Violación de Derechos Humanos a
mujeres indígenas en Formosa
Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021.
Las denuncias que se visibilizaron en los últimos días sobre la situación de mujeres de las comunidades indígenas de El Potrillo, Formosa, no son una novedad, persisten en el tiempo porque desde los gobiernos no se organizan dispositivos ni instrumentos efectivos para eliminar las prácticas discriminatorias y estigmatizantes históricas contra estas comunidades. El CELS junto a otras organizaciones territoriales del NOA y NEA alertaron sobre la necesidad urgente de que los gobiernos federal y provincial establezcan políticas específicas para atender una situación de discriminación y pobreza que se vio agravada por la pandemia. En ese sentido investigadoras y militantes de derechos humanos presentaron una carta para obtener adhesiones y denunciar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas.
Las denuncias que se visibilizaron en los últimos días sobre la situación de mujeres de las comunidades indígenas de El Potrillo, Formosa, no son una novedad, persisten en el tiempo porque desde los gobiernos no se organizan dispositivos ni instrumentos efectivos para eliminar las prácticas discriminatorias y estigmatizantes históricas contra estas comunidades. El CELS junto a otras organizaciones territoriales del NOA y NEA alertaron sobre la necesidad urgente de que los gobiernos federal y provincial establezcan políticas específicas para atender una situación de discriminación y pobreza que se vio agravada por la pandemia.
Difundimos carta de investigadoras y militantes de derechos humanos
En estos días, en los que las cámaras de televisión muestran a mujeres indígenas esconderse en el monte para escapar de las formas en que el Estado las maltrata, muchas argentinas y argentinos pueden llenarse de sorpresa e indignación. Que así sea. Otras personas sospecharán que debe haber intereses oscuros tras este tipo de denuncias y avalarán la postura de que se trata de un “montaje”.
Pero lo cierto es que quienes acompañan y trabajan junto a las comunidades indígenas formoseñas, como profesionales o como militantes de derechos humanos, denuncian desde hace años la violación sistemática de los derechos humanos, que la Constitución Nacional —junto a otras normativas— garantizan a los pueblos indígenas en Argentina.
Los indígenas y los medios de comunicación, en distintos momentos, han denunciado y visibilizado extorsiones y episodios de represión policial.
Hace años que diversos informes muestran deficiencias y ultrajes que las personas indígenas —no solo las mujeres— sufren en el ámbito de la salud.
El miedo a la internación en algún hospital de la provincia de Formosa responde a experiencias oscuras de maltrato y de violación a los derechos humanos. Se trata de un silencio a voces.
Lamentablemente, las alertas duran poco como tema de interés público. Son cuestiones que rápidamente caen en el olvido ante lo que funcionarios, los medios de comunicación y las audiencias consideran como «los problemas nacionales verdaderos y urgentes».
En todo caso, las prácticas de prevención de la pandemia han dejado al desnudo la violación de los derechos de los pueblos indígenas que tiene lugar en distintas partes del país, pero que es particularmente flagrante y recurrente en Formosa .
Todo esto se agrava aún más debido a la falta de receptividad de las observaciones críticas. En lugar de ser tenidas en cuenta a la hora de mejorar las políticas públicas, dichas observaciones suelen quedar bajo sospecha, ya sea de especular para favorecer o perjudicar a algún sector político o de abonar oportunismos electorales.
Pero ¿hasta cuándo esos juegos perversos seguirán agudizando las situaciones que vulneran a las personas afectadas? ¿Hasta cuándo quienes son responsables de garantizar derechos pueden seguir siendo indiferentes? ¿Hasta cuándo podemos seguir pensando como ciudadanos y habitantes del país que estas prácticas racistas no son parte medular de «los problemas nacionales verdaderos y urgentes»?
Acompañamos, entonces, el pronunciamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y exigimos, además, a la abogada Elizabeth Victoria Gómez Alcorta —a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación—, que intervenga inmediatamente para llevar adelante las siguientes acciones: investigar las prácticas violentas denunciadas en los testimonios, administrar los medios correspondientes para defender el derecho al parto respetado considerando perspectivas interculturales y tomar medidas hacia quienes atentan contra este derecho.
Debido a que la situación denunciada articula situaciones evidentes de violencia de género y maltrato hacia las mujeres indígenas por el mero hecho de serlo, instamos a la abogada Magdalena Odarda —presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)— y a la abogada Victoria Donda —titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)— a sumarse a dicha intervención y concertar, de forma inmediata, las acciones para garantizar los derechos de las mujeres indígenas formoseñas, de sus hijos, hijas y familias.
Asumimos que como mujeres y operadoras judiciales advertirán que la violencia obstétrica es solo una de las muchas violencias que día a día padecen las comunidades. También advertirán que las mujeres víctimas de esa violencia no solo son testigos de otras violencias ejercidas por el Estado sino que, además, sus memorias testimonian experiencias de sus ancestros; pueblos sobrevivientes de campañas militares de exterminio, de la instalación de reducciones para indígenas y de desplazamientos forzados como consecuencia del despojo territorial.
En otras palabras, son mujeres cuyos derechos como personas y como integrantes de pueblos indígenas han sido vulnerados de manera sistemática y que, en el presente, continúan padeciendo la falta total de garantías.
En ese sentido, y por tratarse de un caso de violación a los Derechos Humanos, apelamos también a la intervención de Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Claudia Briones (13103568)
Lorena Cardin (22.110.057)
Valeria Mapelman (21.482.309)
Ana Ramos (22.549.272)
Silvina Ramírez (17.384.257)
Florencia Tola (23.120.125)
Susana Pariani (4.741.847)
Mariela Rodríguez (22.163.946)
Marcela Tomas (17.480.023)
Beatriz Nussbaumer (21.909.579)
Carlos Javier Cowan Ros e23.205.748)
Marina Matarrese (26.894.226)
Matías Schraer (24.379.317)
Morita Carrasco (5.699.901)
Andrea Gigena (25.286.566)
Diana Lenton (17.901.607)
Alcida Rita Ramos (318.261)
Tamagno (6.418.019)
Pablo Wright (12.164.715)
Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ, 34/1984)Mirta Acuña de Baravalle (Co-fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo)
Fuente: AnRed
Más de 140 trabajadores rurales
esclavizadxs fueron rescatadxs en
Corrientes y San Juan
Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021.
Dormían hacinadxs, sin agua potable, con hambre, sin baño y varios de ellxs contagiadxs con sarna, denunciaron desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Además, se descubrió la presencia de 11 niñxs.
Más de 140 trabajadores rurales fueron rescatados en distintos operativos realizados en la actividad forestal de la provincia de Corrientes y en la cosecha de aceitunas en la provincia de San Juan. Estaban “en condiciones infrahumanas, dormían hacinados, sin agua potable, con hambre, sin baño y varios de ellos contagiados con sarna”, denunciaron voceros gremiales. Además, se descubrió la presencia de 11 niños.
En San Juan, “en la zona de Sarmiento, se detectaron 140 trabajadores traídos desde el norte del país por personas sin escrúpulos par la cosecha del olivo”, según informó el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, a través de un comunicado. Vivían hacinados en pequeñas habitaciones de 2,50 x 1,50 metros, no tenían acceso al agua potable, no contaban con instalaciones sanitarias y tampoco los elementos de protección adecuados.
Asimismo, realizaban jornadas laborales de 12 horas por día y el pago recibido era inferior al establecido en el mercado. Cada caja de aceitunas se abona $ 260 mientras que los trabajadores sólo recibían $ 160.
“Estos trabajadores desempeñaban sus tareas en varios establecimientos, lo que significa que la responsabilidad de su situación no es sólo del cuadrillero, como se denomina a quien sale a buscar trabajadores a otras provincias, aquí también le cabe responsabilidad a los productores, a las empresas y al propio gobierno provincial, quien debe ejercer en primera instancia el poder de policía de trabajo”, subrayó Voytenco.
En tanto, en Corrientes, “trabajadores forestales traídos desde la provincia de Misiones se encontraron en condiciones calamitosas, sin cobrar salarios desde el mes de enero, al borde de la desesperación, al punto que cuando llegaron los inspectores lo primero que hicieron fue pedirles comida porque estaban en estado de inanición, en medio de la plantación y sin comida por varios días”, indicó el dirigente gremial.
“Estos operativos, realizados en dos provincias distantes y en actividades distintas, tienen el común denominador de la explotación laboral, la trata de personas y el trabajo infantil”, concluyó.
Fuente: Periodismo popular
Carta abierta «al presidente de
Argentina, compañero
Alberto Fernández»
Por Alejo Brignole, Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021.
Estimado compañero y presidente de la República Argentina, Dr. Alberto Fernández, me tomo la libertad de escribirle esta carta con las mejores intenciones y sentido humanista, sabiendo que comparto con el destinatario los mismos principios democráticos y sin dudas también la defensa a ultranza de nuestra castigada pero nunca rendida humanidad. Convencido de ello, decidí enviarle esta reflexión motivada por su reciente candidatura al Premio Nobel de la Paz que, aunque inesperada, es una muy grata noticia para los que seguimos de cerca su gestión y su trayectoria.
Para ser honestos, no es que usted haya hecho grandes cosas por la paz, sin embargo, el gesto valiente y profundamente latinoamericanista que tuvo con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, al darle asilo y acompañarlo hasta la misma frontera de su país para un retorno seguro, es motivo suficiente para que su candidatura al Nobel haya germinado con el debido merecimiento. Sobre todo si consideramos que la Fundación Nobel tiene un historial a veces cuestionable en sus criterios selectivos.
No sé qué le sucede a usted en su fuero íntimo, saber que en caso de ser elegido, compartiría la historia del galardón con un genocida siniestro como el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, planificador de los genocidios en el sudeste asiático cuando la guerra de Vietnam, y de América Latina mediante el Plan Cóndor. O que compartiría honores con Barack Obama, ese negro de máscaras blancas –como diría Frantz Fanon– que resultó ser un continuador de todas las guerras y un militarista obsceno que durante su presidencia firmó interminables listas con personas para asesinar con drones en países periféricos (sobre todo de Oriente Medio y África). Sin olvidar, por supuesto, que el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, reconocido masacrador de su pueblo y responsable de miles de campesinos muertos en la guerra sucia contra el narco, también fue laureado con el Nobel de la Paz en 2016. Dato significativo que no dice tanto del premiado, aunque sí bastante de los que otorgan ese gran reconocimiento internacional.
Como ve, compañero presidente Alberto Fernández, los dilemas éticos se hallan por doquier, incluso para recibir un hermoso galardón tras ser considerado un constructor de la paz mundial. Bello adorno para cualquier genuino amante de la humanidad.
En este mundo desquiciado y necrófilo todo parece moralmente muy lábil… ¿no le parece? No hace falta que le explique a usted, un estudioso de la realidad global y latinoamericana, que en este sistema internacional, carente de valores constructivos para la humanidad, los necrófilos reciben premios y los humanistas son tachados de enemigos. Seguramente recordará que Mahatma Gandhi fue considerado un terrorista por el Imperio británico hasta 1947 y que el nombre de Nelson Mandela estuvo inscrito en la lista de terroristas peligrosos de los Estados Unidos hasta un día antes de asumir la presidencia de Sudáfrica, en 1994. Lo mismo le sucedió a Evo Morales, cuando fue incluido entre los objetivos de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Estado para ser “neutralizado” cuando luchaba por los derechos de los campesinos y las comunidades indígenas en El Chapare. Por fortuna, los estrategas norteamericanos no lograron su oscuro cometido de asesinarlo selectivamente –estuvieron muy cerca en dos oportunidades– y Morales llegó a la primera magistratura boliviana.
Como ve, compañero Presidente, recibir un premio parece, a priori, una tarea sencilla y sin dudas muy gratificante. Pero cuando uno es un verdadero demócrata, una persona moralmente reflexiva y un humanista consecuente (como creo que es usted) la cuestión ya no se vislumbra tan llana. Es decir, si uno horada la superficialidad de las cosas, el asunto se problematiza. Hasta un premio ya consagrado como el Nobel esconde insalvables dobleces.
En esta carta no quiero pedirle un sacrificio, que además sería innecesario y quizás contraproducente. Si acaso llegase a recibir el Nobel el próximo 10 de diciembre de 2021, no voy a pedirle que renuncie a él como hicieron Jean-Paul Sartre en 1964, o el vietnamita Le Duc Tho en 1973, demostrando la enorme integridad con que estaban hechos estos hombres. Solo me gustaría pedirle, sugerirle, y acaso implorarle, que se atreva a un acto enaltecedor. Un gesto simple que no solo lo engrandecerá a usted, sino a todo su país, a su pueblo y a toda nuestra América.
Si llegase a ser finalmente ungido por la Fundación Nobel, le diría que no desperdicie una oportunidad histórica para dar una lección impostergable al mundo. Un mundo que ya no tolera –pero aún así debe acatar por la fuerza– el genocidio gradual que se perpetra contra el pueblo cubano con un bloqueo ilegal y asesino desde hace más de 60 años.
Usted sabe y yo sé que Cuba es una nación que exporta solidaridad, no bombas. Que alfabetiza, cura y asiste de múltiples maneras a millones de personas desprotegidas en decenas de países de forma desinteresada. Y lo hace solamente por el amor revolucionario que constituye la filosofía y la esencia del Estado cubano. Una premisa legada por Fidel, que no es otra que un sentido fraternal por la humanidad, sin distinciones.
Por esto mismo, si llegase la hora bienhechora en que usted sea el galardonado con el Nobel de la Paz, le sugeriría que lo acepte en nombre de Cuba y de las Brigadas Médicas Cubanas Henry Reeve, que durante la pandemia fueron –y siguen siendo– el mejor ejemplo de otra humanidad posible.
Ambos sabemos, compañero presidente Alberto Fernández, que tal gesto de su parte no significará una renuncia a ese merecido honor. Será, apenas, un gran acto de justicia fraternal que adornará su vida y su posteridad mucho más que cualquier pompa, premio o reconocimiento mundano, porque será el gesto de un argentino cabal, cuyo compromiso trasciende las fronteras y abraza con decisión a nuestra amada y castigada hermana: la invicta nación cubana.
*Escritor
Se viene la súper contaminación:
Comenzaron las pruebas de 5G en
el país /Reunión del Enacom con
Ericsson, Huawei y Nokia
Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021.
Imagen: Télam
Se estima que con la nueva red se pueda traficar datos de un millón de dispositivos por milla cuadrada, lo que permitirá el desarrollo de un nuevo ecosistema que promete un mayor avance de calidad en el servicio y
Este martes comenzaron formalmente en el país las pruebas orientadas a la tecnología de quinta generación (5G) para conexiones de banda ancha móvil. “Disminuir la brecha digital es un mandato de nuestro presidente, Alberto Fernández, que tenemos que asumir entre todos”, resaltó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al participar del acto de inicio de los ensayos.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se reunió este martes con las empresas Ericsson, Huawei y Nokia, que tienen a su cargo las más grandes infraestructuras de red a nivel global, y con el operador Telecom, que probarán el funcionamiento de la tecnología en proyectos puntuales.
Hasta ahora las pruebas para demostrar el valor de esta tecnología fueron realizadas por las operadoras con ensayos de laboratorio que mostraban la multiplicación de la velocidad que permite 5G con videojuegos, partidos de tenis o simulación de autos sin conductor.
Desde el Enacom consideran que esta tecnología «ofrecerá ventajas sin precedentes en la industria, la educación y el entretenimiento, entre otras».
“A partir de agosto del año pasado, generamos un nuevo derecho en Argentina, que es el derecho a estar conectados. Avanzar en las nuevas tecnologías es parte de las tareas que tenemos adelante, es parte de las políticas públicas que tenemos que desplegar. Ampliar cada vez más la red, tiene que tener la misma energía que resolver y ampliar las nuevas capacidades tecnológicas”, precisó Cafiero.
En el encuentro estuvieron presentes también el líder de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, entre otros funcionarios.
Por su parte, Massa, aseguró que “la tecnología y el conocimiento han cambiado el valor de las cosas, la economía, y cambiaron también la forma cotidiana y la calidad de vida de muchos ciudadanos. Eso le impone a los estados poner reglas que permitan por un lado accesibilidad al ciudadano para la conectividad y por otro lado certidumbre, certezas para las empresas a la hora de llevar adelante una inversión”.
“El desafío más grande que recorremos es el de la velocidad, la conectividad y el del internet de las cosas como parte de la vida cotidiana de los argentinos y eso requiere una política regulatoria y de un estado facilitando el acceso a los ciudadanos y a las empresas”, dijo. También transmitió “la decisión de que el parlamento argentino sea receptáculo de todas aquellas normas que permitan nuevas tecnologías y velocidad a la hora de la conectividad, pero que sobretodas las cosas que la inversión y el desarrollo que lleven adelante las empresas tengan un marco normativo que le de a la argentina largo plazo y futuro”.
Sí, el 5G es peligroso para la salud y el planeta
(con buena paz de las operadoras, los medios y los políticos)
Francesco Lanza / Asociación Bona Ona
Uno de los efectos colaterales del confinamiento adoptado por la COVID-19, ha sido que las personas, encerradas en casa, han empezado a cuestionarse parte de la información proporcionada por los medios oficiales y las instituciones.
Uno de los temas que más ha inquietado a la gente y la ha empujado a buscar información “no oficial” es la tecnología 5G. Y no es que no tuvieran razones para estar inquietos: mientras todo el mundo estaba encerrado en casa para no coger el virus más mortífero de la historia de la humanidad (eso es lo que parecía conectando la televisión), aquí en Baleares (y supongo que en la península también) en pocas semanas han instalado decenas de nuevas antenas (25 nuevas estaciones base solo en Mallorca, sin contar las intervenciones en las existentes y en las azoteas).
Muchos vecinos nos han informado que en algunas instalaciones los técnicos trabajaban día y noche, domingos y festivos sin parar. ¿Porqué toda esta prisa? ¿Porqué ellos podían seguir haciendo su trabajo cuando la gran mayoría estaba obligada a quedarse en casa? Si a estas legítimas preguntas añadimos que en los medios oficiales solo se habla del 5G para subrayar sus ventajas (indudables, ¿pero a que precio?), es normal que la gente empezara a buscar otras fuentes de información sobre este asunto.
El problema es que lo que se encontró tampoco ayudaba mucho: en los medios sociales se multiplicaron noticias sin fundamento, invasión de hombres lagarto, redes de pederastia, eugenesia y un sinfín de bulos todos conectados con el despliegue del 5G.
La intención de esta columna es, justamente, aclarar algunos hechos relacionados con el 5G, empezando por el principal: ¿el 5G es peligroso para la salud de las personas y del planeta?
Teniendo en cuenta que el 5G es la última generación de comunicación móvil, y que esta está basada en radiofrecuencias, nuevos emisores (antenas sí, pero también todos los aparatos que se conectarán con el IoT – internet de las cosas) que en su mayoría no sustituirán los antiguos (los repetidores de 2, 3, 4G, WiFi, etc. seguirán emitiendo) supondrán un aumento de la exposición a las radiaciones no ionizantes.
Sobre si los nuevos niveles de exposición sean seguros o no para la salud de las personas no hay un claro consenso científico: la mayoría de los estudios académicos demuestran que las radiaciones no ionizantes tienen un efecto biológico a niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos. Algunos otros mantienen que el único efecto de las radiaciones no ionizantes es el efecto térmico, o sea que como mucho a partir de determinados niveles, empezamos a notar en la superficie expuesta de nuestro cuerpo, una sensación de calentamiento de la piel.
¿Ha faltado prudencia sobre los peligros del 5G?
La falta de consenso científico en sí sugeriría prudencia en adoptar una nueva tecnología cuyos efectos sobre la salud podrían ser relevantes, si no queremos convertirnos nosotros mismos en los conejillos de indias de un experimento global [1].
Sobre todo porque decenas de estudios académicos, revisados por pares, han encontrado relaciones entre la exposición a radiaciones no ionizantes y enfermedades físicas o neurológicas como stress oxidativo, efectos inmunodepresivos, fertilidad y reproducción, daños en el ADN, daños en el metabolismo del calcio, tumores cerebrales y de la membrana encefálica, trastornos del sueño, de la memoria, del aprendizaje y del comportamiento, cáncer y proliferación celular, enfermedades cardíacas, a la presión arterial, etc. [2]
Esta falta de prudencia por parte de la industria es comprensible. En el 5G hay mucho dinero invertido y se cuenta con esta tecnología para reactivar la economía agonizante después del parón causado por la COVID-19.
Menos comprensible es que las instituciones nacionales que deberían velar por nuestra seguridad y nuestra salud y que reglamentan el sector, permitan que el derecho de la tecnología y de la industria prime con respecto al derecho constitucional a la salud y a la seguridad.
El fundamento legal que estas instituciones aportan para desestimar la preocupación legítima de las personas se basa en las recomendaciones y directrices de agencias internacionales dedicadas a la valoración de la tecnología basada en radiofrecuencias.
La Comisión Internacional sobre Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP) [3], institución de referencia para muchas agencias nacionales como el CCARS [4] en España, en su última revisión establece que todavía estamos muy lejos de niveles de exposición que puedan suponer un riesgo para la salud [5]. Esta discrepancia de valoración se debe al hecho que el ICNIRP sólo considera los estudios que tienen en cuenta el efecto térmico de las radiaciones no ionizantes, y desestima los cientos de estudios que, en cambio, demuestran que a unos niveles muchos más bajos de exposición ya hay los efectos biológicos apuntados antes.
Las razones por las que el ICNIRP (y otras agencias como el FCC, IEEE, IARC, etc.) sólo tienen en cuenta los efectos térmicos será el tema de uno de los próximos artículos, así como su estrecha relación con la industria de telecomunicaciones que deberían reglamentar.
Pero los riesgos de esta tecnología no sólo interesan por la salud de las personas, sino también del medioambiente, con estudios que apuntan al daño causado por las radiaciones a pájaros, insectos, y plantas [6], sin contar el enorme impacto de toda una nueva generación de cientos de millones de nuevos móviles en la privacidad y el uso masivo del “big data” para tener un perfil de los consumidores, con riesgo de limitar su libertad o alterar los procesos democráticos (el caso de Cambridge Analítica [7] enseña que no es una posibilidad remota); en la seguridad, en cuanto un número inimaginable de nuevos aparatos (además de las SmartTV, tendremos coches, neveras, lavadoras, y un sin fin de otros artilugios conectados) estarán conectados de manera permanente exponiendo a las personas a un riesgo mayor de hackeos de datos; en la pérdida de valor de las viviendas próximas a instalaciones emisoras cada vez más cercanas y numerosas; la ocupación del espacio público y del medio natural para instalaciones privadas (parques, plazas, …); etc. Cada uno de estos temas se merece un artículo aparte por su importancia.
Así que nos parece oportuno ofrecer una opinión clara, independiente y basada en evidencias científicas sobre los peligros que supone el 5G para la humanidad en todos los aspectos: trataremos todas las dudas que nueva tecnología está levantando, tanto las que demuestran el riesgo asociado con esta tecnología, tanto las que surgen de algunos bulos que durante el confinamiento fueron virales y que sólo dañan a la imagen de quien, como nosotros, aboca para una tecnología más segura que tenga en cuenta no solo los derechos de la industria sino también los de las personas y del planeta.
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario