La muerte de Carlos Menem y el indulto:
los organismos de Derechos Humanos ni
olvidan ni perdonan
Por María Cafferata, Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021.
Mientras la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, definió su gobierno como «de la vergüenza», Nora Cortiñas dijo que su muerte no le generó «ninguna tristeza», Taty Almeida confesó que el expresidente no les deja un buen recuerdo y la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a sus contradicciones en el área.
Mientras personalidades de todo el país despedían al expresidente Carlos Menem luego de su muerte, algunes con más pesar que otres, los organismos de Derechos Humanos fueron tajantes: Ni olvido ni perdón a los indultos con los que se benefició a los jefes de la dictadura cívico militar. PáginaI12 conversó con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la referentas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida y Nora Cortiñas, y la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sobre la muerte del expresidente y todas coincidieron en recordarlo como el hombre que había absuelto a los responsables de la desaparición de sus hijos. «Menem fue un gobierno de vergüenza, un gobierno de odaliscas, un gobierno que parecía en joda«, sostuvo De Bonafini. «A nosotras Menem no nos deja ni un buen recuerdo. Apenas asumió absolvió a los pocos genocidas que habían sido condenados», afirmó Taty Almeida. «Su muerte no me generó ninguna tristeza. El hombre que murió hoy dejó la destrucción de un país», agregó Nora Cortiñas. «Fue un hombre que se destacó en la política, pero que tuvo contradicciones en relación a la lucha de Memoria, Verdad y Justicia. Yo no le tengo rencor», aclaró, con una postura más matizada, De Carlotto.
«Es conveniente tener memoria. Menem fue el presidente que absolvió a los genocidas, el que intentó tirar abajo la Ex ESMA para hacer un ‘parque de la reconciliación’. ¿De qué reconciliación hablaba? Ni olvido ni perdón», disparó, apenas atendió el teléfono Taty Almeida, haciendo referencia a la particular expresión que Carlos Menem utilizaba a la hora de lidiar con los crímenes de lesa humanidad cometidos en los 70′: «reconciliación». «Yo no siento ninguna tristeza. Es una persona de la que tenemos los peores recuerdos, especialmente por el indulto otorgado a los genocidas en una etapa en la que todos queríamos toda la verdad y toda la justicia. Y la historia nos terminó dando esa respuesta», aseguró Nora Cortiñas. Tanto Nora como Taty apuntaron a despegarse de las manifestaciones de condolencias que surgieron desde varios sectores del arco político. «Este hombre que se murió hoy no nos deja ni un legado de Verdad y Justicia, solo impunidad y la destrucción de un país», afirmó Cortiñas.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, mantuvo una postura más ecuánime, denunciando los beneficios otorgados a los militares en 1989 y 1990, pero destacando que no le guardaba «ni odio ni rencor». «Él hizo muchas trampas políticas y cometió inexactitudes políticas muy perjudiciales para el país. Pero mi memoria está centrada en recordar lo bueno. En el 92′ nos recibió, a mi, a dos abuelas más y a Alicia Pierini, que entonces presidía la Conadep, en Olivos. Habíamos ido para hablar sobre la creación de una comisión estatal para buscar a los nietos. Nos trató muy bien, dijo que sí y al poco tiempo se creó la CONADI», sostuvo, por su parte, Estela.
«Menem pasó a la historia, cada cual lo juzgará. Yo tengo el corazón abierto a la buena memoria y a no vivir con malos recuerdos que envenenan, pero sí no hay que olvidar quiénes han sido los responsables de los peores males de nuestra historia: la última dictadura cívico militar». Consultada si le había apenado su muerte, la presidente de las Abuelas dijo que sí, que le había «entristecido». «Menem no era una persona perfecta, pero tampoco es una persona que ha destruido el país como lo hizo Mauricio Macri», opinó.
Por otro lado, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, mantuvo una postura mucho más dura respecto al legado de Menem, e incluso llegó a publicar un comunicado titulado «No lamento su muerte, ni deseo que descanse en paz». «La noticia de hoy es ‘Murió Menem’. Y entonces empiezan a aparecer las hipocresías. Todo el mundo hablando maravillas de él. Yo comprendo a quienes tienen que recurrir a formalidades, que están muy claras. Así es el juego institucional. Pero las Madres no podemos ser así», arranca el documento en el que Hebe De Bonafini pasa a criticar las políticas económicas, sociales y en materia de derechos humanos que Menem aplicó durante sus 10 años de gobierno.
«Todo era pura alabanza, pura mentira. Alguien tenía que decir algo porque si no era como si se hubieran olvidado de lo que nos hicieron. Si no qué le estamos contando a la juventud», explicó Hebe en diálogo con el diario. «Se rió de los científicos, de los maestros, los mandó a lavar los platos. Fue terrible para los jubilados, paro todos. Pero para nosotras lo más grave fue el perdón a los asesinos de nuestros hijos y la persecución que hizo contra las Madres», sostuvo, y denunció que, durante el gobierno de Menem, habían entrado «11 veces en 45 días» a la casa de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo y se habían robado «plata y carpetas enteras con fotos de policías y militares que habíamos logrado reconstruir con el tiempo». «Están diciendo que fue el mejor presidente, el mejor amigo. Pero no. Menem fue el peor de todos», finalizó.
Fuente: ensartaos
El hijo de Cuca (acerca de la muerte del innombrable)
Por Marcelo “Pancho” Langieri, Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021.
En memoria del “Lobito” Rodríguez Saá, asesinado por el menemismo.
La frialdad popular con que se ha recibido la muerte de Carlos Menem, especialmente si se la compara con los funerales de Alfonsín y Néstor Kirchner, que expresaron un gran fervor popular, pone de manifiesto los sentimientos del pueblo argentino hacia su figura. Solo los brazos de la conjunción político-mediática-judicial, por encima de la grieta existente, se abrieron para imponer los honores de la legitimidad de origen de su cargo de presidente y borrar la profunda ilegitimidad del ejercicio del poder en beneficio de los poderosos y en detrimento del conjunto del pueblo y de la Nación.
En sus diez años como Presidente de la República Menem completó la desnacionalización de la economía argentina, iniciada por la dictadura militar, sumergiendo en la miseria a un tercio de la población. Así, millones de compatriotas ingresaron al penoso batallón de los miserables, situación que se prolonga también en el presente como una herencia maldita de aquellos años. Los datos concretos demuestran como Menem completó la acción deletérea de la dictadura procesista destruyendo el proceso de industrialización por sustitución de importaciones del peronismo histórico en beneficio de los especuladores y de esa manera desindustrializar y empobrecer a la Argentina.
La obra de Menem fue una verdadera tragedia. La privatización de las empresas estatales a precio vil, que inauguraron la patria contratista, las reformas previsionales y laborales, los tratados de límites contrarios al interés nacional, el indulto, el desmantelamiento de la red ferroviaria, el encubrimiento de los atentados de la AMIA y de la embajada israelí. En síntesis breve y apretada: una modernización forzada y profundamente desigual con una estabilidad ficticia y hechos tales como la voladura del arsenal de Río Tercero, el tráfico de armas, y una lista interminable de ofensas y humillaciones. Entre ellas, quizás la más importante simbólicamente, el fraude a los trabajadores que lo votaron llenos de esperanza pensando en recuperar las banderas históricas del peronismo.
Todas las reformas y transformaciones fueron regresivas en su sentido más profundo. Puede decirse que retoman la línea histórica de la construcción de la república oligárquica trazando vasos comunicantes entre Mitre, Urquiza y su impronta transformadora regresiva. Su gobierno fue la consumación del país burgués y la sepultura del hecho maldito.
No hay aspecto de la vida económica, social, política y cultural de la Nación que no haya sido influenciado por una ola neoliberal ejecutada con ahínco por el menemismo. No hubo excepciones y se construyó un sistema de relaciones que asoció en términos reales a la mayoría de las fuerzas políticas. El Pacto de Olivos fue la consagración de esta política y representó la capitulación del alfonsinismo como concreción material y simbólica de la derrota de las esperanzas democratizadoras de la sociedad.
El propio indulto a los genocidas y a dirigentes de las organizaciones revolucionarias recoge la peor cara del radicalismo recuperando de hecho la teoría de los dos demonios para soslayar las responsabilidades de un capítulo trágico de la historia argentina.
En los años 90 se popularizó la canción de Pocho La Pantera “El hijo de Cuca” que dio lugar a que un grupo del peronismo revolucionario, las Unidades Básicas Revolucionarias “Juan Domingo Perón” a través de un afiche callejero lo identificara a Menem como “el Hijo de Cuca” para señalar su traición al programa electoral que proclamaba la revolución productiva y el salariazo y su giro copernicano hacia el paradigma neoliberal.
El afiche del Hijo de Cuca, que expresaba una minoritaria pero firme voluntad opositora al fraude menemista, decía: A Menem nosotros (el pueblo) lo pusimos ahí, lo hicimos presidente. No para que nos traicionara sino para que hiciera la revolución productiva y el salariazo. Pero nos traicionó, nos estafó. Se subió a la Ferrari y se hizo neoliberal.
