Neuquén: “Hablan de trabajo genuino y por el otro lado quieren rematar una fábrica”
Los obreros de Cerámica Neuquén y el Sindicato Ceramista hicieron una conferencia de prensa en la que denunciaron que se encuentra frenado el acuerdo para impedir el remate y desalojo y exigen al Gobierno provincial que intervenga activamente para impedirlo. La gestión obrera cuenta con el apoyo unánima de la Legislatura neuquina y de numerosas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Por Corresponsal para ANRed.
El juez Cosentino, que entiende en la causa por el conflicto en Cerámica Neuquén, había convocado para el viernes 20 a una mesa para retomar el pre acuerdo entre las tres partes, los obreros de la Cooperativa Cerámica Neuquén, la ex patronal y los ex trabajadores que reclaman indemnización, patrocinados por el abogado MPN, José Brillo (ex Jefe de Gabinete sobischista, que luego se alineara a las filas del sapaggismo). Pero ni la patronal ni este último se hicieron presentes por lo que la mesa no pudo realizarse. Ese día organizaciones sociales acompañaron en los portones de la fábrica la mesa que se haría vía zoom.
En asamblea junto al sindicato ceramista los trabajadores convocaron a las organizaciones, sociales, sindicales, de derechos humanos, estudiantiles y a la comunidad que viene acompañando su lucha, a una multisectorial que se realizó el día lunes 23 a las 14 hs en la fábrica y el martes dieron una conferencia de prensa a las 11 hs en casa de gobierno. En ambas instancias informaron los detalles del resultado de la audiencia y el plan de lucha que llevarán adelante para evitar que se avance con el desalojo y remate.
Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista decía en la Conferencia que “Sigue en riesgo nuestra fuente de trabajo. Es muy brutal que se quiera rematar una fábrica. Es muy brutal que no haya participado la patronal que es justamente a la que queríamos escuchar, está el proyecto para que la fábrica quede en manos de los compañeros, para que se vendan algunos terrenos y puedan cobrar los ex trabajadores que hicieron juicio. Es una solución que abarca a todos los que necesitan cerrar este conflicto tan complejo pero que no se presenten es un problema. Pero otro problema es que el gobierno de la provincia no diga nada. No puede ser de que están en plena campaña electoral el gobierno de la provincia, hablan de trabajo genuino y por el otro lado quieren rematar una fábrica. Entonces ellos se paran desde el poder para impulsar su campaña, nosotros nos paramos desde la necesidad de mantener nuestra fuente de trabajo. Vamos a seguir movilizados con todas las organizaciones acá de la zona, a nivel nacional que tenemos mucho apoyo y bueno, ese va a ser el camino pero no vamos a cesar de buscar una solución definitiva porque esta fábrica tiene que seguir produciendo así que le vamos a pedir reunión al poder político y vamos a seguir insistiendo para poder lograr una solución definitiva a nuestro conflicto”.
Bernardo Retamales, presidente de la Cooperativa afirmó que fueron a la mesa con la posición de que se resuelva por medio del acuerdo “pero la mesa no pudo avanzar porque faltaron actores importantes, fuimos los únicos que nos conectamos vía zoom con el juez. El gobierno tiene que intervenir en este sentido porque nosotros hemos hecho mucho para lograr un acuerdo, hemos trabajado bastante, hemos armado una mesa de diálogo, hemos logrado que gente importante se pronunciara, la misma legislatura sacaron un pronunciamiento votado unánimemente, no al remate de cerámica Neuquén y que se resuelva por vía del acuerdo pero cuando llegan estas instancias importantes para poder avanzar vemos que hay sectores o personas que tienen que estar para tomar determinaciones y decisiones y no se hacen presentes”
Mariano Pedrero, abogado de los obreros decía a ANRed que justamente la Conferencia de prensa frente a Casa de Gobierno fue para exigirle al gobierno provincial “que tome cartas en el asunto porque no puede mirar para otro lado después que fracasó la audiencia con la patronal de la Cerámica Neuquén y con los ex trabajadores que están reclamando su indemnización, no se presentó ni la patronal ni los representantes de los ex trabajadores lo que hizo que la audiencia no se pudiera realizar que no se pudiera avanzar en la propuesta de preacuerdo que había de subdividir la fábrica para entregar la parte de la planta a la cooperativa y los terrenos que no se utilizan para la producción se usasen para pagar las indemnizaciones o las otras deudas, lo que actualiza el peligro de remate y el desalojo al no haber un acuerdo se pone arriba de la mesa esta posibilidad de que el juez decida avanzar con el remate de la fábrica y por supuesto para rematar la fábrica provocar un desalojo y obviamente una represión.
Agregaba que justamente la conferencia fue frente a Casa de Gobierno para exigirle al gobierno provincial “que tome cartas en el asunto. Mientras está de campaña, hablando de trabajo, hablando de combatir la pobreza no puede ser que mire para el costado ante una fábrica que está en producción, que genera puestos de trabajo que fabrica los cerámicos necesarios para la vivienda que tanta falta hacen en la provincia y que está amenazada por un remate cuando existe otra alternativa que es la del preacuerdo del que estamos hablando y que cuenta con el apoyo de la totalidad de los diputados de la provincia de Neuquén que firmó la Legislatura de Neuquén la semana pasada por unanimidad apoyando esto. Por eso decimos que el gobierno no puede mirar para otro lado y que tiene que hacer las gestiones necesarias de índole política para que la reunión se pueda llevar adelante en una audiencia judicial o en una mesa de trabajo extra judicial y poder llegar a un acuerdo”.
De la gestión obrera de Cerámica Neuquén, gestada luego de la recuperación de la fábrica en 2015 viven 80 familias que están en riesgo de perder su fuente de trabajo.
En el día de hoy los obreros se movilizaron acompañando el reclamo de los trabajadores desocupados.
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Salta: reprimen y excluyen a Docentes Autoconvocados de la negociación paritaria
Luego de la recargada presencia policial que desembocó en el poco amable intento de desalojo de las y los docentes salteños que se encontraban realizando una sentada pacífica, este martes 24 el gobierno local decidió excluir de la negociación paritaria a las y los trabajadores de la educación reprimidos. De todos modos, mientras los representantes sindicales de la Intergremial estaban dentro de las instalaciones del Centro Cívico Grand Bourg, el acceso principal fue rodeado por segundo día consecutivo por Docentes Autoconvocados, que mantienen su huelga por cuatro semanas consecutivas y la postura de no aceptar un acuerdo paritario que no supere realmente a la inflación y la línea de pobreza. Por Máximo Paz, para ANRed.
Fue alrededor de las 17.30 cuando de repente se oyó una descarga de bala en medio del tumulto. Era la segunda refriega de la jornada. Fue un policía. Después se supo que su reacción estuvo atada a su impotencia ante la orden de despejar la manifestación que ocupaba las puertas del centro cívico, lugar donde se encuentra la gobernación y en donde había caído al suelo, en el forcejeo, un agente de la infantería.
«¡No somos delincuentes, no somos delincuentes!», comenzaron a cantar los Docentes Autoconvocados ante la detonación, mientras levantaban las manos en señal de freno de la situación producida. El infante se incorporó lo más bien.
Según se entiende, el encontronazo comenzó a suceder cuando al menos 40 policías, acompañados por efectivos de infantería, se colocaron delante de las vallas puestas en el ingreso del edificio gubernamental. El cara a cara entre las partes derivó en la irremediable pugna por los espacios.
Una hora después las fuerzas represivas volvieron a la carga contra las y los docentes. A pesar de que los las y los autoconvocados contaban con heridos del primer encontronazo, la presión policial fue más fuerte. Ese fue el contexto por el cual se desarrolló el episodio del infante caído y el posterior accionar del arma de fuego.
Luego, las maestras denunciaron que recibieron patadas y fuertes empujones por parte de los agentes. Asimismo, desde Docentes Autoconvocados comunicaron que hicieron la respectiva denuncia por violencia institucional ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Silvia Di Piazza, una de las voceras de las y los docentes, aseguró a medios que el 90% de las personas que participaron de la protesta eran mujeres. También dijo que por lo menos cuatro de ellas fueron llevadas por el personal del Samec, acusando lesiones leves y crisis de nervios.
Una docente presente en el lugar manifestó por redes: «aquí en el Centro Cívico Grand Bourg nos están reprimiendo a las mujeres, les están pegando a todos/as. Así Sáenz (el gobernador) dio la orden, una vergüenza colegas. Aquí hay maestras ensangrentadas y pateadas, y con cortes en el brazo. Son muchos los docentes lastimados/as».
Por su parte, el jefe de Policía de Salta, José Ibarra, expresó que el accionar de la fuerza «fue correcto y preventivo». Y afirmó que sobre las denuncias producidas, será la Policía quien se hará responsable, dando a entender que no hubo orden judicial de reprimir.
Después del exabrupto, el ambiente se tranquilizó. La manifestación se extendió hasta la noche a través de un acampe sobre la calle principal del Centro Cívico, donde algunas docentes se encadenaron en el lugar.
Mientras el altercado perpetrado en la ciudad capital se llevaba las miradas del día, en el interior de la provincia norteña se replicaron las protestas con cortes de rutas en distintos puntos. La concentración más contundente se mostró en General Mosconi, ya que durante toda la jornada sólo dos veces se permitió el paso de vehículos: al mediodía y pasado el atardecer. Allí, la acción fue acompañada por más de 500 vecinos en reclamo por su derecho al agua. Una problemática que afecta a la zona por décadas.
La misma situación se observó en el departamento Orán, donde se logró una adhesión al paro de casi el 90%. La protesta fue sostenida a partir de cortes intermitentes (impedimento de la circulación de media hora y circulación libre durante 15 minutos) y estuvo ocupado por maestros y maestras de los distintos sitios que forman la jurisdicción: desde los mismos oranenses, hasta los de Pichanal, Hipólito Yrigoyen, Embarcación y Colonia Santa Rosa.
En el lugar se añadieron las demandas de las y los municipales (incluidos los de la salud), quienes pidieron por el pase a planta permanente, además de denunciar la situación de precarización laboral de las y los contratados del Programa Potenciar y su famélico sueldo de $10 mil. Fueron los mismos quienes durante el fin de semana se encadenaron en la plaza municipal.
En el Paraje Caraparí, punto situado entre las localidades de Aguaray y Tartagal, las y los maestros protestaron sobre la Ruta Nacional 34. Lo hicieron con cortes intermitentes de una hora. Al lugar provinieron docentes de las distintas poblaciones que rodean la zona.
Fue en este marco que el estado provincial reabrió la paritaria salarial con los gremios docentes incluidos en la Mesa Intersindical, compuesta por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), la ADP (Asociación Docente Provincial), la UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), la UDA (Unión de Docentes Argentinos), SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y la AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica). El ministro de Educación Matías Cánepa, junto con la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, ya recibió a los referentes gremiales en las instalaciones del Centro Cívico Grand Bourg, que tiene su acceso principal rodeado por el acampe de maestras y maestros autoconvocados y excluidos.
Luego de la reunión, en entrevista con el diario El Tribuno, el ministro Cánepa marcó que hasta la fecha no hubo ni se trató una oferta concreta, pero que la negociación continuará.
La docencia que está en las calles se encuentra en camino de su cuarta semana de huelga. La misma es por tiempo indefinido. Ellos no reconocen la representatividad de la Mesa Intergremial que dialoga con el gobierno. Estiman que su acuerdo irá en línea con la reciente paritaria nacional y que, por ello, los salarios no superarán la línea de pobreza. En la asamblea docente que se llevó a cabo de manera virtual el sábado pasado, se acordó realizar un nuevo corte de ruta para hoy, miércoles 25, a la altura del ex peaje Aunor, en el acceso sur a la Capital. A su vez, se precisó que desde distintos departamentos se movilizarán hacia la ciudad.
Por ello se pide, principalmente, un incremento escalonado del 25% para lo que resta del año sobre lo ya acordado anteriormente. Además, reclaman un bono de $10 mil. Otro punto importante del pliego de demandas solicita que no se les descuente los días de paro, algo que, por ahora, el gobierno se encuentra decidido a hacer.
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Ypefianos
Durante la privatización de la petrolera estatal en los 90, el Gobierno argentino vendió en Nueva York las acciones pertenecientes a los trabajadores en el Programa de Propiedad Participada, pergeñando una estafa colosal que todavía hoy no fue del todo reparada.
Por Pablo Bassi | En pocas semanas Ángel Garro vio desmoronarse el futuro que había construido toda la vida. En 1995 YPF lo echó luego de doce años de trabajo, y a los meses se separó de la esposa con la que tiene tres hijos. Había sido supervisor de Cementación de Pozos de la compañía en Cutral Co, Neuquén, y por su participación sindical las empresas privadas le cerraron las puertas. Lo indemnizaron con 30 mil pesos equivalentes entonces a 30 mil dólares por la ley de convertibilidad, y con eso compró dos camiones viejos de rezago. Uno lo manejó él y otro un compañero, también despedido. Pero no les fue bien. Tenía 38 años.
“El que nace para trabajador, no nace para empresario”, dice Ángel Garro a Canal Abierto. La mayoría de los despedidos en la zona puso kiosco y almacén, y a la mayoría le fue mal. YPF tenía contratadas en Cutral Co a más de 4000 personas, y más de 3000 quedaron sin empleo.
El calvario comenzó en agosto de 1989, cuando el recién asumido presidente Carlos Menem impulsó la ley de Reforma del Estado, que declaró en emergencia económica a la administración pública e introdujo interventores en las sociedades del Estado, entre ellas YPF, que luego se transformó en sociedad anónima y en 1993 comenzó a operar en bolsa concretándose de esta manera su privatización.
Al primero de enero de 1991, YPF contaba con 36.935 trabajadores en planta permanente en todo el país. Al final del proceso en 1999 -cuando tomó el control la compañía española Repsol-, quedaban poco más de 4500. Había sido la primera petrolera 100% pública del mundo en tiempos de la Unión Soviética.
Al mismo tiempo que muchos trabajadores iniciaban juicios por la mala liquidación de sus indemnizaciones, en julio de 1997 el Gobierno argentino pergeñó la estafa de vender en la Bolsa de Nueva York acciones de la compañía que integraban el Programa de Propiedad Participada (PPP): una figura creada en la ley de Reforma del Estado, que distribuía entre los trabajadores hasta el 10% de las acciones.
“Comenzamos entonces a interponer medidas cautelares que lograron demorar lo que fue un fraude colosal”, dicen a este portal los abogados laboralistas Enrique García y Mónica Izzo.
Nafta para el fuego en las rutas
En el departamento de General San Martín, provincia de Salta, YPF tenía empleados a unos 4500 trabajadores, en su mayoría luego despedidos. En General Mosconi, una de las ciudades más importantes del departamento, un grupo de ellos junto a los vecinos cortaron la Ruta Nacional 34 en 1991 y lo volverían a hacer a lo largo de la década. Reclamaban trabajo.
La respuesta represiva del Estado fue creciendo tanto como la organización de los trabajadores. Sólo en Mosconi murieron cinco personas en cortes de ruta: Alejandro Gómez, Orlando Justiniano, Aníbal Verón, Carlos Santillán y Omar Barrios. En varios puntos del país, los despedidos comenzaron a amasar la organización de las UTD (Unión de Trabajadores Desocupados).
Ángel Garro recuerda su relación fraternal con José “Pepino” Fernández y Mario Rearte de Salta, y también con referentes de la lucha piquetera en otras provincias con los que diseñó junto a Héctor López y Miguel Montt la Coordinadora Nacional de Trabajadores de YPF y Gas del Estado. Una organización que hoy preside Hernán Gutiérrez (Mendoza) y el propio Garro como vicepresidente, y que vela por los intereses de los trabajadores ypefianos despedidos.
“La Coordinadora lo que buscó desde siempre es que los trabajadores podamos cobrar el 10% de las acciones de YPF por el Programa de Propiedad Participada a través de una medida extra judicial o a través de una ley”, dice Garro.
En auto o colectivo, los integrantes de la Coordinadora viajaron desde sus provincias a la Capital Federal a reunirse con diputados y senadores, funcionarios y operadores, una primera batalla que resultó victoriosa con la sanción de la ley 25.471 en octubre de 2001. Esa ley vino a esclarecer la situación general de irregularidad. A pesar del consenso alcanzado en el Congreso, el entonces presidente Fernando De la Rúa la vetó.
La segunda batalla fue librada durante la presidencia de Eduardo Duhalde. A través del senador Alfredo Bravo, la Coordinadora impulsó una nueva ley y logró su aprobación en octubre de 2002. El ministro Roberto Lavagna la reglamentó con un índice de actualización que para los trabajadores fue bajo: les ofreció bonos 2016 por 30.000 pesos cuando reclamaban 70.000 pesos. Cerca de la mitad de los 36.935 despedidos terminó cobrando esos montos.
A partir de la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, la Coordinadora siguió buscando mejorar la oferta, hasta que en mayo de 2015 la presidenta Cristina Fernández promulgó la ley 27.133 que especifica el régimen de PPP y mejora el índice de pago.
“La ley 27.133 es lo mejor que logramos, aunque el pago está lejos de los 100.000 pesos-dólares que por la ley de convertibilidad cobraron los compañeros que quedaron dentro de la compañía”, dice Ángel. Él, que todavía no cobró, cree que por antigüedad y puesto debiera acercarse a los 600.000 pesos, pero sabe que está lejos.
Los abogados Enrique García y Mónica Izzo precisan que sólo el 65% de los trabajadores incluidos en la ley 27.133 de 2015 pudo cobrar, algo así como 11.700 personas. Por otro lado, alrededor de 18.000 trabajadores que cobraron a partir de las leyes anteriores desconoce que son acreedores de la diferencia a favor suya. El año pasado, el Ministerio de Economía publicó una resolución que busca ordenar esa situación. Enrique García y la Coordinadora aclaran los pasos:
Dirigirse al Banco Nación con turno previo, llevar DNI y CUIL y confirmar en ventanilla que quieren adherirse a la Ley 27.133. Para ello deberán presentar el formulario 06, que deben completar previamente, y asimismo contactarse con los apoderados legales que llevaron adelante sus trámites judiciales.
Ángel Garro asegura que por mes están saliendo entre 100 y 150 pagos. Además, brinda públicamente su número telefónico para cualquier persona que quiera consultarlo: (299) 5088229.
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Foto principal: Diario Río Negro
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Yasky aseguró que son nulas las posibilidades de unificación entre CTA y CGT: “Del otro lado nos traban la puerta”
El diputado nacional de extracción sindical remarcó que hace falta “una voluntad convincente” para lograr la unidad.
El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, le bajó el pulgar a una posible unificación entre la organización que él comanda y la Confederación General del Trabajo (CGT) que conducen Héctor Daer y Carlos Acuña, y aseguró que para que eso suceda es necesaria “una voluntad convincente”.
“Hay pocas posibilidades de que haya unidad entre la CGT y la CTA, casi nulas. Una parte de la CGT, ni bien se enteró que la CTA proponía unificación, no quisieron”, disparó el también diputado nacional y ahora precandiato para renovar su banca.
En la misma línea, agregó que desde la CTA “estamos convencidos de que es necesaria la unificación, pero no sirve que del otro nos traben la puerta”.
En referencia a las elecciones primarias que se aproximan en apenas algunas semanas, el funcionario subrayó la necesidad de “dialogar con el pueblo para renovar las esperanzas en el Frente de Todos” y pronosticó que “la mayoría del pueblo nos va a acompañar”.
“Esta elección de medio término es un rendir un examen en una situación muy difícil de nuestro pueblo, con un gran papel del gobernador de la provincia que está empezando a revertir”, precisó en diálogo con AM 530.
Por otra parte, Yasky pidió dar cuenta de la capacidad necesaria, a través de los diputados y diputadas, para continuar llevando adelante el proceso iniciado en 2019.
“Tenemos que hacernos cargos de los errores que cometemos, pero no podemos aceptar que la realidad que nos proponen las corporaciones se lleve adelante. Cada sesión que hicimos en el Congreso, nuestro bloque trató de inundar el espacio con ideas, no con chicanas o agresiones”, finalizó.
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Crece el debate sobre la reducción de la jornada laboral
El titular de la Asociación Bancaria (AB) y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, reavivó el debate sobre la reducción de la jornada laboral para recuperar empleos en la pospandemia, y respaldó la propuesta de los legisladores oficialistas Hugo Yasky y Claudia Ormaechea.
“La reducción de la jornada laboral tiene antecedentes históricos, regionales y mundiales. Si se analiza desde el punto de vista del crecimiento de la productividad como consecuencia del impacto del avance tecnológico, ello ocurrió manteniendo o perdiendo salario en el Gobierno de Mauricio Macri”, afirmó Palazzo.
Palazzo recordó que la productividad se triplicó con igual salario constante al ritmo del proceso inflacionario y la misma cantidad de personal, por lo que “su exceso fue a un solo lugar con capacidad de renta: a las empresas”. “Sería oportuno que los empresarios ganasen un poco menos y generen a partir de la reducción horaria un camino para la recuperación del empleo”, afirmó el dirigente, quien se opuso a las concepciones del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, al señalar que en ningún país se produjo “una rebaja salarial al reducir las horas de labor sino que, por el contrario, hubo una mejora de la productividad”.
Para Palazzo, los empresarios ya tienen cubierto el aspecto económico, porque durante el Gobierno de Macri “se perdió el 24,4% del salario de los trabajadores, por lo que generaron una acumulación de ganancia no propia”, y desafió a Funes De Rioja a reintegrar ese 24% o a otorgar el beneficio de reducción de la jornada laboral.
“Afirmar ahora que es necesario disminuir los salarios es decirle a los trabajadores que paguen entre ellos los puestos de empleo que se generan en lugar de hacerlo los empresarios a partir de la tasa de rentabilidad que produjeron”, enfatizó el dirigente.
La iniciativa de reducir la jornada laboral tuvo apoyos dispares dentro del gobierno. La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social Fernanda Raverta abogó por dar un debate en el Congreso Nacional y recordó que “el objetivo” del Gobierno nacional “es generar más y mejores trabajo”, mientras que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, fue uno de los que planteó dudas.
“La reducción de la jornada laboral -dijo Raverta- se instaló como una de las grandes discusiones de la campaña electoral y apoyo la posibilidad de dar el debate dentro del Congreso de la Nación. Hay que construir una síntesis necesaria para instrumentar legislativamente las definiciones normativas”. Para Raverta, se necesita “un Poder legislativo que tenga muchas voces para que el círculo virtuoso de la economía nos permita que asalariados y jubilados puedan estar siempre con un poco más capacidad de compra”.
Kulfas recordó la semana pasada: “En muchos de los países donde se ha implementado, lo que había era una reducción de la jornada laboral junto con una reducción proporcional del salario”, a la vez que consideró que una medida de tal índole en la Argentina es “impensable” al no tener “salarios altos” para que “todos trabajen menos” y evitar, así, problemas de desempleo.
“Sobre todo entre 2018 y 2019 hubo una reducción tremenda del salario, con lo cual, esto que algunos plantean como posible, es impensable”, evaluó Kulfas, quién estimó que, si no se modifica el salario, una reducción “de 8 a 6 horas, equivale a aumentar el salario horario un 33%”. “Seguramente muchas empresas pueden absorber ese costo pero seguramente muchas pymes no”, sentenció, y remarcó que en un “escenario inflacionario” existe riesgo de que si se “hace de golpe, se traslade ese mayor costo laboral a los precios”, diluyendo así el efecto.
La diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos es una de las que apoya la iniciativa que es “un instrumento capaz de apalancar la generación de empleo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias”.
Según Vallejos, el cambio permitiría “una mayor justicia distributiva y la ampliación de los mercados de consumo en términos macroeconómicos, a partir del aumento de la participación de la masa salarial”.
“Algunos la pasan mal porque trabajan y no les queda tiempo para vivir y otros la pasan mal porque no tienen trabajo y no pueden vivir al no tener ingresos. Eso hay que discutirlo seriamente y hay que corregirlo”, sostuvo.
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Paro y movilización de estatales de la Ciudad de Buenos Aires
Trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires realizarán este miércoles un paro y se movilizarán a la sede de la jefatura del gobierno exigiendo e pase a planta de quienes están contratados de forma precaria.
Trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires realizarán este miércoles un paro y se movilizarán a la sede de la jefatura del gobierno exigiendo e pase a planta de quienes están contratados de forma precaria.
Un tercio de los trabajadores o trabajadoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra contratado de forma precaria alcanzando casi 23 mil “viven la angustia de no tener los mismos derechos, de saber que su futuro es incierto”, señalan desde ATE Capital
Agustina Panissa, secretaria general Adjunta de ATE Capital señaló que: “Hay una Ciudad que precariza a les trabajadores y es la Ciudad que gobierna Rodríguez Larreta. Durante toda la pandemia los trabajadores sostuvimos las políticas públicas en una situación de mucha precariedad, por eso vamos a salir a la calle para exigir el reconocimiento los derechos laborales para una cantidad inmensa de trabajadores y trabajadoras que están contratados de manera precaria, con relaciones laborales no reconocidas”.
Además, la representante de trabajadores y trabajadoras del Estado subrayó que “Muchos no cobran aguinaldo, la mayoría no llega fin de mes, muchos de ellos y ellas cobran salarios de miseria. Estamos al límite, no puede haber trabajadores que no tengan sus derechos garantizados y que sea el propio Estado el que incumpla con ellos, es inaceptable”.
Por ello exige “que se efectivice el pase a planta permanente de esos trabajadores y trabajadoras que en muchos casos vienen 8 u 9 años en una situación de monotributo y es inaceptable”.
La movilización que se realizará a la jefatura de gobierno porteño para pedir el pase a planta permanente de los y las trabajadoras precarizadas, el reconocimiento de Enfermería a Carrera Profesional de Salud, demandando salarios por encima de la Inflación y la Canasta Básica comenzará concentrándose a las 11 de la mañana en Caseros y Jujuy
“Es hora de que Larreta nos escuche y respete la Ley”, finaliza el comunicado
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“Mochila Argentina”: el sindicalismo se opone al “seguro para indemnizaciones de trabajo” que proponen industriales
Por Redacción EDA -25 de agosto de 2021
Desde el sector empresarial buscan modificar el actual régimen indemnizatorio por despido para lo cual elaboraron un proyecto de ley llamado “Mochila Argentina” que presentaron ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, una especie de reforma laboral «encubierta» que hoy analizan empresarios, sindicatos, Gobierno y abogados laboralistas.
La respuesta sindical respecto al proyecto no se hizo esperar, tanto desde la CGT como desde la CTA se mostraron en contra de su aplicación. “Es negativo, porque el derecho a la indemnización es disuasorio para que el empleador no pueda deshacerse de los trabajadores tan fácilmente”, destacaron desde Azopardo, aunque reconocieron que “hay que revisar de qué manera los empresarios pueden invertir mejor» afirmaron que «no hay que empezar por apretar los derechos del trabajador porque allí si van a encontrar a la central obrera en contra”.
La CTA de Hugo Yasky, por su parte también rechazó “de plano” el proyecto y aseguró que “el problema del empleo no es el régimen laboral” sino que “las empresas no acceden al crédito y tienen competencia desleal o caída de la demanda interna”, por lo que consideró que “todos los intentos de flexibilizar nunca terminaron con más empleo”.
El proyecto, que se denomina ‘Mochila Argentina’ y que se inspira en el régimen vigente en Austria, consistente en un Seguro de Garantía de Indemnización administrado por el ANSES, Superintendencia de Seguros, y una entidad de control a designar, financiado con aportes de los empleadores calculados sobre la masa de salarios que abonan.
Las ideas ya llegaron al despacho del Ministerio de Trabajo, y cuentan con el visto bueno de altos funcionarios del Gobierno. Consiste en un seguro de garantía de indemnización, es decir, un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa en un sólo pago y el Estado pagaría esa indemnización de manera mensual, mediante el pago del salario que tenía hasta que consiga un nuevo empleo, durante la cantidad de meses que hubiera tenido antigüedad en la compañía. El pago que realizaría el Estado estaría financiado por las mismas empresas, que todos los meses pagarían un seguro.
En síntesis, la diferencia principal con el sistema actual es que la indemnización se cobrará mes a mes hasta agotar los meses de antigüedad, pero desde un seguro que pagarán las empresas sobre su nómina salarial.
El proyecto «alude a la mochila austríaca», el modelo de referencia, a su vez tomado de un modelo noruego que tiene muchos años llamado flexiseguridad, que todos los gobiernos de derecha y neoliberales europeos intentan promover, y que fracasan porque la realidad de noruega es incluso alejada de otros estados europeos, imaginemos lo lejos que está de la realidad argentina: a niveles salariales, de empleo, impositivos», reniegan los abogados laboralistas.
Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, e integrante de la UIA Joven, es el empresario del cual surgió la idea y afirma que «los empleados también percibirán beneficios con ésta modalidad. Muchas veces (las empresas) por no tener liquidez, negocian quitas para despedir con menores costos (para preservar la empresa), o incluso despiden «con causa» para intentar «postergar el momento de pago de la indemnización», agregó. También destacó los casos de las empresas que se presentan en concurso de acreedores o quiebran y dejan a los empleados sin cobertura ante el despido o con juicios donde deben soportar años litigando por sus derechos. Desaparece la distinción entre despido «con y sin causa», como también si fue la empresa que lo despide o la persona que prefirió renunciar pues en ambos casos el empleado tiene y mantiene sus derechos. «No es un fondo de desempleo, es un seguro», aclara.
En el Gobierno creen que, en caso de avanzar, lo harían para nuevos contratos y para el segmento pyme. Desde ese sector hay consenso generalizado de que «a las pymes nos ayudaría mucho, y tal como está planteado, no le quita ningún derecho al trabajador», afirmaron. Sin embargo, aseguraron que no hay que confundir estas ideas con «reformas laborales como las que propone el PRO» e hicieron hincapié en que primero deberían resolverse las «urgencias», como el poder adquisitivo de los trabajadores o el acceso al financiamiento. «Esta cuestión estructural es importante, pero hoy debería estar en otro número de la agenda», concluyó.
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Municipales jujeños de «Perro» Santillán marcharon para exigir la libertad de un delegado gremial detenido
Municipales jujeños movilizaron hoy por calles del centro de San Salvador de Jujuy en el marco de un paro por 24 horas para exigir “la inmediata libertad” de un delegado gremial «detenido injustamente” el viernes pasado, y reafirmaron la continuidad del plan de lucha provincial por mejoras salariales y laborales.
Actualización: El detenido fue liberado tras la manifestación, a las 15: 00 horas.
La protesta fue encabezada por el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), Carlos Santillán, quien manifestó frente a la Casa de Gobierno que rechazaron la convocatoria a paritarias prevista para hoy a raíz de la detención del delegado Sergio Herrera.
“Nos citaron para las 10 pero cómo piensa (el gobernador Gerardo) Morales que nosotros los municipales vamos a ir a sentarnos con ellos sabiendo que está preso un compañero que lucha por mejores salarios”, expresó el «Perro» Santillán ante los afiliados.
Y agregó: «Después que larguen al compañero vamos a exigirles que vean cómo vive un municipal, la casa que tiene un municipal, que vean si puede vivir con un salario esclavo de 15 mil pesos”.
Por otro lado, a través de un comunicado difundido hoy, el Seom denunció que Herrera “estuvo más de doce horas desaparecido, tras ser capturado en horas de la noche, encapuchado en la vía pública, sin orden de detención judicial, como en la época de la dictadura militar”.
«Era uno de los compañeros que habían sido acusados por el Gobierno provincial a través de una campaña mediática exagerada y difamatoria, por los sucesos ocurridos en la entrada de Casa de Gobierno de Jujuy el día miércoles 18 de agosto”, indicaron.
Y en ese sentido, el dirigente agregó: «Un forcejeo menor con las fuerzas de seguridad fue la excusa para que el Gobierno de Gerardo Morales comenzara una campaña de criminalización sobre nuestro sindicato, acusándonos ridículamente de querer tomar por asalto la Casa de Gobierno y sin haber mostrado pruebas de heridos o daños iniciaron una cacería (persecución, vigilancia y hostigamiento) sobre algunos de los dirigentes que habían participado de la protesta”.
Ese día, el sindicalista «pretendía entregar un petitorio sobre las paritarias salariales», dice el comunicado.
Respecto al reclamo salarial, el Seom exige un aumento salarial equivalente a la inflación, que los más de cinco mil trabajadores y trabajadoras municipales que cobran entre 12 mil y 17 mil pesos mensuales cobren el Salario Mínimo Vital y Móvil y que existan paritarias sin imposiciones.
“Ratificamos el plan de lucha para que larguen al compañero detenido injustamente y para conseguir una paritaria digna”, enfatizó Santillán.
«El salario de un trabajador municipal jujeño es uno de los más bajos en la Argentina, queremos discutir la agenda de los trabadores, entre ellos el pase a planta permanente”, apuntó el secretario adjunto del Seom, Sebastián López.
Envio:RL
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