14 de febrero de 2021
El Presidente y la decisión de Casación de trasladar la causa de espionaje ilegal macrista a Comodoro Py
Alberto Fernández: “Es imperioso abordar cambios en la Justicia"
“Es difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos”, tuiteó el Presidente. “Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”, completó y retuiteó un largo hilo que había hecho Losardo con un diagnóstico sobre el mal funcionamiento del Poder Judicial.
La reacción del presidente y de la ministra ocurrió un día después de que los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo decidieran sacarle al juez Juan Pablo Augé la investigación que involucra a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a funcionarios del riñón de Macri como su secretario privado, Darío Nieto. La primera respuesta oficial fue la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como víctima del espionaje y querellante en la causa, le reclamó al juez Augé que no mandara el expediente a Py porque ella iba a apelar a la Corte Suprema, diciendo que se trataba de un hecho de gravedad institucional sin parangones.
Losardo sacó a relucir una encuesta que muestra que el 87,9 por ciento de los argentinos son críticos o descreen del Poder Judicial, que es, a todas luces, un problema político en la región, como lo mostró también en Brasil y Ecuador. Más allá de Comodoro Py, fuente frecuente de quejas por la politización de sus integrantes más selectos, la semana pasada la justicia quedó en el ojo de la tormenta por su accionar previo al femicidio de Úrsula Bahillo.
Sin embargo, las críticas más cáusticas de la ministra de Justicia, que habitualmente cultiva un perfil bajo, estuvieron enfocadas hacia los tribunales de Retiro. “Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio”, escribió Losardo. En la misma línea, el diputado Martín Soria denunció al presidente de la Casación Federal, Gustavo Hornos, por seis visitas a la Casa Rosada que coincidían con fallos adversos para el kirchnerismo. Borinsky fue objeto de críticas públicas, aunque no lo integraron en la denuncia ante la fiscalía que investiga a la llamada mesa judicial macrista. “Es más que evidente que quienes gobernaron el país inmediatamente antes que nosotros consolidaron una justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas", agregó.
Hubo un destinatario obligado del malestar de la ministra, validado por el Presidente: el fiscal Stornelli, procesado por el juez Alejo Ramos Padilla por sus andanzas junto con Marcelo Sebastián D’Alessio. “Ver que un fiscal procesado, que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa una profunda indignación”, sostuvo Losardo.
Los tuits de Fernández y de la ministra serán el tema de conversación obligado del feriado de carnaval entre los integrantes de los tribunales de Comodoro Py, señalado como la cuna del lawfare por el oficialismo. Hasta ahora, el gobierno logró cortar una de las patas del trípode de poder histórico en los tribunales de Retiro, que es la intervención de los espías en la justicia. Sin embargo, no ha conseguido avanzar con el proyecto de reforma judicial, que espera en la Cámara de Diputados por la falta de acompañamiento de la oposición. Lo mismo sucede con la reforma del Ministerio Público, que relaja la mayoría necesaria para nombrar al procurador --cargo que ocupa interinamente Eduardo Casal, que cuenta con el apoyo opositor y fue un sostén de Stornelli durante el último tiempo-- y que permitiría avanzar con la designación del candidato del presidente, el juez Daniel Rafecas.
Tiempo de reformas
Hay consenso alrededor del mal funcionamiento de la justicia. Lo dicen los juristas, lo dice la oposición, pero el consenso no se traduce en votos. “A los que la criticamos hace tiempo, la justicia federal penal todos los días nos da la razón”, dice Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). “Hay que tomarse en serio el cambio en la justicia y en el Ministerio Público. Estamos hace años paralizados. ¿Por qué no cambiar todo de una vez?”, reclama Binder.
“Sabemos que el Poder Judicial no funciona de forma óptima. El presidente tiene una herramienta muy importante, que es trabajo que el consejo consultivo hizo, y que se podría traducir en distintas leyes sobre la Corte, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, la innovación tecnológica del Poder Judicial y el juicio por jurados”, sostiene el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que integró ese grupo de expertos.
“El diagnóstico que hace la ministra Losardo y comparte el presidente es correcto”, agrega la abogada Graciana Peñafort. “Resulta importante que se operativicen algunas cuestiones que traigan un mejor funcionamiento para dar mayor transparencia”, explica. “Se debe también incentivar la investigación de todos los responsables --tanto funcionarios judiciales como políticos-- de las maniobras destinadas a la persecución de opositores políticos y promover la revisión de todos los procedimientos que van desde las escuchas ilegales hasta el pago de testigos”, insiste.
El texto completo de la ministra Losardo
"El sentido de Justicia está en duda entre nosotros. Las encuestas dan cuenta que una inmensa mayoría de los argentinos se muestran críticos y escépticos ante el proceder del Poder Judicial y de sus miembros.
Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio.
Semejante contexto, que se profundiza con detenciones arbitrarias y juicios que se prolongan en el tiempo sin que se obtengan sentencias jurídicas razonadas, hacen que la República se degrade inexorablemente.
El Presidente Alberto Fernández se comprometió a poner fin a los sótanos de la democracia. Así, los servicios de inteligencia ya no operan en tribunales, propuso al Congreso Nacional una reformulación de la Justicia Federal y analiza las propuestas de reforma de un comité de juristas.
Es más que evidente que quienes gobernaron el país inmediatamente antes que nosotros, consolidaron una justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas. La “Mesa Judicial” existió y dió los resultados que sus miembros buscaban.
Todo ello ocurre con la anuencia de un conjunto de medios que tapan aquellas inconductas y que justifican que el juzgamiento de las mismas quede en manos de los fiscales y jueces que se han asociado a los propósitos de aquél gobierno.
La soberbia con la que esos jueces y fiscales se mueven solo se explica por la protección política de la oposición y el discurso mediático que va en su auxilio para encubrirlos. Es insólito que, ante tantas evidencias, ni siquiera tengan el buen tino de excusarse.
Ver qué un fiscal procesado, que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa una profunda indignación
Argentina necesita jueces que vuelvan a ocupar el lugar que la República les reclama. Jueces decentes y capaces, que dejen de servir al poder político de turno, que no cedan a las presiones corporativos y que se dediquen simplemente a impartir justicia.
Si la sociedad argentina no asume la gravedad que representa que el sistema judicial, tras la falsa invocación de su independencia, siga adelante con tan nocivas prácticas, solo acabará enfrentándose a una nueva y tremenda frustración
Ya es hora de poner ética y rectitud allí donde evidentemente esos valores han sido dejando de lado. Es hora de abordar las transformaciones necesaria para garantizar una buena administración de justicia.
Si no lo hacemos, los títulos de los diarios seguirán contándonos cómo los impunes opositores y sus amanuenses se burlan de nosotros.
Cómo se prepara una condena a Lázaro Báez que apunta contra CFK
La ruta del dinero ¿Otro fallo escandaloso de lawfare?
El objetivo siempre fue Cristina Fernández de Kirchner. El juicio por el delito de lavado de dinero llegará a su final el 24 de febrero, después de infinitas maniobras. La coalición judicial-política-mediática le puso el nombre de Ruta del Dinero K pese a que nunca se encontró ninguna cuenta ni sociedad oculta de los Kirchner. En las maniobras hubo de todo: agentes de inteligencia, un arrepentido al que le escribían lo que tenía que decir, aprietes y espionaje en la cárcel, testigos falsos que ahora están a punto de ser condenados. Pero como no pudieron involucrar a CFK en el expediente intentarían hacerlo en la sentencia. La jugarreta consistiría en condenar a Lázaro Báez y los demás imputados aduciendo que el delito precedente, el delito del que salió la plata, fue la obra pública de Santa Cruz, un caso que se está tratando en otro juicio en el que la acusación está sufriendo un naufragio catastrófico y al que, además, le falta un año. En el juicio de lavado se cayeron numerosos shows mediáticos y el único vínculo con la obra pública -la forma de relacionar a Cristina con el caso- fue la declaración del arrepentido Leonardo Fariña, a quien le dijeron todo lo que tenía que decir y no aportó ni una sola prueba.
Dos medios alineados con Juntos por el Cambio presionaron en los últimos días con sendas notas a la jueza Adriana Pallioti para que vote con el macrista Néstor Costabel y vincule en la sentencia a la eventual condena de Báez con CFK. La forma de hacerlo sería sosteniendo que el delito precedente es la obra pública de Santa Cruz, sin que exista hasta ahora ninguna evidencia salvo la impresentable declaración de Fariña. La realidad es la contraria: en las audiencias que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2, la acusación por las rutas en la provincia sureña sufre una paliza detrás de otra. CFK ni es nombrada y la auditoría hecha por Vialidad Nacional, mientras estaba en manos del macrismo, no estableció irregularidades.
No deja de ser grave que Pallioti sea jueza suplente en ese juicio y además sea jueza titular en otras dos causas relacionadas con la vicepresidenta: Hotesur y Los Sauces. El entramado exhibe cómo están las cosas en Comodoro Py, en sintonía con lo que denunciaron este fin de semana el presidente Alberto Fernández y la ministra Marcela Losardo. Es la partitura que tocan en Comodoro Py: no importan las pruebas ni lo que haya pasado en el juicio, el objetivo es político. En su momento, Clarín designó esta causa como La ruta del dinero K y en uno de sus fallos la Cámara Federal, en un hecho que tiene pocos precedentes, la denominó de la misma manera.
Las maniobras vinieron desde el inicio de la causa y siguen hasta hoy:
*Trataron de sindicar a Báez como testaferro de los Kirchner, pero el juez Sebastián Casanello les pidió aunque sea una prueba. Todas las acciones y las cuentas de Báez o de Austral Construcciones estaban a su nombre y tenían como beneficiarios a sus hijos. En ningún momento apareció alguna sociedad, como las de la familia Macri en Luxemburgo, con beneficiarios que no tuvieran el apellido Báez. Las cuentas en el exterior de Báez -en Suiza, con sociedades panameñas- también tenían como únicos beneficiarios a sus hijos y esposa. Hasta en su testamento, el constructor le dejaba todo a sus hijos.
*Como Casanello seguía sin dar el brazo a torcer, la AFI armó una operación con dos testigos falsos diciendo que el juez estuvo en Olivos pactando con CFK. Los dos testigos falsos ya están a punto de ser condenados porque se probó que nunca estuvieron en Olivos como testificaron y el aparato de Comodoro Py impide que se condene a los abogados vinculados a la AFI que armaron la trampa.
*Inolvidable fue la actuación del fiscal Guillermo Marijuan, al pie de excavadoras en la Patagonia. Buscaron contenedores enterrados, cajas fuertes empotradas en paredes, sótanos escondidos. No apareció nada.
*Tuvieron a Báez cuatro años en prisión preventiva con operaciones probadas para quebrarlo, convertirlo en arrepentido y que declare contra CFK. Todas las semanas los grandes diarios publicaban que su quiebre era inminente. Lo espiaron hasta en su propia celda, interceptaron las conversaciones con sus abogados y hasta difundieron en televisión audios de los diálogos con su pareja.
*Encarcelaron y procesaron a sus hijos, para presionarlo. Los letrados vinculados a la AFI coparon su defensa y también pusieron en marcha un duro conflicto familiar para doblegarlo.
*Pusieron en la cancha al arrepentido Leonardo Fariña que habría participado en sacar dinero de Báez al exterior, principalmente a Suiza. Fariña no sabía nada de la obra pública, pero como la causa sobre Santa Cruz se caía a pedazos -hubo una pericia inicial que demolió la acusación- le armaron guiones para que hablara de las rutas. Los textos los escribieron abogados contratados por la AFI, tal como quedó certificado en este expediente y en los de espionaje ilegal.
En el juicio específico sobre las rutas en Santa Cruz los propios testigos convocados por la fiscalía declararon de manera unánime en contra de la imputación. Quedó en claro que no se pagaron obras no realizadas, que las demoras fueron las habituales, que no existieron aprietes a competidores ni objeciones a las licitaciones, que la calidad de las obras fue la adecuada y, por lo que surgió en las audiencias, no apareció ninguna evidencia de sobreprecios. Todos estos elementos ya estaban en una pericia inicial, hecha por el propio macrismo a principios de 2016. Ese informe de auditoría fue pedido por los jueces de la causa de lavado de dinero, de manera que saben que no hay evidencias. Por lo tanto, poner en una sentencia que el delito precedente es el de la obra pública de Santa Cruz es sólo un acto de lawfare: utilización de la justicia para la política.
La otra alternativa es imputarle a Báez que el dinero de supuesto lavado proviene del uso de facturas falsas proporcionadas por una organización con sede en Bahía Blanca. Distintas empresas le facturaban a Austral Construcciones sin darle servicio o producto alguno y de esa manera Austral aumentaba sus costos, reducía sus ganancias y pagaba menos impuestos. La causa en Bahía Blanca no avanzó un milímetro y, por el contrario, está totalmente estancada.
Hay otra causa por defraudación impositiva, que fue instruida por el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart. Tampoco ese expediente avanzó porque el tribunal oral justamente argumentó que hay que esperar el final del juicio de la obra pública para ver si allí hubo delito.
Uno de los grandes shows de la causa de lavado de dinero fue el video del momento en que se contaba dinero, dólares en efectivo, en la financiera SGI. La llamaban La Rosadita, sin mencionar que muchas grandes empresas operaban con SGI: Garbarino, IECSA, del primo de Macri Angelo Calcaterra, el Club Independiente, entre muchos otros. En el juicio, la defensa de Báez presentó los boletos de venta de terrenos de una enorme propiedad que Austral, la empresa de Báez, le compró al colegio Northlands. El country que se armó en esa propiedad, Northville, fue producto de un loteo en el que los terrenos, como siempre, se pagaron en dólares y en efectivo. La defensa exhibió los boletos de esos terrenos y sostuvo que el dinero contado en SGI era dinero de ese loteo. Habrá que ver si los jueces admiten ese argumento.
Está claro que Lázaro Báez ocultó dinero en el exterior, unos 35 millones de dólares, en cuentas a nombre de sociedades armadas en Panamá. La mayor parte de ese dinero luego se trajo de regreso a la Argentina en forma de bonos y Báez lo usó para asociarse con IECSA, la empresa del Grupo Macri, para competir por las represas de Santa Cruz, Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. O sea, el imputado Báez fue socio en una licitación con los Macri. En el juicio, el santacruceño argumentó que ese dinero no fue producto de ningún ilícito, sino dividendos retirados de Austral Construcciones.
Los magistrados quedarán en el centro de la escena. Habrá que ver si la sentencia tiene que ver con lo ocurrido en el juicio, con las pruebas, o, si como ocurre en Brasil, Ecuador, Bolivia, sacan de la galera otro fallo alineado con la persecucion política
Zaffaroni y Auat reclamaron modificaciones
Voces a favor de la reforma judicial
Luciana Bertoia
El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni se sumó a las críticas a la justicia. "Es indiscutible que se había formado una suerte de grupo que concentraba las decisiones judiciales que interesaban al régimen de Mauricio Macri", le dijo a Página/12 el exsupremo. "Mientras ese entramado no se neutralice de alguna manera, todo seguirá igual. Seguirán las decisiones contra los exfuncionarios anteriores a 2015 y el encubrimiento a los posteriores a esa fecha. No hay mucho misterio en esto, hay una estructura judicial muy defectuosa y que permite la formación de estas 'ententes'", sostuvo.
El exfiscal Jorge Auat, integrante de Justicia Legítima, también reclamó cambios. "Es necesario reconciliar a la justicia con la sociedad. El Poder Judicial arrastra una crisis crónica. Lo hemos visto incluso con el trámite de las causas de lesa humanidad: cuánto costó avanzar y cuántos jueces resultaron imputados después por estos crímenes", le dijo a este diario.
"Una muy buena alternativa sacar una ley general que imponga el 50 por ciento de mujeres en todos los espacios del gobierno incluido el Poder Judicial. Y ahí multiplicar los juzgados. Adoptar un sistema como los de muchos países europeos en los que los jueces casi que no tienen empleados y entonces se dispersa el poder entre miles de jueces", sugirió la jurista Valeria Vegh Weis, autora junto con Zaffaroni y Cristina Caamaño del libro Bienvenidos al lawfare.
La posición de Alberto Fernández ante los pedidos de suspensión o postergación
Qué pasa y qué pasaría con las PASO
Los pueblos te dan alegrías tanto como sorpresas. Desde hace años suele observarse que en los sistemas de doble vuelta sudamericanos “se vota en la primera vuelta como si fuera el ballotage”. O sea, las mayorías no se dispersan entre opciones diversas sino que se polarizan de entrada. Tal como pasó en Bolivia semanas atrás o en la Argentina en 2019. Pero los ecuatorianos consumaron una variante: la polarización resultó baja, harto menor a la esperada. Cuatro candidatos (y no dos) obtuvieron cifras estimables. El segundo puesto sigue en disputa, palo y palo,
Las sociedades definen, sorprenden, dejan en orsai a profetas y encuestadores. Las votaciones no agotan el amplio repertorio de las libertades y derechos democráticos pero sin elecciones no hay democracia.
