CON GRABOIS Y OFELIA FERNÁNDEZ COMO REFERENTES
Duro planteo del Frente Patria Grande
Dirigentes del Frente Patria Grande (Integrante del oficialista Frente de Todos), que tiene entre sus filas al dirigente social Juan Grabois y la legisladora porteña Ofelia Fernández, remitieron una carta al presidente Alberto Fernández solicitándole que intervenga en la situación de los detenidos de Andalgalá, a los que consideraron como "presos políticos".
"Queremos expresar nuestra honda preocupación frente a la situación de los presos políticos de Andalgalá y la actitud adoptada por el PJ de Catamarca. Consideramos que contradice los más elementales principios del movimiento nacional y las banderas que unieron al Frente de Todos al enfrentar las lógicas antidemocráticas, represivas y persecutorias del macrismo", indicaron al inicio de la misiva.
Sostuvieron que "en la actualidad, doce ciudadanos permanecen arbitrariamente detenidos hace diez días por su supuesta participación en incidentes que se produjeran en el marco del conflicto de los vecinos con las multinacionales mineras Yamana Gold, Glencore y Newmont".
"Las detenciones, ordenadas por una exempleada de las mineras, fueron avaladas por las autoridades del PJ Catamarqueño que presentó querella criminal", dijeron.
Posteriormente, afirmaron que los detenidos "están en pésimas condiciones higiénicas" y que "el baño de la comisaría estaba destrozado".
Más adelante, afirmaron que la continuidad de las detenciones "es absolutamente injustificada", detallando los motivos: la vigencia del principio de inocencia, la inexistencia de víctimas humanas, la ausencia absoluta de riesgo de fuga, ni capacidad de entorpecer la causa ya que se trata de todas personas conocidas del pueblo.
"A eso se suma la parcialidad manifiesta de jueces y fiscales subordinados a los intereses mineros, en algunos casos exempleados de dichas empresas", afirmaron.
"Las aprehensiones se produjeron en los días posteriores a la movilización en el marco de operativos que violaron todo tipo de derechos y garantías constitucionales. Es importante destacar que, además de las detenciones, se produjeron incontables episodios de hostigamiento e intimidación de enorme gravedad con la participación ostensible del grupo especial Kappa filmando los domicilios de asambleístas y militantes, permaneciendo largas horas en sus inmediaciones con rostros cubiertos y armas largas", sostuvieron.
Los dirigentes, también afirmaron que "nos duelen los daños producidos en el local partidario".
"Queremos que se investigue el hecho otorgándole todas las garantías a los eventuales imputados. Sin embargo, debemos preguntarnos si no es legítima la indignación de una creciente parte del pueblo, en particular la juventud, ante la anuencia con ciertos modelos extractivos que destruyen la naturaleza y perjudican a las comunidades", consideraron.
"Hoy se está consintiendo que quienes se la juegan para defender los recursos de nuestro país, estén presos y sabemos que no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen", cerraron.
Fuente:ElAncasti
Por qué el Gobierno analiza subir los derechos de exportación
Retenciones, sin dilaciones
La disparada de la inflación, con impacto directo de la suba internacional de los precios de los alimentos, y el deterioro de la valoración del oficialismo, pusieron sobre la mesa la necesidad de ajustar las retenciones. La experiencia de la segmentación.
“En 2020 la Argentina exportó 39 millones de toneladas de maíz en granos. Eso encareció el costo de producir carne de aves y cerdos, y con ellos, sus precios en el país. Se exportaron un millón de toneladas de carne vacuna y a la par el consumo interno per cápita es el menor de los últimos cien años. Los principales alimentos que exporta el país, granos y carnes, aumentaron sus precios en dólares en el mercado externo a un promedio del 40 por ciento. Y el tipo de cambio comercial pasó de 59,60 pesos el 10 de diciembre de 2019 a 97,50 pesos el 31 de marzo de 2021, un aumento del 64 por ciento. Esa combinación de mayor precio del dólar y de los precios de los granos es frenada con un derecho de exportación del 12 por ciento y solo la soja tiene una tasa máxima del 33 por ciento. Ningún gremio consiguió semejante tasa de aumento como la que registraron los productos de primera necesidad”.
El diagnóstico pertenece al economista Horacio Rovelli, quien lo desarrolla (aquí solo se extrae, comprimido, uno de los ejes del artículo) en la última edición de #El Tábano Economista. Solo que Rovelli antepone a cada uno de los datos de aumento de los precios internacionales de los alimentos y del tipo de cambio la pregunta de “a quién beneficia” esa situación.
Ante la posibilidad de un aumento de las retenciones a las exportaciones por parte del Gobierno, como ratificó este viernes la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, los beneficiados por esa situación reaccionaron con vehemencia: “Estos dichos intempestivos enervan a nuestros productores, generan preocupación y acrecientan la grieta. Es el autoritarismo del Estado que se siente dueño de la verdad”, fustigó Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, como primera respuesta a la noticia.
No fue menor el rechazo las otras dos ocasiones que el Gobierno movió las retenciones. A poco de asumir Alberto Fernández, el Congreso aprobó la ley de Emergencia Económica, que incluyó un alza de los derechos de exportación a la soja del 24,5 al 30 por ciento.
“Los nuevos máximos harán sentir su peso e impactarán directamente en la productividad, ya que la capacidad de reinversión de cara a la próxima campaña será menor y los paquetes tecnológicos a invertir serán readecuados a la baja. Esto ya lo vimos, lo vivimos y lo sufrimos en nuestra historia reciente”, pronosticó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.
Sin embargo, lo que sucedió fue que los precios de granos y carnes siguieron para arriba y en marzo de 2020, pocos días antes del confinamiento por la pandemia, el Gobierno volvió a elevar los derechos de exportación a los grandes productores de soja, de más de 1000 toneladas anuales, hasta el 33 por ciento.
Junto con ello, dispuso una compensación para 42 mil pequeños y medianos productores, el 75 por ciento del sector sojero, que pasaron a pagar retenciones en un rango del 21 al 30 por ciento, según el tamaño de las cosechas y la cercanía a los puertos. Para los más chicos, la segmentación permitió una rebaja de la carga a pagar de unos 3,5 puntos. También hubo disminuciones de retenciones a producciones regionales como legumbres, arroz, maní, porcinos, ovinos, embutidos y maíces especiales, entre otros.
A pesar de la segmentación, la Mesa de Enlace reaccionó con un lockout de cuatro días en la comercialización de granos y hacienda, con escasa adhesión y la división de la Federación Agraria, que dio libertad de acción a sus asociados para participar o no de la medida de fuerza.
Desde entonces, marzo de 2020, lejos de cumplirse las advertencias de los ruralistas más enfrentados con la suba de retenciones, los precios internacionales no dejaron de subir, lo mismo que los volúmenes de exportación y la caída del consumo interno, en el marco de la pandemia.
El precio de la soja escaló de 307 dólares la tonelada hace un año a los 563 dólares de este viernes. Un incremento del 84 por ciento. Lo mismo sucedió con el maíz, que duplicó su precio respecto del que tenía a la misma fecha de 2020, y se posicionó por encima de los 256 dólares la tonelada.
“Durante la segunda mitad de 2020 y primeros meses de 2021 se observó un aumento en el índice general de commodities, especialmente en el precio internacional de los alimentos y de insumos industriales. Entre marzo de 2021 y abril de 2020, se destacan incrementos del 99 por ciento en el mineral de hierro, 78 por ciento en caucho, 67 por ciento en el precio del maíz y soja, 50 por ciento en aluminio y 43 por ciento en algodón. Esto inevitablemente tiene consecuencias sobre la dinámica de precios internos”, describe el último informe de la consultora PxQ, de Emmanuel Alvarez Agis. Como se indicó en el párrafo anterior, en el caso de la soja y el maíz, los precios escalaron todavía más en la última semana.
En respuesta a esa situación es que el Gobierno vuelve a poner sobre la mesa un posible aumento de las retenciones. “El incremento de los alimentos en el mundo ha sido muy fuerte, por eso se trabaja en medidas que permitan desacoplar los precios internacionales de los locales”, argumentó Español.
La necesidad de apelar a ese instrumento en el marco de la disparada de precios internacionales, con un dólar que no ha perdido competitividad desde diciembre de 2019, es tan evidente como la urgencia política.
El último sondeo nacional de la consultora Analogías expone que el agravamiento de la situación sanitaria y el alza de la inflación provocan una caída persistente de los apoyos al Gobierno. La imagen de Alberto Fernández bajó a su menor diferencial positivo desde que asumió como presidente, con 52,6 por ciento a favor y 45,9 por ciento en contra. La aprobación del Gobierno directamente pasó a estar en rojo, con 35,2 puntos de apoyo y 52 puntos de rechazo.
A pesar de que hay un acompañamiento mayoritario a medidas como el bono de 15 mil pesos para jubilados y titulares de la AUH, entre otros, solo el 22,6 por ciento de los encuestados considera que la política económica sea “de impulso al consumo”, mientras que un 44,3 por ciento la califica “de ajuste” y un 33,2 por ciento “no sabe”.
En relación a cuál es la expectativa sobre la situación económica para dentro de dos años, el estudio de Analogías indica que el 62,4 por ciento de los casi 3000 entrevistados de manera telefónica, con formato IVR, estima que será peor, contra un 32,9 por ciento que espera mejoras.
“Respecto de las variables económicas encontramos un tono marcadamente pesimista (63 por ciento). Una amplia mayoría considera que sobrevendrá un mayor deterioro del ya alicaído salario real (56 por ciento) y que los grandes empresarios no están colaborando para superar la crisis (67 por ciento)”, agrega la consultora en las conclusiones del sondeo.
“La política económica sigue siendo demandada para un sesgo más expansivo. El peso de la crisis se le asigna al Gobierno, luego de que se haya renunciado a insistir con el desastre que dejó Macri. El 48,1 por ciento sostiene que la causa principal de la crisis son las medidas que toma el Gobierno, frente el 23,1 que lo relaciona con la herencia que dejó Macri y el 19,5 que lo atribuye a la pandemia. La responsabilidad del aumento de precios también recae sobre el Gobierno, aunque haya coincidencia del rol negativo de las grandes empresas”, completa.
Por último, la segunda mayor preocupación de los entrevistados es la inflación, con 19,2 por ciento, detrás de un colapso del sistema de salud, con 25,8 por ciento.
Un nuevo aumento de las retenciones no cambiará el rechazo de los sectores que se favorecen de la suba de precios de los alimentos, pero sí hará diferencia para el control de la inflación y el apoyo de sectores que votaron al oficialismo y de a poco se han ido alejando.
Cuál es la incidencia de las nuevas variantes de coronavirus
Por qué bajó el promedio de edad de los internados en la segunda ola
De acuerdo con el último informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, del 16 de abril pasado, del que participaron 163 UTIs de todo el país, 84 públicas y 79 privadas, la edad promedio de los pacientes internados en esos cuidados críticos fue de 53 años.
El promedio de edad de los pacientes con coronavirus internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) descendió en esta segunda ola, según intensivistas e infectólogos.
La causa parece ser en parte por el contagio de jóvenes con mucha circulación, y en parte por la vacunación masiva de los mayores de 70 años, que no desarrollan formas graves de la enfermedad.
"Estamos viendo que el promedio de edad es menor de 60 años, incluso hay lugares donde tenemos pacientes de 40, 45 años con cuidados intensivos. El año pasado la media que nosotros teníamos era de alrededor de 70", describió a a la agencia estatal Télam Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).
De acuerdo al último estudio de la SATI, del 16 de abril pasado, del que participaron 163 UTIs de todo el país (84 públicas y 79 privadas) que representan 3332 camas, la edad promedio de los pacientes internados en esos cuidados críticos fue de 53 años.
"La explicación que encontramos de esto es que los jóvenes y adultos jóvenes son los que más circulan (por trabajo, estudio, reuniones sociales) y los que todavía no se vacunaron, salvo alguna excepciones con comorbilidades", sostuvo Reina.
"En cambio, los mayores de 80, que el año pasado tuvimos muchos, hoy se están cuidando muchísimo y la mayoría ya están vacunados", añadió, al tiempo que precisó que "aún no tenemos claro si hay alguna incidencia de las variantes nuevas en esta disminución de la edad de los casos graves".
Al hacer un análisis de la proporción que representan las diferentes franjas etarias en las UTIs desde comienzos del año hasta hoy según los datos oficiales, el contador y senador correntino Martín Barrionuevo encontró que los menores de 50 años representaban el 10,9 por ciento de las camas en la primera semana del año, mientras que actualmente, en la semana epidemiológica 15, representan el 21 por ciento.
El rango de 50 a 69 se mantiene prácticamente en la misma proporción: la semana 1 del año significaban el 44,2 por ciento y la semana 15 (12 al 19 de abril) el 42,9, mientras que las personas de más de 70 años pasaron de representar el 44,9 por ciento al 36,1 en el mismo período.
Según los últimos datos del Ministerio de Salud, a este viernes se encuentran vacunados en todo el país el 41 por ciento de la población entre 60 y 69 años, el 77 por ciento de los que tienen en 70 y 79 y el 72 por ciento de los de mayores 80 con al menos una dosis.
"La baja de la edad respecto del año pasado de los pacientes en cuidados intensivos es entre una y dos décadas", aseguró por su parte la médica infectóloga Elena Obieta, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y Jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro. "Tenemos gente joven contagiándose mucho. Hemos visto una mujer de 24 años desaturando oxígeno, de 16 años en terapia, sin comorbilidades", destacó.
"Esto se explica por la gran cantidad de casos; si hay 100 casos y la probabilidad de que una persona joven se enferme de gravedad es del 0,2 por ciento es posible que no aparezca ninguno; pero si en lugar de 100 hay 10 mil casos, entonces puede ser que tengas dos", puntualizó.
Obieta sostuvo que "otro dato es que durante este año la mayoría de las personas de más 80 años se cuidaron mucho, se quedaron en sus casas y se adaptaron; en cambio los de más de 60 ó 70 que están bien, al principio se cuidaron un poco y después comenzaron a circular, muchos siguen trabajando, la mayoría están activos".
Mientras tanto, de acuerdo a los datos volcados en el SISA (Sistema Integrado de Información de Argentina) y recopilados por el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga, el promedio de edad de las personas internadas en terapia intensiva actualmente es de 62,4 años, levemente inferior a los 64 ó 65 años que se sostuvo durante las semanas más críticas del año pasado.
"Esto no significa que no sea como expresan quienes trabajan en las terapias intensivas, sino simplemente que es un dato que aún no se refleja en las bases y esto puede tratarse de un tema de carga de datos, de realidades diferentes en el país", explicó Aliaga.
En términos estadísticos, el infectólogo Lautaro De Vedia, integrante de la SADI y médico del Hospital Muñiz, tampoco observó en su centro de salud que la edad promedio haya descendido.
"Esto no implica que no tengamos casos de personas jóvenes. De hecho, tenemos un chico de 25 y una persona de 40 años en este momento con cuidados intensivos; ahora, cuando saco el promedio en el hospital, no me da muy diferente al del año pasado y ronda en los 58 años", afirmó.
No obstante, a simple vista, De Vedia sí detectó un menor ingreso de los mayores de 80 años. "Por un lado, la mayoría ya está vacunado; por el otro, son y siempre fueron los que más se cuidan", concluyó.
El ministro de Desarollo Territorial y Hábitat adelanta la apuesta del Gobierno frente al déficit de viviendas
Jorge Ferraresi: "La idea es que se pueda acceder a un crédito en función del salario"
En diálogo con PáginaI12, Ferraresi anticipa que la próxima semana el Presidente anunciará medidas para inquilinos e hipotecados UVA. La propuesta para los nuevos créditos hipotecarios se basa, explica, en que "se pueda acceder a una vivienda propia por el mismo valor que se paga un alquiler". El ministro también cuestionó al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por sostener las clases presenciales desobedeciendo un decreto y un fallo judicial. "Macri sigue siendo el jefe político de la Ciudad", dijo.
A casi 6 meses del inicio de su gestión al frente del Ministerio de Desarollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi busca cumplir con el pedido expreso que le hizo Alberto Fernández al convocarlo: imprimirle mayor celeridad a una cartera que fue blanco de críticas por su bajo nivel de ejecución en 2020. Bajo esta premisa, el Gobierno anunció esta semana una inversión de 98 mil millones de pesos en créditos destinados a la refacción y construcción de viviendas, que se complementará con nuevos anuncios que hará el Presidente la próxima semana.
En diálogo con Página/12, el exintendente de Avellaneda aseguró que Alberto Fernández brindará una solución definitiva para los hipotecados UVA y que lanzará medidas destinadas a resolver problemáticas específicas de los inquilinos. "Nuestra convicción es que se pueda acceder a una vivienda propia con el mismo valor que se paga un alquiler", sostuvo y remarcó la importancia de que existan créditos en función del salario. También rescató las herramientas que brinda la nueva ley de alquileres frente a los sistemáticos abusos del mercado y remarcó que, contra todos los pronósticos, este año sólo recibieron una denuncia por desalojo.
-- ¿Qué balance hace de estos primeros meses gestión?
-- El balance es muy bueno. En estos meses entregamos 6800 viviendas y para mayo vamos a llegar a 10 mil. Lanzamos Casa Propia, que generó convenios por 62 mil viviendas en toda la Argentina, y el programa Reconstruir, que tiene como objetivo finalizar 55 mil viviendas que estaban paralizadas desde 2015. Y esta semana el Presidente presentó dos líneas de créditos: refacción y construcción de viviendas. La primera, 65 mil créditos para refacciones pequeñas, no estructurales, de 100 mil y 250 mil pesos, que sirven para impulsar el consumo interno en cada uno de los territorios. La segunda, 22 mil créditos para la construcción de viviendas en lote propio.
-- ¿Qué impacto tuvo, hasta el momento, la nueva ley de alquileres?
-- La Ley vino a poner los números blanco sobre negro. Algunos hablan de 2 millones de alquileres, otros de 4 millones. Lo cierto es que, por ahora, en la AFIP se inscribieron 139 mil de contratos. Lo primero que queremos saber es cuál es el universo de inquilinos. En función de eso, creamos dentro del Ministerio un órgano de alerta temprana de desalojos. Y, a pesar de que nos vinieron a ver muchas asociaciones de inquilinos, individualmente solo se presentó una persona.
-- ¿Solo una persona denunció un posible desalojo?
-- Sí, sólo un inquilino.
-- ¿Y cuántas personas calculan que están en esa situación?
-- No sabemos. El que más datos nos aportó fue el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que registró 2 mil juicios de desalojos. Nosotros buscamos en las Cámaras Civiles cuántos juicios había en cada juzgado y esa información no existe. Por eso generamos un mecanismo para tener esa información. En 2020 no hubo desalojos y existía una expectativa de que para 2021 iban a haber muchos, aunque nosotros no lo hemos detectado.
-- ¿Qué medidas proyectan para mejorar las condiciones de los inquilinos?
-- El Presidente va a hacer anuncios la semana que viene sobre cuestiones particulares que tienen que ver con los alquileres. Este es un gobierno que está del lado de los más vulnerables y estamos generando las herramientas para cuidarlos. De acuerdo a la Ley, para que se ejecute un desalojo el contrato tiene que estar registrado en la AFIP y pasar obligatoriamente por una mediación. Sin contrato registrado y sin mediación no se pueden ejecutar. Hay que concientizar a los inquilinos para que utilicen estas herramientas que los defienden de abusos. En cuanto al precio del alquiler, lo vamos a resolver en la medida en que bajemos la demanda. Nuestra convicción es que se pueda acceder a una vivienda propia con el mismo valor que se paga un alquiler. También sabemos que una de las mayores complicaciones se da en la renovación, cuando te piden una cantidad de recursos que probablemente no tenés. En Avellaneda generamos un subsidio a cada uno de los vecinos que estaban en riesgo de desalojo para que pudieran pagar toda esa primera parte.
-- ¿Existe esa posibilidad de brindar un subsidio a los inquilinos?
-- Si tuviéramos la información sobre todo el universo de inquilinos, podríamos definir un subsidio. Por ahora, no lo tenemos.
-- ¿Van a presentar una solución definitiva para los hipotecados UVA?
-- No lo voy a adelantar, la próxima semana el Presidente va a anunciar una solución.
-- ¿Qué cambios proponen las nuevas líneas de crédito?
-- Cambiamos el paradigma en el otorgamiento. La calificación ya no tiene que ver con las necesidades del sistema financiero sino con el trabajo que es el ordenador social ascendente. La idea es que se pueda acceder a un crédito en función del salario. Para calificar, por ejemplo, ya no tenés que entrar a la página de un banco sino que lo hacés a través del Ministerio. Pensamos el acceso a la vivienda como un derecho y una política de Estado. Y esa política, además, representa una fuerte inversión y un generador de consumo de insumos en la construcción que, en su gran mayoría, se producen en Argentina. El objetivo es generar una movilización de trabajo que nos permita también tener una impronta productiva fuerte.
"Macri sigue siendo el jefe político de la Ciudad"
-- ¿Cómo analiza la posición que adoptó Juntos por el Cambio en torno a la suspensión de las clases presenciales?
-- La oposición generó polítiquería en un tema muy sensible como es la salud. Si analizamos lo que muestran los medios concentrados, el Gobierno pierde 10 a 0. Si salimos a la calle, el Gobierno gana 9 a 1. Lo que queda claro acá es que Mauricio Macri sigue siendo el jefe político de la Ciudad y que todos los intendentes del PRO estuvieron en sintonía con el recurso de amparo que presentó Rodríguez Larreta. Al mismo tiempo, hay medios que hablan de una posible dictadura. La historia de la derecha es la de gobernar a través de golpes militares y hoy vuelven esas voces.
-- ¿Le preocupa la desobediencia del Gobierno de la Ciudad?
-- Las escuelas públicas de la Ciudad están vacías, los docentes están de paro. En el Hospital Garrahan las camas de pediatría destinadas a pacientes con coronavirus están llenas y nuestra obligación es cuidarlos. Desobediencia sería si la gente acompañara la decisión de Larreta, pero eso no está pasando. Es preocupante la parte judicial en donde un juez municipal incide sobre un DNU que tiene fuerza de ley, pero lo más importante es lo que hace la gente.
María Eugenia Capuchetti se excusó y ahora la causa no tiene juez ni fiscal a cargo
La jueza que iba a investigar el espionaje macrista también fue espiada
El expediente sobre inteligencia ilegal que tramitaba en Lomas de Zamora y que Casación envió a Comodoro Py, tal como pedían los acusados, se quedó sin magistrado a cargo. La jueza federal María Eugenia Capuchetti se pidió no intervenir porque fue víctima de los servicios durante el gobierno de Mauricio Macri.
Recién llegada, sin juez y sin fiscal. Así está la investigación de espionaje ilegal macrista que hasta el jueves tramitó en Lomas de Zamora y que marcó gran parte del pulso político-judicial durante el último año. A esa situación se llegó después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti se excusara de intervenir por haber sido ella misma víctima de la vigilancia de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri.
Capuchetti recibió el jueves por la tarde el expediente que estaba en manos de su colega Juan Pablo Augé y de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Ella había quedado a cargo de la causa a raíz de un planteo que había hecho el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas para que la investigación quedara en Comodoro Py, aduciendo que la sede central de la exSIDE --desde donde él trabajaba-- estaba en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no correspondía que Lomas de Zamora siguiera entendiendo. Con idas y vueltas, la Cámara Federal de Casación --con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo-- terminó convalidando la postura del amigo de Macri.
Capuchetti, por el contrario, nunca había reclamado la competencia. Este viernes informó que iba a excusarse porque ella misma fue víctima de la intrusión de la AFI. En la causa en la que se investiga cómo se usaron las bases de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para el espionaje se encontraron registros que desde la sede central de la propia AFI habían ingresado tres veces a los registros migratorios de Capuchetti el 20 de marzo de 2018, cuando todavía no había sido designada en el juzgado que dejó vacante Norberto Oyarbide.
Capuchetti puso como ejemplo que en la causa que se instruyó en Lomas también recurrieron los espías a las bases de Migraciones. Por ejemplo, el 5 de enero de 2018 Leandro Araque le avisó a Jorge “Turco” Sáez que Jorge Ferraresi había viajado el 30 de diciembre con toda la familia y no había vuelto.
Al igual que lo hizo en la causa de Migraciones, Capuchetti terminó excusándose en la del espionaje. “Iguales razones me llevan a inhibirme en los presentes actuados, toda vez que aparecen investigadas aquellas maniobras de inteligencia ilegal que habían sido adoptadas en el interior de la Agencia Federal de Inteligencia, que se corresponden con el plazo temporal de los hechos aquí investigados”, escribió la jueza.
La Cámara Federal debería sortear a un nuevo juez que entienda en la causa. Una de las curiosidades es que el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, también figura como víctima en Lomas, lo que muestra con la complejidad que avanzará esta causa en los tribunales de Comodoro Py. Hay quienes ya hacen listados de los jueces que tienen causas vinculadas al accionar de la AFI. Entre ellos están Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Ramos, Ariel Lijo y Luis Rodríguez, entre otros.
Hay otros que sostienen que hay que prestar atención a la causa de Migraciones porque allí son varios los jueces que habrían sido víctimas de los espías durante el macrismo. Sin ir más lejos, en la última semana se excusó de continuar interviniendo en el expediente el juez que reemplazó a Capuchetti al frente de esa causa, Sebastián Ramos, después de haber encontrado que hay 16 registros de haber consultado las bases de Migraciones en busca de sus movimientos. El expediente está ahora en manos de Martínez de Giorgi, que debe resolver todavía su acepta la excusación de su colega.
Al momento de definir dónde seguiría la causa de Lomas de Zamora, la camarista de Casación Ángela Ledesma quedó en minoría, pero señaló que sacarla de manos del juez Augé y de los fiscales podría --cuanto menos-- demorar su trámite. Parece que en Comodoro Py no será del todo fácil encontrar un juez que quiera o pueda hacerse cargo. La Corte debería tener la última palabra sobre si permanece en Retiro o vuelve a Lomas de Zamora, de donde la causa se fue con 39 procesados, incluidos Arribas, Silvia Majdalani, los Súper Mario Bros, el exdirector de Jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stefano y el exdirector del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emiliano Blanco.
Una vez que la causa consiga juez o jueza deberá resolverse otra situación sensible: la del fiscal a cargo. En 2020, Capuchetti estuvo de turno con el fiscal Carlos Stornelli, que siempre reclamó que la causa viajara a Comodoro Py. Sin embargo, sorpresivamente, en febrero el fiscal presentó un escrito para apartarse. No lo hizo por estar procesado en la causa de espionaje de Dolores, sino por ser querellante en la causa del "OperativoPuf" que la Cámara Federal reactivó recientemente. En las últimas horas, los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa lo recusaron por sus andanzas con Marcelo Sebastián D'Alessio.
Cuántos concretaron su retiro y qué pasará con quienes no lo hicieron
La jubilación pendiente de jueces y fiscales, un privilegio que se va terminando
Cincuenta y un jueces, fiscales y funcionarios judiciales concretaron su jubilación después que la Anses los intimara a que resuelvan, como el resto de los ciudadanos, si concretaban su jubilación o seguían en sus cargos. Había funcionarios judiciales que tenían el trámite pendiente desde hacía 13 años, lo dejaban abierto y si veían algún peligro de destitución o juicio político, hacían valer el trámite que habían empezado mucho tiempo atrás. Era uno de lo tantos privilegios cortados por ley y por la gestión de la interventora Fernanda Raverta que aplicó la norma. De la élite amarilla de Comodoro Py, los que estaban en condiciones de jubilarse como el procesado fiscal Carlos Stornelli o su par Raúl Ple, la gran mayoría no lo hizo, por lo tanto su trámite se archiva y cuando decidan retirarse -como cualquier ciudadano- tendrán que iniciar nuevamente el proceso.
El plazo en el que jueces, fiscales y funcionarios debían pronunciarse se cerró hace una semana. Del total de 210 carpetas que se pusieron en marcha en su momento, algunas hace 13 años, hubo 51 que ahora se concretaron convirtiéndose en planes efectivos de jubilación. Sucede que se aplicó la ley 27.456, votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional, que transfirió desde el Consejo de la Magistratura a la Anses la ejecución previsional de magistrados y magistradas.
El privilegio -además de no pagar Ganancias- que tenían los funcionarios judiciales es que podían iniciar el trámite jubilatorio y dejarlo pendiente. Les asignaban la jubilación, se suspendía el pago, y mientras tanto ellos seguían ejerciendo su cargo. Ante cualquier problema -un juicio político, por ejemplo-, recurrían a la renuncia y pasaban de inmediato a cobrar su jubilación porque ya la tenían adjudicada. El ciudadano común, en cambio, cuando hace el trámite, se jubila, no queda pendiente.
Los que recibieron la intimación fueron conocidos integrantes de la escuadra del PRO en Comodoro Py: Stornelli, el fiscal Raúl Plee, el visitador de Olivos Gustavo Hornos, el procurador Eduardo Casal y varios notorios habitantes del edificio de Retiro. Por supuesto, también se intimó a otros magistrados no alineados con el macrismo, entre ellos la ahora convaleciente de covid-19, María Romilda Servini. El caso más emblemático es el de la integrante de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, que hace rato superó los 75 años y por lo tanto superó la edad prevista en la Constitución Nacional.
Tras la jubilación de los 51 funcionarios judiciales, la Anses ahora analizará expediente por expediente todos los restantes, pero se supone que serán archivados y tendrán que arrancar de nuevo el día que quieran retirarse.
El Gobierno tiene “en análisis” subir los derechos de exportación
Un mensaje al campo por retenciones y cupos
La secretaria de Comercio, Paula Español, dijo que “el nivel de incremento de alimentos en el mundo fue muy fuerte, por eso se trabaja en medidas para desacoplar precios”.
En un escenario de precios internacionales récord, el Gobierno analiza la manera de desacoplar, como ya ocurrió con los aceites, el valor global de los precios locales. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, expresó que está "en análisis" la posibilidad de aumentar la alícuota de los derechos de exportación, con el objetivo antes mencionado.
"La posibilidad de aumentar retenciones forma parte de nuestras herramientas de gestión y está en análisis", señaló Español en declaraciones radiales. La funcionaria explicó que "el nivel de incremento de los alimentos en el mundo ha sido muy fuerte, por eso se trabaja en medidas que permitan desacoplar los precios; ahí es donde entran en juego las políticas de administración del comercio".
Fuentes oficiales aclararon que la idea del Gobierno es siempre fomentar las exportaciones, pero resguardando el mercado local. Por ahora, no hay definiciones concretas más que charlas sobre las herramientas disponibles. En ese pelotón de posibilidades, las retenciones conviven con otras ideas, como los encajes y cupos. Desde el Ejecutivo aclaran que, si el mercado interno y las exportaciones no están en equilibrio, se podrían llegar a tomar las medidas regulatorias del comercio.
El tema no es nuevo en la agenda oficial. La creación de un registro para las exportaciones de carne fue el tema destacado de un encuentro virtual que mantuvieron ayer el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y su segundo, el secretario de Agricultura Jorge Solmi, con los integrantes de la Mesa de Enlace. En esa reunión, los dirigentes agroindustriales expresaron su malestar por una medida por la cual -aseguran- no fueron consultados, y temen que se transforme en un mecanismo para controlar las exportaciones.
Los funcionarios indicaron que la medida no está dirigida al productor sino al sector comercial, y los convocaron a trabajar en un plan para producir más mejorando las condiciones de financiamiento. Todas estas medidas apuntan a reducir el nivel general del índice de precios al consumidor (IPC) que registró en marzo una suba del 4,8 por ciento en relación con el mes anterior.
Furor en Chicago y cuidado adentro
Los precios internacionales de los principales granos que produce la Argentina registraron importantes subas a lo largo de 2020, con la soja como gran motor del incremento, con un avance de 20 por ciento y un precio récord de 434,95 dólares la tonelada, el valor más alto de los últimos cuatro años y medio.
De hecho, esta tendencia se mantuvo en los primeros meses del 2021 y esta semana los precios internacionales de la soja y el maíz llegaron hasta el nivel más alto en casi una década, por la mayor demanda de China y los problemas climáticos en Estados Unidos, entre otros motivos.
En este contexto, el Gobierno puso en marcha una serie de acciones que apuntan a contener la suba del precio de los alimentos, particularmente a través de acuerdos con el sector empresario.
"Nos preocupa el dato de que una familia necesite 60.784 pesos para no ser pobre. Nos preocupa la inflación. Y las presiones en el precio de los alimentos las tiene todo el mundo. Argentina produce alimentos y los exporta. El problema es desacoplar los precios de exportación del precio interno y para eso hay que tomar medidas como los cupos, las retenciones o las declaraciones juradas", indicó Español.
El ojo en la inflación
En cuanto a las eventuales dificultades para cumplir con la meta de 29 por ciento de inflación proyectada en el Presupuesto, señaló que "hay dos elementos que cuando se hizo el Presupuesto no tenían esta magnitud: la segunda ola y la suba de los precios internacionales".
"La previsión de inflación sigue siendo la del Presupuesto. Estamos trabajando para que frene el aumento de la carne, con el sistema de declaraciones juradas para exportar y otras medidas. No me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haga falta para cuidar los precios", afirmó.
La funcionaria explicó que la estrategia para contener los precios "es integral y excede a la Secretaría de Comercio Interior. Que quede claro, nosotros tenemos distintas herramientas para ayudar, porque si no parece que está la idea de que con una lista de productos seleccionados para tener en góndola con precio sugerido vamos a controlar la inflación, o que Precios Cuidados tiene ese objetivo".
Fuente:Pagina12
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