“Este año será mejor que el 2020 pero, por eso mismo, más difícil”. Funcionarios y cuadros del oficialismo enuncian la paradoja aparente, descifrable cuando se explayan. El año pasado todo fue caída, sorpresa, incertidumbre. En el actual hay perspectivas mejores en términos relativos pero las metas son exigentes, no están garantizadas, Las sigue amenazando la pandemia cuyos rebrotes pueden ponerlas en jaque.
El PBI, por lo pronto, crecerá después de una caída brutal aunque menor a los pronósticos más pesimistas. El Presupuesto estima una suba del 5,5 por ciento. Más tacaño, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina un 4,5 por ciento, Como señala una excelente nota de David Cufré publicada ayer integrantes del Gobierno confían en una escalada del 6,7 o hasta 8 por ciento del PBI. El presidente Alberto Fernández está enrolado en el bando de los optimistas. La dificultad, en este aspecto, es sostener el crecimiento, No será igual 4,5 que 6 ni una suba que se sostenga desde el verano, que otra que remolonee unos meses.
* Se volverá, con cuidado y escalonadamente, a las clases presenciales. Lo anhelan las familias, los docentes, las autoridades de la abrumadora mayoría de las provincias. La dificultad, simplificando, estriba en hacerlo de modo gradual, atendiendo a los riesgos y a las características de cada terruño y cada escuela. Minimizar la posibilidad de regresiones, que las habrá todo modo,
El Consejo Federal de Educación (CFE) se reúne el 12 de febrero, presidido por el ministro nacional Nicolás Trotta para acordar coordenadas, criterios, principios. Luego se irá resolviendo en cada provincia y hasta en cada escuela,
* El Consejo Federal de Educación es una institución arraigada con reglas e integrantes determinados por ley. En cambio el cónclave que tendrá como misión buscar un Acuerdo de precios y salarios (“el Acuerdo”, en adelante) hace su camino al andar. Falta determinar qué representaciones sindicales y empresarias lo integran, como será su funcionamiento, Incluso si participan las organizaciones populares (“lo estamos estudiando” comentan dos ministros, dejando final abierto). También el rol que jugará el Gobierno.
**
Hay que tender la mesa; Los objetivos son en apariencia modestos (o sensatos, usted escoja) numéricamente pero muy difíciles de plasmar. El ministro de Economía Martín Guzmán y la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco los resumen en declaraciones periodísticas. Que se reduzca la inflación respecto de 2020 y que los salarios le ganen a los precios en la desigual pugna “aunque sea un punto porcentual”. O sea, seguir desacelerando la inflación heredada del gobierno de Mauricio Macri y mejorar la distribución del ingreso. Un, repetimos, cauto plan de estabilización combinado con una intervención virtuosa en la puja distributiva.
Cuesta remixar con éxito ambos propósitos, nuestra historia es pródiga en intentos fallidos o sesgados, Hoy en día, choca con las tendencias de época y las correlaciones de fuerzas. No es habitual puntualizarlo pero los aumentos de sueldos son más fáciles de controlar que los de precios. La tendencia reconoce excepciones en circunstancias de enorme poder gremial, de pleno empleo, de estados benefactores interviniendo fuertemente… nada que ver con la coyuntura.
La primera reunión se realizará el miércoles. El Gobierno cabildea arrancar solo con las representaciones de los trabajadores. Luego otra de empresarios. Mixtas, más adelante. En todo caso habrá más de una reunión, toma y daca.
El designio es llegar a un pacto que se sostenga durante meses que en la contingencia equivalen a una eternidad. De nuevo y por penúltima vez aunque vale para toda la columna: es tan necesario como difícil.
Los aumentos de precios al consumidor, en especial los de alimentos, vencieron a un ramillete de políticas públicas.
Se acumularon medidas de control. Al comienzo a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI) con despliegue de inspectores y facultades para cierres. Se requirió apoyo de intendentes para vigilar si se cumplían los precios máximos. Se especuló con movilizar ciudadanos idea poco fecunda cuando primaba el Aislamiento social preventivo obligatorio (Aspo). Precios Cuidados agregó otro recurso al combo,
Economía confiaba, en simultáneo, en que “tranquilizar” variables induciría merma de la inflación. El acuerdo con los acreedores privados de deuda externa, la victoria (rotunda y provisoria) sobre los ataques devaluacionistas en la City, el congelamiento de tarifas (logros de la gestión Fernández), no bastaron para domar los precios. La Ley de Góndolas, interesante iniciativa para diversificar la oferta de productos al consumidor, demoró meses en reglamentarse. La resistencia de los formadores de precios hizo, a veces, sistema con fallas de gestión.
En suma, ni las medidas de control ni las estabilizadoras fueron suficientes. Por eso el Gobierno “vuelve” a la política. Una concertación transitoria, voluntarista, que empieza a rodar. Convocar a la responsabilidad colectiva, conseguir que las patronales bajen un cambio.
La paz social rayó alto en el año de la peste negando agorerías de la derecha. Mérito de las acciones oficiales, de los trabajadores estatales o privados, de la sociedad civil, de organizaciones populares, sindicales. La gobernanza económica se inscribe como objetivo. Para eso se tiende la mesa.
Comienzan a cerrarse las paritarias. “Sin techo” cantan en canon compañeros gremialistas y funcionarios, pero atendiendo a la idea de superar la inflación… un cachito. Guzmán se enchincha, pierde su tradicional flema, narran sus pares, si se cuantifica el techo que (ejem) no existe. Poner número excita las demandas, alega.
En despachos públicos se da por hecho que hay mejor disposición de las cúpulas sindicales que de las corporaciones patronales. Mala noticia, nula novedad.
**
Quiénes son los que estarían: Los representantes de los trabajadores formales son un conjunto sencillo para describir. Un ministro bromea; “tres o cuatro tribus”, que se reseñan mejor en la nota de Felipe Yapur a la que remitimos. Sinopsis extrema de este cronista: la más poderosa la encabeza Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), entornado por Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), entre los más renombrados. El sector con mayor peso institucional, el más negociador acaso. Otros son más combativos. La entente entre SMATA y Camioneros, con un largo camino recorrido. Alberto Fernández les prodiga gestos simbólicos, en especial a Hugo Moyano, ya en el ocaso de su carrera.
El bancario Sergio Palazzo de la Corriente Federal recibió un espaldarazo visible del presidente tras un cierre dichoso de la paritaria.
La CTA, la cuarta pata, mantiene la demanda de un frente social a reconstruir, aquel que vertebró el FRENAPO durante la crisis de 2001. Protagonismo y ayuda a las Pymes, claman, y rezongan por lo bajo cuando Guzmán las alude poco o no las menciona. Las Pyme capacitan para aliarse al Gobierno, si sabe convocarlas y darles espacio
De todas maneras, CGT y CTA se autodefinen como aliadas del Gobierno, atadas a su suerte.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en espejo, se acomodan en la vereda de enfrente. Fungen de opositores, cotidianamente. Gritaban “Venezuela” ante cada medida de control mientras con similar fervor remarcaban sin cesar. Ahora enfilan cual cruzados contra el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. Defienden a menos de 20.000 recontra millonarios, con desparpajo. Grandes estudios anuncian viaje a Tierra Santa, los tribunales corpo-friendly. Hay confiscatoriedad, rugen; deberán probarlo, visibilizar sus patrimonios, Suelen ser reacios a dejarse contar las costillas o los patrimonios,,,
Contarían con pocas chances ante jueces imparciales. Numerosos artículos difunden data de estudios jurídicos VIP, sus argumentos o tácticas, Algunos informan, varios parecen propaganda disfrazada, lo que en jerga se llama “publi notas”. Llegan a la mesa del Acuerdo con cara de perro y llorando miseria, aun los que acamalaron fortunas con esta crisis.
**
Planes hubo siempre: Menos que un plan económico o una concertación cabal, el Acuerdo autoriza la mirada retrospectiva, a condición de entender que todo tiempo pasado (mejor o peor) es irrepetible,
Como sesgo, los planes de congelamiento de variables “tiran a derecha” en el mediano plazo. El Plan Austral del presidente Alfonsín le dio resuello los primeros años. Contó con apoyo ciudadano en el control de precios: recuperación democrática, ganas de movilizarse y apoyar las medidas. Conforme pasó el tiempo, la ecuación se diluyó, quedó patente el perjuicio para los trabajadores, La evolución contribuye a explicar el éxito de Alfonsín en las elecciones de medio término de 1985 y su debacle en las de 1987. También el ascenso sostenido del secretario cegetista Saúl Ubaldini como referencia de la clase trabajadora.
La Convertibilidad constituyó un ejemplo extremo. Valorada durante demasiado tiempo por haber bajado la hiperinflación con una sola bala. Estabilidad de precios, inflación cero durante años a costa de renunciar a la política monetaria, un suicidio en cuotas. La gente común acompañaba; la híper aterra, desquicia la vida cotidiana, promueve ruptura de todos los contratos. La flexibilización de hecho favoreció a las grandes patronales, funcionó como caldo de cultivo de la política laboral regresiva. La gente común acompañaba, aunque comenzaba a hundirse. No es sencillo explicar por qué. El italiano Leonardo Sciascia, refiriendo a otras comarcas, inquirió: “¿dejan acaso los hechos de serlo porque no se les ve una razón plausible?”. Los hechos ocurrieron: “la gente” acompañó hasta el despeñadero de 2001, una hecatombe exclusivamente argentina, fatta in casa. La reelección del expresidente Carlos Menem reconoce ese dato como referencia. La blandura de sus opositores más votados y la continuidad absoluta que decidió el presidente Fernando de la Rúa contribuyeron al desenlace.
El Pacto Social de 1973, en el último mandato del presidente Juan Domingo Perón, es útil solo para conversar, resaltar cambios tremendos.
**
La clase trabajadora, antaño y ahorita: En 1974, cifras oficiales aproximativas, el 82 por ciento de los trabajadores del Gran Buenos Aires tenía empleo registrado. En la actualidad son alrededor de un tercio del total. El clivaje impresionante pinta otro país. Debe acotarse que el valor adquisitivo de los sueldos era muuuy superior al actual, filo incomparable, y que la participación en el PBI rayaba más arriba,
Movimiento obrero y clase trabajadora, sin ser lo mismo, abarcaban zonas comunes, En el siglo XXI se reconoce que son trabajadores los formales, los informales, los desocupados, los que mudan de categoría,
Volvamos al presente. La reconfiguración de la clase, empobrecimiento y diversificación mediante, fertiliza la necesidad de integrar organizaciones sociales a la mesa del virtual Acuerdo. Expresan a colectivos numerosos, tienen rodaje en la protesta, cooperaron bien en la crisis sanitaria. Pueden amortiguar el peso hegemónico de los formadores de precios. La economía social y nuevas formas de producción no capacitan para abastecer a todo el mercado aunque sí para compensar en algo la bulimia del capital concentrado. Asimismo para ir promoviendo un modelo de producción y de consumo menos alocado y destructivo que el imperante, coautor de la crisis sanitaria que azota al planeta,
**
Una fruición de la derecha: Una regla de oro de cualquier negociación, incluso de la colectiva: si se pretende así fuera un punto de ventaja sobre la inflación, hay que arrancar pidiendo más. Para regatear y bajar hay tiempo. Los jefes sindicales lo saben, los docentes en especial. La Paritaria Nacional no dará espacio para revisiones en agosto o septiembre como la Bancaria. Además, primero y principal: el personal merece especialmente mejorar sus retribuciones, Porque los sueldos están deprimidos, porque trabajaron duro en la crisis y tendrán que seguir bancando en el nuevo escenario,
Vituperar a los sindicatos es deporte predilecto de la derecha. La exprimera ministra británica Margaret Thatcher decretó “la sociedad no existe” y embistió contra los gremios. Menem fue impiadoso con los trabajadores del Estado. Su ministro de Economía Roque Fernández llamaba “empleados públicos” a los maestros de la Carpa Blanca, para despreciarlos.
Las representaciones docentes protagonizaron protestas memorables desde la recuperación democrática. La Marcha Blanca en tiempos de Alfonsín, la citada Carpa Blanca, la Carpa itinerante bajo el mandato de Macri. Movidas pacíficas, creativas, atentas a la opinión pública,
Sus figuras destacaron por coraje cívico y coherencia: Alfredo Bravo, Marta Maffei, Hugo Yasky, Sonia Alesso entre muches. No extraña que la ministra de Educación porteña Soledad Acuña los elija como enemigo: los detesta por motivos ideológicos. Ni la gente de PRO puede acusar a esos referentes de ser empresarios, de haberse enriquecido, de comportarse como ricos. Baste ver cómo y dónde viven, cómo empilchan, cómo conservan adhesión de las bases.
El odio de las derechas enaltece a los líderes. También les genera una cantidad de deberes que vienen cumpliendo, alquimistas de sucesivas crisis. Ponerse firme en defensa del ingreso, de las condiciones laborales, de la mejora de la infraestructura (en muchos casos obsoleta en 2019, inviable en 2021) serán banderas y tareas. El reconocimiento social de las funciones de la escuela late en los deseos de las familias, en la nostalgia de pibes y pibas. Por algo será.
**
Final abierto; La convocatoria temprana al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (para abril, quizá) impactará un cachito en los salarios reales. Funge como referencia, es piso para calcular ciertos mínimos de convenio,
No obstante, lo fundamental se juega en el incipiente marco del Acuerdo. El Gobierno lo promueve, estipula objetivos mínimos, redistributivos. Para concretarlos deberá vencer resistencias atávicas, intratables. Se discute con frecuencia, dentro del Frente de Todos (FdT) si Alberto Fernández ha sido demasiado consensualista o concesivo. Polémica válida a condición de evitar el rupturismo o el sectarismo funcional al adversario político.
Esta iniciativa, las metas que el Gobierno fijó, lo fuerzan a intervenir en la disputa. Es correcto imaginar incentivos para las partes pero la mitológica zanahoria no alcanza. Habrá que apelar a las herramientas democráticas de un gobierno popular, incluyendo la movilización ausente en 2020.
Si las tratativas avanzan luce peliagudo que las partes lleguen a un consenso con el Estado actuando apenas como testigo o haciendo de VAR. El Gobierno, coherente con lo que proyectó, debe conducir las negociaciones. Por ahí, imaginamos, tenga que diseñar una hoja de ruta o un eje de propuesta para encauzar a las partes.
La inflación de enero será elevada, un primer escollo. El resto queda sujeto a la construcción, la voluntad política. Si el oficialismo se empeña contará con apoyo popular como el que supo granjearse en las urnas.
Esta historia y otras insinuadas en esta columna continuarán,
Los nuevos dueños de la distribuidora eléctrica
Quiénes y por qué compran Edenor
La punta del iceberg del opaco mundo de los grandes negocios del empresariado nacional quedó al descubierto con la compra de Edenor de parte del consorcio integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Todos viejos lobos de mar, millonarios, representantes de la burguesía argentina y jugadores en las sombras de la política con mayúsculas, concretaron semanas atrás la operación de una de las empresas más importantes del país a un precio módico y en cuotas. Manzano, Vila y Filiberti compraron muy barato una empresa que gozó de un tarifazo inigualable por parte del macrismo y que enfrenta un año, de mínima, con tarifas congeladas o casi, dada la inercia inflacionaria y las próximas elecciones legislativas.
Hace algo más de un mes, el grupo Pampa Energía comunicó la venta del paquete acciones Clase A de Edenor a Energía del Cono Sur e Integra Capital, empresas que son propiedad de Vila, Manzano y Filiberti. Los compradores abonaron 5 millones de dólares cash y financiaron los 95 millones restantes en dos cuotas. Los nuevos dueños también se harían cargo de la deuda financiera de la empresa, cercana a otros 100 millones de dólares. Al mismo tiempo, tanto Edenor como Edemsa --distribuidora eléctrica de Mendoza en manos de Manzano -- son deudoras de Cammesa. En el mercado calculan que, en un contexto económico normal, con oferta suficiente de dólares, Edenor vale cinco veces más.
La compra de Edenor incluye una curiosa cláusula que exige al comprador pagar a Mindlin un jugoso monto contingente en caso de que la firma vuelva a venderse luego del primer año de gestión de la nueva directiva. El pase de manos se cerró después de que Edenor recibiera de parte del Estado 3200 millones de pesos en “compensación por brindar el servicio eléctrico en barrios populares desde 2017 a 2020”. Ese dinero, dijo la firma, se utilizará para mantenimiento de la red. La operación de compra-venta todavía tiene que ser validada por la asamblea accionaria de Pampa Energía, el ENRE y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Manzano, Vila y Filiberti se hacen con el control de la principal distribuidora de energía eléctrica del país, que cuenta con más de 3 millones de usuarios y el 20 por ciento del segmento de distribución. Edenor es también la mayor distribuidora eléctrica de América del Sur medida en número de clientes. En tanto, Mindlin deja el negocio de la distribución para concentrarse en la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, para lo cual comprometió recientemente una inversión de 250 millones de dólares en el Plan Gas de subsidio de la producción, y en el cierre de ciclo combinado de la central térmica de Ensenada Barragán que comparte junto a YPF.
Quiénes son
José Luis Manzano, ministro del Interior del ex presidente Carlos Menem, es un viejo conocido, con olfato, ambición, socios, amigos y deudores como pocos. Su juego en el sector de los medios y la energía ahora pega un salto público con el ingreso en Edenor. Sus vínculos con el Frente de Todos permiten anticipar una etapa de relativa calma a pesar de la anunciada política de mantener el pie en el freno con el tema de las tarifas eléctricas.
“La sociedad Vila-Manzano se remonta a mediados de la década de 1990 cuando se expandió en la actividad de medios de comunicación. En la década siguiente también se insertó en el sector energético vía Andes Energía/Phoenix Global Resources: producción de hidrocarburos, participación accionaria en Metrogas y control de la distribuidora eléctrica mendocina Edemsa. Tan importante como esta trayectoria son los vínculos políticos de José Luis Manzano con el peronismo. De líder de la renovación en los ‘80 a ministro del Interior de Carlos Menem y abanderado de las privatizaciones, puede exhibir una nada despreciable capacidad de llegada al elenco gobernante, algo que pese a reiterados intentos Mindlin nunca terminó de construir, incluso habiendo reclutado para Pampa Energía a ex funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal”, explicó en una reciente nota en el suplemento Cash de este diario Leandro Navarro, investigador del Centro de Estudios Sociales de la Economía de la Universidad de San Martín.
Mauricio Filiberti es desde hace unas cuatro décadas proveedor casi exclusivo del Estado en materia de químicos necesarios para potabilizar el agua. Por lo tanto, es contratista estrella de Aysa a través de la firma Transclor SA, que además es un cliente fuerte de Edenor. No es ningún secreto su pasión por su yate de 3 millones de dólares anclado en el Mediterráneo, en donde hace no mucho homenajeó a Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada. Filiberti es amigo del amigo del alma de Macri, Nicolás Caputo.
Transclor domina el negocio de la lavandina en el país y vende la materia prima para la producción de glifosato. Se le atribuye a Filiberti una opaca relación con el secretario general del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri. Transclor opera la planta de Aysa potabilizadora de Bernal, por elección del sindicato.
Tarifas y negocios
El negocio de la distribución eléctrica depende directamente de la política tarifaria. Más allá del impacto del flujo de caja, el impacto de esta variable en la capitalización de las empresas es notable. Gracias a la política de tarifazos de Mauricio Macri, el valor de Edenor subió un 390 por ciento entre octubre de 2015 y enero de 2018, de 13 a 63 dólares la acción en la Bolsa de Nueva York. En paralelo, las tarifas subieron alrededor de un 900 por ciento. No por nada Mindlin fue catalogado como uno de los empresarios estrella del macrismo. Sin embargo, entre el congelamiento tarifario de 2019 y 2020 y la profunda crisis cambiaria del último período del gobierno de Macri, la empresa se desvalorizó en un 90 por ciento, hasta llegar a su venta a precio rebajado.
La compra de Edenor levanta especulaciones sobre cuánto saben los jugadores involucrados acerca de la próxima política tarifaria. Pero no es la única variable en la mesa: la empresa también está endeudada y podría verse favorecida, o perjudicada, según el rumbo que tome la macroeconomía y la política en un año electoral.
Nuevos elementos hallados por la Justicia Federal
Los insólitos partes del espionaje ilegal en las cárceles
El macrismo no sólo espiaba a detenidos kirchneristas, sino también a organizaciones de exdetenidos, funcionarios, organismos de derechos humanos y militantes sociales.
María Laura Garrigós, interventora del Servicio Penitenciario Federal, confirmó que no había órdenes judiciales ni resoluciones administrativas que justificaran las tareas de inteligencia en los penales.
La Justicia Federal de Lomas de Zamora sigue sumando nuevos elementos que dan cuenta de la existencia del espionaje masivo e ilegal en las cárceles durante el macrismo, que no sólo alcanzaba a los presos kirchneristas, sino a organizaciones de exdetenidos, a funcionarios, organismos de derechos humanos e incluso a quienes participaban de movilizaciones sociales. Durante la feria, la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós, informó a la fiscalía que no había orden judicial ni resolución administrativa que justificara el accionar desplegado por los penitenciarios.
En los distintos allanamientos que hicieron durante 2020 en las sedes del SPF y en particular en la Dirección Principal de Análisis de la Información (DPAI), los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide encontraron partes de inteligencia de casi cualquier cosa: elecciones en centros de estudiantes que funcionan dentro de las unidades, Facundo Jones Huala, una movilización por los presos políticos de diciembre de 2017, ex-internos que hablaban en los medios sobre situaciones intramuros, una posible huelga de hambre en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), una reunión de familiares y amigos de una interna muerta en Ezeiza, currículums de integrantes de organismos de control, las actividades del sindicato ATE del Ministerio de Justicia, la agrupación de mujeres Yo no Fui, una marcha de organizaciones sociales en octubre de 2018 e incluso sobre las comunidades mapuche en Bariloche. Todo este acopio de información se combinaba con la que circulaba en los chats sobre los exfuncionarios presos, que incluía desde quiénes los visitaban hasta cuántos kilos de comida les llevaban.
Era una lógica de control total. Varios de los acusados por el espionaje penitenciario justificaron la necesidad de saber todo lo que pasaba dentro de los penales e incluso fuera por si repercutía al interior de las cárceles por cuestiones de seguridad. Los fiscales Incardona y Eyherabide le preguntaron a la interventora Garrigós si había alguna disposición que así lo justificara, pero ella fue tajante en una respuesta que remitió a la fiscalía: “No obran constancias ni actuaciones que avalen la producción de ese material”. Es más, Garrigós les aclaró a los fiscales que había ordenado el cierre transitorio de la casa de Varela 266 --donde funcionaba la DPAI de Cristian Suriano-- e iniciado actuaciones sumariales.
El otro dato de relevancia es que la interventora del SPF les informó que no encontró registros de las actuaciones del llamado Servicio de Promoción de Derechos Humanos --a cargo de uno de los imputados, Fernando Carra-- y que no contaba con una sede física de funcionamiento dentro de ninguna dependencia del SPF. Ese dato reforzaría la idea de que no era un organismo dedicado a la promoción y protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, sino a otros fines.
Para los fiscales, había una coordinación entre las distintas áreas del SPF --que dependía del director Emiliano Blanco-- para obtener, almacenar e intercambiar datos de personas privadas de la libertad, y en esa coordinación participaban desde la DPAI de Suriano, pasando por el Departamento de Asuntos Internos de Miguel Perrotta hasta la oficina de Derechos Humanos de Carra. Todo eso se compartía con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Gustavo Arribas, gracias a un convenio que existía entre las cabezas pero también por los vínculos fluidos entre cuadros medios que posibilitaban el trabajo conjunto tendiente a saber todo lo que pasaba con los presos kirchneristas especialmente. Por eso, Incardona y Eyherabide pidieron los procesamientos de Blanco, Suriano, Perrotta, Carra y otros cinco integrantes del SPF.
El pedido de procesamiento está siendo analizado por el juez Juan Pablo Augé e incluye a 38 exfuncionarios de la AFI, del SPF y la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo. Si bien el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, está imputado por haber recibido dos informes de inteligencia de los Súper Mario Bros por parte de Susana Martinengo --sobre las protestas contra la reforma previsional de 2017 y de las comunidades mapuche--, Incardona y Eyherabide sostienen que no hay elementos para pedir su procesamiento, pero las querellas sí le solicitaron al juez que lo procese. Augé tendrá la palabra final.
En los últimos días se presentó y fue aceptado como querellante Daniel Ruiz, el militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) preso por su participación justamente en las movilizaciones contra la reforma jubilatoria de Macri. El abogado de Ruiz, Martín Alderete, confirmó a PáginaI12 que en la causa consta información sobre las visitas que él recibía cuando estaba privado de su libertad.
Mientras Augé resuelve los pedidos de procesamiento, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación --integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma-- estudia dónde quedarán radicadas las dos causas de espionaje que tramitan en Lomas y que los exAFI reclaman que viajen a Comodoro Py.
En paralelo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia --que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau-- recibió en los últimos días copia de la prueba recabada por la fiscalía en Lomas de Zamora y de las dos causas que tramitan en el juzgado federal de Dolores --el D’Alessiogate y el llamado “Proyecto AMBA”--. La Bicameral analizará toda la evidencia reunida en Lomas y en Dolores junto con el material que la misma comisión produjo con miras a la presentación de un informe sobre el espionaje durante el gobierno de Macri, que podría estar listo para fines de marzo o principios de abril.
Avanza la selección de los nuevos miembros de la Cámara Federal de Comodoro Py
Cuenta regresiva para el dúo Bruglia-Bertuzzi, nombrados a dedo por el macrismo
El lunes cierra el plazo de inscripción para los postulantes a los cargos que ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Pese a lo que ellos habían anunciado, hasta el viernes no se habían anotado. El examen para esas dos vacantes será el primero que tome el Consejo de la Magistratura en el año, a fines de febrero.
Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi tienen que dejar la Sala I de la Cámara Federal porque nunca concursaron sus cargos.
Este lunes cuando llegue la medianoche se terminará el plazo para anotarse en el concurso para los dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py que todavía ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los jueces que habían sido nombrados por Mauricio Macri por un mecanismo de traslado, sin rendir examen ni obtener acuerdo del Senado. Hasta el viernes a la noche ninguno de los dos se había presentado para concursar, lo que no quita que puedan hacerlo a último momento, a pesar de que iniciaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que frene el proceso de selección.
El examen para esas dos vacantes será el primero que tome el Consejo de la Magistratura en el año, el 26 de febrero, una señal de la prioridad que el organismo le da. Mientras tanto, los/las consejeros/as analizan qué hacer con otros traslados. Si se guían por el fallo de la Corte Suprema para el dúo B&B, deberían abrir concursos para decenas de designaciones de este tipo desde hace años. En diez días cambiará la presidencia del Consejo y allí vendrían algunas definiciones. El nuevo titular, todo indica, será el académico Diego Molea, alineado con el oficialismo.
El concurso para estas dos vacantes en la Cámara conquista toda la atención porque se trata de un tribunal estratégico en el tablero del fuero federal porteño, en el que el oficialismo ya aprobó la reincorporación de Eduardo Farah, está cerca de nombrar al constitucionalista Roberto Boico, cuyo pliego ingresó al Senado, y tiene la posibilidad de designar a los titulares de dos cargos más. Es el tribunal desde el cual durante el macrismo se desplegó la doctrina Irurzun que habilitó prisiones preventivas a granel contra ex funcionarios.
Además, la situación de Bruglia y Bertuzzi estuvo en el centro de la escena a partir de que el Consejo de la Magistratura objetó sus designaciones por traslado, junto con otras ocho, y la Corte terminó dictando una sentencia que los dejó a medio camino. Ellos le habían pedido al máximo tribunal que los reconociera como camaristas legítimos. Los supremos les permitieron permanecer en la Cámara pero dijeron que los “traslados” de jueces de un tribunal o cargo a otro no son definitivos, por lo tanto había que llamar a un nuevo concurso para los lugares que ocupan. El dúo anunció que se presentaría a rendir examen, pero luego cantó retruco e hizo un pedido ante la CIDH para que dicte una medida cautelar y frene el proceso de designación, algo bastante improbable.
Hasta el viernes había 67 inscriptos según pudo constatar Página/12 con fuentes del Consejo. Cerca de Bruglia y Bertuzzi dijeron a este diario que el segundo tiene prácticamente decidido presentarse, pero el primero no. Lo habitual es que la mayoría de los aspirantes se anote sobre la hora de cierre. La especulación es que podría haber el doble de inscriptos. Hasta ahora la lista de concursantes incluye nombres conocidos, como dos jueces de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos, una secretaria de la Cámara, Ivana Quinteros (a quien le había ido muy bien en el concurso previo para el mismo tribunal), la fiscala federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, que tiene a cargo la megacausa sobre espionaje durante el gobierno de Macri, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y el fiscal Leonardo Filippini.
Si Bruglia y Bertuzzi no se presentan, o bien si concursan y no ganan, deberán volver a sus cargos de origen: el Tribunal Oral Federal 4 y el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, respectivamente. En el Consejo nadie descarta que ellos u otras personas afines intenten entorpecer el avance del concurso con algún planteo que cuestione, por ejemplo, la toma de exámenes que los consejeros planean hacer en forma presencial. La Comisión de Selección, que preside Graciela Camaño --quien en la cuestión de los traslados acompañó al kirchnerismo--, redactó la semana pasada un protocolo, que espera sea revisado en el Ministerio de Salud y en Jefatura de Gabinete, para garantizar los máximos recaudos sanitarios ante la pandemia. Ahora están también en busca de un lugar físico donde tomar las pruebas de oposición. Uno de los favoritos es Tecnópolis, donde hay espacios amplios y estacionamiento.
El jurado ya fue sorteado y lo integran Mirta Gladis Sotelo de Andreau (camarista federal de Corrientes), Javier De Luca (fiscal ante Casación federal), Alberto Salomón Montbrun (ex legislador radical en Mendoza y profesor de Derecho Público en la Universidad Nacional de Cuyo) y Claudia Rezek (abogada de Lomas de Zamora especialista en derecho de familia). Una vez anotados los postulantes tendrán tiempo hasta el 10 de febrero para confirmar su presencia en el examen. Luego de esa prueba los jurados tienen un mes para corregir y 10 días hábiles para revisar los antecedentes, que también reciben puntaje. Después vienen las entrevistas personales, en comisión y en el plenario. El cálculo de los consejeros es que hacia junio estaría todo listo para conformar una terna de candidatos/as. Para agilizar el proceso se simplificaron algunos trámites que ahora se pueden hacer on-line, algo propiciado por la pandemia.
Uno de los dilemas que enfrenta el Consejo es qué hacer con otros jueces y juezas trasladados. ¿Llamar también a concurso? Según el fallo de la Corte Suprema, que con un per saltum resolvió el reclamo de B&B, ningún traslado equivale a un nombramiento definitivo y para eso, por lo tanto, habría que abrir la selección. A fin de julio del año pasado, el organismo votó una resolución de rechazo a los traslados y luego de analizar 38 casos, sostuvo que había 10 que eran irregulares y debían ser revisados por el Senado. Tuvieron en cuenta los que incluían cambio de jurisdicción, competencia y jerarquía. Después de la sentencia suprema, la oposición --y con especial ahínco el diputado/consejero Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio)-- sostuvo que había al menos 36 nombramientos de las mismas características de todos los tiempos y que por lo tanto habría que abrir todos esos concursos.
El Consejo envió al Senado los traslados de: Bruglia, Bertuzzi, Farah, Germán Castelli, Federico Villena, Verónica Skanata, Zunilda Niremperger, Gustavo Velázquez, Esteban Hansen y Juan Iglesias. Sólo hubo una definición para los tres primeros. El caso de Castelli está en la Corte todavía y él mientras tanto sigue subrogando en el Tribunal Oral Federal 7, que tiene la causa de los cuadernos. Otros dos traslados que no integraban esa lista pero aparecen en duda son los de Carlos Mahiques, que pasó de la Cámara Nacional de Casación Penal a la Casación Federal, y Ricardo Basílico, que se mudó de un tribunal oral ordinario a uno federal. En el Consejo tienen expectativa de que los supremos, en una próxima sentencia, den más precisiones sobre qué traslados son los que se pueden cuestionar. Una mayoría en el organismo sostuvo al menos el año pasado que hay traslados que no tiene sentido cuestionar, como los que se dan, por ejemplo, entre salas de un mismo tribunal.
Sobre fin de 2020 ingresaron dos consejeros nuevos abogados: Diego Marías (que responde a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli) y Carlos Matterson (cuya terminal es Daniel Angelici). Estas incorporaciones no cambian el escenario de una relación de fuerzas pareja en el Consejo, donde la que suele desempatar es Graciela Camaño. Lo que sucedió el año pasado fue que tanto ella como los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta --de raíz opositora-- se alinearon con algunas decisiones del oficialismo. El jueves 18 el juez Alberto Lugones dejará la presidencia y su reemplazante sería el académico Molea, de buena relación con el Gobierno.
Los números de la pandemia
Coronavirus en Argentina: se registraron 6.680 casos y 125 muertes
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas el número total de contagios desde el comienzo de la pandemia ascendió a 1.976.689 . La cartera sanitaria comunicó además que fallecieron 63 hombres y 59 mujeres, que elevaron la cifra de decesos a 49.110.
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 125 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 49.110. Además se registraron 6.680 contagios diarios, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García. Con estos registros, suman 1.976.689 positivos en el país.
Además, fueron realizados 42.244 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.483.493 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 142.881 muestras por millón de habitantes.
Hay por el momento 3.550 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 54,8 por ciento a nivel nacional y en un 60,4 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 2.946 | 824.983
Ciudad de Buenos Aires 733 | 216.490
Catamarca 77 | 6.128
Chaco 144 | 31.561
Chubut 155 | 43.850
Corrientes 297 | 18.719
Córdoba 453 | 148.046
Entre Ríos 228 | 42.417
Formosa 1 | 868
Jujuy 27 | 19.503
La Pampa 65 | 17.030
La Rioja 31 | 9.653
Mendoza 121 | 64.690
Misiones 127 | 5.858
Neuquén 300 | 56.493
Río Negro 136 | 49.318
Salta 92 | 24.249
San Juan 12 | 14.280
San Luis 3 | 19.105
Santa Cruz 122 | 33.745
Santa Fe 431 | 209.048
Santiago del Estero 70 | 21.349
Tierra del Fuego*** 17 | 22.062
Tucumán 92 | 77.244
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario