8M, nosotras paramos
Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021
Comunicado del Espacio de géneros de la OLP-Resistir y Lucha «Domitila Chungara»:
Este 8M nosotras paramos porque las mujeres y disidencias de los barrios empobrecidos del Conurbano le decimos basta a la desigualdad, el menosprecio, la invisibilización y las violencias que padecemos día a día a causa de vivir en un sistema patriarcal , capitalista y racista, elevamos las voces y salimos a la calle para visibilizar nuestra lucha, reivindicar nuestros espacios y seguir en la conquista de otros nuevos.
Estamos presentes, hoy más que nunca, en una sociedad de profundas desigualdades que nos empuja cada día a seguir sobreviviendo cargando en nosotras dos características: somos mujeres/disidencias y somos desposeídas. Mujeres que nos levantamos día a día desde nuestros lugares buscando comida y trabajo digno para nosotras, e intentando y creando para nuestras infancias y adolescencias libres de maltrato, y de reproducción de ideales patriarcales y de violencia.
Este 8 M exigimos, como tantos años, trabajo digno y de calidad, para que podamos trabajar en ambientes sanos y constructivos que nos permitan crecer e independizarnos, apartándonos de espacios de sumisión, meramente reproductivos y de cuidados.
Levantamos nuestras voces nuevamente para derrocar a aquel enemigo que invisibiliza nuestro trabajo, que hiere a nuestras infancias, que se roba despiadadamente la vida de miles de hermanas, madres y compañeres.
Este 8 M exigimos nuevas políticas de género, exigimos penas que se lleven a cabo, se juzguen y se cumplan, que las estructuras de un sistema que avala y apoya asesinos y violentos deje de desarrollarse impunemente, que se decrete Ley Nacional de Emergencia.
Salimos nuevamente a denunciar un sistema que permite el desarrollo de la industria de consumo de la mujer como mercancía, basta de avalar redes de trata, situaciones de explotación sexual y exposición de la mujer como producto para el entretenimiento de los hombres.
Este 8 M reivindicamos a nuestras compañeras presas y víctimas de una justicia machista y femicida, morimos en manos de hombres que se creen dueños de nuestros cuerpos, ante la indiferencia de una sociedad patriarcal, un estado ausente y una justicia que defiende y encubre a los femicidas. Donde las fuerzas de seguridad, uniformados, son responsables de 1 de cada 5 femicidios.
La deuda es con nosotras, con nuestras compañeras que ya no están y por las que seguimos dando pelea hasta subvertir este sistema impuesto.
Nuevamente decidimos cambiar el rumbo de la historia, conmemorando y reivindicando la lucha de aquellas hermanas que en el pasado fueron calladas despiadadamente por este sistema que solo sabe silenciarnos, pero ya no lo dejaremos pasar ¡No Màs! porque nos hemos unido, porque somos valientes, porque somos luchadoras, porque somos inteligentes porque tenemos esperanza en que trabajando juntas una nueva realidad se desplegará ante nuestros ojos, una realidad en donde no tengamos que ser asesinadas por el simple hecho de ser mujeres o disidencias, una realidad en el que nuestros niñes puedan vivir infancias felices, una realidad en donde podamos respirar libremente sin temor a que se nos quite nuestro último suspiro en forma de arrebato, una realidad que sea nuestra.
Este 8 de Marzo, más que nunca, nosotras paramos.
7 de marzo es el Día de la
Visibilidad Lésbica
Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021.
Este 7 de marzo, un día antes del Día Internacional de la Mujer, se cumplen once años del asesinato de Pepa Gaitán. El reclamo por la Absolución de Higui es también pancarta, la lucha contra la discriminación y la violencia por el hecho de ser lesbiana se suma al reclamo del #NiUnaMenos, el Estado es responsable.
El Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina se celebra cada 7 de marzo en conmemoración del asesinato de «Pepa» Gaitán, a manos del padrastro de su novia el 7 de marzo de 2010, en un ataque de odio por ser lesbiana. Si bien el responsable del hecho fue condenado, la Justicia no nombró la violencia de género en la condena lo que no agravó el homicidio.
Once años pasaron del asesinato de Pepa Gaitán, “el gordo” de la hinchada del pirata Cordobés. El asesinato de la Pepa, generó un masivo repudio y por eso se conmemora este Día de la Visibilidad Lésbica.
“¿Tortas, chongas y marimacho, a quién no le han dicho esto por la calle?, por eso torta y chongo con orgullo», dice una pintada cordobeza. Las redes sociales no mienten y muchas veces esa violencia que se queda solamente en un grito desde un auto, se pasea por las aulas de las escuelas a modo de grafitti, sobrevuela algunas casas donde una jóven tiene fecha de salida por el simple hecho de desear a otra.
