UTE rechazó el protocolo de la Ciudad pero descartó realizar un paro en el inicio de clases
El gremio que nuclea a docentes porteños consideró que el plan para la vuelta a las aulas “es insuficiente para garantizar la salud de la comunidad educativa”, y lanzó una jornada para monitorear la situación en las escuelas.
Docentes nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) rechazaron este fin de semana el protocolo presentado por el gobierno de la Ciudad para la vuelta a clases en pandemia aunque descartaron por el momento un paro.
El plenario de delegados de UTE ratificó su plan de lucha de cara al inicio del ciclo lectivo 2021 y convocaron para este miércoles a una jornada de organización y lucha en rechazo al protocolo, al que consideran “ambiguo, impreciso, contradictorio, parcial e insuficiente para garantizar la salud de la comunidad educativa".
Otro de los gremios de docentes de la Ciudad, Ademys, ya anunció un paro de 72 horas para este miércoles, jueves y viernes porque consideran que no están dadas las condiciones edilicias y de cuidados para un retorno seguro.
Desde UTE decidieron responsabilizar judicialmente al jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y a los ministros de Salud, Fernán Quirós y de Educación, Soledad Acuña "por sus decisiones gubernamentales y los daños personales y sanitarios que pudieran ocasionar en la comunidad educativa".
"Resolvimos rechazar el protocolo porque está lleno de huecos, porque es insuficiente, inconsistente porque no contempla muchísimas situaciones y responsabilizar al gobierno de la ciudad de cualquier situación que pueda ocurrir dentro de las escuelas a partir del miércoles", dijo hoy la secretaria de Prensa de UTE, Paula Gaglignana, en declaraciones a radio El Destape.
"Frente a un protocolo que es insuficiente que no garantiza el cuidado, el Gobierno de la Ciudad en su protocolo pretende que sean las escuelas las responsables de las situaciones que puedan ocurrir y nosotros creemos que los responsables de eso son Larreta, Quirós y Acuña", aseveró Gaglignana.
En tanto, la dirigente sostuvo que "no hay nada que nos haga pensar que esto es un regreso cuidado", a la vez que denunció "presiones por parte del gobierno de la Ciudad, a quiénes los presionaron con que les van a quitar la vacante si no van a la escuela" y advirtió que se trata de una situación "muy seria".
Durante el plenario gremial que se realizó el fin de semana, los trabajadores de la educación "pusieron en común no sólo las preocupaciones con respecto a los protocolos presentados por el GCBA y su apuro por imponer la presencialidad a cualquier costo sino que también propusieron ideas acordes a la realidad de cada una de las escuelas y las condiciones de los edificios escolares".
De esta manera, los trabajadores ratificaron para el miércoles 17 la realización de una jornada de organización, lucha y difusión junto a la comunidad educativa en cada escuela en defensa de la Salud y la Educación.
Asimismo, anunciaron la presentación de amparos judiciales masivos para trabajadores de más de 60 años, trabajadores de menos de 60 años convivientes con personas en situación de riesgo sanitario.
Por otro lado, los trabajadores nucleados en UTE resolvieron la creación de una mesa de diálogo y mutua colaboración para que cooperadoras, estudiantes, docentes y auxiliares educativos juntamente con especialistas evalúen la situación sanitaria por escuela y elaboren una Verificación Técnica Escolar (VTE).
Mientras colaboran en el control de precios, los movimientos sociales piensan su rol en la batalla contra la inflación
El sábado, el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la CCC comenzaron con una fuerte campaña de concientización hacia los consumidores, además de verificar el cumplimiento de los programas Precios Cuidados y del acuerdo de los cortes de carne a valores “populares”, para ayudar a la tarea oficial de la Secretaría de Comercio. El análisis que plantean sobre el problema inflacionario.
En medio del complejo panorama inflacionario que transita el Gobierno, varios de los movimientos sociales que integran el oficialismo del Frente de Todos salieron este fin de semana, en un fuerte gesto de respaldo político, a colaborar con el control de precios en grandes cadenas de supermercados, y también a sentar posición sobre cómo piensan las posibles vías para intentar frenar los incrementos acelerados, fundamentalmente en los alimentos: con una mayor desconcentración del mercado, con más presencia y control del Estado en todos los estamentos de la cadena de valor, el efectivo cumplimiento de las normas y acuerdos en torno a los precios, fuerte concientización de la ciudadanos y consumidores, y más apertura a la participación de la llamada economía popular en áreas productivas y de comercialización, entre otros puntos.
El sábado, miles de voluntarios del Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa iniciaron la campaña en las sucursales de seis grandes cadenas de supermercados de Capital Federal, así como de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Río Negro, con la intención de que “paulatinamente” se extienda a todo el país.
“Hacemos esta campaña para controlar los precios, mucho más después de la difusión de los últimos datos del INDEC sobre un incremento del precio de los alimentos y bebidas alcohólicas, de casi el 4,8 por ciento en enero. Nos parece que hay un abuso brutal por parte de los formadores de precios, principalmente de los hipermercados. Vamos a garantizar que (el programa) Precios Cuidados se lleve adelante, y si no hay cumplimiento, por supuesto que haremos las denuncias correspondientes a la Secretaría de Comercio”, señaló a Tiempo Gildo Onorato, dirigente de la UTEP y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita.
La campaña también abarca la colaboración en el control del cumplimiento del programa de acuerdo de precios de la carne, junto con “mesas de difusión” y reparto de volantes informativos a los consumidores. “También queremos controlar que haya stock de los productos de Precios Cuidados, porque muchas veces se hacen los acuerdos de precios, pero esos productos no están en góndola”, recordó Onorato.
¿Cómo piensan, los movimientos y el Gobierno, el rol de estos actores sociales en el control y la formación de precios? Walter Córdoba, coordinador de Somos Barrios de Pie Ciudad de Buenos Aires, analizó: “Creemos que tenemos un rol de difusión, de articuladores de las políticas públicas y, sobre todo, de crear una corriente de opinión que genere una presión popular. Hay una demanda, un malestar muy grande con la suba de precios, en algunos casos indiscriminada, irracional e inentendible”.
“Entendemos que el Estado tiene que generar herramientas, y una base de políticas de intervención y regulación en la economía, que los sectores económicos tienen que priorizar el consumo interno. No puede ser que pretendan ganar, internamente, lo mismo que cuando exportan. Sí creemos que el Estado tiene que fortalecer experiencias de la economía popular, de agricultura familiar, de cooperativas, de mutuales, distintas redes de consumo justo. Hay muchas experiencias que se pueden fortalecer, para ganar desarrollo y mercado, y que eso pueda inclinar la balanza para que todos los sectores estén integrados. Porque lo único que hace la inflación es generar más desigualdad”, recordó.
Por su parte, el referente de la Corriente Clasista y Combativa y diputado nacional Juan Carlos Alderete (FdT) aclaró a este medio: “Nosotros ponemos una curita, pero es la Secretaría de Comercio la que tiene que controlar los precios de los más grandes, de los que producen, de cuánto cuesta producir, de los intermediarios. El Estado tiene las herramientas para hacerlo. La potestad de policía y control la tiene el Estado, no las organizaciones. Nosotros estaremos alertando, en cada uno de los supermercados, sobre los precios que se acordaron con el Gobierno”.
Desde una parte del Gobierno, en tanto, observan con buenos ojos la iniciativa. Tras una reunión en Desarrollo Social, el viernes pasado, con los movimientos sociales, sindicatos, PyMEs y pequeños productores, y más allá de remarcar que el control de precios lo hace la Secretaría de Comercio, ahora con la colaboración de las organizaciones, desde esa cartera nacional recordaron a Tiempo una frase frecuente del ministro Daniel Arroyo: “No hay solución al problema social argentino sin un rol activo de los movimientos sociales”.
Primeras críticas de la oposición
El sábado, también, vía redes sociales, desde la oposición lanzaron las primeras críticas a la iniciativa, en línea con el tratamiento que parte de los medios dominantes ya comenzaron a darle a esta campaña. Por caso, la exministra de Seguridad y actual presidenta del Pro, Patricia Bullrich, tuiteó: “Usar a los piqueteros para controlar precios es inaceptable. Solo genera rencor, enfrentamiento social, y le da a un grupo una herramienta de poder típica del modelo chavista. No dejemos que estas metodologías avancen: van contra nuestra libertad. Presidente no agigante la grieta”.
También por esa red social, Gildo Onorato le respondió: “Entiendo que no te preocupen los abusos de los fugadores seriales de divisas que fijan los precios, pero, al menos, respetá a quienes intentamos que el mamarracho económico que dejó tu gobierno deje de hacer daño a quienes menos tienen”.
Fuente:TiempoArgentino
15.02.2021 / Inflación
La AFIP sumará a sus inspectores para controlar los precios en las góndolas de los supermercados
En el caso de que las infracciones involucren a más de 10 productos, los inspectores tienen la potestad de realizar una clausura preventiva del comercio por 24 horas, durante las cuales los comerciantes deberán corregir los valores de góndola. Pasado ese tiempo se verifica la corrección en los precios y, de ser así, se levanta la clausura.
El jueves, la Secretaría de Comercio Interior creó un organismo especial que se encargará de coordinar los controles en todo el país, ayudado por los gobiernos provinciales. Quiere homogeneizar los precios y las herramientas de presión más allá de la Ciudad de Buenos Aires.
El viernes informó que en la semana habían clausurado 22 establecimientos por incumplimientos tras realizar 174 inspecciones. El sábado, como se había anunciado, los movimientos sociales salieron a recorrer los supermercados en un tarea voluntaria.
Representantes del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) chequearon que los precios de las góndolas coincidieran con los establecidos por Comercio. Si no lo hacen, ellos se encargan de hacer las denuncias ante la Secretaría de Comercio. Los organismos prometieron desplegar en todo el país más de 20.000 militantes para supervisar 1.000 supermercados.
Y ayer, la dependencia que dirige Paula Español informó que también se están sumando a las fiscalizaciones empleados de la AFIP, como lo habían hecho en marzo pasado en el arranque de la pandemia.
El viernes fue el primer día en que inspectores de Comercio y AFIP salieron juntos a vigilar los precios. Hicieron, según contaron desde la Secretaría, 53 inspecciones en el área metropolitana, elaboraron 14 actas por infracciones a Precios Máximos y se verificaron faltantes de productos del programa Precios Cuidados.
Comercio aclaró que los inspectores de la AFIP solo controlan los precios, dando a entender que no tienen como misión una fiscalización impositiva. "Sin embargo, la normativa también prevé que podrán realizar inspección e instrumentación de infracciones ante incumplimientos a la Ley de Abastecimiento (Ley 20680); de Defensa del Consumidor (Ley 24.240); y de Lealtad Comercial (Ley 22.802), entre otras", agregaron.
En las inspecciones, los funcionarios comparan que los precios indicados en caja y góndola coincidan con los listados consignados para la tarea de fiscalización.
En caso de que un comercio incumpla con estos parámetros se les exige que reduzcan esos precios y se labran actas intimando a los dueños o encargados a dar las explicaciones del caso y presentar documentación que las acredite frente a la Secretaría de Comercio Interior.
En el caso de que las infracciones involucren a más de 10 productos, los inspectores tienen la potestad de realizar una clausura preventiva del comercio por 24 horas, durante las cuales los comerciantes deberán corregir los valores de góndola. Pasado ese tiempo se verifica la corrección en los precios y, de ser así, se levanta la clausura.
El Gobierno está buscando bajar la inflación por varios frentes: intenta un acuerdo de precios y salarios, un menor deslizamiento del dólar oficial, subas acotadas de precios regulados (excepto combustibles) y posibles limitantes sobre las exportaciones, según indican en Ecolatina. Pero las consultoras ya ven un piso de 3,3% para febrero.
15.02.2021 / Cancillería
Solá le respondió a Faurie por el submarino nuclear en el Atlántico Sur: "Nos quieren inventar un conflicto que no tenemos"
"Querer asustarnos, como pretende el señor Faurie, diciéndonos que como no entró un guardacosta, que es un barco pequeño, entonces se mandó un submarino nuclear, es pensar que nosotros tenemos que tener siempre miedo y estar de rodillas", subrayó al referirse a los dichos de su antecesor.
"Nos quieren inventar un conflicto con Estados Unidos que no existe", subrayó Solá, quien por otra parte acusó a la administración de Mauricio Macri de haber tenido "una actitud de sumisión".
"No hay tensión con el gobierno de los Estados Unidos. Nos quieren inventar un conflicto que no existe", aseguró Solá en diálogo con Radio Nacional.
Se refirió así a declaraciones a la prensa de Faurie, su antecesor, quien opinó que en el caso de la presencia del submarino nuclear de EEUU en aguas del Atlántico Sur "no deberíamos desconectarlo del patrullero norteamericano USCGC Stone que no pudo realizar la actividad prevista en aguas argentinas".
Solá, en respuesta, relató las alternativas de una posible visita del barco guardacostas estadounidense Stone, que finalmente no se produjo debido a cuestiones de logística.
"De ninguna manera rechazamos el Stone, sino que dijimos que no podía hacer maniobras de inspección un barco artillado, un barco de guerra, porque la Constitución dice que debe requerir el permiso del Congreso para ingresar en aguas argentinas", aclaró.
Y agregó: "No teníamos ese permiso ni había tiempo. La ley hace una excepción que es una visita de tipo protocolar, y en ese caso sí puede ingresar sin que el Congreso lo apruebe."
"Les dijimos que podían entrar a Mar del Plata en esas condiciones, pero recordamos que hay normas específicas por el Covid; es decir, que no podían bajar a tierra, ni tampoco podía subir la gente de nuestra Prefectura a saludarlos. Esa fue la carta que la ministra de Seguridad (por Sabina Frederic), en nombre de la Prefectura, escribió después de consultar a la Cancillería y a Defensa. No hubo ninguna intención de parar a nadie", remarcó el canciller.
Y luego añadió: "el Almirante en Jefe de la Prefectura americana acaba de decir, hace 36 horas, que no tenían ningún problema político, sino logístico para ingresar a Mar del Plata".
Además, Solá dijo que las expresiones del exministro de Relaciones Exteriores (por Faurie) se realizaron "en nombre de Cambiemos y siendo coherentes con la política de sumisión permanente", tras lo cual lo acusó de "mala fe" y de tener "mala memoria".
"Querer asustarnos, como pretende el señor Faurie, diciéndonos que como no entró un guardacosta, que es un barco pequeño, entonces se mandó un submarino nuclear, es pensar que nosotros tenemos que tener siempre miedo y estar de rodillas", subrayó al referirse a los dichos de su antecesor.
"Es lo que hizo durante cuatro años el gobierno de Macri. No por miedo, sino por vocación de sumisión", apuntó. "Nosotros no desmalvinizamos, como el gobierno de Macri, con tal de hacer seguidismo", completó el funcionario.
Al ser consultado sobre la publicación surgida de la cuenta oficial de Twitter del Commander Submarine Force Atlantic (área de las Fuerzas Armadas de EEUU que se corresponde con la fuerza submarina de la flota del Atlántico de ese país), el ministro replicó: "Respondimos desde la Cancillería, en consulta con el Ministerio de Defensa, y obviamente, con el presidente Alberto Fernández, con un comunicado en el que señalamos algunas cuestiones que nos preocupan mucho".
Eso implicó marcar que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró Zona de Paz y Cooperación al Atlántico Sur y que exhortó a todos los Estados que tengan importancia militar a que respeten escrupulosamente esa región, según explicó el canciller.
"No es la primera vez que Argentina marca esto, porque hay una poderosa base militar británica en las Islas Malvinas, que se ha hecho con la excusa del problema con nuestro país", afirmó Solá, quien remarcó que hace 39 años de la Guerra de Malvinas y, desde entonces, "nunca hemos tenido una actitud de hostilidad bélica ni nada que se le parezca".
Por último, aclaró: "No hay tensión con el gobierno de los Estados Unidos. Nos quieren inventar un conflicto que no existe. Hubiéramos tenido la misma actitud que con el buque Stone con una nave de cualquier tipo de bandera que hubiera pedido el ingreso".
Robaron vacunas Sputnik V en hospital de Comodoro Rivadavia
Cuarenta dosis de la vacuna Sputnik V fueron robadas del hospital Regional Comodoro Rivadavia, con las que se inmunizaba al personal sanitario local.
La Justicia de Chubut ordenó hoy el levantamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del hospital Regional Comodoro Rivadavia, en torno a la investigación por el hurto de 40 dosis de vacunas Sputnik V, sacadas del vacunatorio donde se realizaba la inmunización contra el coronavirus del personal sanitario local.
"También se dispuso que se secuestren las cámaras del edificio anexo, donde funciona el Area Programática Sur y se le tome testimonio al personal", informaron a Télam fuentes de la investigación sobre el faltante de las 40 dosis, que lidera la fiscal en jefe de esa ciudad chubutense, Andrea Rubio.
El ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, confirmó a Télam hoy el faltante y aclaró que "se radicó la correspondiente denuncia atento a que estamos frente a un presunto hurto porque no había ningún elemento violentado y el consultorio estaba bajo llave".
Los investigadores creen que quien tomó los elementos pertenece al sistema de salud, ya que ingresó, sacó las dosis y se las llevó, aunque los motivos no están claros, ya que las vacunas deberán ser descartadas al perder la cadena de frío.
La vacuna Sputnik V requiere entre -18 y -20º C en la logística para no perder su eficacia, lo que es imposible de asegurar en un contenedor portátil que no está en condiciones de mantener esos valores en la cadena de frío del traslado.
El hospital Regional de Comodoro Rivadavia, por su complejidad (es el más importante del sistema de salud del Chubut) cuenta con vigilancia en los accesos y con cámaras que toman imágenes en los alrededores, pero el sistema está preparado para evitar delitos de personas ajenas a la institución y no en el plano interno.
"De hecho el sistema no está preparado para controlar a quien pueda tener llave para ingresar a una oficina, que se supone es en la que está trabajando" se explicó a Télam.
En tal sentido, el ministro de Salud detalló que "las unidades estaban en el pequeña oficina que actúa como vacunatorio y se detectó al día siguiente cuando fueron a contar para pedir la reposición y se encontraron que de las 50 dosis que habían quedado del día anterior, solo había 10".
Los especialistas consultados sobre qué les podría pasar a quienes se apliquen dosis de vacunas que perdieron la cadena de frío relativizaron sus posibles consecuencias.
En tal sentido, los manuales de procedimiento aseguran que la rotura de la cadena del frío en la conservación de las vacunas puede llevar a que éstas resulten ineficaces y no es esperable ninguna otra consecuencia porque el envasado evita su contaminación, y su inyección no tiene más inconveniente que el despilfarro.
Los investigadores cuestionan la demora que se produjo por parte de las autoridades del sistema sanitario en hacer la denuncia sobre el faltante de las dosis, que se hizo al menos 8 días después de producido el hurto bajo el argumento que "se realizó primero una investigación interna" que en nada justifica la tardanza porque ambas vías se podían haber hecho en paralelo.
Otro aspecto sobre el cual hay dudas es sobre la eficacia de las imágenes tomadas por las cámaras porque "una cosa es que puedan tomar (imágenes), y otra que tengan capacidad para guardar y mantener en la memoria, sobre eso tenemos serias dudas", señalaron las fuentes.
Fuente:Infonews
Los empresarios que aplaudieron a Guzmán fueron los que más aumentaron
los precios
Techint, Acindar, Loma Negra, Arcor; empresas de la construcción y de
alimentos, que festejaron las palabras del ministro de Economía, remarcaron sus
precios dramáticamente los últimos meses y lo siguen haciendo.
15 DE FEBRERO, 2021
En medio de los aplausos a la dirección económica que les aseguró el Gobierno la semana pasada, los empresarios más poderosos del país hacen punta en la inflación y presionan con el abastecimiento a cuentagotas de sus productos. Los conglomerados de insumos para la construcción, alimentos y telecomunicaciones, sumados a toda la cadena de comercialización, presentes en el convite, se despegaron ampliamente en los últimos meses en sus remarcaciones respecto del nivel general de precios. Escudados en los movimientos en el precio del dólar, más un margen extra que aplican para anticiparse a los ajustes devaluatorios, los sectores concentrados de la economía encarecieron sus listas dolarizadas varios puntos por encima de la inflación. En los primeros dos meses del año los comercios de insumos para la construcción recibieron aumentos de hasta 15 por ciento, que se suman a incrementos en los costos logísticos.
El hecho de celebrar el "abrazo del oso" de esta elite empresarial que recibió el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la reunión del jueves pasado, podría velar el verdadero foco de atención. Una economía concentrada y extranjerizada como la argentina necesita de una mayor regulación y control de las cadenas de valor. Los abusos en alimentos e insumos para la industria y la construcción, potenciados en un contexto de anarquía pandémica, podrían deteriorar la recuperación económica. Estos holdings empresarios tienen mucho que celebrar, con ganancias extraordinarias y una posición dominante que les permitió más que compensar los efectos de la crisis sanitaria.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró este fin de semana que la cifra de inflación de enero debería "llamar a la reflexión" y reconoció que “fue el efecto de elementos que aparecieron, como la suba de los precios internacionales de las materias primas, de unos commodities, que impactaron negativamente". En la lista de aplaudidores se encontraban varios nombres de peso, responsables de esos incrementos extra. En el Museo del Bicentenario pudo verse a Martín Berardi, de Ternium; Everton Negresiolo, de Acindar; Javier Madanes Quintanilla, de Aluar; Sergio Faifman, de Loma Negra y Guillermo Petracci, de Unipar Indupa, vinculados con la construcción.
Como para no aplaudir
El sector de la construcción estuvo buena parte del año pasado paralizado por el arribo del COVID-19. Sin embargo, el costo de los materiales se disparó 64,4 por ciento, casi duplicando la inflación general minorista (36,1 por ciento). Sólo en diciembre la suba había sido de 6,4 por ciento con un alto nivel de desabastecimiento.
Los formadores de precios no se conforman y presionan por supuestas actualizaciones en el tipo de cambio y trasladan los constantes movimientos en la cotización del dólar de manera anticipada en sus listados. "Las listas son en dólares, pero las facturas se hacen en pesos", resumió a El Destape el titular de un comercio de herrería, con más de veinte años de trayectoria. Los principales aumentos en diciembre habían estado vinculados con ladrillos, con un 14,1 por ciento. En los primeros dos meses del año las remarcaciones se concentraron en hierros, PVC y cemento.
Casi al ritmo de las palmas, los aumentos del sector fueron una constante. El 9 de diciembre, la empresa Gerdau/Sipar Aceros incrementó toda la línea de hierros redondos y cuadrados para herrería en un 6 por ciento, al igual que en ángulos, planchuelas y "T". En el caso de las chapas, los aumentos superaron el 10 por ciento, pero después se retrotrajeron ante el desplome de la demanda producto de esos abusos.
"Lo que no aumentó el hierro en la misma proporción en 2020 lo está haciendo este año", relató el comerciante. Las chapas aumentaron un 75 por ciento en pesos, o 35 por ciento en dólares, según los listados a los que accedió este medio. En chapa hay un solo fabricante (Siderar, del holding de Paolo Rocca) pero no es un proveedor directo. Tienen varios distribuidores. Los proveedores de caños y chapas el 15 de diciembre avisaron a sus clientes de un incremento del 5,5 por ciento en todas las líneas, establecido por Ternium. Este incremento de (Terninum Siderar) tuvo lugar tres días después de que Rocca recibiera al ministro Guzmán para el cierre del evento empresario ProPyme.
En el caso de los caños, la suba del precio base (en dólares) fue de 10 por ciento en la parte del 2020, pero ahora todo parece indicar que buscarán ajustar los valores. Este mes los listados llegaron con incrementos de hasta 15 por ciento, como el caso de las planchuelas, mientras que el resto de los herrajes lo hicieron en un 12 por ciento. "Además está el flete. El costo por tonelada estaba en 2150 pesos y ahora es 2500 pesos. Ese aumento equivale a un 2 por ciento extra", señaló el comerciante. Todo esto mientras se restringió el abastecimiento de estos insumos.
Caras de piedra
El grueso de los aumentos en el sector comenzó después de agosto, en sintonía con una mayor flexibilización del aislamiento preventivo ante el COVID-19. En el caso del cemento, los precios desde septiembre hasta los listados de febrero aumentaron 30,6 por ciento. Hasta septiembre la bolsa de cemento se había mantenido en el orden de los 585 pesos. Al mes siguiente saltó un 10 por ciento a 644 pesos, en noviembre fue un 4 por ciento (hasta 670 pesos); en diciembre fue otro 5,5 por ciento (hasta 707 pesos); en enero se sumó un 5 por ciento adicional (hasta 742 pesos) y este mes se ajustó 3 por ciento a 764 pesos.
Al consultarse en las dependencias oficiales sobre este tipo de abusos, remiten a la vigencia de los acuerdos de precios vigentes (Máximos o Cuidados). Sin embargo, los valores transitan por otro carriles. El encarecimiento de los insumos en el arranque del 2021 incrementó en un 7 por ciento el costo de la construcción, amortiguado por el valor de la mano de obra que siempre va detrás de la inflación. Las variaciones interanuales respecto de febrero de 2020, previo a la pandemia, en algunos casos llega al 80,9 por ciento. Un caño rectangular para realizar, por ejemplo, rejas más que duplicó su precio respecto de marzo del año pasado, al pasar de 72,86 pesos el kilo el 8 de mayo a 148,39 el 12 de enero de este año.
Los incrementos de las materias primas del sector están inmersos en un ciclo alcista y, sin mecanismos de desacople y mayor control, cualquier mejora relacionada en la construcción, tanto obras públicas como construcción residencial, quedará arrastrada por este tipo de abusos. Los distribuidores comenzaron a enviar listados con el tipo de cambio minorista, mientras que históricamente se utiliza el mayorista al que acceden las grandes empresas para importar y exportar sus productos. Esto les suma otros puntos a los ajustes de sus precios.
En el caso del acero, hace diez días se aplicó un incremento del 5 por ciento en dólares. "Además la que te hacen. Por ejemplo, te dejan entender que si en lugar de comprar el hierro redondo en crudo, compras la estructura de las columnas armadas vas a tener stock. Obvio que es el hierro más el servicio de armar la estructura que es más caro que hacerlo en la obra. Y así escapan del control", explicó a El Destape Leo Bilanski, presidente de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentina (ENAC).
"No importa el Gobierno de turno y su ideología, no importa si el dólar está atrasado o adelantado, no importa si hay demanda o caída de ventas, no importa si hay recesión o crecimiento, este sector hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere y en las condiciones que se le ocurra", aseguró el titular de un depósito de insumos para la construcción en funciones desde 1999. La empresa Sipar lleva años prometiendo inversiones e inauguraciones de plantas de producción, para fabricar hierro de herrería en Argentina. Sin embargo, lo sigue importando, en su gran mayoría desde Brasil.
No atragantarse con los halagos
El otro sector de enorme impacto en la inflación es el alimenticio, y el de mayor peso en el presupuesto de los hogares. Con una demanda sostenida, e incluso incrementada durante la etapa más restrictiva de la cuarentena, los precios de los alimentos saltaron el año pasado un 42,1 por ciento, seis puntos por encima del nivel general.
Para explicar, más que para aplaudir, estuvieron el titular de la cámara del sector alimenticio (COPAL), Funes de Rioja, junto a varios empresarios del sector: Adrián Kaufmann, gerente de Arcor; Amancio Oneto, de Molinos Río de la Plata; Jean Carlo Aubry, de Nestlé; Juan Garibaldi, de Danone; Mario Ravettino, de ABC (frigoríficos) y Joaquín de Grazia, de Granja Tres Arroyos, entre otros. Alfredo Coto y Miguel Acevedo (AGD) habían sido invitados, pero no asistieron.
Los nuevos listados de los distribuidores también arribaron con aumentos por encima de la inflación general. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que había tenido un incremento sensible en diciembre, mostró nuevamente una variación significativa: 4,8 por ciento, por encima del 4 por ciento arrojó el IPC general.
Los productos que más incrementaron su precio fueron limón (39,4 por ciento), naranja (23,1 por ciento), lechuga (13,8 por ciento), cebolla (10,8 por ciento), banana (8,6 por ciento), manzana (8,5 por ciento), batata (14 por ciento), filet de merluza fresco (14,4 por ciento), asado (11,3 por ciento), cuadril (10,3 por ciento), paleta (9,3 por ciento), salchicha tipo viena: (6,5 por ciento) y nalga (6,1 por ciento). En productos de almacén hubo subas de 3,9 por ciento en pan francés, de 4,5 por ciento en aceite de girasol y de 9,1 por ciento en lácteos. En este último rubro se registraron ajustes de hasta 15 por ciento en algunos de sus derivados.
Todos estos precios, además de por el impacto del dólar, son alcanzados por los constantes aumentos en los combustibles. Este fin de semana la nafta volvió a aumentar, por cuarta vez en el transcurso del año, un 1,2 por ciento. En enero se aplicaron incrementos de 16 por ciento y 5 por ciento en enero como parte del reacomodamiento del componente impositivo de los combustibles y este mes ya había habido un alza del 1,2 por ciento. El gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos, Guillermo Lego, aseguró que en el sector se prevé que el litro supere los 100 pesos. Se esperan nuevas subas hasta mayo. Cada vez queda menos espacio para aplausos.
Fuente:ElDestape
15/02/2021 HASTA FIN DE AÑO
Buscan aliviar la carga de vencimientos de deuda externa por US$ 28.404 millones
Se trata de poco más de la mitad de los US$ 53.086 millones que vencen este año, de los cuales el 46,5%, es decir US$ 24.682 millones, corresponden a deuda pública intra sector público que el Gobierno contrajo con organismos, empresas nacionales y gobiernos provinciales,
Se trata de poco más de la mitad de los US$ 53.086 millones que vencen este año, de los cuales el 46,5%, es decir US$ 24.682 millones, corresponden a deuda pública intra sector público que el Gobierno contrajo con organismos, empresas nacionales y gobiernos provinciales, y que está en su totalidad en moneda nacional.
Ese monto de obligaciones fue estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en un análisis según el cual se destacan los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional por US$ 5.193 millones, con los mayores pagos concentrados en septiembre y en diciembre.
A los gobiernos que integran el Club de París, en tanto, se les deben pagar aproximadamente US$ 2.460 millones en mayo, si es que no se llega antes a un acuerdo para postergar ese compromiso.
La OPC es "una oficina técnica de análisis fiscal" del Parlamento nacional, que brinda soporte al Poder Legislativo "para profundizar la comprensión de temas que involucren recursos públicos, democratizando el conocimiento y la toma de decisiones".
En su último informe sobre "Operaciones de deuda pública", la Oficina aclaró que los vencimientos hasta fin de año por US$ 53.086 millones se reducen en un 46% (a US$ 28.404 millones) si se excluyen los vencimientos intra sector público.
Más de la mitad de los vencimientos totales corresponden a títulos públicos en moneda nacional, por el equivalente a US$ 26.899 millones.
En el corto plazo, precisó la Oficina de Presupuesto, los vencimientos de deuda de febrero suman US$ 4.011 millones, debido a amortizaciones por US$ 3.555 millones e intereses por US$ 455 millones.
"Al excluir las tenencias intra sector público, los vencimientos se reducen a US$ 2.055 millones, de los cuales 77% se cancelan en moneda local", puntualizó la OPC.
Por lo pronto, en la primera semana de febrero se pagaron intereses del acuerdo stand by con el FMI, por el equivalente a US$ 313 millones.
Para marzo, indicó el análisis, se prevén vencimientos que totalizan US$ 6.204 millones; y en abril llegan a US$ 7.044 millones.
En cuanto a las operaciones locales, el Ministerio de Economía anticipó un calendario de licitaciones para el primer trimestre de 2021 y para el corrientes me se definieron dos licitaciones: la ya realizada el día 3 y la programada para el próximo miércoles 24.
En la primera, se colocaron Ledes y Lepase con vencimiento en junio próximo y bonos Badlar con vencimiento en febrero de 2023 por un total de $ 83.923 millones.
En enero se realizaron además dos licitaciones que resultaron en la colocación de instrumentos denominados en moneda local por un total de $ 250.188 millones en valor nominal original (VNO).
Se cancelaron así títulos públicos de mercado por el equivalente a US$ 2.182 millones: los pagos en efectivo y en pesos sumaron $ 189.563 millones, mientras que el resto correspondió a bajas por operaciones de canje de títulos denominados en dólares.
Durante el mes pasado, agregó el informe de la OPC, se recibieron desembolsos de préstamos externos por US$ 35 millones y se pagaron amortizaciones por US$ 291 millones, principalmente correspondientes a préstamos bilaterales.
Esas erogaciones se reflejaron mayormente las amortizaciones de US$ 95 millones y US$ 68 millones correspondientes a préstamos de China Development Bank Corporation (CDBC) para obras del ferrocarril Belgrano Cargas y para la obra Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, respectivamente.
También se pagaron en enero US$ 55,1 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 30,6 millones al Banco Mundial.
En cuanto al financiamiento intra sector público, ese mes se pagaron letras del Tesoro suscriptas directamente por distintos organismos, por $ 9.180 millones, mientras hubo nuevas suscripciones de letras por un total de $ 20.834 millones, con vencimientos en julio y septiembre de 2021.
En el primer mes del año, además, se cancelaron intereses por el equivalente a US$ 434 millones, de los cuales 85% se realizó en moneda nacional.
Se destacó en ese marco el pago de intereses de Cuasipar y Discount en pesos ajustables por CER, por un total de $ 16.026 millones (aproximadamente US$ 189 millones).
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