Denuncian que la Policía de la Ciudad detuvo a dos
trabajadores de la salud que reclamaban pacíficamente
Este martes, en el marco de una protesta de los trabajadores de la salud en el Ministerio de Salud de la Nación por las condiciones de trabajo en los hospitales, organizaciones políticas y sociales denunciaron que la Policía de la Ciudad detuvo a dos personas que estaban manifestándose pacíficamente. Todavía están presas y no se conoce su paradero.
Una de las que alertó más temprano sobre la situación fue Myriam Bregman, legisladora porteña del FIT, quien subió videos de las detenciones a las redes sociales y afirmó: «Dos trabajadores de la salud reclamaban por sus condiciones de trabajo y fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Tacuarí 770. Desde la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires exigimos su libertad».
«Les dicen esenciales pero los tratan así después de poner el cuerpo durante un año enfrentando la pandemia de #COVID19. Ellos y ellas no pudieron decir #QuedateEnCasa. Trabajadores de la salud detenidos como respuesta a sus legítimos reclamos», agregó Bregman, adjuntando fotos de un patrullero de la Policía de la Ciudad llevándose a los manifestantes.
Luego, se conocieron las identidades de los detenidos y la legisladora pidió la «inmediata libertad» de Elena Amarilla, del Hospital Gutiérrez, y Franco Antequera, del Hospital Piñero. La Garganta Poderosa, revista que se ocupa de los barrios populares, difundió el hecho e informó que a la noche hubo una manifestación para pedir que liberen a los presos.
Alejandrina Barry, también legisladora porteña por el FIT y militante en la Villa 21-24, agregó: «Desde las 14hs los dos enfermeros están detenidos, no nos dan información de la liberación. Estamos acompañando a sus compañeros. Legisladores de la oposición, dirigentes de sindicatos, tendrían que estar aquí para ayudar a que los liberen inmediatamente».
El ex juez de la Corte Suprema reafirmó que en la Argentina hay presos polïticos. Al respecto, propuso una «ley de amnistía» para los dirigentes kirchneristas que están detenidos.
El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, se pronunció hoy a favor de sancionar una «ley de amnistía» para ex funcionarios del kirchnerismo que están detenidos y que, para ese espacio político, son «presos políticos».
Zaffaroni señaló que se debe «establecer cuáles son las características generales del lawfare (término con el que se refiere a la «guerra judicial») y sobre la base de esas características hacer una ley de amnistía».
«Me pregunto si es la mayoría de la población la que piensa que los fallos contra los referentes kirchneristas están bien. Supongo que el Presidente (Alberto Fernández) está esperando que se produzca una reacción pública», dijo el jurista en declaraciones radiales.
El ex juez de la Corte se expresó de esta manera luego de que otra figura vinculada al kirchnerismo duro como es Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de Cristina Kirchner, propusiera que el Presidente, en ejercicio de sus facultades, indulte a los dirigentes condenados o con causas abiertas.
En cambio, Zaffaroni planteó que «en el ámbito del Poder Legislativo, para sacarle de encima toda la responsabilidad al Presidente, tendría que componerse una comisión parlamentaria de la verdad y convocar personas que son incuestionables en el país y poner blanco sobre negro» para «establecer cuales son las características generales del lawfare y sobre la base de esas características hacer una ley de amnistía».
Indulto
Por su parte, Milagro Sala le pidió a Alberto Fernández ser indultada. Lo hizo tras la decisión de la Corte Suprema de dejar firme una condena.
La dirigente de la Tupac Amaru reclamó por su situación judicial, tras la decisión del máximo tribunal de Justicia de dejar firme una condena, y le pidió al presidente Alberto Fernández que la indulte a ella ya sus compañeros que están presos desde el 2016.
También, advirtió sobre las irregularidades que suceden en Jujuy por complicidad entre el gobernador Gerardo Morales y la Justicia jujeña.
