13 de febrero de 2021
Reunión de organismos de derechos humanos con Juan Cabandié
Por una solución pacífica del conflicto de Villa Mascardi
Los organismos de derechos humanos se manifestaron en contra de cualquier acción represiva y expresaron su voluntad de cooperar en la búsqueda de los consensos necesarios, instando al diálogo imprescindible para alcanzar una solución definitiva en Villa Mascardi. Con su auspicio el gobierno actual inició un acercamiento a la comunidad mapuche de la zona, en el marco de una política que cuenta con la activa participación de los Ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En el encuentro en el que estuvieron presentes también representantes de los Organismos de Derechos Humanos de Bariloche, se invitó a Cabandié a visitar el lugar y a promover todas las medidas necesarias para una solución pacífica del caso que dé respuesta a los reclamos territoriales de las comunidades indígenas.
De la reunión participaron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza; Centro de Estudios Legales y Sociales, y la Regional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, Río Negro.
Fuente:Pagina12
Juan Grabois en Salta: “Lo de las
funcionarias acusadas de vender
las donaciones es una cosa
aberrante”
Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021.
El abogado y dirigente social estuvo de visita en Salta y se refirió al escándalo en el norte provincial por el desvío de ayuda para las comunidades originarias. Además, reafirmó que está de acuerdo con las tomas de terrenos.
El abogado y dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois visitó la provincia y, fiel a su estilo polémico, sostuvo en diálogo con un diario local su defensa de la toma de tierras. Además, se refirió al caso de una concejal y una defensora oficial de Tartagal imputadas por la venta de donaciones destinadas a comunidades aborígenes. “Me parece una cosa aberrante que pasa más seguido de lo que sale en los medios”, opinó, aunque agregó que “la verdadera responsabilidad está en la centralidad del Estado”.
Grabois consideró que no tiene importancia analizar si la ocupación es un una metodología válida. “La validez o no de esa forma de acceso a la tierra pierde, si se quiere, relevancia porque es algo que va a suceder igual”, manifestó.
Como en otras oportunidades, justificó y naturalizó la decisión de apropiarse de un inmueble privado o un espacio fiscal. “Que una familia que no tiene nada, que está en la calle o que vive hacinada junto a 20 personas en un mismo ranchito y que busca un terreno baldío, se meta y construya su casa desde luego lo defiendo, lo justifico, lo entiendo, lo acompaño, y en algunos casos hasta lo felicito porque significa sacar a los hijos de una situación de hacinamiento y de un montón de otras realidades destructivas de las infancias que vienen junto a eso”, dijo.
Agregó que “la toma de tierras es algo que sucede en Argentina desde los 80 hasta aquí de manera sistemática y tiene una explicación que es de naturaleza, si se quiere, física; ni siquiera es sociológica. Cuando los seres humanos no entran en un determinado espacio buscan otro y, si no hay formas institucionales para acceder a ese otro lugar que buscan, se producen formas parainstitucionales, informales o, si se quiere, paralegales”.
Consultado sobre si considera que la ocupación es una solución real al déficit habitacional, dijo que “la verdadera salida es la planificación y el acceso al suelo urbano, el lote con servicios o incluso la vivienda social”. Acotó que “todavía no se ve que haya una priorización y una conciencia profunda de la necesidad de planificar donde va a vivir la gente de las actuales y futuras generaciones”.
Al ser preguntado sobre si le parece que hay personas que pueden hacer una utilización política de las tomas, contestó: “Hay utilización política de todas las situaciones de necesidad y de miedo, o de las dos. En una sociedad donde la mitad tiene hambre y la otra mitad tiene miedo se hace utilización política del hambre y se hace utilización política del miedo”.
