Lawfare argentino: radiografía de un mecanismo perverso
La anulación de todas las causas por las que había sido condenado el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, sumada a la victoria del “correísmo” en Ecuador y del partido de Evo Morales en Bolivia, reavivó en la Argentina el debate sobre el lawfare, una suerte de “guerra judicial” cuyo objetivo denunciado por quienes la padecen es la eliminación de determinados personajes y fuerzas políticas como alternativas de poder, especialmente en Latinoamérica.
En la Argentina, “es una palabra cuya definición teórica está en plena construcción”, según el fiscal federal Federico Delgado.
Una construcción que se insinúa diferente de la que le dio origen a principios de este siglo como concepto del “uso de la ley como un arma no convencional por los grupos terroristas para enfrentar a un poder superior en términos militares”.
No parece ser esa la definición a la que aluden los líderes de la región. Menos aun la expresión de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, durante su reciente exposición ante la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa conocida como dólar futuro, acaso uno de los ejemplos más claros de la sinrazón judicial vernácula.
Delgado, uno de los personajes más odiados en los tribunales federales de Retiro por sus libros que desnudan una cara conocida (mas no aceptada) del Poder Judicial, reconoce que lo que sale de los tribunales tiene una falla de origen. “Por su baja aceptación general, automáticamente las sentencias son percibidas como arbitrarias”.
La arbitrariedad aparece como una de las caras del lawfare en la Argentina. Pero, según Delgado (autor de los ensayos en formato libro La cara injusta de la Justicia, Injusticia y República de la Impunidad), “la sospecha y la percepción de sentencias arbitrarias es algo diferente a la práctica del lawfare”.
Pese a que el propio Papa Francisco habló sobre el lawfare y alertó sobre su utilización rayana en lo delictivo para influir en procesos políticos, el concepto tiene en la Argentina formatos especiales y característicos que lo hacen singular en un contexto general.
“La práctica del lawfare es otra cosa. Se despliega sobre un contexto de crónica debilidad institucional, que se distingue por la ausencia de un espacio público que impida que el más poderoso doblegue al adversario hasta anularlo si es posible. Ello requiere reconfigurar el funcionamiento de un sector del sistema judicial que comienza a trabajar codo a codo con el Ejecutivo, al que debería controlar. Jueces y fiscales vuelven verosímiles situaciones jurídicas muy opinables y cometen ilegalidades en nombre de la ley”.
Allí aparece una de las facetas distintivas, tal vez por exageración estadística, del modelo argentino de lawfare: la judicialización de la política. Judicialización a granel, a lo bruto. Casi cualquier decisión de gobierno es pasible de ser aprobada o desaprobada, suspendida, pulverizada, declarada inconstitucional, por un juez.
Una sola persona, cuya legitimidad de origen no la da el voto popular, puede frenar la aplicación de una decisión de un gobierno elegido por 13 millones de voluntades expresadas en otros tantos sufragios.
El Poder Judicial pasa así a convertirse en un árbitro incluso más allá de las leyes y su composición pasa a ser una herramienta estratégica de la política. El Poder Judicial no es independiente en la Argentina; no importa cuándo se lea esta aseveración. Hay, claro que sí, jueces independientes. Muchos. El cuestionamiento no apunta a las personas en tanto individuos sino como colectivo.
El fiscal Delgado pone la lupa en “el sistema de designaciones de magistrados, surcado por una combinación de razones de mérito y amiguismo”.
Ese favoritismo, que vulgarmente podría traducirse en “acomodo”, se complementa –según el representante del Ministerio Público– con “la carencia de incentivos para que jueces y fiscales sean leales con la Constitución.
El concepto es escalofriante. En condiciones normales, ningún funcionario público debería necesitar otro “incentivo” para ser leal a la Constitución que el simple patriotismo. Acaso también falte redefinir el concepto de “patria”.
Delgado suma “la baja capacitación técnica” como complemento de la tríada que permeabiliza al Poder Judicial frente al lawfare.
“La práctica del lawfare funciona con tres patas: la necesidad del Ejecutivo, la colaboración de un sector de la Justicia y las empresas de medios que vuelven verosímil lo que es opinable”.
Delgado propone, a modo de ejemplo: “Supongamos que el fiscal acusa a un funcionario de defraudar al Estado porque recibió coimas a cambio de asignar obras públicas a determinadas empresas. Supongamos que el acusado lo niega y que plantea que una pericia demostraría que pagó un precio justo y que no existieron coimas. Supongamos ahora que el juez, de la mano de esas zonas grises de los procedimientos, responde que no es necesaria esa pericia, que es un intento del acusado para perder tiempo y sigue adelante. Supongamos que en esas condiciones el fiscal y el acusado llegan a un juicio oral y que el acusado es condenado”.
Aunque el ejemplo no tiene nombres propios, la analogía con decisiones judiciales recientes parece más que evidente.
La mirada no está puesta en la responsabilidad o no del acusado sino en la deslegitimación de la condena. “De este modo, una situación verosímil –un posible caso de corrupción–, juzgado de manera anómala, es presentado a la sociedad como un acto de justicia contra el flagelo de la corrupción”. Ese es el concepto vernáculo de lawfare.
El fiscal introduce una evaluación novedosa: no se trata solo de una práctica ofensiva para conseguir una condena. “También puede funcionar ‘a la defensiva’. Por ejemplo para anular a los sectores probos de la Justicia que buscan hacer su trabajo con respecto a un funcionario del gobierno. En tal situación, se lo descalifica para minimizar su credibilidad”.
Entendida como una herramienta que corrompe el estado de derecho, el lawfare no es solo un perjuicio para personas. Según Delgado, “suprime la ciudadanía, es un elemento de desciudadanización”.
Alberto y CFK definen un perfil de gestión antes de elegir quién irá a Justicia
La decisión de la elección del nombre de la persona que ocupará la silla principal del Ministerio de Justicia quedó encapsulada entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, quienes este fin de semana estarán en la Patagonia. Alberto encabezó el operativo interministerial desplegado para paliar los efectos de los incendios en Chubut y Río Negro, y Cristina estará en El Calafate. La falta de apuro para tomar la decisión anunciada por el propio presidente marca una nueva forma de gobernar en coalición, creada a fuerza de necesidad por el propio Fernández.
El resto del Poder Ejecutivo quedó excluido de las cavilaciones. Será el primer círculo de poder el que se entere, antes de hacerse público. Tampoco se conoce el plazo que tendrá esta inusitada transición, o sea, hasta cuándo Marcela Losardo será ministra sin serlo. Una cosa es segura, según contó a Tiempo Argentino una alta fuente del Gabinete, y es que el nombre será consensuado con Cristina, pero la estrategia judicial que se trazará desde el Poder Ejecutivo llevará la firma del propio Alberto. “Es un tema muy caro para él por su formación como hombre de derecho”, explican. Es por eso que, después de que el propio presidente anunció su decisión de enfrentar el lawfare, la persona que ocupe la cabecera de la cartera judicial tendrá que cumplir con esa tarea, señalada desde siempre por Cristina Fernández.
Té para dos
Esa mesa bilateral de Alberto y Cristina solo se activa para tratar tres grandes ejes: las negociaciones con el FMI, la estrategia judicial y tarifas. El resto de los temas propios de la gestión los lleva el presidente con su Gabinete. En cambio, los tópicos más políticos se abordaban en la mesa de los martes, aquella reunión semanal entre el presidente con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos Máximo Kirchner, el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro y el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, pero este encuentro ya no tiene mucha periodicidad. La última vez que se reunieron –hace un mes–, Massa se llevó la posibilidad de poner en la agenda la modificación del piso del Impuesto a las Ganancias. El domingo pasado, el presidente le propuso poner en Justicia al diputado massista Ramiro Gutiérrez, pero el titular del Frente Renovador declinó la invitación.
Es por eso que la búsqueda de nombres a cielo abierto esta semana quedó circunscripta a dos: el diputado Martín Soria y la abogada y la académica feminista Marisa Herrera, una de las redactoras del último Código Civil y Comercial –aprobado durante el segundo mandato de Cristina Fernández–, que actualizó las leyes de familia a las formas de vida actuales, entre ellas, el divorcio vincular. El nombre de Herrera empezó a tomar fuerza en la semana debido a que la segunda, y no por eso menos importante, tarea que asumirá la titularidad de Justicia es que deberá ser receptiva al reclamo del movimiento feminista de despatriarcalizar la Justicia. En esa causa se anotaron Alberto, Cristina, Vilma Ibarra y Wado de Pedro. Sería una forma de mostrarse lejos de la rosca judicial y cerca de un reclamo genuino.
Más allá de los pergaminos académicos de esta investigadora del Conicet, Herrera tiene un perfil muy enfático, y a la vez un estilo llano para el discurso. Al igual que sus contrincantes, no proviene de la llamada “familia judicial”, pero sí conoce su entramado.
El gobierno decidió contrastar la indefinición circunstancial en Justicia con la actividad de otros ministerios. Los incendios en la Patagonia concentraron la presencia de Gabriel Katopodis, de Obra Pública, y Jorge Ferraresi, de Hábitat y Vivienda. Ya estaba en el territorio Juan Cabandié, de Ambiente. Esta impronta proactiva será la que, según pudo saber este medio, marcará el ritmo de la gestión en este año electoral, en el que el Gabinete también saldrá a marcar presencia en los distintos territorios.
El gobierno entró en clave electoral. Los ministros también se alinearán a una agenda de campaña, como una forma de extender la gestión de Alberto a todo el territorio, con el rebote económico y la vacunación masiva como contexto para seducir a los sectores medios. Se sumarán los gobernadores y el movimiento sindical, con Cristina como representante del núcleo duro, al que a veces se sumará el propio Alberto Fernández, como en la pelea contra el lawfare. Con el objetivo en la mira, resta encontrar a la persona que encarará esa tarea. Según cuentan en el El gobierno entró en clave electoral. Los ministros también se alinearán a una agenda de campaña, como una forma de extender la gestión de Alberto a todo el territorio, con el rebote económico y la vacunación masiva como contexto para seducir a los sectores medios. Se sumarán los gobernadores y el movimiento sindical, con Cristina como representante del núcleo duro, al que a veces se sumará el propio Alberto Fernández, como en la pelea contra el lawfare. Con el objetivo en la mira, resta encontrar a la persona que encarará esa tarea. Según cuentan en elVanesa Siley: "Es fundamental que la sociedad conozca quiénes son los jueces y fiscales"
La diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley es una de las tres representantes de la Cámara Baja que integra el Consejo de la Magistratura. Oriunda de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Siley es abogada y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Protagonista en el debate que está dando el Congreso sobre la modificación al Impuesto a las Ganancias, la diputada se hizo un paréntesis para dialogar con Tiempo sobre los cambios que el gobierno de Alberto Fernández propone para mejorar el funcionamiento del Consejo, en el marco del debate sobre la reforma del Poder Judicial.
–¿Cómo se puede modificar el funcionamiento de la Justicia?
–Es un poder público del Estado. Por ende, los funcionarios que lo integran son públicos. Sin embargo, son los únicos que no son conocidos por la sociedad ante la que deben rendir cuentas. La vicepresidenta (Cristina Fernández) hizo alusión a esto en su alegato la semana pasada. Señaló que no se les conoce la cara a los juzgadores y fiscales que están instruyendo una causa y dio en el blanco de un punto central con dos aristas. Una es que se conoce a los funcionarios públicos recién en una instancia de la Comisión de Acuerdos en el Senado. Porque no hay otro momento donde ese magistrado sea interpelado de manera pública. Y la otra es que cuando los medios de comunicación exponen a esos jueces y juezas, es para apretarlos y lograr determinados fallos. Se da a conocer a los magistrados masivamente cuando los medios corporativos deciden atacarlos o determinar el curso de su quehacer jurisdiccional.
–¿En qué consiste el Registro Público de jueces y juezas denunciados por su accionar en casos de violencia de género?
–Lo que se votó el 8 de Marzo por unanimidad es la creación de un Registro Público por un caso emblemático de un intento de femicidio, el de Olga del Rosario Díaz. Ella sobrevivió al agresor que la apuñaló y por eso inició una causa ante el Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW). Eso terminó en un acuerdo amistoso con el Estado argentino, donde el Estado se obliga, entre otras cosas, a hacer este registro. Pasaron años para que suceda. Este caso es emblemático porque Olga denunció a su agresor (pareja y padre de sus hijos) por amenazas, por golpear a una de sus hijas y otras situaciones de violencia de género en el año 2002. Tardó la Justicia argentina en resolver esa denuncia 17 años. En el medio hubo situaciones de violencia en el marco intrafamiliar. En ese contexto, él la apuñaló. Antes había tenido botón antipánico y nadie hizo seguimiento. Había hecho otras denuncias y cuando el juzgado resolvió el caso en 2017 ella ya tenía otras denuncias. Hubo dispersión e inacción del Poder Judicial. La misma mujer denunció distintas agresiones por parte de la misma persona. Aparte, en esa causa de 2002, tardaron 17 años y sobreseyeron al agresor. Entonces, apareció esta obligación de hacer este registro público de jueces y juezas denunciados por su accionar en temas de género. En este caso particular, se liga mucho con la necesidad de publicidad y conocimiento de los funcionarios judiciales. Este registro va a ser público. Estará colgado en la página del Consejo de la Magistratura para que las mujeres que llegan a los estrados judiciales puedan ver si les toca con determinado juez y cómo actuó.
–Esta decisión coincide con la denuncia pública que efectuaron las juezas Ana María Figueroa y Ángela Ledesma contra su colega Juan Carlos Gemignani.
–Cuando nosotras decimos desde el feminismo, y en mi caso también soy parte del Poder Judicial, que queremos una Justicia más democrática, es hacia afuera de la institución, para quienes acuden en búsqueda de reparación de derechos, pero también hacia adentro. Por eso, estos actos detectados de jueces violentos se dan en coincidencia con los actos que ellos llevan hacia afuera. Entonces, este registro además contemplará aquellas denuncias de las trabajadoras judiciales en el trato violento de estos magistrados hacia ellas. El caso Gemignani es emblemático.
–Cuándo la vicepresidenta, en relación a este tema, pregunta en Twitter hasta cuándo, ¿a quién le habla?
–Creo que les habla a todos, más que nada cuando se trata de funcionarios públicos y perspectiva de género, que ya sabemos que es una cuestión de Estado. No se admite más la cantidad de femicidios y la inacción de la Justicia.
–El presidente Alberto Fernández, en la apertura de sesiones del Congreso, dijo que “hay que despolitizar” al Consejo, ¿cómo se logra eso?
–Hay muchas cuestiones para mejorar. Hay que buscar equilibrios entre los distintos estamentos que lo componen porque están los corporativos, que son los magistrados, abogados y demás. No tienen una elección de manera popular, como sí tenemos los legisladores y el Poder Ejecutivo. Están por la propia selección segmentada que ellos realizan. Otro aspecto es la dedicación exclusiva que se requiere para trabajar en el Consejo, con lo que estoy de acuerdo, porque demanda para su mejor funcionamiento una dedicación y un conocimiento profundo del quehacer judicial. Creo que la clave de esto es democratizar las instancias. Después podemos pensar si más número de integrantes o menos.
–Al principio de la entrevista habló del rol de los medios corporativos de comunicación, ¿sigue vigente el lawfare?
–Lamentablemente, sigue plenamente vigente en Argentina porque precisamente es orquestado por sectores que no integran ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo. El lawfare está sentado sobre la pata mediática, llámese el Grupo Clarín; después tiene otras patas: la de los grupos económicos y la judicial. Esas tres patas han quedado inamovibles, independientemente del curso de una nación, lo cual es lo peligroso y grave. Por eso la persecución política, judicial, mediática hacia líderes y dirigentes que defienden los intereses populares que colisionan contra los intereses de los grupos de poder. Porque sindicalistas, dirigentes peronistas o dirigentes sociales llevan a cabo la adquisición de los derechos sociales y laborales de los que menos tienen. Entonces, a esos hay que correrlos. Y después se inventa cualquier cosa para eso. Las causas judiciales, cuando vas al expediente, no tienen pruebas. No hay pruebas contra Cristina, pero ya no importa para la sociedad porque los medios de comunicación ya pasaron su sentencia. Todas las causas del lawfare terminan en la Corte Suprema porque es la cabeza del Poder Judicial y, por ende, la responsabilidad de los integrantes de la Corte frente a esto es absoluta.
Fuente:TiempoArgentino
13.03.2021 / América Latina
La cumbre del Mercosur será virtual por el coronavirus y no habrá mano a mano presencial entre Alberto y Bolsonaro
Debido al aumento de casos de Covid-19 y la situación sanitaria de varios países, el presidente argentino instruyó al canciller Felipe Solá para que la reunión por el aniversario número 30 del organismo regional se haga de manera virtual. Así,se vuelve a postergar así el primer encuentro entre el mandatario nacional y su par de Brasil.
Así las cosas, uno de los encuentros más esperados por la envergadura económica y política a nivel regional de los países que representan pero también por las diferencias ideológicas y estratégicas que tienen ambos líderes vuelve a postergarse: Alberto no tendrá su primer cara a cara con el brasileño Jair Bolsonaro.
"Argentina, que se encuentra ejerciendo la Presidencia pro tempore del Mercosur, adopta esta decisión en pos de proteger la salud de los participantes", indicó un comunicado del Palacio San Martín, en relación al crecimiento de casos de coronavirus en la región.
Asimismo, la Cancillería indicó que trabaja para que el encuentro de Presidentes y cancilleres "se pueda concretar en correctas condiciones, propiciando el diálogo y el intercambio de ideas entre las naciones".
El decreto publicado hoy en el Boletín Oficial que prorroga el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo) hasta el 9 de abril señala que "muchos muchos países de la región (Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay) presentan un aumento de casos en las últimas semanas".
Según estaba previsto inicialmente, iban a estar presentes en Buenos Aires para el encuentro los presidentes de los países que integran el bloque regional como miembros plenos: el anfitrión Fernández (Argentina), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Bolsonaro (Brasil).
También se habían cursado invitaciones a Sebastián Piñera, presidente de Chile, país asociado; y al mandatario boliviano Luis Arce, cuya nación está en proceso de adhesión como miembro pleno, informaron voceros de Presidencia.
Aún no estaba definido el lugar del encuentro -que podía ser el Palacio San Martín de la Cancillería, Arenales al 700, o el Centro Cultural Kirchner- pero finalmente la situación por la pandemia del coronavirus en la región hizo que el Gobierno decidiera que el encuentro sea virtual.
En forma paralela al encuentro, Fernández y Bolsonaro iban a mantener una reunión bilateral, según había adelantado el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que ahora no está claro si ocurrirá o no.
En el marco de una estrategia de acercamiento iniciada en Brasilia por el propio Scioli, ambos mandatarios dialogaron por videoconferencia el 30 de noviembre pasado, al cumplirse 35 años de la Declaración de Foz de Iguazú entre los exmandatarios Raúl Alfonsín, de Argentina, y José Sarney, de Brasil, en lo que fue el primer paso para la creación del Mercosur; y se instituyera además el Día de la Amistad Argentino-Brasileña.
El único presidente que asistiría de todos modos, según trascendió, es el boliviano "Lucho" Arce, quien pidió viajar de todas maneras en el marco del interés de ese país en que se le permita ingresar al Mercosur, objetivo para el que tiene como principal impulsor a Alberto.
La conmemoración del 30º aniversario del Mercosur tendrá "un claro valor simbólico y político al mostrar una vocación de integración regional, y convertir al bloque en una plataforma común para la proyección internacional competitiva de nuestros países", indicaron desde la Cancillería argentina.
El Mercosur se creó formalmente el 26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción por parte de los presidentes de sus cuatro países fundadores: Carlos Saúl Menem por Argentina, Fernando Collor de Melo por Brasil, Andrés Rodríguez por Paraguay y Luis Alberto Lacalle Herrera por Uruguay.
Versiones cruzadas sobre los incidentes en la visita presidencial a Chubut
La combi en la que viajaba Fernández junto al gobernador Arcioni fue apedreada. Se señala a los grupos antiminería, pero las asambleas denuncian infiltrados.
El presidente Alberto Fernández viajó esta mañana a la provincia de Chubut para interiorizarse en las consecuencias de los incendios que aún azotan a la región de la Comarca Andina, en el paralelo 42. Tras tener una reunión en el comando de operaciones, montado en el Centro Cultural de la localidad de Lago Puelo, él junto a su comitiva y el gobernador provincial, Mariano Arcioni, se retiraron en una combi. Afuera los esperaban un grupo de manifestantes y, en el tumulto, la camioneta fue apedreada.
Desde la agencia estatal de noticias Télam y desde varios medios hegemónicos informaron que el ataque provino de personas integrantes de grupos antiminería que están en conflicto con el gobernador, quien pretende aprobar la "zonificación minera" para explotar la meseta de la provincia siendo que existe una ley que prohíbe la actividad en todo el territorio chubutense.
En tanto, desde las asambleas antimineras denunciaron que fueron agredidxs en el lugar por una patota de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y que hubo infiltrados en la protesta, a quienes señalan como los responsables de los piedrazos y la destrucción de los vidrios de la combi.
El testimonio del director de Hábitat y Tierra de Lago Puelo, Gustavo Castro, quien también es fotógrafo, denuncia que con la visita del gobernador cayó en el lugar una patota con punteros de la Uocra. "También había otra marcha de vecinos de Lago Puelo que le decimos que no a la minería, que no es no, que no a la minería. Que por la minería nos quemaron el pueblo", aseguró entre lágrimas en un video que compartió en sus redes la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs No a la Mina Esquel.
"Durante la marcha los vecinos estábamos gritando. Y la Uocra vino a cagar a palos a los vecinos. Yo estaba haciendo la cobertura, como toda mi vida, y me empezaron a cagar a palos. Tengo identificados a todos los punteros que nos cagaron a palos. A los de Lago Puelo, más los de Esquel de la Uocra. Esto no puede ser así, estoy todo golpeado, esta no es la provincia que queremos, el país que queremos. ¿Qué pasa gente? Hay 300 familias que se quedaron sin nada y nos vienen a cagar a palos", expresó conmocionado y pidió que se difunda su mensaje.
El presidente Alberto Fernández aterrizó esta mañana en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche y de allí se dirigió al Centro Cultural de Lago Puelo, Chubut, donde se montó un comando de operaciones por los incendios. Fernández analizó la situación, junto con los intendentes de esa localidad y los de El Hoyo, El Maitén, Epuyén y Cholila; y anunció una serie de medidas dispuestas por el gobierno nacional para asistir a la zona afectada.
"La minería es un tema de la provincia. Es un tema que tienen que resolver los chubutenses. No es un tema mío", afirmó el mandatario este sábado. En reiteradas oportunidades previas, el jefe de Estado de la Nación se mostró de acuerdo con el proyecto de explotación minera que el Gobierno chubutense intenta aprobar en la Legislatura provincial.
Vía redes sociales, varias personalidades repudiaron el ataque a la combi. Hasta la oposición, como el expresidente Mauricio Macri, el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su vice, Diego Santilli, escribieron tuits condenando la violencia. "La violencia nunca es el camino", parece ser el mensaje que eligieron, hasta inclusive, el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
La pelea que viene: la carne subió otros 80 pesos, duplicó su valor en
un año y ya se acerca a los 1000 por kilo
El precio de la carne presiona sobre la inflación y sobre el bolsillo de
los argentinos. El Gobierno teme enfrentarse al campo, pero la suba constante
termina imponiendo el tema como un determinante electoral.
14 DE MARZO, 2021
Por RODRIGO NÚÑEZ
En el marco de un clima volátil en los precios de los alimentos, la carne vacuna no da tregua y a las subas descomunales registradas en los últimos meses, pueden sumarse nuevos incrementos. Las explicaciones por la disparada de valores se anclan sobre distintas variables. Por un lado, el aumento de los precios internacionales de las commodities que impacta en la estructura de costos y la falta de animales en los corrales de engorde.
Luego de la desaceleración observada en el primer mes de año, en febrero el precio promedio de la hacienda en pie comercializada en el Mercado de Liniers experimentó un alza de 6,3% promedio mensual y quedó 82,3% por encima del promedio registrado en febrero de 2020, según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). Durante la semana, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, aseguró a El Destape Radio: “La semana pasada la carne subió 40 pesos la media res, así que la carne subirá 80 pesos en el mostrador”.
Sin embargo, el ritmo de avance del valor nominal de la hacienda terminada continuó siendo inferior al de la invernada, término con el que se denomina al negocio de darle el último engorde a los terneros, para después venderlos a un frigorífico. En los últimos dieciocho meses, la invernada avanzó a una velocidad de 6% equivalente mensual, mientras que la hacienda lo hizo a un ritmo de 5,4% equivalente mensual.
En relación a mayo de 2020, cuando se empezó a flexibilizar la cuarentena más estricta, el precio promedio de la hacienda en pie se duplicó (aumentó 102,4%). Esto implica que se recuperó toda la baja observada entre marzo y mayo del año pasado, acumulando en el año un alza nominal de 88,7%. Asimismo, desde que se acentuó el proceso de huida del peso (finales de abril de 2018), el valor del kilo vivo experimentó un aumento de 427,9%.
Pero para ser más gráfico, sólo basta con ver los números finales que pagan los trabajadores en la carnicería. Según datos del Indec, en septiembre del 2020, el kilo de asado costaba $ 359,81 y en febrero de este año pasó a valer $ 585,51 (escaló 38,6%). Para sumar ejemplos, puede destacarse que la carne picada trepó de los $ 248,81 a $ 327,65 (24,1%), la paleta de $ 248,81 a $ 519,32 (52,1%) y el cuadril de $ 444,08 a $ 628,81 (29,4%).
De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina, durante febrero algunos cortes ubicados en el segmento “económico” anotaron fuertes subas (como la picada común, tortuguita y falda), pero dado su escaso peso relativo en la estructura de consumo, tuvieron poca incidencia en el promedio ponderado. Inversamente, algunos cortes que sí tienen un peso en la estructura de consumo, como el asado y el matambre, anotaron bajas en su precio nominal, impactando en el promedio ponderado del período.
Analizando los cortes más caros, todos ellos se incrementaron cerca del promedio del mes de febrero. Los principales aumentos se encontraron en vacío (2,1%) y nalga (2,2%), pero compensados con reducción de precios en matambre (-2,9%), peceto (-0,6%) y colita de cuadril (-0,9%).
Respecto a los cortes vacunos de precio intermedio, las subas se movieron por debajo del promedio. Los más importantes se dieron en la tapa de asado (2,6%), picada especial (2,2%) y paleta (2,2%), compensado por las reducciones de precios de bife angosto (-6,6%) y asado de tira (-1,7%).
En el caso de los económicos, su evolución nominal de precios fue superior a las otras categorías analizadas. Los principales aumentos se dieron en los cortes de picada común (6,5%), toruguita (4,2%), roast beef (3,7%) y falda (3,6%).
¿Por qué sube la carne?
Por empezar, es importante explicar cómo funciona el mercado. La cadena de carne vacuna se inicia con la actividad de cría, continúa con la recría e invernada del ganado y finaliza con la faena y comercialización de la carne y subproductos. La particularidad es que la unidad de transacción, la hacienda en pie, cumple la doble función de bien de cambio y de bien de capital (cuando es destinado a la reproducción).
En conversación con este medio, el presidente de la Cámara de la Industria de Carnes (CICCRA), Miguel Schiariti, anticipó que "va a seguir subiendo hacienda, a pesar de la dificultades para vender", y aseguró que "el precio no cae porque la oferta es escaza".
Uno de los grandes problemas es la falta de animales en los corrales de engorde (feedlots) por la suba de los costos. Con las especulaciones alrededor de una posible devaluación del peso, el kilo de un ternero de recría pasó a valer hasta $ 230. Al respecto, Schiariti analizó: "Tenes que hacer una recría muy larga, algo que ocurre desde julio, y los animales van directamente al campo. Es una manera barata de engordar al animal pero muy lenta a la vez".
"El ingreso de hacienda al corral se demora mucho, por eso la oferta es menor. Esto se va a demorar por tres o cuatro meses hasta que empiece a normalizarse la hacienda, en tanto y en cuanto la macroeconomía se mantenga estable", expresó el titular de Ciccra. Pero no es el único factor que influye en el precio final que paga el consumidor.
El efecto negativo del maíz
A la estructura de costos de la cadena hay que agregarle el impacto que tuvo el aumento de los precios internacionales de las commodities. En marzo del año pasado, el kilo de maíz costaba $ 8, mientras que ahora cuesta $ 21. Esto quiere decir que aumentó 162% en un año y alrededor de un 60% desde diciembre de 2020, cuando el maíz es el principal insumo de engorde del animal que se encuentran en los feedlots.
En medio de las discusiones sobre posibles regulaciones en el mercado de granos, la soja llegó a cotizar U$S 516 por tonelada, récord en muchos años. El maíz acompañó esa tendencia positiva y llegó a trepar hasta los U$S 223,4 por tonelada, es decir, el nivel máximo de siete años y medio (y 88% más que hace diez meses).
A pesar de la primigenia intención de regular el mercado de granos, el Gobierno terminó declinando sus pretensiones a incios de febrero. Finalmente aceptó este eliminar el cupo de 30.000 toneladas diarias propuesto y, en simultáneo, fijó una serie de herramientas para desacoplar la suba internacional de los precios con los del mercado interno. Nuevamente, el equipo económico dio marcha atrás en una medida de regulación del sector agropecuario y volvió a apostar a la buena predisposición de los empresarios de la actividad.
El principal instrumento para desacoplar los precios internacionales de los granos de los valores internos es "la constitución de un fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a transformadores de maíz", según informó la cartera de Basterra en su momento.
Exportaciones y el caso de China
La consolidación del modelo exportador de la carne es uno de los detonante de la suba de precios durante la pandemia. Durante la gestión macrista, el mercado cárnico asumió un fuerte sesgo exportador impulsado por la baja de derechos de exportación, la suba del dólar en casi 500% y la liberación total de las ventas al exterior.
Entre 2015 y 2019, la producción y faena se incrementó un 13,6%, con una caída en el consumo interno del -9,7% y una casi triplicación de las exportaciones. Pero esta tendencia en el mercado se acentuó durante el primer año de gestión del actual Gobierno. El consumo continuó descendiendo en un -0,5% respecto del año anterior y las ventas externas subieron un 8%.
“Un invernador lo que hace es salir a comprar animales rápidamente porque no quiere los pesos. Hay un ritmo de 4% de devaluación mensual y es la única manera de conservar el valor de su plata es reponer en animales”, apuntó Schiariti.
Según el mercado Rosgan, en 2010 las exportaciones de carne vacuna -sin incluir menudencias y desperdicios- se ubicaron en las 160.000 toneladas peso producto. El 2020 acaba de cerrar con una cifra récord de 616.000 toneladas peso producto, lo que equivale a un incremento del 285%.
Hace apenas 10 años, China sólo participaba con un 11% de las ventas totales, mientras que ahora significa el 75 %. Según estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el gigante asiático pasó de comprar unas 17,5 mil toneladas anuales a más de 462 mil toneladas en el último año. Esto supone un crecimiento claramente exponencial del 2544% en diez años.
Esta dinámica fue en parte alentada por nuestro país. En 2019, la Secretaría de Agroindustria informó que las autoridades de Beijing habilitaron la exportación argentina de carne enfriada y con hueso. Se firmaron los protocolos de carne bovina para la inclusión de carne enfriada con y sin hueso y congelada con hueso, que se sumaron a la carne congelada deshuesada que ya se exportaba.
En el inicio de 2021, el volumen exportado de carne vacuna se ubicó por encima de las 48 mil toneladas peso producto. Fue la primera vez en la historia para un enero. Casi 75% del total se dirigió a China (87,5% del crecimiento interanual del volumen exportado se explicó por el país asiático). Convertidas a toneladas res con hueso, en total se exportaron 68,9 mil en enero del corriente año, volumen que resultó 10,8% mayor al mismo mes del 2020.
Caída del consumo interno
Cuando se extiende el período de análisis, la faena de hacienda vacuna orientada al abastecimiento del mercado interno viene cayendo, si bien no de forma lineal, desde 2018, cuando la economía entró en recesión, cayó el nivel de empleo y el poder adquisitivo de la población. En el último trimestre de 2017 se volcaron al mercado interno 222 mil toneladas de res con hueso (tn r/c/h) promedio mensual y a partir de entonces, este volumen fue descendió con avance y retrocesos, hasta ubicarse en un piso de 165,9 promedio mensual en el primer bimestre del año. Es decir, en tres años la producción de carne vacuna vendida en el mercado interno se contrajo 25%.
Asimismo, el mercado interno absorbió un volumen equivalente a 331,4 mil tn r/c/h en enero-febrero, un 10,5% menos que un año atrás. Puesto en términos absolutos, en los primeros dos meses del año el consumo interno experimentó una contracción equivalente a 39 mil tn r/c/h con relación a enero-febrero de 2020, según datos de Ciccra.
En lo que respecta al consumo de carne vacuna por habitante, en febrero fue equivalente a 49 kg/año, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses. En comparación con el registro dinteranual, experimentó una caída de 3,2%. En tanto, al comparar con el pico alcanzado en febrero de 2008 (68,9 kg/hab/año), la caída fue de 28,9% (-19,9 kg/hab/año).
Los pequeños acuerdos no frenan la escalada de la carne
El acuerdo entre el Gobierno y los frigoríficos exportadores para la rebaja de hasta 30% en el precio de ocho cortes de carne regirá en los supermercados del país hasta el 31 de marzo.
Los cortes también son comercializados en el Mercado Central, lugar en el que los consumidores los encontrarán todos los días. En los supermercados la oferta rige durante los primeros tres miércoles de cada mes y fines de semana.
A raíz de este acuerdo, la tira de asado se vende a $ 399 el kilo, el vacío $ 499, el matambre $ 549, la tapa de asado $ 429, cuadrada/bola de lomo $ 489, la carnaza $ 359, la falda $ 229 y el roast beef a $ 399.
Estos cortes se suman a los dos incluidos en Precios Cuidados (carne picada $ 265 y espinazo $ 110), con lo que totalizan diez cortes. Son más de 1.600 bocas de expendio en todo el país, según detalló el Ministerio de Desarrollo Productivo al anunciar el acuerdo. Pero en el sector no confían en que sea una solución.
"El Gobierno lo único que puede hacer para estabilizar el mercado cárnico es estabilizar la economía. La inflación, si no frena, se va a trasladar a todos los costos de logística que inciden sobre la cadena", alertaron desde Ciccra. Mientras tanto, el asado se presenta como una utopía para los trabajadores.
Existe en la política un consenso generalizado de que la próxima elección la deciden “la vacuna y el asado”. Ya varios cortes llegan a los 1000 pesos y no falta mucho para que el corte parrillero por excelencia alcance ese valor. El gobierno lo sabe. Los próximos meses serán decisivos para saber hasta dónde es capaz de dar la pelea para que el domingo de elecciones las familias argentinas puedan comerse un asado.
Fuente:ElDestape
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