras en el área, como si participar de organizaciones políticas o vecinales menoscabara el derecho a reclamar. "Es un llamado a toda una sociedad que tiene un 47% de pobreza. Si esperan una respuesta solo desde Seguridad están equivocados", dijo Sain.
A partir de ese concepto, que contradice en alguna medida la "lógica" que sostiene que hace falta más policía --Sain destacó el aumento de agentes y patrulleros--, Rosario/12 consultó Enrique Font, profesor titular de la cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de Rosario, quien hizo un análisis de la situación que se vive en la ciudad en la que residió hasta hace poco tiempo.
--¿La "seguridad" es un tema esencialmente policial?
--No. Es un fenómeno social complejo multicausal y como tal debe ser abordado de manera coherente con esa definición. Dentro de cada tipo de delito hay especificidades; si nos metemos con los "homicidios" --que es lo que más preocupa-- ahí hay que desagregar, porque una cosa son los que se caracterizan como "conflictos interpersonales" y otra los homicidios en ocasión de robo. No es lo mismo trabajar sobre femicidios o con los crímenes relacionados con las organizaciones delictivas.
--Tomando eso, hay un dato que sorprende. Los homicidios en ocasión de robo son pocos en relación a otras situaciones.
--Efectivamente, según el Ministerio Público de la Acusación, en Rosario son el 7,5% del total, que es un numero estadísticamente bajo. Lo que sucede es que producen un fuerte impacto social, ya que tienden a afectar a víctimas de sectores medios y en zonas que habitualmente no tienen tanto conflictividad. Por eso, hay que ser muy cuidadoso al encuadrar los tipos de homicidios, porque si vos vas a trabajar los homicidios que están llamando por "conflictos interpersonales", que a mí no me gusta llamarlos así, con los ocurridos en "ocasión de robo" le vas a errar. Lo mismo si metes ahí los femicidios, hay que tener datos e información precisa.
--¿La respuesta es más policía y más patrulleros, o eso es para "tranquilizar" y que se vea?
-- Hay estudios que se hicieron hace más de 30 años que establecen el número de policías que se requieren cada 100 mil habitantes, y si bien Santa Fe tiene menos efectivos que Córdoba o CABA, de todos modos ese no es el problemas principal. Sobre todos si vos tenés una policía ineficiente, corrupta, sin apoyo social, que no recibe información. Ahí el número pasa a ser secundario. Quienes hemos gestionado en Seguridad, sabemos que vos llegas a trabajar con la policía que tenés y ese es el nudo del asunto. El número muchas veces se usa para apaciguar los ánimos, y hasta se llega al extremo de tener de más, como ocurre en CABA. Pero más que nada, el número no tiene que ver con el resultado, con una base de efectivos que aquí se cumple, el resultado se mide en el estilo de trabajo.
--Y ahí Santa Fe sigue mal...
--Hay un dato fundamental, que es el reconocimiento social de la policía. La policía esclarece los delitos --y esto está estudiado hasta sobre Scotland Yard-- predominantemente con los datos que llegan voluntariamente de los ciudadanos. Las pocas encuestas sobre victimización que se han hecho en Santa Fe muestran que la gente piensa que "no pasa nada denunciando", o "si yo no llevo las pruebas no avanza", "la policía no hubiera hecho nada" o "el hecho no es importante", respuestas no muy diferentes de las que encontrás en el resto del país. Ese recuperación de confianza demanda tiempo y naturalmente decisión política.
--Está claro que la respuesta no es únicamente policial, y tomando eso de la decisión política, en Rosario se creo la GUM (guardia urbana municipal) en el mismo año que Medellín dispuso un presupuesto similar para poner en marcha el proyecto de "parques bibliotecas" de modo de captar a los chicos que estaban en las calles y ofrecer algo diferente para su futuro, y estamos hablando de un lugar emblemático de la narcocriminalidad. Y si bien no desapareció el problema, los indicadores son muy favorables.
--Medellín todavía tiene tasas muy altas de homicidios, pero consigue bajar a partir de un proceso muy amplio; la salida de la guerra, la legalización y amnistía, pero sobre todo una decisión política que atraviesa a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Cada uno con su estilo, se ponen de acuerdo aún con las diferencias que hay en las policías. Colombia tiene un policía nacional muy dura, y distritales mas diversas, sin intermedios. Es un buen caso el de Medellín para demostrar que los delitos --y nos concentramos en homicidios-- se bajan con políticas integrales y a la vez se generan por la falta de esas políticas.
--Eso, lógicamente, excede al Ministerio de Seguridad...
--En 2008, desde el gobierno nacional, se trabajó en un programa auspiciado por Naciones Unidas para el desarrollo. Yo estaba en la Secretaría de Seguridad Interior, y armamos un proyecto de abordaje de "fenómenos delictivos a nivel local", hicimos eje en Santa Fe, ciudad que tenía tasas altísimas y luego Rosario, que no estaba como llegó a estar años después. El fenómeno elegido fue "homicidios en barrios populares con víctimas y victimarios muy jóvenes". Eso se implementó desde Nación y años después, cuando estuve al frente de la Secretaria de Acción Comunitaria tratamos de revitalizarlo en Rosario y podríamos decir que ese es el antecedente del "plan Abre", que necesariamente debe liderar otro ministerio que no es Seguridad.
--Eso es lo que no está pasando. El "Plan Abre" se reemplazó, con los retrocesos que eso implica.
-- En general ha sido así, cada gestión que asume deja de lado lo que se hacia anteriormente, aún en gestiones del mismo signo político. De todos modos, el "Plan Abre" no resolvió el problema porque no se trabajo como debía hacerse, las tasas más altas se dieron en 2013 y es un fenómeno que se veía venir. Nosotros en 2008, desde Nación, propusimos trabajar el tema "homicidios" como principal hipótesis de conflicto. Y desde 2010 en adelante se desencadena un ola creciente de delitos y una vez que se "ameseta" allí arriba el numero es muy difícil hacerlo bajar. En menos de una década, sobre todo 2013, 2014 y 2015 las estadísticas son más altas. Duplicamos a Córdoba en homicidios. La meseta sigue ahí, baja un poco 2019 y vuelve a subir en 2020, pero sin llegar a aquellos picos.
-- Esto coincide con la aparición de las bandas, cuando empiezan a tomar el centro de la escena Los Monos, Luis medina, Esteban Alvarado, y todo lo que sabemos...
--Yo creo que ahí la política cometió un gran error. Eso encubrió la realidad de los homicidios, los metió "bajo un paraguas" que lo explicaba todo, y en rigor los encubría. El intento fue "no te lo cuento", y fue que se empezó a hablar de "ajustes de cuentas" y entonces se mostraba como un logro que los homicidios en ocasión de robo fueran pocos, y por lo tanto, la gestión era un éxito. Y nosotros le decíamos al entonces ministro de Seguridad Álvaro Gaviola: "en todos lados hay pocos homicidios en robos, entonces prestemos atención a este fenómeno". Era en el comienzo de la gestión de Antonio Bonfatti, y yo, antes de irme me reuní con él y le advertí sobre los dos problemas centrales: la violencia policial y la participación en las bandas, y la suba de homicidios. Poco tiempo después empieza a caer presos jefes policiales, a partir del trabajo de un fiscal al que después corrieron.
--¿Y eso escaló y no se pudo o no se quiso parar?
--Ahí empezó una guerrita contra la droga, volteando búnkers, filmándolo y repartiéndolo a los medios. Y después, el discurso que se materializa luego en un juzgado provincial, con un juez (Vienna) que se fue a ver la pelea a Las Vegas con el padre de un detenido por narcotráfico, inventando una organización a la que le dieron cartel para "darle la calle" a la policía que venía del área de drogas, que no hizo otra cosa que rearmar el negocio. Eso provocó la locura de 2013, con tremenda violencia que terminó con todos presos, los policías también. Rosario tiene una particularidad, que es la violencia. ¿Por qué en Rosario y no en Córdoba --que se consume tanta cocaína como acá--? ¿Por qué no se cagan a tiros allá? Bueno, hay varias razones: una policía con un nivel de degradación gigantesco, un poder judicial también degradado en el sistema penal, con reparto de cargos desde el '83 en adelante. Y la reforma penal, que era la gran promesa, no cambio nada. Tenés fiscales presos, procesados, otros sospechados. En Rosario el "negocio" quedó en manos de sectores muy precarios, que arrancaron robando caballos para el cirujeo. La impronta de esos grupos es la violencia, no el negocio.
--¿La violencia extrema es un sello en Rosario?
--Es que en esos grupos la violencia es más identitaria que instrumental, porque al narco le conviene vender su producto, no andar a los tiros. Esto es un problema de violencia identitaria antes que criminal. El día que uno de "los Funes" aparece en El País de Madrid con un titulo que dice "cae en Rosario un joven narco", como si fuera Pablo Escobar, o un canal pone media hora al aire a un prófugo con una gorrita del "Mabu" (el más buscado), echas mucha leña al fuego. Yo tengo una hipótesis que no puedo comprobar pero sí expresar: las bandas cuando "perdían", perdían... Pero esto derivó en ataques al centro de justicia penal, a edificios públicos, a la casa de funcionarios judiciales, y eso es después de esa "megacausa", porque se dan cuenta de que no "pierden" porque cayeron, porque no les alcanzó la plata para "arreglar" a un comisario, sino que pierden porque fueron elegidos como los "villanos de Ciudad Gótica". Yo me acuerdo de una foto de Bonfatti, el Juez Vienna, el ministro Raúl Lamberto, y el fiscal Guillermo Camporini, en jefatura, después del allanamiento a los Cantero. Y a partir de eso, generar operaciones periodísticas y "subirle el cartel" a las bandas. Esa lógica es la que puede explicar lo que pasó. Nosotros en criminología tenemos un concepto que es "amplificación de la desviación" y es cuando vos haces algo para combatir el delito que termina complicándolo aún más, por la razón que sea. Bueno, eso fue lo que pasó. Además, creen que la economía de drogas se sigue manejando con organizaciones piramidales, incluso eso piensan en el MPA. Esto hace décadas que no es así , y en todo el mundo. Lo que tenés ahora son grupos fragmentados.
--¿Y ese error de diagnóstico a qué responde? ¿No saben, no se quieren meter?
--Hay un poco de todo. En el anterior gobierno había temor, no se querían meter. En el otro, le daban juego a la policía. Yo diría impericia, poca expertise además. Fijate que los equipos "vienen de afuera". Nos pasó a nosotros cuando nos convocó Daniel Cuenca, en el comienzo de Hermes Binner, que llegábamos de como "sapo de otro pozo". Habíamos hecho el acuerdo de seguridad democrática. Lo mismo le pasó a León Arslanian para la reforma en la provincia de Buenos Aires.
--¿Algo parecido ocurre con el ministro Sain ?
--Sí, tenés que armar equipos de "afuera". Él es peronista, de Buenos Aires, y me parece novedoso que el gobernador lo apoye así, no se veía desde que Jorge Obeid puso en el Ministerio a Roberto Rosúa, que hizo cambios estructurales y casi los mismos senadores que están hoy, le trababan las leyes en la legislatura. A mí me sorprendió que Perotti lo convocara, y me parece muy bien que lo sostenga. Lo va a complicar en el partido, seguramente.
--El tema que los resultados no lo ayudan, porque hace 14 meses que asumió ¿Cómo se sigue?
-- Hay cosas que destacar, empezó a depurar en serio a la policía. Generó un sistema de producción de información y mejora de tecnología, eso es fundamental inclusive para controlar a la policía. Conduce la policía, la gobierna. Le dio lugar a las mujeres y eso es muy importante, las mujeres sufren mucho la estructura de la policía y les dio cargos importantes dentro de una institución que "las dejaba afuera". Y están las tres leyes que mandó, y que es inexplicable que no las voten todos los legisladores, sobre todo los que se llenaban la boca hablando de la Seguridad democrática. Si las leen van a ver que es lo mismo que decía Daniel Cuenca, el primer ministro de Seguridad del socialismo.
--¿Qué falta entonces?
--Faltan políticas integrales de seguridad. Una política de prevención social del delito demanda una inversión importante. Para hacerla "a la Medellín" hay que disponer de mucho dinero.
--La provincia lo tiene. ¿En qué sería mejor invertirlo?
--Debería ir en el presupuesto por fuera de Seguridad, allí la logística y el personal se "comen" todo.
--Esa sería la decisión política de la que hablamos al comienzo.
--Sí, se trata de elegir prioridades y asignar recursos. Eso no depende del Ministerio de Seguridad. Además, si no "desactivás" todo el entramado de corrupción, lo que dispones a prevención social es desperdiciar la plata. Si no desarticulás la participación policial en la economía del delito, todo lo que hacés para buscarle salida laboral a los pibes, integrarlos, construir identidad no violenta, se va todo al carajo, si después viene el patrullero a recaudar lo del kiosco que vende, o maneja la prostitución o reparte las armas. Además, hay que proteger el empleo, generar trabajo. Eso también contribuye a la seguridad. Eso es política.
Tres detenidos por la muerte de Bocacha Orellano
La verdad salió con las pruebas
Imagen: Andres Macera
A pocos días de cumplirse un año de la muerte de Carlos "Bocacha" Orellano, la causa sumo ayer tres nuevos detenidos: se trata de una mujer policía, y dos hombres que oficiaban de personal de seguridad la noche del 23 de febrero en el boliche Ming en la estación Fluvial donde el joven había ido a bailar. Estos tres sospechosos junto a otro policía –quien también hacía adicionales y que ya está acusado y detenido– serán imputados por el fiscal Patricio Saldutti este lunes, ahora por la muerte del joven donde no sólo se conocerá su responsabilidad sino también las conclusiones de todos los informes complementarios de autopsia al cuerpo del muchacho.