Con respecto a la disputa entre los hermanos Etchevere, que incluyó la toma de una estancia de la familia en Entre Ríos durante dos semanas por parte de militantes que le respondían, deslizó que el objetivo era simbólico. “El juicio por la sucesión está avanzando con una serie de medidas que benefician a Dolores Etchevere, por ejemplo, le han asignado una indemnización de manera cautelar por todo el daño que se le ha causado: unos 120 mil pesos por mes. Ella está cobrando ahora todos los meses hasta tanto se le resuelva el fondo de la cuestión. Cuando eso ocurra, Dolores va a recibir la parte de la herencia que le toca y un 40% de esas tierras van a ser para el desarrollo del proyecto Artigas. Nosotros tenemos el deseo de que este sea un faro simbólico de la lucha por el acceso a la tierra en Argentina”.
También dijo que el proyecto Artigas, que impulsa, busca “que todas las familias de agricultores tengan su propia tierra” y tiene que ver con promover la agroecología y las huertas orgánicas.
Córdoba: Ante la negativa municipal
de preservar las fuentes laborales
con los derechos que brinda la
COOPI de Villa Carlos Paz, se
profundiza el conflicto por el agua
Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021.
DESDE RESUMEN LATINOAMERICANO RATIFICAMOS TODA NUESTRA SOLIDARIDAD CON LAS Y LOS COMPAÑEROS DE LA COOPI, UNA COOPERATIVA EJEMPLAR AL SERVICIO DEL PUEBLO.
Ante la falta de alternativas por parte del municipio para incorporar a lxs trabajadorxs de la COOPI garantizando sus derechos laborales, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) decidió dar por terminada la negociación.
Lo hizo en el marco de la audiencia desarrolla en el Ministerio de Trabajo convocada para abordar el eventual traspaso de trabajadorxs de la COOPI, ante la decisión municipal de despojar a la institución del servicio de agua, que fue tomada por decreto para el próximo 26 de febrero.
Durante casi cinco horas, los abogados municipales, Darío Pérez y Marcelo Ambroggio, sostuvieron la postura de mantener el registro municipal ampliando hasta el 17 de febrero la posibilidad de que lxs trabajadorxs se anoten.
Vale recordar que el traspaso a la órbita municipal de lxs trabajadorxs de esta forma significa la pérdida de las condiciones de trabajo (salario, antigüedad, etc.) que hoy asegura la cooperativa.
Ante la intransigencia municipal, el SIPOS planteó que da por terminada la negociación, dado que la ampliación de días del registro no es una alternativa. Esta opción implica que los derechos laborales de lxs trabajadorxs de la Coopi serían violentados, ya que se los contrataría bajo régimen municipal, es decir, en absoluta precarización.
En las últimas audiencias, el municipio ha mostrado su rechazo a resolver la continuidad de los puestos de trabajo digno que hoy sostiene la COOPI. Por eso, como en cada una de las instancias anteriores, lxs trabajadorxs se manifestaron en la sede del ministerio en la ciudad de Córdoba para reclamar por la preservación de las fuentes laborales y la intervención del gobierno provincial para resolver el conflicto.
A pesar de que se conoció que el oficialismo avanza en la elaboración de un proyecto para expropiar bienes de la Coopi, que plantea declarar “de utilidad pública y sujeto a expropiación” gran parte de la flota vehicular de la institución e instrumental de telemetría, así como el Centro Operativo Paraguay, en la reunión los asesores letrados negaron su existencia.
Además, negaron la ampliación de la denuncia contra Valdez y Rodolfo Frizza (Gerente General de la Coopi) por agresión y resistencia a la autoridad, que fue notificada hoy a través de la gacetilla municipal.
“Se han burlado de nosotros y del ministerio. Es una negociación terminada. Falta que el ministerio resuelva, hemos pedido que se haga cargo de lo que está haciendo la municipalidad”, expresó Gustavo Valdez, secretario general del SIPOS.
Mientras tanto, afuera del ministerio, la resistencia de lxs trabajadorxs de la Cooperativa Integral y su lucha para preservar sus fuentes de trabajo digno se visibilizaba a través de una protesta con bombos, banderas y cánticos repudiando el accionar municipal.
La reunión se desarrolló en la sede del ministerio de calle Rivadavia, luego de que a último momento se modificara el lugar y la hora de inicio, que estaba prevista originalmente a las 14 hs. Un dato no menor es que no estuvo presente el ministro Omar Sereno.
El edificio se encontraba totalmente vallado y en toda la cuadra estuvieron apostados efectivos de la Policía de Córdoba, la Guardia de Infantería y la SEOM (Sección Especial de Operaciones Motorizadas).
El SIPOS marchará en defensa de los puestos de trabajo de la COOPI
El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) ha convocado a un abandono de tareas, concentración y movilización de lxs trabajadorxs de la COOPI en Villa Carlos Paz, en defensa de los puestos de trabajo y de los derechos laborales que hoy les garantiza la institución.
La medida de fuerza de desarrollará a media mañana, en la sede central de la Cooperativa Integral.
La decisión se tomó luego de que en la última audiencia en el Ministerio de Trabajo el municipio de Villa Carlos Paz reiterar su negativa a tomar a las y los trabajadores de la COOPI con los derechos laborales que hoy les garantiza la institución.
La única propuesta que existe hasta el momento por parte del gobierno municipal es extender el Registro de Trabajadores hasta el 17 de febrero, pero la contratación se haría bajo el régimen municipal, es decir en condiciones de absoluta precarización.
Desde el gremio también existe un fuerte malestar por la criminalización de la protesta que está llevando adelante el gobierno de Carlos Paz Unido, que ha implicado la detención e imputación del secretario general, Gustavo Valdez.
Ante ese escenario, está previsto un recrudecimiento del conflicto. Vale decir que el municipio pretende asumir la prestación del servicio de agua el próximo 26 de febrero sin explicitar un plan técnico y sin garantizar la continuidad de los puestos de trabajo que hoy sostiene la COOPI.
fuente: Radio Villanos
Línea 144: la cuarentena, el
patriarcado y el Estado
Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021.
La Línea 144 de atención y asesoramiento a víctimas de violencia de género fue declarada como “servicio indispensable”. Detrás del teléfono, sus trabajadoras denuncian desorganización de las instituciones que intervienen en casos de violencia, malas condiciones laborales y, además, reafirman su lucha de hace casi cuatro años por la estatización. Otro Viento dialogó con una de las trabajadoras de la Línea 144, dependiente de Provincia de Buenos Aires, sobre cómo es estar detrás del teléfono atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género en medio de una pandemia.
Línea 144: servicio esencial ¿del Estado?
La Línea 144 a nivel provincial fue creada en octubre del 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal. En ese período, bajo el mando de la ex gobernadora, Agustina Ayllón -quien fuera la subsecretaria de Género y Diversidad Sexual – y Débora Schwartzberg -ex directora-, las trabajadoras vivieron un combo de violencias laborales: despidos, maltratos y contrataciones irregulares.
Con la nueva gestión, esta política pública quedó en manos del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, a cargo de Estela Díaz. Si bien, tal como relató la trabajadora, la creación del Ministerio fue celebrada y significó una serie de cambios, hay un punto que se mantiene: las operadoras son contratadas por Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Es decir, que quienes sostienen la atención y asesoramiento de la Línea 144, uno de los eslabones para tratar una de las mayores problemáticas de la actualidad como es la violencia de género, son consideradas en los papeles como “empleadas de comercio”.
Es por ello, que en este contexto, el reclamo sigue vigente: “Ahora más que nunca que se decretó la emergencia de violencia de género en la Provincia, creemos que es una buena oportunidad para que la estatización se concrete”, expresó la trabajadora, quien además hizo hincapié en que es importante que sean escuchadas y tenidas en cuenta al momento de este paso: “Hace tres años y 8 meses que estamos tercerizadas por una empresa privada mientras estamos siendo parte de una política pública del Estado, y la realidad es que no estamos dispuestas a perder años de antigüedad o a tener una baja sustancial de nuestros salarios”.
¿Cómo trabaja la Línea 144 en tiempos de cuarentena?
