La corporación judicial se abroquela detrás de la defensa del lawfare
El 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman fue encontrado sin vida en el baño de su departamento, sin que desde entonces se haya podido demostrar la intervención de terceros en el tiro que le voló la tapa de los sesos. No obstante, la conversión de su suicidio en asesinato fue sin duda el bautismo de fuego en Argentina del lawfare, como se denomina a la judicialización de la política a través de la triple alianza entre cierto sector del Poder Judicial, los servicios de inteligencia y la prensa amiga.
No hay dudas sobre la utilidad de tal recurso, puesto que es aplicable en todos los campos del poder: sirve desde la oposición para socavar gobiernos legítimos; además es apta desde el oficialismo para perseguir ex funcionarios, figuras opositoras y empresarios rivales. Pero también ofrece notables ventajas durante la vuelta al llano de las autoridades con mandato cumplido, para así sortear contratiempos con el Código Penal.
En estas prácticas, hay que reconocerlo, el PRO es magistral.
En este punto cabe evocar una escena histórica. Durante el mediodía del 10 de diciembre de 2015, el entonces flamante presidente Mauricio Macri leía su discurso ante la Asamblea Legislativa. Y tras un carraspeo, de pronto soltó: “En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. A quienes quieran serlo les digo que de ninguna manera serán bienvenidos si quieren ser un instrumento nuestro”. En su boca tales palabras significaban exactamente lo contrario.
El laboratorio en la materia fue la provincia de Jujuy con la crucifixión judicial de Milagro Sala. Su propósito: imponer un ejemplo brutal y aplastante de disciplinamiento en su grado más extremo.
Pero la temporada nacional de esta especialidad comenzó el 15 de abril de 2016 con la citación del juez Claudio Bonadio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el “delito” del dólar a futuro. Esa vez su llegada al edificio de Comodoro Py se transformó en un acto opositor.
Sin embargo, eso no frenó el ímpetu lindante entre la dramaturgia y el revanchismo que el Poder Ejecutivo había empezado a exhibir. Porque desde entonces las prisiones preventivas en expedientes políticos –disfrazadas con la excusa de la lucha contra la corrupción– fueron moneda corriente, al igual que otras tantas causas surgidas de la imaginación de sus instructores.
La lista es larga, pero no está de más rescatar dos clásicos: el caprichoso renacer de la denuncia por el Memorándum con Irán y la instalación del falso “homicidio” de Nisman. Aún así, el Óscar de Oro para la mejor ficción fue para la llamada “causa de las fotocopias”.
Ya se sabe que, de modo inexorable, todas las trapisondas judiciales del régimen macrista están saliendo a la luz. Tanto es así que únicamente en el curso de los últimos días hubo al respecto dos hechos resonantes: la denuncia de un grupo de diputados del Frente de Todos (FdT) encabezado por Martín Soria contra el cabecilla de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, por ser parte de la llamada "mesa judicial". Y otra contra el camarista Eduardo Riggi, radicada por el abogado Carlos Beraldi, también por su fidelidad a ese verdadero Ministerio de La Presión.
El primero –según demostró Soria con pruebas documentales– tenía la amabilidad de visitar a Macri en la Casa Rosada. Lo hizo seis veces, siempre en vísperas de algún fallo favorable a los deseos del primer mandatario.
El otro, cuyo alineamiento con Macri fue (y es) casi obsceno, deberá explicar ante el Consejo de la Magistratura el secuestro, efectuado por él, de la causa instruida por la jueza federal María Servini de Cubría sobre el cúmulo de aprietes a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, del Grupo Indalo, que contiene cruces telefónicos entre miembros de esa mesa judicial.
Aún así, el lawfare en la Argentina continúa palpitando en Comodoro Py, ahora en la fase post gubernamental del macrismo. Y nada menos que con la ya mencionada Cámara de Casación como epicentro.
Porque su Sala IV, con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, dispuso que las dos causas por espionaje instruidas en Lomas de Zamora por el juez Juan Pablo Auge, junto con los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona, pasen a los cuestionados tribunales de Retiro.
Son los expedientes sobre los delitos cometidos por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el paso del macrismo por el poder. Lo hicieron con el único argumento de que ambos organismos tienen su sede en la CABA.
Una de las causas está centrada en el espionaje sobre Cristina Fernández, tanto en el Instituto Patria como en su domicilio porteño; la otra gira en torno a la patota de fisgones autodenominados “Súper Mario Bros” y el espionaje en las cárceles a presos kirchneristas.
Por la primera se encuentran procesados el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, su segunda, Silvia Majdalani, el ex jefe de Contrainteligencia, Martín Coste, y el agente favorito de la “Señora Ocho”, Alan Ruíz.
Por la otra hay –o, ahora, había– casi 40 fisgones en vías de proceso. Estaban encabezados por los máximos ex jerarcas de la AFI y el SPF, además del ex jefe jurídico, Juan De Stefano, la ex funcionaria de la Casa Rosada, Susana Martinengo y el secretario del ex presidente, Darío Nieto, junto a Ruiz y todos los Súper Mario Bros; entre ellos, Jorge Sáez (a) “El Turco”, Leandro Araque, el abogado Facundo Melo y el cocinero Martín Terra (ex esposo de la actual mujer del vicejefe porteño, Diego Santilli).
El traslado de las causas desde Lomas de Zamora a Comodoro Py era el gran anhelo de Arribas y Nieto, entre otros.
A modo de paradoja, los espiados macristas por orden del líder máximo del PRO también habrían bregado por esa mudanza. Ellos son María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.
Pero casi como una ironía del destino es que, la nueva jueza de las causas, María Eugenia Capuchetti, será acompañada en esta tarea nada menos que por el inefable fiscal Carlos Stornelli.
Cabe destacar que este sujeto, además de ser papá de un espía de la AFI –Julián Stornelli–, está procesado en el juzgado federal de Dolores por espionaje en la causa de la banda del agente polimorfo Marcelo D’Alessio.
Si Franz Kafka viviera en Argentina sería taquígrafo judicial.
Alberto Fernández: "No hay mejor democracia con jueces que acuden en socorro de sus mandantes"
Después de meses de silencio, la ministra de Justicia Marcela Losardo salió este sábado a hablar del lawfare. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Luego hubo un reposteo del propio presidente Alberto Fernández. Sus palabras son la reacción a las críticas que se redoblaron luego de que el fiscal Carlos Stornelli, procesado por espionaje en otra causa, lograra capturar la investigación sobre la construcción de la estructura ilegal de espías.
Fue el jefe de Estado quien convocó este sábado a la mañana a sus oficinas de Olivos a las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; y de Seguridad, Sabina Frederic, y a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Luego del encuentro, Losardo salió a postear un descriptivo hilo sobre la situación del lawfare –o, en castellano, acoso judicial– en el país.
“Es muy difícil hacer una mejor democracia y una república más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos. Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”, comentó el presidente este sábado por la tarde, al retuitear el hilo de la ministra, socia de su estudio de abogados.
Losardo comenzó su intervención en la red con un gráfico en el que muestra que un 48% de los encuestados tiene poca confianza en la Justicia, mientras que el 39,1% tiene “nada”. Si bien la ministra no da cuenta de dónde sacó el gráfico ni qué encuestadora hizo la medición, Tiempo confirmó que los datos surgen de una investigación que hizo la consultora Hugo Haime. “Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales. Y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio”, dijo la integrante del Gabinete nacional sobre hechos que se conocen desde hace varios años.
Además de la acción del Poder Judicial y los servicios de inteligencia, la ministra señaló la responsabilidad de otra de las tres patas que conforman el lawfare: los medios de comunicación hegemónicos. “Es más que evidente que quienes gobernaron el país inmediatamente antes que nosotros consolidaron una justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas. La ‘Mesa Judicial’ existió y dio los resultados que sus miembros buscaban. Todo ello ocurre con la anuencia de un conjunto de medios que tapan aquellas inconductas. Y que justifican que el juzgamiento de las mismas quede en manos de los fiscales y jueces que se han asociado a los propósitos de aquel gobierno”, comentó la funcionaria.
“Ver que un fiscal procesado, que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa una profunda indignación”, observó Losardo.
La funcionaria no mencionó cómo atacará el problema que describió. Y pidió más “conciencia” ciudadana. “Si la sociedad argentina no asume la gravedad que representa que el sistema judicial, tras la falsa invocación de su independencia, siga adelante con tan nocivas prácticas, solo acabará enfrentándose a una nueva y tremenda frustración”.
Hasta el momento, la acción concreta del Ejecutivo fue el proyecto de reforma judicial que lleva la firma del presidente, tiene media sanción del Senado y no se trató en Diputados.
Femicidios
Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo que la reunión de Fernández con las ministras fue el preludio del anuncio de la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, estructura que será creada a partir de un decreto presidencial. Se encuentra en redacción por parte de Gómez Alcorta, Frederic y la propia Losardo, en el marco del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las violencias extremas por motivos de Género.
Hasta el momento, la única alta funcionaria que criticó de manera directa a la cúpula del Poder Judicial, es decir, a los cinco integrantes de la Corte Suprema, fue Gómez Alcorta. También fue la única integrante del Gabinete que salió a hablar en los medios tras el femicidio de Úrsula Bahillo. Los supremos se niegan a cumplir con la Ley Micaela, que estipula que deben recibir por parte del ministerio de Gómez Alcorta la capacitación contra la violencia de género.
Por lo pronto, tras el femicidio de Úrsula, desde las bases del Frente de Todos, comenzaron a llover las críticas por la falta de avance en una reforma profunda e integral del Poder Judicial.
Las investigaciones judiciales nacidas del llamado lawfare pertenecen a la Justicia federal y las causas por violencia de género son tratadas en la Justicia ordinaria de las provincias. Es por eso que el presidente emitirá el decreto de la creación del Consejo contra los femicidios. En tanto, el Frente de Mujeres de La Cámpora convocó a una movilización para este miércoles 17 frente a Tribunales en demanda de una “reforma judicial feminista”. «
Para el abordaje integral de los femicidios
Según anunciaron fuentes oficiales, el objetivo del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios será “desarrollar un ámbito de coordinación interinstitucional que garantice un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de ese tipo de delitos”.
Lo integrarán funcionarios de los ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Se invitará a participar a las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación, del Poder Judicial y del Poder Legislativo nacional.
También formarán parte las autoridades en materia de seguridad, género y justicia de las provincias y la Ciudad; cada uno de los Ministerios Públicos Fiscales de todos los distritos; y cada uno de los Poderes Judiciales de las provincias y de la Ciudad.
El testimonio que derriba la hipótesis del asesinato de Nisman depende de Irurzun
La Cámara Federal porteña debe resolver si acepta la declaración de un testigo clave en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman: el ingeniero José Luis Manzano, quien intervino en el peritaje realizado en el Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscal del Ministerio Público de Salta sobre las manos del difunto fiscal.
¿Para qué es importante la declaración de Manzano? Para dilucidar si Nisman pudo o no haber disparado un arma de fuego en el contexto de su muerte. El peritaje de Gendarmería sobre el cual se basaron el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini para afirmar que Nisman fue asesinado sostiene que el Estudio de Microscopía de Barrido Electrónico sobre las manos arrojó como resultado que “no fueron habidas partículas compatibles con elementos químicos que den cuenta de que el disparo fue efectuado con sus propias manos".
Pero el peritaje que había realizado Manzano en Salta, poco después de la muerte del fiscal, indicó que había rastros de manipulación, bien de un arma de fuego, bien de pirotecnia. ¿Nisman tiró rompeportones o cañitas voladoras antes de su deceso?
Hay una diferencia técnica entre el hallazgo de “partículas características” y “partículas consistentes”. La defensa del informático Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario de lo que Taiano y Ercolini dicen que fue un homicidio, pidió que el perito Manzano aclare si Nisman pudo o no haber disparado un arma. Pero Taiano y Ercolini le dijeron que no. Y ahora la decisión final la debe tomar el camarista federal Martín Irurzun.
La testimonial de Manzano “se estimó de suma necesidad en tanto no surge estrictamente del informe pericial y se pretende que se aclare y complemente a fin de tener mayor claridad sobre la muerte de Nisman. (…) La convocatoria adicionalmente surge como necesaria toda vez que el fiscal Taiano ha hecho lugar a otras declaraciones de personas mucho más alejadas del objeto del proceso, por lo que lógico resulta que la declaración de uno de los profesionales que intervino directamente en una pericia fundamental. Reviste una igualmente trascendental importancia que informe todo cuanto ha percibido”, postuló la defensa de Lagomarsino, a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.
La declaración de Manzano no solo fue rechazada por el fiscal y el juez. También se opone el abogado Pablo Lanusse, quien representa a la querella de la madre de Nisman, Sara Garfunkel, y recientemente asumió la defensa del expresidente Mauricio Macri en causas penales.
“De hacerse lugar a la declaración, el juzgador definitivamente tendrá que tomar una decisión desvinculatoria en relación a nuestro defendido”, desafió la defensa de Lagomarsino.
Entretanto, ¿en qué anda la investigación por la muerte del fiscal? Tras la feria judicial, se oficializó el pedido para que declaren la periodista Ilana Dayan y el supuesto exagente de la inteligencia israelí Uzi Shaya, quien en junio del año pasado en un reportaje en un canal de Israel aseguró que se había reunido con Nisman en Europa antes de su regreso a Buenos Aires y le entregó información sobre supuestas cuentas de Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo en Irán, Chipre y las islas Seychelles y Caimán. Pero no conservó copia de esos documentos.
En ese mismo reportaje, la periodista Dayan “manifestó que descubrieron que hacia finales de 2014 Nisman habría realizado una visita relámpago al Estado de Israel, con el fin de mantener un encuentro con un ejecutivo de una empresa de seguridad”. El programa –así lo relata el fiscal Taiano – difundió “una entrevista realizada a una persona que sería el dueño de la empresa de seguridad, el cual relató el encuentro que tuvo con Nisman, los servicios que el exfiscal solicitó, así como también los motivos por los cuales quería esos servicios”. El desconocido personaje, que (violando una regla básica del periodismo) nunca fue identificado, dijo que “en Tel Aviv arregló una reunión en una cafetería” con Nisman. El hombre sin rostro dijo en el reportaje: “Básicamente quería custodia. Lo vi muy intranquilo, neurótico, histérico e inquieto”.
Bastaría una consulta a Migraciones sobre los viajes de Nisman para corroborar tal situación. Para Taiano, “resulta de suma importancia confirmar esta información pues, hasta el día de la fecha, se trata de una circunstancia desconocida en esta investigación”. Para ello, dispuso solicitarle a la periodista Dayan “que brinde los datos de la empresa de seguridad, como así también del dueño de esa empresa al cual entrevistó”.
Taiano elaboró un pliego de preguntas para hacerle a la periodista y otro para el supuesto exagente de inteligencia israelí. La defensa de Lagomarsino también formuló preguntas, pero el fiscal las rechazó: “Toda vez que las preguntas oportunamente formuladas en relación a la Sra. llana Dayan resultan improcedentes, pues no se corresponden con la labor periodística realizada por la nombrada, ni tampoco con manifestaciones por ella expuestas en el programa de televisión, no ha lugar al pliego de preguntas propuesto”. Solo preguntará el fiscal.
Fuente:TiempoArgentino
14.02.2021 / Judiciales
Moreau sobre el lawfare macrista: "Intentan que la causas vayan a Comodoro Py porque allí están los cómplices”
El diputado nacional del FDT afirmó que los ex funcionarios de Macri buscan llevar expedientes a los tribunales de Retiro "para protegerse", luego de que Casación remietiera allí la causa del espionaje ilegal de la AFI PRO. "La sacan de Lomas de Zamora y la tendrá ahora un señor que está procesado en un expediente por espionaje ilegal”, criticó en relación al fiscal Stornelli.
Paradójicamente, es la propia Justicia Federal la que demuestra -y para los escépticos "da letra"- que existe el lawfare en la Argentina con fallos y decisiones entre insólitas y escandalosas. En ese tránsito semántico se inscribe la determinación de la Cámara de Casación Penal que el viernes dispuso que la causa de la banda del espionaje ilegal macrista desde la AFI, que operó en diversas latitudes y con operaciones de variada índole, pase de Lomas de Zamora, donde lleva más de un año siendo investigada, a Comodoro Py a pedido de los ex funcionarios acusados.
Ante esa situación, el diputado nacional del Frente de Todos y titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, afirmó ayer que los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri “siempre intentan que las causas terminen en Comodoro Py porque buscan protegerse”.
"Porque allí están los cómplices de todas las situaciones que se armaron” durante la gestión de Macri, disparó sin anestecia el legislador en declaraciones a la señal C5N.
La decisión que el viernes tomó Casación de remitir a los tribunales federales de Comodoro Py una de las causas del espionaje ilegal fue a pedido de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, directores de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos y principales acusados en el expediente -ya que aún no llega al ex presidente-.
El máximo tribunal penal del país ordenó que la investigación, que estaba a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé hace un año, pase ahora a manos de la jueza María Eugenia Capuchetti -que ya la había rechazado y que es la única magistrada que Macri nombró en Comodoro Py- y del fiscal Carlos Stornelli, justamente procesado por extorsión en una causa que tiene en su poder Alejo Ramos Padilla cuyo núcleo también es una serie de hechos de espionaje estatal y paraestatal durante el gobierno PRO.
“Esta causa la sacan de Lomas de Zamora y la tendrá ahora un señor que está procesado en un expediente por espionaje ilegal por hacerle una cámara oculta a un abogado y quererle poner droga a la ex pareja de su mujer. Además aparece en un tramo de esta causa por las escuchas ilegales a los presos del Penal Ezeiza en ese caso de la llamada ‘Operación Puf’”, indicó Moreau.
El diputado nacional afirmó que “nunca hubo en un gobierno democrático una causa de espionaje ilegal tan grande” como la que se consumó durante la presidencia de Macri.
"Macri es el responsable máximo de todas estas operaciones. La denominada Mesa Judicial era una instancia que le respondía a él, y se usó para hacer todas estas maniobras extorsivas. Si los integrantes de la Corte tuvieran un mínimo de dignidad deberían ponerle un freno a todo esto”, denunció Moreau en relación a los recursos que presentarán los querellantes para que la causa por espionaje ilegal siga en los tribunales de Lomas de Zamora.
La decisión adoptada ayer por la Cámara Federal de Casación Penal se conoció antes de que Auge pudiera resolver la situación procesal de Arribas y Majdalani, para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado sus procesamientos.
Sólo una intervención de la Corte Suprema de Justicia podrá evitar que el expediente se asiente definitivamente en los Tribunales de Retiro, como lo solicitará Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, querellante en esta causa. El letrado que representa a la ex mandataria ya le anticipó sus pasos por escrito al juez Auge.
Fuentes judiciales sostuvieron, en diálogo con Télam, que el máximo tribunal no suele hacer lugar a esos planteos porque sostiene que los conflictos de competencia deben ser dirimidos por el propio tribunal superior en materia penal, que en este caso es la Casación.
No obstante, Beraldi anunció que recurrirá al máximo tribunal porque considera que la decisión adoptada por la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, es "un pronunciamiento manifiestamente arbitrario, que genera una situación de gravedad institucional inédita en tiempos democráticos".
14.02.2021 / Coronavirus
Llegan al país esta semana 580 mil dosis de la vacuna AstraZeneca de India empieza la inmunización a mayores de 70
Tras la llegada de 400 mil unidades de Sputnik V, este miércoles arribaría a la Argentina una primera tanda de dosis del fármaco Covishield, variante de la fabricada por AstraZeneca/Oxford pero producida por el Serum Institute de la India. Un segundo envío vendría en marzo. Prevén que en los próximos días las provincias comiencen la inoculación de personas mayores de 70 años.
Esta información se conoce horas después de que Argentina alcance las 50 mil muertes por la enfermedad y de que arriben al aeropuerto internacional de Ezeiza 400 mil nuevas dosis del fármaco Sputnik V, desarrollado por el centro Gamaleya, de Rusia, en el marco del plan de vacunación diseñado por el Gobierno nacional.
Según el portal Infobae, las dosis de la fórmula de Oxford/AstraZeneca producida por India llegarían el próximo miércoles por la madrugada. Además, un segundo envío de otras 580.000 unidades arribaría en marzo proveniente también del laboratorio Serum en una aerolínea privada.
Respecto de este fármaco, el Gobierno podría decidir, en lo que sería una nueva estrategia epidemiológica, que la vacuna Covishield se aplique en una sola dosis (estrategia conocida como one shot), ya que los últimos análisis efectuados por el laboratorio AstraZeneca probaron que en una sola aplicación la misma alcanza el 76% de eficacia, porcentaje de protección suficientemente bueno, según la OMS, para una inoculación viral efectiva de este tipo de virus. No obstante, sumando ambos cargamentos de 580 mil dosis cada uno, también podría continuar la estrategia de dos aplicaciones.
Con esta provisión de vacunas, como sintetizó Télam, más las que el Ministerio de Salud espera recibir en lo que resta de febrero y a lo largo del mes de marzo, el Poder Ejecutivo nacional considera que ya está en condiciones de iniciar la primera fase 'masiva' de la vacunación.
En ese camino es que llega el momento de iniciar la inmunización del principal grupo de riesgo ante la pandemia (y uno de los más numerosos en términos poblacionales): los mayores de 70 años.
No obstante, cabe aclarar que la aplicación de las vacunas sobre los integrantes de cada grupo de riesgo corresponde a los Estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a que cada jurisdicción dispone cómo utilizar las dosis que va recibiendo de parte de la cartera sanitaria nacional que dirige Ginés González García.
Hasta ahora, el criterio usado por Nación para redistribuir las vacunas entre las 23 provincias y la CABA ha sido proporcional a la cantidad de trabajadores de la salud y de establecimientos sanitarios.
González García lo adelantó el viernes, cuando sostuvo que con las 400 mil dosis de Sputnik más "las vacunas que están llegando a principios de la semana que viene desde India" se terminará de inmunizar "a todos los trabajadores de la salud" y "se comenzará a vacunar a las personas mayores de 70".
Aunque todavía no se inició una vacunación generalizada y masiva sobre las personas mayores de 70 años, algunas jurisdicciones -con la provincia de Buenos Aires a la cabeza- solicitaron a organismos nacionales como el PAMI que realicen operativos vacunatorios en residencias de larga estadía (geriátricos) para afiliados de la obra social de los jubilados.
En el caso del distrito bonaerense, según números del PAMI, ya fueron vacunados con la Sputnik V alrededor de 3.000 afiliados; la gran mayoría están por encima de la edad jubilatoria (65 años) e incluso muchos son mayores de 70.
Se trata de residentes en 50 geriátricos correspondientes a empresas prestatarias del instituto social de jubilados y pensionados. Esta experiencia, aún en marcha, puede leerse como un primer paso de lo que ocurrirá próximamente en todo el país y a una escala muchísimo más grande.
En efecto, la inmunización 'masiva' de la población mayor de 70 años arrancará esta semana ya que el Gobierno prevé para lo que resta de febrero y durante todo marzo tener un suministro sostenido de vacunas de distintas procedencias.
Así las cosas, el suministro de vacunas que el Gobierno espera para los próximos 45 días incluye, por otro lado, más envíos de Sputnik. No obstante, una de las novedades respecto de esto es que las nuevas partidas posiblemente no provengan de Rusia sino de India, ya que el laboratorio Hetero Biopharma de ese país cerró un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y el Centro Gamaleya para producir Sputnik en territorio indio.
La última de las novedades en materia de vacunación en la Argentina es que, según información publicada por la agencia nacional de noticias, en el Ejecutivo creen que en un plazo breve se completarán los últimos detalles para que se firme el contrato comercial con la farmacéutica estatal china Sinopharm y así, finalmente, se concrete la provisión de un millón de vacunas definidas como BBIBP-CorV entre la comunidad científica.
Más de 40.000 pequeños productores de soja ya reciben reintegros de
retenciones
Este esquema permite destinar hasta 11.550 millones de pesos en
reintegros de las retenciones.
14 DE FEBRERO, 2021
Por
RODRIGO NÚÑEZ
El Ministerio de Agricultura mantiene un flujo de compensaciones actualizado con 40.000 pequeños y medianos productores de soja, según confirmaron desde esa cartera a El Destape. El esquema de compensaciones permite devolver a productores de menor envergadura parte de las retenciones que se aplican a los cultivos que exportan, con el objetivo de no dañar sus márgenes de rentabilidad, muchos menores a los de los grandes pooles de siembra.
Desde octubre rige este mecanismo que, con sus diferencias, remite al aplicado hasta 2015 por entonces ministro de Economía Axel Kicillof. En el sector reclaman que se amplíe el mecanismo a otros cultivos que también se venden en el exterior.
Las compensaciones permiten segmentar de hecho la carga impositiva de manera indirecta. En noviembre del año pasado Agricultura presentó a pequeños productores el sistema de compensación de retenciones, que alcanza productores que no hayan facturado más de 20 millones de pesos en 2019 y que hayan declarado al 31 de julio del año pasado hasta 400 hectáreas. Este esquema permite destinar hasta 11.550 millones de pesos en reintegros de las retenciones.
Compensaciones
La medida se había anunciado junto con una rebaja temporal de los derechos de exportación que se aplicó al complejo oleaginoso en el último trimestre del año pasado. En ese momento se fijó en cero la alícuota de Derecho de Exportación para mercaderías, y en cuanto a los reintegros de las exportaciones se llevó a 7 por ciento para las manufacturas industriales y a 5 por ciento para insumos elaborados.
Según las cifras oficiales, alrededor del 40 por ciento del total de los productores va a recibir una compensación por las exportaciones que concretaron de soja, ajustando la diferencia de competitividad y bajo "un modelo de equidad territorial social". De acuerdo con las cifras oficiales, ya lo cobran unos 40.000 productores.
Para esto se definieron criterios escalonados por cantidad de toneladas vendidas y dos grandes zonas en relación a la distancia de los campos con los principales puertos de la Argentina. De esta manera, aquellos productores y productoras que, por ejemplo, hayan sembrado y declarado ante SISA hasta 100 hectáreas en la zona extra pampeana, recibirán de compensación 2.205 pesos por tonelada vendida o a vender, con tope de producción de 2.5 toneladas por hectárea.
Este tipo de sistema de compensaciones se utilizó hasta 2015. Luego el macrismo lo desvirtuó pagando los reintegros a grandes exportadoras. En ese año el gobierno de Cristina Fernández creó un fondo de estímulo de 2500 millones de pesos, a distribuirse entre los 46.121 pequeños productores de granos, que cosechan hasta 700 toneladas anuales y que se desembolsaron a medida que los grandes productores liquiden las exportaciones.
Ese esquema alcanzó al 70 por ciento del total de los productores pequeños y medianos y que producían en conjunto en ese año el 12 por ciento del total de la producción de granos de la Argentina.
Retenciones
Durante la última gestión de Cristina Kirchner, entre 2011 y 2015, los derechos de exportación a productos agrícolas y sus derivados supusieron un ingreso de casi 8.000 millones de dólares anuales, casi un 50 por ciento más que el periodo abarcado hasta 2019. Cabe recordar que, en aquel momento, las retenciones a los granos eran más altas: del 35 por ciento para el poroto de soja, y del 23 por ciento para maíz y trigo.
Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, se eliminaron las retenciones para el trigo, maíz y girasol. La soja bajó del 35 por ciento al 30 por ciento y a partir de 2018 fue bajando 0,5 puntos por mes, llegando al 26 por ciento en agosto de ese año.
Sin embargo, en septiembre de 2018, tras la fuertes devaluaciones que hubo en marzo y agosto de ese año, se modificó el sistema provisoriamente hasta fines de 2018. Las retenciones para el trigo, maíz y girasol pasaron a ser del 12 por ciento o 4 pesos por dólar vendido, según cuál era menor. Como se daban dos opciones, la retención efectiva pasaba a depender del precio del producto. Para la soja pasó a ser del 18 por ciento más un 12 por ciento o cuatro pesos por dólar, el que fuese menor (es decir, un 30 por ciento o menos).
De acuerdo a la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, entre la cosecha 2014/2015 y la 2018/2019, aumentaron las hectáreas sembradas en 2,4 millones de hectáreas. En tanto, la producción total aumentó -principalmente gracias al maíz y al trigo-, lo que representó alrededor de U$S 3.000 millones más. A principio de 2020, el Gobierno había aumentado los derechos de exportación para la soja, del 30 al 33 por ciento y redujo las retenciones para cultivos relacionados con las economías regionales.
Las que se aplican a arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, habían bajado de 9 por ciento a 5 por ciento, para el maní de 12 por ciento a 7 por ciento, las de la harina de trigo de 9 por ciento a 7 por ciento, para el girasol de 12 por ciento a 7 por ciento. La reducción fue aún mayor para el girasol confitero y aceite de girasol, que fue del 12 por ciento a 5 por ciento
También habían bajado los derechos de exportación al maíz pisingallo, que se usa para pochoclo, de 9 por ciento a 5 por ciento; al arroz paddy, de 12 por ciento a 6 por ciento; y al arroz pulido, de 9 por ciento a 5 por ciento.
Renunció Blanco: final para el responsable del
espionaje a presos políticos durante el macrismo
El ex director del Servicio Penitenciario Federal
es investigado por el espionaje ilegal a ex funcionarios presos pero seguía
trabajando en el Ministerio de Justicia.
14 DE FEBRERO, 2021
PorARI LIJALAD
“Ya no está en el Ministerio, le pedimos la renuncia y renunció”. La frase es de la ministra de Justicia Marcela Losardo y se refiere a Emiliano Blanco, ejecutor del espionaje a presos políticos durante el Gobierno de Mauricio Macri que, tal como publicó El Destape, seguía empleado por ese ministerio durante la gestión actual.
Hacía rato que la presencia de Blanco en el ministerio de Justicia generaba malestar, más aún ante el avance de las investigaciones por las tareas de espionaje ilegal a ex funcionarios presos como Amado Boudou.
No es la primera renuncia de Blanco. En mayo del año pasado dejó su cargo como jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de los motines que se produjeron en la cárcel de Devoto pero en realidad ante los allanamientos a esa dependencia que revelarían como se utilizaron sus recursos para el espionaje de presos políticos.
El rol de Blanco en el lawfare no fue menor. Era el director del SPF durante el reinado de la Doctrina Irurzun, mecanismo utilizado por el gobierno de Macri y Clarín para encarcelar ex funcionarios kirchneristas sin condena. Los presos K, como los bautizó el holding comandado por Héctor Magnetto, contaron los maltratos constantes a los que fueron sometidos por el personal que dependía de Blanco. Luego, cuando se destapó la caja de pandora del espionaje ilegal, se supo además que Blanco y sus subordinados desplegaron un aparato de espionaje que incluía a los presos y a sus abogados, donde se violaba tanto la intimidad de los primeros como la relación abogado-cliente.
El espionaje en las cárceles es uno de los capítulos en la causa por las operaciones de inteligencia ilegales desplegadas en la era Macri. El rol de Blanco fue detallado en varias notas de Franco Mizrahi en El Destape. Todo se hizo a través del programa penitenciario “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad” (IRIC), que manejaba Blanco.
El IRIC era manejado por Blanco y funcionaba bajo la órbita de otros dos engranajes del lawfare: el ministro de Justicia Germán Garavano y el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios Juan Bautista Mahiques, hoy cobijado por Horacio Rodríguez Larreta como fiscal general de la ciudad. Debajo de Blanco estaba Cristian Suriano, jefe de inteligencia del SPF que oficiaba de vínculo con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Un convenio entre Blanco y Gustavo Arribas daba la cobertura.
Tal como informó Mizrahi, los jefes de inteligencia penitenciaria reconocieron el espionaje en cárceles. Según la imputación en su contra existía una “organización criminal establecida por Emiliano Blanco”. Junto a otros funcionarios, y siguiendo las directivas de Blanco, los responsables de la inteligencia penitenciaria “fueron los encargados de obtener, almacenar y sistematizar información sobre personas” mediante espionaje ilegal.
A finales de noviembre del 2020, en su declaración indagatoria, fue el propio Blanco el que informó que trabaja para el Ministerio de Justicia. Dado que es una instancia de defensa podía mentir, pero El Destape pudo reconstruir que dijo la verdad. Blanco está actualmente contratado en relación de dependencia por el Ministerio de Justicia a través de el Convenio Marco MJYDH- Acara Automotor. Tras la publicación en este medio la ministra Losardo le pidió finalmente la renuncia.
La propia Losardo también confirmó que este ejecutor del lawfare trabajaba bajo su gestión. Fue a través de su cuenta de Twitter, que utilizó para responder a una serie de publicaciones periodísticas que decían que Losardo y Blanco tenían una amistad y eran vecinos. “Emiliano Blanco se desempeña en el Ministerio de Justicia desde 2005 en forma ininterrumpida, no soy su vecina ni se dónde vive”, escribió la ministra.
Más allá de lo que escribió Losardo lo cierto es que, como informó en su momento El Destape, en los primeros meses de su gestión la ministra quiso ascender a Blanco a Subsecretario de Asuntos Penitenciarios. El tema desató una fuerte interna en el Gobierno, ya que por entonces se conocía cómo Blanco había maltratado a los presos políticos. Sobre el espionaje había sospechas, hoy confirmadas.
El lobby para ascender a Blanco al cargo de Subsecretario de Asuntos Penitenciarios incluyó operaciones mediáticas como la nota que publicó Infobae el 18 de diciembre de 2019, a una semana de asumida Losardo, donde lo daban por designado. La ministra tiene sí una estrecha relación con Infobae, donde realizó una serie de entrevistas a jueces y fiscales en el ciclo Justicia Abierta de InfobaeTV. Lo cierto es que el resto de los funcionarios del Ministerio de Justicia fueron designados y ese raviol siguió vacante. Había razones y sospechas que luego se confirmaron: no solo maltrató a los presos políticos sino que los espió.
Según Clarín, en ese momento el ascenso de Blanco se frenó por un tuit de la modelo Luciana Salazar. El tuit, también del 18 de diciembre de 2019, decía: “Escándalo en el Ministerio de Justicia por el intento de nombrar a Emiliano Blanco director del servicio penitenciario federal en lugar de su amigo Mahiques. Ambos piezas claves de la denuncia que formulo CFK en su descargo. Primera grieta con Losardo?” . La cuestión era más compleja que lo que simplificó Clarín con la modelo twittera como excusa. No podían decir que Blanco era proveedor de escuchas e información de manera ilegal. Ahora ya no es parte del Ministerio de Justicia.
Fuente:ElDestape
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