23 de febrero de 2021
El Gobierno difundió la lista de setenta personas vacunadas en el Hospital Posadas y el Ministerio de Salud
Carla Vizzotti: "Tomamos las medidas para esclarecer todo"
El gobierno nacional difundió la lista de sesenta personas vacunadas en el Hospital Posadas y diez en el Ministerio de Salud. Tras una reunión entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la flamante ministra Carla Vizzotti se decidió la publicación de los nombres. La vacunación irregular se trató de “una situación muy puntual, excepcional, equivocada y se han tomado las medidas necesarias para clarificar lo sucedido”, señaló Vizzotti en diálogo con C5N y destacó que “la responsabilidad del Estado nacional es dar respuestas a la Justicia y estamos absolutamente disponibles”.
La casi totalidad de las vacunas –no menos de 700.000– las aplicó cada uno de los distritos, pero el foco se puso en las de jurisdicción nacional. En la Rosada remarcan que la gran mayoría son funcionarios que encajan con la normativa establecida: “gestión y conducción del Estado”. Figuran otros, que no se adecúan a esa definición como el empresario Florencio Aldrey y su familia, el periodista Horacio Verbitsky, la familia de Eduardo Duhalde o algunos funcionarios jóvenes de Salud y Economía.
Cafiero y la ministra también planificaron los pasos siguientes del plan de vacunación, lo que incluye distribuir un millón de dosis que llegarán el jueves del laboratorio chino Sinopharm y más vacunas gestionadas en Moscú por la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Hoy se presentará un protocolo para transparentar la vacunación, con definiciones de quién es personal estratégico y quién no. A esto se agregará un carnet de vacunación y un acceso a la información a partir de la trazabilidad de cada aplicación.
Listas
En la reunión entre Cafiero y Vizzotti se evaluó la posibilidad de hacer pública la nómina de la totalidad de vacunados en el país, pero la idea se descartó porque violaba las normas referidas a la confidencialidad de los datos personales. Se optó entonces por pedirle al Posadas que dé a conocer el listado de los que se vacunaron en sus instalaciones por pedido del Ministerio de Salud. En total, en los casi dos meses transcurridos desde la llegada de las primeras dosis –24 de diciembre– se vacunaron 70 personas por fuera del circuito normal, que es la vacunación de cada distrito, es decir de las provincias y CABA.
La mayoría del listado son personas que están contempladas en la normativa explicitada en la resolución 2883 del Ministerio de Salud cuyo título es nítido: “Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina”. En el anexo se señala quienes tienen prioridad y hay un apartado específico sobre la administración del Estado: “toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o transmisión”.
El texto deja margen para debatir quién entra en esa definición, pero una parte de la nómina parece lógica: el Presidente, su vocero, el canciller, secretarios de presidencia, el fotógrafo del viaje a México, el ministro de Economía, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, su par en Paraguay, Domingo Peppo, el negociador de la deuda, Sergio Chodos. Hay 22 funcionarios del Ministerio de Salud y cinco del Ministerio de Economía. Habrá que hacer una revisión más fina de esos funcionarios: por ejemplo, figura una comunity manager de Economía de unos 30 años y al menos otras tres personas de menos de 40.
Falsos
Desde el domingo y durante toda la jornada de ayer se hicieron circular nombres y más nombres de personas vacunadas “por acomodo” y que resultó información falsa. Entre otros, los trolls de Cambiemos pusieron a Marcelo Tinelli, Verónica Lozano, Pablo Echarri, Mariano Iudica, Angel De Brito, Gustavo Silvestre o Diego Brancatelli. La mayoría de ellos tuvieron que dedicar un rato a desmentir que se hubieran vacunado. También algunos medios salieron a denunciar que les habían aplicado dosis a los suegros de Sergio Massa, Marcela Durrieu y Fernando Galmarini. Ella es médica, él tiene 80 años y ambos exhibieron la inscripción que realizaron el 1 de enero de 2021.
Otro mencionado fue el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. El funcionario le explicó a este diario que pidió vacunarse por ser personal estratégico del Estado y que también se vacunó su esposa, con Epoc avanzado. Zannini considera que entra perfectamente en la normativa dictada por el Ministerio de Salud.
En el debate entrará la vacunación de Eduardo Duhalde y su esposa Chiche. No aparece justificación alguna en la vacunación de las hijas del ex presidente. Todo indica que consiguieron la aplicación por la vieja amistad entre Duhalde y Ginés González García.
Vacunatorio
El “vacunatorio vip” del Ministerio de Salud terminó en un listado de diez personas, entre ellas varios cuestionados como Verbitsky, la familia de Aldrey, el empresario Zeza Manukian, de 84 años, otro empresario, Felix Guille, de 71, y el conocido médico Salomón Schächter, de 94 años. El equipo móvil del Posadas se trasladó al ministerio un único día, el 18 de febrero, y le aplicaron dosis también a Eduardo Valdés y Jorge Taiana, quienes iban a integrar la comitiva presidencial a México, el país con mayor tasa de mortalidad del continente. Estas vacunaciones son las que precipitaron la renuncia de Ginés.
Finalmente, la ministra Vizzotti explicó por qué la cartera reservó 3000 vacunas. Las dosis se aplicaron al personal del Hospital Posadas –en total tiene 5000 trabajadores–, que es el único hospital que depende del Estado nacional. También existe una reserva por si aparece un brote en algún lugar del país o si se rompe la cadena de frío y hay que proveer un reemplazo a algún distrito.
Vacunas
Un punto central del encuentro entre Cafiero y Vizzotti fue la continuidad del plan de vacunación. Ya se sabe que este domingo, la Anmat finalmente autorizó la vacuna china de Sinopharm, la más costosa del mercado. Dadas las urgencias, Alberto Fernández firmó un acuerdo con el gobierno chino por un millón de dosis que llegarían el viernes.
Al mismo tiempo, Vizzotti informó de los resultados del viaje de la asesora presidencial Cecilia Nicolini quien estuvo en Moscú en la semana que pasó. La versión es que vendrán más Sputnik V, pero nadie quiso confirmar las cantidades ni cuándo se hará el próximo viaje. El gobierno ruso admitió esta semana que no puede cumplir con la provision a todos los países y, según se menciona, está atrasada la transferencia de tecnología a un laboratorio de la India.
De esta manera, a corto plazo se suma el millón que viene de China, más 580.000 de Astra/Zeneca que vendrán de la India, más lo que llegue de Sputnik V. Esas cantidades deberían permitir una vacunación fluida, aunque todavía un poco lejos de lo que se necesita.
Tal vez la solución más contundente esté relacionada con la visita que Alberto Fernández hizo ayer en México. El mandatario estuvo en el laboratorio Liomont, donde se está trabajando la preparación final de la vacuna de Oxford/AstraZeneca cuyo elemento activo se produce en el laboratorio mAbxience de Munro. El compromiso es que a finales de marzo el conglomerado empiece a distribuir millones de vacunas en toda América Latina y deberían llegar 22 millones de dosis a la Argentina.
Cafiero y Vizzotti pusieron en marcha la elaboración de un protocolo minucioso de los criterios de vacunación y esas normas se van a someter hoy, primero, al Consejo Nacional de Inmunización, un ámbito científico en el que se va a definir qué personal es realmente estratégico, y luego se pondrá a consideración de todos los ministros de Salud del país. “La idea es que todos los distritos adhieran a esa propuesta de protocolo y trazabilidad de las vacunas”, anticipó anoche Vizzotti. La definición de personal estratégico es imprescindible a todos los niveles, incluyendo también los gobiernos provinciales y los municipales. Y junto con esas definiciones, el Ministerio de Salud propondrá un acceso a la informacion sobre la vacunación, es decir que si alguien quiere establecer a quiénes se vacuna, pueda verificarlo. El complemento de esas medidas es la entrega de un carnet que acreditará la vacunación de cada persona.
Informe: María Cafferata.
Los decomisos en las fronteras crecieron fuertemente durante la pandemia
Contrabando de cereales, con grandes exportadoras en la mira
El Estado puso desde el año pasado el foco en estos movimientos que, se sospecha, tendrían detrás a grandes exportadoras de granos que manejan el mercado y el ingreso de divisas. Mientras bregan por la baja de retenciones u otros beneficios, generarían mecanismos ilegales para sacar sus productos del país y obtener ganancias, con las consecuencias que esto acarrea a la vez en la economía local: desabastecimiento, mercado negro y suba de precios de los productos primarios que afectan directamente al bolsillo de todo el mundo. Los decomisos suelen derivar en la apertura de causas judiciales, lo que ha generado a la vez la intervención activa de otro organismo, la Unidad de Información Financiera (UIF), que puso el foco en el sector agroexportador y las posibles maniobras de lavado de activos.
La Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación tiene un relevamiento que indica que durante 2020 se incautaron 3.691.208 kilos de cereales, en su mayoría maíz y soja. "Los últimos análisis de información dejan en evidencia que se produjo un incremento muy singifictivo de las cantidades de grano que fueron decomisadas durante el año 2020, en especial en la segunda mitad del año. El aumento es mayor al 55 por ciento en relación al año anterior. Es por distintos tipos de infracciones y por contrabando", explicó a Página/12 la ministra Sabina Frederic.
"Los decomisos se producen en ciertos lugares más que en otros. Ahora estamos avanzando en el análisis de los circuitos, los orígenes y redes de transporte. Eso significa articular nuestro trabajo con la Justicia, para lograr impedir este tipo de ilícitos que ocasionan un daño significativo al Estado por evasión de impuestos, de retenciones, y porque sabemos que esto tiene impacto en la mesa de los argentinos", señaló. Los procedimientos que culminan con incautación de granos pasaron de 57 en 2019 a 139 en 2020, es decir un 144 por ciento más en plena pandemia del coronavirus. En el análisis de las rutas y la trazabilidad del material la clave será llegar a las organizaciones detrás de este negocio. Por lo general en un comienzo quedan comprometidos los choferes y propietarios de los camiones, pero el nudo de la cuestión es hasta dónde llega la cadena.
Ahí es donde parece resultar crucial el trabajo de la UIF, que dirige Carlos Cruz, que apunta a desnudar las operaciones de retención de granos, subfacturaciones, sobrefacturaciones y contrabando, que suelen funcionar como delitos precedentes del lavado de activos, además de la evasión. La prevención e investigación del lavado son los objetivos centrales del organismo. Una de las preocupaciones medulares está situada en la actividad de las principales cerealeras agroexportadoras, que son una decena, entre ellas Vicentin, AGD, Dreyfus, Oleaginosa Moreno, Cargill, COFCO, ADM agro, Molinos agro, Nidera, aceitera Deheza. Facturan un promedio de 3.000 millones de dólares al año.
La UIF ya se presentó como querellante en dos causas donde están identificadas en presuntos delitos dos grandes cerealeras: una es Vicentín y la otra es Bunge. Sobre la primera, desde Comodoro Py el juez Julián Ercolini mandó al juzgado federal de Reconquista la investigación por el vaciamiento de la empresa y por el contrabando de Granos a Paraguay y se quedó con la parte de los créditos que le dio a la empresa el Banco Nación durante le macrismo. Respecto de Bunge, están bajo la lupa presuntas maniobras fraudulentas en la presentación de las declaraciones juradas de exportación. La causa la tuvo la jueza María Eugenia Capuchetti, que se declaró incompetente previo rechazar la querella, lo que fue apelado. La causa fue a parar al juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky.
Pero no son los únicos casos donde el organismo intenta impulsar las investigaciones. También lo hizo ante el juzgado federal de Corrientes, el de Oberá (Salta) y el de Reconquista (Santa Fe), a raíz de todas las incautaciones y secuestros de vehículos que se hicieron a lo largo del año pasado que revelarían contrabando de granos a través de esas provincias. Algo que llama la atención en la UIF es la reticencia de esos juzgados a enviar información por mail o teléfono para facilitar la intervención de esta dependencia. Tampoco le pidieron colaboración.
La gestión actual de la UIF dejó de atender exclusivamente los casos de corrupción --algo característico de la gestión anterior--, partiendo del concepto de que el mayor perjuicio económico-financiero producido por el lavado de dinero se vincula con el contrabando, la evasión y el narcotráfico, pero sólo un 5 % se liga a los delitos de corrupción, como ilícitos precedentes.
Los delitos que se vinculan a las exportadoras de cereales repercuten, entre otras cosas, en el ingreso de divisas al país (el 60% de las divisas que ingresan provienen del complejo agroindustrial). Si no hay una liquidación y venta de granos dentro de la legalidad, si se sobrefactura o factura por debajo del precio de mercado, o se contrabandea o se instalan otras formas de venta ilegal, se fuerza una devaluación que termina impactando en los precios de productos básicos (pan, aceite, huevo, arroz, harina). Por supuesto que, menos tributos e ingresos, significan menos fondos para educación, salud, créditos y políticas públicas en general.
La gran atención se la lleva el llamado Corredor Litoral, que conecta a los países de la región (Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay). Luego están las vías terrestres y fluviales. Rutas que llegan a pasos fronterizos en especial en el norte del país y la hidrovía, por donde transitan los barcos con exportaciones.
La UIF trabaja en convenio con el Ministerio de Seguridad y desde hace un tiempo reúne periódicamente a organismos claves en este tema: AFIP, Banco Central, Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Imputaron a Ginés González García y a su sobrino, Lisandro Bonelli
Vacunados: allanan el Ministerio de Salud
Taiano acumuló denuncias del fiscal Guillermo Marijuán, el abogado hipermacrista Yamil Santoro, un grupo de "lilitos/as" de la Coalición Cívica que incluye a Mariana Zuvic, Paula Oliveto, Juan Manuel López, Mariana Stilman, Maximiliano Ferraro, Carolina Castets, Rubén Manzi, Alicia Terada, Lucila Lehman y Marcela Campagnoli, a la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, a Juan José Gómez Centurión y a Ernesto Martín Nahijhian. En total fueron 14 las denuncias penales que llegaron ayer a Comodoro Py, además de una investigación preliminiar y un sumario dentro del Minsiterio de Salud que abrió la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez.
La mayoría de las presentaciones apuntaban a Ginés y señalaban los delitos de abuso de autoridad, malversación de fondos y violación de los deberes de funcionario público. Algunas, como la del laboratorio HLB Pharma, que había participado del primer viaje a Moscú por la Sputnik V, señalaron asociación ilícita, propagación de epidemia y cohecho. Entre otros referentes de la oposición se presentaron a denunciar Alberto Aseff, Jorge Enriquez, Graciela Ocaña, Fernando Iglesias, José Cano, y también lo hicieron Jimena de la Torre y el abogado ultra "M" Santiago Dupuy De Lome. La abogada Valeria Carreras denunció a Martín Sabignoso, exsecretario de Equidad. Las denuncias serían todas acumuladas en el juzgado de Capuchetti, que fue el primero en ser sorteado.
Tanto el sobrino de Ginés como Sabingnoso se habrían aplicado la vacuna según el Sistema Integrado de Información Sanitaria, como personal de salud, aunque no integraban el grupo prioritario. El periodista Horacio Verbitksy, cuyo relato sobre vacunación fue lo que desató la escalada que terminó con el pedido de renuncia de Ginés González García, figura en la mayoría de las denuncias, igual que algunos funcionarios, como el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés, así como el procurador Carlos Zannini, entre otros nombres que se fueron conociendo.
Para ellos y otros funcionarios denunciados se repetirá una explicación que tiene cierto asidero --aunque a algunos les será difícil explicar la vacunación de familiares-- y es que están contemplados en el "Plan Estratégico de la Vacunación" (resolución 2883) publicado el 30 de diciembre de 2020 en el Boletín Oficial, que contempla la vacunación como prioridad para "toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o transmisión”. Como es evidente la investigación tendrá que diferenciar caso por caso, además de la responsabilidad penal de los exfuncionarios. Lo que sucede es que de una evidente irregularidad se comenzaron a multiplicar casos que son de distinto tenor.
El dictamen de Taiano dice que se investiga si hubo personal del hospital Posadas que que fue a la sede del Ministerio de Salud para vacunar "a personas que no cumplían con los criterios epidemiológicos y/o el esquema de etapas establecidos" en el Plan Estratégico, en función del relato de Verbitsky en El Destape Radio, que contó que había llamado a Ginés, quien le dijo primero que debía ir al Posadas pero luego le avisó que a través de su secretario que un equipo de ese hospital iría al ministerio. "Los denunciantes precisaron que las dosis suministradas de forma irregular integrarían un lote de vacunas Sputnik V que habría sido aparado del circuito oficial de distribución y, por lo tanto, no repartido conforme al plan delineado por el gobierno nacional", dice Taiano.
El dictamen pide que se allane la sede de Salud para "obtener el libro de personas que ingresaron al organismo, las imágenes captadas por las cámaras de filmación entre los días 1 y 19 de febrero de 2021, las constancias de viaje efectuados por los vehículos oficiales desde y/o hacia el Hospital Nacional Posadas, como así también la nómina de personas que recibieron la vacuna (...) y verificar la existencia del lugar utilizado, obtener fotografías y ralizar el croquis correspondiente". Agrega una orden de allanamiento al Posadas, del mismo modo para obtener imágenes en la misma fecha, el registro de las partidas de vacunas Sputnik V recibidas en ese hospital, la nómina de personas inoculadas y el personal asignado a la vacunación.
Vizotti negó la existencia de un sistema "vip" y dijo quese trató de un "grupo reducido de personas".
Redujo la inestabilidad cambiaria y comenzó a sumar divisas
Cómo hizo el Central para frenar la corrida
Imagen: Leandro Teysseire
Tras la crisis financiera desatada en septiembre, donde las medidas en el mercado de cambios derivaron en salida de depósitos y brecha récord, los tipos de cambio financieros y paralelos comenzaron a estabilizarse. Esto le permitió al Banco Central reducir el movimiento devaluatorio y aumentar las reservas. El organismo, que preside Miguel Pesce, compró divisas en 38 de las últimas 51 jornadas por 1200 millones de dólares. Así se desprende del último informe sobre dólar y reservas, realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav).
Dólar y brecha
“Los tipos de cambios paralelos (MEP, CCL, blue) continúan en el sendero de la estabilización, luego del cimbronazo cambiario de septiembre-octubre”, describió el documento. Al cierre de la tercera semana de febrero, las brechas con respecto al tipo de cambio mayorista oficial se ubicaron en torno al 57-65 por ciento, mientras que a finales de octubre 2020 se encontraban entre 150-110 por ciento.
Esto se debe en parte a que las expectativas devaluatorias fueron atenuándose, con medidas como la reducción de asistencias al Tesoro. Además, se sumó la recomposición del mercado de capitales, con resultados netos positivos en la colocación de bonos. De hecho, en enero, la asistencia del Banco Central al Tesoro fue nula. La financiación a través de la asistencia al Tesoro se había incrementado de manera exponencial por los gastos extraordinarios de la pandemia, dado que el resto de los mecanismos de financiamiento estaban cerrados: el financiamiento externo, cerrado desde 2018; la recaudación, desplomada y, el mercado de capitales local sin dinamismo debido al “reperfilamiento” de la deuda del ex ministro Hernán Lacunza.
La menor brecha cambiaria también permite “reducir el movimiento devaluatorio del tipo de cambio oficial”, describió el informe de la Undav. Durante noviembre-enero fue de 3,5-3,8 por ciento mensual, mientras que en los meses previos la depreciación venía siendo del 2,6-2,8 por ciento. A falta de una semana para que culmine febrero, el tipo de cambio mayorista se movió un 2,1 por ciento. Desde la Undav proyectan que cerrará el mes en torno al 2,7 por ciento.
El gobierno busca que este año el dólar mayorista se mueva entre un 25-29 por ciento, alineándolo al objetivo de cumplir con la meta del presupuesto (del 29 por ciento interanual en 2021, 5 puntos menos que en 2020). El año pasado, la devaluación del dólar mayorista fue del 40,5 por ciento, superior a la inflación, del 36 por ciento.
Reservas y depósitos
Para la Undav, la “consolidación de la estabilización cambiaria” es consecuencia también del mayor poder de fuego que tiene el Banco Central, a partir de la compra de divisas y de acumulación de reservas internacionales. Desde diciembre y hasta la actualidad, en 51 jornadas las reservas se incrementaron en 863 millones de dólares. Por el contrario, entre agosto y noviembre pasado habían caído 4764 millones de dólares, “por la salida de depósitos y la venta neta de divisas”, explicó el informe.
“La buena performance desde diciembre de las reservas internacionales se explica por la compra neta de divisas que viene logrando el Banco Central, a partir de la continuidad de la estabilización de la brecha cambiaria, el incentivo al complejo agroexportador a liquidar y la menor monetización del déficit fiscal”, explicó el informe de la Undav.
Desde el 30 de noviembre, el Banco Central compró divisas en 38 de 51 jornadas, mientras que en tan solo 8 días presentó un saldo vendedor neto (y en 5 mantuvo el saldo en cero). El saldo actual, es de una compra neta por 1.221 millones de dólares. En las dos primeras semanas de febrero el BCRA no presentó venta neta de divisas y compró 456 millones de dólares.
Por otra parte, continúa la estabilidad de los depósitos en dólares. Luego de las medidas de septiembre, la salida de los depósitos en dólares alcanzó los 2505 millones de dólares en un mes, que impactó en el nivel de reservas. Por el contrario, desde diciembre se dio una recuperación, dado que se incrementaron en 1271 millones de dólares, mientras que enero se redujeron levemente y en febrero se mantienen estables. “Es fundamental que siga consolidándose la estabilización lograda desde noviembre, dado que esto ayuda al objetivo de armonizar y tranquilizar la macroeconomía”, concluyó el trabajo.
Presentación de la Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina
Impugnan por cuestiones de género los pliegos de 52 jueces y juezas
El Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el organismo que elige a jueces y juezas, no cumple con sus propios reglamentos que exigen que quien se postula a un cargo acredite capacitación en perspectiva de género y que las ternas de candidatos/as a un puesto judicial estén conformadas al menos por una mujer, según denunciaron organizaciones del ámbito del derecho. Señalan casos puntuales en los que el Consejo de la Magistratura borró con el codo los requisitos que incorporó en 2019 para achicar la brecha de género en los tribunales y desarmar la justicia patriarcal. En el organismo, sin embargo, se defienden con el argumento de que no estarían todavía vigentes las reformas.
Este lunes, la Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina (ABOFEM Argentina) presentó un escrito ante el organismo a través del cual impugna a 52 jueces y juezas que se postulan para ocupar dos cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital (Sala I) por carecer de capacitación en perspectiva de género, en el marco del concurso público N° 461. La presentación está dirigida a la presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Magistradas, la diputada Graciela Camaño.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Poder Ciudadano y Red Mujeres para la Justicia (conformada por juezas y funcionarias judiciales), por su parte, elevaron notas al Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo y al Senado para señalar la irregularidad en la conformación de las ternas que excluyen mujeres. Puntualmente, denunciaron que las ternas aprobadas en cinco concursos a fines de 2020 no las incluyen, lo que también viola el reglamento del organismo, que establece que debe haber al menos una mujer entre las personas propuestas al Poder Ejecutivo como futuros jueces y juezas.
Fuentes del Consejo de la Magistratura consultadas por este diario alegaron que, en el caso de las ternas, la reforma en la reglamentación fue posterior a la inscripción de los cinco concursos cuestionados, y por lo tanto no se podría aplicar. Lo cierto es que el nuevo reglamento no regía cuando se anotaron pero sí cuando el organismo mandó las ternas al Gobierno.
En relación al requisito de la capacitación en perspectiva de género, los nuevos artículos 7, 10 y 11 establecen que se trata de un requisito excluyente para poder inscribirse. Los artículos 8 y 15 del reglamento disponen que los antecedentes se valorarán en función de lo denunciado y demostrado en el currículum oficial cargado en la página del Consejo, hasta el momento del cierre de la inscripción, no pudiendo valorarse los antecedentes incorporados con posterioridad. “La cláusula transitoria prevista en el artículo 4 del Anexo de la Resolución 269/19, dice que esos requisitos serán de cumplimiento obligatorio a partir de los 36 meses de la entrada en vigencia de la reforma. Aun así, antes de ese plazo, aunque no será exigida la presentación del certificado de conclusión de la capacitación, sí se deberá acreditar que está en curso”, consideró a Página/12 Melisa García, de ABOFEM.
Obligaciones incumplidas
“El Estado argentino tiene la obligación de velar por la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia. Es un compromiso asumido a través de la firma de tratados internacionales. Sin perspectiva de género no hay justicia”, agregó la titular de ABOFEM Argentina. En total, indicó, se presentaron para cubrir los dos cargos vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital (Sala I) 138 postulantes: casi el 40 por ciento no consideraron relevante exhibir una formación que demuestre que saben de qué se trata cuando se habla de incorporar la perspectiva de género a la hora de impartir justicia, según detectó la ONG al revisar cada uno de los currículum cargados en la página web del Consejo de la Magistratura hasta el momento del cierre de inscripción.
En la presentación, García destaca que “por Resolución Nro. 269/19 del Consejo de la Magistratura de la Nación, se reformó el Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, exigiendo que los postulantes contaran con una Capacitación en Perspectiva de Género cuya antigüedad no debe ser mayor a dos años a la fecha de la inscripción”. Además, “como paso previo y con carácter excluyente, deberá ingresar constancia de capacitación en materia de perspectiva de género, dictada por universidades y/o, oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y/o por la escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”, sigue la nota. A su entender, debería exigirse que los postulantes al menos estén cursando actualmente las capacitaciones.
El techo de cristal
Desde 2019, es obligatoria también la inclusión de mujeres en la etapa de entrevistas y la inclusión de al menos una mujer en las ternas y la aplicación de los mismos criterios en los concursos múltiples. Esos cambios reglamentarios, como el requisito de la capacitación en perspectiva de género, recogen las obligaciones constitucionales del Estado argentino en la materia, contenidas en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (conocida como Belem do Para)
Las últimas ternas enviadas al Poder Ejecutivo que no contemplan mujeres corresponden a los siguientes concursos:
* El número 366, para seis cargos de vocal en tribunales orales de La Plata.
* El 412, para la Cámara Federal de Comodoro Py.
* El 413, para la Cámara Civil y Comercial.
* El 415, para la sala especializada en Defensa de la Competencia de la Cámara Civil y Comercial.
* El 418, para la Cámara en lo Penal Económico.
“Las ternas compuestas solo por varones violan el cupo de género previsto en el reglamento de concursos. La situación de acceso a cargos en el Poder Judicial es particularmente grave. Existe un techo de cristal que hace que solo un 25 por ciento de las y los camaristas federales sean mujeres, lo que replica en instancias y fueros, así como en poderes judiciales provinciales”, dijo Joaquín Capraruolo, coordinador de Acceso a Justicia de ACIJ.
--¿La mayor presencia de mujeres garantiza la perspectiva de género? -- le preguntó este diario.
--Si bien una mayor igualdad no implica una transformación en el sentido feminista del Poder Judicial si es necesario derribar el anclaje machista que hace que sean solo los varones quienes ocupan cargos de mayor jerarquía. Además esto debe ser acompañado por capacitación y reformas procesales, que permitan garantizar los derechos de las mujeres –respondió.
Las mujeres encuentran limitaciones para acceder a cargos en el Poder Judicial, en especial a puestos jerárquicos, persiste el llamado “techo de cristal”. Según el último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2019 la proporción de mujeres camaristas alcanzaba un 25 por ciento, esto es, que por cada mujer camarista, hay tres varones en ese cargo. El porcentaje de magistradas era de 31 por ciento, de funcionarias 57 por ciento y de plantel administrativo 59 por ciento. Las mujeres constituyen un 54 por ciento del total del personal de la Justicia Federal y Nacional. La brecha implica un incumplimiento de obligaciones constitucionales, además de que tiene consecuencias sobre el funcionamiento judicial.
Postulantes sin perspectiva de género
Los postulantes impugnados este jueves por ABOFEM son los jueces y juezas Jorge Guido Agnesio, Carolina Ahumada, Norberto Daniel Amabile, Pablo César Bauque, Fernando Gabriel Bellido, Ramón Alonso Bogado Tula, Marcelo Nicolás Britos, Hugo Germán Burgos, Leonardo Julián Cano, Carla Cavaliere, Mónica Alicia Colunga, Déborah Egle Damonte, María Florencia Di Lello, Elena Beatriz Dilario, Julián Daniel Ercolini, Federico Martín Feldtman, Arístides Norberto Fernández Bedoya, Leonardo César Fillia, Claudio Daniel Galdi, Juan García, Sebastián Ezequiel Heredia, Gabriel Alberto Lanaro Ojeda, Miguel Nathan Licht, Pablo Alberto Little, María Gabriela López Iñíguez, Martín Daniel Lorat, Marcelo Martínez de Giorgi, Leandro Raúl Martínez, Pablo Matkovic, Alejandro José Miguel, Domingo Esteban Montanaro, Juan Manuel Montesano Rebón, Pablo Morán, Andrés Nazer, Gustavo Alberto Ogni, Fernando Carlos Pascual, Sergio Luis Pilarche, José Ignacio Polizza, Mario Walter Prieto, Darío Provisionato, Sebastián Roberto Ramos, Walter Rodríguez, Ricardo Rosset, Osvaldo Horacio Rossi, María Virginia Sansone, Nicolás Schiavo, Gerardo Silveyra, Jesica Yael Sircovich, Juan Carlos Uboldi, Guido Ezequiel Waisberg, Pablo Yadarola, Fernando Gabriel Zarabozo.
Propuesta de Inmobiliarias para salir del congelamiento
Piden que el Estado subsidie a los inquilinos
El sector inmobiliario propone crear una "tarjeta alquilar" para que el Estado subsidie el pago de los alquileres, con la misma lógica que la Tarjeta Alimentar, una iniciativa gubernamental para que las familias accedan a alimentos. Así fue establecido en un listado de propuestas que presentó el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci). La iniciativa tiene como objetivo principal terminar con el decreto que congela alquileres y suspende desalojos, que estará vigente hasta fines de marzo.
"Proponemos que los inquilinos con necesidades para abonar el alquiler puedan ser asistidos por el Estado nacional a través de una Tarjeta Alquilar", indicó la entidad en un comunicado.
De todos modos, afirmaron que según un relevamiento de los Colegios Profesionales, "el 90 por ciento de los inquilinos paga a término el alquiler, otros lo hacen con retraso y sólo un 5 por ciento adhirió a la propuesta del DNU para prorrogar el pago de sus obligaciones". Las cifras distan de los relevamientos desde la asociación Inquilinos Agrupados, mientras que no hay datos oficiales del tema.
Otras de las propuestas del Cofeci implican aplicar programas de financiamiento Ahora 18 y Ahora 24 para quienes tuvieran deudas generadas durante la vigencia del DNU, que fue establecido en marzo 2020, cuando se estableció la cuarentena.
El sector estableció que la intervención en el mercado durante la pandemia, tal como se realizó en otros países del mundo, genera en propietarios e inmobiliarias "una incertidumbre angustiante". "Cada argentino tiene el derecho a acceder a una vivienda, sin que esto lesione los derechos de otros", finalizó el comunicado.
Desde la agrupación de inquilinos, contestaron a la propuesta: "El mercado inmobiliario dice no a registrar los contratos de alquiler, pero propone una tarjeta alquilar y que el Estado subsidie alquileres en negro. Son la mafia", publicaron en sus redes sociales.
Alimentos, construcción y electro, con subas importantes en los valores
La elección no casual de las mesas de precios
“Hay un poco de todo”, dijo a Página I12 una fuente del sector de la construcción. Según la información que tienen en el Gobierno, la construcción sigue teniendo alzas que, además de justificadas en mayores costos, están relacionadas con la especulación. En lo formal, los números confirman alzas desmedidas: el INDEC informó la semana pasada que el Costo de la Construcción subió 3,1 por ciento en enero, con un alza de los materiales para obra con un incremento cercano al 6 por ciento, cuando la inflación general fue del 4.
En diciembre, la actividad de la construcción subió 27,4 por ciento interanual y es uno de los tantos sectores que están con números superiores a los del 2019, año sin pandemia y la mayor alza desde noviembre del 2017. Para el Gobierno, cada vez que la actividad de los ladrillos crece, es acompañada por subas fuertes de precios, casi como en ningún otro sector. En la actividad no esconden que pueda haber especulación y se disponen a discutir ese tema en la mesa de precios y salarios. Hay antecedentes frescos de esta situación: a fines del 2020, la secretaría de Comercio Interior investigó y sancionó a corralones, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que tenían valores injustificados y hasta acopio.
Alimentos
En enero, el Índice de Precios al Consumidor del INDEC reflejó una inflación de 4 por ciento. Pero Alimentos y Bebidas tuvieron un alza de 4,8 por ciento y Bebidas Alcohólicas un 4,5 por ciento. Ese ritmo de alza por sobre la media viene dándose, según el Gobierno, desde mediados del año pasado. En el sector, que estará representado por la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), tienen preparada una carpeta con justificaciones varias: la primera, que la inflación de alimentos tiene que ver con los productos frescos (carnes y verduras) y que la de góndola está en línea con la inflación.
Pero la lectura no es tan lineal. En el Gobierno observan esta mesa como la que tiene que ver con una discusión más integral y áspera. El Ejecutivo marcó la cancha hace unos días con la imputación a fabricantes por presunto desabastecimiento. En ese esquema, está la intención oculta de articular medios para gambetear el congelamiento de Precios Máximos. Por eso, la de alimentos será, de las tres, la mesa más caliente y más urgente para ordenar el frente. En el Gobierno no se ponen plazos, pero afirman que “resolver la dinámica de subas de canasta básica es una cuestión central”.
Electrodomésticos
Pareció inicialmente una sorpresa que el Gobierno sumara a los electrodomésticos a la primera tanda de análisis de costos. Pero según fuentes oficiales, en mayo, junio y julio del 2020 hubo alzas en el rubro muy por encima de la inflación. Luego, con el correr de la pandemia, aminoraron hasta alinearse. Pero esas alzas se dieron justo en el momento en el que el consumidor, obligado a trabajar desde su hogar, decidió equiparse con productos de electro.
En esa mesa estarán los referentes de la cámara de fabricantes de Tierra del Fuego, AFARTE, un sector que viene con una perspectiva interesante de ventas. En el Gobierno miran esos datos y quieren evitar un nuevo rebote de precios en línea con mayores ventas. Este diario accedió a algunos datos sectoriales que muestran, por caso, que en septiembre del 2020 la producción de celulares empezó un alza en la producción general del 39 por ciento interanual. En el caso de los televisores, el alza interanual en la producción fue casi de 8 puntos. Estos números se verán reflejados en ventas crecientes, impulsadas por las cuotas y período de gracia del Ahora 12.
También se discutirá en esas mesas el tema de las importaciones, las empresas afirman que buena parte del alza en los precios fue por no tener suficiente producción propia ante la mayor demanda, y también que hubo faltantes porque el Gobierno no permitió la importación de producto terminado. El Gobierno pedirá, además, incrementar los volúmenes de producción de computadoras, ante la comprobación de un mercado con poca oferta.
Fuente:Pagina12
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