En el contexto actual la Línea 144 fue considerada un “servicio esencial”, es decir que sigue funcionando las 24 horas todos los días. Hoy en día como medida de seguridad y por solicitud de sus trabajadoras, atienden grupos de 3 o 4 operadoras por turno en lugar de las 10 u 11 que suelen conformar el equipo de trabajo.
En relación a las afirmaciones tales como que han aumentado los casos de violencia durante la cuarentena, que están circulando por distintos medios, la trabajadora explicó que lo está ocurriendo es un aumento de las complicaciones con las que las mujeres tienen que lidiar a la hora de realizar las denuncias, pero que en cantidad de llamados no hay un aumento significado que el 144 haya podido registrar.
En cuanto a las problemáticas específicas de quienes llaman a la Línea, la operadora especificó que los principales cambios se dieron en las estrategias que se dan ellas como trabajadoras con cada caso o con las problemáticas que se suscitan. “Hay casos donde si bien las mujeres ya están separadas de su agresor, tienen hijxs en común y por la cuarentena él dilata el tiempo para que éstos vuelvan a estar con su mamá”, relató, o incluso, agregó: “hay casos en las que las mujeres que viven con el agresor tienen menor disponibilidad de tiempos horarios para comunicarse con la Línea si quieren hacer alguna consulta”.
El laberinto de hacer una denuncia
A la hora de sobrellevar una situación de violencia, la información que circula y llega a las mujeres que están en situación de violencia, es clave. En aislamiento preventivo, resulta preocupante, según relató la trabajadora de la Línea, la desinformación que se maneja: “Se genera una complicación para que las mujeres accedan a saber que tienen derecho a salir para hacer la denuncia, hay una resolución que las habilita y dentro de eso hay un artículo que se puede citar para que puedan ir acompañadas por una persona incluso a hacer la denuncia para que no tengan que ir solas”.
Entre las dificultades antes planteadas, se suman nuevas: “también se da que el agresor incumple mucho la cuarentena, esto le genera a la mujer una exposición mayor a lo que es hoy en día el riesgo por el Covid-19”, afirmó la operadora.
La disminución de trabajadoras por turno se ve trastocada por una serie de medidas que llevan a una situación de estrés y trabajo extra. Para empezar, las trabajadoras utilizan un “recursero” con contactos e información de las diferentes áreas que intervienen en una situación de violencia en los diferentes municipios que componen la provincia. Es clave que esta información esté actualizada para que por ejemplo, una mujer pueda realizar una denuncia sin tener que ir más de una vez a cada lugar.
Las dificultades que esto presenta, aumentaron en cuarentena: “Las instituciones, las áreas de género, el poder judicial, todas nuestras herramientas de trabajo diarias se van modificando casi constantemente por la situación actual. Muchas veces cuando derivamos a una mujer o llamamos por teléfono nos desayunamos con que variaron las formas de atención, lo mismo con algunas disposiciones del poder judicial”, contó la trabajadora.
“La ruta crítica” es el proceso mediante el cual la mujer accede a la denuncia, la solicitud de una medida cautelar en el juzgado o el momento de realizar la denuncia suele ser algo poco agradable y atado a las burocracias internas de cada ente del Estado. “Hoy en día esto se ve intensificado, sumado a que cada institución está atravesando sus momentos de crisis de organización y reestructuración y por ende se genera quizás una conflictividad para las mujeres”, relató la trabajadora.
Estas situaciones terminan recayendo en las propias trabajadoras: “Consideramos que hay cosas en las que el Estado está a la altura de resolver, hay mucho eslogan sobre el refuerzo de la Línea y con no dejar solas a las mujeres de la Provincia pero del otro del teléfono estamos haciendo malabares. Somos nosotras las trabajadoras, las ‘operadoras orquestas’: con una mano atendemos a la mujer, con la otra hablamos con el área territorial o de género o con una jueza para generar soluciones específicas”.
Asimismo, frente a la creación de una línea de WhatsApp como medida de refuerzo, la trabajadora manifestó su preocupación: “no sabemos si del otro lado está la mujer, el violento o en qué situación se da el contacto”. Además, comentó la falta de claridad en términos laborales para quienes manejan esa vía: “No se sabe en qué momento trabajan y en qué momento no, no hay turnos, hay algunas compañeras que tienen teléfonos en sus casas”.
