19 de febrero de 2021
El titular de Casación admitió que charlaba con el expresidente sobre "política judicial y penitenciaria"
El juez Hornos tenía llegada caliente a Macri
El presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, admitió que mantiene una relación social con el expresidente Mauricio Macri desde hace muchos años y que conversaban sobre política judicial y penitenciaria. El descargo de Hornos se produjo después de que se conociera que visitó a Macri en seis oportunidades entre 2015 y 2018 en la Casa Rosada, según denunció el diputado del Frente de Todos Martín Soria en la causa en que se investiga la llamada mesa judicial macrista.
Las explicaciones del presidente del máximo tribunal penal del país --dadas en una reunión con los presidentes de las salas de la Cámara-- no conformaron a sus colegas. Tres de ellos --incluidos dos llegados en el macrismo-- ya rechazaron la explicación en una nota en la que le recuerdan al magistrado cuáles son las buenas prácticas que un juez debe tener. La polémica promete seguir encendiéndose en el primer piso de Comodoro Py, y es posible que otros jueces se sumen a las protestas de la Sala II.
La reunión de superintendencia de la Casación suele ser monótona, pero ayer el clima estaba especialmente pesado. Hornos se conectó con el resto de sus colegas desde los tribunales. En medio del acuerdo, internet jugó una mala pasada e incluso se perdió la conexión. Lo escuchaban los presidentes de cada una de las salas: Daniel Petrone (Sala I), Alejandro Slokar (Sala II), Liliana Catucci (Sala III) --que también estaba como Hornos en Comodoro Py-- y Mariano Borinsky (Sala IV).
El presidente de la Casación ya les había anticipado que iba a dar explicaciones por la denuncia que había presentado Soria la semana pasada ante el fiscal Franco Picardi, que instruye la causa sobre la mesa judicial macrista. En ese marco y sin muchos rodeos, Hornos les comentó a sus colegas que él tenía una relación social con Macri, que había conversado con él porque le pedía ideas o asesoramiento sobre política judicial y penitenciaria. También dijo que nunca había conversado sobre fallos que estaban en trámite en la Casación, pero la respuesta no satisfizo a los otros jueces.
¿Qué tenía que hacer en el despacho presidencial, un día antes de dictar un fallo en el que el Macri era principal interesado?". Martín Soria
Slokar y Borinsky le contestaron que el tema no estaba cerrado para ellos y que debían llevar el tema a sus propias salas. Catucci y Petrone habían quedado más conformes con las explicaciones. La primera en reaccionar fue la Sala II, que preside Slokar y que integran también Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, los dos llegados durante el macrismo y sin ninguna duda de tener simpatía con el oficialismo actual. Mahiques, de hecho, fue el ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires.
“A tenor de la situación expuesta, resulta imposible ignorar la responsabilidad intrínseca en la representación y conducción de un cuerpo colegiado -que maximiza la obligación de mantener una conducta irreprochable- habida cuenta que cualquier acto podría repercutir en la percepción sobre la propia Cámara y el resto de los jueces”, escribieron los tres integrantes de la Sala II.
Por si fuera poco, Slokar, Yacobucci y Mahiques --que no suelen ponerse de acuerdo muy frecuentemente-- le recordaron los principios de Bangalore sobre Conducta Judicial. “Un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”.
En otras salas, confirmaron, se seguía discutiendo el tema. Estaban esperando que se tomara alguna decisión colectiva. Algunos proponían hacer una reunión del pleno y otros ya preparan escritos para presentar hoy mismo si no los acompañan sus colegas de Sala. Los números, a priori, no dan ni para convocar a un plenario y mucho menos para remover a Hornos de la presidencia, como sí sucedió con Juan Carlos Gemignani cuando encerró y mandó a detener a una secretaria de la Cámara.
Pueden no existir los números, pero los casadores afilan las garras. Algunos remarcaban que, si estaba manteniendo conversaciones sobre política judicial, debería haberlo comunicado a sus colegas, ya que, en ese momento, Hornos no ejercía la presidencia del cuerpo. Otros protestaban porque se enteraron de las justificaciones del juez sobre su relación con el expresidente por una nota que publicó el diario La Nación.
La mesa judicial
La denuncia sobre la mesa judicial macrista --en la que ahora está denunciado Hornos-- se inició cuando la camarista Ana Figueroa, que integra la Sala I de la Cámara Federal de Casación, declaró en una entrevista en la AM750 que había sufrido presiones por parte de Juan Mahiques, por entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia, que encabezaba Germán Garavano.
La semana pasada, Soria y un grupo de diputados del Frente de Todos realizaron una ampliación de la denuncia, en la que implicaron al presidente de la Cámara Federal de Casación. En la presentación reclamaron que se pidan registros de otras dependencias del Ejecutivo para ver si había concurrido el juez. En los últimos días se conoció que el fiscal Picardi pidió registros de la Casa Rosada y de Olivos del año 2018.
Soria le dijo a Página/12 que hoy formalizará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, por lo que entiende que es una grave falta de ética de Hornos, ya que --según su denuncia-- las visitas registradas a la Casa Rosada coincidieron con fallos adversos al kirchnerismo en el marco de la persecución judicial que se dio en el gobierno de Macri.
“Hornos no puede explicar lo inexplicable”, sostiene el diputado del Frente de Todos. “Un juez no sólo debe ser independiente, además debe parecerlo. Cualquier contacto injustificado con el Poder Ejecutivo hace presuponer que el magistrado incumplió con sus deberes. Hasta sus propios pares de la Cámara de Casación se despegaron de semejante irresponsabilidad del juez Hornos. Su inverosímil justificación no solamente da cuenta de sus mentiras, sino que lo hunde aún más. Si tenía una relación social con Macri, ¿qué tenía que hacer cuatro horas en el despacho presidencial a solas con él, un día antes de dictar un fallo en el que el Macri era uno de los principales interesados?"
En su descargo ante sus pares, el presidente de la Casación remarcó que no había intervenido en causas vinculadas a Macri y que dará las respuestas si se las requieren ante el Consejo de la Magistratura. Hornos es un magistrado de amplia trayectoria en el tribunal, al que llegó hace casi 25 años. Este diario intentó comunicarse con el juez, pero no obtuvo respuesta.
La situación en la Casación es una bomba a punto de estallar, en la que se combinan viejos rencores, intrigas palaciegas y trapisondas. En el fin de semana se conocieron críticas de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, al juez, que fueron validadas por el presidente Alberto Fernández. Todo combinado con el estupor que causó que la Sala IV le arrebatara la causa de espionaje ilegal al juez de Lomas Juan Pablo Augé, como reclamaban espías y exfuncionarios macristas.
Cancillería y las alertas rojas de Interpol
Los documentos que desmoronan la acusación de Alberto Nisman
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Héctor Timerman como canciller, sostuvo a rajatabla las órdenes de captura con alertas rojas de Interpol libradas contra los sospechosos iraníes de haber perpetrado el atentado contra la AMIA. Y sostuvo las órdenes de captura, aún después de haber firmado el Memorándum con Irán. Así lo demuestra la documentación de Cancillería conocida este jueves a raíz de una consulta hecha por Corea del Sur, a principios de 2014, respecto de una posible invitación a Mohsen Rezai, excomandante de los Guardias Revolucionarios e incluido en las alertas rojas.
Corea del Sur alegó que quería colaborar con la distención que por entonces proponía el presidente norteamericano, Barak Obama, y pensaba invitar a Rezai a Seúl. La respuesta firmada por el vicecanciller Eduardo Zuaín, con fecha 25 de abril de 2014, advierte que si Rezai va a Corea, la Argentina pedirá la extradición y, por lo tanto, que se lo detenga. Poco después, la Cancillería además notificó al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, del sondeo coreano por una eventual invitación a Rezai. Los documentos demuestran que un año después de la firma del Memorándum y mucho antes de la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina y Timerman, la Argentina mantuvo firmemente la postura de que nada cambiaba la situación de prófugos de los sospechosos.
La carta de Zuaín al embajador de Corea y la notificación al juez Canicoba Corral fueron enviadas tras una obvia consulta al canciller Timerman y de éste a la expresidenta. Además de en Página/12, los documentos se vieron este jueves en el programa MinutoUno de C5N. “Quiero manifestarle que de concretarse la invitación y la visita del funcionario mencionado (Mohsen Rezai) o de cualquier otra persona en la misma situación, nuestro país solicitará la inmediata aplicación del Tratado de Extradición firmado entre la República Argentina y la República de Corea y que entró en vigor el 9 de noviembre del año 2.000”. En una palabra, si Rezai va a Seúl se pedirá su inmediata detención y puesta a disposición de la justicia argentina y del juez que instruye la causa AMIA, tal como lo establecen las órdenes de captura con alertas rojas de Interpol.
La secuencia se inició dos días antes, el 22 de abril de 2014, con la visita a la cancillería del número dos de la embajada de Corea, consejero Joyoung Jeon, recibido por el representante especial para Asuntos de Terrorismo, ministro Fernando Lerena. La visita está consignada en un documento que tiene el título de Confidencial. El informe señala que Jeon les manifestó que “ante la mejora de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán, la República de Corea quiere dar un paso adelante, mejorando sus propias relaciones con Irán. Entre las iniciativas que se están evaluando se encuentra la invitación al funcionario iraní Mohsen Rezai, futuro candidato presidencial en Irán. Rezai es motivo de una alerta roja de Interpol solicitado en el marco de la causa AMIA. Ante esa situación, preocupa a Corea cuál podría ser la reacción argentina, teniendo en cuenta la vigencia del tratado de extradición firmado en 2.000”.
El punto saliente del texto es que el funcionario coreano habla de la política de Obama de llegar a un acuerdo -un Memorándum- con Irán, que fue firmado en abril de 2015, entre Estados Unidos, Rusia, Alemania, China, el Reino Unido y Francia, por un lado, e Irán por el otro. Consistió en el levantamiento de sanciones a cambio de reducción de los programas nucleares iraníes. Ese acuerdo ya se negociaba de antes y en ese marco Corea intentaba también el acercamiento con Irán.
El siguiente documento que se conoció este martes es un informe interno de la Cancillería dirigido al vicecanciller Zuaín y al canciller Timerman. La autoría corresponde a una funcionaria, María Ruth de Goycoechea, y en escrito se detalla como fueron las votaciones de las alertas rojas -Irán apeló y lo resolvió por mayoría la Asamblea General de Interpol en Marruecos-, la nómina completa de los sospechosos iraníes y los discursos de Néstor y Cristina Kirchner en Naciones Unidas.
El punto neurálgico de la documentación es la carta de Zuaín, tras consulta con Timerman y Cristina Kirchner, en que se advierte a Corea de que la Argentina procederá de inmediato a pedir la extradición, lo que obligaba a Seul a detener a Rezai y entregarlo, tal como está consignado en el tratado entre ambos países.
Finalmente, no menos importante es la notificación del Director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Horacio Basabe, al juez Canicoba Corral. En el texto se le avisa al magistrado que un funcionario coreano se presentó en la Cancillería y consultó cuál sería la postura argentina ante una invitación coreana a Rezai. “Esta Cancillería le manifestó que de inmediato se pedirá la aplicación del tratado de extradición entre Argentina y Corea”, consigna el informe dirigido al juez.
Los documentos prueban de forma contundente que aún después de firmado el Memorándum con Irán, el 27 de enero de 2013, la Argentina hacía respetar las órdenes de captura. Es todo lo contrario de lo que afirmó Alberto Nisman en la denuncia que realizó pocos días antes de su muerte. El texto del fiscal, desordenado, hecho a las apuradas, sin pruebas, dice que el acuerdo contemplaba la impunidad para los iraníes, empezando por incumplir las órdenes de captura.
La denuncia original de Nisman, luego respaldada por la DAIA hasta con una acusación de traición a la Patria, está en una especie de limbo, porque transcurridos seis años de la presentación de Nisman, el juicio no está ni siquiera previsto para 2021. Un punto sustancial es que el exsecretario general de Interpol, Ronald Noble, declaró varias veces que la denuncia de Nisman -de quien era muy amigo- era falsa, lo que, junto con los documentos como los que se conocieron este jueves, desmoronan la acusación.
El sector inmobiliario afirma que subirán los alquileres y se retraerá la oferta
Polémica por la registración de contratos de alquiler
Imagen: NA
El sector inmobiliario anticipó que los alquileres volverán a subir y se retraerá la oferta, debido a la reglamentación de la AFIP, que estableció que los contratos deben registrarse ante el organismo. Sin embargo, economistas y tributaristas consultados por PáginaI12 aseguran que el aumento ya fue trasladado en 2020, tras la aprobación de la Ley de Alquileres, donde los alquileres subieron en un año el doble que la inflación. En la práctica, blanquear un contrato de un dos ambientes, que es el departamento con mayor oferta, le implica a un propietario tener que pagar 500 pesos por mes.
“En la medida que registrar un contrato en la AFIP genere un costo adicional no contemplado originalmente por el propietario, como el pago de bienes personales, monotributo o gestión, lo más probable es que se traslade ese costo al precio del alquiler”, aseguró a PáginaI12 José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario. De cuánto será el porcentaje, es difícil de establecer, según el arquitecto: “El límite siempre lo pone la capacidad de pago de la demanda de alquileres para cada tipo y localización de la propiedad”.
En casos de haber aumentos, éstos no podrán aplicarse a los contratos ya firmados desde el primero de julio pasado, dado que se actualizarán anualmente por un indicador que publica el Banco Central. Pero si podrían trasladarse a contratos nuevos o renovaciones.
“La medida va a perjudicar y por eso va a retraer la oferta,”, anticipó Armando Pepe, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad. El empresario cuestionó que se aplique el registro de contratos junto con el decreto que mantiene congelados los precios de los alquileres desde hace casi un año: “Si tengo un inquilino que hace 12 meses que no me paga, ¿Cómo hago para pagar ingresos brutos o impuesto a las ganancias, aunque no haya percibido los alquileres?”, se preguntó.
Por el contrario, Eva Sacco, economista e investigadora del centro CEPA, explicó que el 80 por ciento de los alquileres está en la informalidad, por lo que registrarlo en la práctica puede implicar “un impuesto nuevo” para el propietario. Sin embargo, el traslado de ese costo al inquilino va a depender de qué porcentaje de los dueños tienen que finalmente que tributar. “Hoy lo desconocemos”, afirmó Sacco. Y además, va a depender de la “elasticidad de la demanda, y hasta qué punto los inquilinos pueden seguir absorbiendo aumentos y los atrasos salariales”, agregó.
El año pasado, según Zonaprop, los alquileres subieron 62 por ciento. “Los aumentos que se dieron en los últimos meses fueron reacciones anticipadas frente a la ley por la mayor duración de los contratos y el nuevo índice de incrementos”, agregó la investigadora. Por otro lado, Sacco explicó que en los casos donde los dueños tienen pocas propiedades, facturarlas tiene un costo impositivo bajo.
En el caso de blanquear una relación de alquiler, al propietario se le suman dos impuestos: ganancias e ingresos brutos. El tributarista Sebastián Domínguez explicó a este diario que la forma “más práctica y con menor costo” es adherirse al monotributo y facturar, para no tener que hacer una declaración de ganancias anual. De tratarse de un jubilado o trabajador en relación de dependencia, sólo tiene que pagar el componente impositivo del monotributo, y no la obra social ni los aportes. De facturar un alquiler de 30 mil pesos por mes, que es el promedio de un dos ambientes en la Ciudad, deberá facturar 360 mil pesos al año, lo que lo ubica en la categoría C, y deberá pagar 556 pesos por mes de monotributo.
Luego deberá pagar los ingresos brutos, pero desde este año, la Ciudad de Buenos Aires eximió del pago de este impuesto a los alquileres de hasta 30 mil pesos. Por lo que en este ejemplo, blanquear la relación de alquiler tiene un costo extra de 556 pesos. En el caso de alquileres por encima de 30 mil pesos, se suma ingresos brutos con el 1,5 por ciento del monto del alquiler, para el caso de la Ciudad, dado que en otras provincias es distinto. “Los problemas se dan cuando una persona que paga ganancias se le suma el alquiler y queda gravado con la alícuota máxima, del 35 por ciento, y a eso le sumas ingresos brutos y bienes personales la rentabilidad que le queda es baja”, concluyó Domínguez.
Declararon nulos los nombramientos que firmaron Macri y Aranguren
Irregulares designaciones en el ENRE de Cambiemos
El gobierno definió la nulidad de los nombramientos de los miembros del directorio del ENRE realizados durante la gestión de Cambiemos. Se trata de las designaciones que estableció el decreto 84/2018, que lleva la firma del ex presidente Mauricio Macri y del ministro de Energía de aquel momento, Juan José Aranguren. En ese acto se nombró como presidente del directorio del ENRE al ingeniero Andrés Chambouleyron. “Falta de publicidad en la convocatoria del primer concurso, arbitrariedad manifiesta en la integración de los comités de selección, direccionalidad en los nombramientos y arbitrarios cambios de criterio respecto de las aptitudes para el cargo de quienes luego fueron designados”, son los argumentos que postuló la actual interventora del ENRE, Soledad Manin, para tomar la decisión.
Más allá del procedimiento utilizado para los nombramientos, el ENRE cuestiona la legitimidad del ex presidente del organismo, Andrés Chambouleyron. Antes de ingresar al gobierno de Macri, Chambuleyron trabajó para el bufete estadounidense Compass Lexecon, dedicado a asesorar a las empresas multinacionales en sus litigios contra Estados soberanos en tribunales internacionales.
“El deber primario del funcionario público, según lo establece el Código de Ética, es el de lealtad con su país. Sin embargo, Chambouleyron ha participado en arbitrajes internacionales en calidad de experto por diferentes demandantes contra la República Argentina”, indica el informe del ENRE. Esos arbitrajes fueron encabezados por las empresas Azurix Corp. y Daimler Chrysler Financial Services AG. Junto con Chambouleyron fue designada vicepresidente del ENRE, la Dra. Marta Irene Roscardi, y dos vocales del directorio del organismo.
Chambouleyron ingresó al gobierno de Mauricio Macri de la mano del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien lo designó como subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, cargo desde el que diseñó los primeros tarifazos. En junio de 2019, mientras se encontraba al frente del organismo, se produjo el apagón nacional provocado por una falla en el noreste del país. El silencio del ENRE sobre el hecho motivó duras críticas por parte de asociaciones de consumidores.
Nulidad
“La revisión de los concursos de los miembros del directorio del ENRE arrojó como resultado que éstos incurrieron en vicios graves que convirtieron esos actos en nulos de nulidad absoluta”, indicó el ENRE en un comunicado publicado este jueves.
El ENRE detalló una serie de irregularidades en la definición del cuerpo de autoridades nombradas durante la gestión anterior. Entre ellas, el organismo destaca que para la designación de los miembros del directorio del ENRE debe haber previa intervención del Congreso Nacional. Según establece la ley 24.065, el Ejecutivo debe comunicar su decisión a una Comisión del Congreso de la Nación integrada por dieciséis (16) miembros, “lo cual no fue debidamente cumplimentado por el ex Presidente Macri, según las constancias de los expedientes”.
"Del procedimiento de selección resultaron elegidas las mismas personas que habían sido nombradas por Decreto; así se designó como Presidente a quien fuera Subsecretario de Política Tarifaria del Ministerio, previa declaración del fracaso del concurso, sin decisión fundada al respecto, utilizándose la misma práctica para la convocatoria realizada para cubrir el cargo de Vocal primero. El procedimiento que sustenta al decreto de designación no fue más que una puesta en escena para dotar de una apariencia regular a una serie de decisiones que ya se encontraban consumadas", agrega el ENRE.
Otro de los puntos bajo cuestionamiento es la conformación del Comité de Selección integrado por el “Consejo Consultivo de Políticas Energéticas”, que fue el que llevó adelante el concurso y la selección de ternas para integrar el directorio. “Se observó un manifiesto incumplimiento de las normas sustanciales relativas a la observancia de conflictos de intereses y ética en el ejercicio de la función pública en las designaciones llevadas a cabo debido a que se encontraba integrado por el denominado Grupo de Ex-Secretarios de Energía que formaron parte de la declaración de compromiso asumida por la alianza Cambiemos en agosto de 2014”, indicó el ENRE. El argumento el organismo es que se trata de un grupo de profesionales que habían manifestado su apoyo político al proyecto de Macri y que por lo tanto no era independiente ni objetivo.
Por otro lado, el ENRE advierte que previo al decreto de 2018 por el cual se definió la conformación del directorio, "el Presidente Macri nombró como Vocal interino al Ingeniero Carlos Manuel Bastos, quien participó y participa en arbitrajes internacionales en calidad de experto y testigo de demandantes contra la República Argentina, en la causa de AES Corporation contra la República Argentina, la cual se encuentra en trámite a la actualidad y además intervino por la parte actora en varios precedentes en los que la Nación fuera demandada”.
El Presidente incluyó el proyecto en el temario de extraordinarias
Luz verde para debatir Ganancias
El presidente Alberto Fernández habilitó ayer la incorporación del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, con lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser analizada en los próximo días en las comisiones de la Cámara de Diputados. En ese marco, la Cámara de diputados se prepará para comenzar el debate que tendrá como cabecera la Comisión de Presupuesto y Hacienda la semana próxima.
Ante la habilitación del Ejecutivo, Sergio Massa, que fue el encargado de presentar la iniciativa del Ejecutivo, anticipó que "se van a buscar todos los consensos con los gremios, la Afip, el ministerio de Economía y la oposición para en los próximos días lograr la rebaja del Impuesto a las Ganancias".
El proyecto de ley del oficialismo que fija un nuevo piso de 150 mil pesos de remuneración mensual para empezar a pagar el impuesto, beneficiaría al 63,4 por ciento de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país. En ese sentido, Massa destacó que "se debe apurar el debate porque hay más de un millón de argentinos que esperan por el alivio fiscal que representa la medida".
"Tenemos que buscar resolver de la mejor manera esta medida para después abordar las demás situaciones que esperan otros sectores respecto de un sistema tributario más justo", agregó Massa sobre el proyecto que lleva su firma, que tiene a su vez como objetivo potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios serían trabajadores y jubilados quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo.
El oficialismo ya cuenta con respaldo de distintos bloques para avanzar con el proyecto. En ese marco, buscará sancionar por una amplia mayoría el iniciativa como primer tema de la agenda de las sesiones ordinarias que comenzarán el primero de marzo.
El esquema de trabajo diseñado por la bancada del Frente de Todos es realizar dos reuniones en la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller, destinadas a recibir informes de los funcionarios y a la discusión interna del proyecto.
Otro proyecto
Si bien la iniciativa cosechó un amplio respaldo, algunos gremios -como Camioneros- se reunieron con Massa para que se contemple dentro del texto la posiblidad de que tampoco paguen Ganancias las horas extras, los viáticos y el aguinaldo.
En este contexto, Facundo Moyano, integrante de la Comisión de Trabajo, presentará el proyecto que contempla las demandas planteadas desde un sector del sindicalismo. El texto, que sería presentado hoy, contendrá la descripción de los items que se prentende excluir del gravamen. Moyano aspira a que el aguinaldo, las horas extras, el adicional por horas nocturnas y las sumas percibidas por los feriados trabajados queden fuera de la ecuación.
Apoyos
El titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, confirmó hoy que ese espacio político respaldará en el Congreso el tratamiento del proyecto del oficialismo.
"Hoy nos hemos levantado con una buena noticia y es que el Presidente dictó el decreto que resuelve que tratemos este proyecto en extraordinarias. Además, es la primera vez que veo que una buena parte de Juntos por el Cambio acompaña esta idea, que es liberar a 1.200.000 trabajadores de pagar este tributo", dijo Ramón por El Destape Radio.
En tanto, el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto consideró "excelente" la decisión de Fernández de dictar el decreto para incorporar el proyecto en las extraordinarias. Señaló que el tema estará en condiciones de debatirse en el recinto "los primeros días de marzo".
En declaraciones a Télam Radio, Casaretto dijo que el proyecto es "fundamental para distribuir el ingreso y fortalecer el mercado interno".
Jubilados
El proyecto también determina que los jubilados que perciban hasta ocho jubilaciones mínimas quedarán exentos del pago de Ganancias.
La iniciativa establece que aquellos que cobren hasta 173 mil pesos brutos también tendrán menores descuentos que en la actualidad, pero la implementación de la rebaja será resuelta por el Gobierno a través de las respectivas resoluciones
Los salarios más altos de la pirámide pagarán los mismos valores que en la actualidad, ya que no se reforma la deducción especial ni otras deducciones, con lo cual se les descontarán los mismos valores que se aplican desde el 1 de enero, cuando se incremento el 35% el Mínimo No imponible.
Oposición patagónica
Los diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para reformar el régimen del impuesto a las Ganancias. El pedido se originó en la necesidad de revisar el diferencial en deducciones computables a la Patagonia.
Los legisladores explicaron que "la sustitución o reemplazo proyectado al inciso c del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, suprime el párrafo que incrementa en un 22% las deducciones computables a los empleados en relación de dependencia y jubilados que residen en la Región Patagónica Argentina”.
Será este viernes y lo presidirá Gustavo Béliz
Alberto Fernández anuncia la creación del Consejo Económico y Social
El presidente Alberto Fernández anunciará hoy la creación del Consejo Económico y Social junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien presidirá el órgano multisectorial destinado al abordaje de estrategias y políticas públicas vinculadas con la educación, el desarrollo regional, la ciencia y la tecnología, el empleo y las jubilaciones.
El Presidente ya había adelantado su decisión durante la última entrevista con PáginaI12. "Ya tenemos casi listo todo con el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz. Lo que queremos es tener una mirada de más largo plazo y discutir todo: cómo va a ser el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema financiero y las condiciones laborales a largo plazo", había señalado Fernández.
El anuncio oficial se realizará en un acto que se llevará a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK) a las 11.30. Habrá invitados tanto presenciales como virtuales y también estarán presentes miembros del gabinete nacional. En ese marco, el Presidente dará detalles sobre la creación y el funcionamiento del organismo que integrarán representantes del sindicalismo, empresarios, referentes de los distintos cultos, los movimientos sociales y la comunidad científica y educativa.
El evento, que se viene gestando hace días y cuyos últimos detalles se siguen trabajando, se realizará en el histórico edificio que antes funcionaba como sede del Correo Central. Entre los invitados que concurrirán de manera presencial se destacan los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La Previa
El Presidente terminó de confirmar la celebración del acto luego de mantener un encuentro con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al que luego se sumó Beliz. Entre los tres conversaron sobre los detalles que se informarán, oficial y públicamente, hoy en el emblemático Centro Cultural Kirchner.
La dinámica del acto, que será transmitido en vivo a través de las señales de streaming de Presidencia de la Nación, ya está definido. Tras la apertura que estará a cargo del primer mandatario, hablará Béliz. El funcionario precisará cuales son las facultades y los objetivos del Consejo, que tendrá 25 miembros representantes de los distintos sectores. En principio, el mandato de su presidente durará cinco años.
El anuncio se produce tras semanas de negociaciones entre el Gobierno y los sectores de la economía que, en el marco de la crisis, presionan por que se escuchen sus reclamos. La semana pasada, el Presidente recibió a los dirigentes agropecuarios que conforman la Mesa de Enlace, mientras que el Gabinete Económico se reunió con sindicalistas y empresarios, y Béliz estuvo con representantes de los cultos.
La creación del Consejo Económico y Social será puesta en marcha a través de un decreto presidencial. La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra estuvo a cargo de la revisión del documento que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial.
Las funciones
El Consejo es una deuda pendiente del Gobierno. El Presidente lo había anunciado como una de sus metas ante la Asamblea Legislativa de su primer año de gestión, en 2020, pero finalmente postergó el lanzamiento del órgano por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus. “Soy consciente de que esta iniciativa supone una autolimitación a mis facultades administrativas. Sé muy bien que implica estar dispuesto a abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático”, dijo en marzo de 2020. En ese momento, aclaró que en el nuevo ámbito “no se pretende discutir ni precios ni salarios ni paritarias”, y remarcó que esas facultades dependen del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.
El año pasado, Alberto Fernández mantuvo una serie de encuentros con sindicalistas y empresarios para resolver los temas económicos más acuciantes de cada uno de los sectores. Esas reuniones fueron la antesala de la nueva institución, cuyo principal objetivo, informaron fuentes oficiales, será “intercambiar ideas para superar la crisis que deja la pandemia de coronavirus y su impacto socio-económico”.
El aval del Congreso
La reglamentación del funcionamiento aún no se conoce y quedará en manos de Congreso Nacional. En tanto, la intención de que el nuevo organismo que comparten los distintos actores de la vida económica y social de la Argentina tenga una ley que lo haga perdurar en el tiempo sigue vigente dentro del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los tiempos del Congreso y la pandemia determinaron que la norma que regule el Consejo Económico y Social tenga que surgir del debate entre los propios actores que lo conforman para luego ser trabajada por los diputados y los senadores. Desde los bloques oficialistas de ambas Cámaras coincidieron en que la conformación del ente era urgente y que el tratamiento de la norma que asegure su actividad para el futuro puede esperar.
Desde la bancada oficialista apuestan a que el flamante organismo vuelva a ocupar una parte del discurso que el Presidente dará ante la Asamblea Legislativa el primer día de marzo. En ese marco, los legisladores aspiran a que finalmente el marco normativo que delimitará el funcionamiento del Consejo Económico y Social pueda ser debatido a lo largo de este año, pese a que la actividad parlamentaria se verá trastocado por la realización de las elecciones legislativas.
Técnicos agrarios de todo el país cuestionan la hegemonía de la Mesa de Enlace
La agricultura familiar reclama su espacio en INTA
Una amplia representación de trabajadores del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) sumó su cuestionamiento a las expresiones de ocho entidades rurales enroladas en la Mesa de Enlace, que a través de un comunicado habían encendido alarmas hablando de "la peligrosa trinchera partidaria en acción dentro del INTA". La expresión de las sociedades rurales de ocho partidos de la pampa húmeda bonaerense aludía a un reclamo de profesionales y técnicos del organismo (que se presentaba como Frente de Todos - INTA) para que se le reconozca a la agricultura familiar el lugar en el Consejo Directivo que les corresponde y que fue capturado por la Mesa de Enlace. Esta vez, es el Colectivo INTA por una Argentina Unida, que reúne a un conjunto mucho más amplio de trabajadores y ex trabajadores de ese organismo, el que le salió al cruce a los ruralistas y reclamó por la participación de la Agricultura Familiar en la conducción del organismo. Además, tres organizaciones de pequeños productores --la federación de cooperativas Fecofe, el movimiento nacional de campesinos independientes y la Unión de Trabajadores de la Tierra-- sumaron su demanda en igual sentido bajo la consigna "La agricultura familiar campesina y cooperativa debe estar representada en el Consejo Directivo del INTA".
El Colectivo INTA por una Argentina Unida expresó su "preocupación ante los comunicados de las entidades del campo que son un ataque innecesario". "Estas entidades que piden despolitización, integran la conducción política del INTA. Las cinco plazas del Consejo Directivo destinadas a asociaciones de productores han sido ocupadas por CRA, Coninagro, SRA y FAA, desde la creación del INTA en 1956 y luego se incorporó AACREA en 1982. En su mayoría, representan a la agricultura capitalizada de los agronegocios volcada a la exportación. Este sector esta sobrerrepresentado".
"Consideramos importante un debate serio y repetuoso, sin prejuicios y sin estigmatizar a los que piensan diferente", sostiene el Colectivo INTA, en el que participa personal de las diferentes regiones del país y que además, recientemente, sumó a integrantes de los Consejos Locales Asesores de las estaciones experimentales y los consejos de los centros regionales.
"El campo no son sólo los que se atribuyen la única verdad y que salen con mayor frecuencia en los medios periodísticos", apunta. "Hay otras voces que deben ser escuchadas con son las organizaciones de la Agricultura Familar, los productores periurbanos, los representantes de la industria y del sector académico".
"Muchas veces se menciona que un sector de la comunidad rural es el que aporta a través de sus impuestos y las retenciones. Lo mismo ocurre con el resto de la ciudadanía, que también aporta recursos al Tesoro Nacional a través del IVA, al igual que todas y todos, sin tener en cuenta el poder adquisitivo de cada uno", señala el Colectivo del INTA.
"Debe saber también la comunidad, que este suelo argentino tan privilegiado sobre todo la pampa húmeda, con cualidades físicas químicas casi únicas en el mundo y con las cercanías a los puertos, le genera ciertas ventajas que deberían ser equitativas con el resto de los productores del interior profundo. Y la pregunta es aquí ¿cómo es compensado?"
A través de estas y otras cuestiones planteadas en un extenso documento, el Colectivo del INTA llama a un debate profundo sobre la producción de alimentos en Argentina que supere "la confusión político ideológica instalada en general y profundizada, en estos días, a través del agravio de las entidades del campo y de medios de comunicación en forma maliciosa y provocativa".
Comenzó la paritaria nacional docente 2021
Un primer encuentro para presentar las demandas de los gremios
El encuentro comenzó a las 17 en el Palacio Sarmiento y duró poco más de una hora, bajo una modalidad mixta: presencial y por teleconferencia. Participaron dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Confederación Argentina de la Educación (CEA), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET). De parte del Gobierno nacional estuvieron Trotta, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, miembros de ambos gabinetes y distintos funcionarios de los Ministerios de Educación de las provincias.
“El ministro Trotta tuvo una paciente escucha al reclamo de los sindicatos nacionales, pero todavía no hubo ninguna propuesta por parte del Ministerio”, explicaron a Página|12 desde Sadop. El gremio de las y los docentes privados planteó en la mesa de negociación “la necesidad de la recomposición del salario docente, teniendo en cuenta el piso de $27500 del sueldo inicial de las y los educadores, en comparación con los $56000 que cuesta al día de hoy la canasta básica”, un reclamo sostenido de forma unánime por todos los sindicatos presentes.
El objetivo es lograr un aumento salarial de, por lo menos, un 29%, por encima de los guarismos inflacionarios para este año; teniendo en cuenta también el contexto de pandemia y el valor de la canasta básica. “Sadop hizo mucho hincapié en estos ejes” y “que la covid-19 sea reconocido como una enfermedad profesional”, sostuvieron desde el sindicato. La necesidad de licencias especiales para docentes en grupos de riesgo y/o convivientes de personas con comorbilidades y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) también fueron cuestiones puestas sobre la mesa de negociación.
Las condiciones sanitarias necesarias para una “presencialidad cuidada” fue otro punto crucial. “Planteamos la necesidad de garantizar las elementales y seguras condiciones de higiene y seguridad para regresar a las aulas, para cuidar la salud de las y los estudiantes y docentes en el marco previo al inicio del ciclo lectivo en la mayoría de las jurisdicciones”, comentaron desde Ctera. Además, plantearon como reclamos la necesidad de continuar con el Plan Nacional de Formación Docente y la conectividad y computadoras para estudiantes y docentes.
Luego de la primera jornada de conversación, la Paritaria Federal Educativa pasó a un cuarto intermedio. Al respecto se refirió Trotta, quien expresó que “en un esquema paritario se escuchan a todos los sectores, es un proceso de negociación". Además, sostuvo que están transitando “el desafío de consolidar un modelo educativo profundamente transformador en nuestro país junto con maestras, maestros y gobiernos”, e puntualizó en la importancia de fortalecer también el incentivo docente, "cuyo monto en 2020 fue duplicado". El ministro confirmaría el día de mañana la fecha y hora de un segundo encuentro de Paritaria Federal Educativa, que tendría lugar a principios de la semana venidera.
Más temprano, el presidente Alberto Fernández recibió al secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional, Hugo Yasky, al secretario General del Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), Roberto Baradel y a la secretaria General de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación), Sonia Alesso, en su despacho de la Casa Rosada.
Durante el encuentro, los dirigentes de los sindicatos expusieron sobre la necesidad de resolver la situación de las y los docentes de Chubut y de reforzar la vacunación a nivel nacional para las y los trabajadores de la educación. También conversaron sobre la Ley de Financiamiento Educativo y sobre el Consejo Económico y Social del cual participarán el día de mañana. “El presidente escuchó muy atentamente cada uno de los temas y planteó que se iba a ocupar, quedamos en seguir conversando y hablando la semana que viene”, contó Roberto Baradel a Página|12. También desmintió que en dicha reunión se hubiera acordado una paritaria del 29%, tal y como se comunicó en algunos medios.
Informe: Sofía Moure
En enero retrocedió 0,6 por ciento según un relevamiento privado
El consumo aún continúa estancado
Imagen: Sandra Cartasso
Tras cinco años consecutivos de caídas, el consumo masivo comenzó el año en baja. Cayó 0,6 por ciento interanual en enero en volumen, según la consultora privada Scentia. Sin embargo, registró fuertes disparidades según la zona geográfica del país y el lugar de compras. Mientras que en el AMBA y en los supermercados hubo fuertes subas, en los autoservicios se registraron marcados descensos. El rubro líder en ventas continúa siendo el de los productos de limpieza, debido a los nuevos hábitos adquiridos en pandemia.
En términos generales, el consumo masivo cayó. Sin embargo, desglosado por región geográfica, en el Área Metropolitana subió 4 por ciento, y en el interior del país bajó 4,3 por ciento.
Desde la consultora Scentia también realizan la clasificación según el punto de venta. En los supermercados, el consumo trepó 11,3 por ciento, siendo todavía más fuerte en el AMBA, donde ascendió a 12,2 por ciento, aunque también creció con fuerza en el interior (9 por ciento). Por el contrario, en los autoservicios el desplome fue del 9,2 por ciento, explicado no tanto por el AMBA, donde la caída fue del 3,5 por ciento, sino por el interior, donde alcanzó el 12,5 por ciento.
"El comportamiento entre canales fue dispar, mientras que los supermercados tuvieron un muy buen desempeño, los autoservicios tuvieron un retroceso", describió Osvaldo del Río, director de Scentia. En 2020, había ocurrido lo contrario. Por este motivo, según su análisis, el crecimiento de supermercados puede deberse a la baja base de comparación.
Sin embargo, también agrega que otro de los causantes de este compartamiento es lo que ocurre con los precios. "El incremento de precios en supermercados fue menor que en otros canales", afirmó. De hecho, políticas como Precios Cuidados sólo se encuetran en los supermercados. Un tercer factor que ponderó fue la mayor cantidad de gente que ingresa a las tiendas, ya sin restricciones.
Con respecto a los precios, se observa que el promedio ponderado continuó con tendencia a la baja. En enero fue del 34 por ciento interanual. En enero pero del 2020, hace un año, ese porcentaje anualizado contra 2019 era del 55,7 por ciento, lugo del 2019, año récord de inflación.
La caída del consumo masivo del 0,6 por ciento interanual en enero se explica por las caídas en bebidas con y sin alcohol, de casi 7 por ciento de baja, y por los alimentos perecederos. Por el contrario, alimentos y productos de desayuno y merienda tuvieron moderadas subas. Tal como ocurrió en 2020, el rubro de limpieza y hogar sigue liderando las ventas, y trepó 8,5 por ciento, debido a los nuevos hábitos por la pandemia.
Si se observa qué ocurrió con las ventas de los supermercados, todas las categorías muestran mejoras. Por el contrario, en los autoservicios independientes, los rubros se presentan todos a la baja, salvo limpieza de ropa y hogar, que muestra una mejora de apenas el 0,3 por ciento.
Los mejores datos se dan en las ventas en los supermercados del AMBA. Los productos impulsivos trepan 22,1 por ciento, los de limpieza 14,9 por ciento y los perecederos 5,5 por ciento. Por el contrario,
El consumo masivo comienza 2021 con una caída, luego de cinco años consecutivos de caída. Hay que remontarse al 2015 para encontrar un alza interanual, último año del gobierno de Cristina Kirchner, que había sido del 2,5 por ciento. La caída interanual más abrupta se dio en 2019, último año del gobierno de Cambiemos, donde el desplome llegó al 7,3 por ciento. En el 2020, año con una fuerte crisis económica y sanitaria debido a la pandemia, la caída del consumo fue del 0,1 por ciento.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario