Cuál es la estrategia del gobierno para recuperar el salario
A pura rosca. Este lunes el gobierno nacional comenzará a citar a sindicalistas y empresarios para acordar el ritmo y los porcentajes de aumento de precios y salarios. El gabinete económico se propuso el objetivo de que este año el poder adquisitivo de los trabajadores supere el costo de vida. "Que los salarios le ganen a la inflación", repitieron los altos funcionarios. Las herramientas son el control ciudadano, los precios máximos y las mesas sectoriales. Sin embargo, los productores ligados a la agroindustria salieron a marcar la cancha incluso antes de que comiencen los encuentros.
La decisión de la administración Fernández es apelar a la "rosca para lograr la armonización de las expectativas inflacionarias entre precios y salarios". Cecilia Todesca está a cargo de la convocatoria a sindicalistas. Los empezará a llamar este lunes para que se acerquen a Casa Rosada el miércoles. Los empresarios podrían concurrir el jueves o, si no se llega con la convocatoria, el próximo miércoles. El ámbito será el gabinete económico, del que también participará la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Su jefe, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, su par de Trabajo, Claudio Moroni, y el propio Martín Guzmán estarán sentados a la mesa también.
Los números a respetar son los que están escritos en la ley de Presupuesto 2021, en donde se asegura que la inflación será del 29%. El primer sindicato que cumplió con el pedido del gobierno fue La Bancaria, cuyo titular Sergio Palazzo se juntó con el presidente esta semana en Olivos.
La convocatoria a los sindicalistas no se acota a los titulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, criticados por las bases por su actuación complaciente durante el macrismo, quienes debían renovar su mandato el año pasado. Sin embargo, la pandemia pospuso las elecciones en la central obrera. Es por eso que el gobierno también convocará a los referentes de la Corriente Sindical, donde además de Palazzo también está el moyanismo, alejado de la conducción actual y cercano al propio Alberto Fernández.
Por lo pronto, según pudo saber Tiempo Argentino, Jefatura de Gabinete le pidió a Moroni los contactos de todos los referentes sindicales. El objetivo es que la convocatoria sea lo más amplia posible para garantizar un acuerdo sólido. Si bien fue la propia Todesca quien aseguró que no habrá techos salariales, es el mismo gobierno quien no quiere que los salarios escalen. El famoso "acompañamiento de las variables" devela un temor no reconocido de manera pública de que los salarios empujen la inflación, teoría que enoja a los sectores más combativos del Frente de Todos.
Este fin de semana los funcionarios e integrantes de la coalición de gobierno salieron a tuitear la campaña de control de precios y a difundir las aplicaciones de control social de las góndolas, con la intención de sumar a la ciudadanía a la vigilancia.
Además del acuerdo de precios de la carne, el gobierno también lanzó una canasta básica escolar para encarar el comienzo de las clases, momento del año doloroso para los bolsillos de las familias.
Además de estos encuentros, anunciados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el gobierno tiene en gateras el lanzamiento del tan postergado Acuerdo Económico y Social. Lo encabezará el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz. A esta instancia no solo concurrirán los sindicatos y las cámaras empresariales sino que también serán convocados los movimientos sociales y la Iglesia. El objetivo de esta instancia es acordar y planificar políticas de mediano y largo plazo. Sin embargo, la coyuntura de suba de precios apremia ahora, por lo que además de los encuentros de esta semana, el Ejecutivo seguirá con las reuniones y acuerdos sectoriales, como el de la carne o los productos escolares.
Por su parte, las cámaras agropecuarias ya mostraron los dientes esta semana tras la declaración de Todesca de no descartar la suba de retenciones a las exportaciones agrícolas. De hecho, el gobierno está habilitado por ley a subir tres puntos más en el trigo y el maíz, que podrían pasar de 12 a 15 puntos, y la soja, que puede subir hasta el 33.
Si bien todavía en el gobierno no están evaluando esa posibilidad, los empresarios productores de soja, commoditie que siguió subiendo su precio internacional, ya adelantaron su oposición de manera feroz a través de sus medios de comunicación aliados. El paro de enero que hizo retroceder al gobierno los dejó envalentonados.
Pero la suba de retenciones no solo aportaría mayor volumen de dólares al gobierno, que se encuentra en medio de las negociaciones con el FMI, sino que también desalentaría en parte las exportaciones. Podría servir de control efectivo de los precios de los alimentos que llegan a la mesa argentina.
Habrá que ver qué resultado concreto logra está semana el gabinete económico de Alberto Fernández y cuál es el resultado de su estrategia dialoguista. Por más afinidad personal que tenga el presidente con los dirigentes sindicales, nadie quiere Habrá que ver qué resultado concreto logra está semana el gabinete económico de Alberto Fernández y cuál es el resultado de su estrategia dialoguista. Por más afinidad personal que tenga el presidente con los dirigentes sindicales, nadie quiereCon el fracaso de la campaña anti Sputnik, a qué juega cada tribu en Cambiemos
Hace un año resultaba inimaginable para sus dirigentes, pero la revista científica The Lancet hirió gravemente una de las principales estrategias discursivas de Juntos por el Cambio en medio de la pandemia. Para espanto y por omisión de su ala dialoguista, quedó al desnudo el sobregiro del sector más duro de la alianza, liderado por Patricia Bullrich (PRO), Elisa Carrió (CC) y Alfredo Cornejo (UCR), que apostaban al fracaso de la vacuna de origen ruso. Con el eje sanitario en crisis, ahora se concentran en el reclamo del regreso a clases. Detrás de esa pirotecnia se aceleraron las reuniones de distintos caciques de la coalición opositora con la atención puesta en las candidaturas para las elecciones de este año.
Todo ocurre en un clima interno cruzado de versiones sobre el desembarco de capitales vinculados al expresidente Mauricio Macri en el diario La Nación y su canal La Nación Más. Ambos medios están cada vez más comprometidos con la prédica de JxC, en la previa de un año electoral atravesado por el coronavirus, donde el foco se centra en el alcance del plan nacional de vacunación.
En el PRO estiman que el Gobierno necesita la aplicación de 10 millones de vacunas antes de julio para llegar a las PASO de agosto sin la necesidad de analizar su postergación.
Si bien no es un requisito indispensable, los duros de JxC reclamaron con vehemencia que se conocieran los estudios de la vacuna Sputnik V, en alguno de los medios especializados reconocidos por la comunidad de expertos. El canal elegido fue The Lancet, que informó un 91,6% de eficacia. Esto dejó en off side a una decena de integrantes de Cambiemos. Desde Carrió, que pidió investigar al gobierno por envenamiento, hasta la diputada cordobesa del PRO Soher El Sukharia, que dijo: "Empezaron a vacunar y no sabemos qué mierda tiene la vacuna”. O su colega radical, el rosarino Pedro Del Cerro, que aseguró que jamás se pondría una vacuna "de la Unión Soviética".
El fracaso de esa estrategia no fue tan notorio afuera de JxC, pero sí adentro. "Los ruidosos tienen la conducción y fueron muy a fondo, pero es como si no hubiera una sóla conducción, sino varias", se lamentó un exfuncionario macrista. Su opinión integra el abanico de diputados y dirigentes que guardaron silencio ante la ferocidad de sus pares, pero ahora maldicen el sobregiro perdidoso. Apuntan, en parte, a las diputadas y diputados que viajaron a Clorinda, Formosa, para investigar al gobierno de Gildo Insfrán por las acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos en la aplicación del aislamiento. Encabezados por Waldo Wolff, viajaron con el auspicio de Macri y Bullrich.
A pesar de las críticas de sus detractores, la exministra no se detendrá en la táctica de capitalizar los errores del Gobierno y diferenciarse todo lo posible. En eso coinciden tanto Cornejo como Carrió, que recibió a Bullrich hace dos semanas para retomar el vínculo congelado durante los últimos años. La exministra busca posicionarse como candidata este año y construirse como la heredera de Macri para el 2023. Lo deslizó esta semana en Córdoba, la nueva escala para presentar su libro y mostrarse con dos macristas de paladar negro que buscarán lugar en las listas: el exsecretario de Turismo, Gustavo Santos, ahora presidente de la Fundación Pensar de la provincia, y la senadora nacional Laura Rodríguez Machado.
Carrió recibió esta semana a otro dirigente del PRO, a quien le dedicó mucha más furia en el pasado, Jorge Macri. El intendente de Vicente López y titular provincial del partido amarillo peregrinó a Exaltación de la Cruz con su colega, el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti. "No avalaré delincuentes en las listas de Cambiemos", había dicho Lilita en marzo de 2017 para castigar al entonces primo presidencial.
La foto actual generó suspicacias en las tribus bonaerenses del PRO. Algunos leyeron que es una forma de obturar el desembarco del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, como candidato provincial y marcar la cancha ante la prescindencia de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
"Apuestan a perder", lanzaron entre los que apoyan la candidatura a gobernador del exministro bonaerense Joaquín de la Torre, dentro del espacio del extitular de la Cámara baja, Emilio Monzó. Ese espacio sumó otra movida esta semana con el operativo clamor de dirigentes entrerrianos para que Frigerio se postule a gobernador.
Tanto Frigerio como Monzó estuvieron muy atentos al viaje que concretó este viernes su aliado y amigo Rodríguez Larreta a Salta. El alcalde porteño dedicó la agenda a reunirse con dirigentes del peronismo local que están más cerca de Cambiemos que del oficialismo. Se reunió con la intendenta capitalina Betina Romero para firmar un convenio de cooperación y luego almorzó con el senador nacional y exgobernador Juan Carlos Romero, que integra el interbloque de JxC. A la noche fue agasajado por el gobernador Gustavo Sáenz.
El mandatario salteño es aliado del Frente Renovador, que conduce Sergio Massa, y resolvió desdoblar las elecciones locales de las nacionales, decisión que cayó como una piedra en la Rosada. Las fijó para el próximo 4 de julio, cuando aún no hay precisiones sobre la firmeza del calendario nacional por la pandemia y el debate sobre la suspensión de las PASO. En ese contexto pasó Larreta por Salta, segunda visita electoral del plan 2023 que empezó en Mar del Plata, cuando se mostró junto a su intendente, Guillermo Montenegro.
El expresidente Macri también compró boleto de viaje. Sacó tres para Qatar, junto a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia, para ver el Mundial de Clubes de fútbol. Lo hizo, deslizó su entorno, como parte de sus funciones como titular de la Fundación FIFA. Antes de partir, la atención del magnate no estuvo en la agenda deportiva sino en las versiones que indicaban que su amigo y socio, el empresario Nicolás Caputo, había comprado una parte del diario La Nación y de su canal de cable. Ante las consultas de este diario, una fuente muy cercana a ambos millonarios negó la versión. Sugirió que la operación habría corrido por cuenta del dueño del Fénix Entertainment Group, Marcelo Fígoli, que viene de comprar hace una semana la mayoría del paquete accionario del Parque de La Costa.
El tema es parte de la discusión política de la alianza opositora. "La clave que vincula a Fígoli es Juan Cruz Ávila (ex América, histórico productor de Animales Sueltos) que quedó como gerente de programación en el canal sin que compren la señal. Eso les salió más barato", aseguró otra fuente vinculada a la operación.
Los trazos de ese acuerdo llegan a Radio Rivadavia, controlada por Fígoli. En esa emisora trabajarán las nuevas figuras contratadas por el canal de cable de La Nación, tan identificados con la línea discursiva de Cambiemos como el cantante Dipy, que tendrá su espacio.
Entre las versiones de compra y las alianzas estratégicas de menor monto, el medio propiedad de los Saguier quedó vinculado a la posilidad de contar con una presencia concreta de nuevos socios muy relacionados con Macri. Desde su amigo Caputo, a un cercano como Fígoli o Ávila que en diciembre de 2015 estuvo a un paso de jurar como secretario de Políticas Universitarias gracias a su pertenencia al radicalismo. Especialmente por al sector universitario, liderado por el actual diputado Emiliano Yacobitti, mano derecha de Enrique Coti Nosiglia.
Convocatoria del gobierno: cautela de los empresarios y entusiasmo de los sindicalistas
La convocatoria del gobierno nacional para armonizar precios y salarios no tuvo el mismo eco entre los sindicalistas que en el mundo empresarial. Mientras que estos últimos pusieron reparos al objetivo del encuentro, los líderes sindicales se mostraron mucho más cercanos al mismo.
Dos de los principales referentes del sector corporativo fueron específicos. Tanto para Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial, como para Daniel Funes de Rioja, vice de la entidad y presidente de la Copal, que agrupa a la industria de alimentos, pusieron el foco en que los precios se aplacan con políticas macroeconómicas distintas a las actuales.
Acevedo indicó en una entrevista al matutino El Cronista publicada esta semana que la Unión Industrial participará del encuentro del miércoles “No tenemos ningún problema en este sentido”, aseguró. Pero a renglón seguido indicó: “Lo interesante sería hacerlo para entender cómo cada uno ve el escenario y no para ya comenzar a definir cómo serán las paritarias”. Según el industrial aceitero, “hoy no se puede hablar de números. Estamos recién en febrero y sería apresurado” cristalizar cifras cercanas al 29% de inflación que prevé el Presupuesto.
En tanto, Funes de Rioja fue más específico: “En una concertación económica de emergencia, el gobierno tiene que definir las políticas de estabilización macroeconómica, las pautas cambiarias y monetarias y las perspectivas de inflación dentro de la cual nos vamos a desenvolver, ya que no son los acuerdos de precios y salarios per se los que van a condicionar los resultados, sino que es ese marco lo que va a condicionar una política de precios y salarios, que es un instrumento más, no el único”.
El empresario y representante de la industria alimenticia aseguró al portal Infobae que “los acuerdos de precios y salarios que no tienen un contexto económico definido son medidas muy coyunturales y de muy poco resultado efectivo”.
Interés en la CGT
Los sindicalistas más visibles de la mesa chica de la CGT se mostraron mucho más cercanos a la propuesta del gobierno que los empresarios. Más aun después de que los principales funcionarios del gobierno, excluyendo al presidente Alberto Fernández, como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, su segunda, Cecilia Todesca, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, salieran al ruedo a declarar que “los salarios deben ganarle a la inflación este año”.
Para Héctor Daer, cosecretario de la CGT y titular de la estratégica federación de trabajadores de la salud privada, esas declaraciones fueron “un punto de partida” ya que “cambia la lógica de muchos economistas tradicionales que ven que cualquier cuestión o idea antiinflacionaria tiene que tener una clase de salario, más allá de lo que suceda después", en referencia al impulso de la baja salarial del gobierno macrista.
Daer también apuntó a los planteos de los empresarios. Consideró que “lo más insólito es que los que primero salieron con esta supuesta preocupación son los que fabrican alimentos cuando los alimentos son los que más aumentaron en todo este ciclo interanual, inclusive teniendo valores en dólares superiores a los países donde los salarios en dólares son mucho mayores”. Por este motivo, remarcó que “es un momento donde tiene que primar la responsabilidad de todos estos señores”.
Otras fuerzas
En las CTA hubo respuestas dispares. Hugo Yasky, que dirige la CTA-T, y que también es diputado nacional del Frente de Todos, destacó la convocatoria, que incluyó a esa central, y dijo que espera que "sirva para la valoración de los sueldos, que han perdido más de 20 puntos durante los años del macrismo".
En tanto, la CTA-A mantuvo un encuentro de su dirección en el que manifestaron su preocupación por "la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora frente al impacto de la inflación sobre los ingresos familiares". En esa central "saludaron" las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, en relación a los salarios y la inflación. Pero observó que "es importante aclarar que las cifras publicadas oficialmente no reflejan la realidad de las familias trabajadoras" en relación a la inflación.
Desde la izquierda, Romina del Plá, titular del sindicato de los docentes de La Matanza y ex diputada nacional, advirtió: "El acuerdo de precios y salarios que prepara el gobierno será un pacto contra los trabajadores".
Pymes tienen un plan
Industriales Pymes Argentinos (IPA) presentó su sexto informe del observatorio que dirige. Allí señaló como prioritario la sanción de la ley de Compre Argentino, una mayor regulación del sistema financiero, el otorgamiento de créditos directos a través de los bancos nacionales, el anuncio de la puesta en valor de la red de ferrocarriles y el impulso al INTI como apoyo indispensable de la industria.
"Estas son las acciones de gobierno que van a permitir no volver a prorrogar la doble indemnización o medidas similares. La mejor forma de proteger el empleo es generándolo", destacó uno de los puntos.
“El sistema financiero, eterno ganador de todos los modelos económicos, mantiene elevados niveles de liquidez que no se vuelcan al sector productivo, se invierten en bonos del Gobierno y estresan el sistema obstaculizando la reactivación y el desarrollo”, señaló el análisis.
Según el Observatorio, alimentos e insumos difundidos "presionan sobre la rentabilidad de las pymes".
Fuente:TiempoArgentino
Murió el histórico dirigente peronista Osvaldo Mercuri por coronavirus
El ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y actual diputado del Parlasur falleció este sábado por COVID. Allegado a Eduardo Duhalde, fue secretario de Ambiente de Lomas de Zamora, ex legislador bonaerense entre 1989 a 1997 y de 2001 a 2005.
@fotoW2
El ex titular de la Cámara baja provincial y actual legislador del Parlasur Osvaldo Mércuri murió este sábado 6 de febrero en una clínica de San Isidro. Se encontraba internado por coronavirus desde hacía tres semanas.
Ligado al duhaldismo fue diputado provincial entre 1985 y 2005 y presidió el cuerpo de 1989 a 1997 y de 2001 a 2005. Su papel de hábil negociador político hizo que fuera elegido como presidente de la Convención Reformadora Constitucional en 1994 y que encabeza además en su momento el Congreso del Partido Justicialista.
También fue especializado en temas ambientales. De hecho, fue secretario de Ambiente durante la intendencia de Juan Bruno Tavano.
En sus últimos años fue parte de Cambiemos, siendo diputado del Parlasur por ese espacio. Allegado también al ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó.
Fuente:PoliticaArgentina
Macri asustado: dos informes complican su situación judicial
Se trata de investigaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre corrupción en el concurso de Correo Argentino y la persecución al grupo Indalo.
Dos informes agregados recientemente a las causas judiciales en las que se investigan si el gobierno de Mauricio Macri persiguió a los accionistas del grupo Indalo y si hubieron irregularidades en el concurso del Correo Argentino S.A. complican a exfuncionarios de Cambiemos y al propio expresidente, informaron fuentes judiciales.
Ambos informes, agregados uno a cada causa, fueron elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que depende de la Corte Suprema de Justicia y habían sido solicitados por los jueces que intervienen en cada uno de los expedientes.
El informe incorporado a la causa en la que se investiga si el gobierno de Macri intentó una "abusiva" condonación de deuda a una empresa de su familia, la concursada Correo Argentino S.A., coincide "bastante" con las conclusiones a la que en su momento arribó la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso al acuerdo al que habían llegado el Poder Ejecutivo y la empresa, según aseguraron fuentes que tuvieron acceso.
Se trata de un informe contable que, en rigor, exigían las defensas de los imputados (el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, otro exfuncionario y dos directivos de la empresa) que aseguraban que las afirmaciones de la fiscalía no se condecían con la realidad y que el principio de acuerdo alcanzado en aquel entonces para pagar la deuda en cómodas cuotas hasta 2033 era una buena opción.
Cuando termine de analizar el informe recibido, que incluye una suerte de calculadora con la que podrá modificar variables (plazo, tasas, bancos) para evaluar todas las alternativas posibles, el juez Ariel Lijo se abocará a definir la situación procesal de los imputados que fueron indagados hace ya casi dos años.
Si el juez determina que hay elementos suficientes para concluir que el gobierno de Macri intentó beneficiar a una empresa de su familia, la pregunta siguiente será si tuvo alguna responsabilidad el entonces presidente, que en su momento fue imputado por el primer fiscal de la causa, Juan Pedro Zoni, pero sobre quien el expediente no avanzó aún.
En la causa en la que se investiga si desde el gobierno de Macri se presionó a los accionistas del grupo Indalo (Cristóbal López y Fabián De Sousa) y se buscó avanzar sobre sus empresas, la jueza María Servini recibió justo antes del inicio de la ya concluida feria judicial un informe de entrecruzamientos de llamadas realizado sobre miembros de la denominada mesa judicial que arrojó resultados que van en línea con la acusación, según pudo saber Télam.
El análisis incluyó los cruces de llamadas entre Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el entonces jefe de asesores de la Presidencia José Torello e integrantes de la AFIP, entre otros, y demostró que efectivamente se contactaban entre ellos, con miembros del Poder Judicial y con directivos de grandes medios de comunicación en los momentos en los que los denunciantes aseguran que los estaban presionando, según adelantaron a Télam fuentes de la investigación.
Esa medida viene siendo cuestionada hace tiempo por la defensa de Macri, que ya logró que, en lugar de que se analizaran todas las llamadas del expresidente durante su paso por la Casa Rosada, se entrecruzaran solo las comunicaciones en torno a hitos determinados de la investigación que tuvieron que ser previamente establecidos por el juzgado.
No conformes con la corrección de la medida de prueba que en su momento ordenó la Cámara Federal porteña, la defensa de Macri insistió en que sea anulada en Casación, donde el juez Eduardo Riggi –que en su momento votó con duros términos por la detención de los dueños de Indalo- le ordenó a Servini que le enviara el expediente completo.
Esta semana, el abogado de la querella de los empresarios, Carlos Beraldi, formalizó su segunda presentación ante la Casación para que el expediente sea devuelto a Servini y la investigación pueda avanzar a la vez que en declaraciones mediáticas anunció que denunciará a Riggi ante el Consejo de la Magistratura.
Fuentes judiciales de los tribunales de Comodoro Py coincidieron en señalar que no es habitual que Casación reclame un expediente completo para definir sobre un incidente y que la viabilidad o no de una medida de prueba no es materia de análisis de ese tribunal que interviene cuando se trata de sentencias firmes o resoluciones con impacto similar.
Fuente:Infonews
Por los acuerdos de la Hidrovía la Argentina pierde más de u$s 10.000
millones anuales
El quebranto se compone por sobrecostos de flete, pago de servicios a
Montevideo y falta de control pesquero. La navegación del Paraná, cuya
infraestructura pagan los argentinos, se ofrece gratis a las multinacionales
que manejan los puertos.
07 DE FEBRERO, 2021
Por
La concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná le genera a la Argentina un perjuicio directo de 10.000 millones de dólares anuales, sin contar las pérdidas a las arcas públicas por la evasión y el contrabando no controlado por las empresas extranjeras que administran los puertos y barcos que navegan en aguas nacionales. La Hidrovía, nombre ampuloso para definir la privatización del río Paraná, fue concesionada en 1995 y el Gobierno plantea llamar a un nueva licitación, sin que esté prevista una prórroga de la actual concesión, la cual vence el mes próximo.
Mantener esta concesión implica la renuncia de hecho de la Argentina a la histórica soberanía sobre el río Paraná y el Mar Argentino, pero además mantendría un daño económico monumental, la pérdida de competitividad estratégica de los productores locales y un mayor costo logístico por tener que depender de la legislación extranjera en aguas nacionales para la navegación de embarcaciones, que también son de bandera internacional. El impacto indirecto es la pérdida de competitividad de los agro-productores argentinos antes sus pares de la región.
El país tenía una navegabilidad de sus ríos interiores sometida a las leyes argentinas hasta los noventa. Tras la privatización y las dos medidas de Mauricio Macri, que cedieron al puerto de Montevideo el punto de salida al mundo de todas las exportaciones que circulan por estos canales (Argentina, Brasil y Paraguay), el país dejo controlar lo que sucede, no sólo en los ríos argentinos sino en todo el Atlántico Sur.
Desde distintos sectores productivos reclaman que se reafirmen los derechos argentinos y se garantice que las exportaciones por el Paraná desemboquen en el canal Magdalena bajo control nacional, con salida directa al Atlántico, reduciendo peajes al no desviarse a Montevideo. "Es mucho peor la legalidad que nos han impuesto en el río Paraná que la ilegalidad que están denunciando. Si todo el daño fuese la ilegalidad, con solo controlarlo se resolvería el problema", dispara el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables Horacio Tettamanti.
Un cuarto de siglo de pérdida
La historia empieza con la palabra Hidrovía, un sujeto económico inexistente. Ni siquiera es una palabra castellana, que borra las reales, como río Paraná, río Uruguay o río de La Plata; sujetos geográficos con valor simbólico real. "Fue un paso inteligente para apropiarse de la situación", Tettamanti. Las denuncias sobre irregularidades en los embarques son solo la punta del iceberg. De tal manera, no solo se daña al país por la ilegalidad que pueda haber en la exportación irregular que se hace desde la Argentina y eventualmente pueda triangularse --el caso Vicentin es el ejemplo más claro--, con barcazas paraguayas. Pero eso seguiría siendo una faceta de la producción argentina.
"Lo que no se ve es algo más importante y es que el Paraná fue entregado a la multinacionales. Y con la excusa de la integración, lo que se integró es la infraestructura al servicio de las trasnacionales y no al servicio de la industrialización y el empleo de los países miembro", explica el ex funcionario.
El hecho de que las exportadoras trasnacionales hayan pasado a dominar el rio Paraná a través de Montevideo y Nueva Palmira les permite bajar producción por ríos internos argentinos desde Brasil y Paraguay sin pasar por puertos argentinos. Estas exportadoras no solo tienen puertos en Argentina y no solo portan soja argentina, tienen puertos en Brasil, en Paraguay y Uruguay y venden la oleaginosa de esos países sin pagar peajes ni servicios en el país.
Los granos son ajenos
En Brasil, el Mato Grosso do Sul tiene una capacidad de unas 70 millones de toneladas de soja, casi como la Pampa Húmeda argentina. El rinde promedio es similar, de unas 4,5 toneladas por hectárea en un buen año. Sin embargo, por el hecho geográfico de estar en el lado este interno de las montañas, la competitividad de esa soja solo puede interesar al mercado externo si utiliza el Paraná. Sacarla por otro lado le inyectaría costos logísticos que la sacarían del mercado.
Esa soja brasileña sale libremente de los puertos de ese país, navegan gratis por el Paraná, en un río que mantienen los argentinos, y se dirige a Nueva Palmira. De esta manera, se le da a un competidor una infraestructura que la da ventajas que se transforman en un boomerang contra los propios productores argentinos. Si se analiza los envíos de la soja a China, se ve el retroceso de la participación argentina y cómo va creciendo la brasileña y la paraguaya.
Según las estadísticas de la Administración Nacional de Aduanas de China, desde 2016 la participación del poroto de soja argentino en el mercado chino se contrajo en promedio más de 10 por ciento. El retroceso argentino contrastó con las cifras generales de las importaciones chinas de poroto de soja, que crecieron 15 por ciento. En contraposición, Brasil mejoró en un 60 por ciento sus exportaciones, impulsadas especialmente por la gran demanda de China.
En el caso de Paraguay, la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que se observa un incremento en la importación de soja en lo que va del año, mientras que Uruguay duplicó sus envíos. Estos países países no aumentaron su productividad, sino que ganaron competitividad logística.
La competitividad que pagamos
La competitividad de los países la pagan los productores argentinos. Los que pagan el dragado son los argentinos, a través de la recaudación del peaje del rio Paraná sobre los barcos que van a Rosario. Al exportarse un commodity, los que terminan pagando el costo son los productores argentinos con pérdida de los precios de venta que le pagan las multinacionales, como Cargill, A.D.M. Agro, Bunge y COFCO.
Estas multinacionales le quitan al precio internacional todos los costos logísticos de la producción en la que compra y le ofrece ese valor a los productores. En ese valor está el mantenimiento del rio Paraná que lo hacen los argentinos. Los productores brasileños y paraguayos reciben el precio completo, porque utilizan los ríos argentinos gratis y pueden bajar el precio la soja, además de no contar con retenciones.
Esto implica una pérdida de entre 3000 y 4000 millones de dólares por la capacidad de precio de venta que se pierde el productor por estas cuestiones. La argumentación de que no paguen el dragado las embarcaciones extranjeras es que supuestamente la obra está hecha para barcos grandes y las barcazas no necesitan tanto calado. "Pero las boyas las paga el argentino. Además es nuestro río y no es negocio regalarlo al competidor para que lo use gratis", agrega el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables.
El manejo estratégico del Paraná, que es argentino, debiera ponerse a favor a de nuestros productores para que puedan defender mejor su propuesta de venta.
Te mandan a la cola
Si Montevideo no autoriza a los barcos que no sean uruguayos se sigue favoreciendo a ese puerto y al de Nueva Palmira como enclaves de exportación de la región. Además se constituye en un punto estratégico para la pesca ilegal argentina.
La Bolsa de Cereales de Rosario sostiene no debiera intervenir el Estado nocional porque no sabe manejar los negocios y que se lo deje a los privados. Pero resulta contradictorio que reivindique un canal más largo, más caro y más peligroso que el de Magdalena, que es mucho más corto, seguro y económico.
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias también reclamó ser parte de la discusión para defender el principal canal de salida de las exportaciones de origen agropecuario de nuestro país en manos de las multinacionales.
El Sur también existe
En la Patagonia los productores regionales ya pusieron el grito en el cielo. El hecho de que el río no se pueda navegar con barcos argentinos y traer carga por agua y no quedar condenados a los camiones los saca del mapa exportable. Un buque que podría venir por agua, por ejemplo, desde Tierra del Fuego, y así reemplazar a los camiones que cuestan cien veces más que el ferrocarril, abarataría los costos enormemente y le daría competitividad a los productos regionales argentino en el mercado internacional. Como están las cosas hoy siguen condenados al uso de camión.
Un barco que viene de la Patagonia hoy no podría ir al puerto de Buenos Aires, porque se tiene que dirigir hasta Montevideo, hacer una espera de cuatro o cinco días hasta que ese canal tenga lugar para entrar (no pueden pasar ida y vuelta embarcaciones a la vez), embarcar prácticos con el uso de barcos uruguayos y recién ahí venir a Buenos Aires. Entonces un viaje de cuatro días se convierte en uno de quince. De esta manera, queda anulada la posibilidad de que la Argentina ponga sus aguas al servicio de los intereses nacionales.
El canal Magdalena permitiría que se usaran barcos de bandera argentina, porque ahí sí se puede usar la ley de barcos de cabotaje, en vez de un buque de conveniencia. Actualmente no se puede hacer un viaje de Ushuaia a Buenos Aires, porque la ley actual de cabotaje y de reserva de carga se lo impediría.
Los números finales
En el país transitan 6000 barcos que ingresan a la cuenca del Plata en busca de la cosecha; el 80 por ciento corresponde a la economía argentina. Esas barcazas tienen que hacer una espera promedio de siete días en el puerto de Montevideo en el área de espera que administra el gobierno uruguayo.
Esa espera hace que se gasten entre 150 y 200 millones de dólares en servicios, en "practicaje" (asesoramiento a capitanes de buques y artefactos flotantes), reparaciones, alimentos y logística, que se hacen a través de Montevideo y que se podrían hacer perfectamente desde la Argentina.
Otro tanto se pierde por el servicios a los buques pesqueros que hacen pesca ilegal y reciben servicios en Montevideo, lo cual, de haber un acuerdo regional, la Argentina tendría el control y podría dar servicio a los buques legales que pescan en sus costas. En este caso, la pérdida ronda entre 3000 y 4000 millones de dólares.
Se suman 5000 millones dólares anuales en sobrecostos de fletes, que se hacen con buques de conveniencia (extranjeros), elevando la pérdida para la economía argentina a más de 10.000 millones de dólares.
El despliegue judicial de Clarín contra el DNU que declara servicio
público las telecomunicaciones
Se suman demandas contra el decreto 690/20 que establece como servicio
público a la televisión por cable, Internet y la telefonía fija y móvil en
distintas jurisdicciones del país. El rol del Grupo Clarín, vía
Telecom-Cablevisión y la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).
Una disputa millonaria que impacta en el bolsillo de los usuarios.
07 DE FEBRERO, 2021
Por FRANCO MIZRAHI
El Grupo Clarín despliega una estrategia mediática y judicial en distintas jurisdicciones del país para evitar que se aplique el decreto 690/20 que establece como servicio público a la televisión por cable, Internet y la telefonía fija y móvil. La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), que nuclea a cableoperadoras de todo el país y es presidida por un histórico de Cablevisión, juega un rol protagónico. Hoy, la discusión es si mientras se resuelve la cuestión de fondo en la Justica, los usuarios pagan los servicios TIC al precio regulado por el Gobierno o al que fijan las empresas. Se trata de una disputa millonaria que impacta en el bolsillo de las personas, que en medio de la pandemia necesitan las telecomunicaciones como un bien esencial.
La táctica del multimedios comandado por Héctor Magnetto quedó en evidencia este martes, cuando se notificó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que un juez federal de Córdoba suspendió la aplicación del DNU que firmó el presidente Alberto Fernández, que habilita la regulación de tarifas del sector de las telecomunicaciones. El hecho, en verdad, alcanzó a una pequeña cableoperadora de Villa del Rosario, Córdoba, llamada TV Cable Color SRL. Pero el mismo día que se difundió la noticia, una de las grandes asociaciones que agrupa a las cableoperadoras, ATVC (presidida por Walter Burzaco, un hombre de Telecom-Cablevisión), emitió un comunicado en el que afirmó que la decisión se extendía a todos los jugadores del sector. Es decir, que alcanzaba también a Telecom-Cablevisión. Esto fue desmentido por el Enacom. Pero en lo que a todas luces asoma como una maniobra coordinada, Telecom-Cablevisión (que es el Grupo Clarín) informó a sus clientes que rechaza acomodar sus tarifas a los porcentajes que estableció el Gobierno porque “la Justicia federal de Córdoba dictó una medida cautelar que suspende el DNU 690/20”.
A esto se suman nuevas demandas de cableoperadoras en distintas jurisdicciones del país. Además de Córdoba y Buenos Aires, por ejemplo, también hubo presentaciones en Misiones.
La sucesión de hechos revela el despliegue judicial de Clarín contra el DNU, que tiene muchos puntos en común con el que ejecutó contra la aplicación Ley de Medios.
Miles de millones en juego
“Hay un hecho material concreto: se declaró servicio público algo que es imprescindible en estos tiempos. El que no lo puede pagar se queda afuera del sistema”, explica el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, a El Destape. “En pandemia, desde la Educación primaria a la universitaria requiere de acceso Internet”, ejemplifica López. Y añade, para graficar la relevancia que adquirieron las telecomunicaciones en estos tiempos: “Para una persona aislada, su único punto de contacto es la tele y el teléfono”. No es casualidad que 24 asociaciones de usuarios y consumidores apoyen la medida del Gobierno y decidan acompañar al Enacom en la justicia para defender lo resuelto por el Poder Ejecutivo.
En diálogo con este medio, Pedro Bussetti, presidente de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DE.U.CO) señaló: “Las entidades hemos apoyados la sanción del decreto 690, que de alguna forma propiciamos. Ahora El gobierno y el Enacom tienen que estar decididos a no aflojar. Recibimos muchas quejas de la gente por las tarifas”.
A partir del DNU N° 690, el Gobierno puede regular las tarifas. En ese marco, habilitó un aumento de hasta el 5% en los precios de los Servicios de Telefonía Fija, Móvil, Internet y Televisión por Cable a partir del 1 de enero de 2021. Debido a que la mayoría de las empresas TICs ya habían emitido sus facturas, algunas como Telecom con un aumento del 20% que no fue autorizado, el Enacom dispuso que lo cobrado de más en enero sea reintegrado o acreditado en la factura del mes de febrero. Diversas operadoras acudieron a la Justicia para que se anule la medida. A la par, reclaman que mientras eso se define se suspenda la aplicación del decreto. En ese marco, presentaron medidas cautelares, muchas de las cuales fueron rechazadas. Como la cuestión de fondo puede de demorar hasta 2 a 3 años –según estiman en el Enacom-, lo que suceda en ese lapso se transformó en el foco de disputa actual.
A modo de ejemplo, en el Enacom hacen una simple cuenta para reflejar los montos en juego. Cablevisión tiene alrededor de 4 millones de clientes (al 2020 tenía 3,5 millones de abonados al servicio de cable y vía Fibertel 4,1 millones al de Internet). Con una tarifa de cable promedio de $2.000, la diferencia del 15% que está en discusión con esa empresa puntual implica $300 por factura. Si esa suma se multiplica por todos los usuarios de cable a los que alcanzaría el aumento, la cifra asciende a $1.050 millones. Esa tajada mensual aproximada es únicamente por el servicio de cable del Grupo Clarín. Eso hay que hacerlo extensivo a los restantes servicios y operadoras. Para poner en dimensión: Telecom (que es el Grupo Clarín) asume para la telefonía móvil 18,8 millones de clientes.
La cuestión que se discute hoy es si mientras la Justicia resuelve la cuestión de fondo debe regir lo dispuesto por el Gobierno o el usuario tiene que pagar los aumentos que establecen las empresas, que implican miles de millones de pesos para las arcas de los grandes jugadores del sector.
En ese sentido, este viernes se cumplió el plazo establecido por el Enacom para que se acredite la devolución del dinero cobrado de más. Desde el organismo informaron a El Destape que “Telecentro devolvió el dinero en la factura. Direct TV también. Estamos esperando a las tres telefónicas. Cablevisión le está diciendo a los usuarios que no va a devolver el dinero porque para ellos la medida cautelar que se dio en Córdoba es general, lo que es falso”. “Pondremos multas a los que no respeten el DNU. Vamos a ser inflexibles para que se le devuelva el dinero a la gente”, aseguraron. Y resaltaron que “infinidad de empresas no habían cobrado el aumento”.
Por otro lado, hay que diferenciar a los grandes operadores de los pequeños del Interior del país, a los que el Enacom autorizó un aumento del 8% en enero y otro 7% a partir del 1º de febrero. El beneficio es para los licenciatarios que posean menos de 100 mil accesos y que no hubieran aumentado sus precios durante el 2020. Este punto no es menor.
Muchos pequeños cableoperadores integran la asociación ATVC, que conduce un histórico de Cablevisión, Walter Burzaco. El 2 de febrero pasado, ATVC emitió un comunicado en el que buscó hacer extensivo a todos los jugadores del sector un fallo que emitió el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, quien otorgó una cautelar a una empresa chica de Córdoba. La intención de generalizar el amparo no fue azarosa. Telecom (que es el Grupo Clarín) ya había recibido un importante revés judicial en el fuero Contencioso Administrativo de la Capital Federal. Por eso se manifestó en la misma línea que ATVC y buscó usufructuar un fallo que se dio en otra provincia y beneficiaba a las empresas en detrimento de los usuarios.
La estrategia de Clarín
“La estrategia que siempre caracteriza al Grupo Clarín es canalizar los reclamos a través de diversas cableoperadoras porque ‘controla’ a las entidades que las nuclean”, indican desde el sector de las TIC.
La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) que tiene como función la representación institucional de las empresas y otras asociaciones que conforman la industria del Cable de la Argentina es presidida por Walter Burzaco, un hombre que hace más de 25 años está vinculado a Cablevisión. Según se desprende de una nota institucional sobre un convenio firmado entre el municipio de San Isidro y Cablevisión-Fibertel en septiembre de 2017, Burzaco ejercía el cargo de Gerente de Asuntos Institucionales de Cablevisión y era una de las caras visibles de la empresa. De hecho, se mostraba sonriente en la firma de un acuerdo rubricado con el intendente Gustavo Posee.
Por eso no debe sorprender la postura de ATVC luego del fallo que benefició a TV Cable Color SRL en Córdoba. Apenas se conoció la noticia emitió un comunicado titulado “Decisión de la Justicia. La TV por Cable y los Servicios de Telecomunicaciones deben ser sustentables para poder seguir conectando y comunicando a los argentinos”. En el documento que subió a su página web, la entidad sostuvo que la resolución del juez Bustos Fierro “restablece la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, como servicio en competencia, a los fines de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brindan cientos de empresas en todo el país”. Es decir, generalizó la decisión judicial. El Enacom salió al cruce de esta postura.
En este contexto, desde el Enacom calculan que puede haber decenas de demandas contra el decreto N° 690/20 que establece como servicio público a la televisión por cable, Internet y la telefonía móvil. “Por la estrategia que se repite siempre”, indican.
De hecho, el ente regulador ya fue notificado de presentaciones en Posadas y Oberá, Misiones, según indicaron a este medio.
La estrategia a la que apuestan grandes operadores como Telecom es que haya una multiplicidad de presentaciones para ver si prospera alguna. Es que alcanza con que un juez considere que el DNU debe suspenderse para que –si lo aclara en su resolución- la medida quede paralizada en todo el país. No importa que haya diez resoluciones de otros magistrados que digan lo contrario. En todo caso, esas resoluciones serán útiles para solidificar una apelación.
Así las cosas, tras el fallo de Bustos Fierro desde Telecom responden a sus clientes que “no es posible modificar el valor facturado ya que al momento el valor es legítimo (porque) la Justicia federal de Córdoba dictó una medida cautelar que suspende el DNU 690/20 y todas las medidas administrativas dictadas con posterioridad. Por eso, Telecom y las demás empresas de telecomunicaciones ratifican su capacidad de fijar sus políticas comerciales, los precios informados oportunamente están vigentes”.
Las demandas
Apenas se conoció el decreto 690/20 hubo tres demandas de las grandes operadoras. Eso ocurrió antes de que se reglamentara el decreto.
La primera, la presentaron Telecentro y Direct TV. La causa tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de la Capital Federal. Las empresas piden la declaración de inconstitucionalidad del decreto. La Justicia rechazó en noviembre la cautelar en la que se pedía la suspensión de los efectos del decreto mientras se discute la cuestión fondo.
Luego se sucedieron las de Telefónica y Telecom. La primera se encuentra en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 5 de la Capital Federal y la segunda en el N° 8.
“A todos les rechazaron el amparo”, indicó Gustavo López a El Destape.
Luego de la reglamentación del DNU, Telecom (es decir, el Grupo Clarín) volvió al ataque y amplió el pedido cautelar contra las disposiciones dictadas por el Enacom. El 28 de enero pasado, el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa, que estaba de feria, rechazó el amparo requerido por el multimedios. El magistrado resaltó que la empresa no acreditó de qué forma las medidas dispuestas por el Gobierno “afectarían el estado de sus finanzas”.
Cinco días después, el ente regulador recibió la notificación del caso de Córdoba. A pesar de tener un dictamen fiscal en contra, el juez Bustos Fierro habilitó el amparo a favor de la empresa TV Cable Color SRL. Sobre esta resolución se montaron ACTV y Telecom.
A este cuadro de situación se suman presentaciones en el juzgado federal de Oberá, Misiones, y en otras jurisdicciones. La complejidad del asunto es que en algunos casos, como en el de Córdoba, no se notifica del proceso al Estado, por lo que realizar un relevamiento preciso sobre el devenir de todas las demandas es casi imposible.
Lo que está claro es cómo opera el Grupo Clarín: apuesta que se habilite una cautelar en algún juzgado del país para usufructuarlo y no cumplir la norma. Un déjà vu de la estrategia que el multimedios implementó para frenar la aplicación de la Ley de Medios.
Fuente:ElDestape
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