«Después de lo que sacó la Corte Suprema terminó de decir que la Justicia no está funcionando bien el país. Da mucha indignación porque parece que es la batalla de el gobierno nacional contra la Corte Suprema”, disparó la dirigenta social en declaraciones radiales y arremetió: “Me hago cargo de lo que estoy diciendo, si Alberto Fernández hubiese tomado las cosas desde un principio apenas asumió como hizo Arce en Bolivia. En Argentina lamentablemente no pasó eso”.
Criticó con dureza a la dirigencia política del Frente de Todos: «Dicen unidad y que tenemos que volver todos juntos pero la derecha no descansa. La derecha y el neoliberalismo siguen avanzando”. “Si los que gobiernan no entienden esto, ¿Quiénes nos están gobernando a nosotros? Esto no es por Milagro Sala, es por todos los presos políticos del país”, sentenció.
Fuente:Ag.IP
A casi 26 años de la caída del helicóptero
La causa por la muerte de Carlos Menem Junior, al borde del cierre
Imagen: Télam
El deceso de Carlos Menem reactualizó el caso de la muerte de su hijo Carlos Menem Junior. La realidad es que el expediente judicial sigue abierto, pero al borde del cierre, cuando se están por cumplir 26 años de la caída del helicóptero entre Ramallo y San Nicolás. Zulema Yoma había puesto en duda que el cuerpo enterrado en el cementerio islámico fuera el de su hijo, pero se hizo una reautopsia, con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la que se comprobó, a través del ADN, que todo el cuerpo corresponde a Carlitos. La otra medida adoptada por la justicia fue una pericia fotográfica sobre los restos del helicóptero. La voz cantante la tuvieron peritos del Conicet de Tucumán que no modificaron la conclusión judicial: que Junior piloteó bajito el helicóptero, jugueteando con dos modelos que iban en un auto en la ruta, se enredó en los cables -como le ocurrió a Jorge Brito recientemente- y se precipitó a tierra. No hubo atentado, fue un accidente.
Quien da la batalla por la hipótesis del atentado es, desde siempre, Zulema Yoma. Hacia el final de su vida, Carlos padre, en proceso de reconciliación con su exesposa, acompañó tímidamente los reclamos de Zulema, pero quienes estuvieron cerca del exmandatario siempre dijeron que estaba convencido que lo de su hijo fue un accidente. A tal punto que ni siquiera se hizo una autopsia al principio y recién se concretó en 1996, con casi 20 forenses presentes. El dictamen fue que Junior murió por los golpes de la caida.
El juez Carlos Villafuerte Ruso cerró la instrucción concluyendo que no hubo delito; su fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario y el expediente llegó a la Corte Suprema, que no abrió el recurso.
Sin embargo, Zulema planteó el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde, por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, se llegó a un acuerdo: se convino en hacer dos medidas adicionales, la reautopsia, y en segundo plano, la pericia fotográfica.
Zulema, representada por el abogado Juan Labaqué, designó forenses de parte y en el análisis del cuerpo de Carlitos participaron integrantes del EAAF, del Cuerpo Médico Forense y del Conicet. La cuestión a develar era que el cuerpo enterrado en el Cementerio Islámico -según Zulema- no era de su hijo y que sobre todo el cráneo fue intercambiado. La versión era que Junior tenía un disparo en la cabeza y ese disparo no aparecía en el cráneo enterrado. Se tomaron muestras de todo el cuerpo, desde el cráneo hasta los pies, pasando por costillas y otras partes. Se confirmó en todos los casos que se trataba del cuerpo de Junior y se verificó nuevamente que no había disparos.
La pericia fotográfica fue más controvertida. Participaron peritos del Conicet de Tucumán que analizaron todas las fotografías e imágenes del helicóptero, tomadas ni bien cayó el aparato. Originariamente hubo dos pericias, de la Fuerza Aérea y de la empresa Bell, fabricante del helicóptero, junto a un especialista en accidentes del estado norteamericano. Ambas pericias concluyeron que se trató de un accidente. Después, los restos de la nave se devolvieron a la familia Yoma, propietaria del aparato, y se guardaron en un depósito, en el que estuvo sin custodia durante ocho meses. La base de los cuestionamientos fue una pericia posterior, hecha por la Gendarmería, que percibió restos de proyectil. Sin embargo, Villafuerte Ruso se basó en los numerosos testigos que señalaron que Carlitos piloteaba el helicóptero muy bajito, con total control del aparato, jugueteando sobre la ruta. Hubo un testigo que contó que se le voló la gorra que tenía puesta y otro relató que el helicóptero no superaba la altura de un cartel de Shell de la ruta. Por supuesto que ni un solo testigo dijo haber escuchado disparos
Hay evidencias contundentes de que Junior y el corredor Silvio Oltra abordaron el Bell en Don Torcuato. Pasaron a buscar a una conocida modelo por un country de Benavidez y emprendieron el rumbo hacia Rosario. Sin embargo, la chica se sintió mal por la forma en que se estaba pilotando el helicóptero y pidió bajarse. Por eso terminó descendiendo en San Pedro y continuó viaje con otra chica en un Fiat Uno. Más adelante en la Ruta 9 ambas vieron que se había producido el accidente. Una de ellas bajó, pero de inmediato regresó al vehículo y se fueron.
Lo que había sucedido es que, como en el reciente caso de Jorge Brito, al volar bajito y sobre la ruta, el aparato se enganchó en los cables y cayó a tierra. Ninguna de las constancias del expediente cambiaron con la pericia realizada por el Conicet de Tucumán, es decir no se visualizó nada que tenga que ver con proyectiles. El abogado de Zulema, Labaqué, se enojó con los peritos y los denunció después de una serie de choques verbales.
A casi 26 años de la caída del helicóptero, el 15 de marzo de 1995, la causa está al borde del cierre. La familia Oltra -Junior y Silvio Oltra iban a una competencia en Santa Fe-, desestimó la hipótesis del atentado. El abogado que los representó, Arturo Goldstraj, siempre sostuvo que se trató de un accidente producto de que Junior piloteó de forma imprudente el helicóptero.
Fuente:Pagina12
Los salarios pierden contra otros
precios
Por Julio C. Gambina, RedEco, Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021.
La inflación para enero del 2021 en Argentina fue del 4%, que anualizado alcanza al 38,5%, un registro mayor que los 12 meses del 2020 (36,1%) [1]. El fenómeno de la inflación está nuevamente en alza, respecto de la tendencia decreciente del 2020 con respecto de la situación de fines del 2018 y del 2019 (47,6% y 53,8% respectivamente). Se trata de un tema preocupante por la especificidad respecto de otros países de la región y del mundo, donde la evolución de los precios no supera el dígito. En rigor, solo Venezuela presenta una inflación superior a la de la Argentina.
La inflación no golpea a todos por igual, ya que es un mecanismo más de distribución (regresiva) del ingreso, o si se quiere, es una manifestación de la lucha de clases entre perceptores de salario por un lado y de ganancia por el otro. Es, en definitiva, la expresión fenoménica de la distribución de los ingresos entre los propietarios de los medios de producción y quienes solo tienen para ofrecer al mercado su fuerza de trabajo.
El orden capitalista define la distribución de los ingresos según la lógica de apropiación privada que subordina la organización de la producción a la dominación del capital.
¿A cuánto ascenderá la inflación a fines del 2021?
Según el Presupuesto aprobado para este año alcanzará un 29%, aun cuando el Ministro de Economía sugiere que la inflación podría ir bajando de a un 5% por año, por lo que el objetivo gubernamental oscila en valores un poco superiores a ese valor presupuestado. Igual, parece de difícil cumplimiento ante las alzas de precios, “reacomodamientos” según explican las autoridades. El ministro critica a los profesionales de la economía, financiados por el capital, que auguran, desde hace rato, una espiral inflacionaria, incluso la hiperinflación. Estos economistas y asesores, que remiten a la concepción liberal, de derecha, son funcionales a la lógica política que promueve la libertad de mercado, alentando el ajuste fiscal y la regresiva reestructuración de las relaciones laborales. Son voceros de la ampliación de la apropiación de ganancias y su acumulación.
En ese marco es que las reuniones del gobierno con organizaciones sindicales en estas horas pretenden morigerar la demanda salarial en torno al objetivo del gobierno, aun cuando se señala que las negociaciones colectivas son libres. Igual, no todas las trabajadoras ni los trabajadores integran el lote de las organizaciones que definen sus ingresos en paritarias con las patronales. Pero como esas negociaciones son una referencia económica, pero también política, en tanto y en cuanto son parte de la contención del conflicto, resulta clave para el gobierno arrancar el compromiso de las direcciones sindicales afines. Para estos, se trata de defender al gobierno “propio” del embate opositor liberal.
Con un mismo sentido, el gobierno habilitó el diálogo con los principales dueños y emisarios de las grandes empresas, los que definen los principales precios. El objeto también apunta a solicitarles morigeren su apetencia de remarcación. Es una apelación a la voluntad de un núcleo social, que a priori no confía, ni siente como propio al gobierno, aun cuando se expliciten definiciones y políticas gratas a los oídos y expectativas de las/os empresarias/os. Remito al resultado del cónclave con la Mesa de enlace que parece alejar la presión relativa al crecimiento de los aranceles, o al guiño para contener la demanda de actualización de ingresos salariales y previsionales.
El diálogo con centrales y sindicatos, por un lado, y con empresarios por el otro, pretende conciliar los intereses del capital y del trabajo para abordar a corto plazo un “acuerdo de precios y salarios” en la coyuntura. Será esa la base para un “pacto social” más amplio y duradero que apunte sobre cuestiones estructurales del proceso de producción y circulación para frenar la elevada inflación en el país, muy lejos de la que se presenta en la mayoría de los países. El verbo más usado por el ministro Guzmán apunta a “tranquilizar” la economía, lo que supone contener el conflicto que manifiesta el recurrente alza de los precios.
Salarios, precios, micro y macro
Preocupa la información sobre inflación por el impacto económico social, por la menor capacidad de compra de los ingresos de los asalariados, ya que en otro informe oficial[2], a diciembre del 2020, se señala que:
“El índice de salarios total registrado acumula, en los últimos 12 meses, un aumento de 31,6%, como consecuencia del incremento de 34,4% del sector privado registrado y un aumento del 26,8% del sector público.”
Ese 31,6% de actualización de los salarios registrados durante el 2020 es menor que la evolución en 36,1% de los precios para todo el año pasado. Más grave es el tema para trabajadoras y trabajadores del sector público, verificando el ajuste en el gasto público a costa de ingresos del personal estatal. La información amplia diciendo:
“El índice de salarios total mostró un crecimiento de 33,0% en los últimos 12 meses, como consecuencia de la suba del 31,6% del total registrado y de 39,0% del sector privado no registrado.”
Ese 33% sigue siendo menor que la evolución de los precios para todo el 2020 (36,1%) y se estira sobre el guarismo antes mencionado por el peso que adquieren los ingresos del sector privado no registrado.
Por su parte, dentro del 38,5% de crecimiento anualizado de la inflación, hay que notar un crecimiento de los precios de los alimentos en un 42,3%; de la vestimenta y el calzado del orden del 60,5% y de equipamiento del hogar del 43,6%. Por ende, los sectores que perciben ingresos fijos, los asalariados entre ellos, más propensos a gastar sus ingresos en alimentos y otros rubros de primera necesidad, ven achicar su capacidad de compra y satisfacción de necesidades. Incluso, más allá de los precios, la pérdida de derechos en educación o salud, crecientemente mercantilizados, deteriora la posibilidad de acceso a bienes y servicios para la familia trabajadora.
Aunque no se disparen los precios de la salud o la educación, al ser mercancías, configuran un precio que limita la capacidad de gasto de la familia trabajadora.
El precio de la fuerza de trabajo (salario) se actualiza por debajo del conjunto de los precios y especialmente de los alimentos. Pero, hablando de precios relativos, el tipo de cambio (el precio de las divisas) que interesa especialmente a exportadores se ajustó durante el 2020 por encima del índice general de precios. En efecto, si el dólar minorista cotizaba a 62,99 pesos al 30/12/2019, un año después, al 30/12/2020 cotizaba a 89,87 pesos, un 42,67% más. Los salarios y más aún, los ingresos populares pierden contra el promedio de los precios de la economía (36,1%) y contra la cotización del dólar (42,67%).
Durante enero del 2021, sin registro aun para la evolución salarial, la inflación anualizada señala un 38,5%, la evolución del dólar minorista entre fines de enero del 2020 y el mismo mes del 2021 alcanzó un 47,07% (de 62,99 a 92,70 pesos por dólar). Por lo tanto, en materia de precios relativos, el precio de la fuerza de trabajo pierde contra el promedio de los precios, especialmente contra alimentos y otros bienes y servicios de primera necesidad; y por supuesto, contra el dólar, un precio de referencia e importancia en el país, no solo para exportadores, sino para la especulación financiera.
Ese menor precio relativo de la fuerza de trabajo interviene en una distribución regresiva de los ingresos a favor de la ganancia, ya que el total de la renta nacional mide los ingresos de los propietarios de los medios de producción (ganancia y renta) y de quienes solo tienen para ofrecer al mercado su fuerza de trabajo (salario).
De ese modo, menores salarios significan mayores volúmenes de ganancias y rentas, categorías que están en la base de la puja distributiva. El tema se agrava con la recesión, ya que los perceptores de ganancia o renta no quieren resignar ingresos, siendo el único camino posible el achicamiento del precio de la fuerza de trabajo, la que se ubica por debajo del valor necesario para comprar la canasta necesaria para reponer esa fuerza laboral y la de la familia trabajadora.
Por ello, si se pretende definir las causas de la inflación, más que observar la evolución de los salarios e ingresos populares, hay que detenerse en rentas de la propiedad y ganancias del capital, aunque claro, este sería el mundo de la microeconomía, de las relaciones entre empresarias/os y trabajadoras/es, supuestamente inaccesible para la política estatal. Es una cuestión teórica en la que coincide la mayoría de los profesionales de la economía. Así, el capital identifica el problema inflacionario en el Estado, más precisamente en la política económica, o sea, a la macroeconomía. Es lo que les dijo, entre otras cuestiones Martín Guzmán a los empresarios en su reunión, que motivó el aplauso de los presentes. Fue el único ministro aplaudido, porque en el diagnóstico confirmaba el discurso empresario, endosando a la macroeconomía, o sea al Estado, la responsabilidad principal por la inflación.
Diálogos, consensos y disputas
El ministro insiste en que su objetivo es tranquilizar la economía y para eso necesita estabilizar la macroeconomía, con equilibrio fiscal en la tendencia enunciada de los próximos años (-4,5% para 2021) y equilibrio externo para recuperar reservas internacionales, necesarias para hacer frente a obligaciones con acreedores externos. Allí están las motivaciones para acordar con el FMI y poder acceder nuevamente al mercado mundial de crédito, tal como se intenta con todo el mecanismo de negociación de deuda, sea la nacional, las provinciales, e incluso como se vio en estos días con YPF. Todo es una cuestión de confianza.
La aludida “confianza” de los “mercados” es en definitiva una cuestión política en el capitalismo, que en el plano de la economía se dirime en la apropiación de la renta socialmente generada entre propietarios con intereses contrapuestos, los de los medios de producción y quienes solo tienen la capacidad de vender su fuerza de trabajo.
El imponderable de la política es que, si bien es lícita la búsqueda de consensos, lo es también la disputa por lo propio, que, de nuevo, es manifestación de la lucha de clases
Fuente: RedEco
Denuncian despidos masivos en el
programa educativo “Acompañar”
del Ministerio de Educación de Nación
Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021.
La asamblea de trabajadoras y trabajadores del Programa de Acompañamiento Sociocomunitario a las Trayectorias Educativas (ex «Asistiré») – incorporado en el marco del Programa Acompañar Puentes de Igualdad, dependiente del Ministerio de Educación, a cargo de Nicolás Trotta – denuncian más de 100 despidos, sólo en Provincia de Buenos Aires. «A fin de 2020 nos aseguraron continuidad laboral a través de un mail para todo el ciclo lectivo 2021. Hace una semana nos enteramos que nuestra re contratación dependía de arreglos con cada municipio. Solo 43 compañeras y compañeros, de casi 200, recibieron un mail con la novedad de la recontratación. Nadie nos informa ni nos comunica nada. Somos en un 90% mujeres, del cual un 80% somos madres, estamos gestando, sostenemos nuestro alquiler y nuestro plato de comida con este laburo. Esto es violencia inexplicable frente a esta situación de incertidumbre», remarcan.
Así lo sostuvieron en un comunicado: «denunciamos el despido de más de 100 compañeros y compañeras, sólo en Provincia de Buenos Aires«. El programa fue promovido «por el Ministerio de Educación de Nación en el año 2018, con el objetivo de trabajar en escuelas, a lo largo del país, para trabajar con los y las estudiantes de escuelas secundarias que habían abandonado sus estudios o presentaban dificultades en el sostenimiento de sus trayectorias educativas, generando así una red territorial, institucional y ministerial para restituir derechos», ampliaron desde la asamblea.
En la misma línea, agregan: «los y las trabajadoras fuimos contratadas bajo la modalidad de monotributo, haciendo que cada dos, tres y a veces seis meses nuestro puesto de trabajo se encuentre en peligro, demorando el cobro en cada renovación». En esa línea, apuntaron contra la actual administración educativa, a cargo del ministro Nicolás Trotta: «les trabajadores estuvimos sin lineamientos claros de trabajo, en el medio de una pandemia, sin cobrar hasta cuatro meses, sosteniendo intervenciones profesionales en los barrios, casi sin conocer a nuestras autoridades. A fin de año de 2020 nos aseguraron continuidad laboral a través de un mail para todo el ciclo lectivo 2021. Hace una semana nos enteramos que nuestra re contratación dependía de arreglos con cada municipio. Ahora con el correr de los días sabemos que esto no es así. Solo 43 compañeres de casi 200 recibieron un mail con la novedad de la recontratación».
«Nuestras autoridades – el Ministro de Educación Nicolas Trotta, la subsecretaria de Cultura y Educación Laura Sirotski, el Director Nacional de Inclusión y Extensión Educativa Ariel Zysman, la Directora de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria Natalia Peluso y la Coordinadora nacional del Programa de Acompañamiento Sociocomunitario a las Trayectorias Educativas Eugenia Castiñeiras – no contestan mails, notas ni publicaciones – denuncian – Nadie nos informa ni nos comunica nada. Les compañeres somos en un 90% mujeres, del cual un 80% somos madres, estamos gestando, sostenemos nuestro alquiler y nuestro plato de comida con este laburo. Esto es violencia inexplicable frente a esta situación de incertidumbre. Decidimos que estas palabras sean de todes, que nos ayuden a visibilizar la situación y nos acompañen al ministerio los próximos días», culmina el comunicado, donde además dejan un mail para comunicarse con la asamblea: asambleaterritorialesasistire@gmail.com
Fuente: ANRed
Envio:RL
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