Año impar en la Argentina, llegan elecciones legislativas de medio término. Nacionales. También locales y municipales en casi todas las provincias. Corrientes y Santiago del Estero renuevan gobernadores.
Una cantidad imponente de convocatorias, casi todas precedidas de internas.
Se debate suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias nacionales (PASO), con argumentos tradicionales: futilidad de las primarias y elevado costo económico. Se suma uno rotundo, consecuencia de la peste: en las condiciones sanitarias predecibles para agosto sería un gran riesgo añadir un día más con millones de argentinos amuchándose: votando, haciendo de autoridades de mesa, fiscalizando. La mayor parte de los gobernadores se coloca a la cabeza del reclamo, se lo transmitieron al presidente Alberto Fernández que está menos convencido que ellos y que por ahora no se expidió. Imagina escenarios en la Cámara de Diputados (una reforma tiene que resolverse por ley): los números no cierran, hoy en día.
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Las provincias también existen: Se renuevan la mitad de las bancas de Diputados, un tercio de las provincias cambian sus tres senadores. Salvo hipótesis catastróficas es difícil que el peronismo consiga dos tercios de bancas en la Cámara Alta. Sí puede mejorar la dotación en Diputados, llegar a mayoría. O Juntos por el Cambio puede dar el batacazo y dejar al oficialismo más desguarnecido en Diputados.
Tales recambios “roban cámara”: imantan la información en los medios dominantes, de mirada unitaria. Sin embargo, esas elecciones cruciales que condicionarán a AF hasta el final de su mandato distan de ser las únicas a celebrarse.
El sistema federal padece imperfecciones, centralismo, debilidades pero las provincias y los municipios eligen sus autoridades locales. Tienen Constituciones propias, cronogramas diferentes al nacional. A veces es imperativo legal “desdoblar” fechas. A veces lo deciden gobernadores o intendentes imaginando que les conviene. Cuentan con esa “ventaja deportiva”. ¿Hace falta agregar que no siempre les sale como esperaban?
Pintar un cuadro federal completo excede los límites de esta columna. Van unos ejemplos Random para ilustrar, podrían multiplicarse.
Repetimos el primero: como consecuencia de haber tenido intervenciones federales, Corrientes y Santiago del Estero cuentan con calendario propio para gobernadores, cae en 2021. Es (muy) otra apertura de cuartos oscuros. Los mandatarios en general escogen separarla de las nacionales para no atar su suerte (lo que más les importa) a la del gobierno nacional (aliado, amigovio, adversario, tanto da). Corrientes lo hace desde hace décadas. Por ahora no hay fecha pero si quiere hacer apuestas: es bien factible que esas competencias ejecutivas serán otro día que las nacionales.
En general, los Parlamentos provinciales y Concejos Deliberantes renuevan mitades. En general, no todos. Río Negro cambia autoridades cada cuatro años, a diferencia de Nación y la mayoría de los territorios. Este año, descansan. Eso impide otra particularidad, comunal: Bariloche, por Carta Orgánica separa sus elecciones de las provinciales y las nacionales: tiene una fecha exclusiva,
Córdoba también celebra elecciones cada cuatro años, coincidiendo con las de cargo ejecutivos.
Los alcaldes en otras comarcas, con Carta Orgánica o sinmigo, se valen del recurso de “desdoblar” para jugar su propia aventura.
El cuadro induce a una suerte de mito: aseverar que hay “n” votaciones en el año. “N” son decenas, cuanto menos. La frase confunde porque ningún ciudadano vota en esas “n” ocasiones, sumatoria de fechas de terruños surtidos. Pero cuatro veces (dos PASO y dos generales) suele haber. Y en algunos parajes hasta seis.
Suspender las PASO nacionales dejaría abiertas esas tenidas, supeditadas a voluntades e instituciones federales. Muchas juntadas masivas, entonces.
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Primarias bajo la lupa: Según es fama, el fallecido presidente Néstor Kirchner impulsó las PASO tras su derrota en 2009 ante Francisco de Narváez (o sea casi contra nadie). El objetivo era evitar que los peronistas armaran listas “por afuera”. Una herramienta electoral es reformateada por la ciudadanía, la criatura puede ser dócil o convertirse en un Frankestein. Un ejemplo, dicho con respeto. El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa batió al kirchnerismo abriéndose en 2013. Y le complicó la vida en las presidenciales de 2015. La gente resuelve, merced a una virtud básica del sistema político argentino; el voto universal y obligatorio.
Atenti que ninguna táctica es infalible. El exministro Florencio Randazzo procuró seguir el camino trazado por Massa y tropezó feo.
Las PASO, opina este cronista, tienen más virtudes que las reconocidas por la narrativa mainstream. La exigencia de un piso del 1,5 por ciento de los votos válidos totales por categoría para poder participar en las generales achica razonablemente la oferta electoral. Deja de lado candidatos o partidos minoritarios o lanceros. En su momento, el límite legal incentivó a la izquierda a deponer sectarismos y conformar el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), una experiencia pluralista, interesante, perdurable, con constante representación parlamentaria.
Algunas competencias PASO fueron determinantes como la interna presidencial de Cambiemos en 2015 que permitió converger al PRO, la UCR y la Coalición Cívica, consolidando la hegemonía del partido de Mauricio Macri. Proveyó unidad y liderazgo.
La interna del peronismo para gobernador bonaerense, entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez perjudicó a ambos, a su coalición y aupó a la exgobernadora María Eugenia Vidal. Guste o no, resolvió y marcó la historia.
Se reprocha que las PASO de 2019 funcionaron como primera vuelta y adelantaron el triunfo de Alberto Fernández. Por ahí es verdad, el pueblo soberano escogió pronunciarse como si fuera primera vuelta; es su derecho, es el mismo padrón. De cualquier modo, el veredicto anticipado le permitió al macrismo reorientar la campaña y mejorar la cosecha legislativa.
Cualquier lector o lectora de provincias puede recordar ejemplos análogos en sus pagos. Se agradecen y se encarecen desde ya comentarios al respecto.
Los cuestionadores de las PASO las comparan con una encuesta cara. Argumento flojito porque en las Primarias no hay muestras estadísticas, ni manipulaciones, ni conclusiones dibujadas. Se expide la ciudadanía, nada menos.
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El costo de la libertad: Se recrimina el costo económico. Sostener al sistema democrático insume dinero, bien invertido. “El gasto político” suele ser jactancia del pensamiento autoritario o simplista.
En conversación informal con este cronista el presidente Fernández desestima esta crítica que lo fastidia bastante. En consonancia, resiste embates para bajar sueldos de funcionarios, le parece maniobra de mala fe e injusta.
Los peligros para la salud añaden un ítem coyuntural, inesperado, atendible o quizá ineludible. El firmante de esta nota no califica para expedirse: es tema de especialistas.
Ante la disyuntiva, circulan tres propuestas de reforma, con matices.
* Anular las PASO para 2021.
* Realizarlas conjuntamente con las generales, una variante de la Ley de Lemas. Mecanismo capcioso, que empioja los escrutinios, tiende a confundir a los votantes, fomenta aventurerismo de candidatos “líberos”. Nada recomendable, pues.
* Posponer primarias y elecciones un mes o algo más para que las PASO gambeteen el invierno. La variable intermedia menos chocante, da la impresión.
La disyuntiva sería dejar que todo funcionara igual, esperando al año próximo para analizar novedades. Lo más sensato en circunstancias normales, distintas a las vigentes, repetimos.
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Sin votos no hay reformas: “El Ejecutivo no impulsa ninguna reforma” explica su titular AF. “Conozco las que están en danza, porque me las comentan o demandan gobernadores o diputados”. “No he visto proyectos de ley completos. Ni me parece que nadie garantice conseguir los votos necesarios en Diputados”. Luego de tanto renegar con la Reforma Judicial y tras sufrir el revés de Vicentin, el presidente redobla la atención ante el poroteo parlamentario.
La reforma electoral solo sería accesible mediando acuerdo pluripartidista, el consenso tan escaso en la dinámica del Congreso. Es muy difícil, no imposible.
Gobierno y oposición orejean las elecciones. El oficialismo, por definición, cuenta con la ventaja de hacer. La opo tiene un conjunto de primeras figuras disponibles tras haber perdido en la Nación y en Buenos Aires. Macri mismo, Vidal, Martín Lousteau. Elisa Carrió se postula de modo itinerante: en la Ciudad Autónoma, en Buenos Aires, solo su Chaco natal queda fuera del radar. El diputado radical Alfredo Cornejo es número puesto; candidato a senador en Mendoza.
Oficialismo y principal oposición conservaron su unidad en el lapso transcurrido desde diciembre de 2019. El Frente de Todos (FdT) se dio menos maña que el macrismo post 2015 para seducir o cooptar adversarios.
Enfrente, pese a las incitaciones mediáticas, la coalición oficialista no se dividió. Funcionó con vaivenes pero en el Congreso se aprobaron las leyes enviadas por el Ejecutivo. El kirchnerismo dinamizó en buena hora el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. La Casa Rosada lo hizo suyo. Las bancadas del FdT mejoraron la fórmula de actualización de la jubilaciones.
Internas hay, algunos pisos se serruchan, señalamientos a funcionarios que no funcionan… La ruptura no está a la vista, sigue firme la inteligencia inicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como dijeron dirigentes sindicales en su encuentro con funcionarios cualquier división es el camino al fracaso común y a la derrota electoral, dos caras de una misma moneda.
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La gestión como clave: El veredicto ciudadano se liga a las obsesiones cotidianas de Alberto Fernández. La vacunación, el comienzo de las clases presenciales, el crecimiento de la actividad económica. Todas cuestiones a tramitar en los próximos meses. De nuevo; los oficialismos son juzgados por sus desempeños.
Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril o mayo despejaría el horizonte, catalizando la tranquilidad macro que obsesiona al ministro de Economía Martín Guzmán. Sería ideal aligerar las reglas de los Acuerdos de Facilidades extendidas. Misión que suena imposible, en la que se empeña el presidente (ver recuadro aparte).
Posiblemente la definición sobre las PASO deba esperar, supeditada a la prospectiva de la pandemia, contagios y muertes. Estar más cerca del momento y confiar en la responsabilidad conjunta de la dirigencia política.
El 11 de abril hay elecciones importantes en Sudamérica. Segunda vuelta en Ecuador, primera vuelta para presidente en Perú, convencionales constituyentes en Chile
En la Argentina falta más tiempo, meses que parecen años. En su transcurso se irá develando el escenario. De nuevo: usualmente la suerte electoral de un gobierno depende de sus desempeños. Los funcionarios peronistas lo saben bien y trabajan poniendo más libido en las realizaciones que en las reglas de juego, por ahora con final abierto.
Proyecto de ley para que trabajadorxs y jubiladxs paguen menos del impuesto a los ingresos personales
Ganancias, equidad, fortalecer la demanda y elecciones
El proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible a 150 mil pesos mensuales del mal llamado Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia y a una parte de los jubilados tuvo un apoyo inmenso.
Es una medida regresiva en términos tributarios que ha tenido un consenso muy amplio, de derecha a izquierda del tablero político.
Cada una de las principales corrientes que integra el Frente de Todos avaló inmediatamente sin ninguna observación.
La alianza opositora macrismo-radicalismo adelantó que acompañará la iniciativa oficial.
Fuerzas de izquierda saludaron el anuncio y, como es esperable, piden más.
Todas las centrales sindicales salieron a festejar la medida.
Casi todos los medios de comunicación aplaudieron porque periodistas y analistas de la escala superior de la pirámide salarial se beneficiarán.
Se requiere de un considerable esfuerzo de contorsión intelectual y político para promover una estructura impositiva progresiva al tiempo de respaldar una medida que, en términos de equidad tributaria, va en dirección opuesta.
Progresivo
Semejante nivel de aprobación a esa medida es uno de los más notables triunfos del pensamiento conservador, como el que asocia la inflación a la emisión monetaria sin ninguna otra consideración sobre las particularidades de la oferta y la demanda de dinero en la economía argentina.
La evidencia empírica es contundente respecto a que no existe esa relación lineal de emisión y suba de precios. Del mismo modo, los antecedentes de sistemas tributarios de otros países que tienen sesgos de progresividad muestran que el tributo a los ingresos personales es uno de sus pilares.
En 2018, en Argentina representaba apenas el 2 por ciento del PIB. En Uruguay, 4,3; en México, 3,4 y en Brasil, 2,8. El promedio de los países de la OCDE (desarrollados y algunos emergentes) es 8,3 ciento, con máximo de 24,4 en Dinamarca.
En 2020, alcanzó a 2.303.600 personas, 25,6 por ciento del empleo registrado. Estos contribuyentes tienen un ingreso que supera el doble del salario promedio y forman parte de los deciles 9 y 10, es decir, del 20 por ciento con mayores ingresos según el Indec.
La imposición sobre personas físicas en Argentina es relativamente baja y esa es, de hecho, una de las principales críticas que hacen los organismos internacionales a la estructura tributaria local.
Informes de Cepal y OCDE advierten acerca de este punto, señalando que la recaudación (tanto en Argentina como en el resto de América latina) es muy inferior a la de otros países desarrollados. Esto se debe a un mínimo no imponible relativamente alto para lo que es el mercado de trabajo del país.
En la mayoría de los países esa base para impuestos a los ingresos sobre personas físicas es inferior al ingreso salarial promedio, mientras que para Argentina está bastante por encima.
Que en el debate tributario doméstico sea una batalla perdida en cuanto a la progresividad de su estructura no debe inhibir la reflexión acerca de cuáles son las bases de ese impuesto, como también los aspectos políticos y económicos que motivaron la actual decisión de aliviar la carga a un sector de trabajadores y jubilados.
Argumentos
La coincidencia para apoyar la actual propuesta tiene su motivo: periodistas que definen líneas editoriales pagarán menos y recibirán un sueldo de bolsillo mayor; las empresas podrán mostrar que abonan salarios más elevados; y los sindicalistas, que pelearon y consiguieron ingresos mayores para los trabajadores de su sector.
Los economistas mediáticos se olvidarán, en una repentina amnesia selectiva, de su obsesiva preocupación por las cuentas fiscales porque sus clientes estarán satisfechos con que el Estado haga ese aporte para mejorar la situación relativa de los deciles medios y altos de la pirámide salarial.
Decir que el salario no es ganancia o por qué el trabajador tiene que pagar impuestos ha sido la más efectiva estrategia de confundir el debate. Es obvio que el salario no es ganancia entendida como la de una empresa; es la retribución a la fuerza de trabajo. Lo que se oculta con esa sentencia es que lo que se grava es el ingreso de una persona (no la ganancia), que puede ser bajo, medio o elevado.
Si se transita una línea de impulsar una medida regresiva en términos tributarios, al menos sería un aporte para mejorar el debate público modificar el título para definirlo como impuesto a los ingresos personales. La cuestión semántica no es irrelevante puesto que con la actual denominación se habilita la confusión.
Este tributo tiene el objetivo de alcanzar personas desde ingresos medios y altos en forma progresiva. Que existan sectores que están eximidos, como el Poder Judicial en un obsceno privilegio, o que se requiera actualizar la escala para que sea coherente al interior del tributo, no implica que no haya que pagar nada.
Que exista una inequidad tributaria no significa que se tenga que crear otra en lugar de ocuparse de solucionar la primera.
“Debemos tener un sistema tributario más progresivo. Hoy paga más en proporción a su ingreso de Ganancias una enfermera o un barrendero que una empresa minera o un bingo”, afirmó Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados.
Puede ser entonces que las mineras o las empresas de bingo deban pagar mucho más impuestos de lo que hoy lo hacen.
Poder Judicial
El impuesto a las Ganancias sobre Personas Físicas fue, es y será el que le aporta mayor progresividad al sistema tributario. La progresividad se genera por partida doble.
Por un lado, porque excluye a las personas con menores ingresos mediante el mínimo no imponible. En el caso de los asalariados, aunque fluctúa con el tiempo, cerca del 80 por ciento de los trabajadores formales no paga el impuesto, y si se incluye en la base de cálculo a los asalariados informales la proporción llega al 90 por ciento.
Por otra parte, al interior de quienes quedan alcanzados, la aplicación de tasas marginales crecientes aporta un segundo factor de progresividad, al gravar proporcionalmente más a medida que se obtienen mayores ingresos.
Es cierto también que la cuestión de la equidad tributaria queda en cuestión debido a las debilidades de la actual estructura del Impuesto a las Ganancias. Esta contiene exenciones, como la mencionada a los ingresos de jueces, que distorsionan el cuadro impositivo y, por lo tanto, la discusión sobre justicia tributaria.
En esta instancia, precisado el carácter regresivo de subir en esa magnitud el mínimo no imponible, irrumpe un aspecto coyuntural en referencia al salario real de trabajadores y el poder adquisitivo de las jubilaciones.
Ante esa situación resulta provocador en cuanto a equidad que un asalariado castigado durante cuatro años de gobierno de Macri y en el año de la pandemia del coronavirus, que ahora aspira a recuperar poder adquisitivo, tenga que pagar más de ese impuesto mientras que magistrados no destinan ni un peso a cumplir con ese tributo.
Un documento de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el Presupuesto 2021 precisa el monto exacto de la exención de Ganancias a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y de las provincias: 41.285 millones de pesos. También están exentos los intereses de los títulos públicos, que suman 85.956 millones de pesos.
El camino adecuado a transitar sería cerrar esas filtraciones y no profundizarlas. Para ello se requiere plantear un debate integral del régimen. Se trata de pensar, en definitiva, un sistema tributario progresivo, sustentable, transparente, simple y equitativo.
Salario neto
En un contexto laboral muy complejo para el universo de trabajadores formales, por la presión a la baja del salario debido al ejército de reserva de un desempleo elevado, la intervención del Gobierno resulta clave para equilibrar un poco la relación desigual con el mundo empresario.
La elevación de la base imponible hasta 150 mil pesos implicará resignar recursos fiscales por unos 40 mil millones de pesos, según estiman los autores del proyecto.
Ese dinero mejorará el salario neto de los trabajadores, al tiempo que aliviará un poco la tensión de las negociaciones paritarias. La inicial orientación del aumento de 29 por ciento, como la acordada por la Bancaria, con cláusula de actualización en septiembre próximo –mes previo a las elecciones de medio término-, constituye la base de las paritarias 2021.
En las salidas de grandes crisis, como en la actual, se requiere de la participación del Estado para impulsar la mejora del salario real. El antecedente último fue luego del estallido de la convertibilidad. El gobierno de transición de Eduardo Duhalde determinó aumentos de salarios por decretos, política que continuó el gobierno de Néstor Kirchner que impulsó además paritarias libres.
De ese modo, el salario real pudo recomponerse hasta alcanzar en el 2007 el nivel que tenía en 1998, cuando comenzó una recesión que se prolongó cuatro años.
Fue ese impulso del Estado que permitió la recuperación del salario real vía decretos y fortaleciendo a la parte sindical en las negociaciones paritarias. Acción que resulta fundamental porque en ese escenario el sector empresario busca también recuperar márgenes de rentabilidad perdidos en la crisis, lo que presiona sobre la tasa de inflación haciendo más complicado avanzar con el aumento del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
Ahora, con algunos matices, se repite el mismo escenario de salida de una gran crisis, con un Estado que resigna recursos fiscales para incrementar el ingreso disponible de trabajadores formales y jubilados, al tiempo que orienta el sentido de las paritarias y ha definido una fórmula de movilidad previsional que promete ganarle a la inflación.
Demanda
Este tipo de intervención del Gobierno resulta fundamental para generar las bases para un crecimiento sostenido de la economía. La demanda doméstica (pública y privada) es el principal motor del crecimiento, representando por lo menos el 70 por ciento del Producto Interno Bruto.
El incremento de los ingresos de los sectores populares es clave para comenzar un largo recorrido de recuperación, primero de la devastación neoliberal dejada por la alianza macrismo-radicalismo, y después del impacto fulminante de la pandemia.
Como se apuntó arriba, a fines del año pasado, el Impuesto a las Ganancias involucraba a unas 2,3 millones de personas. Con la propuesta de Sergio Massa, 1.267.000 de trabajadores y jubilados dejarán de pagar, quedando sólo el 10 por ciento del total alcanzados por ese tributo.
"La recuperación del ingreso es clave para el crecimiento de la economía este año. Sacarle el Impuesto a las Ganancias a más de 1 millón 250 mil personas es mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso”, afirmó Massa.
En el proyecto de ley se precisa el impacto en los principales sectores económicos de la cantidad de trabajadores que dejarán de pagar:
* Cerca de 179.000 (58 por ciento) de la industria manufacturera.
* 133.000 (65 por ciento) del transporte, logística y almacenamiento.
* Aproximadamente 106.000 (74 por ciento) del comercio mayorista y minorista.
* Alrededor de 48.000 (46 por ciento) del sector financiero.
* Casi 27.000 (54 por ciento) del rubro de la construcción.
El proyecto de ley cierra con la siguiente sentencia: "Esto representa un esquema altamente progresivo donde el esfuerzo fiscal de 40 mil millones de pesos en el año se va a destinar al "bolsillo" del trabajador y trabajadora, jubilado y jubilada que destina la mayor parte de su ingreso al consumo, generando una política virtuosa de mayor consumo y demanda".
Elecciones
A las mencionadas cuestiones de la equidad tributaria y de la necesidad de mejorar el ingreso de trabajadorxs y jubiladxs para fortalecer la salida de la crisis se le suma un aspecto político-electoral.
No es secreto que una parte de los trabajadores alcanzados por este tributo votó en 2015 a Cambiemos por la promesa –que resultó finalmente falsa- de eliminar el Impuesto a las Ganancias.
La resistencia del gobierno de CFK a subir el mínimo no imponible estaba concentrada en que ese mayor ingreso disponible se destinaba a comprar dólares, presionando sobre las reservas e incrementando de ese modo la inestabilidad financiera. El saldo de esa decisión en las urnas para el entonces oficialismo, aunque no fue el único factor, fue negativo.
Ahora la posibilidad de adquirir billetes verdes está todavía mucho más limitada. En un evidente aprendizaje de esa experiencia desfavorable, con las cruciales elecciones de medio término en octubre próximo, la alianza de gobierno viene a dar respuesta a una demanda de una parte importante de su base electoral.
Es un 70% más contagiosa que la original
Coronavirus: ya hay transmisión comunitaria en el país de la cepa británica
Un informe del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación confirmó que en Argentina existe transmisión comunitaria de la variante británica del coronavirus, que tiene mayores niveles de contagio que la original.
De acuerdo al estudio realizado por el Consorcio Proyecto PAIS, sobre un total de 156 muestras de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires en dos se detectaron mutaciones características de la variante del Reino Unido, denominada VOC202012/01.
"La primera muestra corresponde a un residente del Municipio de La Matanza, sin antecedentes de viaje ni de contacto estrecho directo con un caso importado. La segunda muestra pertenece a un residente de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que regresó de un viaje a los Estados Unidos el 15 de enero", detalló el informe.
Asimismo, en otras 14 secuencias, todas realizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se detectó la mutación S_E484K, característica de la variante de Río de Janeiro.
Los resultados se desprenden de las muestras que fueron tomadas, entre el 1 de noviembre de 2020 y el 7 de febrero de 2021, por el Consorcio Argentino de Genómica de SARS-CoV-2, a cargo de Mariana Viegas, del Laboratorio de Virología Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Los datos que alarman al mundo
Esta nueva variante de coronavirus fue identificada en Reino Unido y levantó las alertas en todo el mundo. El patógeno se propagó con velocidad y obligó a las autoridades británicas a imponer severas restricciones, al tiempo que buena parte de las naciones se vieron obligadas a suspender el vínculo con el país europeo.
El gobierno argentino hizo lo propio y canceló los vuelos que unen Buenos Aires y Londres, pero a pesar de las precauciones la variante también llegó al país.
Una vez detectada los equipos científicos se pusieron trabajan contrarreloj con el objetivo de poder reunir más información, pero --como es natural todavía-- hay muchos aspectos que, sencillamente, se desconocen.
Al parecer, circula desde septiembre y es un 70 por ciento más contagiosa. La gran incógnita es determinar la utilidad de las vacunas en marcha. Uno de los referentes de la Sputnik V aseguró que es igual de eficaz con la nueva variante. Lo mismo dijeron desarrolladores de otras vacunas aunque aclararon que hay que prestar atención a los cambios en el SARS-CoV-2.
Las derivaciones de la decisión de la Cámara de Casación
El futuro de la causa que investiga el espionaje ilegal macrista
Luciana Bertoia
La decisión de la Cámara de Casación Federal de arrebatarle a la jurisdicción de Lomas de Zamora la megacausa de espionaje puso en suspenso una investigación de casi un año, con más de 40 indagados, cuatro procesados y 38 personas cuya situación procesal aun debía resolver el juez Juan Pablo Augé. También paralizó la investigación que venían llevando adelante los fiscales sobre el rol del área de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en las maniobras de espionaje y armado de causas. Todo esto ante el sombrío panorama de que la causa quede en manos del fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa por espionaje que se instruye en Dolores.
Cuando termine el feriado de carnaval, es probable que otros pedidos se le sumen al de Cristina Fernández de Kirchner para que Augé no remita la causa a los tribunales de Comodoro Py, como le ordenaron los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo, integrantes de la Sala IV de la Cámara. Augé giró el viernes la causa digital a la Sala I de la Cámara Federal porteña --integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia-- para que la remita al juzgado que corresponda. Pero la causa en sí sigue en la fiscalía de Lomas de Zamora. Mandarán los expedientes y la prueba recolectada en cuanto se defina concretamente qué juzgado la recibirá.
Quien pidió la inhibitoria de Augé fue María Eugenia Capuchetti, que el año pasado --cuando se inició la disputa-- estaba de turno con Stornelli. Lo cierto es que Capuchetti, la última llegada de los federales, lo hizo siguiendo directivas de la propia Cámara, lo que abre la pregunta sobre si efectivamente querrá quedarse con la causa o pasará a otros de sus colegas. En Comodoro Py, mencionaban a Luis Rodríguez, aunque hay otros jueces que tienen causas contra algunos de los espías involucrados --como Ariel Lijo o Sebastián Ramos-- que podrían anotarse en la carrera por la que posiblemente es la causa más explosiva de los últimos años, ya sea por sus víctimas como por sus presuntos responsables.
La posibilidad de que Stornelli sea el fiscal a cargo causa escozor dentro y fuera de los tribunales de Retiro, donde supo encontrar un buen refugio, cuando intentaba evadir los pedidos del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla para comparecer por su articulación con Marcelo D’Alessio en la red paraestatal dedicada al espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. Se estima que alguno de los más de 40 querellantes lo recusará.
La causa se lleva procesados, nada más y nada menos, que a los directivos de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a dos pesos pesados de la exSIDE: el último director operacional de Contrainteligencia Martín Coste y Alan Ruiz, un exfuncionario de Patricia Bullrich que pasó a revistar en Operaciones Especiales de la AFI a partir de mediados de 2018. Esos procesamientos por un tramo de la investigación --la del espionaje contra CFK en el Instituto Patria-- están confirmados por la Cámara Federal de La Plata y la Casación dijo el viernes que validaba lo actuado por Lomas, por lo que será difícil para Py desandar ese camino.
Otra situación es la de los 38 imputados cuya situación no llegó a resolver Augé, aunque estaba trabajando en una resolución para responder al pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Entre los que el Ministerio Público pedía procesar estaban, entre otros, Arribas, Majdalani, el exdirector del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emiliano Blanco, el exdirector de Inteligencia del SPF Cristian Suriano, el exjefe de Jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stefano, los Súper Mario Bros, integrantes de un área de Operaciones Técnicas de Contrainteligencia de la AFI, que reconocieron incluso haber ido a cablear una alcaidía provincial y haber mentido para ingresar. Estaba también con pedido de procesamiento la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, que tenía un vínculo estrecho con los Súper Mario Bros, y en una situación mucho más holgada el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, a quien los fiscales no pidieron procesar, pero sí lo hicieron varias querellas.
La causa avanzaba hacia otro tramo, más centrado en el rol de Jurídicos de la AFI, el área que más creció durante la gestión Arribas y que directamente maniobraba en las causas judiciales e incluso iba a sugerir a jueces qué detenciones debían ordenar, como denunció el juez Luis Carzoglio. Estaba previsto que declarara en estos días el diputado pampeano Espartaco Marín, quien habría sido víctima de una operación digitada desde el área de Jurídicos de la AFI. También el viernes debía volver a declarar un agente que ya había contado ante la Bicameral de Inteligencia del Congreso que lo habían presionado desde el área que dirigía de Stefano para mover una causa contra Marín. Todo quedó en stand by tras la decisión de la Casación que se conoció antes del mediodía. El otro asunto que estaba en carpeta de la fiscalía era vinculado con las escuchas a los presos kirchneristas a partir de la causa contra Mario Segovia, más conocido como el Rey de la Efedrina. Esas escuchas terminaron en manos de Elisa Carrió y del propio Stornelli --según dice un dictamen de la fiscalía-- y esas transcripciones se usaron para torpedear la causa de espionaje que instruía Ramos Padilla. La intervención de la AFI había mandado memos y partes, que estaban siendo analizados por los investigadores de Lomas.
Por ahora, la única certeza es la que describió la camarista Ángela Ledesma, en su disidencia para plantear que la causa quedara en Lomas: el curso de la investigación se va a alterar. En Comodoro Py, tierra fértil del lawfare, los pronósticos no son buenos.
"Dar respuesta ante los hechos de violencia extrema", tuiteó Alberto Fernández
Nació el Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios
María Daniela Yaccar
"La coordinación es lo único que va a permitir un abordaje articulado entre todos los organismos que intervienen a nivel local, provincial o nacional para prevenir, investigar, asistir o reparar estos hechos." Con estas palabras, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, explicó la razón de ser del nuevo Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. El presidente Alberto Fernández anunció este sábado su surgimiento. El organismo será creado por decreto "lo más rápido posible" y los tres ministerios que lo integran --aparte de Mujeres, Justicia y Seguridad-- se encuentran trabajando para ultimar detalles. También tiene participación la Secretaría Legal y Técnica.
El anuncio, que busca "dar respuesta ante los hechos de violencia extrema" --tuiteó el Presidente--, llega en un contexto de conmoción social por el femicidio de Ursula Bahillo y en la víspera de una marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos para este miércoles. Según datos de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), del 1º de enero al 13 de febrero se registraron 50 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de las cuales 35 fueron femicidios. Hubo uno cada 20 horas. Por su parte, el Observatorio Lucía Pérez cuenta 46 femicidios en lo que va del año. El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, 38. Fernández escribió que "para poner fin a estos hechos aberrantes" es necesario "llevar adelante estrategias coordinadas entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios de la Argentina, que ayuden a prevenir e identificar situaciones de riesgo y garantizar un Estado que responda con celeridad".
También es palpable por estos días la desconfianza de la sociedad en el sistema cuando las víctimas de violencia no son escuchadas y el drama se repite una y otra vez. "Cuando una mujer hace una denuncia está pidiendo ayuda. No siempre la policía, los dispositivos locales o el Poder Judicial responden bien. En muchos casos sí: hay intervenciones eficientes y eficaces", dijo Gómez Alcorta a AM750, e informó que el Ministerio de las Mujeres realizará una denuncia penal para que se investigue el caso de Ursula y para todos aquellos en los que pueda haber incumplimiento de deberes de funcionarios o "intervenciones negligentes".
Como ya existen una Mesa y un Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género, Gómez Alcorta --quien viene oficiando como la vocera del Consejo-- aclaró que el organismo tendrá una función específica. "Es en el marco del programa que creamos el Consejo, a partir de dos grandes fallas. No hay una articulación entre las intervenciones que hacen las distintas agencias del Estado. Y no hay información, un lugar adonde llegue toda la información respecto de los agresores o las mujeres que se encuentran en situación (de violencia)", puntualizó. "El Consejo tiende a articular. Todos intervienen como si fuesen compartimentos estancos. Apuntamos a unificar criterios de indicadores de riesgo, a asegurarnos que todos tengan sistema de alertas, algo que nunca se propuso. El URGE --sistema único de registro de denuncias por violencia de género-- interviene en varias provincias. El tema es asegurar que todas las provincias adhieran. Este es un país federal. Necesitamos el compromiso de todos los poderes de todas las provincias en un fenómeno estructural", explicó.
De acuerdo a lo informado por la funcionaria, la creación de este consejo fue una decisión del presidente. El viernes estuvieron reunidos él, las tres ministras --además de Gómez Alcorta, Marcela Losardo, por Justicia, y Sabina Frederic, por Seguridad-- y Vilma Ibarra. Las ministras le acercaron a Fernández "parte del trabajo" que sus carteras vienen realizando desde agosto, en el marco del Programa Interministerial. "Le comentamos el estado de dos sistemas de información: uno de denuncias por motivos de género que está creado por el Ministerio de Seguridad, y el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género (ver aparte) que está a nuestro cargo", detalló a Télam. Y añadió: "Durante esa reunión el presidente decidió crear el Consejo, teniendo en cuenta la estructura federal de nuestro país, que las fuerzas de policía y poderes judiciales están en manos de las provincias y que son vitales para la prevención y para investigar, para la persecución, sanción, y también la reparación de estos hechos".
