26 de agosto de 2021

TROPEL 2 del 26.08.2021.

 Envio:RL

La soberanía por el suelo: sorpresivo 

cambio en la mal llamada Hidrovía 

permitirá extender la concesión 

privada

Por Mariano Galíndez, Resumen Latinoamericano, Rosario 13, 25 de agosto de 2021.

El cambio empieza a tomar forma a días del vencimiento. Como anticipo saldrá el miércoles un decreto creando órgano de control

La hidrovía es la principal salida de las exportaciones agroindustriales del país

Casi que ya no sorprende, pero no deja de llamar la atención lo que ocurrió en las últimas 24 horas con la hidrovía. Porque si hay un tema en el que el gobierno nacional fue y vino varias veces es el de la hidrovía. Y no se trata de cualquier tema: es la principal obra de infraestructura logística del país por la que sale el grueso de la exportación.

¿Qué ocurrió ahora? El gobierno nacional quiere extender por tres meses más la concesión privada de la hidrovía, según confirmaron  altas fuentes del gobierno nacional. La alternativa de ir por una segunda prórroga por 90 días se conoce a 16 días del vencimiento de la ahora primera prórroga del contrato con la UTE entre Jan de Nul y Emepa y horas después de que la Administración General de Puertos (AGP) iniciara una ronda de presentación ante el sector privado de los cambios que iban a tomar forma el 11 de septiembre. Como anticipo a la prórroga, mañana miércoles se publicará un decreto presidencial que dispone la constitución del tan demandado órgano de control de la concesión.

Hidrovía: funcionarios de la AGP están de gira por la región para adelantar los cambios que se vienen

Road Show

En los últimos días, y ante la inminencia del cambio, la AGP arrancó una ronda de reuniones con empresarios y funcionarios de la región para presentar las novedades en la administración de la hidrovía. Fue así que sus autoridades mantuvieron el viernes un encuentro con Consejo Portuario y el lunes llegaron a Rosario para reunirse con las autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Durante las reuniones, los funcionarios explicaron cómo tenían previsto el traspaso de la concesión -que ahora está en manos privadas- a la AGP. La fecha de vencimiento de la concesión privada es el 11 de septiembre. También comentaron que en los próximos días se iba a firmar el contrato de concesión de la administración del sistema troncal de navegación entre el Ministerio de Transporte de la Nación y la AGP.

Y por lo ajustado de los tiempos, como no se llega para el 11 a tener licitados a los dragadores y balizadores privados que harían las tareas, la AGP contó que iba afirmar antes contratos directos con una empresa dragadora (Jan de Nul) y otras balizadoras (que prestan servicios en el puerto de Buenos Aires) para que realicen esas tareas provisoriamente hasta tener lista la licitación de un operador que trabaje hasta el final de la concesión a AGP, que sería en septiembre del año que viene. En principio, las contrataciones directas serían hasta fin de año y desde allí iniciaría la licitación hasta septiembre del 2022.

Cambios en Hidrovía: a partir de ahora podrá haber dos empresas operando en el río

No obstante, anoche a última hora las autoridades de AGP recibieron llamados desde el Ministerio de Transporte de la Nación avisando que podría haber cambios de planes. Y esta noche, Rosario3 pudo confirmar que el presidente Alberto Fernández tiene previsto una segunda extensión por otros tres meses del contrato de concesión vigente a la empresa privada Hidrovía SA (Jan de Nul y Emepa). Y como una suerte de anticipo, el miércoles publicará un decreto con la creación del órgano de control.

Contratación directa bajo la mira

¿La razón? Según dejan trascender, hay objeciones hacia adentro del gobierno con la contratación directa previa a la licitación que prepara AGP. Pero no se explicaron las razones de esas observaciones. Es más, no se precisó si la objeción a la contratación directa es estrictamente jurídica/técnica o viene por el lado político-empresarial.

Y no se trata de un tema menor. Si se rechazan las contrataciones directas, el 11 de septiembre no hay quien acondicione el sistema troncal de navegación y se pondría en riesgo todas las exportaciones. Y por eso no quedaría otra que extender el contrato vigente a Hidrovía SA hasta que haya una licitación por los 12 meses de concesión a la AGP.

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Perotambién es cierto que como hay muchos intereses en pugna en torno a la hidrovía (desde dragadores globales interesados por el contrato) como temas por acomodar (la salida de los actuales concesionarios) nadie se anima a descartar que la decisión de postergar el pase al Estado tengan otros motivos. Y como si fuera poco, está el folclore político que los sectores más duros del kircherismo montaron sobre la hidrovía con la «soberanía» como bandera aglutinadora. 

Como se ve claramente, el cambio excede la competencia de la AGP. Es más, en realidad, no obedece a una crítica a la estrategia de la AGP sino a definiciones e intereses internos en la cúpula del frente gobernante que todavía no emergieron y que se posaron sobre un tema como se podrían haber posado sobre cualquier otro para querer activar los cambios.

Cambio de libreto

Con ese panorama, las autoridades de la AGP que este martes seguían de recorrida de Rosario empezaron a abrir el paraguas comentando a los interlocutores que no todo lo informado el día anterior hoy no estaba tan firme. Así se lo comentaron a los empresarios de la agroindustria con los que se juntaron por la mañana en el puerto de Dreyfus en Timbúes y a la ministra de Infraestructura de la Provincia, Silvina Frana, quien los recibió en Rosario. El gobernador Omar Perotti, quien también los iba a recibir, al final asistió al coloquio de IDEA.

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Durante todo el día siempre se aclaró desde AGP y también desde el Ministerio de Transporte de la Nación que recibió muchas consultas empresarias, que el cambio está todavía en análisis. La última versión es que el miércoles se publica el decreto con la creación del órgano de control, pero todavía no el de la extensión. Y es que el lobby es cruzado. Y tallan fuerzas en distintos sentidos provocando, como ocurre con la hidrovía, que lo único seguro sea la incertidumbre.

La nueva extensión de la concesión, de finalmente concretarse, deja en off side al propio presidente Alberto Fernández. Pero eso no sería novedad. Ya había dicho que no iba a extender el contrato de concesión que vencía en mayo. No obstante, la tuvo que extender por  90 días cuando se venció. En aquel momento se esgrimieron razones burocráticas y técnicas (y como siempre culpar a la pandemia es un argumento a mano).  

Por lo pronto, a la que más le conviene la nueva prórroga es a Hidrovía SA (formada por Jan de Nul y Emepa) que sigue cobrando una de las tarifas por el servicio de las más caras del mundo por dragado y balizamiento ya habiendo amortizado todas las inversiones.

Y, por el contrario, todas estas idas y vueltas de la Casa Rosada lo único que generan en el sector empresario (puertos, exportadores, navieras) es preocupación por el futuro de la hidrovía. Es que si bien a ninguno le disgusta que el actual concesionario siga tres meses más, porque el servicio es muy bueno, y de esa forma haya tiempo para licitar en firme por un año, lo que preocupa es la incertidumbre permanente y la sensación de que muchas cosas se definen de manera provisoria. No en vano una de las pocas certezas que tenía la gestión de Alberto Fernández al asumir era que en mayo del 2021 se vencía la concesión. Y se llegó a esa fecha sin un rumbo claro y por eso tuvo que extenderse la concesión. Y ahora todo indica que se va camino a una segunda prórroga. 

Finamente, y como anticipo a los cambios, el miércoles se publicará un decreto con la constitución del tan demandado órgano de control de la concesión.

ASI LO REFLEJA EL BOLETÍN OFICIAL

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248560/20210825





Policías de Ensenada torturan e 

intentan imputar falsamente a una 

familia


Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021.

Durante una persecución en la madrugada del 3 de agosto, policías del Comando de Patrulla de Ensenada se metieron en la propiedad de Tupac Rodríguez mientras disparaban contra un supuesto ladrón. En la casa ubicada en una zona rural, confundieron al dueño con el perseguido: Tupac fue golpeado, reducido en el piso y encañonado con un arma. Cuando la familia del joven quiso interceder, la madre, el hermano y la prima fueron también golpeados. 

Los policías nunca respondieron a los cuestionamientos ni se identificaron; cuando se fueron del predio, un patrullero chocó uno de los autos de la familia. En la comisaría 2ª de Punta Lara, intentaron impedir que realicen la denuncia para encubrir a los compañeros de fuerza, falsificaron actas y fraguaron la causa. La CPM, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, acompaña a la familia y presentó denuncias ante la fiscalía y la Auditoría General de Asuntos Internos.

“Que te pegue alguien que tiene que estar para protegerte, que te pegue sin motivo alguno, sin que se identifiquen, genera mucha angustia e impotencia. Pero lo que más impotencia genera es el intento de encubrir todo, querer tapar al policía que me pegó, no dejar que hagamos la denuncia”, resume Fermín, una de las víctimas del violento operativo policial que ocurrió en la propiedad de su hermano Tupac, en la madrugada del pasado 3 de agosto.

Ese día, alrededor de las 4 de la madrugada, durante una persecución, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ingresaron al terreno donde vive Tupac Rodríguez; en ese momento, estaban en su casa, la esposa embarazada y su hija de tres años. Al escuchar ruidos de disparos, la mujer se asustó y llamó a su suegra Nora y a Tupac, que estaba trabajando en el CEAMSE.

Poco después, mientras la policía seguía buscando en el amplio terreno, llegó en auto Nora con su hija; la joven fue a la casa a acompañar a su cuñada, mientras que ella salió en dirección hacia donde estaban los policías para pedirle que no disparen porque había gente en la casa.

En ese momento también llega Tupac a la finca, se encuentra con el supuesto autor del robo y lo retiene; luego llega un patrullero y los policías, lejos de protegerlo, lo reducen a él también en el suelo, le hacen poner las manos en la cabeza mientras un policía le pisa la espalda y lo apunta con una escopeta en la cabeza. Pese a las explicaciones de Tupac, los policías querían inculparlo del robo y obligarlo a declarar que “iba con gorrita”, ya que esa era la descripción que dieron las víctimas del hecho.

Nora relató que, cuando iban corriendo hacia donde estaba su hijo, sintió un disparo –efectuado por los policías– que no tenía ningún justificativo, puesto que no estaba en peligro la vida de estos: “Nosotros éramos 6 personas, ellos eran más de 30 efectivos”.

Cuando Nora llegó con el resto de los agentes policiales y vio que su hijo estaba en el suelo, intentó levantarlo y el efectivo que lo tenía reducido la empujó, después le pego a Tupac con la Ithaca para que permanezca en el suelo.

“Eso me enfureció y empujé al policía. Le pido que me suelte y que no me toque y me dice ‘¿quién sos vos para que no te toquemos?’. Yo le pedía por favor que lo levanten del piso. Les pedimos que identifiquen quién le había pegado a mi hijo porque queríamos hacer la denuncia y empezaron a cubrirse entre todos”, describe Nora en la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Para ese entonces, también habían llegado al domicilio de Tupac su hermano, Fermín, y su prima María que vive en otra casa del predio; los dos intentan dialogar con los policías y les piden que suelten a Tupac y Nora, pero les responden con golpes y amenazas: a Fermín que es docente, un oficial que portaba arma larga lo pecha primero y después le pega un cachetazo; a María, le pegan en la mano un culatazo con un arma y además la tironean de los pelos.

Cuando los policías reconocieron el error y dejaron ir a Tupac, la familia pidió que se identifiquen los agentes para hacer la denuncia, pero los supuestos implicados se subieron a un patrullero y se fueron del lugar; en la maniobra para salir, chocaron el vehículo en el que había llegado María.

Tras el operativo, la familia se dirigió a la comisaría 2ª de Punta Lara para realizar la denuncia penal. En la dependencia, estaban los dos jóvenes que habían sido víctimas del robo y dieron aviso a la policía. Los dos reconocieron que habían sido asaltados por una sola persona y también observaron que, en el acta policial, habían cambiado parte de sus declaraciones.

Las declaraciones de Tupac y Fermín también fueron falseadas, pero firmaron igual. Fueron declaraciones que se dieron bajo amenazas: a Fermín, que estuvo declarando por una hora, le advirtieron que “se vienen cosas complicadas si querés denunciar a la policía”. Al mismo tiempo, delante de la familia, los policías que circulaban por la dependencia se comentaban entre ellos: “fijate lo que tenés que decir, porque tenemos que decir todos lo mismo”.

Por su parte, María pidió que trajeran los patrulleros para identificar cuál había chocado su auto; el agente que la atendió le respondió que eso se solucionaba y comenzó a rayar uno de los patrulleros para hacer pasar ese móvil como el que había chocado el auto.

Mientras la familia pedía que le recibieran la denuncia por los hechos de violencia policial, el subcomisario se excusaba diciendo que habían intervenido efectivos del Comando de Patrullas y no de la seccional. Recién después insistir largamente, los funcionarios dieron curso a la denuncia y la remitieron a la fiscalía.

“Las policías son un actor de la comunidad y los ciudadanos tenemos derecho a cuestionar un procedimiento, no puede ser que ante nuestro reclamo la única respuesta que tengan sean golpes y amenazas. No podemos naturalizar más estas cuestiones y hay que denunciar estos hechos, y quiero agradecer el acompañamiento de la Comisión, muy importante no sólo con la denuncia sino en la contención emocional”, destaca Nora González, quien se desempeña como Directora de Acción Social del municipio de Ensenada, en diálogo con ANDAR.

Tras tomar conocimiento de los hechos, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM presentó la denuncia penal ante la UFIJ N° 8 de La Plata, donde tramita también la denuncia realizada por la familia. La CPM también hizo la presentación ante la Auditoría General de Asuntos Internos para que se inicie una investigación administrativa por los hechos denunciados.

“Nunca estuve en un hecho policial, nunca en mi vida me imaginé que me iba a pegar la policía, yo nunca reaccioné, ni insulté, y me pegaron igual. Nos tocó a nosotros, pero la impunidad policial es algo que viene ocurriendo”, dice Fermín. Y agrega: “Es importante visibilizar y asumir el compromiso social de trabajar para transformar estas prácticas, no quiero callarme y sentirme cómplice si un día pasa otro hecho así en mi barrio. Sólo deseo que esta situación de terror no le ocurra a nadie más, que los responsables de conducir a las fuerzas policiales asuman su parte”.

A 20 días del hecho, la familia todavía no fue llamada a declarar ni desde la fiscalía ni desde la auditoría del Ministerio de Seguridad bonaerense. Aún padecen las consecuencias psicológicas por la violenta situación vivida y la falta de respuesta estatal.



Expectativa por el foro de la derecha 

verde en Bariloche



Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021

Invitados fuertes de la corporación de los estudios jurídicos. Alianza entre oficialismo rionegrino y macrismo. Panfletos racistas en Viedma.

El primer foro de Consenso Bariloche, nuevo espacio de articulación de política con eje en la propiedad de la tierra y sus conflictos, reavivó debates sin saldar en la región antes que comience este miércoles en un hotel céntrico de la ciudad andina. El anuncio del programa con candidatos a las próximas elecciones y las principales figuras del oficialismo en el gobierno de Río Negro sugieren la confluencia de diferentes intereses en el evento.

A la vez, en el otro extremo de la provincia, aparecieron panfletos anónimos racistas y de apología del nazismo frente a la sede del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), órgano de aplicación de la ley indígena local, en Viedma. La Coordinadora del Parlamento Mapuche lo denunció ante la justicia federal y pidió se adjunte la denuncia de marzo cuando el senador Alberto Weretilnek atribuyó los incendios de la comarca andina al conflicto territorial, al punto que identificó vehículos de los supuestos incendiarios.

Ese es el clima previo. Los convocantes al foro argumentaron su interés en el proyecto del oficialismo rionegrino de crear un parque central, iniciativa que supone confrontar con siete comunidades mapuche-tehuelche asentadas en las tierras involucradas, tal como lo reconocen en un documento público. Ese habría sido el interés inmediato para convocar a asistir al foro a Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien declinó la invitación. La funcionaria fue cuestionada por la gobernadora Arabela Carreras primero por su intervención en el conflicto de Villa Mascardi (Parque Nacional Nahuel Huapi); después por el intendente de Bariloche Gustavo Genusso por reconocer el territorio tradicional de una comunidad en la causa judicial iniciada por un privado. De reimpulsarse el proyecto del parque central el organismo nacional necesariamente deberá confirmar las ocupaciones de las comunidades, algunas con históricas resistencias físicas a la violencia y desalojo por parte del Ejército Nacional, que ocupa buena parte de esas tierras.

Los territorios de las comunidades Millalonco-Ranquehue, Tambo Báez, Huala Hue, José Celestino Quijada, Tripay Antú y Carriqueo limitan y condicionan las pretensiones de uso de urbanizaciones de sectores de alto poder adquisitivo, especialmente de los barrios Pájaro Azul, Nahuel Malal, Casa de Piedra, San Ignacio del Cerro y Villa Catedral, cuyas juntas vecinales están en la mesa creadora del Consenso Bariloche. También la integra el club de rugby Pehuenes, que usa en comodato tierras municipales en esa misma zona. Los usos exclusivos  y apropiación de costa motivan a los clubes náuticos Lago Moreno y Bariloche a sumarse al foro. Quienes se acostumbraron a usar los territorios comunitarios como tierra de nadie son los motoqueros, enduristas y prestadores de servicios turísticos, cuyos intereses están expresados por la Asociación Motos Bariloch, AADIDES (Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard), Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche; Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Productos de Bariloche, Cámara de Turismo de Bariloche.

Sociedad Rural de Bariloche tiene entre sus dirigentes y socios, actuales y pasados, muchos apropiadores de campos con y sin conflicto. Más complejo es entender la participación en esta mesa de la ONG ambientalista Árbol de Pié, con un larga trayectoria en defensa del libre acceso al lago Escondido, por las costas libres, contra la megaminería y la forestación con especies exóticas.

Mucha prensa hubo por parte del foro, con notas en el diario La Nación, el constitucionalista Daniel Sabsay hablando en medios locales y las radios de la región con mucha pauta paga.

FUENTE: Tramas- Periodismo en Movimiento



La pandemia femicida y la perspectiva 

de sobrevivientes: entrevista a 

Virginia Créimer

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi, Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021.

¿Qué nos dice la mirada forense sobre la sociedad actual? Virginia Créimer es una de las mayores expertas de una cuestión en la cual el Estado suele vulnerar a las familias. Considera que el poder judicial y las fuerzas de seguridad «han hecho un desastre con la subjetividad de las personas», y que «la estructura patriarcal de les investigadores criminales conspira contra la comprensión de la temática de forma integrada». Por eso mismo se prepara actualmente para realizar un nuevo peritaje sobre el cuerpo de Lucía Pérez. Habla sobre las amenazas que recibió y recibe, el Estado cuando funciona como obstáculo, y la nueva noticia que la tiene al frente de un área especializada en la provincia de Buenos Aires. Lo que nos dicen los cuerpos sobre el presente.

Los antecedentes de la magíster Emma Virginia Créimer son tantos que ocuparían el largo de esta nota. En resumen, abarcan distintas especialidades de la educación, la medicina legal, la bioética, la psicología jurídica y las ciencias forenses: todo con perspectiva de derechos humanos, delitos contra las infancias y contra las mujeres.

Otras formaciones no académicas revelan también su crianza en un matriarcado compuesto por dos grandes mujeres: su abuela Matilde Kirilovsky de Créimer, primera abogada mujer de la Universidad Nacional de La Plata y candidata al premio Nobel de Literatura; y su madre Diana Créimer, primera mujer a cargo de la Subsecretaría del Patronato del Menor en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, perseguida en la época de la dictadura.

Se puede decir que Emma Virginia recogió aquellos guantes. Y que además de su recorrido académico, su larga experiencia laboral en el Estado la llevó a crear un espacio de formación de investigación criminal y ciencias forenses, con una perspectiva que hace pie en las víctimas y autocrítica desde el Estado. “La Consultora Pericial de Ciencias Forenses se inició cuando decidí irme de ese Estado revulnerante”, revela. “Primero empezamos a hacer los cursos de capacitación con la convicción de que hacía falta un nuevo paradigma de profesionales que se dedicaran a las ciencias forenses y la investigación criminal. De esa manera se formaron grandes grupos de gente maravillosa que mostraba su sensibilidad, su interés y su compromiso con les otres. La consultora crecía mes a mes, curso a curso y cada vez más gente se acercaba en busca de ayuda. Entonces decidí conformar una pasantía en investigación criminal y ciencias forenses, donde se formara no solo desde lo teórico sino desde lo práctico a estudiantes de los últimos anos de todas las carreras y profesionales que, ya recibides, aún no se encontraban sesgades por la hegemonía del sistema”.

Numerosas instituciones apoyaron a uno de los pocos espacios de capacitación integral, teórico práctico, interdisciplinario y atravesado por la perspectiva de género y de derechos humanos del país. Hoy la consultora tiene más de treinta personas que, según sus competencias, analizan causas, realizan entrevistas a sujetes vulnerades, van a los lugares de los hechos y a las reconstrucciones, participan de autopsias, juicios orales, rotaciones por instituciones como la Comisión Provincial por la Memoria, diseñan cursos, congresos y producciones científicas.

¿Cómo es el trabajo desde que convocan al equipo, hasta que termina?

Cuando las personas llegan a la Consultora Pericial de Ciencias Forenses se les solicita que por mail nos envíen un relato de todo lo ocurrido. Eso les permite ordenarse y nos permite seleccionar dentro del equipo, quiénes van a ser las personas que van a intervenir en el caso. A veces es más importante que predomine el equipo psicológico, el médico, el de museo y ciencias naturales, el jurídico o el criminalístico. Pero siempre las entrevistas son interdisciplinarias. En ese momento se pone en marcha un acompañamiento terapéutico de les sujetes vulnerades.

Una vez seleccionado el equipo se realiza una primera entrevista. Se realiza una escucha atenta y empática de la situación. Luego se le hace una devolución preliminar a la persona de lo que observamos y cuáles son los caminos a seguir. A esa instancia le sucede un ateneo con todo el equipo para realizar una tormenta de ideas, se protocolizan los pasos a seguir y se realiza una segunda entrevista. A partir de allí se solicita una copia completa de todo lo instruido en ese momento y se asigna su estudio minucioso a uno de los equipos y se ponen en marchas las medidas correspondientes. El problema:

El poder judicial y las fuerzas de seguridad en general ya han hecho un desastre con la subjetividad de las personas, han arrasado con ellas para el momento en el cual nos contactan. Más allá de eso, existe muchísima desidia y falta de compromiso en las investigaciones en general y, en algunas en particular, un juego de encubrimiento y corrupción que resulta muy difícil de atravesar…

… se dedican a rechazar las medidas sugeridas para llegar a buen puerto, obstaculizan nuestra participación e incluso violan la ley descaradamente para que no podamos realizar una investigación completa, metódica, sistemática y contextualizada.

¿Qué patrones se pueden identificar en esos cuerpos vulnerados? ¿Hay marcas que pueden decirse son típicas de femicidios y hablan, más allá de cada caso, de cómo actúa la máquina femicida?

Existen lesiones propias de la mano femicida que deben ser analizadas de manera inmediata con protocolos acordes y con perspectiva de género. De lo contrario las investigaciones caen por ignorancia o corrupción, perdiéndose evidencias fundamentales para su resolución y para la reparación de les sujetes vulnerades. El ejemplo más claro es el ocurrido en Ciudad Juárez, México, en la llamada sentencia de “Campo algodonero”. Allí el Estado fue condenado por no cumplir con la debida diligencia no solo jurídica sino pericial para resolver los casos de femicidios. Teniendo en cuenta la sentencia de González y Otras vs México “Campo Algodonero” (sentencia del 16/11/2009), retomé los estándares internacionales de derechos humanos (DDHH) que surgen de esta sentencia:

A) Prevención

B) Investigación

C) Sanción y Reparación

Desde mi lugar de investigadora forense, me adentré en el análisis del segundo punto (B), teniendo en cuenta que las falencias relevadas en la investigación criminal en el caso de los femicidios-feminicidios de Ciudad Juárez, que constituyeron una obstrucción y dilación al esclarecimiento de las desapariciones y muertes de las mujeres, y lo adapté a nuestra realidad.

Por ello, construí un nuevo protocolo de autopsia para los casos de femicidio-feminicidio, aplicable a la compleja realidad de estos asesinatos, cubriendo la mayor cantidad de datos relacionados con la muerte, disminuyendo el sesgo de les operadores y otorgando a les operadores forenses una línea de registro e investigación que agote los recursos científicos disponibles y que se aplique con perspectiva de género.

En sintonía con lo expresado en la sentencia de “Campo Algodonero” cuando establece que “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado  en las costumbres y mentalidades”, estimo necesario remarcar el hecho de que la violencia de género se ha convertido en una pandemia y que la estructura patriarcal de les investigadores criminales conspira contra la comprensión de la temática de forma integrada.

No resulta posible aplicar las ciencias forenses aisladas de la realidad de las sujetas vulneradas:

Si bien los feminicidios en Ciudad Juárez fueron reveladores de la violencia de género en México, en mi experiencia de más de 20 años en la temática desde la observación forense, esta realidad no escapa al resto de Latinoamérica y El Caribe.

De hecho, protocolos internacionales como el Protocolo de Minnesota para la evaluación de casos de muertes en custodia, establecen la necesidad de conocer los antecedentes del caso: la escena del crimen, la existencia de torturas (Protocolo de Estambul), uso de medios de sujeción física y farmacológica, así como el análisis de la victimología. Estimo fundamental, en estos casos de femicidios/feminicidios, remarcar la influencia de la violencia de género como práctica naturalizada y a deconstruir.

¿Creés que identificando esos elementos en común, desde las ciencias forenses se pueden aportar miradas que favorezcan una solución o una respuesta para que el Estado tome medidas urgentes y concretas contra los femicidios?

Por supuesto, pero para ello hace falta una conciencia de género, más que una perspectiva de género, y formar talentos humanos capaces de contribuir desde la ciencia sin olvidar los contextos en los cuales se producen los femicidios/feminicidios, para llegar a la verdad real.

Uno de los reclamos de los familiares es que no pueden pagar las pericias, ¿cómo se puede trabajar para que lo garantice el Estado?

Este año, con la Consultoría, pudimos hacer realidad lo que para mí era un sueño profesional. Era una asignatura pendiente. Pusimos en marcha áreas especializadas en la temática, con profesionales formades en la consultora, en el territorio. Esto implica un enorme desafío y avance de las ciencias forenses y la investigación criminal con perspectiva de género y de derechos humanos en lugares de fácil acceso a las personas que nos necesitan, generando una base operativa en instituciones clave. Para ello, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra del Ministerio de las Mujeres, Estela Díaz, y el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, permitieron la creación de tres áreas especializadas en investigación criminal, ciencias forenses y medicina legal, a fin de que las puertas de entrada al sistema tengan un asesoramiento con estos equipos especializados de la consultora para dar respuesta a las situaciones de violencia.

En lo personal es ver hecha realidad la construcción del legado. Considero que esta forma de trabajo debe perpetuarse por encima de una persona e incluso de muchas.

No podemos dar batalla en función de encontrar profesionales aislades nadando contra la corriente. La incorporación y formación de nuevos talentos humanos atravesades por el sufrimiento ajeno y comprometides con la memoria, la verdad y la justicia deben ser una realidad hoy y siempre.

Logramos el espacio, pusimos los equipos: ahora esperamos que nadie nos obstruya.

Cuando lo político es personal

Como parte de un extenso y generoso intercambio, la perito Créimer ahonda algunos aspectos de su trayectoria personal que reproducimos a continuación para seguir reflexionando sobre lo que se puede hacer y lo que no más acá de las instituciones.

¿Por qué te dedicás a esta rama de la medicina?

Hubo un momento de mi vida en el cual una nena de cinco años con sus enormes ojos verdes me contó que había sido abusada por su hermanastro y su papa biológico no le creía a ella sino al abusador. Ese día mi vida se quebró.

Entendí que la cirugía que tanto amaba y en la que tanto me había costado posicionarme por ser mujer no era suficiente, que la medicina tenía que dar otras respuestas. Ese día entendí que la medicina legal era el medio para defender a esa nena y todas las nenas y nenes que estuvieran pasando por lo mismo y a quienes los poderes judiciales no les creían. No pude evitar que esa nena fuera abusada, quizás pude y puedo evitar que otres siguieran sufriendo esas torturas que dinamitan las infancias.

¿Qué otras cosas te ayudaron a no caer en la desidia de las instituciones?

Durante los últimos treinta años me dediqué a formarme y capacitarme profesionalmente para buscar las respuestas y los caminos posibles (e imposibles) en la pelea contra la injusticia. Pero en realidad la construcción de esta respuesta viene desde mucho antes. Mi abuela Matilde Kirilovsky de Créimer, primer abogada mujer de la UNLP y candidata al premio Nobel de Literatura, surgió de la más extrema pobreza. Uno de sus poemas que más me conmovió de niña fue “Pobreza a los diez años”, donde cuenta la vergüenza que le daba tener que ir al colegio con los zapatos rotos. Ella se levantó de su pobreza económica con una enorme riqueza moral y compromiso social por les niñes y “los locos”, poniendo al Poder Judicial y a los gobiernos de turno de cabeza para asegurar su bienestar. Mi mamá, Diana Créimer, también fue abogada y siguió el camino de mi abuela siendo la primera Subsecretaria del Patronato del Menor en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires después de haber sido echada y perseguida en la época de la dictadura.

Pero fue el nacimiento de mis hijes lo que realmente me enseñó a dar estas peleas. El matriarcado Créimer pesa en mi espalda pero mis hijes le dan sentido. Sus risas, sus llantos, sus palabras y sus silencios.

El Estado me castigó periódicamente por ir contra la corriente. Me suspendieron contratos, me inventaron sumarios, me persiguieron por hacer lo que la letra de la ley decía que tenía que hacer, me soltaron la mano cuando dije que mi vida y la de mi familia estaban en peligro por hacer ese trabajo para el que se suponía que me pagaban…

Cuando dejaron el cuchillo ensangrentado en la cerradura de mi casa en pleno mediodía por sostener científicamente que Etchecolatz debía permanecer en la cárcel de Ezeiza y no obtener el beneficio de la domiciliaria, con mi hija adolescente durmiendo adentro, sin saber si esa sangre era la de ella, temiendo que mi trabajo por les otres me hubiera arrancado lo que más amo en la vida; fueron mis hijes quienes me dijeron que siguiera adelante, aunque el Estado me había dejado sola.

Dormí una semana con la remera de mi hija del medio por la culpa que sentía. Hubiera necesitado hacerme su piel para sentir que la protegía. Aunque ella parece blindada, camina silenciosa como un gato sobre los problemas y cuando menos lo imaginás te da un zarpazo a la mente y te la ordena con una inteligencia y racionalidad que te deja boquiabierta.

Eso fue hace seis años. Sin embargo, hace seis días yo me encontraba agobiada, sin poder parar de llorar. Si, lloro. Me despierto de noche con terribles pesadillas por la impotencia. Me doy por vencida hasta que junto en carne viva las fuerzas para volver a empezar. No soy inteligente, soy tenaz. No soy dura, siento a les otres y eso me motoriza. No soy excepcional, soy una mujer común que se esfuerza para hacer las cosas lo mejor que puede. Nunca nada me resultó fácil.

Pero hace seis días había tenido un revés laboral que no me dejaba pensar con claridad. Y mi hijo menor con increíble sutileza me preguntó qué me pasaba y concluyó; “mamá, por culpa de una persona no podés dejar a todas las otras sin ayuda. Tu trabajo vale, es bueno, le sirve a la gente. No lo dejes”.

La respuesta es clara. Mis hijes fueron, son y serán el motor para pelear contra un Estado violento e hipócrita. Son mis maestros y maestras. Son quienes me permiten aprender cómo luchar contra los malos elementos que se afincan en las instituciones. No hay una fórmula mágica: hay un aprendizaje constante.

¿Volviste a recibir amenazas?

Las amenazas las recibimos todos los días. A veces de manera mas subliminal, a veces de forma más grotesca. Todes quienes estamos en la vereda de les sujetes vulnerades como perites sufrimos persecuciones, agresiones, aprietes. Es el mentado “backlash”. Pero aquí estamos, a veces no nos une el amor sino el espanto, por eso seguimos en pie.

¿Por qué es necesaria una justicia con perspectiva de sobrevivientes? ¿Cuánto falta para que eso suceda?

Acordemos que la perspectiva de género debe estar presente en la vida. En cada acto. Pero es sano preguntarnos qué pasa en las investigaciones criminales al respecto. La triste realidad es que

no existe perspectiva de género ni de derechos humanos en la justicia ni en la ciencia, espacios que construyen los relatos de las vidas arrancadas de sus hogares y sus familias.

La Ley Micaela ha tenido una buena intención, pero la perspectiva de género no se obtiene con un curso y un certificado. El Poder Judicial es profundamente patriarcal, machista y misógino.

Sus operadores y operadoras se molestan frente a las mujeres que denuncian violencia de género porque parten de la premisa ignorante y desaprensiva: “Si tanto le molesta que le peguen, ¿por qué no se va?”.

Se indignan cuando llegan las madres desesperadas a denunciar los abusos sexuales a sus hijes “porque son locas que quieren obtener atención o algún rédito económico”.

Es más fácil mirar para el costado y seguir la corriente sin pensar y sin oír, porque eso les blinda, impide que sientan el dolor desgarrador de quien viene a tratar de denunciar.

Eso sí, más mundanes, en el seno de sus hogares y espasmódicamente, dirán que es un horror que aparezca una piba muerta, pero nunca se harán cargo de la responsabilidad que les cabe por no haber actuado de una manera profesional y humanamente irreprochable.

Sin duda no es un trabajo para cualquiera.

Cuánto falta, no lo sé.

Todos los días pueden transformarse en una buena oportunidad para que se revise quién ocupa cada espacio tanto en justicia, seguridad y en las ciencias, para establecer qué individues tienen el compromiso requerido, además del conocimiento, y quiénes no.


Lo que espera la familia

“La doctora Créimer va a recrear todo lo que no quisieron ver los otros peritos para que Lucía tenga justicia”, dice Guillermo, el papá de Lucía Pérez desde la muestra El Cuarto de Lucía que se expone en La manzana de las Luces. “Virginia está llevando la causa de una mujer de 16 años, para que se muestre lo que le hicieron estos tres varones tan sádicos y salvajes. Va a poner en palabras lo que el cuerpo de Lucía dijo y no se quiso escuchar”, agrega Marta, acompañada por la mirada su hija desde el mural.

Fuente: La vaca



Masacres de Cromañón y Luis Viale:

exigen la creación de espacios de 

memoria

Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021. 

El 30 de diciembre de 2004, el boliche “República de Cromañón”, ubicado en el barrio porteño de Once, se incendió durante un recital de la banda Callejeros. Esa noche fallecieron 194 personas y más de mil resultaron heridas. Un año y tres meses más tarde, el 30 de marzo de 2006, hubo otro fatídico incendio: el del taller textil clandestino de la calle Luis Viale, donde falleció una mujer embarazada y cuatro menores de edad. Ambos hechos tienen distintos puntos en común: fueron masacres que pudieron haberse evitado.

Familiares de las víctimas y sobrevivientes de ambos hechos esperan que la Legislatura porteña trate dos proyectos de expropiación de los edificios donde sucedieron las masacres. De esta forma, podrían convertirse en espacios de memoria, y dejarían de estar en manos de los mismos dueños de siempre.

Silvia Bignami, miembro del Movimiento Cromañón y madre de una de las víctimas, explicó en diálogo con Notas que la recuperación de los edificios es, por un lado, “reparatorio hacia familiares y sobrevivientes” y, por el otro, un hecho de bien “para la Ciudad y para el país”. “Si uno no elabora lo histórico, las cosas tienden a repetirse”, añadió.

Uno de los dos proyectos, el vinculado a la masacre de Cromañón, plantea la expropiación del boliche cuyo dueño es Rafael Levy, el mismo que al momento del incendio, y quien fue condenado a cuatro años y medio de cárcel tras haber sido considerado como responsable de “haber provocado, con acciones u omisiones, la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1400”.

Para Silvia,  “Levy es una persona peligrosa para el barrio, para la ciudad, y para cualquier pibe y piba”, ya que “no era simplemente alguien que tenía el lugar, sino que tomó decisiones contra la vida de las personas”. 

Algunos ejemplos podrían ser las puertas de seguridad con candados, la construcción de canchas en los techos que obstaculizaban la ventilación, o el funcionamiento de un taller clandestino encontrado durante una inspección ocular. “Levy representa el mal para este barrio. Tenía un prostíbulo que nosotros hemos denunciado”, recordó Silvia.

Según Bignami, Levy “realmente representa muchas cosas malas, sin hablar de que apenas le devolvieron el inmueble tapió por dentro las ventanas. No sabemos lo que está haciendo, y también han pasado cosas en el espacio del santuario desde que él se hizo cargo. Es tremendo, es un acto muy fuerte de impunidad que lo tenga él al edificio”.

Santuario Cromañón
Santuario a las víctimas de Cromañón. Crédito: Maximiliano Vernazza || Infobae

Actualmente los familiares de las víctimas y los sobrevivientes mantienen un santuario en la calle Bartolomé Mitre, un pequeño rincón de la ciudad lleno de murales y objetos de las víctimas fatales que es sistemáticamente vandalizado. «La protección del santuario debería ser tarea de la Comuna 3, pero se ocupan cuando nosotros denunciamos”, dijo Silvia, que agregó que “siempre dicen que son las personas que viven en la calle, a veces es simplemente mugre, y otras veces  directamente tapan los murales, es difícil pensar que es gente de la calle».

El edificio donde funcionó el taller textil clandestino de Luis Viale 1269, sigue en manos de Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, que fueron sobreseídos en el marco de la causa que condenó a los capataces del lugar, que recibieron una pena de 13 años de cárcel por el delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con estrago culposo seguido de muerte.

Las víctimas -todos migrantes de Bolivia- vivían en el galpón incendiado, y eran explotadas laboralmente junto con otras 61 personas (25 de ellos eran menores de edad). Sus jornadas comenzaban a las seis de la mañana y terminaban a las dos de la madrugada, los sueldos eran la cuarta parte de un salario correspondiente a una jornada de ocho horas y nunca se pagaban a la fecha prometida. En la planta baja del taller estaban las máquinas y un baño con una sola ducha sin agua caliente. Arriba dormían adultos y menores separados por telas y tabiques. 

 Lourdes Hidalgo, una de las sobrevivientes de la masacre y miembro de la Comisión por Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale, dijo a la agencia de noticias Télam que están «decididos a pelear por la expropiación del galpón a los dueños, que son los mismos del 2006, porque este caso quedó impune, entonces no queremos que vuelva a ocurrir allí otra masacre».

“Buscamos que el lugar sea un espacio para las próximas generaciones, para nuestros hijos, que tengan donde organizarse y capacitarse porque las víctimas de Luis Viale eran todos inmigrantes bolivianos que no sabían nada sobre los derechos ni a quién recurrir”, completó.

Este jueves a las 15 horas, miembros de la Comisión por Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale y del Movimiento Cromañón, junto a personalidades distinguidas de la lucha contra la violencia institucional como Nora Cortiñas o Emilia Vasallo, participarán de una reunión ad hoc de la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña.

Ese día, las organizaciones se concentrarán frente al Parlamento para seguir exigiendo que el tratado de los proyectos de expropiación avancen en la Comisión de Derechos Humanos. “Si uno no elabora lo histórico, las cosas tienden a repetirse”, concluyó Bignami.

Fuente: Notas del periodismo popular



Movilizaron al Obelisco contra la 

contaminación ambiental generada 

por la empresa Klaukol

Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021.

Este martes 24 de agosto a las 11:00 hs en el Obelisco, la Coordinadora Basta de Falsas movilizó para acompañar a las familias de vecinxs contra Klaukol para llevar a la sede de Acumar, Esmeralda 255, todas las denuncias por la contaminación ambiental de esta empresa criminal.

Fotos de Soledad González (BFS)

En junio de este año la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) íntimo a Klaukol a que dejara de contaminar. Pero como con cada “pedido” gubernamental a los empresarios, ellos hacen lo que quieren. Y el gobierno los deja. Porque si sos jóven de un barrio humilde y sospechan que violaste la cuarentena, podés morir de una bala policíal. Pero si sos un empresario que por acumular más ganancias enfermas o matás a un barrio entero, podés seguir haciéndolo.

La «recolectora» que mide la contaminación que genera Klaukol… con la planta parada

Pero el problema no es sólo para los vecinos. También es para los trabajadores de la planta.

Con Scioli, con Vidal, con Kicillof. Con Espinoza, con Magario y de nuevo con Espinoza. Con Cristina, con Macri y con Alberto. Pasan los gobiernos, los vecinos siguen protestando, y nadie los escucha. Y siguen muriendo.

La de Virrey del Pino es planta madre de Klaukol en toda latinoamérica. Según los informes de la OPDS la fábrica entra en la categoría 3, porque contiene y emana químicos letales. Debido a esa categoría no podría estar siquiera en un parque industrial. Debería estar en una zona rural apartada de todo. Pero no. Está en medio de un barrio, a 10 metros de donde comienzan las casas.

Los vecinos piden que de manera urgente cese la producción, hasta que se compruebe que no contamina.


El Fondo y la deuda que escritura 

la vida

Por Silvana Melo, Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021.

Casi quince millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 años afrontan un futuro chiquito, recortado, devaluado de sueños, mutilado en su génesis transformadora. Nacidos en una tierra promisoria, de trigos de oro y chocolate caliente, seis y medio de cada diez crecen en la pobreza y el hambre, en hacinamiento y sin recursos para planificar una vida de trabajo y dignidad. Al cuello tienen, estas niñas y estos niños, estos pibes y pibas, un collar de plomo que el sistema les colgó para que nunca asomen, para que nunca crezcan: la deuda que el macrismo tomó hace tres años, que es la más grande de la historia, la deuda que hipoteca la vida y la muerte de generaciones, la deuda que hoy, sin coraje ni ideales, los sucesores se aprestan a asumir y a honrar.

Ayer llegaron al país, como mimo caritativo del Fondo Monetario Internacional, 4.355 millones de dólares que cayeron en el Banco Central. Se trata de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI decidió enviar a los países más castigados por la pandemia, para que puedan comenzar a asomar de crisis dramáticas como la que vive la Argentina. Pero en estas tierras esa suma enorme, impensable para los sueños del hormiguero popular que vive, bufa y suda por debajo de las alfombras del poder, en estas tierras esa descomunal pila de dólares no se destinará a viviendas para que no haya que vivir en la calle ni alzar carpas bajo una autopista ni soñar con tierras propias en una toma con destino seguro de palo policial y desalojo. En estas tierras esa plata que cae al banco central como de milagro no irá a la salud pública deshilachada del día a día de los pobres, ni a la escuela languideciente desde la pre pandemia, ni a la panza maltratada de los niños alimentados a grasa, veneno y azúcar que es lo más barato en el país que se dijo alimentario por entraña.

Esos 4.355 millones de dólares que el FMI vuelca de su copa festiva para los parias del mundo, que entraron por la puerta grande del Central, saldrán más temprano que tarde por las puertas chicas de atrás para pagar los intereses de la deuda que hay que honrar, según los gobernantes bañados de moralidad que prefieren aplicar recetas de honestidad hacia acreedores que cobran deudas políticas y fraudulentas y no hacia un pueblo de 20 millones de pobres y 15 millones de niños que esperan, alguna vez, un futuro que amanezca.

La deuda que el macrismo hoy niega en campaña se apropió del futuro de generaciones. Y, después de la elección de noviembre, habrá la realidad: serán los acuerdos con el Fondo para decidir qué humillación y qué ajuste brutal se acepta con las manos atadas por responsabilidad propia. Decidir, en síntesis, con qué herramientas se claudicará y se empeñará con hipotecas imperecederas la vida de las gentes.

Los 4355 millones de dólares que entraron mágicamente ayer al país se irán sin siquiera hacer sombra en el hambre de millones. Después vendrá el acuerdo. Y los inviernos serán más crudos en este lado del mundo.

El macrismo gobernó para los suyos, en un capitalismo atroz y de elegidos; bajó los impuestos a los ricos y cubrió el déficit con la deuda que la sociedad de fomento, como casi casi define al FMI, le prestó para que fuera reelecto. No lo logró. Pero dejó una cruz que arrastrarán los 15 millones de niñas, niños, pibes y pibas que no tienen ni siquiera un terrón de azúcar que les engañe un porvenir menos marchito. Los que vinieron después hablaron de investigar la deuda, de “no arrodillarnos ante el Fondo”. Pero el Ministro termina pidiendo rebaja en la sobretasa de interés a pagar ahora en lugar de pedir rebaja en la deuda.

O decidir no pagarla en un rapto de soberanía que disponga prioridades donde deben estar: en el hormiguero popular que vive, bufa y suda por debajo de las alfombras del poder. En las mayorías que sólo se ven cuando cortan el Puente Pueyrredón con las banderas de la impotencia.

Fuetne Pelota de trapo



Se llevó a cabo una protesta contra 

el Acuerdo Porcino con China /Denuncian 

que es inconsulto y traerá nuevas 

pandemias


Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021.

(Fotos para Resumen Latinoamericano, Julia Mottura)

La Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (CBFS), junto con organizaciones antiespecistas como FAIR Argentina y Voicot, convocaron este miércoles a participar de una jornada de protesta nacional, en el que se expresó el rechazo al acuerdo entre el Gobierno Nacional y China, que pretende la radicación de al menos 25 megafactorías productoras de cerdos para el consumo de la población asiática.

“En todo nuestro país plurinacional se desarrollarán marchas, concentraciones, artivismos e informativos para defender nuestro territorio de este vergonzoso negociado de industrialización animal que solo aporta más saqueo, más ecocidio, más extractivismo y peligro de nuevas pandemias”, expresaron desde CBFS, coordinadora que está cumpliendo un año de vida.

Según la información que se conoce -el Estado se está manejando con demasiado hermetismo al respecto- el acuerdo con China propone la instalación de 25 granjas productivas de aproximadamente 12.500 cerdas cada una, que producirán 900 mil toneladas de carne destinadas exclusivamente al país asiático durante los próximos cuatro años.

Con buen criterio, las organizaciones que se oponen al acuerdo denuncian que las megafactorías se basan constitutivamente en el maltrato a los cerdos (hacinamiento y menor espacio posible para engorde, mutilaciones, aplicación masiva de antibióticos y antivirales ante bajas defensas), producen demasiadas emisiones de gases de efecto invernadero, y son caldos de cultivo para virus zoonóticos que pueden realizar un salto interespecie hacia los seres humanos.

Por su parte, desde FAIR Argentina agregaron: “Las megacorporaciones, el gobierno nacional y los #gobiernos provinciales son responsables. El reclamo hacia estos actores es cada vez más fuerte, inocultable por los medios hegemónicos”.

En igual sentido se expresaron desde VOICOT: “Los poderes pretenden seguir destrozando al ambiente, profundizando este sistema que solo trae muerte y dolor para todxs! (…) Nadie quiere más pandemias. No podemos seguir permitiendo la deforestación, la contaminación de las aguas, la destrucción de todo en pos de las ganacias corto plazo de un puñado de empresarios. Es urgente un cambio de paradigma. ¡Hay que salir a las calles y hacernos oír!”.



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