El pueblo lo puso, el pueblo lo puede sacar. Sólo hace falta decidirse, lo demás viene por añadidura…
Pasaron muchos años, el Hijo de Cuca ya no está, pero muchas de sus obras perduran. El desafío ahora es recuperar la memoria y que, como en esta fría despedida, su recuerdo solo tenga un lugar privilegiado en la memoria popular para repudiar su gobierno. Y que esa memoria sea un insumo más para la recuperación de las conquistas perdidas y para la construcción de una patria justa, libre y soberana.
La verdad sobre el supuesto secuestro
del intendente de Bolsón, o cómo mienten
los medios
Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021.
En el video difundido por pobladores se ve claramente como un grupo de vecinas y vecinas que venían de combatir el fuego se acercan y le plantean respetuosamente, aun en la situación de desesperación en la que se encontraban, la falta de agua y recursos, necesidades y urgencias frente al avance de los incendios.
El intendente Pogliano (Juntos Somos Río Negro) es conocido por llegar desde el concejo deliberante, a un acuerdo con la compañía vinculada a “Joe” Lewis (Laderas S.A.), para desarrollar negocios inmobiliarios en la zona de Pampa de Ludden.
De esta manera se demuestran la calaña de los medios de comunicación, los montajes y desinformaciones a las que nos tienen acostumbrados los medios hegemónicos. Mienten descaradamente.
Fuente: Kolectivo Alpatako
La Bonaerense tiene 6 mil policías
activos denunciados por violencia
machista
Por Verónica Liso y Laureano Barrera, Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021.
En los últimos siete años, uno de cada nueve policías bonaerenses fue acusado de violencia de género. Cualquiera de ellos podría ser Matías Ezequiel Martínez, el femicida de Úrsula Bahillo. El porcentaje de sanciones expulsivas es escasa: más de un 80% de los investigados por Asuntos Internos siguen en funciones actualmente. A través de un pedido de información pública y el análisis de los datos oficiales, indagamos acerca de lo que pasa cuando la violencia machista se combina con el monopolio de la fuerza.
Matías Ezequiel Martínez, el policía bonaerense que hace cuatro días pasó a engrosar la interminable nómina de femicidas, no estaba solo. Otros 5.955 uniformados varones acusados de violencia machista entre 2013 y 2020 lo acompañan en una lista extensa. La cifra, que es oficial y a la que Perycia accedió a través de un pedido de acceso a la información pública, es muy alta: significa que en los últimos siete años, uno de cada nueve policías hombres ha sido denunciado en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) por ejercer violencia de género. A ese número hay que sumarle otro imposible de precisar: quienes nunca serán denunciados. Por miedo.
Hay un dato adicional que vuelve aún más inquietante el panorama: la escasa capacidad (¿y voluntad?) de autodepuración que existe en la Fuerza. Cada vez que un agente policial es denunciado por agredir a una mujer en una dependencia policial o judicial, se abre una Investigación Sumarial Administrativa (ISA) en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI). Pero la gran mayoría de ellos cumple una suspensión corta y se reintegra a la Fuerza: más del 80% de los casi seis mil agresores siguen en funciones actualmente. Con su arma reglamentaria en la mesa de luz, además de en la cartuchera.
Plegarias desatendidas
Los detalles del femicidio contra Úrsula Bahillo, la joven de 18 años, que se conocieron esta semana, no dejan lugar para la duda: sobraron pedidos de auxilio para que se pudiera evitar que Martínez, de 25 años, la asesinara en un predio baldío de las afueras de Rojas con no menos de 15 puñaladas. Ella lo había denunciado tres veces: el 9 de enero, el 28 de enero y el 5 de febrero de este año. Él tenía, además, denuncias de al menos otras dos mujeres.
Foto: Matías Adhemar.
Los expedientes abiertos luego de las denuncias de Úrsula y su mamá quedaron a cargo del juez Luciano Callegari, del Juzgado de Paz local, y del fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Junín, quien además ahora deberá investigar su femicidio.La mañana de su muerte, el juez Callegari solicitó una restricción de acercamiento de 200 metros, la vigilancia periódica de la policía por la casa de Úrsula y un botón antipánico. Horas más tarde, Martínez se la llevó en su auto particular hasta el lugar donde la encontraron muerta.Antes del hostigamiento a Úrsula, al menos otras dos mujeres habían denunciado a Matías Ezequiel Martínez por violencia de género. Belén Miranda en 2017 y Florencia Veloz, su ex pareja y también policía. En abril del año pasado, un tiempo después de separarse, Florencia supo que Martínez había abusado sexualmente de su sobrina, que es menor de edad.
En diciembre de 2020, la niña declaró en Cámara Gesell y el fiscal Sebastián Villalba, de la localidad de Mercedes, pidió la detención de Martínez. Pero una vez más, el policía siguió en libertad.“Para mi sobrina no hubo ninguna contención de la Justicia y él siguió en servicio, portando su arma, hasta septiembre del año pasado, cuando ya se había hecho la denuncia por abuso”, le dijo Florencia a Página 12. Además contó que se había comunicado con Úrsula unos días antes de su muerte: “pobrecita, yo le agradecí porque ella me dijo que iba a aportar pruebas en la causa por el abuso de mi sobrina”.Queda claro que el poder judicial debe corregir con urgencia al menos dos factores: la demora en los procesos, y la falta de perspectiva de género de sus funcionarios y funcionarias.
¿Pero qué parte le toca a Asuntos Internos? Por ninguna de las denuncias en su contra Martínez fue sancionado por sus superiores. Al contrario: se limitaron a trasladarlo a otra comisaría y fue el propio Martínez quien en septiembre pasado se apartó voluntariamente solicitando una carpeta psiquiátrica. En la comisaría de la Mujer de Rojas, a Úrsula no le tomaron la última denuncia porque «era fin de semana». Ahora, el Ministerio ordenó investigar esa repartición. Los datos a los que accedió Perycia también tienen su correlato: 21 de los policías trabajaban en la Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados por violencia de género.
Los otros seis mil
A través de un pedido de Acceso a la Información Pública al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Perycia obtuvo hace una semana datos oficiales sobre los sumarios por violencia de género abiertos por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) entre 2013 y 2020. Los datos son preocupantes. En esos siete años, se iniciaron 5955 sumarios contra hombres de la Bonaerense: uno de cada quince teniendo en cuenta los 51.917 hombres que integran la Fuerza. En 364 de esos casos, ya tenían medidas de sanción previas.
De los 5602 restantes, según los datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad, fueron sancionados y expulsados sólo 984. Significa que en este momento 4618 siguen en funciones: más del 80%.
Según Asuntos Internos y el área de género del Ministerio de Seguridad, existe un protocolo para investigar las denuncias por violencia de género dentro de la Bonaerense. La norma 2277/12 «para la evaluación y tratamiento del personal» data del año 2012, y habilita a que los hombres denunciados sigan con sus tareas habituales mientras se investiga. Hoy en día, según confían a Perycia fuentes de esa cartera, una investigación exitosa y con perspectiva de género demora alrededor de ocho meses. Aunque es un lapso muy largo para una mujer en potencial peligro, la regla es que sea más tiempo: hay cuatro instructores para abarcar toda la provincia.
Como puede verse en el gráfico, durante la gestión en Seguridad de Cristian Ritondo, las instrucciones sumariales crecieron sensiblemente. Pero las meras denuncias, más allá de títulos para los diarios, no contribuyeron a depurar la Fuerza: el porcentaje de cesanteados o exonerados fue proporcionalmente más bajo que en los años anteriores.
El cierre de una ISA tiene dos caminos posibles: sanción o expulsión. Como ya se dijo, menos del 20% son expulsados (se dividen entre exonerados, que no pueden volver, o cesanteados, que luego de dos años pueden pedir la reincorporación). Para el universo mayoritario de los sancionados, el castigo que les espera es ser apartados por un tiempo breve -durante el que se cobra la mitad del sueldo-, y asistir a un curso de capacitación en género al que llaman “pena accesoria”. Las fuentes consultadas por esta agencia confiaron que su enfoque «estaba muy desfasado y la calidad es baja», y los datos de Asuntos Internos sólo consignan que 83 efectivos recibieron capacitaciones, y son aquellos que tienen sumarios abiertos entre el 2013 y el 2017.
Foto: Matías Adhemar.
Letalidad policial
Según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, durante el 2020 hubo un femicidio cada 29 horas y el 5% de los agresores integraban alguna fuerza de seguridad. Muchas de las víctimas habían hecho denuncias anteriores o medidas judiciales en curso.
La Comisión Provincial por la Memoria afirma que el hecho de ser funcionario policial no puede eludirse. La base de datos sobre uso letal de la fuerza policial, que construye la Comisión sobre la provincia de Buenos Aires, muestra que entre 2016 y 2019 fueron asesinadas 43 mujeres. De ese total 21 casos fueron femicidios; es decir que el 50% de las muertes de mujeres por uso letal policial fueron por razones de género.
“Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más”, resuena la voz de Úrsula en uno de los últimos audios que mandó por WhatsApp. Para ella es demasiado tarde. Tal vez no para las otras seis mil víctimas en riesgo.
Fuente: ANRed – Fotos: Matías Adhemar
Encuestas, lobby y contradicciones
por el inicio de clases presenciales
en pandemia
Por Ramiro Giganti, Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021.
Durante los últimos meses se viene ejerciendo una fuerte presión desde los medios hegemónicos para que se inicien, cuanto antes, las clases presenciales. Incluso se publicaron resultados de encuestas para refrendar la postura e instalarla como mayoritaria. Sin embargo, una encuesta realizada recientemente, ya con algo mas de información sobre las condiciones protocolares y la actualidad de la pandemia, arroja un resultado distinto al instalado.
El pasado 30 de enero el diario La Nación publicó una nota titulada «el 65% de la población cree que las clases presenciales deben empezar si o si». La nota estaba apoyada en una encuesta telefónica realizada por la consultora Poliarquía, con una muestra de 1247 personas entrevistadas. Con tan solo 8 preguntas, la encuesta tiene un tiente mas político que sanitario ya que entre las pocas preguntas se indaga sobre la «presión sindical» al preguntarle a la persona entrevistada si cree que una postergación sería por cuestiones sanitarias o presión sindical, obteniendo como respuesta mayoritaria la segunda opción. Resulta curiosa la pregunta y respuesta mayoritaria cuando al momento de realizarse dicha encuesta todavía no había ningún anuncio de medida de fuerza por parte de los sindicatos.
Algo similar había ocurrido semanas antes cuando el medio Infobae había publicado, el pasado 15 de enero, una encuesta realizada en diciembre cuando se tenía escaso o nulo conocimiento de las condiciones sanitarias y edilicias y del momento de la pandemia (infecciones, muertes, vacunas aplicadas) para febrero. La encuesta fue realizada por la consultora Opinaia, caracterizada por el medio como «una consultora de investigación especializada en mercado y opinión pública», Opinaia fue una de las consultoras mas expuestas en 2019 por el papelón estadístico al publicar resultados muy diferentes a lo que inmediatamente después sucedería con las elecciones primarias. Algo similar había ocurrido con una encuesta de Poliarquía publicada por Infobae en julio de 2019 donde señalaba que el, entonces presidente, Mauricio Macri estaba creciendo en la intención de voto lo que generaría un escenario de ballotage, algo que no sucedió.
Sin embargo, una encuesta mas reciente arroja otro resultado en la opinión al respecto del inicio de clases presenciales.
La encuesta, realizada por instituciones vinculadas a la Universidad de Quilmes, se realizó con una muestra de 2.258 personas entrevistadas enfocadas en el corredor AMBA. En dicha encuesta se realizaron 43 preguntas dedicadas principalmente a la relación entre la situación sanitaria, las condiciones protocolares para la prevención y la opinión sobre las condiciones para el inicio de la presencialidad. En esa encuesta ante la pregunta si habría que esperar a que la totalidad o la mayoría del personal docente esté vacunado antes de empezar la presencialidad el 73% respondió de manera positiva, mientras que el 27% lo hizo de manera negativa afirmando que las clases deberían empezar aunque el personal docente no esté vacunado.
Otra pregunta vinculada a la cuestión sanitaria y que tiene relación con el inicio de clases presenciales, aunque de manera mas indirecta, está vinculada a las personas mayores y población de riesgo. Al consultar sobre si habría que esperar a tener a las personas mayores de 60 años vacunadas y así evitar el riesgo de contagio de personas mayores antes del inicio de clases, el 68% respondió de manera afirmativa mientras que el otro 32% respondió que las clases deberían empezar aunque los mayores no estén vacunados.
En otro tema relacionado y vinculado a las libertades y el derecho de cada familia a decidir sobre su cuidado arrojó un resultado todavía mas contundente: un 74% respondió que cada familia debería poder decidir si acepta o no enviar a sus hijos/as a clases presenciales o continuar con clases virtuales, mientras que el 26% restante se manifestó a favor de que sea obligatoria la asistencia a clases presenciales.
Para mayor información, el informe preliminar de la encuesta se encuentra disponible, al igual que la posibilidad de descargarlo en formato PDF.
Fuente: ANRed
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario