Análisis crítico sobre el Consejo
Económico y Social lanzado por el
Gobierno
Por Alberto “Cacho” Rodríguez, Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021.
El Gobierno Nacional reunió por primera vez lo que denominó: Consejo Económico y Social, al que establecido por decreto y sin el necesario debate público acerca de objetivos y composición, cuya función, expresó “será elaborar una agenda institucional que supere la coyuntura y marque políticas de Estado para los próximos 30 años. Sus labores se extenderán durante 1.000 días, osea 3 años, el mandato del actual Presidente. Lo presidirá Gustavo Beliz, hombre del Opus Dei y menemista, Secretario de “Asuntos estratégicos”, que no es garantía para impulsar cambios de fondo en ningún plano.
Su composición política e ideológica adelanta los resultados Lo conforman 30 miembros con una preminencia en su interior de personajes que han defendido al sistema capitalista, y a su etapa neoliberal sin discrepancias de fondo, empresarios que mantienen alianzas e identificaciones con las multinacionales y comparten o adhieren a los grupos monopolicos de la economía, con escasos dirigentes obreros, la mayoría colaboracionistas ( salvo muy pocas excepciones) y que no se destacan, para ser contemplativos, por una oposición decidida a ese sistema, que profundizó el carácter dependiente del país, la brutal desocupación y el empobrecimiento de los trabajadores.
Nadie, a partir de esa composición, debería esperar que de allí salgan ideas, criterios y planes para el inicio de un proceso de verdadera independencia nacional, de liberación del país, de cambios de una estructura dependiente del imperialismo, de democratización de la economía, de fortalecimiento y participación del Estado, en la industria de base, en la producción agraria, en la energía, el transporte, etc; incluso en algunas cuestiones de manera hegemónica y no solamente un Estado que “regule”
El objetivo de planes para 30 años, es sin duda una utopía irrealizable a menos que el objetivo sea remachar la vigencia de un capitalismo salvaje que está llevando al mundo a una concentración inédita de la riqueza y a la multiplicación de la pobreza. No hay otro capitalismo, no existe y es misión imposible crearlo desde el subdesarrollo y la dependencia.
Los mil días para materializar conclusiones suenan a que no hay planes inmediatos para un objetivo no definido.
También, sobre la base de posiciones, actitudes y políticas que algunos de los componentes del Consejo aprobaron en el gobierno de Macri es imposible e ingenuo pensar en una “cultura del encuentro” y menos aún de una “amistad social” que ignore las tremendas contradicciones en su seno.
En ese Consejo, solo para mencionar algunos, esta la Mesa de Enlace representando la oligarquía transformada en gran burguesía agraria, personajes como Funes de Rioja representante de la UIA y las 4 o 5 empresas que monopolizan los alimentos, todos ellos enriquecidos con la crisis económica que pagó el pueblo argentino, también R. Daer, y G. Martínez que paralizaron las luchas desde la CGT contra las políticas del macrismo y hace suyas expresiones sobre que el “capitalismo tuvo un éxito muy grande en la generación de riqueza, pero un fracaso muy grande en las sociedades desiguales que construyó” (ver Pag 12 – 21/2). Habría que decirle a este “dirigente obrero” que las riquezas justamente las construyó por la explotación brutal del trabajo,
Cual será nuestro rol en el CES dijo Daer: “es el de siempre; no ir a ningún extremo que termine generando un marco de inestabilidad social”. En criollo para estos tres años, ninguna lucha, ninguna movilización.
Un solo representante de los Movimientos Sociales. Otros participantes de los que no conozco pergaminos para un debate de semejante envergadura en lo económico, político y social. Esta la Bolsa de Cereales (¿?), la UIA de Salta, del Conicet una Licenciada en Ciencias Biológicas (¿?), un representante de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas (¿?).
Por supuesto que nada a la izquierda del movimiento político, obrero y social, y eso definiría aun con mayor certeza cuáles son los objetivos del cónclave.
Finalmente, lamento no seguir los consejos del filósofo Jorge Aleman, no creo que en estas opiniones exista una “enfermedad infantil”, lo que hay es objetivamente es una enfermedad terminal en el país, el capitalismo neoliberal, al que no se la puede combatir con fomentos, infusiones caseras o aspirinas,
Formalizan la creación del Consejo
Económico y Social // Cómo funcionará
y cuáles son los temas clave que
abordará
Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021.
Este lunes, a través del Decreto 124/2021 se establecieron los objetivos iniciales del organismo.
El Gobierno formalizó este lunes, a través del Decreto 124 publicado en el Boletín Oficial, la creación del Consejo Económico y Social, donde se establecieron los lineamientos básicos que tendrá el organismo hasta que el Congreso trate el proyecto que definirá su reglamento final.
Cómo funcionará el organismo presentado por el presidente Alberto Fernández para la construcción colectiva de políticas de Estado. Los temas clave, las metas estratégicas y las líneas de trabajo.PUBLICIDAD
El Consejo Económico y Social, en una experiencia inicial de 1.000 días para la construcción colectiva de políticas de Estado, ordenará su trabajo en cinco misiones sobre temas claves: Comunidad del Cuidado y Seguridad Alimentaria, Educación y Trabajos del Futuro, Productividad con Cohesión Social, Ecología Integral y Desarrollo Sustentable y Democracia Innovadora.
El Consejo Económico y Social tiene por objetivos:
- Brindar, en el ámbito de su competencia, apoyo al Presidente o a la Presidenta de la Nación efectuando el análisis y las recomendaciones que se le requieran sobre programas de gobierno y proyectos de leyes estratégicos.
- Abrir un espacio de diálogo y cooperación entre los diversos sectores económicos y sociales del país.
- Generar consensos amplios sobre prioridades estratégicas para el desarrollo nacional inclusivo.
- Establecer mecanismos de participación ciudadana que, ajustándose a las disposiciones de la Constitución Nacional y a los principios del sistema republicano y federal, permitan procesar las diferencias entre sectores de la vida económica y social.
- Colaborar en la implementación de las políticas públicas que se diseñen para la efectiva consecución de los acuerdos estratégicos.
Estimular un debate informado donde el diálogo entre las diferentes visiones sectoriales se enriquezca por el soporte de información técnica y científica rigurosa.
Funciones del Consejo Económico y Social:
- Elaborar y actualizar una agenda de trabajo sobre una lista de asuntos prioritarios que el Poder Ejecutivo Nacional remita a su consideración.
- Reunirse en sesiones para tratar los temas de la agenda.
- Adoptar acuerdos y recomendaciones con relación a los temas de su incumbencia, en el marco de su competencia.
- Emitir informes que revelen los consensos alcanzados así como las observaciones o diferencias al despacho mayoritario, si las hubiere.
- Promover estudios, debates públicos, encuestas de opinión u otros mecanismos de participación y consulta, tanto presenciales como virtuales, que permitan captar la opinión de sectores amplios de la población sobre los temas en tratamiento.
- A pedido del Presidente o de la Presidenta de la Nación, convocar a sectores que se encuentren especialmente afectados por decisiones políticas, con el fin de buscar, mediante el diálogo, propuestas que faciliten un abordaje consensuado de esos asuntos.
- Elaborar y elevar anualmente al Jefe o a la Jefa de Gabinete de Ministros, dentro del primer trimestre de cada año, una memoria sintética sobre la tarea desarrollada.
- Desplegar sus sesiones y las reuniones de los equipos de trabajo a lo largo de todo el territorio nacional.
- Convocar a los Consejos Económicos y Sociales u órganos similares de participación provincial o municipal de la República Argentina, con el fin de coordinar y enriquecer el trabajo.
- Elaborar y elevar al Presidente o a la Presidenta de la Nación un anteproyecto de ley para la creación de un Consejo Económico y Social para el Desarrollo.
Competencias:
- Conformar equipos de trabajo multisectoriales para facilitar el cumplimiento de sus fines.
- Solicitar antecedentes, datos e informes técnicos a los distintos órganos que conforman la Administración Pública Nacional, los que deberán ser atendidos en forma prioritaria dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente en materia de acceso a la información pública.
- Invitar a funcionarios o funcionarias, expertos o expertas y/o representantes de instituciones privadas para que expongan en las sesiones o equipos de trabajo, o solicitarles informes que faciliten la discusión de temas dentro del Consejo.
- Desarrollar encuentros de debate, tanto regulares como extraordinarios, en el ejercicio de sus funciones, los cuales serán abiertos al conjunto de la ciudadanía por vía presencial o virtual.
- Impulsar acuerdos de cooperación para el cumplimiento de sus fines con organismos internacionales y/o con áreas de la administración pública Nacional, Provincial y/o Municipal, u otros organismos públicos o privados.
- Proponer al Presidente o a la Presidenta del Consejo Económico y Social, en los casos que estime necesario, el dictado de normas reglamentarias que faciliten su funcionamiento.
El organismo funcionará en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación y celebrará una sesión ordinaria al menos una vez cada 30 días.https://es.scribd.com/embeds/495503757/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-Yt0sOwW4UPGtSEvlYg6t
Cada una de las misiones, según sostuvo el documento de presentación del nuevo organismo días atrás, abordará los cinco temas claves para alcanzar 25 metas estratégicas «para el futuro argentino, vinculadas y sinérgicas a partir de una visión común de país».
En ese sentido, destacó que el marco de referencia son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.
Asimismo, detalló que a partir de la experiencia de esos primeros 1.000 días de trabajo y las iniciativas presentadas por legisladoras de los diversos partidos, el CES acordará y elevará a consideración del Poder Ejecutivo un proyecto de ley para su organización definitiva.
Las misiones y los temas
Comunidad del Cuidado y Seguridad Alimentaria
- Lucha contra el hambre y la extrema pobreza como política federal de Estado. Armonización de programas de transferencias universales. Transformación de planes asistenciales en empleos.
- Formación de precios de alimentos y de productos críticos para la calidad de vida. Transparencia de compras estatales y vinculación productiva con el universo cooperativo y de la economía popular.
- Cuidado integral a los primeros 1000 días de vida.
- Innovaciones tecnológicas para la justicia social sanitaria.
- Bienestar emocional, economía del comportamiento, deporte y cultura como ámbitos integradores en la pospandemia.
Educación y Trabajos del Futuro
- Formación en profesiones estratégicas como puente entre ciencia-producción y empresas-sindicatos. Vinculación entre oferta y demanda de empleos.
- Promoción de habilidades tecnológicas en los sectores más vulnerados.
- Desarrollo inclusivo de la ley de economía del conocimiento, con especial énfasis en pymes y brecha digital de género.
- Capacitación tecnológica docente 4.0. Herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles.
- Métricas, indicadores, registros y nuevas estadísticas para reflejar los fenómenos de cambio tecnológico, productivo y de organización social.
Productividad con Cohesión Social
- Armonización y transparencia tributaria para la equidad. Mejoras en áreas críticas y de alto impacto en la administración y control impositivo.
- Sistema Nacional de Defensa de la Competencia. Estructura de costos de servicios públicos, inversiones estratégicas y protección al usuario y consumidor.
- Acceso al crédito, promoción y facilitación de inversiones y mercado local de capitales para el desarrollo. Finanzas inclusivas, verdes, solidarias y resilientes.
- Nuevas formas de organización empresarial y relaciones laborales frente al cambio tecnológico. Parques industriales y polos tecnológicos.
- Plan de apalancamiento exportador agroindustrial y de servicios de conocimiento. Integración internacional de economías regionales, con impacto económico y social global.
Ecología Integral y Desarrollo Sustentable
- Desarrollo verde y azul. Recursos naturales y cambio climático: agua, pesca y bosques.
- Tierra, Techo y Trabajo: reordenamiento territorial y poblacional con prioridad en el mejoramiento de condiciones de vida e integración de barrios populares.
- Transición energética justa y renovable: eólica, solar e hidrógeno.
- Conectividad física y digital: 4G y 5G, Internet para la inclusión, hidrovía, trenes, puertos y movilidad sustentable.
- Economía circular, biotecnología, inteligencia artificial, nanotecnología y blockchain como vectores transformadores sustentables e inclusivos.
Democracia Innovadora
- Profesionalización estatal para la transformación social. Nuevas Escuelas frente a la revolución tecnológica exponencial: Judicial, de Gobierno y Diplomática.
- Políticas de género: abordaje transversal y federal.
- Datos para el bien común. Ética e impacto de la nueva economía digital y las redes sociales. Co-creación para nuevas formas de participación democrática.
- Integridad pública y privada. Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, nuevas modalidades de responsabilidad empresarial y Observatorio de Transparencia en la Obra Pública.
- Seguridad, justicia y derechos humanos: Policía Judicial, sistema acusatorio penal, trazabilidad y digitalización de la justicia. Ciberdefensa y ciberseguridad como nuevos desafíos geopolíticos estratégicos. Prevención integral de la violencia.
Jueza pidió a abogados que se
capaciten en Ley Micaela
Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021.
Jueza pidió a abogados que se capaciten. Dictó un fallo por alimentos con perspectiva de género
La jueza María Anahí Brarda remarcó la necesidad de juzgar con perspectiva de género y advirtió que la postura discriminatoria de los padres por cuestiones de género «no resulta novedosa, y se reitera de manera permanente, en gran parte de acciones en las que se persigue el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes ejercidas por las madres».
Jueza pidió a abogados que se capaciten en Ley Micaela
Brarda es la titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 1 de Santa Rosa. En su sentencia, pidió «asumir un compromiso específico» para extirpar esas conductas. Sus consideraciones forman parte del fallo dictado en el marco de una causa iniciada por una madre que promovió una acción por alimentos contra el padre de su hija. Según la demanda, el hombre recién reconoció a su hija cuando esta tenía seis años y hasta los ocho nunca le brindó «ayuda económica ni espiritual».
Recién en 2019 los progenitores pactaron, ante el Centro Público de Mediación Judicial, una contribución alimentaria provisoria y sin cláusulas de actualización. Brarda convalidó el pedido pecuniario de la madre.
«No pueden admitirse».
La jueza recordó que a partir de la sanción de la ley nacional 27.499, conocida como Ley Micaela -que obliga a capacitar a empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado en la temática de género y violencia contra las mujeres-, «es nuestro deber transformar aquellas prácticas e intervenciones concretas que demuestren una clara discriminación por la cuestión de género y asumir un compromiso específico en su erradicación».
Expresó que del escrito de respuesta a la demanda, surgieron «manifestaciones que no pueden ser admitidas en ningún proceso, pero menos aún en aquellos que también involucran a una adolescente en proceso de formación y sus derechos fundamentales, cuyos responsables resultan tanto su madre como su padre en idéntica medida».
La jueza se refirió así a un planteo de la defensa del padre de la adolescente, quien argumentó que la madre «omitió rotundamente indicar en la demanda si con él hubo una relación afectiva sólida, de convivencia, o más bien fueron avistamientos esporádicos. Nuestro mandante informó que ocurrió esto último y que, en más de una oportunidad, le solicitó (a la mujer) realizar la prueba genética sin obtener respuesta afirmativa de ella».
Postura machista.
«¿Qué influencia tiene, en un proceso alimentario, con un reconocimiento voluntario de paternidad por parte del demandado hace ya siete años, la pretendida inclusión de consideraciones tales como la modalidad de la relación, frecuencia de encuentros, convivencia…», se preguntó la jueza.
«¿La parte demandada considera genéticamente distinto un vínculo porque se genere en un encuentro o una relación prolongada? ¿Entiende que hay grados de paternidad de acuerdo a la frecuencia de encuentros con la madre? ¿Se puede cuestionar a la mujer porque no informó los detalles de la relación?», continuó.
Brarda se respondió a sí misma que lo que atravesaba el planteo defensivo eran «conductas preconcebidas, amparadas en la desigualdad de género» que le atribuyen a la mujer «la responsabilidad de manera exclusiva; llegando incluso a cuestionar la ausencia de prueba genética que determinase su paternidad, sin que surja de los registros que el padre ejerciera activamente su rol (…), y para el caso de encontrar necesaria la prueba, haya instado las medidas correspondientes (…) sin esperar que la madre accione por él y subrogue sus derechos».
¿Avistamiento?
La jueza sostuvo que era necesario comprender que el ejercicio de derechos e instancia de procesos no depende de la madre que lo decida, y tampoco el cumplimiento de la obligación paterna se subroga a ello; resultando indispensable comprender que los derechos, deberes y obligaciones de madre y padre deben ser ejercidos desde el momento mismo de la concepción, y en condiciones igualitarias para ambos, siempre que no existan impedimentos que habiliten otra instancia protectiva».
Luego sostuvo que era inadecuado referir el inicio de un vínculo a través de la palabra «avistamiento», razón por la cual pidió a los letrados que se capaciten en género. «Entiendo importante requerir a los letrados que ajusten su intervención y asesoramiento a la normativa consagrada por la Ley Micaela y, en consecuencia, realizar la capacitación en género solicitada por el Colegio de Abogados y Procuradores al Superior Tribunal de Justicia, que fue aprobada y acordada para llevar a cabo este año mediante la Resolución 268/20 (….)», sostuvo.
Brarda consideró fundamental esa capacitación para «erradicar prácticas arraigadas y desiguales». (La Arena)
Fuente: https://diariofemenino.com.ar/jueza-pidio-a-abogados-que-se-capaciten-en-ley-micaela/
Peleándola desde abajo
Por Nahuel Zárate, Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021.
Un informe realizado por el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y avalado y difundido por el INAES, recorre la situación de las empresas recuperadas durante el último año, donde le hicieron frente a la pandemia y la crisis económica.
Conocer el impacto de la pandemia en la actividad productiva de las cooperativas y las empresas recuperadas por trabajadores (ERT) y cuáles fueron las políticas de asistencia tomadas por el gobierno nacional para poder evitar el cierre masivo de compañías del sector autogestionado de la economía. Ese fue el objetivo del informe diseñado por el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y avalado y difundido por la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). ¿Fueron realmente eficaces las medidas tomadas o todavía falta acción por parte del Estado para acompañar al sector autogestionado de la economía?
Para el estudio, los investigadores contaron con la colaboración del Proyecto de Vinculación con Empresas Recuperadas de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y distintas organizaciones del sector. “La participación de este año fue mayor porque, al no tener la necesidad de pactar una visita y hacerla presencialmente, eso es un trabajo de organización. En el último ordenamiento que habíamos hecho entre 2017 y 2018, hicimos unas 87 empresas recuperadas y, ahora, fueron 135, 195 en total porque, este año, se agregaron cooperativas de trabajo”, comenta Andrés Ruggeri, director del informe y asesor del Ministerio de Trabajo.
Si bien las restricciones propuestas en el marco del Aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) involucraron el cierre de gran cantidad de empresas dedicadas a actividades denominadas no esenciales, según el informe, solo un 20% del total de las cooperativas y empresas recuperadas encuestadas tuvo que detener su actividad productiva en los meses de confinamiento más estricto. El 80% restante representa a los sectores que realizan actividades esenciales en forma directa o indirecta, como es el caso de las cooperativas textiles. “Trajimos una máquina para fabricar barbijos desde China y tuvimos la suerte de incorporar 45 compañeras y compañeros, pudimos completar un plantel de 160 personas”, cuenta para Anccom Francisco Martínez, secretario de la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del INAES, asociado fundador y ex presidente de Textiles Pigüé.
El impacto económico que significó la pandemia a nivel global y la limitación en la actividad productiva profundizaron la crisis que venía atravesando el país luego de las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, la cual perjudicó principalmente al bolsillo y calidad de vida de los trabajadores. En este contexto es que el gobierno se vio en la necesidad de implementar distintas medidas de apoyo económico, las cuales fueron eficientes en cierta proporción para las empresas privadas, que pudieron solicitar la Asistencia de Trabajo y la Producción (ATP) o los créditos a tasas subsidiada del 24% para las PyMEs. “Cuando arranca la pandemia, las industrias la pasamos realmente mal. No nos entendían que éramos empresas cooperativas, entonces, todos los decretos que salían para que los bancos den algún crédito no nombraban la palabra cooperativa. Hablaban solo de PyMEs”, menciona Hugo Cabrera, presidente de la Cooperativa Gráfica Campichuelo, del barrio de Caballito.
Estas políticas de contención no pudieron ser concretadas por las cooperativas y las ERT, debido a imposibilidades normativas, lo que generó grandes críticas desde el sector. “No fueron específicas para la cooperativa. Había que acondicionar mejor esas medidas para que lleguen mejor a las cooperativas de la misma manera que llegan a las empresas privadas”, destaca Andrés Ruggeri.
Frente a la difícil situación en que se encontraban inmersas las cooperativas, el Estado reactivó la línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado, que aporta un subsidio mensual a los asociados; lanzó créditos especiales para las cooperativas de trabajo a través de una línea articulada entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, el INAES y el Banco Nación; implementó Potenciar Trabajo, que fue otro de los programas destinados a los trabajadores de la economía popular; e implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual benefició a gran cantidad de trabajadores asociados a cooperativas.
El informe señala que el 67% del total de las cooperativas solicitó el programa Línea 1 y el 82% de ese total tuvo acceso a él. Si bien tuvo un alto nivel de demanda, no significó una solución del todo eficaz para los trabajadores. Manuel Azurmendi, presidente de la Cooperativa de Trabajo El Zócalo, del barrio de Montserrat, señala que “la línea 1 fue un aporte que es para cooperativas trabajo autogestionado. Lo hemos tramitado, han sido 8 meses, pero en esa línea es incompatible con otros programas, así que se cayó a todos los compañeros que han accedido a otros programas, por ejemplo, potenciar trabajo, IFE”.
Otros de los puntos reclamados es el que atiende Silvia Díaz, de Cooperativa La Cacerola, también ubicada en Caballito: “Estamos reclamando que haya continuidad en el programa Línea 1 que solo lo han prolongado por el mes de febrero, cuando el gobierno nacional ha prolongado para los trabajadores de empresas privadas la ATP en algunos casos, que son equivalentes lo que era la Línea 1 para las cooperativas de trabajo”.
La línea de crédito lanzada por el Ministerio de Desarrollo y el Banco Nación fue otra de las iniciativas enfocadas en el fortalecimiento económico de las cooperativas. Con una tasa subsidiada del 18% y con la posibilidad de pagarlo a un año con 3 meses de gracia y otros 3 meses solo de pago de intereses. Sin embargo, los resultados de la encuesta arrojaron que solo el 12% de las cooperativas solicitaron créditos del Banco Nación. La baja demanda se debe, principalmente, a la falta de información, incertidumbre en capacidad de pago y a las dificultades a la hora de entregar la documentación requerida. “Toda la operatoria de los créditos es lenta y piden muchísimos requisitos”, señala Silvia Díaz. “Nos costó completar toda esa documentación y, cuando la terminamos, le dieron de baja y fue reemplazado por un nuevo proyecto”, agrega la presidenta de la FACTA.
No obstante, con respecto a la negativa de las cooperativas a la hora de acceder a estos créditos, Francisco Martínez, comenta que “más del 80% de las cooperativas de trabajo de este país nunca habían accedido a un crédito, entonces, se hace este programa afectando 2 mil millones de pesos, usando una tasa del 18% y con dos simples papelitos: estar registrada en la secretaria PyMEs y un certificado legibilidad del INAE, comunicación con el Banco Nación y se terminó en menos de 20 días. Nosotros lo hicimos”.
Sin dudas, el decreto 311/2020, que prohibió los aumentos y corte del servicio por falta de pago para el gas, la electricidad y el agua, fue una de las medidas más importantes que tomó el gobierno en los meses de mayor restricción de la actividad económica. Además, prevé que las empresas prestadoras de estos servicios deben otorgar planes de facilidad de pago para las deudas que se generen y hace referencia exclusivamente a las cooperativas o empresas recuperadas que estén inscriptas en el INAES.
Todas estas medidas se fueron tomando sobre la marcha con el objetivo de mantener a flote la actividad productiva de estas, pero de nada sirven si no se implementan políticas a largo plazo que regularice la situación de los trabajadores. “Lo que hace falta es resolver esa situación para que sea más equivalente, para que no sea una pérdida o una cuestión menor trabajar en una cooperativa en relación a tener un trabajo formalizado”, menciona Ruggeri. “La ley de cooperativas es muy vieja, donde el cooperativismo de trabajo no está casi contemplado. Entonces, se fueron haciendo distintos parches por decretos o resoluciones del INAES que fueron regulando la cooperativa de trabajo, pero que no lo terminan de contemplar como un sujeto laboral. Entonces, los trabajadores de las cooperativas no tienen los derechos de los trabajadores asalariados”, concluye el director del informe.
*Por Nahuel Zárate para ANCCOM / Imagen de portada: Juan Ignacio Galvalisi.
Abofem denuncia falta de capacitación
de 52 jueces y juezas en concurso
público
Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021.
Este lunes Abofem Argentina presentó ante el Consejo de la Magistratura una impugnación formal frente a la postulación de 52 jueces y juezas en concurso público, por carecer de la capacitación en perspectiva de género que dicha instancia requiere.
La presentación radica en la falta de idoneidad de cincuenta y dos (52) de los ciento treinta y ocho (138) aspirantes a ocupar los cargos cuya cobertura se pretende mediante el Concurso Público de Antecedentes y Oposición nro. 461, por carecer de la Capacitación en Perspectiva de Género exigida por los artículos 7, 10 y 11 del Reglamento de Concursos Vigente.
La Capacitación en perspectiva de género es obligatoria y es un requisito excluyente para toda persona que desee inscribirse a concurso para cubrir cargo de juez. Quienes no cuenten con la misma, dentro de los 2 años anteriores a la postulación, no podrá inscribirse en concurso público para ser designadx juez. Como venimos sosteniendo, SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO NO HAY JUSTICIA.
Es por ello que solicitamos sean excluídxs del concurso.
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