Lo que sigue es una invitación a "todas las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, sus poderes ejecutivos, en el marco del Programa Interministerial". También a las carteras de Seguridad, Justicia y Género provinciales, y los titulares de ministerios públicos y poderes judiciales y legislativos. Se buscará "trabajar regionalmente". "Las particularidades que puedan tener los fenómenos de las violencias por motivos de género no son homogéneas en todo el país, así que veremos cuál es la modalidad. La idea es que las reuniones se hagan en distintas regiones", anticipó Gómez Alcorta.
La ministra enumeró cuáles son las "urgencias" en relación a esta problemática: "una mayor articulación entre los poderes judiciales, las fuerzas de seguridad y las áreas de Género, la posibilidad de acceso a la justicia, más rápido y efectivo acceso a herramientas modernas que sean superadoras a las existentes, en cuanto a dispositivos de protección para víctimas. La posibilidad de contar con equipos interdisciplinarios especializados en fiscalías y policías". Otra cuestión "central" es que operadores y operadoras que intervienen en los ámbitos en que una mujer pide ayuda trabajen con "indicadores de riesgo" que reafirmen cuándo es preciso intervenir de manera urgente. Finalmente, "fortalecer las áreas de género provinciales y municipales". En tal sentido, un dato es que cerca del 70 por ciento de los municipios no posee áreas de género. "El femicidio de Úrsula, para quienes trabajamos cotidianamente, viene a poner de relieve aquellas cosas que venimos denunciando y pensando y articulando a lo largo del año de gestión para modificar", concluyó la funcionaria.
La mirada de las organizaciones
"Lo vemos con buenos ojos, desde ya. Es bueno que se empiece a trabajar de manera articulada, que sean los tres poderes del Estado quienes trabajan en cuestiones vinculadas a la violencia", opinó Analía Kelly, coordinadora de MuMaLá en la provincia de Buenos Aires. "Lo que vemos con malos ojos es que esto sea a partir y a raíz de los últimos hechos sucedidos, porque no es algo nuevo, un hecho aislado, se viene reiterando en el tiempo. De las denuncias de Ursula se desentendieron todos los poderes del Estado e instituciones que debían intervenir, como pasa en otras situaciones. Además, en nuestro informe, detectamos que el 12 por ciento de los femicidios en lo que va del año fue cometido por algún efectivo de las fuerzas de seguridad."
Lara Andrés, del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, manifestó a Página/12: "Si bien vemos la voluntad política de llevar la agenda de los feminismos al poder ejecutivo y legislativo, falta que el poder judicial y las fuerzas de seguridad se comprometan con la lucha por la erradicación de las violencias de género y que realmente implementen medidas ágiles y eficientes que protejan las vidas de mujeres y disidencias. Que se controle, monitoree y asegure la distribución de dispositivos que protejan esas vidas". Y añadió: "Proponemos que se convoque a las organizaciones que hace años venimos trabajando en esa problemática, que comprendemos lo que pasa en nuestro barrios y territorios; articular para que se puedan diseñar e implementar medidas que realmente salven las vidas de mujeres y disidencias a partir de la experencia que venimos recogiendo hace años".
Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género
El Gobierno creó un sistema para unificar la información sobre los casos de violencia de género con el objetivo de que sea una "herramienta de consulta" que permita el "diseño de políticas públicas" para hacer frente a la problemática. A través de la Resolución 48/2021, publicada este sábado en el Boletín Oficial, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad oficializó el surgimiento del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG).
La herramienta estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información de la cartera conducida por Gómez Alcorta y su objetivo es "sistematizar la información disponible sobre casos de violencia por motivos de género". El ministerio explicó que "para un abordaje integral de las violencias por motivos de género es necesario un sistema que integre la información existente de los casos de violencias de género, que permita conocer la complejidad del fenómeno a nivel nacional y que posibilite dar respuestas efectivas".
En ese sentido, aclaró que el SICVG "no se limita a la reunión de información", sino que también "contempla diversos modos de producción y unidades de registro de los distintos organismos que producen información relevante a la temática". "Se trata de un sistema donde se articulen fuentes diversas de información, con unidades de registro diferentes (denuncias, consultas, causas y/o medidas judiciales) provenientes de instituciones que tienen lógicas, características y objetivos institucionales propios y específicos (instituciones criminales, judiciales, sanitarias, asistenciales)", precisó.
El lunes vence el plazo legal para la presentación de la listas
Alberto Fernández cierra filas para conducir el Partido Justicialista
Las pautas de convivencia dentro del Partido Justicialista conservan históricamente una regla de oro: la renovación de las autoridades partidarias proviene indefectiblemente de una lista de unidad. Mantener esa tradición es el deseo generalizado de gobernadores y dirigentes que se cumplirá el próximo 21 de marzo cuando Alberto Fernández se convierta en el presidente del espacio. Sin embargo, un sector del Frente de Todos, integrado por Alberto Rodríguez Saá, Milagro Sala y Gabriel Mariotto está dispuesto a participar de la contienda desafiando al Jefe de Estado y a la propia raigambre peronista. ¿Habrá interna partidaria?
Este lunes 15 de febrero vence el plazo para la presentación de las listas que competirán en los comicios. El Presidente pasó las últimas 48 horas en Olivos confeccionando la nómina “Unidad y Federalismo” que él mismo encabezará y tendrá a la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez como vicepresidenta primera.
Del armado participaron funcionarios de su máxima confianza, incluido el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior “Wado” De Pedro. La premisa fue incorporar a representantes del amplio espectro del Frente de Todos y promover la participación de jóvenes y mujeres. Será la primera vez en la historia que el peronismo lleve una lista que respete la paridad de género.
Bajo el compromiso de reforzar la impronta federal, los gobernadores estarán representados, como mínimo, por dos consejeros por provincia y habrá un importante lugar para los distintos sectores del movimiento obrero: CGT, CTA de los Trabajadores, Frente Sindical y dirigentes de las organizaciones sociales. “El armado es con todos”, indican en el oficialismo.
Alberto Fernández imagina un PJ renovado y activo, un partido que “vuelva a enamorar a la sociedad”. “Necesito que genere cuadros nuevos, una nueva dirigencia, que convoque a repensar la Argentina y que asuma su identidad de una vez por todas. Como fue en el Frente Amplio. Tenemos que lograr institucionalizar el espacio porque contenemos a mucha gente que no está en el peronismo y eso le da riqueza a la coalición de gobierno”, explicó el Presidente a este diario la semana pasada. También resaltó la importancia de su “autonomía” y que no funcione como un “apéndice” del Poder Ejecutivo.
En este camino se cruzó la lista “17 de Octubre Fuerza Argentina”, que encabeza el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá y acompañan la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, el ex vicegobernador Gabriel Mariotto y la ex síndica de la Sigen y esposa del ex ministro de Planificación Julio De Vido, Alessandra Minnicelli.
Desde el PJ plantean que si bien “están en su derecho a presentarse”, encarar una competencia tan asimétrica resulta “ridículo”. “No llegan al 1 por ciento, no ganan ni en San Luis. Evidentemente, no es un armado para competir sino para negociar”, analizan.
“La lista única es como un patovica en la puerta de un establecimiento que te dice 'vos sí, vos no'”, responde Gabriel Mariotto, ante la consulta de este diario. El lomense deja en claro que el sector que encabeza Rodríguez Saá está dispuesto a trabajar en una lista de unidad, siempre y cuando aprueben sus candidaturas. “Tiene que haber una construcción sino nos vamos a sentir proscriptos”, afirma.
El máximo punto de tensión podría darse en caso de que la Junta Electoral rechace la presentación de esta lista, una resolución altamente probable. Según “Fuerza Argentina”, en noviembre presentaron 85 mil avales acreditados ante un escribano y esperan la aprobación. Aseguran que no los pudieron entregar en la sede de Matheu 130 porque “estaba cerrada”.
En el PJ plantean lo contrario: “No tienen respaldo de documentación. Mostraron fotos de unas cajas en un local partidario, pero los avales se ingresan en la mesa de entrada del partido y los examina la Junta”. En este escenario de versiones cruzadas, hay quienes se animan a vaticinar que la disputa podría desembocar en una judicialización. En este caso, Milagro Sala no estaría dispuesta a que las diferencias escalen a un verdadero conflicto político.
Mientras tanto, en Casa Rosada negocian a contrarreloj para poder llegar a un acuerdo. Incluso el propio Alberto Fernández se comunicó con Rodríguez Saá para evitar un derroche de energía que consideran absurdo.
La otra incógnita a develar es qué pasará con Sergio Berni. Desde el año pasado, el ministro de seguridad de la Provincia amaga con jugar en la interna nacional. Hasta el momento, no presentó ninguna lista.
El calendario marca que mañana a última hora quedarán despejadas todas las especulaciones. En el Gobierno trabajan para evitar sorpresas. Tienen en claro que para los argentinos la interna peronista no es una prioridad. “No podemos perder tiempo en caprichos”, concluyen.
Máximo Kirchner a la cabeza del PJ Bonaerense
En la provincia de Buenos Aires el pasado 30 de diciembre las piezas se alinearon. Durante un encuentro en José C. Paz, Alberto Fernández le comunicó a los principales dirigentes del peronismo bonaerense que había tomado la decisión de conducir el PJ nacional y que consideraba necesario que Máximo Kirchner tomara las riendas de la estructura del principal distrito del país.
Tras el mensaje presidencial, el único que se opuso abiertamente fue el vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray. “Yo me planto”, respondió el jefe comunal. En Esteban Echeverría señalan que su postura se mantiene firme y que lo acompañan Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Julio Zamora (Tigre). Explican que Gray respeta mucho la figura de Máximo pero que considera que “está mal acompañado”.
Lo cierto es que el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, tarde o temprano, será consagrado presidente del peronismo bonaerense y pretende que su liderazgo salga por consenso. Aún resta definir el mecanismo de la elección y la fecha.
En principio, la intención es que no haya una situación de acefalía, de renuncias masivas, sino que se convoque a una reunión del Consejo del partido y que en ese marco se disponga adelantar la elección de autoridades que estaban previstas para el 17 de diciembre de 2021. “Tiempo sobra y Máximo no está apurado. Su prioridad ahora es la agenda de la gente”, expresan en territorio bonaerense.
Se actualizarán los ingresos de 18 millones de personas
El Gobierno reglamentó la ley de movilidad jubilatoria
El Gobierno reglamentó este sábado la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que establece un ajuste trimestral de las prestaciones, mediante la publicación del decreto 104/2021 en el Boletín Oficial.
Según lo dispuesto, las jubilaciones se actualizarán los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre con una fórmula que combina en un 50 por ciento la recaudación de la ANSES y en otro 50 la variación salarial.
El INDEC y la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo proporcionarán a la ANSES antes del primer día hábil de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año, los valores del Índice General de Salarios (IS) y del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), respectivamente, con el fin de calcular el índice de movilidad que determina el artículo 32 de la Ley 24.241.
La ANSES, en el ámbito de su competencia, publicará cada uno de los valores de las variables que se tuvieron en cuenta para el cálculo del índice de movilidad correspondiente, así como la metodología practicada a tal fin.
Con esta nueva disposición, a partir del 1º de marzo de 2021 el monto del haber mensual de la Prestación Básica Universal (PBU) será el que resulte de aplicar a la suma de 8.707,78 pesos el incremento por movilidad correspondiente a dicho mes.
Por su parte, el INDEC adelantó este mes la fecha de difusión del Índice de salarios con el objetivo de proporcionar información para calcular el índice trimestral de movilidad previsional establecido en la Ley N° 27.609. La fecha prevista originalmente era para el 26 de febrero, pero se realizó el 10 para que se pueda realizar el cálculo.
El último informe oficial dado a conocer por el instituto señaló que el Índice de Salarios total creció 1,8 por ciento en diciembre último respecto de noviembre, como consecuencia de la suba de los salarios registrados del 1,9 y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de 1,2.
El nuevo indicador de ajuste trimestral será usado para actualizar los ingresos de 18 millones de personas, entre las que perciben jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas, y pensión al adulto mayor.
La publicación lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo Claudio Moroni y su par de Economía, Martín Guzmán.
Definiciones del ministro de Economía en AM750
Martín Guzmán: "Hay que poner a la economía en un sendero de recuperación que se sostenga en el tiempo"
Imagen: Kala Moreno Parra
El ministro de Economía, Martín Guzmán habló sobre la situación económica del país y afirmó que "para resolver los problemas la economía se tiene que ir recuperando" y señaló que "el pilar del programa económico es el presupuesto".
"Tenemos que construir una economía más tranquila resolviendo los problemas macroeconómicos", explicó, y precisó que desde el Gobierno "están dando cada paso en la dirección de ir poniendo a la economía en un sendero de recuperación que se sostenga en el tiempo y no sea efímera con la reducción de inflación", a lo que calificó como "un proceso".
En relación a la situación del aumento de precios, indicó: "Si no generamos más dólares, si no aumentamos las exportaciones, nos chocamos con la restricción interna. Esas presiones sobre el tipo de cambio se trasladan a los precios".
Sobre la inflación, subrayó que es un problema "multicausal" y que se tiene que encarar desde un "esquema integral", al tiempo que recalcó que no se deben realizar "promesas grandilocuentes".
Por otro lado, habló de la importancia de "transformar la estructura económica y productiva para generar más valor" y destacó que "el pilar del programa económico es el presupuesto" ya que "define cómo se utilizan los recursos del Estado".
En este sentido, expresó que "hay que trabajar con todos los sectores capaces de generar divisas, como la agroindustria, la energía, la industria, la economía del conocimiento".
También se refirió a los encuentros de esta semana con sindicatos y empresarios, y consideró que "el diálogo genera conocimiento y aprendizaje" y que, en particular, "con sindicatos y empresarios es muy importante y esto ayuda a la Argentina".
"Vimos mucho entusiasmo y eso vale. La idea es continuar en esa línea", afirmó. Guzmán ratificó que "el salario le tiene que ganar a la inflación" y remarcó que "es condición necesaria para establecer la recuperación de la actividad económica" porque "la economía necesita una demanda pujante".
La deuda
El ministro de Economía realizó un duro diagnóstico sobre la gestión del gobierno de Mauricio Macri y aclaró que el Gobierno actual busca "trabajar de una forma constructiva buscando no repetir los errores que se cometieron en el pasado".
Guzmán catalogó como "muy dañino" el acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y agregó que "la contracción económica se profundizó y la inflación creció".
"El programa se hizo de espaldas a la gente. Nosotros enviamos un proyecto, aprobado este jueves, que en uno de sus artículos establece que cualquier programa con el FMI deberá ser aprobado en el futuro por el Congreso", informó. Y añadió: "Eso es muy importante para la construcción de reglas de juego del país. Que impida que un gobierno de turno haga algo que tenga consecuencias que trascienden enormemente, por fuera del período de ese gobierno. Hay que trabajar en conjunto con la sociedad de forma responsable".
"El préstamo del FMI en 2018 fue un préstamo político, un apoyo al gobierno de turno. Lamentablemente al país se lo dañó y nosotros tenemos que actuar con responsabilidad buscando resolver un problema en beneficio de nuestra gente", enfatizó.
Hacia el final de la entrevista, analizó el tema tarifas y aclaró que "lo está trabajando la Secretaría de Energía" y que "el cuadro tarifario del gobierno anterior no era razonable”. Asimismo, informó que "se trabaja en un cuadro tarifario en lo que establece el presupuesto 2021. Allí se establece un aumento de recursos para la tarifa social".
Los números de la pandemia
Coronavirus en Argentina: se registraron 6.057 casos y 159 muertes
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 159 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 50.188. Además se registraron 6.057 contagios diarios, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García. Con estos registros, suman 2.021.553 positivos en el país.
Además, fueron realizados 54.718 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.793.797 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 150.973 muestras por millón de habitantes.
Hay por el momento 3.514 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 54,7 por ciento a nivel nacional y en un 59,9 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 2.448| 844.009
Ciudad de Buenos Aires 541 | 221.786
Catamarca 78 | 6.761
Chaco 75 | 32.366
Chubut 112 | 45.149
Corrientes 53 | 19.261
Córdoba 554 | 151.767
Entre Ríos 110 | 43.431
Formosa 21 | 958
Jujuy 25 | 19.720
La Pampa 122 | 17.668
La Rioja 32 | 9.816
Mendoza 101 | 65.620
Misiones 99 | 6.619
Neuquén 183 | 58.431
Río Negro 115 | 50.510
Salta 103 | 24.803
San Juan 6 | 14.604
San Luis 627 | 19.782
Santa Cruz 65 | 34.477
Santa Fe 424 | 211.724
Santiago del Estero 59 | 21.833
Tierra del Fuego*** 14 | 22.427
Tucumán 90 | 78.031
Fuente:Pagina12
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