Declaración de organizaciones que
vienen bregando por la Soberanía
Nacional sobre el Río Paraná //
Respuesta al decreto gubernamental
Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021.
Las organizaciones abajo firmantes, ante la publicación del Decreto 427/2021, consideramos:
1) Que este decreto es producto de, y respuesta a, la creciente determinación popular en favor de la incondicional Soberanía Nacional sobre nuestro Río Paraná, clamor que no deja de crecer en todo el territorio nacional.
2) Que a la vez este decreto demuestra en buen sentido la sana preocupación del Gobierno Nacional por atender unextraordinario reclamo popular, escuchando lo que comúnmente se llama «la voz del pueblo».
3) Que en principio este positivointento componedor de nuestro Gobierno nos parece acertadoen tanto encomienda a la AGP la conducción durante un año del proceso de cobrode peajes y mantenimiento del dragado del río, que hoy está en severa emergencia ambiental debido a los abusos de doble origen: por un lado elde las empresas hasta ahoraconcesionarias en el dragado del río–hoy afectado por severos daños ambientales–y por el otro por el desenfrenado extractivismo de las empresas multinacionales agroexportadoras que son las exclusivas beneficiarias del comercio exterior argentino.
4) Quemás allá de las buenas intenciones del Gobierno Nacional, las cuales saludamos, no podemos dejar de señalar algunas oscuridades y/o ideas confusas que a primera vista nos generan muchas dudas que más adelanteplanteamos.
5) Por todo lo anterior–y sin dejar de reclamarla completa Soberanía Nacional sobre nuestro río, como lo venimos haciendo–mantenemos nuestra exigencia de derogación inmediata del Decreto 949/2020, a la vez que cuestionamos y/o rechazamos los siguientes puntos oscuros e indefiniciones del presente Decreto:
* Que no queda claro si durante el año de vigencia de este Decretola AGP cobrará peaje o tarifa, ni se establecen montos ni modos, más allá de la declaración –que compartimos–de que sea la AGP el organismoestatal a cargo de tal función.
* Que sí queda claro, y lo rechazamos en su totalidad, que esteDecreto dispone, para el próximoaño, nuevos llamadosa licitación para entregar el dragado. Esto nos parece inadmisible toda vez que existen dragas argentinas en operaciones, y otras que se pueden reparar y/o construir, ya que tenemos una industria naval, tecnología y personal capacitados, y en nombre del Pueblo Argentino afirmamosque es absolutamenteinadmisibleseguir concesionando lo que el Estado Argentino puede realizar, y ello más allá de la nacionalidad de los supuestos nuevos concesionarios.
* Que no compartimos en absoluto la presencia, evidente o sutilmente oculta, de los vocablos «concesión» y/o «licitación», que este nuevo decreto menciona siete veces. No dudamos de que mientras esos dos conceptos campeen en los textos referidos al Río Paraná, el Canal Magdalena, nuestro litoral marítimo y nuestros acuíferos en todo el territorio nacional, siempre cabrá la posibilidad de que se filtre alguna intención en contrario.
* Que el Gobierno Nacional debe saber, ahora y siempre, quecontará con fuerte apoyo popularmientras los principios de Soberanía que guíen sus decisiones sean claros, firmes y evidentes. Por esoacordamos en esta ocasión no proferir calificativo alguno respecto de la decisión de nuestro gobierno –al que acompañamos con nuestro espíritu crítico–y lollamamos a no desatender la voz de un pueblo que está muy cansado y muy fastidiado por las prebendas de que gozan las clases oligárquicas y el empresariado antinacional y mezquino que padece la República.
* Finalmente, entendemos que la decisióndel Gobierno Nacional que evidencia este Decreto, esresultado e intento de respuesta ala extraordinariapresión de miles de dirigentes y militantes populares en favor de la Soberanía de nuestro Río Paraná, que es equivalente in totum al reclamo de Soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y el Atlántico Sur. En la República Argentina,
1º de Julio de 2021
El Manifiesto Argentino, FIPCA, CTA Autónoma, Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, Foro por la Recuperacion del Paraná.
«No podemos abordar la violencia
de género en el campo con una
cabeza urbana»
Por Euge Murllo, Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021.
En la zona rural de Santiago del Estero y de Tucumán dos mujeres muy jóvenes fueron asesinadas en junio, las dos eran integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, una organización que a la vez que pelea por tierra para cultivar también demanda por un modelo productivo agroecológico y construye feminismo en cada debate, en cada demanda. Sin embargo, la violencia machista y las mismas condiciones de la ruralidad -el aislamiento, la falta de internet, las distancias- hacen difícil pedir ayuda. ¿Cuál es la política para las mujeres campesinas cuando no se puede llamar a la 144?
“Decimos que el estado tiene que ir a la ruralidad y no pensar que la ruralidad va a ir al Estado. No podemos abordar la problemática de la violencia de género y de las desigualdades con una cabeza urbana”, explica Rosalía Pellegrini, coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT), entidad que agrupa a campesinxs y productorxs agrícolas en distintos territorios del país. ¿Cómo se realizan los acompañamientos y el sostén de las redes feministas cuando las mujeres están en zonas rurales aisladas? ¿De qué manera se hace presente el Estado para poder atender la violencia machista en casas apartadas de las ciudades en donde el esquema de violencia es cotidiano?
La “cabeza urbana” es pensar que para acceder a un subsidio para víctimas de violencia o un acompañamiento hay que tener Whatsapp o conexión a internet. Las violencias no se producen solo en las casas y al interior de las familias, muchas veces, una mujer para llegar a su trabajo en la finca, tiene que recorrer una hora por un camino de tierra, caminos que quizás son intransitables, allí también sus vidas corren peligro. Las políticas de prevención y erradicación de la violencia machista en territorio rural tienen que encontrar una clave bien diferente a la que se aplica en las ciudades y en los barrios urbanos.
El debate entra en escena con más fuerza a partir de dos femicidios dentro de familias campesinas de la UTT ocurridos en Santiago del Estero y Tucumán. El 14 de junio pasado, Gabriela Nilvia Giménez fue asesinada por Jhonatan Molina, sereno de la finca que arrendaba y a la que iba todos los días a trabajar la tierra. Después de su desaparición, fue él mismo quien avisó al cuñado de Gabriela el lugar en donde se encontraba el cuerpo de la joven campesina. Huyó de inmediato, aunque lo detuvieron a los pocos días. Gabriela tenía 22 años, vivía en Benjamín Paz, departamento de Trancas, a 60 kilómetros de la capital tucumana. Ella era parte de la UTT desde hacía algunos meses. Al enterarse del femicidio, la Secretaría de Género de la organización emitió un comunicado en coordinación con el Colectivo Ni Una Menos: “Nuevamente la violencia machista golpea en las puertas de nuestras quintas y nuestros ranchos. Hoy fue encontrada sin vida nuestra compañera Gabriela Nilvia Giménez, trabajadora de la tierra de Tucumán”, dijeron en un hilo de Twitter que seguía así: “Hace un año sufrimos el femicidio de nuestra compañera Lucía Correa Arenas, de La Plata, provincia de Buenos Aires. Hoy volvemos a sufrir las violencias machistas en nuestra tierra. No hay#SoberaníaAlimentaria si las mujeres campesinas que producimos alimentos y cuidamos de la tierra sufrimos violencias”.
El mismo 14 de junio, Luciana Sequiera, de 17 años, agonizaba con heridas graves y convulsiones en la habitación de un hotel alojamiento de la localidad de Atamisqui, en Santiago del Estero. Fue trasladada al centro de salud del pueblo pero debido a la gravedad de sus heridas tuvieron que llevarla a un hospital regional, a una hora y media de Atamisqui, en donde después de tres días de pelear por su vida, murió. El acusado del femicidio es un joven menor de edad, compañero de colegio de Luciana e hijo de un funcionario de la policía del pueblo. Luciana, al igual que Gabriela, pertenecía a la UTT.
En Atamisqui se realizaron varias marchas, se trata de un pueblo de 8.000 habitantes en donde levantaron la consigna: “Justicia por Luciana. Paren de Matarnos” convocada por la UTT, organizaciones feministas y Ni Una Menos Tucumán: “El crimen de Luciana nos ha impactado particularmente, pero no es un caso aislado sobre todo en Atamisqui. Como promotoras rurales, hace dos años venimos generando talleres de formación, campañas y acompañamientos para combatir la violencia machista. En el pueblo han surgido muchos casos de violencia y de abusos intrafamiliares. Muchas veces nos enteramos de estos casos porque se hacen visibles a través de los medios. En la provincia de Santiago del Estero y en el norte argentino estas violencias son diarias y muchas veces son ‘secreto a voces’, como se dice, todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere decir nada”, cuenta Victoria Escobar que tiene 24 años, forma parte de la UTT en Santiago del Estero desde hace cinco y es promotora de género desde hace tres.
Florencia Robles, es referente de género de la UTT de Tucumán, tiene 22 años y realiza acompañamientos a mujeres en situación de violencia. Su hermana fue víctima de violencia machista y eso fue lo que la impulsó a realizar esta tarea: “Desde ese momento, en el que acompañé a mi hermana, tomé coraje y empecé con los acompañamientos, acá en Tucumán estamos abandonadas. El femicidio de Gabriela nos impactó muchísimo. Acá, para poder hacer visible las violencias, tenés que sí o sí “pechar” como se dice, porque si no, nadie te escucha”.
Florencia explica que en la capital tucumana son 5 promotoras de género y que en el resto de las localidades también se están sumando a las formaciones, sin embargo, no es suficiente: “Yo lo que veo es mucho abandono por parte del Estado, nosotras seguimos trabajando pero tiene que haber un participación activa estatal. Santiago y Tucumán son dos provincias hermanadas, el duelo por los femicidios es conjunto y estamos en comunicación permanente para seguir laburando” dice Florencia que estudia enfermería en San Miguel de Tucumán pero fue criada en zona rural.
“Hoy por hoy, los feminismos interpelan por todos lados. En la ciudad se da mucho más, en el campo todavía no. Pensemos que estamos hablando de comunidades campesinas en donde hay familias detrás de un surco en una quinta. Cuando te hablo de estos territorios rurales puede ser en las provincias pero también en el cinturón hortícola platense a 40 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Son territorios en donde se reproduce y se naturaliza un esquema de familia, de roles de varones y de mujeres super arcaicos: estamos hablando de mujeres que tienen el rol de tener pibes, de cuidar la casa y de realizar las tareas de cuidado. Y a eso se le suma que la resolución de los conflictos es la violencia. Este esquema está absolutamente naturalizado” explica Rosalía Pelligrini en diálogo con Las12. La Secretaría de Género de la UTT viene realizando un trabajo pedagógico y de prevención muy necesario, sin embargo, la ausencia de la pata estatal hace que el trabajo se vuelva sumamente empinado:
El pasado 8 de marzo se realizó un “verdurazo” de las mujeres trabajadoras de la tierra en la Plaza de los Dos Congresos en articulación con el Colectivo Ni Una Menos. Durante esa semana también se realizó también una mesa nacional de la UTT, esto hizo que muchas integrantes de la organización estuvieran en Buenos Aires para esa fecha. Hubo mujeres campesinas de Tucumán, Santiago del Estero, Misiones y de Jujuy. Para muchas era la primera vez que participaban de este tipo de actividades en la Ciudad de Buenos Aires
Otra de las provincias en estado de alerta es Jujuy, en donde hubo manifestaciones para declarar la emergencia en materia de violencia por razones de género. La UTT trabaja en la zona de las yungas, en Fraile Pintado, donde se produce tomate, tabaco y azúcar: “En esa zona pasa mucho, compañeras que se trasladan a las chacras para trabajar y que en ese trayecto corre peligro su vida” relata Rosalía y agrega: “Imagínense cómo repercuten estos femicidios en el territorio, es muy crudo porque los medios también reproducen un discurso que desconoce el camino de la violencia machista. Los niveles de naturalización de la opresión son muy grandes y no es lo mismo que en los barrios del conurbano o de la ciudad. Las pibas y las mujeres en la urbanidad se paran de otra manera”, explica Rosalía, agricultora en la Provincia de Buenos Aires.
“El femicidio de Luciana nos impactó mucho. Además de estar en la organización, jugaba al fútbol en un club que habían formado en Villa Atamisqui. Ella tenía muchas ganas de formar parte de la Secretaría de Género de la UTT” cuenta María Zurita, Promotora de Género de Santiago del Estero e integrante de la UTT, que está presente en la provincia desde hace cuatro años. Ella destaca que no se trata de casos aislados, ya han tenido otros casos de violencia y también femicidios. Son mujeres asesinadas por sus esposos o por miembros de las familias que no llegan a tener la repercusión mediática y quedan en el olvido: “En el pueblo y en el campo somos las primeras que estamos llevando a cabo estas tareas de formación y de prevención, tratando de hacer visibles estas problemáticas para que las instituciones se hagan eco “, dice María.
“Aquí está muy instaurado que son los hombres los que toman las decisiones, eso está muy arraigado en este territorio. Desde la Secretaría de Género de la UTT estamos muy abocadas a desterrar la idea de que la mujer es de la casa. Son los hombres quienes siempre están tomando las decisiones” cuenta María. Las formas que tienen para construir redes e intercambiar diálogos que desarmen estas estructuras patriarcales no sólo son talleres de formación, también las une la tarea cotidiana: en la localidad de Atamisqui, María y sus compañeras llevan adelante un proyecto de huerta comunitaria, además de promover modos de producción alternativos a los hegemónicos, estos espacios son lugares de encuentro en donde se abren las posibilidades para los pedidos de ayuda.
La pandemia ha complejizado el trabajo de los dispositivos y la tarea de las promotoras de género: “Los encuentros, que son los catalizadores de la posibilidad de que una compañera pueda comunicar que está atravesando una situación de violencia, se vieron dificultados por las medidas restrictivas. Para ellas era fundamental poder salir de su territorio e ir a una asamblea o a un taller. Por eso son imprescindibles las redes que creamos como organización en los territorios, ahí donde el Estado no está llegando. Lamentablemente muchas veces estamos sin recursos. Hoy las políticas desde el Estado no se están pensando para territorios rurales sino desde una visión urbana”, explica Rosalía. Desde la Secretaría que coordina y a partir de los femicidios de Luciana y Gabriela, se solicitó una reunión con Eli Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. El encuentro sucedió pero según ellas no fue suficiente para pensar un plan: “Nos parece importante que esta mirada del territorio rural esté presente y para eso las reuniones tienen que seguir”, concluye Pellegrini.
En la Secretaría de género de la UTT se coordinan alrededor de 200 promotoras que realizan su tarea en distintos puntos del país, en el marco del Programa de Promotoras Rurales de Género, que viene funcionando desde hace 5 años. Se activaron dispositivos comunicacionales y políticos para poder dar a conocer las situaciones de violencia que se viven en las zonas rurales. El año pasado pusieron en práctica un protocolo activo para la violencia machista dentro de la organización.
El extractivismo es patriarcal
El modelo productivo extractivista, de agrotóxicos, que arrasa con todos los bienes naturales, que depreda y que muchas veces obliga a una migración forzada del campesinado de sus territorios, tiene un vínculo férreo con el capitalismo pero también con el sistema patriarcal: “El avance de estos extractivismos y de las fronteras agropecuarias repercute directamente profundizando las desigualdades en nuestros cuerpos y en los territorios. Y esto se agudiza aún más en las zonas rurales donde se ven modificadas las dinámicas intrafamiliares. Esto se da porque los hombres deben migrar a cosechas estacionales y nosotras, las mujeres, tenemos que migrar en busca de trabajo en las ciudades. Los femicidios en las zonas rurales son una expresión de este recrudecimiento y profundización del extractivismo” explica Victoria Escobar que tiene 24 años y que hace tres que es promotora en Santiago del Estero.
Ella también resalta que no se trata de hechos aislados y que desde su trabajo diario no consideran las violencias machistas solo dentro de la estructura conyugal o de las familias: “Esas violencias son las más visibles, pero nosotras como mujeres campesinas no podemos acceder a la titularidad de la tierra, siendo nosotras las que producimos más del 80% del alimento que se lleva a las mesas. Eso también hace que no podamos asistir a créditos para mejorar nuestras parcelas o poder invertir en desarrollo tecnológico. El modelo productivo tiene cara de varón y desde la Secretaría de Género luchamos por transformar estas relaciones, por eso nuestra propuesta es la agroecología como modelo de vida, lo que implica repensar los vínculos entre los humanos, los animales y la naturaleza” concluye.
“Nosotras venimos reflexionando hace tiempo en cómo el modelo de producción extractivista llegó al corazón de las familias agricultoras de la mano de los varones, es en el campo en donde se refuerza la estructura patriarcal de la mano del modelo del agronegocio. Son los varones los que deciden sobre la producción pero también son víctimas de ese modelo. Hay una cuestión de varón a varón, una complicidad que se construye y que nosotras estamos desarmando: es pensar que la única manera de producir alimento es en base a estos paquetes tecnológicos y que no se pueden producir alimentos de otra manera” explica Rosalia.
Aparece aquí una dicotomía: de un lado los varones del agronegocio comprando fertilizantes para que la verdura salga más rápido gastando mucho dinero, y por el otro, las mujeres campesinas que desarrollan una economía para sobrevivir. Es por eso que desde la Secretaría de Género consideran crucial que las mujeres comiencen a formar parte de los espacios de toma de decisión sobre la producción: “Construir soberanía alimentaria es integrarnos a nosotras con esa mirada acerca de la producción de alimentos, que sean alimentos que nos alimenten y no una fábrica de verdura que nos envene. Cada vez más las familias y los compañeros varones incorporan esa mirada y se construye un proceso de transición hacia la agroecología con una perspectiva de cuidado fuertemente feminista”, concluye Rosalía.
Cuidar la tierra, cuidar los cuepos
María Carolina Rodríguez, tiene 42 años, es referente de género de la UTT a nivel nacional, un espacio del que participa desde hace 6 años. Tiene seis hijes y ha sufrido en carne propia la violencia machista. Dentro de la UTT coordina el primer refugio comunitario para víctimas de violencia por razones de género en el cordón hortícola de La Plata. María Carolina se dedica a la producción de plantas medicinales y aromáticas, a transmitir sus saberes en relación a los beneficios de estas plantas. También forma a promotoras de género dentro de la organización: “Vemos en la agroecología una transformación posible, las multinacionales se metieron y les dijeron a los productores que tenían que usar agrotóxicos para la producción. Si no cuidamos la tierra no podemos hablar de autonomía de las mujeres, no es solo cuidar la tierra para producir alimentos sanos, también somos las que tenemos los saberes de cuidado que son fundamentales para para el sostenimiento de la tierra”, cuenta María que hace 26 años migró de la provincia de Jujuy a la zona hortícola de La Plata.
El Consultorio Técnico Popular (CoTePo) es un instrumento dentro de la UTT, se lleva a cabo a través de un método que es de campesinx a campesinx. Allí se pone el foco en la recuperación de prácticas ancestrales, es decir desaprender y volver a aprender la producción de alimentos. Este es un trabajo de formación que se escapa a la pedagogía universitaria, la forma que ponen en práctica para transmitir ese conocimiento es de manera horizontal. Según Rosalía, en los talleres que se brindan en el marco del CoTePo, comenzaron a revalorizar la agroecología desde una perspectiva feminista: “Se puso en cuestión que en los talleres mientras los varones están aprendiendo las mujeres están cocinando. Queda en evidencia que hay que desarmar ese esquema de que el conocimiento es algo para los hombres. Las mujeres en los talleres ya no cocinan si no que se incorporan y las tareas de la cocina las realizan entre todes” relata Rosalia.
En la agroecología hay un pilar muy fundamental que son los bio-preparados, se trata de preparaciones naturales que vienen a reemplazar a los agrotóxicos. Esos bio-preparados tienen su base en la olla, elemento históricamente asignado a las mujeres. Es allí en donde ellas vienen cocinando una experiencia, la de apropiarse de un que consideran que es la clave de la transformación.
Para quien la trabaja y la habita
“La vuelta al campo” es un documental dirigido por Juan Pablo Lepore que expone voces y experiencias sobre la recuperación de la tierra y sobre lo que implica producir alimentos sanos. Yasmín Dávalos es trabajadora social y fue asistente de producción en el rodaje de la película. Ha viajado por diversas provincias recopilando testimonios, acompañando relatos cotidianos, íntimos y colectivos.
El documental no se enfoca particularmente en el rol de las mujeres campesinas, sin embargo su agencia siempre está ahí presente ¿Cómo lo viviste en el proceso de realización de la película?
El documental muestra recorridos de compañeras habitando la ruralidad de maneras diversas. Si bien es cierto que no se enfoca en el rol de las mujeres, podemos verlas construyendo casas, cultivando la tierra, enseñando, maternando y luchando. Esto último desde lo personal me parece clave, ya que son voces de compañeras las que hablan de soberanía, resistencia y organización. Generalmente son las mujeres las primeras en juntarse y compartir, en convidarte un mate y hablarte de sus vidas.
Son las más postergadas también en términos de ingresos económicos y títulos de propiedad sobre las tierras…
Si. En la película nos enfocamos en luchas colectivas por la tierra, y lo colectivo es lo que coopera con las construcciones tanto de lo personal como de lo organizacional para dar cuenta de procesos profundamente transformadores en estas mujeres. Las concepciones de feminismos territoriales y comunitarios que se van tejiendo en las ruralidades tienen en común entender la soberanía en los cuerpos, el agua desde los cuerpos, los cerros y los ríos para quienes los habitan.
¿Eso sería pensar en los bienes naturales?
Puede ser. En la Rioja una compañera me dijo: “Nosotras no hablamos de recursos naturales, ni bienes comunes, para nosotras la tierra es nuestra mamá”. En esta línea, lo mismo refiere en la película una compañera del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Otro referente de la comunidad que participó del documental dice “todo esto lo hacemos por nuestros hijos”. La maternidad es un aspecto importante entendida desde el cuidado, la tierra como mamá, “crianzas comunitarias” e incluso compañeras no madres biológicas que ofician de madres para las comunidades y pueblos. Las compañeras se plantan en los territorios, en voz de una de las referentas, “hasta que ganemos”, sosteniendo, gestando y acompañando. Planteando cuestiones vinculadas a la educación, la salud, el sostenimiento de la vida que organizan y marcan prioridades al interior de las tomas.
La película da cuenta de las violencias que pueden darse en un desalojo en el contexto de la toma de tierras y ellas están en la primera línea…
Es fuerte ver la exposición a las violencias, a los desalojos e inclemencias del clima. Recuerdo un incendio intencional cerca de una toma en Córdoba, y una compañera gestante diciéndome “lo de valor lo tengo adentro mío, pero este es el lugar donde quiero parir a mi hija” (con el fuego cerca y el agua escasa). La lucha por la tierra se entrelaza con luchas por otros derechos que también hacen a la vida en los campos, luchas antiextractivistas, la defensa del ambiente sano, e incluso a habitar la propia cultura. Saber que tras las fumigaciones las infancias presentan alergias en la piel o respiratorias también influyen en la forma de producir los alimentos. Entendiendo que la agroecología no es una moda, y que necesariamente incide en las formas de habitar la ruralidad y la urbanidad, planteando circuitos mucho más cortos de comercialización de alimentos, recuperando el aspecto ético de los alimentos como vital.
Las luchas en los pueblos que son fumigados, las compañeras que entran a los campos para impedir fumigaciones ilegales, las que estudian, las que hacen experiencias de epidemiología popular en sus comunidades, todas creen en otro mundo posible, en un ambiente sano, con agua limpia y ríos libres. Mis compañeras que admiro creen que la tierra es para quien la trabaja y la habita y lo están haciendo realidad.
Foto Flor Guzzetti
Puertos privados, bajante del Paraná
y el modelo extractivista que seca ríos
Por Fernanda Paixao, Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021.
Especialistas apuntan la relación entre la presencia feroz de los puertos privados en el Puerto de Rosario y los impactos ambientales
La bajante del río Paraná vuelve a ser histórica este año. El nivel del río, que atraviesa Brasil, Paraguay y Argentina -además de una pequeña porción en el sureste de Bolivia- ya era preocupante en el mismo periodo del año pasado. Ahora, el escenario se repite y se acentúa, visible en el cambio del paisaje de las Cataratas, donde el río Paraná se une al Iguazú.
El problema abarca varios aspectos: el suministro de agua potable, las actividades pesqueras de comunidades enteras, la falta de energía -bajo la cual Brasil sufre ahora la amenaza de un blackout-, dificulta las exportaciones fluviales y refleja graves impactos ambientales y riesgos para la biodiversidad. Muchos animales marinos mueren al descender el río, varados en charcos y bancos de arena que ahora quedan a la vista.
En Paraná, capital de la provincia argentina de Entre Ríos, el nivel del río llegó a quedar una semana por debajo del nivel del mar, llegando a -5 cm según el último registro del Instituto Nacional del Agua (INA), del 30 de junio. En los últimos días, el río registra una leve subida, y la Prefectura Naval Argentina marca una altura de 2 cm, el 2 de julio.
El último mes, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, se reunieron y acordaron la necesidad de adoptar medidas de racionamiento de agua y electricidad.
El río Paraná, que desemboca en Argentina, forma un corredor estratégico entre el continente y el océano Atlántico. Es la llamada hidrovía, un término que contradice a algunos ambientalistas por apartar la percepción de que, al fin y al cabo, estamos hablando de un río, un bien común.
Como bien dijo Francisco Pandolfi, el río Paraná es una de las venas abiertas de la Argentina.
Río privatizado
El canal de navegación es uno de los mayores corredores naturales de transporte fluvial del mundo, con 3.400 km. Es donde se concentra alrededor del 80% de las exportaciones argentinas, con su punto principal en la provincia de Rosario, en el centro-oeste de Argentina.
El bajo nivel del río limita las posibilidades de circulación fluvial, y toca un debate que militantes por la soberanía sobre el río vienen insistiendo desde hace tiempo, con el vencimiento de la concesión a Hidrovias S.A., una sociedad entre la empresa belga Jean de Nul y el holding argentino Emepa. Hace pocos días, el gobierno nacional decidió por retomar el control del río tras 25 años de concesión, irregularidades y el consecuente impacto ambiental.
Hidrovías S.A. administraba y se encargaba del dragado, proceso de profundización del río para eliminar la arena y los sedimentos. Fue una transición del Estado a las empresas privadas que el Capitán Fluvial Dragador, Oscar Rubén Verón, ha acompañado de cerca.
«Destruyeron nuestras rutas fluviales. Hace 25 años, todos los gobiernos dejaron de dar servicio a los puertos provinciales», dice Verón. «Solíamos estudiar los ríos para predecir las grandes caídas, las sequías y evitar que las ciudades costeras se vieran afectadas. La privatización ha hecho que ya no tengamos ese conocimiento constante sobre el comportamiento de los ríos y el clima», dice.
Verón subraya que sin control sobre el río, además de las grandes evasiones que provoca la falta de control sobre los puertos, el constante dragado es la causa de un desastre ambiental anunciado. «Quieren adaptar el río a los barcos, y no los barcos al río», dice.
La cuestión es cíclica: quienes defienden la estatización del río Paraná señalan que la sequía y el impacto en el ciclo de las lluvias son también consecuencia del mismo modelo productivo promovido por las empresas extractivas que monopolizan el río más importante del país.
«Es un sector estratégico de la economía y un canal muy importante para la vinculación de Argentina con el sistema global», señala el economista político y doctor Julio Gambina.
«No se regula el buen uso del agua, aguas que son naturales y que son bienes comunes al servicio de las generaciones actuales y futuras», dice Gambina. «Sin embargo, tienen un uso comercial y productivo para favorecer la acumulación de ganancias de sectores concentrados del poder económico en Argentina».
Es un poder económico que concentra en lo que el economista Horacio Roveller afirma ser un modelo extractivista agropecuario exportador. «De 31 puertos, 21 son privados. Son un estado dentro del estado: tienen su propia policía, nadie puede entrar sin permiso», afirma. «La mayoría son empresas extranjeras. Ahí están Cargill, Cofco, ADM Agro, Bunge, Dreyfus, la ex-Vicentin, que ahora parece que será Glencord.»
Modelo productivo que seca los ríos
María Elena Saludas vive a pocos metros del río Paraná en Rosario. «Hay una fila de barcos en este momento llamados Panamax, de proporciones impresionantes», dice. Ella es miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), y ve con preocupación el sobredragado autorizado para el paso de los barcos.
«Deberíamos relacionar la bajante del río con las empresas que exportan el 80% de los cereales y oleaginosas del país», dice. «Porque la bajada del río está relacionada con la falta de árboles, con las megaempresas, con los agrotóxicos que afectan al suelo, con el modo de producción, distribución y consumo en el marco del capitalismo».
Además del dragado y el continuo movimiento de grandes barcos que destruyen el suelo en la zona de las marismas, María Saludas también señala un factor agravante en la condición de los residentes de estas ciudades costeras.
Además de los efectos sobre la actividad pesquera, son frecuentes los accidentes entre los trabajadores de los almacenes de grano. Si caen en un silo, quedan soterrados por toneladas de soja.
«Ahogarse en algo que te debería alimentar», señala Saludas sobre el simbolismo de la tragedia, que es más común de lo que las empresas dejan entrever. Una investigación de BBC Brasil reveló que al menos 106 muertes de este tipo ocurrieron en todo el territorio brasileño entre 2009 y 2018. Muertes poco o nada anunciadas.
Según Jesica Gentile, coordinadora de la Red Ecosocialista en Argentina, el desequilibrio climático se profundiza, y las respuestas suelen ser, al mismo tiempo, un extractivismo más feroz.
«Se espera que este año haya más incendios, inundaciones y sequías», señala. «Si llueve un poco menos de lo habitual, el impacto es cada vez más intenso, porque con los incendios y la falta de árboles, la tierra pierde capacidad de absorción. Al mismo tiempo, la sequía es una consecuencia del monocultivo, como ocurre aquí con la soja y el maíz», señala.
«Cuando hablamos del modelo productivo y que hay que cambiarlo, no es de un día para otro», dice Saludas. «Es un proceso de transición, en el que debemos empezar a exigir la diversificación de la producción. Tenemos que destinar recursos a la agroecología, a las huertas en los cordones de las ciudades. La soberanía no es que el Estado haga el dragado en lugar de una multinacional, sino que podamos determinar qué se cultiva, cómo y para quién».
«Estamos transitando la crisis ecológica más importante de la historia, y en lugar de tomar medidas para frenarla, responden profundizando el modelo productivo», agrega Gentile.
En julio, el INA estima el mes más crítico por la bajante del río, «con afectación a todos los usos del recurso hídrico, exigiendo especialmente a la captación de agua fluvial para consumo urbano». La altura del río Paraná podría llegar a -40cm en Entre Ríos.
Trenes: ¿vuelta al Estado?
Por Eduardo Lucita, Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021.
Frente a la decisión del gobierno nacional de no renovar las concesiones, la pregunta que queda flotando es: ¿quién pagará la necesaria reconstrucción del sistema que los operadores ferroviarios privados destruyeron?
Luego de tres décadas de una más que ruinosa administración privada los ferrocarriles cargueros vuelven a la administración estatal. ¿Se trata de una estatización? ¿Quién pagara la reconstrucción?, ¿Será una medida aislada o estará dentro de un plan nacional de transporte?
La noticia ganó rápidamente los titulares de los distintos medios. El Estado no renovará las concesiones a las empresas que explotan los ferrocarriles de carga que circulan por las vías del Sarmiento, el Roca y el Mitre. La novedad despertó expectativas entre los seguidores del actual gobierno, necesitados de buenas noticias. Sin embargo siendo una noticia positiva conviene no quedarse en la superficie de la noticia.
A privatizar.
Hace 30 años, tiempo de auge del neoliberalismo y del Consenso de Washington, el gobierno de entonces bajo la presidencia de Carlos Menem emprendió un amplio proceso de privatización de los servicios públicos. El furcio del entonces ministro Roberto Dromi: «todo lo que deba ser del Estado deberá ser privado» marcaba esa orientación, que en realidad significaba un traspaso del capital social acumulado en las empresas estatales durante décadas al sector privado.
En el caso de los ferrocarriles una empresa estatal, monopólica con evidente déficit de servicios, fue convertida en 14 empresas de derecho privado. Se otorgaron concesiones por 30 años prorrogables y prácticamente se eliminaron los trenes de pasajeros de larga distancia. De los 41 mil kilómetros de vías férreas quedaron 18,8 mil, de los cuales solo 7 mil en servicio efectivo. Se cerraron numerosas estaciones (800 solo en provincia de Buenos Aires). Las plantillas de personal fueron drásticamente reducidas, perdiéndose así un saber histórico de los trabajadores ferroviarios construido durante décadas. El desguace se consumó en muy poco tiempo.
Fracaso anunciado.
El plan resultó, como fuera denunciado varias veces, un verdadero fracaso. Se siguió perdiendo participación en el transporte de cargas. Si en los ’70 se llevaba el 14% de la carga terrestre, ahora ese porcentual es de solo el 3,7%. Mientras que el Estado continuó, directa o indirectamente, subsidiando los servicios.
Lo que es peor, hubo una fuerte descapitalización del sector. La infraestructura está muy deteriorada mientras que el parque rodante (tractivo y remolcado) tiene ya una antigüedad promedio de 40 años y es notorio el mantenimiento diferido que arrastra. Estos tres datos explican por qué suelen ocurrir hasta dos descarrilamientos diarios. Es que los concesionarios no hicieron las inversiones necesarias para mantener el servicio. Se les entregaron 187 locomotoras y 11.850 vagones, y solo renovaron 25 y 104 respectivamente. Si los trenes corrían a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora ahora lo hacen a 30.
Se ha perdido el carácter de servicio público. Los concesionarios no trabajan a la oferta sino a la demanda. Durante 30 años el NCA (Aceitera General Deheza); el Ferroexpreso Pampeano (Techint); el Ferrosur Roca (Camargo Correa y Loma Negra) priorizaron transportar sus propias cargas (granos, cemento, minerales), por lo que una velocidad promedio reducida y menores condiciones de seguridad era totalmente funcional a sus necesidades.
Más por necesidad.
Es este «balance negativo en términos de estado de la infraestructura, velocidad y ranales perdidos» lo que impulsó a la Comisión Especial de Renegociación de Contratos del Ministerio de Transporte a rechazar la prórroga solicitada. Los trascendidos dicen que, ante el pedido de renovación el ministerio habría contraofertado que solo era posible si se hacían cargo de las inversiones necesarias, a lo que los empresarios no mostraron interés alguno. Así el Estado termina haciéndose cargo de la administración en un régimen de transición hasta su solución definitiva. Es decir no ha sido una decisión motivada por la convicción sino por la necesidad, caso contrario el servicio corría riesgos de desaparecer en poco tiempo.
Es interesante compararlo con el caso de la mal llamada hidrovía del Paraná, que es un negocio muy rentable y que al no renovarse la concesión y emitir el decreto 949/20 que habilita el llamado a una nueva licitación (muy cuestionado porque implica continuar con la privatización de la vía navegable) tanto productores como exportadores, los medios de comunicación hegemónicos, incluso hasta el FMI levantaron sus voces en desacuerdo, mientras que en el caso de las concesiones ferroviarias nadie levantó la voz ni protestó. Dicho en criollo, una vez agotado el capital transferido hace tres décadas los privados le transfieren «el muerto» al Estado, todo sin hacer ruido.
A medio camino.
Ni renovación de las concesiones ni estatización. Es una solución híbrida, una suerte de regreso a la Ley de Ferrocarriles Argentinos 27.132 de 2015 (reglamentada en 2018) por la que «Trenes Argentinos» se hará cargo de la operación de las tres líneas y ADIF de la administración de la infraestructura y su mantenimiento, incluyendo la gestión de los sistemas de control de la circulación de los trenes. En perspectiva se iría a un sistema tipo europeo de «acceso abierto» (open acces) por lo que, pagando un canon, capitales privados podrán utilizar las vías con su propio material tractivo.
Esta solución a medio camino le salva las papas a los privados y pone toda la responsabilidad en el Estado para mantener los servicios y las instalaciones. La pregunta que queda flotando es: ¿quién pagará la necesaria reconstrucción del sistema que los privados destruyeron?
Más aún, uno de los grandes déficits históricos del país es nunca haber logrado establecer un Plan Nacional de Transporte que articule y complemente los modos alternativos. En un país longitudinal como el nuestro el eje debiera ser el ferrocarril cuyos costos de operación son menores -construir un kilómetro de vía es inferior al de uno de carretera y su vida útil es sensiblemente mayor; un tren arrastrado por una locomotora puede transportar el equivalente a 50 camiones y consume menos combustible- a lo que hay que agregarle el cálculo de las externalidades (accidentes, contaminación, uso del suelo, etcétera).
Tanto los trenes, como la hidrovía, también los puertos, son estratégicos para el manejo del comercio exterior por el Estado. Es también una forma de recuperar soberanía nacional.
Por ahora todo es de transición, la moneda está en el aire.
*Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
Fútbol y DDHH: «Pelotas por
Palestina»
Resumen Latinoamericano 2 de julio de 2021
Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino impulsan la campaña #PelotasPorPalestina. A partir de la plataforma «Cafecito» pretenden conseguir el dinero necesario para comprar pelotas y enviarlas a Palestina. «El juego es libertad, somos lo que somos en cooperación con otros, del mismo modo que dejamos de ser cuando nos aislamos. Con la camiseta del equipo de la solidaridad, defendemos con uñas y dientes los DDHH, gambeteamos a la violencia, tiramos paredes y derribamos muros». Por ANRed
La Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino es un espacio de participación política plural,integrada por hinchas y amantes de la pelota. Desde el espacio comenzaron una campaña, por medio de la plataforma «Cafecito» con el objetivo conseguir el dinero para comprar pelotas y enviarlas a Palestina.
En diálogo con ANRed un integrante de la Coordinadora explicó como surgió la iniciativa.»Desde la Coordinadora teníamos ganas de tomar la causa Palestina y se nos ocurrieron varias posibilidades. Una era con un jugador argentino que jugó en la selección palestina que es rosarino. Otra era con el director técnico de la selección palestina. Por otro lado surgió la posibilidad con los chicos que hicieron la película ¡Yallah! ¡Yallah!. La primera vez que vi la peli fue en el club Peretz de Lanús, ligado a la colectividad judía. Fue muy importante ese espacio, porque se acercó uno de los pibes que produjo la película. Contó como fue el proceso de entrar y salir de Palestina, filmar. Entonces decidimos contactar al otro chico que realizó la película que es Cristian Pirovano, y en un vivo de Instagram al cual lo habíamos invitado contó una anécdota que a unos pibes de palestina se le fue la pelota al otro lado del muro de los colonos israelíes y le pedían a los soldados que entreguen la pelota y no lo hicieron».
«El vivo duró como una hora, pero esa anécdora nos pareció muy simbóica e importante y muy metafórica. No queremos llevar al fútbol a los derechos humanos, sino al revés, llevar los derechos humanos al fútbol, que es un espacio que puede llegar a ser reacio a éste tipo de cuestiones por la ingerencia que tienen los sectores mas ligados al poder» agregó.
Asimismo explicó: «nos pareció importante ser continuadores de una experiencia, de la colectividad palestina que nos enseña tanto de resistencia y solidaridad. Es así que se nos ocurrió a partir del relato de Cristian y de los ataques que hubo desde Israel a las ciudades palestinas, darle visibilidad a ésto desde el fútbol, mas que nada para interpelar a personas que por un motivo u otro no saben de la ocupación israelí, el genocidio que se viene perpetrando. A partir de un lenguaje mas futbolero, podríamos llegar a enterncer a los hinchas del fútbol y también a los clubes. Visibilizar esa cuestión del fútbol como un idiona universal, como un trichera de resistencia y una posibilidad de vincular a los pueblos de forma solidaria. Algo que no es hegemónico en el fútbol».
La campaña se sustenta a partir de la plataforma Cafecito que es una app crowdfunding que busca unir a creadores de contenido, ONGs o proyectos con gente que quiera aportar a lo que hacen mediante pequeños montos que, en su mayoría oscilan entre los $50 y $100. El objetivo es juntar 1000 cafecitos para comprar 100.
«La idea es que con el Cafecito podamos duplicar el piso de dinero que conseguimos con rifas de libros para comprar mas pelotas y enviarlas a la embajada de Palestina y ellos se encargan de llevarlas a varios puntos del país» finalizó.
Para colaborar con la campaña ingresá al link
Acto frente a la embajada paraguaya
a 10 meses del crimen de María Carmen
Villalba y Lilian Mariana Villalba //
Reclamaron aparición con vida de
Lichita
Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021.
Este viernes de julio la Campaña Eran Niñas convocó a un acto político cultural a la Embajada de Paraguay, en Buenos Aires, para exigir al estado infanticida, Verdad y Justicia para María Carmen y Lilian Mariana, Aparición con vida de Lichita, y Libertad a Laura Villalba.
Cientos de manifestantes marcharon desde Las Heras y Puerredón hasta la Embajada, al grito de: «como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar» y exigiendo castigo a los culpables del asesinato de las dos niñas Villalba, la aparición con vida de Lichita Villalba y la libertad de Laura y Cármen Villalba.
En el marco de gran presencia policial y una embajada totalmente vallado, hablaron varios oradores y oradoras de las organizaciones convocantes y cerraron, Miriam Vasall, madre de un joven fusilado por la policía, Leo Santillán (hermano de Darío, asesinado en la masacre de Puente Puerredón junto a Maxi Kosteki) y Miriam Villalba, madre de una de las niñas asesinadas y hermana de Cármen y Laura. Todos insistieron en la importancia de movilizarse para visivilizar una situación que no debe quedar en la impunidad, y dieron cuenta que 2 de septiembre, cuando se cumpla un año del asesinato por parte del ejército paraguayo de Lilian Mariana y María Cármen , «hay que multplicar por diez nuestra presencia frente a esta embajada».
El Frente Cultural Che Adelita realizó un mural en el piso de la calle, frente a las vallas, con el rostro de ambas niñas asesinadas, luego cantó La Vasquita y cerró el canto de Gino Arazzi.
Los hechos
María Carmen y Lilian eran niñas argentinas de 11 años asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay. Las niñas –que habían viajado a Paraguay a conocer a sus padres- fueron presentadas por el presidente Abdo Benítez ante la prensa como dos importantes guerrilleras abatidas. El operativo comunicacional fue similar al de los “falsos positivos” colombianos.
Fue necesaria una intensa actividad política, jurídica, comunicacional, para que se desmontara esa mentira, y se estableciera, que eran niñas. Posteriormente fue desaparecida Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, quien se encontraba intentando salir de la zona, y luego detenida Laura Villalba, madre de María Carmen Villalba, tía deLilian Mariana Villalba y de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba (Lichita). Laura las acompañaba y cuidaba en ese recorrido de búsqueda y encuentro con sus padres .A Laura Villalba la tienen detenida hasta ahora en una cárcel militar en condiciones de total aislamiento y de tortura psicológica. Le han montado diferentes causas, pero ella también es víctima de un operativo tendiente a destruirla psicológica y físicamente.
fotos y videos: Julia Mottura
¡Basta de criminalizar a la familia Villalba!
¡Basta de presas por maternar!
¡Basta de niñas asesinadas o desaparecidas!
¡Basta de niñas y niños con sus madres presas, como rehenes del régimen terrorista de Paraguay!
¡Basta de asesinar a las campesinas y a los campesinos que luchan!
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