Viva La Pepa
Familiares y amigos de Pepa no solo tuvieron que afrontar su asesinato el 7 de marzo de 2010, sino también la posterior discriminación y ninguneo en el juicio. Ya había denunciado su madre, Graciela que “la dejaron morir como un perro, no solo por salir con otra chica, sino también por ser pobre”.
Graciela Vázquez siempre afirmó que su hija fue asesinada por lesbiana. Chonga. La negra de pelo corto que paseaba por el barrio en una moto enduro color verde. Profesora de Educación Física en la ONG Lucía Pía que su familia tenía a una cuadra de su casa, donde a veces también hacía de payasa y dejaba que los niños le dijeran “seño Nati”.
En el juicio contra Torres, la familia de Pepa exigió que se considerado como un “crimen por orientación sexual”. Pero la justicia nuevamente arremetió contra la identidad sexual de Pepa, haciendo omisión del pedido de su abogada Natalia Milisenda, quien dijo que la sexualidad de la Pepa fue la causa principal por la que Daniel Torres la fusiló. Este argumento no fue suficiente para los jueces, por lo que dictaron una condena de 14 años, caratulando el hecho como “homicidio simple agravado por uso de armas de fuego”.
Graciela, con su voz y con su lucha, sacó a la luz algo por lo que hacía tiempo se reclamaba: la visibilización de las lesbianas y toda la comunidad LGTBI y la discriminación que vivimos. Falleció en abril del 2018 peleando por su hija.
Los números hoy
En el año 2020 se perpetraron en Argentina ciento cincuenta y dos (152) crímenes de odio, en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio, dice el Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de odio de la Federación Argentina LGBT que se dio a conocer en el mes de enero.
Los números no son meras estadísticas, no hablan de una ausencia estatal sino de una presencia donde se eligen las prioridades del capital financiero y el FMI, ante que la solución de la violencia estructural que viven las mujeres y personas LGTBI.
Como informamos en este medio «los gobiernos y funcionarios hablan mucho de los derechos de las mujeres pero destinan millones al pago de una deuda fraudulenta, a fortalecer el equipamiento de las fuerzas represivas, a subsidios a las multinacionales y grupos económicos amigos, pero en los hechos las mujeres seguimos sin tener siquiera acceso a la vivienda, los refugios, el trabajo, las licencias y otras medidas básicas cuando somo víctimas de violencia. El promocionado presupuesto de género, “trece veces mayor” al del macrismo, que equivalía a 11,50 pesos por mujer, no llega ni a los 150 pesos anuales».
También saldremos a las calles para seguir exigiendo la separación de la Iglesia del Estado. Son las instituciones clericales oscurantistas las que refuerzan prejuicios patriarcales y los códigos contravencionales del Estado que persiguen y hostigan a trans y travestis y legitiman así la transfobia y los travesticidios, la calle es el lugar donde más se escucha nuestra voz contra la violencia machista y de odio.
En las próximas horas se vivirá una jornada de lucha en la que las mujeres, con las trabajadoras al frente para pelear por nuestros derechos.
Fuente: Izquierda Diario
Derogación del DNU 70/2017:
Migrar no es delito
Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021.
La derogación del DNU 70/2017, que endurecía el régimen migratorio en el país y permitía la deportación exprés, era uno de los puntos de nuestra Agenda Antirrepresiva Urgente, y un reclamo central de las organizaciones de defensa de lxs trabajadores migrantes. Celebramos esta decisión del gobierno nacional, que debe ser acompañada por una efectiva política de protección y el cese del hostigamiento policial y judicial a las personas migrantes. Repudiamos las declaraciones de quienes, desde fuera y dentro del gobierno, agitan discursos estigmatizantes y discriminatorios y promueven la persecución.
El DNU 70/2017 fue una de las tantas medidas con las que el gobierno presidido por Mauricio Macri profundizó las políticas represivas estatales como nunca lo habíamos visto en democracia. El decreto modificó la ley migratoria, nº 25.871, en algunas cuestiones centrales, con lo que abrió las puertas a expulsiones y deportaciones sin el debido proceso ni derecho de defensa. Desde el mismo día de su publicación, las organizaciones de trabajadorxs migrantes, los organismos de DDHH y las organizaciones antirrepresivas nos abocamos a exigir su derogación.
La ley 25.871, hoy nuevamente vigente en todas sus partes, establece, como impedimento para el ingreso y permanencia en el país, la existencia de antecedentes penales graves, es decir condenas a más de tres años de prisión, con la posibilidad de revisión en cada caso para emitir una dispensa justificada. El DNU eliminó ambos criterios. Cualquier antecedente penal, por el delito que fuese, con o sin condena, habilitaba la inmediata expulsión. Por otra parte, modificó el procedimiento. Acortó los plazos, habilitó notificaciones automáticas sin contacto con la persona afectada, limitó la posibilidad de revisión judicial y convirtió en una ilusión el derecho a la defensa ante un orden de expulsión. Como consecuencia natural del nuevo régimen, se creó el centro de detención de personas migrantes, ya que las comisarías eran insuficientes.
Tan evidente era la arbitrariedad e ilegalidad del DNU, que el 23 de marzo de 2018, la Sala V de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal lo declaró inconstitucional. Los jueces reconocieron que el DNU restringía el acceso al debido proceso, violaba el principio de inocencia y el derecho a un defensor público, aceleraba los trámites de expulsión, permitía retenciones preventivas arbitrarias, afectaba el derecho a la unidad familiar y modificaba los requisitos para optar a la ciudadanía.
Fueron muchas las injusticias que se cometieron al amparo de esta nueva lógica de la política migratoria argentina, pero sin dudas el que más impactó fue el caso de Vanessa Gómez Cueva, mujer peruana que vivió 15 en el país y tuvo tres hijos argentinos. En 2014, Vanessa había cumplido una condena breve por haber sido usada como “mula” para el transporte de drogas. Luego se recibió de enfermera y trabajó sin interrupciones hasta que, en un proceso sumarísimo del que jamás la notificaron y en el que nunca pudo defenderse, se ordenó su expulsión por aquella vieja condena cumplida. El 1 de febrero de 2019 la fueron a buscar a su casa, la trasladaron a una comisaría junto a su hijo menor, y luego al aeropuerto. Durante dos días la retuvieron allí, amenazándola con sacarle la criatura si no subía al avión que la llevó a Perú. Sus otrxsniñxs quedaron solos en Argentina. Llevó casi un año la lucha denodada para lograr el reencuentro familiar, que se produjo cuando se autorizó su reingreso al país tras la intervención Comité de Migrantes de Naciones Unidas.
El DNU 70/2017 también sirvió de marco normativo para intensificar la criminalización de las personas migrantes, como la sistemática persecución del GCBA contra vendedores ambulantes, principalmente senegaleses, a quienes se imputa a diario por violación a la ley de marcas y resistencia a la autoridad, allanando el camino a la expulsión. Lo mismo sucedió con las personas migrantes del colectivo LGBTTIQ+ que son acusadas de narcotráfico, y con personas migrantes detenidas en contexto de protestas o movilizaciones, participaran o no de ellas, inmediatamente informadas a la Dirección de Migraciones para iniciar el proceso de deportación. Recordemos lo sucedido a fin de 2018, el día de la movilización contra la sanción de la Ley de Presupuesto, cuando cuatro migrantes fueron arrestados. Uno de ellos, AnilBaran, ciudadano turco que hacía años vivía trabajaba en Villa María, Córdoba, donde se había casado con una argentina, fue detenido cuando iba desde Constitución hacia la embajada de su país, donde tenía turno para retirar una partida de nacimiento legalizada que necesitaba para el trámite de ciudadanía argentina que había iniciado hacía poco. Su detención desató una furibunda campaña de declaraciones públicas de funcionarios del gobierno nacional, como la ministra Bullrich, el ministro Frigerio y el senador Pichetto, que lanzaron acusaciones de terrorismo internacional, vinculación con las fuerzas insurgentes kurdas y avanzada internacional para generar disturbios durante la reunión del G20, alegando “informes” recibidos de la embajada turca en Buenos Aires e ilustrado con una foto del Facebook de Anil en la que se lo ve junto a una estatua del Che Guevara en el Museo de Alta Gracia, Córdoba. Algo similar intentaron con los dos venezolanos detenidos en la misma marcha, tildados de “espías del gobierno de Maduro”, lo que silenciaron cuando ambos hicieron pública su posición de apoyo a la derecha venezolana que el macrismo defiende.
Al poco tiempo, la causa contra Anil y las otras 16 personas detenidas ese día fue archivada por inexistencia de delito, lo que frenó el proceso de expulsión. Una acción de habeas data promovida por el compañero con asistencia técnica de CORREPI y el CELS demostró que nunca existieron aquellos “informes de inteligencia” de la embajada turca invocados públicamente por Bullrich y su banda.
Por todo eso, y sin dejar de señalar que son muchas más las reivindicaciones pendientes del colectivo de personas migrantes en Argentina, debemos celebrar la decisión presidencial de derogar el DNU 70/2017, a la vez que no puede sorprender que las primeras voces airadas que se alzaron en contra de la medida hayan sido quienes lo crearon, que repitan las mismas falacias invocadas entonces. Rogelio Frigerio dijo que esto “favorece el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”. Patricia Bullrichescribió “El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron.” En similar sentido se expresaron el inefable Pichetto y el ex ministro de seguridad bonaerense Ritondo.
De manera tampoco sorpresiva, pero mucho más grave por el cargo que ocupa, al mando de la más nutrida fuerza represiva del país, cargó contra la derogación del DNU el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni. No conforme con declarar a diversos medios que es una decisión con la que no está de acuerdo, o que el país es “un barco lleno de agujeros y estamos tapando con parches. Hay alguien que libremente hace olas y no le importa que le entre agua al barco”, y de insistir en que “Acá estamos hablando pura y exclusivamente de delincuentes”, el ex coronel acaba de publicar una nota de opinión en el diario Infobae, criollamente titulada “Y si canto de este modo”. Arranca mintiendo, cuando dice que “El tema no estaba en agenda ni existía una demanda ciudadana al respecto”, cuando el “tema” era reclamo central del colectivo de personas migrantes, organismos de DDHH y organizaciones antirrepresivas -era uno de los puntos de la Agenda Antirrepresiva Urgente que CORREPI viene promoviendo-. Transita con frases como “perdemos demasiado tiempo en los pretendidos derechos de última generación en desmedro de los más básicos y elementales, como … seguridad … y propiedad” y cierra guitarreando, después de citar al Papa Francisco y al Martín Fierro con la estrofa del título completa.
Pero, a pesar de su ausencia total de contenido (basta leer la ley 25.871, el derogado DNU o el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa para comprobarlo), quien así se expresa es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Hace décadas aprendimos, de la peor manera, que el silencio no es salud, y la sabiduría popular tiene aquello de que el que calla, otorga.
Es necesaria una toma de posición clara del gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires frente a un funcionario que ellos eligieron y siguen manteniendo en su cargo, que coincide –como lo hizo muchas veces antes- con las más peligrosas posiciones reaccionarias de la peor de las derechas. Fuera Berni.
Fuente: CORREPI
Un 8M contra la violencia de género
Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021.
El Día Internacional de la Mujer, marcado por los femicidios recientes.
Este lunes, desde las 12, convocadas por las organizaciones feministas, políticas, sociales, laborales y estudiantiles, una multitud de mujeres volverá a movilizarse en todo el país por el Día Internacional de la Mujer. Esta vez la consigna principal será “Basta de femicidios! Basta de medidas cautelares que no sirven y de jueces y fiscales sin visión de género que miran para otro lado. Basta de apañar a policías violentos”. En ese contexto, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación aseguró que “reconstruimos un Estado para hacernos cargo de las violencias de género y no mirar para el costado”.
En una declaración pública, Elizabeth Gómez Alcorta señaló que el país se encuentra ante una realidad en la cual “la pandemia cobró un indeseado protagonismo” que generó “desigualdades que afectan a mujeres y a la comunidad LGBTIQ+” . Al mismo tiempo, resaltó que la covid-19 puso de relieve “el lugar que ocupamos las mujeres en la economía y en el desarrollo productón”. Al mismo tiempo, puso de manifestó “la presencia indispensable de las mujeres” en “las actividades esenciales, los cuidados, la docencia y los servicios de salud”. La contracara fue la pérdida de puestos de trabajo de las mujeres en sectores como el comercio, la gastronomía, el turismo y la hotelería, los más golpeados en la crisis.
Las consignas de este 8M, reflejan el repudio y el reclamo de medidas concretas y eficaces para ponerle fin a la ola de femicidios, la mayoría anunciados por situaciones previas que no fueron asistidas ni resueltas por los organismos del Estado. Por eso exigen: “Basta de comisarias que no funcionan o que no te quieren tomar las denuncias; basta de privilegios para machitos violentos; basta de palabras bonitas y de planes” oficiales que “no funcionan”. Y concluyen que “los femicidios son una cuestión de Estado” que debe ser resuelta por los organismos del Estado.
Las organizaciones feministas convocaron a concentrarse cerca de mediodía en Avenida deMayo y 9 de Julio, para luego marchar hacia el Congreso. En el mismo lugar, pero a partir de las 16,30, es el llamado de Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS y de la agrupación feminista Las Rojas. Desde allí marcharán también hacia el Congreso. Castiñeira sostuvo que este 8M “volveremos a reclamar por los problemas urgentes como el drama de que hay un femicidio o un trans travesticidio cada 20 horas en Argentina”. Puntualizó que “esta realidad genera aún mayor indignación porque estos casos son claramente evitables”. Mencionó como ejemplo el femicidio de Ursula Bahillo, en Rojas, a manos del policía Matías Ezequiel Martínez, quien desde 2018 tenía denuncias por violencia de género y abuso sexual de una niña. Ursula lo había denunciado 18 veces, Castañeira dijo que “es indispensable que el gobierno destine presupuesto real para erradicar la violencia hacia las mujeres y personas LGBTT”.
El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a través de la edición 2021 del programa “Nosotras Movemos el Mundo” (NMEM), señala la realidad de un presente que “no tiene precedentes: nos encontramos atravesadxs por una profunda crisis social generada por la pandemia de la covid-19”, en forma simultánea “con los altos índices de violencias de género y sus manifestaciones más extremas, los femicidios, travesticidios y transfemicidios”.
Ante esta situación, como parte del Estado “nos exigen fortalecer de manera urgente todos los mecanismos y herramientas” vigentes “para revertir esta compleja realidad”. Sostienen que desde el Ministerio trabajan “desde el primer día con la certeza de que las violencias de género no son hechos aislados sino la expresión y el resultado de una estructura social y cultural desigual que debe transformarse desde todos los lugares y en todos los espacios”. Por eso, el NMEM es reivindicado como “una de las principales apuestas culturales” de la actual gestión porque tiene “el propósito fundamental de hacer visibles estos patrones culturales que reproducen las violencias de género y poner en valor los procesos, luchas y conquistas de los movimientos feministas y de la diversidad”.
Luego de mencionar las medidas sociales y económicas del actual gobierno para enfrentar la crisis generada por la pandemia, la titular del Ministerio, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que representa a un Estado “que se hace cargo y no mira para el costado” y que “no se resigna ni naturaliza las violencias”. Agregó que por esa razón, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández “hizo una clara convocatoria a que las políticas para reducir las violencias por motivos de género en nuestro país sean, por primera vez, políticas de Estado”.
Esto significa que se impulsará que las medidas para solucionar el problema no dependan “del gobierno de turno” sino de “todos los Poderes del Estado, de todos los niveles, nacional, provinciales y municipales”, pera que todos “prioricen estas agendas y trabajen de manera coordinada para hacerles frente”.
Por su parte, Estela Díaz,ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, declaró que la pandemia “trastocó todos los planes de gobierno y nos puso a trabajar focalizadas en mejorar los dispositivos de atención de las violencias, en especial del ámbito doméstico y familiar”. Dada la situación se hizo “un trabajo enorme, incansable, de todos los equipos (…) en acciones casi sin las herramientas que requiere la administración estatal, porque estamos justamente en proceso de construcción” de las mismas.
De todos modos, se trabajó “en los 135 municipios, articulando con más de 100 sindicatos y con cientos de organizaciones sociales”.
Este 8M, Estela Díaz encabezará desde este fin de semana actos en distritos del interior provincial, con talleres de género y prevención de las violencias. La ministra visitará hoy el distrito de Hipólito Yrigoyen, donde se reunirá con el intendente Ignacio Pugnaloni y con las secretarias áreas de género de la Región cuarta. Por la tarde se realizarán talleres de comunicación y género, educación y trabajo, mujeres y arte, en el Centro Cultural local.
Fuente Página 12
La justicia investiga cómo pudo
autolesionarse el femicida
Quintriqueo esposado y con
custodia policial
Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021
Tal como adelantó días atrás DiarioAndino, el femicida Bautista Quintriqueo pudo realizar su segundo intento de suicidio con una de sus manos esposadas a la camillia y con custodia policial afuera de la habitación.
El asesino de Guadalupe Curual era considerado un detenido de alto riesgo por el primer intento de suicidio luego de cometer el aberrante crimen, y la posibilidad de fuga. Por eso la fiscalía dispuso la custodia policial.
Esa tarde del miércoles 24, horas después del brutal femicidio, Quintriqueo estaba consciente. Tenía sólo una lesión superficial en el cuello que no revestía peligro, sólo curaciones. Trascendió que incluso dialogó con la defensa oficial dispuesta por la justicia. Pero en un momento en que habría estaba solo, con una de sus manos tomó el cable del suero, se lo enroscó en el cuello y se tiró de la cama.
La investigación busca determinar cómo es que el femicida logró ahorcarse y cómo fue el proceso, cuánto tiempo pasó hasta que el policía que custodiaba el lugar ingresó y lo encontró desvanecido. También, las curaciones e intervenciones del personal del Hospital.
El fiscal Adrián De Lillo deberá determinar el grado de responsabilidad de la custodia policial y si también incluye a los superiores de los agentes que ordenaron las medidas.
Entrega del cuerpo
Había temor a una escalada de violencia por la entrega del cuerpo del femicida. Pero finalmente ayer fueron entregados los restos a su familia. Fuentes allegadas a la causa y de la comunidad mapuche Quintriqueo confirmaron que el cuerpo fue enterrado en el paraje paso Coihue, a unos 25km de Villa La Angostura, y no en el cementerio local.
FUENTE: Diario Andino
En la ciudad de La Plata acción
política-cultural por la aparición
con vida de Lichita
Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021.
Dentro de la Campaña «Eran niñas», la militancia del capítulo local platense volvió a movilizarse por la aparición con vida de Cármen Elizabeth Oviedo Villalba, «Lichita», la niña que fuera secuestrada por las fuerzas represivas del Paraguay en el año 2020.
Esta vez, la actividad fue político-cultural y reunió a numerosas personas que testimoniaron su apoyo a la exigencia de que Lichita vuelva sana y salva a la Argentina, donde reside con sus familiares.
Continúa el repudio a la medida tomada
por el gobernador Gildo Insfrán de volver
a la fase 1 por unos pocos casos (23) de
Covid 19 en la provincia
Por Mario Reséndez, Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021.
No las tiene todas consigo el gobernador «crónico» Gildo Insfrán (lleva 26 años en el cargo), puesto que a la brutalidad represiva aplicada contra quienes por miles se movilizaron el viernes, le siguieron este sábado nuevas marchas y actos exigiendo que derogue la medida de volver a encerrar a la población por muy pocos casos de Covid.
Insfrán es un caso muy particular a nivel de los gobernadores «justicialistas». Estuvo firmemente comprometido con Menem, luego se hizo kirchnerista, más tarde cristinista (tanto que cada vez que el gobierno lo necesitaba ponía la cara de manera muy destacada en los actos oficiales) y ahora cuenta con el apoyo de Alberto Fernández. Insfrán ha ganado siete elecciones gubernativas consecutivas: (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019), en la mayoría con casi tres cuartos de los votos, y su mandato ha gozado de amplia aprobación pública. Allí reside precisamente su fuerza en la relación con el poder central: los votos de su provincia son apetecibles para quienes gobiernan desde Buenos Aires.
Insfrán, a lo largo de sus mandatos tuvo varias denuncias por maltrato con los habitantes de pueblos originarios de su provincia y también no pocos por corrupción, pero como dijo en su momento uno de sus seguidores: «que lo prueben, y si no que se callen la boca, corruptos en Argentina hay en todas partes».
El gobernador tiene otro «mérito»: ha practicado el asistencialismo al máximo y también la incorporación de muchos y muchas a la esfera de los empleos públicos y de esta manera ha generado una masa de población ciertamente dependiente. Pero ahora, en tiempos de Covid, las cosas se están invirtiendo: hay mucha gente con sus economía familiares arruinadas, pequeños comerciantes que lo han perdido todo y no pocos sectores de barrios humildes impedidos de trabajar a destajo. Si a esto se le suma una policía brutal a la hora de tratar cualquier incidente mínimo a nivel de las movilizaciones, el cóctel se hace explosivo. Esto es lo que pasó el viernes, cuando miles ganaron las calles (muchos autoconvocados y otros acicateados por la oposición macrista y de la derecha antiperonista de toda la vida) y algo que se hubiera podido resolver pacíficamente se convirtió en un aquelarre represivo. Tanto que hasta el propio presidente Alberto Fernández tuvo que criticar «la represión institucional».
Las espadas siguen en alto, y gran parte de los que se movilizaron prometen volver a hacerlo y convocan a la «desobediencia civil». Está claro que el macrismo y esa derecha fascista que recientemente se movilizó a Plaza de Mayo y en otras provincias, aprovecha lo que las malas gestiones le ponen en bandeja. La pregunta que se hacen muchos es: le dará el cuero a Insfrán para aguantar esta arremetida o habrá llegado su hora de abandonar el sillón de gobernador tras más de décadas y media de estar atornillado al mismo. Los próximos días serán decisivos, pero se hace evidente que entre los que se movilizan hoy en Formosa hay muchos que sin duda están hartos de los manejos autoritarios de Insfrán con respecto al tema Covid, pero otros solo buscan (se nota en ciertas pancartas) llevar agua para el molino de los Macri, Bullricho y otros grandes arruinadores del país.
Videos de la represión del viernes
Registran 276 denuncias de
Derechos Humanos contra
empresas mineras
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021.
El estudio contempla el período 2010-2020 y fue realizado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que advierte que casi la mitad de las denuncias se refieren a los impactos que sufren las comunidades.
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos produjo el observatorio Transition Minerals Tracker, que monitorea las políticas y prácticas de derechos humanos de las corporaciones que extraen seis materias primas fundamentales para la transición hacia la energía limpia: cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel y zinc. Se prevé que la extracción de estos seis minerales -componentes básicos para producir tecnologías de energía renovable, como vehículos eléctricos y paneles solares- aumente drásticamente con la demanda creciente de esta tecnología. Sin embargo, muchas de las corporaciones que producen estos minerales han recibido múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos.
Se investigaron las prácticas de 103 empresas entre 2010 y 2020 y dicho estudio relevó 276 denuncias de abusos de derechos humanos. Si bien aproximadamente la mitad (49) de estas empresas cuentan con una política de derechos humanos, las denuncias indican una importante desvinculación entre las políticas y la práctica.
El monitoreo, que se confeccionó sobre la base de noticias en medios de comunicación y sobre denuncias realizadas formalmente, determinó que casi la mitad (45 %) de las denuncias se refieren a los impactos que sufren las comunidades, incluyendo la intimidación y ataques contra personas, organizaciones de la sociedad civil y sus líderes. Los impactos van desde repercusiones sobre los medios de vida, desplazamiento forzado y protestas, hasta acusaciones de silenciar las voces críticas mediante amenazas e intimidación.
Entre las 256 denuncias, se consignan 125 de impacto comunitario, 119 de impacto ambiental, 68 de gobernanza y transparencia, 67 de impacto en los trabajadores, 36 de seguridad y zonas de conflicto y 12 vinculadas a la pandemia de Covid. Mientras que 18 empresas acumulan el 80% de las denuncias registradas, el resto se distribuye entre los seis minerales y todas las regiones geográficas, lo que sugiere que los abusos son un fenómeno muy extendido en el sector.
Comunidades afectadas
Según los datos recabados, la mayoría de las denuncias implican impactos y ataques a las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y sus líderes (125 denuncias). Los hallazgos indican que más de un tercio (36 por ciento) de todos los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos están vinculados con el sector extractivo.
“En 33 casos (uno de cada ocho, o el 12 por ciento) las comunidades respondieron a través de protestas, marchas, huelgas o bloqueos contra la mina, lo que indica el alto nivel de frustración dentro de las comunidades”, interpreta el monitoreo. “La consulta y el consentimiento de la comunidad son esenciales para garantizar que los proyectos de energía renovable que permiten la transición energética urgente para abordar la crisis climática beneficien a la población mundial y local”, afirma. Sin embargo, el estudio muestra que uno de cada ocho abusos de derechos humanos registrados en el campo de los minerales de transición supone una comunidad protestando.
“La falta de consentimiento afecta negativamente a las comunidades indígenas, que están en la primera línea tanto de la crisis climática como del abuso por parte de empresas extractivas y de energías renovables. Una de cada diez (10 por ciento) denuncias registradas se relaciona con los derechos indígenas”, advierte el Tracker.
Contaminación del agua
“Las acusaciones de impacto ambiental continúan siendo una fuente importante de abuso entre las empresas que producen minerales de transición”, señala el monitoreo. El primer análisis global, de agosto de 2019, encontró que los impactos ambientales, el acceso al agua y los impactos en la salud fueron las tres principales acusaciones registradas. En 2021, esos mismos tipos de abuso son los más habituales. Casi nueve de cada diez (89 por ciento) de las acusaciones ambientales están relacionadas con derechos hídricos.
“La minería consume mucha agua. La desigualdad de poder deja a las comunidades con fuentes de agua y tierras de cultivo secas”, señalan desde el observatorio. La contaminación del agua representa una quinta parte (22 por ciento) de todas las denuncias, y el acceso al agua representa una de cada seis denuncias (17 por ciento). Juntos, más de un tercio (38 por ciento) de las denuncias registradas están relacionadas con el agua. Además, 17 de 38 denuncias relacionadas con impactos en la salud también significaron denuncias relacionadas con el acceso o la contaminación del agua.
Por otra parte, una cuarta parte, 68 de las 276 denuncias, se relacionan con la gobernabilidad y la transparencia. Casi la mitad de ellos son denuncias de corrupción, incluidos pagos a gobiernos, tráficos de influencias, lobby y mala gestión de fondos. Otras 28 son denuncias de evasión fiscal, que incluyen el impago de fondos a la comunidad como requieren las leyes o los contratos de explotación minera.
Advertencia
“La necesidad de una descarbonización es urgente. Sin embargo, las denuncias registradas en Transition Minerals Tracker muestran que los abusos de derechos humanos en la cadena de suministro para la producción de tecnologías de energía renovable podrían comprometerla”, advierte el estudio realizado. “Si introducimos medidas para ponerle fin a esos daños, podemos garantizar un futuro en que se logre no solo una emisión de carbono, sino en el que todas las personas se beneficien de un sector sostenible y respetuoso de los derechos”, alientan.
“Este rastreador busca mejorar las prácticas de derechos humanos de las empresas que producen los minerales vitales para los sectores de energía renovable y vehículos eléctricos, al arrojar luz sobre los riesgos clave de derechos humanos en las geografías donde operan, y las políticas y prácticas de derechos humanos del empresas más importantes de este subsector”, apuntaron en el informe.
Fuente: RedEco
8M 2021: “Haremos temblar las calles”
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 6 de marzo de 2021.
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las mujeres y disidencias de los territorios van al paro y se movilizan en todo el país. A continuación, difundimos el comunicado de la Mesa de Géneros y Diversidades de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA).
«Hablar de barrio y organización es hablar de compañeras que cada día resisten y sobreviven en el hambre y la miseria. Desde siempre, desde que la muerte de diferentes formas campea en nuestros territorios, estamos ahí organizándonos, juntándonos, reinventándonos, abrazándonos. Somos esencialmente las mujeres las que llevamos adelante las tareas de cuidado, las de nuestros hogares y nuestra comunidad, aprendemos junto a otras, descubrimos que hay otros sueños posibles. Nos revelamos, rompemos moldes, estructuras, mandatos, somos más que un cuerpo para parir. Somos las que gritamos fuerte reclamando justicia cuando este sistema patriarcal nos mata, nos aniquila, nos violenta. Somos vida, contra este sistema capitalista que explota nuestros cuerpos al igual que nuestros territorios y que nos precariza la vida.
«¡Las mujeres de los barrios empobrecidos por las políticas neoliberales nos reconocemos Trabajadoras! A pesar de que el Estado nos niegue e invisibilice en nuestra condición de trabajadoras precarizadas, a pesar que solo crean que valemos un plan, nosotras gritamos: “Trabajadoras somos todas”.
«Somos las primeras en la línea de fuego en los barrios, sosteniendo los comedores y merenderos para palear el hambre, somos las que durante toda la pandemia pusimos el cuerpo, la solidaridad, y a muchas les costó la vida, exigiendo todo el tiempo las condiciones dignas y necesarias para llevar adelante nuestra tarea. Somos más que nunca esenciales.
«Este 8 de marzo no celebramos. Este 8 de marzo como hace tantos años nos movilizamos, nos reunimos en asamblea, paramos en nuestros espacios, porque estamos convencidas que merecemos más que las migajas que otros deciden que debemos aceptar. Paramos porque merecemos un salario digno y trabajo con derechos, por eso seguimos gritando “eso que llaman amor es trabajo no pago”. Paramos porque luchamos y deseamos un presente sin estigmas, sin estereotipos, sin violencias. Las mujeres paramos porque no hay decisión política de terminar con las injusticias y las violencias. Paramos para que dejen de matarnos, de violarnos, de golpearnos. Paramos porque nos mata el femicida y nos mata la complicidad machista de los poderes, con el sistema judicial a la cabeza. Paramos porque no nos matan, simplemente dejan que nos maten.
«Las mujeres de los barrios paramos por un país más justo, más equitativo. Paramos porque no nacimos para revolver la olla, nacimos para cambiar la historia y lo hacemos juntas y organizadas.
«Como gritamos en las calles “somos las nietas de las brujas que quemaste, las hijas de las mujeres que golpeaste, las madres de las niñas que jamás tocaras”, porque estamos convencidas que el patriarcado y el capitalismo no se van a caer, lo vamos a tirar.»
#Trabajadoras somos todas #Salarios dignos para todas las trabajadoras comunitarias #Vivas, libres, organizadas y con derechos nos queremos #Por territorios equitativos y libres de violencias #Basta de matarnos
Fuente: Agencia ACTA-CTA
Envio:RL
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