“La familia ha transcurrido casi medio año pidiendo estas medidas al fiscal debido al cúmulo del material probatorio, que se reforzó por los últimos informes, y que sólo tenía imputados por delitos menores y que costó para conseguir siquiera una prisión preventiva”, explicó Salvador Vera, abogado de la querella en representación de su familia, y agregó que esperarán al lunes para brindar mayores precisiones.
Ayer el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos Saldutti solicitó tres órdenes de allanamientos que el personal de Asuntos Internos cumplió en simultáneo a partir de las 6 de la mañana. Los procedimientos fueron en una vivienda de Chacabuco y San Lorenzo, de la localidad de Ibarlucea para detener a Karina Gómez, de 41 años, quien se desempeña como agente policial y que ya está imputada en la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al igual que su pareja Gabriel Nicolossi.
Otro de los allanamientos fue en Santiago del Estero al 400 de Villa Gobernador Gálvez, donde apresaron a Emiliano L., de 30 años, quien ofició como personal de seguridad de Ming la noche que sacaron a Bocacha del boliche y lo llevaron cerca de la baranda del río a la altura del Muelle III. Lo mismo que al jefe de la Seguridad privada del boliche, Fabián M., de 53 años, a quien encontraron en una casa de calle Algarrobo al 200 bis de Funes. A los tres, además, le secuestraron sus teléfonos celulares, por orden judicial y que fueron enviados para su peritaje.
Todos los detenidos serán llevados a audiencia imputativa el próximo lunes 8 y voceros judiciales indicaron que se reservará las precisiones sobre los roles y calificaciones legales que se le asignarán a cada uno. Fiscalía expondrá en ese momento la teoría sobre investigación de la muerte de Bocacha, la cual no sólo se fortaleció con los resultados de las medidas adoptadas sino también con los testimonios recogidos.
En la audiencia de este lunes será reimputado el policía Gabriel Nicolossi, que ya cumple prisión preventiva. Los dos uniformados, por Nicolossi y su pareja Gómez, cumplían adicionales como custodias en Ming entre la noche del domingo 23 de febrero y la madrugada siguiente, y en diciembre pasado fueron imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público agravado.
En esta causa y en paralelo, el mismo día en que acusaron a la pareja de policías, el fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Gonzalo Fernández Bussy, imputó al entonces jefe de la seccional 2ª Pablo Bagli y a su sumariante, Brenda Leis, por incumplimiento de deberes de funcionario al considerar que durante los dos días que Bocacha estuvo desaparecido omitieron el pedido de la fiscal Valeria Piazza Iglesias de secuestrar los registros de las cámaras de seguridad del boliche y de la zona.
Desde un primer momento, la familia y el abogado querellante, Salvador Vera, denunciaron que Bocacha fue golpeado por los patovicas y arrojado al río, por lo que consideran que se trató de un homicidio.
Suspenden indagatorias de dos jefes de la Policía Federal
Los defensores ganaron tiempo
Desde Santa Fe
El juez Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, tardó siete meses en ordenar y ponerle fecha a las indagatorias de dos mandos superiores de la Policía Federal, Osvaldo De Cunto y Eduardo Miguel Francescutti, pero siete días antes de que se realizaran suspendió las audiencias ante el primer planteo de los abogados defensores. El hecho ocurrió esta semana en una causa que investiga supuestas maniobras contra una testigo clave: la agente Roxana González, quien acompañaba al ex jefe de la Policía Federal de Santa Fe Mariano Valdés a bordo de un Ford Focus, en la balacera del 9 de setiembre de 2019, cerca de Villa Constitución. El fiscal Walter Rodriguez pidió la indagatoria de De Cunto y Francescutti por presunto “abuso de autoridad” y “falsedad ideológica” el 29 de julio de 2020, Bailaque la programó para el 10 de febrero de 2021, pero el miércoles pasado, apenas recibió la queja de la defensa suspendió la declaración de los dos comisarios hasta que resuelva el incidente. El 17 de febrero están citados otros dos imputados en la causa, ambos médicos: el subdirector del hospital Churruca, Pablo Farina y el jefe del Servicio de Psiquiatría del complejo, Gabriel Alfredo Fraticola.
La causa se inició, el 20 de mayo de 2020, cuando el fiscal Rodríguez pidió el juicio oral y público de Valdés y del ex subjefe de la delegación local, Higinio Bellaggio ante el Tribunal Oral de Santa Fe. Los denunció por supuesta “confabulación para el transporte de estupefacientes” agravado, “incumplimiento de deberes”, “sustracción de pruebas”, uso de bienes del Estado en “provecho propio” y “falso testimonio”, entre otros cargos.
En ese dictamen, el fiscal decidió ampliar la acción penal para investigar un “proceso” que --a su juicio-- se inició el mismo 9 de septiembre de 2019 para “impactar” en la pesquisa. Y ya entonces mencionó a los cuatro funcionarios, a quienes dos meses después --el 29 de julio--, imputó y solicitó sus indagatorias: De Cunto, Francescutti, Farina y Fraticola.
Cuando ocurrieron los hechos que el fiscal considera partes de un “proceso” -a partir de la balacera en la autopista-, De Cunto era el jefe de la Agencia Regional Córdoba de la Policía Federal. Es decir, superior de Francescutti y éste se desempeñaba como jefe del Area III Rosario, que tenía a su mando a Valdés y a Bellaggio.
El testimonio de Roxana González fue clave en la investigación. El fiscal Rodríguez dijo --en el requerimiento de elevación a juicio del 20 de mayo de 2020-- que Valdés y Bellaggio habían desplegado un “juego de pinzas” sobre la joven para impedirle que contara cómo fue el episodio de la autopista y ejercer un control sobre sus actos.
Sin embargo, en una segunda declaración el 19 de diciembre de 2019, González desmintió la hipótesis del supuesto “robo al voleo”, que sostuvo su jefe. Explicó que en un momento, Valdés frenó la marcha del Focus y estacionó en la banquina. Apareció una 4x4 negra con vidrios polarizados de la que bajaron tres sujetos. El cuarto quedó arriba del vehículo. Valdés también bajó. “Yo no sé qué pasó. Escuché un griterío y una discusión entre ellos”. “Mi jefe subió al auto herido y siguió disparando. La camioneta se fue rápido”, dijo. El otro dato que aportó Roxana fue el trayecto del bolso de Valdés, en el que se descubrieron restos de drogas sintéticas.
El 29 de julio, el fiscal Rodríguez solicitó las indagatorias de los comisarios De Cunto y Francescutti y de los doctores Pablo Farina y Gabriel Fraticola por supuesto “abuso de autoridad” y “falsedad ideológica”. El juez Bailaque se tomó su tiempo, porque recién las ordenó tres meses después, el 30 de octubre, y fijó fecha de las audiencias para 2021: el 10 de febrero De Cunto y Francescutti. Y el 17 de febrero, los dos médicos del hospital Churruca.
Esta semana, Bailaque directamente frenó la investigación, consideró que los planteos de la defensa eran atendibles y suspendió las indagatorias de los dos jefes de la Policía Federal, previstas para el miércoles 10, hasta tanto resuelva el incidente. Las quejas que trascendieron parecen de manual: que los imputados no conocen toda la prueba (precisamente, las indagatorias son para eso: informar los cargos y las pruebas), que las supuestas conductas que se les reprochan a De Cunto y Francescutti no serían delitos, que el fiscal Rodríguez es incompetente para investigarlos y (si nada de eso es suficiente), que la causa debería pasar a los Tribunales de Comodoro Py.
En próximo juicio a Valdés y Bellaggio, una de las pruebas de la causa es una declaración de la abogada Teresita Amores, que se publicó el 24 de noviembre. Amores patrocina a Roxana González. “Cuando la conocí -dijo-, era una chica paralizada por el miedo. Lo único que decía era que la iban a matar. En la primera entrevista, en el momento que me empieza a contar un poco, llama la esposa del tío de Roxana y le dice que la Policía Federal estaba dentro de la casa”.
Roxana “estaba convencida de que la querían matar. No puedo decir quién porque nunca nos dijo quién, pero un poco se empieza a desmembrar cuando llego al domicilio de los tíos. Me encuentro con un auto de la Federal, una ambulancia de la Federal en la esquina y un par de autos de alta gama” sin identificación. “Buscaban a Roxana”, reveló la abogada.
Murió el sobreviviente y militante Juan Rivero
Despedida a un imprescindible
Militante político, hombre de barrio, querellante en las causas por delitos de lesa humanidad, Juan Rivero falleció el viernes pasado. La historiadora Marianela Scocco lo recordó así: "Acaba de partir otro imprescindible, nuestro querido Juan Rivero. Sobreviviente de Fábrica Militar y del Batallón 121, fue uno de los primeros en denunciar la existencia de estos centros clandestinos de detención desde su liberación el 24 de diciembre de 1982. En 1984 declaró extensamente ante la Conadep y al año siguiente en el Juicio a las Juntas. Fue querellante y testigo del primer juicio de lesa humanidad en Rosario tras la reapertura de las causas en 2009. Y, para nosotrxs, nunca dejará de hacerlo". En el la red social Facebook, Scocco subrayó que Juan Rivero "testimoniaba por Hilda Cardozo, Susana Miranda y Ariel Morandi, porque no volvieron, poniendo siempre su propio secuestro y cautiverio en segundo plano".
"En 2007 fue concejal de la ciudad de Rosario, porque creía que había que seguir intentándolo, a pesar de todo. Militante gremial, barrial, político y social, nunca dejó de contar su historia, recordar a lxs compañerxs e impulsar las causas judiciales. Memoria, Verdad y Justicia. Juan, el “gordo”, otro gran luchador que nos deja en estos tiempos de dolores profundos… ¡Te extrañaremos tanto! ¡Hasta siempre compañero!", lo despidió Scocco.
Se declaró imprescriptible la causa del robo a los tribunales de Rosario en 1984
Un crimen para esclarecer
La resolución de Casación firmada el jueves por la Sala IV, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky; da sustento a los años de trabajo de la justicia federal de Rosario. “Este hecho (el del robo a tribunales) es particular porque casi siempre se deja en claro que hay delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y unos años antes del golpe, pero este es un delito cometido ya en democracia, pero vinculado al terrorismo de Estado, por eso era muy importante determinar que estábamos frente a un crimen imprescriptible”, explicó Villatte.
“Nosotros lo que habíamos planteado es que estos son delitos conexos a otros delitos que son de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Y decimos que son conexos porque no cabe duda de que la documentación que fue robada tenia la finalidad de acreditar estos delitos. Eran documentos que se habían secuestrado en varios allanamientos ordenados por el juez Francisco Martínez Fermoselle estaban vinculados al grupo de tarea del Destacamento de Inteligencia 121, y era documentación que daba cuenta de la comisión de hechos delictivos por parte de este grupo de tareas”, amplió el fiscal federal.
Villatte afirmó que “nunca más se supo, lamentablemente, de esta documentación. A todos los que estamos vinculados a este tipo de delitos nos gustaría poder encontrar esta documentación porque, al menos por los testimonios que hemos recabado de personas que estuvieron relacionadas con aquellos allanamientos en aquel momento --como por ejemplo Adriana Arce que concurrió a uno de ellos-- aseguran que la documentación que había era realmente importante. Con nombres de los integrantes de los grupos de tareas, nombres de víctimas, fotografías, documentos. Pero no sabemos en detalle qué es lo que había allí, sí que era realmente un material muy importante para estas causas en la región”.
El fiscal federal recordó q ue hasta ahora hay tres imputados, uno de ellos es Luis Américo Muñoz que ya fue condenado por el secuestro y asesinato posterior de Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso que fueron secuestrados del bar Magnun en Rosario en 1983. Además, están imputados también quien era en ese momento jefe de Inteligencia del Comando del II Cuerpo de Ejército Héctor Funes y el ex general Víctor Pino Cano, que por su estado de salud ha quedado fuera del juicio porque no puede comprender la penalidad de los actos.
“Uno de los argumentos que nosotros invocamos es que si bien los militares ya no estaban en el gobierno, los integrantes de las fuerzas armadas conservaban una cuota de poder muy importante, que de hecho condicionó también en algún sentido al gobierno de Raúl Alfonsín”, dijo Villatte y señaló que “también sabemos que en su momento el propio Alfonsín llegó a tener conocimiento de esta operación del robo en los Tribunales de Rosario, que obviamente se llevó a cabo sin su anuencia, y que esto fue lo que motivó que no se le concediera el ascenso a Luis Américo Muñoz”. El propio militar presentó un reclamo ante Alfonsín explicando que él había intervenido en estas operaciones especiales de inteligencia que resultaron ser la del secuestro y asesinato de Pereyra Rossi y Cambiaso y el robo a tribunales. “El mismo se pone en el lugar al mencionar en un reclamo administrativo cuáles eran los supuestos méritos para obtener el ascenso que Alfonsín le negó”, dijo Villatte.
El impacto del fuego en las comunidades vegetales
Quemas, árboles y lo que queda
Imagen: Gentileza José Vesprini
Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario trabajan en el humedal del río Paraná. Actualmente, se están dedicando a medir el impacto ambiental y las consecuencias que tuvieron los persistentes incendios en la zona. Para poder llevar adelante la investigación, se propuso realizar un monitoreo, caracterización y cuantificación de los efectos de los incendios y la recuperación del humedal a través de la conformación de un equipo transdisciplinar. Este trabajo es llevado a cabo por expertos divididos en grupos que trabajan en torno a tres grandes tópicos: la biodiversidad genética del agua, la fertilidad del suelo y el restablecimiento de flora y fauna. La línea de “Diversidad y composición florística” está a cargo del personal de la Cátedra de Ecología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias. En total, unas diez personas son las que están trabajando en terreno y están coordinados por José Vesprini.
Los investigadores de la UNR están realizando sus tareas por el momento en la Isla de Los Mástiles, ubicada enfrente de Granadero Baigorria, a causa de diversos factores. Por un lado, la accesibilidad, ya que al estar tan bajo el río se hace imposible llegar a otros puntos, mientras que también van a esa zona porque es un tramo del humedal donde conviven áreas que fueron alcanzadas por el fuego y otras que no. Esto permite a los investigadores comparar ambas situaciones obteniendo información precisa sobre el impacto de las quemas.
Vesprini subrayó que el relevamiento que se está realizando en el humedal del río Paraná tiene como objetivo observar cómo afectó el fuego a las distintas comunidades vegetales. “En este caso en particular estamos intentando detectar qué efecto tuvo el fuego sobre dos ambientes particulares: dos sauzales, que por su propia dinámica están en un punto de muerte como comunidad para dar origen a otra. Esto significa que hay pocos árboles vivos, muchos están muriendo y se encuentran cubiertos por lianas. Cuando ocurre esto, normalmente en el ambiente donde se desarrollaba el sauzal se establece una nueva comunidad también con árboles”", detalló el investigador sobre la tarea que desarrollan.
“Es importante aclarar que las plantas pueden crecer en distintos lugares, pero no en cualquier lugar, formando lo que llamamos una comunidad. Qué tipo de planta crece tiene mucho que ver con condiciones ambientales, el suelo y el contexto que la rodea. También influyen los antecedentes históricos y temporales. No es posible que en plazos muy cortos se establezca un bosque de especies que no están presentes”, indicó el investigador.
En las islas suelen establecerse después de los sauzales otras comunidades de leñosas, más duraderas en el tiempo que estas: pueden aparecer ceibales o timbozales, entre otras. “Cuando llegamos a la Isla de Los Mástiles encontramos dos bosques que tienen la particularidad de que uno había sido alcanzado por el fuego y el otro no. Comenzamos a estudiar las plantas herbáceas porque la comunidad que sufrió las quemas está prácticamente destruida, por un lado por sus propias características y por otro porque por donde pasó el fuego no quedaron árboles vivos”, desarrolló Vesprini lo que encontraron al llegar.
El cambio de una comunidad por otra es un proceso que se lleva a cabo lentamente y suele tardar muchos años, excediendo lo que es la vida de un investigador en particular. Por esta razón, es muy importante poder registrar lo que está ocurriendo en el lugar, especialmente teniendo en cuenta la presencia e incidencia que tuvo el fuego. El objeto de este proceso de investigación es poder obtener por primera vez datos de seguimiento comparativos que van a ser muy útiles para diagramar diversas políticas públicas de cara a la preservación del humedal, una urgencia que quedó de manifiesto con los incendios producidos durante 2020 en ese ecosistema.
Vesprini aclaró que en esta isla no existen comunidades vegetales que estén adaptadas naturalmente al fuego como disturbio. “Las comunidades vegetales tienen cierta capacidad de adaptarse a algunos disturbios, como por ejemplo los pulsos de inundaciones y sequías, que son procesos que pueden destruir la vegetación y que se consideran estructurales: son parte de la dinámica de las comunidades y en ausencia de ellos las comunidades no pueden existir. En cambio no podemos considerar al fuego un componente estructural. Es más, nos faltan muchos elementos para poder considerar que las comunidades de las especies que estamos investigando pueden adaptarse a este disturbio”.
"En muchas ocasiones, el humedal ha sido ignorado y dejado de lado, aunque el conjunto de bienes y servicios que producen son infinitos. Una ciudad como Rosario, con el gran crecimiento que ha tenido en los últimos años, sería inviable sin este ecosistema"
Algunas especies logran sobrevivir al paso de llamas porque poseen características propias que impiden la muerte, dependiendo de la intensidad y duración del incendio. “Por ejemplo, plantas que crecen enterradas en las lagunas suelen tener raíces muy profundas que les sirven de anclaje en el caso de pulsos de inundación o de resistencia durante pulsos de sequía. Ante un episodio de fuego, es posible se quemen las partes de la planta que están en la superficie, pero sobrevivan las partes enterradas en profundidad. El rebrote, sin embargo, no significa un mecanismo evolutivo de adaptación al fuego”.
Los investigadores apuntan a medir y proyectar cómo se puede ir recuperando orgánicamente el humedal, aunque reconocen que es muy pronto para saber cómo ocurrirá ese proceso. “Estamos viendo que algunas especies de plantas se reestablecen, no todas ellas pertenecientes a las comunidades originales. La ciencia nos permite a base de datos hacer predicciones, pero no futurología, por eso es necesario seguir evaluando a lo largo del tiempo qué está pasando en estas comunidades”.
Para llevar adelante el estudio se implementó el uso de las parcelas permanentes en las que se registraron las especies presentes. “De esa manera apuntamos a caracterizar a la comunidad vegetal de esos ambientes. Tenemos los datos del estado de cómo se encontraron dichas parcelas luego del fuego y la idea es repetir con el paso del tiempo este muestreo para poder determinar cómo evoluciona la vegetación en ambos escenarios, con y sin fuego”.
El equipo está intentando incorporar otras variables de lo que es la comunidad, no limitándose sólo a la vegetal sino también a la microbiana. “Queremos conocer qué sucede con esos organismos que están presentes en el suelo y son fundamentales para el funcionamiento del ecosistema. Tenemos que tener en cuenta que existen de a millones por unidad mínima de volumen. El suelo estuvo expuesto a temperaturas realmente muy altas, los expertos en suelos indican que los rastros en suelo permiten calcular que pudieron levantar hasta 500 o 600 grados. Bajo este precepto es necesario investigar a fondo qué sucedió con estos microorganismos”.
El investigador calificó como histórico el momento en el cual se está llevando a cabo la investigación porque la sociedad, a fuerza de las grandes consecuencias que produjo el humo durante el año pasado, tuvo una reacción masiva. De esta manera, se tomó dimensión de la importancia que tiene este espacio para la salud integral de los habitantes. “En muchas ocasiones, el humedal ha sido ignorado y dejado de lado, aunque el conjunto de bienes y servicios que producen son infinitos. Una ciudad como Rosario, con el gran crecimiento que ha tenido en los últimos años, sería inviable si no existiera este ecosistema, sobre todo en lo que es purificación de agua, aire, ventilación, cultura y recreación. Valoro muchísimo el respaldo que están dando la Universidad y la Municipalidad para el desarrollo de los conocimientos necesarios que permitan incentivar prácticas de manejo que no signifiquen un deterioro de la salud ambiental y que no impliquen los altos costos sociales que conllevan los incendios”.
Fuente:Rosario12
La Festram en alerta y movilización
Los municipales santafesinos están re calientes. Eso marcó el termómetro del plenario
de secretarios generales de todos los sindicatos de la provincia realizado el pasado
miércoles. La falta de convocatoria a paritarias mientras docentes y estatales de ATE y
UPCN ya están en plena negociación, la urgente necesidad de recomposición salarial
ante la persistente suba de precios; más una discusión sobre las autonomías
municipales anunciada por el gobernador Omar Perotti y empujada por un fallo de la
Corte Suprema de la Nación, que a ojos de los dirigentes gremiales significa un ajuste,
elevan la temperatura de los trabajadores del sector y lo hacen saber sus referentes.
“El jueves de la semana que viene volveremos a reunirnos en plenario y si no hay
convocatoria a paritarias estaremos disponiendo medidas de fuerza, en principio de 48
horas con movilización”, adelantó a El Eslabón el titular de la Festram, Claudio Leoni.
La Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram) se declaró en estado
de alerta y movilización. En su plenario del miércoles pasado en la sede de la entidad,
ubicada en la capital provincial, abordó un temario con eje en la cuestión salarial tras el
cual dejó programada una alarma que sonará el próximo jueves. “Se decidió dar ese
plazo para tener una reunión de paritaria, porque hasta ahora no hemos sido
convocados cuando el resto de los gremios ya están sentados en la mesa de discusión”,
precisó Leoni.
“Estamos pidiendo que se analice cómo recomponer el salario porque la verdad es que
se generó una brecha muy grande el año pasado, en la que el salario mínimo de un
trabajador municipal quedó en el orden de los 35 mil pesos y la canasta básica supera
los 52 mil”, ilustró el secretario general de la Fetram. “Esto significa tener a muchos
más de la mitad del gremio debajo de la línea de pobreza”, subrayó el además referente
de la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT.
En el plenario del miércoles pasado, los dirigentes municipales coincidieron en la
necesidad de discutir un aumento salarial que supere la inflación –que hace cada vez
más difícil el acceso a los alimentos básicos– y que reintegre la caída del poder
adquisitivo, que calcularon en más de un 16 por ciento durante el año pasado.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), una familia necesita
un ingreso de 54.207,53 pesos para no ser pobre. El gobierno de Alberto Fernández
prevé una inflación del 29 por ciento según se plasmó en el Presupuesto 2021. Los
municipales consideran que esas –y un rechazo a sumas fijas no remunerativas ni
bonificables– serán las pautas a debatir. Para Leoni, “la necesidad de recomponer
salarios es tanto producto de la crisis económica y de la pandemia como un instrumento
para reactivar cada una de las regiones, porque es el recurso del Estado que llega a
cada pueblo a través de la capacidad de consumo que tienen nuestros trabajadores”.
“Lamentablemente hay una decisión del gobierno (provincial), utilizando un fallo de la
Corte (Suprema de Justicia de la Nación) del Lawfare, que exhortó a Perotti a adecuar
la normativa en función de las autonomías municipales, y el gobernador salió con un
proyecto de autonomía que nadie conoce”, se quejó el dirigente de la Festram.
Según Leoni, “el único proyecto que tiene (la propuesta de autonomías municipales) es
la eliminación de la negociación colectiva en el sector municipal, con lo cual esto suma
un clima de mucha tensión, ya que además es un sector que es esencial que ni siquiera
ha sido considerado en un proceso de vacunación prioritario”. “Todo eso hace un cóctel
de situaciones de malestar con el gobierno de la provincia, con la Corte y por la
situación económica que estamos viviendo en estos momentos”, agregó.
“Nosotros venimos pidiendo reuniones paritarias desde diciembre, el último pedido lo
hicimos la semana pasada sin ningún tipo de respuesta del gobierno. Un silencio que
nos obliga a poner una fecha, que es el día jueves. Volveremos a reunirnos en plenario
de secretarios generales y, si no hay convocatoria a paritarias, estaremos disponiendo
medidas de fuerza, en principio de 48 horas con movilización”, advirtió el titular de la
Festram. Y remarcó: “Estamos en una situación de alta tensión con los propios
compañeros trabajadores respecto a las distintas políticas que van contra el sector l
aboral”.
Festram quiere un debate profundo sobre autonomía municipal
“Nosotros estamos de acuerdo con la autonomía, pero creemos que si la autonomía no
va acompañada de una transferencia de recursos en función de la responsabilidad que
se le otorga a cada Estado local, es la aplicación del ajuste”, reflexiona en diálogo con
este medio el secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales de Santa
Fe (Festram), Claudio Leoni.
El dirigente señala que “la autonomía municipal es un concepto que en sí mismo nace
con el «Consenso de Washington», como un mecanismo de transferir responsabilidades
sin recursos y aplicar un ajuste en el gasto público”. “Además hay que discutir
profundamente qué tipo de autonomía se quiere. Hay muchos ejemplos de cómo
funcionan, como pueden ser los condados en Estados Unidos, los Cantones Suizos, las
Regiones españolas”, añade.
“Es una discusión muy profunda, que debe pasar más por las autonomías de los pueblos
que de las autoridades y las instituciones. Aquí es donde vamos a tener diferencias”,
destaca Leoni. Y aclara: “No estamos en contra, lo que no queremos es que la
autonomía, que es una obligación que tienen las provincias a su propio criterio, sean un
instrumento para terminar con la negociación colectiva y con el derecho constitucional
de igual remuneración por igual tarea”.
Consultado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre autonomía
municipal, que exhorta a la provincia a adecuar su legislación, el titular de la Festram
fue directo: “Hay cuestiones en las que tenemos que ser sinceros. Hemos sido
claramente opositores a la designación de jueces por decreto, hemos cuestionado
decisiones de la Corte, como no respetar el planteo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos con relación a la libertad de los presos políticos, particularmente en
Milagro Sala, y fueron parte de incluso apoyar hasta el golpe de Estado en Brasil. No
tenemos respeto por esta Corte”, reconoció Leoni.
“Hay acciones políticas de la Corte que trascienden las responsabilidad de ordenar a la
Justicia y por eso decidimos llevar este planteo a la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), porque entendemos que esta exhortación, en realidad no hay un fallo
de inconstitucionalidad, que lo que hace la Corte con esta exhortación a la provincia es
una decisión política que va contra derechos internacionales del trabajador que tienen
rango constitucional”, concluyó el dirigente.
Los garantes de la represión
Dos ex fiscales federales de Rosario durante la última dictadura y el secretario del
juzgado federal Nº2, cuyo titular de entonces está procesado por delitos de lesa
humanidad, fueron denunciados esta semana por complicidad con el terrorismo de
Estado. La agrupación Hijos solicitó al juez Marcelo Bailaque que cite a declaración
indagatoria a los ex Procuradores Fiscales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez y al
secretario penal de un juzgado de aquellos años, Horacio Claverié, por su presunta
participación en hechos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y
desaparición forzada de personas, y como autores de asociación ilícita. Por este último
delito pidió, también, que vuelva a ser indagado el ex juez federal Guillermo Tschopp,
procesado en septiembre pasado. Los denunciantes consideran que los funcionarios
judiciales “aportaron una garantía de impunidad a las fuerzas represivas, aporte
indispensable para que el genocidio tuviera lugar”. En un escrito de 70 páginas –que
desanda caso por caso la acusación– fundamentan por qué creen que el rechazo de los
habeas corpus y las desoídas denuncias por apremio de los detenidos políticos
ilegalmente no se trataron de “errores” funcionales o de una pasividad penalmente
justificable, así como que no existió un “estado de necesidad justificante” de sus
conductas que, por el contrario, consideran dolosas y sistemáticas: “Estos magistrados
no sólo se limitaron a infringir sus deberes de funcionario público, que les obligaba a
llevar adelante las investigaciones, sino que dichas omisiones sistemáticas constituyen,
lisa y llanamente, una forma de intervención criminal en los delitos no investigados”.
Uno de los denunciados, Vázquez, obtuvo notoriedad pública en los últimos meses por
el ejercicio de la defensa del senador del departamento San Lorenzo, Armando Ramón
Traferri, en la causa por su presunta participación en una estructura ilegal vinculada al
juego clandestino.
¿Pudo un funcionario judicial de la última dictadura desconocer la actuación del Estado
terrorista? Conociendo el proceder de las fuerzas represivas, ¿cómo debió actuar?
Desoír de modo sistemático las denuncias de apremios ilegales y torturas de detenidos
ilegalmente y sin pruebas que eran llevados a sus despachos para ser sometidos a
procesos –en ocasiones hasta un año y medio después de producido el arresto–,
¿constituye una conducta penalmente reprochable? ¿Debieron los jueces y fiscales de
la dictadura convertirse en “héroes” denunciando lo que sucedía? Sus roles pasivos,
¿fueron casuales o deliberados? ¿Era admisible dictaminar a favor de la condena de
una persona cuya única prueba en su contra era su confesión firmada con los ojos
vendados y obtenida en una sala de torturas?
Con las respuestas a esos interrogantes –y a otras preguntas–, el equipo jurídico de
Hijos construyó el escrito en el que se le pide al juez Bailaque que cite a indagatoria a
Tiscornia, Vázquez y Claverié, como partícipes primarios de delitos contra la humanidad,
cuya persecución penal no prescribe por el mero paso del tiempo.
La presentación cita como antecedentes fallos condenatorios de jueces y fiscales
cómplices de la dictadura, analiza decenas de casos de detenidos en Rosario, cuya
suerte procesal pasó por las manos de los acusados, y concluye que “así como un
Poder Judicial de una democracia es funcional al Estado de Derecho, el Poder Judicial
de una dictadura no puede ser sino funcional a esta última”.
“Ello no significa –aclara– que todos los miembros del Poder Judicial hayan sido
cómplices de los hechos que se cometieron, pero sí lo son aquellos respecto de los
cuales la omisión de investigación se transformó en una forma sistemática de
actuación, como es el caso del entonces secretario Claverié, como asimismo los
Procuradores Fiscales Tiscornia y Vázquez”.
Preso sin proceso
Gustavo Ángel Roberto Piccolo fue detenido por fuerzas policiales el 14 de octubre de
1976 y alojado en el Servicio de Informaciones –“El Pozo”, el principal centro
clandestino de detenciones de Rosario– a disposición de las autoridades militares del
Comando del II Cuerpo de Ejército.
Por su caso –que formó parte del Juicio a las Juntas– hace poco fue condenado a
22 años de prisión el policía retirado Héctor Beto Gianola por el secuestro y los
tormentos sufridos por Piccolo. Es decir, su caso fue probado por el Poder Judicial.
La presentación de Hijos recuerda que sobre el preso político “pesó una causa armada”.
La misma se inició recién un año y medio después de que Piccolo fuera secuestrado.
El fiscal fue Tiscornia. “Ante este panorama entiendo que el fiscal debería haber
solicitado la libertad de Piccolo o cuanto menos que se investiguen los motivos por los
cuales estaba detenido hacía más de un año” y sin proceso judicial, señala la
presentación de Hijos. Agrega que “nada de eso sucedió” sino que “por el contrario, a
fojas 178/182 solicitó al magistrado que condene a Piccolo a la pena de 10 años de
prisión”.
El detenido fue sometido luego a otra causa judicial que “se inició por mera voluntad
de Tschopp el 7 de febrero de 1980 y condenó a Piccolo a 9 años de prisión sin siquiera
citarlo a indagatoria, y sin dictamen fiscal”, señala el texto.
En ese segundo expediente el fiscal fue Vázquez, quien desempeñó el cargo entre
septiembre de 1979 y el mismo mes de 1984. “Es cierto, éste no dictaminó solicitando
una condena, pero no es menos cierto que tuvo una actitud completamente omisiva.
Ante una flagrante violación de derechos nada hizo, lo que permitió que se vean
vulnerados sus derechos (los de Piccolo) y la privación ilegal de la libertad se siguiera
cometiendo”, acusó Hijos.
Tardío e infundado
Por aplicación de la ley 21.325 sancionada en 1976, y que perseguía las “actividades
subversivas”, Jorge Flores, Fernando Razzetti, Roberto Baradalla, Luis Cuello, Olga
Schilman y Eduardo López fueron sometidos a proceso. Cayeron, digamos, en manos
de Tschopp.
Schilman declaró ante el entonces juez federal que al ser detenida padeció tormentos,
una práctica habitual de la represión para “obtener información”. El juez ordenó un
examen médico “y a pesar de que éste arrojó evidencia de golpes nada dispuso”.
El primer fiscal del caso, Tiscornia, no pidió “una declaración de incompetencia, ni
citación de testigos, ni la apertura de un sumario, nada”, sostiene la presentación de
Hijos.
Pero podía ser peor. Cuando Vázquez asumió en la Fiscalía, el detenido Cuello solicitó
ampliar su indagatoria y rectificó sus dichos ante la Policía al ser detenido porque
–dijo– “no conocía esa declaración porque firmó la misma sin haberla leído y con los
ojos vendados y que además fue torturado, específicamente durante los primeros 5
días, y que si no declaró esto en la oportunidad en que prestó declaración indagatoria
fue porque estaba amenazado por personal del Servicio de Informaciones”.
En la misma causa Flores expuso ante Vázquez, el 2 de diciembre de 1979, que cuando
declaró ante la Policía lo había hecho tras pasar 20 días con los ojos vendados en el SI
“y después de haber sido torturado durante 5 días, de lo cual cuando formuló su
declaración indagatoria tenía evidentes rastros (ojo morado, paralizado el brazo
izquierdo por la electricidad e innumerables quemaduras eléctricas del cuello para abajo)
”.
Aclaró que “en su momento a pesar de habérselo mostrado al empleado que recibió su
declaración, no declaró esos apremios porque sabía que seguiría detenido en el SI
donde estarían las mismas personas que lo torturaron”. Instinto de autoconservación.
La respuesta de Vázquez fue que “las rectificaciones efectuadas por ambos procesados
carecen de entidad por ser tardías, infundadas e inverosímiles”. El paso del tiempo
parece haberlo hecho recapacitar; hoy demanda las garantías del debido proceso para
sus pupilos.
Dice la presentación de Hijos sobre el actual defensor de Traferri: “Sostener eso, ya en
el año 80, cuando el hermetismo de los primeros tiempos de la dictadura se estaba
resquebrajando, habiendo muchos perseguidos políticos declarado haber pasado por lo
mismo, y sin siquiera solicitar una medida de prueba para salir de la duda, es sin duda
la garantía de impunidad que las fuerzas represivas necesitaban del Poder Judicial”.
Aporte concreto
En síntesis, el equipo jurídico de la organización reunió decenas de casos en los que
tanto el juez Tschopp como su secretario Claverié, y los fiscales Tiscornia y Vázquez –
que en aquel momento no instruían las causas por delegación, como lo pueden hacer
ahora– omitieron su deber funcional y, de ese modo, realizaron un aporte que
garantizó la impunidad a los ejecutores de la represión ilegal. Considera que no fueron
“errores” sino conductas de carácter sistemático, repetidas a lo largo de sus
intervenciones.
“Sostenemos que el carácter sistemático de la omisión de investigar en el caso tanto
de Tschopp como de los Procuradores Fiscales imputados y del secretario, excede los
denominados «delitos de infracción de deber» y corresponde entenderlos como aportes
concretos a las conductas típicas desplegadas por los miembros de las fuerzas de
seguridad, con lo cual la conducta de los funcionarios judiciales debe ser calificada
como participación primaria en los delitos así cometidos: homicidios, torturas,
privaciones ilegítimas de libertad, desapariciones forzadas etc”, señala la
presentación.
Añade que “estos magistrados no sólo se limitaron a infringir sus deberes de
funcionario público, que les obligaba a llevar adelante las investigaciones, sino que
dichas omisiones sistemáticas constituyen, lisa y llanamente, una forma de intervención
criminal en los delitos no investigados”.
También fundamenta mediante la cita de un fallo que sostiene que “el juez o el fiscal
que tomó conocimiento de numerosos hechos delictivos gravísimos y no promovió una
sola investigación seria de ninguno de ellos, no se limitó a infringir sus deberes
personalísimos de magistrado, sino que acabó por ofrecer una garantía de impunidad
que se transformó en un favorecimiento a los hechos no investigados”.
¿Estaban los funcionarios compelidos a actuar de esa manera por un “estado de
necesidad?”. El planteo de Hijos señala que “otro elemento a tener en cuenta que
descarta la existencia de un estado de necesidad justificante resulta ser que, una vez
cesada esa posible situación de necesidad que la defensa seguramente esgrimirá, nos
referimos a la última dictadura cívico militar, todos los magistrados en cuestión
eligieron seguir en su conducta dolosa no poniendo en conocimiento de las nuevas
autoridades democráticas los delitos de los que habían tomado conocimiento durante
sus años como funcionarios judiciales”. En democracia tampoco denunciaron.
¿Vale declararse temeroso? “Hay un argumento que a nuestro entender excluye
definitivamente la posibilidad de justificación y que tiene que ver con la posición
jurídica especial en la que se encuentran jueces y fiscales que les obligan a tolerar no
sólo el peligro que para ellos mismos puede generar el ejercicio de su profesión, sino
los peligros que dicho ejercicio puede generar para terceros”, señala el documento.
Y abunda: “El aporte que el Poder Judicial en general y los doctores Tiscornia, Vázquez
y Claverié en particular, ofrecieron al plan sistemático de represión, consistió en
garantizar la impunidad de las aberraciones que se cometían mediante la no
investigación de las mismas. Pues bien, este aporte resultó determinante para que el
ataque sistemático a la población civil haya podido ser llevado a cabo de la manera en
que se llevó”.
Antihéroes
La presentación cita una sentencia del TOF1 de Mendoza, del 20 de septiembre de 2017,
por el que fueron condenados ex funcionarios judiciales por complicidad con la dictadura.
Dice: “Hay que ser claro en este punto: no se está exigiendo una actitud heroica frente a
l terrorismo de Estado; se está reclamando que no cumplieron con su mandato, con sus
deberes”.
Además, recuerda que los ex fiscales acusados no sólo eludieron sus deberes sino que
alentaron duras condenas a personas cuya única prueba en su contra eran sus propias
declaraciones, tomadas bajo tortura: “Surge claro que nada de eso hicieron cuando
permitieron (y hasta promovieron) que se impongan largas penas de prisión a
detenidos políticos con la única prueba de su confesión prestada en sede policial sin
abogado presente y bajo la aplicación de tormentos”.
El planteo del organismo de Derechos Humanos también cita una sentencia que
remarca que no sólo no obraron como correspondía a sus deberes, sino que
colaboraron: “(…) jueces y fiscales debían actuar de cierta manera, ante el
conocimiento de delitos graves; no obraron de la manera prevista por la ley; no lo
hicieron, en razón de que querían colaborar con la actuación de los autores del delito
grave; los autores de los delitos contaban con la inacción de jueces y fiscales; y la
inacción permitió a los autores seguir cometiendo los delitos”.
Fuente: El Eslabón
Alumbra en Rosario uno de los complejos deportivos más grandes de Latinoamérica
Detrás del proyecto está el empresario y ex jugador de pádel Ramiro Nanni,
y un socio monegasco
Un complejo multideportivo de estilo europeo asoma en la ciudad de Rosario. Se trata
de Montecarlo International Sports, un club con membresía premium, que contará con
un estadio, pistas de pádel, tenis, beach tennis, squash, beach volley, soccer, hockey y
running, así como un Hotel Boutique, dos piscinas -una cubierta climatizada y otra al
aire libre, residencia para jugadores, gimnasio Premium, sala de fitness, fisioterapia y
masajes. También tendrá un Club House, restaurante, bar, salón de fiesta, kinder,
parking subterráneo, plaza para niños y mucho espacio verde para el esparcimiento de
toda la familia.
De larga trayectoria deportiva en España, Nanni se asoció al empresario Fabrice
Pastor, residente en el exclusivo distrito de Montecarlo para desarrollar un concepto de
club diferente a los tradicionales constituidos como asociaciones civiles.
El predio cuenta con una superficie total de 12.500 metros cuadrados en los que serán
construidas “instalaciones innovadoras donde predominarán la luz y los espacios con el
uso proactivo de tecnología, así como de equipamiento de avanzada” conceptualiza el
empresario.
Una de las principales actividades que tendrá el nuevo club girará en torno al estadio de
pádel y sus pistas en las que se desarrollarán competencias oficiales y encuentros
internacionales con amplia capacidad para espectadores.
El estadio contará con una pista principal de pádel con gradas fijas de hormigón y
butacas para una gran cantidad de espectadores y dos pistas laterales.
El Ingreso al estadio será por un hall de acceso directo y contará además de las pistas
de pádel y tenis, con una Sala Vip, vestuarios para jugadores y jueces y bloque de
sanitarios.
Respecto a la membresía, hablamos de un club que no se caracteriza por lo económico.
Tendrá un valor de $ 160.000, más cuotas mensuales de $ 10.000.
La fecha objetivo de apertura es en Agosto de este año, mes donde el complejo actuaría
como sede de la EuroAmerica Pádel Cup.
Fuente:RosarioPlus
Reporte diario
Coronavirus: Rosario registró 141 contagios y la provincia
de Santa Fe llegó a 417 este sábado
Las autoridades sanitarias informaron también el fallecimiento de seis pacientes con covid, 1 de ellos en Rosario.
Hasta la fecha se registran 3.617 decesos en el territorio provincial
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