Las trabajadoras siguen siendo el sostén principal de esta política pública que, a las complejidades que atravesaban, se le suman las problemáticas propias de la pandemia. La lucha por la estatización será un camino clave para mejorar no solo las condiciones laborales de quienes están detrás del teléfono sino también en los derechos de quienes se comunican en busca de acompañamiento.
Fuente: ANRed
Causa armada: Santiago Almirón libre
tras pasar 27 meses en cárcel por
un crimen que no cometió
Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021
Este jueves por la tarde, luego de que la fiscal de juicio desistiera de la acusación, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Morón absolvió a Santiago Almirón y ordenó su inmediata libertad. Santiago estaba imputado por un homicidio durante un robo ocurrido el 27 de julio de 2018 y estuvo más de dos años en cárcel por un crimen que no cometió. Desde el principio la familia denunció que había sido víctima de una causa armada: un jefe de calle de la Policía Bonaerense que lo habría identificado a partir del testimonio de una persona de identidad reservada y realizando tareas de encubierto sin orden fiscal. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) fue convocada como veedora del juicio. La Coordinadora Contra la Impunidad Policial, que integra la Red de familiares de la CPM, estuvo con la familia desde el principio.
“Estoy feliz porque voy a tener a mi hijo nuevamente conmigo, pero todavía siento el dolor de este tiempo, fue muy duro. En un primer momento nos sentimos solos, pero seguimos caminando, golpeando puertas y peleando para demostrar que era inocente, hoy la justicia nos dio la razón”, dice Stella Maris, la mamá de Santiago Almirón, pocas horas después de ser absuelto.
Esta tarde, durante la segunda audiencia del debate oral y público, la fiscal de juicio Carolina Rodríguez reconoció que no había pruebas para incriminar a Santiago y desistió de la acusación. Luego de escuchar los alegatos, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Morón, integrado por Alejandro Rodríguez Rey, Diego Bonnano, Mariela Moralejo Rivera, dictó la absolución y ordenó la libertad inmediata de Almirón que estaba detenido desde el 30 de agosto de 2018.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, fue convocada como veedora del juicio por pedido del abogado defensor Alejandro Bois. Además, durante todos estos años, la Coordinadora contra la impunidad policial, que interviene en causas armadas y es una de las decenas de organizaciones que integran la Red de familiares de la CPM, estuvieron detrás del caso y acompañando a la familia.
“Nos encontramos frente un caso que reúne todos los componentes de una causa armada: una persona inocente, detenida sin razón, sin pruebas que sostuvieran ni la imputación y mucho menos la elevación a juicio. Una justicia selectiva y apurada para resolver un caso sin ningún tipo de sustento probatorio ni criterio jurídico. El comportamiento del fiscal de primera instancia debe revisarse, pero este caso expone una matriz que lo trasciende. Es cada vez más necesario que el rol del Ministerio Público Fiscal sea auditado; vemos con el caso de Úrsula Bahillo que eso forma parte incluso de un fuerte reclamo social”, expresaron desde el programa de Litigio Estratégico de la CPM, que realizó la veeduría de la audiencia de hoy.
Santiago Almirón estaba imputado por un homicidio durante un robo ocurrido el 27 de julio de 2018 en un local de comidas de Morón; desde el primer momento, la familia defendió su inocencia y denunció que se trataba de una causa de armada. Durante las audiencias del juicio quedaron de manifiesto las enormes irregularidades en la investigación, que estuvo a cargo del fiscal Mario Alberto Ferrario.
Santiago fue vinculado al crimen por un agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el jefe de calle Matías Barca. A los pocos días de ocurrido el hecho, el policía se presentó ante el fiscal y declaró que un testigo, que “prefirió mantener su identidad reservada”, indicó a Santiago y otro joven como responsables del hecho. Y que realizando “tareas de encubierto” consiguió conocer cuáles eran sus domicilios.
El fiscal Ferrario nunca ordenó a Barca que realizara tareas de encubierto, ni se molestó en llamar al testigo bajo “identidad reservada”; la sola declaración policial le bastó para ordenar los allanamientos.
Durante el allanamiento en la casa de Santiago, secuestraron una Pietro Beretta Storm 9mm, el arma reglamentaria de la hermana del joven, que era agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
El 22 de agosto de 2018 se realiza la pericia balística de cotejo: los peritos oficiales concluyen que la vaina y el proyectil encontrados en el lugar del crimen fue disparada por el arma encontrada en el domicilio de los Almirón. Una semana después Santiago es detenido.
Sin embargo, los resultados de esa pericia fueron cuestionados de manera contundente y decisiva por el perito de parte, propuesto por el abogado de la familia Alejandro Bois. En un detallado informe, el Técnico superior en balística forense Omar Esteban Britez enuncia una larga cadena de errores e imprecisiones que echan por tierra la pericia ordenada por el fiscal.
En este informe, Britez detalla que los sobres que contenían el material para la pericia fueron recibidos ya abiertos. Además no se consignó si tenían alguna inscripción ni de quien era la rúbrica. Lo más grave, sostiene, es la falta total de la planilla de cadena de custodia de los elementos a analizar.
Los errores en la pericia son tan graves que, a modo de ejemplo, basta con citar uno: el nombre asignado al arma que fuego peritada no se corresponde con el del arma incautada. En el informe oficial, se coloca el nombre de “PISTOLA D.G.F.M-BROWNING CALIBRE 09X19 M.M”, cuando en los hechos se trata de una Pistola Pietro Beretta Storm 9mm. Es decir, un arma de distinta producción, distinto modelo y con distinto nombre.
Ninguna de esas irregularidades llamó la atención del fiscal que decidió, en su momento, elevar a juicio la investigación desestimando, a su vez, las muchas pruebas que sostenían la inocencia de Santiago.
El hecho ocurrió en una franja horario en la que Santiago estaba trabajando, su fisonomía no se condice con las declaraciones de los testigos del robo y asesinato: Las cuatro personas coinciden en que el autor del hecho tenía unos 30 años y medía aproximadamente 1,65 mts; Santiago mide más de 1,80 mts y en ese momento tenía 22 años.
Pero, además, no fue identificado por ninguno de los testigos en las cuatro ruedas de reconocimiento que se realizaron. Uno de ellos incluso afirmó que no era ninguna de esas personas, mientras que la dueña del local dijo que si bien no era ninguno de ellos, era parecido al número 2 de la rueda. Ese número 2 no solo no era Santiago Almirón sino que era una persona mucho más baja.
A pesar de todo, el fiscal defendió la versión del policía Barca y se negó a investigar cualquier otra hipótesis, incluso desestimó la sospecha que tenía la dueña del local, que podía tratarse del marido de una ex empleada, que la habían amenazado en varias oportunidades.
Santiago estuvo imputado por un crimen con una expectativa de pena de prisión perpetua y detenido casi tres años por un crimen que no cometió. “La familia fue importante para sostener esta lucha, para estar pendientes de él, todos viajamos a verlo. Es muy duro, te marca económica y psicológicamente. Era levantarse todos los días pensando qué podemos hacer para llegar a su inocencia”, recuerda su mamá Stella Maris.
Durante el alegato de la defensa, luego de pedir la absolución, el abogado Alejandro Bois expresó: “La propia fiscal está asegurando que no hay elementos para condenar, no tendríamos que haber llegado a esta instancia y no lo hubiésemos hecho si se aceptaba el pedido de nulidad de la elevación a juicio que sostuvimos en su momento. Fueron casi tres años, nos hubiésemos ahorrado muchos recursos judiciales, pero fundamentalmente le hubiésemos ahorrado gastos y dolor a la familia y a Santiago. Se podría haber evitado si el fiscal de instrucción actuaba con criterio”.
Fuente: ANRed
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario