Mujeres mbya reclaman intervención
judicial en casos de violencia
Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021.
Denuncian que la Justicia de Pozo Azul no interviene en las situaciones de acoso sexual porque los jueces alegan que son problemas internos de la comunidad y deben solucionarlos entre ellos.
Un grupo de mujeres del pueblo originario mbya guaraní de Tekoá Arandú de Pozo Azul “Kuña mbarete”, reclama porque la Justicia no actúa ante los innumerables casos de violencia de género. Los jueces alegan que “son cosas internas de la comunidad” mbya, cuando también son ciudadanas argentinas amparadas por la Constitución Nacional, la Provincial y las leyes.
A pesar de las denuncias realizadas por casos de maltrato y abusos, los victimarios salen en libertad a las pocas semanas, mientras que sus víctimas continúan internadas por los golpes recibidos.
En los casos donde sí hubo intervención judicial, los trataron no como violencia de género sino como “peleas domésticas que tienen que arreglarse en la familia”.
“Es ridículo que digan que nos tenemos que arreglar entre nosotros. Nuestro cacique no tiene las herramientas legales ni las instituciones que puedan resolver y sancionar este tipo de delitos”, dijo a PRIMERA EDICIÓN, Liliana Frías.
Por ello, el viernes se reunieron para elaborar un manifiesto. En el mismo solicitan al Municipio de Pozo Azul que se declare en “emergencia por violencia de género”. Según explicó Frías, presentarán el documento ante el Tribunal Superior de Justicia.
La violencia se incrementó con la pandemia
Según contó Frías, siempre hubo violencia de género en la comunidad pero “desde que se decretó el aislamiento por la pandemia es impresionante como aumentó. Los tipos tomaron riendas sueltas, empezaron a tomar mucho más alcohol que antes y volvían a sus casas para golpear a sus parejas”.
Es por eso que piden desesperadas que la Justicia de Pozo Azul actúe, ya que “son situaciones completamente nuevas que no sabemos cómo manejar”, sostuvo.
El último caso registrado
Días atrás, una joven mbya de 21 años fue víctima de acoso sexual cuando recibió una propuesta sexual a cambio de un puesto como promotora de salud para la comunidad de Pozo Azul.
Según lo relatado, el hombre de más de 40 años tiene un prontuario de violencia por enfrentamientos con otros miembros de la comunidad, además que varias mujeres de la comunidad lo señalaron como acosador.
Al recibir estos mensajes a través de las redes sociales, la joven acudió de inmediato al cacique de Tekoa Arandu, Epifanio Chamorro, quien la acompañó a realizar la denuncia en primera instancia en la Policía de Pozo Azul. Allí les aconsejaron hacer lo mismo en el Juzgado de Paz de Pozo Azul.
Así lo hicieron, y ahora están aguardando la respuesta sobre este hecho.
La joven quedó traumatizada, angustiada y preocupada por su situación, mientras el agresor continúa libre.
Como este hecho, Frías narró muchos más y peores: hombres que descargan su furia contra mujeres quienes, en su mayoría, son sus parejas. Muchas de ellas debieron ser internadas por la gravedad de los golpes y, a pesar de las insistentes denuncias, los victimarios no recibieron la sanción penal correspondiente.
Fuente ANRed
Chubut: imputan a dos vecinas de
Diadema por pedir agua
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2021.
Alejandra y Rossana son dos vecinas de Diadema Argentina, en Comodoro Rivadavia, que han recibido notificaciones por reclamar por 20 días sin agua, adjudicándoles el “delito de corte de ruta”. La protesta se dio la semana pasada junto a un grupo de aproximadamente 50 vecinos y vecinas, que al ser ignorados por las autoridades locales, salen a la ruta provincial N° 39 buscando ser escuchados.
Con la protesta lograron que vuelva el agua, que funcionarios municipales se comprometan a resolver el tema y que se ponga en discusión un tema solapado: ¿cuánta agua utiliza la empresa petrolera del barrio, CAPSA, y a qué precio paga el metro cúbico de agua potable? Además, se pusieron en el centro otros temas, como la contaminación por el uso de químicos, la ausencia de obras, las diferencias sociales y la poca tolerancia entre vecinos y vecinas. A esto, este jueves se sumó la criminalización de la protesta, dado que dos vecinas reciben en su domicilio una cédula notificándolas por cortar la ruta, además de acusarlas de no querer identificarse.
Ambas vecinas se muestran afligidas por las acusaciones ya que son las únicas entre un grupo importante que salieron a manifestarse y, más allá de que las cédulas que realizó la policía provincial estaban mal elaboradas, la notificación condena, buscando convertir la protesta de vecinos y vecinas por falta de agua en un hecho delictivo. Es importante destacar que la falta de agua es un problema en toda la ciudad, con cortes continuos que en algunos barrios se extienden por varios días, mientras que la industria petrolera – explotada por Compañías Asociadas Petroleras (Capsa-Capex) – utiliza grandes cantidades de agua dulce sin control aparente, según las respuestas que hemos logrado.
La reunión del miércoles 10 de febrero mostró un clima de tensa calma entre vecinos, vecinas, un funcionario municipal e integrantes de la Cooperativa de Viviendas de Diadema Argentina (CoViDiar). Al finalizar, hay nuevas esperanzas y el compromiso municipal de la compra de una bomba que solucionaría parcialmente el problema. Mientras tanto deben realizar informes técnicos y un proyecto que resuelva definitivamente la falta de agua.
Por lo tanto, la solución es imprecisa y se refleja en el enojo de un vecino y en el gesto apurado del funcionario que busca irse. No se mencionaron fechas, pero si algunos comentarios “para que el verano que viene no pase lo mismo”. También se escuchó que “habrá que ir a rezar a la iglesia”, según dijo otro, aunque reconoce la buena intención de la municipalidad.
Y es ahí cuando Alejandra y Rossana cuentan que están siendo acusadas por este reclamo legítimo, expresándoselo al comisario Gabriel Acosta, quien les remarca que han cometido un delito y que la fiscalía determinará la imputación.
La criminalización de una protesta por falta de agua alerta a la población en medio de un debate por el aumento del 60% en la tarifa de energía eléctrica, y en la intención de imponer medidores domiciliarios de agua en Comodoro Rivadavia, en un momento donde la crisis económica arrasa el bienestar de gran parte de la población. El tema es “que ahora ya casi no hay agua, el Lago se está secando”, denuncian vecinos y vecinas del barrio.
Fuente RedEco
En marzo restituirán los restos de
ocho ancestros a Punta Querandí
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2021.
Los restos óseos de ocho integrantes de los pueblos originarios de la región serán devueltos por el Gobierno bonaerense para ser reenterrados en los territorios de donde fueron excavados por arqueólogos. Es la restitución más masiva que se realiza en la provincia hasta la actualidad y el primer caso del área metropolitana.
“Me siento feliz porque nuestros antepasados van a ser devueltos a sus lugares de pertenencia”, declaró Santiago Chara del Consejo de Ancianos de Punta Querandí. Esta comunidad, desde hace más de 10 años, reclamó la recuperación de los cuerpos al área de Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, en una reunión virtual con organismos bonaerenses, nacionales y municipales realizada el pasado 9 de febrero, se acordó que la restitución sea el próximo 6 de marzo en la sede del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentran localizados los restos.
“Nos trataron como cosas y no como seres humanos”, advirtió Santiago al remarcar que “ahora estamos logrando el respeto hacia los pueblos originarios”. Fruto de años de lucha hoy existe otra voluntad política, remarcó el referente comunitario. “Para concretar este objetivo hubo mucho acompañamiento desde los tres Estados: Nacional, Provincial y Municipal”, afirmó.
El antropólogo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Fernando Pepe, precisó que los restos a devolver son un hombre de entre 30 a 50 años, que fue encontrado en Punta Querandí en la década de 1990; una mujer de aproximadamente 20 años exhumada en la misma década pero del sitio arqueológico La Bellaca 1; y por último, cinco adultos y un menor, exhumados en el sitio La Bellaca 2.
El proceso de reentierro en los espacios ancestrales tendrá dos etapas. Debido a la pandemia, del acto de entrega de los cuerpos a la comunidad no podrán participar más de 20 personas, entre las que se espera la presencia de la titular del INAPL Leonor Acuña; la presidenta del INAI, Magdalena Odarda; el subsecretario de Derechos Humanos provincial, Matías Moreno y el intendente de Tigre, Julio Zamora.
Será en una segunda etapa, con fecha a confirmar, cuando se realicen los reentierros en La Bellaca (Villa La Ñata) y en Punta Querandí (Dique Luján), en el norte de Tigre. “Esperamos poder reunirnos con muchos hermanos y hermanas que nos acompañaron en esta larga lucha para compartir esta histórica conquista”, expresó Santiago Chara.
DOS AÑOS CLAVES
La restitución se aprobó en el INAI en 2019, pero se destrabó a partir de los diversos apoyos institucionales que fueron potenciando la legitimidad del reclamo. Desde el Estado Bonaerense fue clave la nueva gestión del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), a cargo de Nehuen Sosa.
Por su parte, en el ámbito local, el intendente tigrense Julio Zamora expresó en febrero de 2020 su respaldo público al plantear que sería “un acto reparador” y en noviembre del mismo año firmó el convenio de propiedad comunitaria de Punta Querandí, otra victoria trascendente que de hecho garantiza el espacio físico donde se reenterrará uno de los cuerpos.
Además, en el Concejo Deliberante de Tigre se declaró de interés legislativo el pedido de restitución, a través de una iniciativa del concejal Javier Parbst.
En la Cámara de Diputados Provincial se obtuvo el mismo reconocimiento, a instancias de la legisladora Roxana López, quien impulsó la intervención activa del CPAI.
TIGRE INDÍGENA
Jasuka Roa, del Consejo de Mujeres de Punta Querandí, explicó la importancia del acontecimiento desde el lado espiritual porque “son lugares que fueron profanados”. Y señaló: “En Buenos Aires siempre se intentó tapar la historia indígena debajo del cemento y en esta zona fueron los barrios privados, que se construyeron arriba de los territorios sagrados. Se destruyeron muchos cementerios y sitios arqueológicos”.
“Devolver los cuerpos a sus lugares, con el acompañamiento de la parte estatal, Municipio, Provincia y Nación, es un paso grande porque se termina reconociendo que Tigre y Buenos Aires son territorio indígena”, subrayó.
Aunque también alertó: “Hay mucho más por pelear”. Entre otros objetivos, aún resta la recuperación de otros 42 cuerpos retirados en excavaciones realizadas en 1925 en el sitio arqueológico Arroyo Sarandí, espacio finalmente destruido a fines de los ’90 por la mega urbanización Nordelta.
Para concluir, Reinaldo Roa del Consejo de Ancianos sostuvo: “Los Gobiernos tienen que respetar los enterratorios de nuestros antepasados”. Y aseguró: “Recuperar sus cuerpos va a fortalecer nuestra espiritualidad y eso va a hacer que más personas se reencuentren con sus raíces”.
Fuente RedEco
Otra vez el Estado niega la apertura
de archivos de 1974 hasta el fin de
la última dictadura militar
Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2021.
El 3 de diciembre de 2020, el Encuentro Militante Cachito Fukman entregó un petitorio con miles de firmas y dirigido a Alberto Fernández para exigir el acceso público a la totalidad de los archivos desde 1974 hasta 1983. La respuesta llegó ese mismo mes desde la Secretaria de DDHH de la Nación. “Los archivos de la CONADEP están a disposición, contestaron entre otras vaguedades”, aseveran desde el organismo. Ante la falta de respuesta concreta, el 4 de febrero presentaron un nuevo escrito en el que reclaman al Presidente ordenar a las Fuerzas Armadas y a los organismos de inteligencia que pongan a disposición la información y los archivos aún no entregados. Por ANRed.
El año pasado, el Encuentro Militante Cachito Fukman elaboró un petitorio para exigir la apertura de los archivos desde 1974 hasta 1983, un reclamo histórico de los organismos de DDHH. El escrito fue presentado en Casa Rosada el 3 de diciembre, día de la 40º Marcha de La Resistencia, y contaba con el apoyo de miles de firmas.
El 28 de diciembre llegó la respuesta oficial por medio de la Secretaria de DDHH de la Nación, que encabeza Horacio Pietragalla Corti, hijo de desaparecidos y nieto recuperado en 2003. El material remitido, señalan desde el Encuentro Militante Cachito Fukman, es de “vieja data” y “de público conocimiento”. Por lo cual, afirman: “Nos responden lo que ya es sabido”.
Por tal motivo, el 4 de febrero desde el organismo, acompañado por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, reiteraron el pedido a Alberto Fernández, a través de un nuevo escrito en el que sostienen que “en su carácter de Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las FFAA, Ud. tiene la facultad de ordenarles formalmente a dichas fuerzas y a todos los organismos de inteligencia que, en un corto plazo, pongan a disposición suya y de todos los organismos de DDHH la información y los archivos aún no entregados”.
Asimismo resaltan que mueve al Encuentro Cachito Fukman “el interés de conocer la verdad y así lograr justicia” y destacan que contar con esos archivos “ayudaría a saber el destino de nuestrxs compañerxs detenidxs-desaparecidxs, a enjuiciar a los responsables y a que cientos de jóvenes apropiadxs recuperen su identidad”.
Difundimos el Comunicado de Prensa y el escrito presentado a Alberto Fernández:
La campaña nacional desarrollada a fines del año pasado y que reuniera miles de firmas reclamando la apertura de los archivos de la represión genocida, que hemos presentado a la Presidencia de la Nación en oportunidad de la 40ª Marcha de la Resistencia en diciembre pasado, fue respondida por parte del Poder Ejecutivo.
Dicha respuesta oficial resultó, en los hechos, una provocación rayana en el negacionismo: “Los archivos de la CONADEP están a disposición en la Secretaría de Derechos Humanos”, contestaron, entre otras vaguedades.
Limitarse al informe de la Conadep es negar los testimonios que ratifican que las nóminas de las personas secuestradas eran elevadas cotidianamente al Comando de Institutos Militares.
El rechazo que nos provocó tal respuesta, que reitera lo ya sabido de sobra en lugar de informar qué medidas efectivas y concretas adopta el Poder Ejecutivo, originó nuestra inmediata respuesta a sus términos mediante la reiteración del pedido, esta vez de manera lo suficientemente explícita como para que no se nos vuelva a someter a un nuevo agravio.
En tal sentido, el jueves 4 de febrero nos hicimos presentes en la Casa de Gobierno, acompañados por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con un nuevo escrito que fue recepcionado con el correspondiente sello. Esto le imprime continuidad al trámite y a la vez pone de manifiesto que, por nuestra parte, llevaremos adelante esta demanda democrática hasta lograr el objetivo.
El próximo 24 de Marzo, al cumplirse 45 años del golpe cívico-militar-eclesiástico, nos encontrará nuevamente acompañados por miles y miles en la Plaza de Mayo, a las puertas de la Casa Rosada, para visibilizar con nuestra presencia que -entre otras reivindicaciones- éste no es un reclamo burocrático, sino la consecuencia de décadas de lucha por memoria, verdad y justicia.
Fuente: ANRed
Envio:RL
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