Ramona y Orlando, la lucha campesina y el derecho a vivir en paz
Por Ezequiel Luque, Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021.
Ramona es un caso más, pero Ramona también es símbolo. Es un caso más, porque la apropiación de tierras campesino-indígenas para la agricultura, la ganadería y los emprendimientos inmobiliarios en toda la provincia de Córdoba es una operación sistemática que involucra desde hace décadas a empresarios, gobiernos, funcionarios judiciales, policías y abogados corruptos. Pero también es símbolo de vida campesina, porque su lucha creció a la par del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y porque, con sus casi 95 años, lleva más de 20 en resistencia, luchando contra quienes no le reconocen que la tierra donde nació y que trabajó toda su vida es suya, y no pueden quitársela.
Ramona Bustamante es, para ser precisos, Ramona Marcelina Orellano de Bustamante. Su papá, Don Orellano, era el propietario de 236 hectáreas en el paraje Las Maravillas, a unos 20 kilómetros alejándose de la localidad de Sebastián Elcano, hacia el monte -puro monte, salvo por la soja y el maíz que cada vez extienden más su frontera-. La mamá de Ramona murió cuando ella tenía apenas unos años y, tiempo después, Don Orellano se volvió a juntar con una joven, con la que tuvo tres hijos más.
Aparentemente, esa parte de la familia habría vendido o puesto como garantía todo el terreno de los Orellano, excediéndose en lo que legamente le correspondía como herencia y con Ramona y sus hijes adentro. Poco le importó al padre de los empresarios Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, que compró el campo a un precio irrisorio y que enseguida comenzó con el hostigamiento judicial que luego siguieron sus hijos.
Y es necesario aclarar que Ramona es Orellano, porque cuando empezaron a intentar arrancarle su territorio, la Justicia la anotó a propósito con su apellido de casada, Bustamante, para, desde un principio, poner en duda su legítimo derecho a reclamar la herencia de su padre. De estas maniobras y “avivadas” de la mafia desalojadora, Ramona y su hijo Orlando me cuentan miles, como cuando fueron a realizar la denuncia por desmonte y el policía que atendió a Orlando le dijo que tenía que ir a otra dependencia y aprovechó para alejarlo de su casa para que se realice el desalojo en ese momento, cuando él no estaba. O cuando a Orlando lo sacaron de la casa donde estaba Ramona, para que entren los hermanos Scaramuzza y le hicieran firmar un documento que no le leyeron, haciendo fraude con un convenio de desocupación ilegal e ilegítimo.
(Imagen: Ezequiel Luque para La tinta)
Primero, llegaron las topadoras y desmontaron 200 hectáreas de monte nativo. Días más tarde, el 30 de diciembre de 2003 por la noche, llegó el desalojo. Les mataron animales y, con una topadora, les tiraron la casa, para luego arrojar los escombros en el pozo de agua para inutilizarlo. Todo esto ante la atónita mirada de Ramona y su hijo. Orlando se aferraba a una escopeta con la que quería descargar su bronca, pero lo frenaron. “Lo vas a perder todo”, le dijeron. “Fue una cosa muy dolorosa, de llorar y gritar, y no poder hacer nada”, recuerda. Después de eso, pasaron casi ocho meses durmiendo bajo un nylon, a la vera del camino. Ramona tenía por entonces más de 70 años.
Con el acompañamiento del Movimiento Campesino, decidieron volver a instalarse en su tierra. De a poco, levantaron de nuevo un techo para ambos, los corrales, un nuevo pozo de agua y una pequeña represa para los animales. Elles crían aves de corral, ganado ovino y caprino, y producen quesos -Ramona dice que el queso de cabra es el secreto para la longevitud-. Además, recolectan algarroba y tunas, y cosechan verduras para su consumo.
Orlando con las ruinas de lo que era su casa detrás. (Imagen: Ezequiel Luque para La tinta)
El respaldo comunal
“Durante 40 años, Ramona intentó que el sistema judicial le diera legalidad a sus derechos consagrados. El injusto sistema le otorgó dos desalojos violentos, la destrucción de sus bienes y el calvario permanente de desandar una y otra vez los pasillos deshumanizados de los tribunales del poder. Sin embargo, Ramona nunca abandonó la tierra, por la firme convicción de que algún día se hará justicia”, expresan desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (CLOC Vía Campesina MNCI).
Sin organización, las décadas de conflicto judicial, de denuncias y apelaciones, de pasilleo en tribunales de aquí y allá, y de visibilización del conflicto, hubieran sido mucho más cuesta arriba de lo que fueron, y Ramona y Orlando posiblemente hubieran perdido sus tierras, como tantes campesines y comunidades que ya han sufrido en manos de la avara especulación. “Yo no tengo plata para enfrentar a un empresario y el movimiento consigue abogados, movilidad, te dan una mano, te acompañan (…) Y el movimiento creció a la par nuestra, porque también crecía la cantidad de gente que perdía sus tierras”, señala Orlando.
Pero aún no tienen paz. A principios de marzo, el Poder Judicial volvió a mover sus tentáculos y fallar en contra de Ramona y Orlando y su reclamo por las 150 hectáreas que les corresponden. La Jueza de Primera Instancia Civil y Comercial, Emma del Valle Mercado, resolvió hacer lugar a la acción de desalojo solicitado por los hermanos Scaramuzza, “haciendo oídos sordos a las cientos de pruebas a favor de su posesión ancestral y profundizando con esto un modelo de producción agropecuaria sin familias y sin diversidad en el campo”, afirman desde el MCC.
“Nos desalojaron cuando no estábamos organizados, pero ahora estamos en movimiento. Ahora, ya saben todos y hacemos muchas cosas para que nos escuchen. Acá, desalojo no va a haber”, señala Orlando, quien confía en que se pueda llegar a un acuerdo político para solucionar el conflicto. En este sentido, uno de los pedidos a la Provincia es que expropie el territorio disputado para dar cierre definitivo al hostigamiento judicial contra la familia Bustamante.
También se pide la sanción de una norma de prohibición de desalojos en Córdoba y la reglamentación de la demorada Ley de Agricultura Familiar de la Nación, que el propio presidente Alberto Fernández se comprometió a reglamentar en septiembre del año pasado y aún no avanzó en tal sentido.
Ramona, madre de todes
El próximo 6 de abril, Ramona cumplirá 95 años. Ante la pronta muerte de su progenitora, ofició de madre de sus hermanes -fue la más grande de seis-. Tuvo tres hijes suyos, más otros seis que también crió, más otra decena de vecinos y vecinas que la consideran como su “segunda madre”.
“En mi casa, siempre había un plato de más para quien lo necesitara”, me cuenta Ramona. Lo confirman vecinas históricas de los Orellano, con las que coincidimos en la visita. Mucha gente se allega hasta el paraje Las Maravillas para visitarla y devolverle el cariño que durante tantos años sembró. “Siempre me acuerdo que ella ponía el agua para el mate y agregaba huevos en la pava para compartirnos a nosotros si andábamos dando vueltas. Todos alguna vez comieron un plato de Ramona”, relata una de ellas.
Le recomendaron a Ramona que se cuide del contacto físico para evitar posibles contagios de COVID, pero ella reniega y quiere abrazar y estar cerca de todas las personas que la visitan. “Todo el mundo viene a verme. He querido a mucha gente cuando he sido joven, he criado chiquitos ajenos, me encantan los niños”, expresa sentada en una silla en el patio, con el andador al alcance de la mano, pero minuciosamente ubicado para que no salga en las fotografías que le saco. Se nota que es una mujer coqueta. En medio de la visita, decidió cambiarse la ropa y ponerse un vestido violeta impecable que tenía y que después me contaría que se lo había hecho su sobrina, a quien en numerosas ocasiones en el pasado le había cocido y tejido ropa. Otra vez la sensación de que la bondad de Ramona era cíclica y que volvía en forma de cariño de quien la conoció.
Ramona, además, desborda espiritualidad. Tiene una estatuilla de la Virgen de la Merced al costado de su cama, a la cual le reza para pedir y agradecer, desde el rendido de materias de nietes y sobrines hasta el curado de enfermedades de familiares y amigues. También le pide a la virgen que no la saquen de su tierra natal. Como muestra de gratitud, cada 24 de septiembre, día de su virgen, le cose una capa nueva para la estatuilla.
— ¿Cómo está con la noticia del pedido de desalojo? — Le pregunto mientras compartimos unos mates, cada quien con el suyo.—Estoy esperando a ver qué pasa, hijo. Si me sacan, ¿a dónde voy a ir?
La herencia de lucha de Orlando
Orlando Bustamante tiene 65 años, es el más chico de los hijos de Ramona y el único que se quedó a cuidarla y a trabajar la tierra a la par. Sabe reconocer el ruido de un auto a kilómetros y enseguida se pone en alerta por si acaso se tratara de la Policía o de un nuevo desalojo.
La cansadora tarea de soportar el hostigamiento constante ha hecho mella en su salud también, la cual no puede atender debidamente por el cuidado de Ramona y el campo. El año pasado, tuvo un problema grave y estuvo internado 12 días en Jesús María, y, en su ausencia, se perdió ganado y cosecha. “La cosa va conmigo ahora y le voy a dar mientras el corazón aguante. Tengo que viajar, tengo que enfrentarme a juicios y no tengo mucho apoyo, ni para que se queden con la mami”, cuenta.
Orlando necesita, de una vez por todas, terminar con este conflicto para poder vivir en paz.
“Me gustaría empezar de foja cero este caso, que los Scaramuzza muestren el boleto de compra-venta y digan qué y a quién le compraron. Qué le correspondía a la segunda esposa de Don Orellano, qué parte vendió y qué le correspondía a sus hijos y nietos (…) Quiero que se sepa la verdad del juicio anterior, el fraude que hubo y que dicen que no existe. Si mi mamá vendió o la obligaron a firmar algo que no sabía”, expresa.
Y concluye: “Yo estoy desde que he nacido en esta tierra y quiero morir en esta tierra. ¿A qué voy a ir al pueblo? La única forma de vida que conozco es tener animales, cabras, ovejas, vacas, gallinas… y si me voy al pueblo, me moriría de tristeza porque no tendría forma de vida. ¿Irme a hacer qué? ¿A mendigar? Yo quiero terminar mi vida aquí“.
Fuente: La Tinta
Navegar se hace preciso
Por Julián Reingold, Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021.
Por la Hidrovía Paraná-Paraguay sale la mayoría de las exportaciones agroindustriales del Mercosur. Allí se cruzan los intereses de las cerealeras multinacionales, el contrabando de granos, los incendios en los humedales para expandir la frontera agropecuaria y la contaminación química de los buques. Con el vencimiento de su concesión se vuelve a abrir el debate sobre el desarrollo nacional, esta vez, en un contexto de cambio climático y estrés hídrico. Julián Reingold analiza un resorte fundamental para pensar la soberanía, la integración regional y los costos socioambientales.
¿Qué relación tiene el humedal del Pantanal, la gran esponja de agua del sur de Brasil, con la soberanía de los puertos argentinos de la cuenca del Plata? La explicación se encuentra en la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), una ruta de 3.442 km -que va desde Puerto Cáceres, en Brasil, hasta Nueva Palmira, en Uruguay- por la que navegan anualmente unas 4600 embarcaciones. Es la arteria coronaria que transporta el 75% de la producción del agronegocio argentino. Y la de buena parte del Mercosur: en total circulan más de 125 millones de toneladas de carga.
Luego de 25 años, la escandalosa concesión de la Hidrovía hecha por Carlos Menem a la belga Jan de Nul y la argentina EMEPA vence a fines de abril. El servicio belga no fue óptimo en materia de peajes, balizamiento y dragado, por eso es cuestionado, y ahora otras empresas buscan quedarse con el negocio. China -con la firma Shanghai Dredging Company- se presenta como el nuevo actor en el tablero logístico, aunque ya controla Cofco, uno de los tres mayores puertos agroexportadores argentinos, ubicado en Santa Fe. Las otras cuatro competidoras son europeas: las belgas Dredging International y Jan de Nul y las holandesas Boskalis y Van Oord.
El llamado a una nueva licitación para la ampliación, señalización y dragado de la vía navegable troncal abre la discusión por las rutas fluviales. La actual configuración obliga a todos los buques que salen del Paraná a pasar por aguas jurisdiccionales uruguayas antes de reingresar al mar argentino, y de ahí dirigirse a otro puerto de bandera nacional. Esto tiene implicancias a nivel político por la falta de soberanía argentina en materia portuaria, el incremento de costos logísticos y el efecto comercial de las cargas con contrabando que salen vía Nueva Palmira y Montevideo.
Con la nueva licitación renace el plan para finalmente concretar el Canal de Magdalena, una ruta navegable desde el lado argentino del Río de la Plata hasta el Atlántico, cuya planificación ya estaba acordada y aprobada antes del 2015. El gobierno de Cambiemos no avanzó con la obra, y recién ahora se le volvió a dar importancia política y se adjudicaron fondos para su ejecución.
Recuperar soberanía territorial y combatir al contrabando
A finales de noviembre del año pasado el Ejecutivo publicó el decreto 949, criticado desde distintos sectores del peronismo ya que estipulaba un nuevo llamado a la licitación de la Hidrovía sin hacer mención de la realización de este canal. Después de su divulgación el senador nacional y ex Canciller Jorge Taiana solicitó al Ministro de Transporte un pedido de informe sobre el estado de la obra que, de concretarse, permitiría a los buques contar con una salida directa al mar.
“En los puertos privados, consorcios y en toda la vía navegable tiene que haber un control efectivo de la AFIP y la Aduana, como así también de la Prefectura. Así evitamos la subfacturación, la sobrefacturación y el contrabando. El Canal de Magdalena es la oportunidad de tener un puente entre la Argentina fluvial y la Argentina marítima, y para controlar mejor todo esto”, comenta Taiana desde Buenos Aires. Los bienes y servicios vinculados implicarían una transferencia de flujo económico hacia Argentina superior a los US$ 150 millones por año.
A través del Río Paraná Bravo -interno de la provincia de Entre Ríos- se llega al puerto uruguayo de Nueva Palmira. En 2020 incrementó su capacidad un 9% por ser el destino natural de todas las barcazas que llegan desde Brasil y Paraguay. Al ser de poco calado, ninguna paga tarifas a los puertos argentinos -y tampoco pagan peaje. No tiene mucho sentido que nuestro país dedique fondos públicos en acondicionar el acceso al Paraná Bravo si es que por allí no salen -en su mayoría- las cargas argentinas.
Créditos: PDB, El Río con Peaje
La licitación menemista estipulaba una agencia de control que jamás se implementó. Ante la falta de un sistema de inspección el gobierno argentino toma como válida la declaración jurada de los puertos de Brasil y Paraguay, ya sea que contengan agua, soja o sustancias ilícitas. Eso implica también lavado de dinero y por eso la Unidad de Investigación Financiera (UIF) aspira a conformar el futuro organismo de control junto a la AFIP que debería estar activo a partir de mayo.
La realidad de hoy es que la autopista ha funcionado: si en sus inicios transportaba cuarenta millones de toneladas en la actualidad sobrepasa las cien. Sin embargo, hay cosas que no están bien, como los puertos intermedios que segregan a las provincias más chicas. “Se deben corregir las asimetrías que impiden que las provincias del noreste crezcan, a pesar de las restricciones logísticas”, reclamó el Gobernador del Chaco durante el Primer encuentro del Consejo Federal Hidrovía. Para Capitanich el ‘hinterland’ se concentra en Rosario y algo más de Santa Fe, y es allí donde el federalismo también vuelve a tensarse.
La nueva licitación tendría que ser diferente ya que nunca se hizo un estudio de impacto ambiental, de dragado ni de nada. Algunos dicen que en Rosario hay que ir hasta la medida náutica de los 40 pies o 12 metros de profundidad porque los barcos son cada vez más grandes. Por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) existe una autorización para llegar a los 36 pies, una profundidad que de todos modos genera un desnivel imposible, ya que la entrada desde el Atlántico tiene 34 pies. A pesar de señalamientos como los del gobierno de Misiones, que propone áreas ambientales protegidas a lo largo de la Hidrovía -teniendo al medio ambiente como eje, sujeto y objeto de esta nueva licitación-, lo que se hizo hasta ahora con el pedido de informe del Senado y la creación del Consejo Federal de la Hidrovía apenas fueron llamadas de atención a la cartera de Transporte sobre los aspectos fallidos de la actual concesión.
El costo ambiental de la expansión fluvial
El Paraná es el tercer río más navegable del mundo, pero es Paraguay quien tiene la tercera flota fluvial a nivel mundial. Esa es una situación que requiere que Argentina vuelva a tener buques con bandera propia, ya que las cargas transportadas por Paraguay incluyen granos argentinos de contrabando. Se calcula que por semana se movilizan desde Argentina 200 camiones con carga ilegal de porotos de soja hacia Paraguay y Brasil.
Desde San Nicolás de los Arroyos Javier Tisera retrata a la Hidrovía como “un país dentro de otro país, con sus propias reglas, contrabando e influencias”. El periodista y activista ambiental comenta que la hidrovía es económicamente rentable. Si no los belgas no la hubieran tenido durante 25 años. El puerto de San Nicolás es pro belga, mientras que Rosario los cuestiona. Las internas por la licitación siguen a lo largo de los distintos puertos.
Pero las provincias que convergen a la Hidrovía nunca equipararon ni debatieron legislaciones en común. Cada estado provincial se maneja a discreción bajo ese manto de federalismo y hay un vacío de uniformidad y de acuerdos. Algunas de estas provincias están reclamando a la empresa administradora que pague el canon como contraprestación por la explotación de la concesión a la Nación y esta, a su vez, lo vuelque en la coparticipación federal.
La ciudad de bonaerense de San Nicolás es una de las zonas más poluidas y parece ignorar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció que el río Paraná, en particular a esa altura, está sumamente afectado. La contaminación del río suele terminar encapsulada en los sedimentos del fondo del río, aunque con el dragado los materiales contaminantes vuelven a reflotar.
“¿Qué solución proponen para que las sequías no afecten la navegabilidad? Rezar para que llueva. Hay un mito de que las compuertas de las represas los dejan sin agua, pero el problema es la sequía”, resalta Tisera. ¿Cuánto se puede dragar si no hay agua? El calado en la embocadura del Río Paraná desde Buenos Aires hasta Rosario es de 34 pies, y va descendiendo gradualmente hasta llegar a los 10 pies a la altura de Asunción, donde el año pasado la navegación se paralizó por completo debido a la falta de agua.
En Mato Grosso del Sur algunos puertos brasileños tienen relativamente poca profundidad en comparación con Argentina, por lo que no pueden operar durante el periodo de sequía, y en algunos tramos la Hidrovía brasileña queda interrumpida. Los estudios de impacto ambiental realizados desde 1993 demuestran que el poco declive topográfico de 1 cm por kilómetro de norte a sur del río hace que el agua se mueva muy lentamente.
Pedro Arrojo Agudo es el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento ante la ONU. Desde Zaragoza alerta: “los ríos son elementos de vida muy potentes, pero al romper los flujos de drenaje, de sedimentos y nutrientes, se alteran de forma irreversible equilibrios y servicios ecosistémicos que quizás no los explota una gran minera sino la gente que vive alrededor”. Y agrega: “Las arterias hídricas del Amazonas y el Paraná han sido abordadas con un criterio extractivista, no de desarrollo del territorio.Y esa visión en sí misma no es progreso, aunque se presente como tal”.
La integración regional colgando de un hilo de agua
Argentina es vulnerable a los vaivenes del cauce de agua proveniente del Pantanal, un importante ecosistema que está sometido a enormes presiones humanas y climáticas y cuya preservación debe convertirse en una prioridad regional. “Es la misma discusión de ‘aguas arriba y aguas abajo’ de los últimos 40 años en nuestra región -primero con la represa de Itaipú y luego con el Acuífero Guaraní-, con la diferencia de que hoy ya se aceptó al cambio climático”, dice Taiana desde su despacho en el Senado de la Nación. A pesar del aniversario por los 30 años del Mercosur, no pareciera que la cuestión ambiental se vaya a discutir a fondo. Lo que se debate hoy en Argentina es la vía troncal interna, no el Tratado Internacional de la Hidrovía – compuesto por los cuatro estados originales del Mercosur y Bolivia – ni la geopolítica regional de los recursos hídricos fluviales.
Entre los problemas regionales que más se agravaron en los últimos años están los incendios a lo largo del corredor de humedales Paraná-Paraguay. Rafaela Nicola, directora ejecutiva de la ONG Wetlands International en Brasil, considera que no pueden analizarse como hechos ocasionales sino como fenómenos con efectos acumulativos: mayor estrés hídrico y mayores incendios, que se traducen en calamidades.
“No hay un debate formal entre los estados -representados en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay (CIH) – y las comunidades, como tampoco hay un gabinete de crisis. Esta situación se agrava en Brasil, donde ha sido particularmente difícil el acceso a informes públicos durante las épocas de incendios en los últimos años”, comenta Nicola con preocupación. Lo que sucede en Mato Grosso tiene consecuencias directas a cientos de kilómetros: “no podemos pensar al Pantanal como un sistema aislado, sino como parte de la cuenca del Río de la Plata”, concluye.
Pero así como hay temas silenciados, otros parecen tener el consenso de lo inevitable. Uno de ellos es la propuesta de establecer un corredor bioceánico desde los puertos de Paranaguá y Santos en el litoral brasileño hasta los de Antofagasta e Iquique sobre el pacífico chileno. El nodo central de esta estrategia, sostenida en el discurso del desarrollo regional, se encuentra en Puerto Murtinho, donde el Pantanal desemboca sobre el Río Paraguay. Allí Brasil planea instalar el gran hub del comercio fluvial regional.
Desde Wetlands International no creen que se pueda frenar el desarrollo, pero sí adaptarlo para que sea mínimamente sustentable. A pesar de que los espacios de intervención e incidencia política en Brasil están reducidos y la participación de la sociedad civil fue disminuida, no todos los órganos públicos se cerraron al diálogo: la ONG continúa trabajando con distintos actores a través del grupo ‘Movimenta Pantanal’, cuya prioridad es evitar un nuevo escenario catastrófico de incendios en la región.
En un mes comienza el nuevo periodo de sequías, en un contexto donde la mayoría de los incendios también suelen ser intencionales. El “Día del Fuego” -un esfuerzo coordinado por los fazendeiros para incendiar todo- afectó la Amazonía durante el 2019 y también tuvo su réplica en el Pantanal. En el país vecino los recursos de fiscalización y monitoreo en los últimos años fueron reducidos en hasta un 30%, lo que facilitó las acciones ilegales.
El Mercosur 3.0 ante la crisis climática
Los escenarios de cambio climático más realistas en la Cuenca del Paraguay para el período 2011-2040 pronostican un aumento de la temperatura por encima de los 2° C y una reducción de aproximadamente un 15% en las precipitaciones. La consecuente reducción de los flujos de los caudales alcanzaría a un 13% en el Pantanal para dicho período. Este sistema, ubicado en la Cuenca Alta del Paraguay, tuvo un 2020 atípico, con escasez hídrica y una sequía inédita en los 50 años que se llevan de registro.
Por otra parte, en la Cuenca Baja del Paraná, desde febrero de 2020 se vienen registrando los niveles de caudal, en promedio, más bajos de las últimas décadas. En el Delta del Paraná hubo unas 350.000 hectáreas afectadas por el fuego, lo que equivale a un 20% del territorio total de este humedal.
Arrojo señala que los desastres ambientales están cada vez más relacionados con la salud de las poblaciones más vulnerables: “no habrá forma de garantizar el agua potable para consumo y saneamiento para los 2.200 millones de personas pobres si no hacemos la paz con nuestros ríos”. Como con el Amazonas, el agua tiene que ver también con la pesca y la agricultura, lo cual atañe a los derechos humanos como el de la alimentación. Por eso las gestiones estratégicas de cuencas tienen que incluir los impactos indirectos, a veces intangibles, que implican la sustentabilidad del ecosistema.
“Mientras que nosotros nos mantuvimos en este limbo, los panameños hicieron un doble canal. Es el momento de pensar las cosas con cierta profundidad y visión de mediano plazo. Lo más importante es poner la vara alta en las preguntas, que son importantes y tienen que ver con las posibilidades de un desarrollo armónico ambiental y productivo en Argentina”, explica Taiana, el Canciller que fue protagonista del surgimiento de la UNASUR.
El Mercosur versión 3.0 requiere de una reinvención logística pero también ambiental para adaptarse a los desafíos económicos y climáticos del siglo XXI. Tanto el neoliberal consenso de Washington como la progresista Patria Grande de la primera década del dos mil dejaron pasar la oportunidad de pensar una región a largo plazo. Es hora de mirar más allá de las orillas y buscar en conjunto soluciones sustentables.
Fuente: Anfibia – Ilustración Julieta De Marziani
Un gobierno antipopular a espaldas
del pueblo
Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021.
Tras encabezar este fin de semana una reunión en el Comando de Operaciones por los incendios en la comarca andina, Alberto Fernández salió del Centro Cultural Lago Puelo y antes de subir a la combi que aguardaba a la comitiva oficial fue abucheado por los manifestantes que golpearon la camioneta y rompieron los vidrios traseros de la misma.
Desde No A La Mina – Esquel, denunciaron: “En Lago Puelo, infiltrados entre los vecinos arrojan piedras al vehículo donde iba Alberto Fernández. Los mismos, que fueron identificados por los asambleístas, se transportan en una camioneta Duster gris”. El vehículo, de patente NZX682, pertenece a la División de Investigaciones de la Policía de Chubut, según el boletín oficial de la provincia. Si bien estos hechos todavía están en investigación, cabe analizar el presunto “comportamiento antidemocrático” que denunció el ministro Trotta.
La agresión a la comitiva presidencial no es el camino para protestar por justos reclamos. Pero tampoco lo es hablar de «recurrentes comportamientos antidemocráticos» en una provincia donde se reprimió sistemáticamente a las masivas movilizaciones contra la megaminería y se detuvo arbitrariamente, hasta en sus viviendas, a varios asambleístas. Y donde también se reprimió a docentes y estatales que durante meses reclamaban sueldos adeudados.
A esto se le suma el no tratamiento por parte de la Legislatura del proyecto de ley impulsado por los asambleístas que propone diferentes alternativas al modelo extractivista sostenido por el massista Arcioni, gobernador de una de las provincias más afectadas por la minería a cielo abierto.
Fuente Notas Periodismo popular
Entre las detenciones a docentes
en Chubut y la denuncia de infiltrados
Por Gastón Rodríguez, Latinoamericano, 15 de marzo de 2021.
El ministro de Seguridad Federico Massoni anunció que cinco personas, entre ellas profesores de secundario y empleados del Ministerio de Educación, fueron apresadas por las agresiones a la comitiva presidencial. “El objetivo era demonizar la resistencia a la megaminería”, advierten.
El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, informó este lunes que cinco personas –la mayoría docentes y empleados del Ministerio de Educación– fueron detenidas por las agresiones al vehículo en el que se desplazaba el presidente Alberto Fernández durante su visita del último fin de semana a las zonas afectadas por los incendios. Nada dijo, en cambio, de las denuncias de las asambleas ambientales sobre infiltrados que lograron escapar en una camioneta de la policía provincial.
En rueda de prensa, Massoni detalló que “en seis allanamientos realizados hoy (por el lunes), a las 7:30 de la mañana, se produjeron cinco detenciones, y además se detuvo a una menor de edad, que no es punible”.
El funcionario mencionó a “Mariano Gusmerini, domiciliado en Lago Puelo, quien trabajó en el ministerio de Educación», y sostuvo que «esta persona tuvo un rol golpeando el vehículo en el que se trasladaba el Presidente”. Sobre Alejandro Orda, otro de los detenidos, detalló que también trabaja en el Ministerio de Educación de Chubut y que “es docente de Secundaria y Superior y gana 99.000 pesos por mes”.
La lista de apresados se completa con Adrián Rodríguez, Guillermo Ramírez e Iván González, éste último “docente secundario de Chubut que agredió a la camioneta Duster de la policía”.
La camioneta a la que hizo referencia el ministro pertenece efectivamente a la División Investigaciones de la Policía provincial. Sin embargo, omitió decir que fue el mismo vehículo en el que se escaparon dos hombres que habían apedreado la combi que trasladaba al presidente y que los asambleístas habían identificado como “infiltrados”.
“El objetivo del gobernador Mariano Arcioni era claro: demonizar, ante la opinión pública nacional, a la histórica y pacífica resistencia social a la megaminería transnacional que quieren habilitar en la provincia de Chubut”, opinó el abogado ambientalista Enrique Viale a través de sus redes sociales. En tanto, Jona, un vecino de Lago Puelo que estuvo el sábado en los incidentes con Alberto Fernández, dijo en declaraciones a La Namunkura 89.7 que teme ser detenido en lo que definió como una “casa de brujas”.
“Estoy preocupado por mi integridad y la de todos los vecinos de Lago Puelo. Entre los detenidos está un conocido (…) que no estuvo en la manifestación ni integra la asamblea de No a la mina. Es una locura”, se lamentó.
El temor del vecino está fundado. Massoni ya avisó que “tenemos tres personas más identificadas y vamos a pedir más allanamientos y sus detenciones”.
fuente: Tiempo Argentino.
Ojos que ven
Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021.
Reportaje fotográfico de Nacho Yuchark desde la Comarca Andina, arrasada por el fuego.
Fuente: Lavaca.
Envio:RL
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