Un femicidio cada 40 horas
Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021.
La organización MuMaLá relevó los datos sobre los femicidios sucedidos en nuestro país en lo que va del año. En total fueron 142, entre ellos 5 travesticidios y 19 femicidios vinculados.
Según los relevamientos de la organización MuMaLá, en lo que va del año se cometieron 142 femicidios, entre ellos 19 vinculados y 5 travesticidios, en nuestro país: uno cada 40 horas. Como consecuencia de estos crímenes por motivos de género, 151 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre. La mayoría de las víctimas (56%) tenían entre 19 y 40 años, siendo la edad promedio 39 años.
El 62% de los femicidios cometidos entre el primero de enero y el 30 de agosto sucedieron en las viviendas de las víctimas, que en un 24% habían denunciado a su femicida previamente, mientras que el 15% tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 2% botón antipánico.
El informe también detalla que el 13% de los femicidios fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad (policías, militares, servicio penitenciario, ya sean activos o retirados), que en el 32% de los casos utilizaron su arma reglamentaria.
Además de los femicidios, el registro contempla aquellas muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales y robos (32 casos), sumados a 11 suicidios femicidas de personas que sufrieron este tipo de violencias, y 34 casos que todavía están en investigación. Por otra parte, también denuncian que hubo 220 intentos de femicidios en lo que va del año.
Después de cometer el asesinato, el 13% de los femicidas se quitaron la vida, y el 8% lo intentó. En el 60% de los casos, los crímenes fueron llevados a cabo por las parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 17% eran conocidos, y el 8% familiares.
Según la organización, estas cifras expresan la necesidad de “la declaración de emergencia nacional en violencias de género, con el objetivo de incrementar y priorizar recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+ en situación de violencia de género”.
En la actualidad, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad trabaja en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, en el que están incluidos el Programa Acompañar, que consiste en otorgar apoyo económico y acompañamiento integral de acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa; el Programa Producir, destinado al fortalecimiento de emprendimientos productivos para generar empleos para esta población; el Programa para el Apoyo Urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género; y el Programa Articular para el fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias de género y diversidad.
Para recibir atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país, comunicate a la Línea 144.
“Los narcotraficantes no están en
las villas, seguramente viven más
cerca de Vidal que de nuestros
alumnos y alumnas”
Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021.
Las palabras de María Eugenia Vidal son estigmatizantes y cargadas de prejuicios sobre los barrios populares. Muestran su completa ignorancia sobre la composición social de estos barrios y su gente. Las personas que viven allí no están rodeadas de narcos, ni lo son.
Los medios masivos de comunicación hacen mucho para instalar esa idea. Pero nosotras, que recorremos esos barrios, podemos comprobar que hay gente trabajadora, estudiantes que para poder estudiar tienen que trabajar muchas horas por poco dinero. Lo hacen porque quiere mejorar. Lejos está la población de los barrios populares de ser narcotraficante.
La identificación de los barrios populares con el narcotráfico niega la realidad: los narcos viven en los lugares más acomodados de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente viven más cerca de Vidal que de nuestras alumnos y alumnos.
Es cierto que en los barrios populares el consumo es un problema del que el Estado debería ocuparse y no lo hace. Pero a la hora de criminalizar ese mismo Estado tiene una vara distinta para un pibe de Palermo y otro del bajo Flores.
En Palermo podemos ver cómo se fuma porro al aire libre, cerca de las fuerzas de seguridad que hacen la vista gorda; en cambio en los barrios populares existe una sobrevigilancia de la Gendarmería y la Policía de la Ciudad y prácticas como fumar un porro tienen consecuencias penales.
Hay que correr el eje de las sustancias, hay que hablar de gestión de políticas públicas sobre salud, consumo y salud mental. Este tema incomoda al Estado pero hay que hablarlo. No se aborda nunca como un tema de salud. Se debe pensar en políticas situadas que tengan que ver con los problemas que se viven aquí, con una perspectiva de género y de derechos humanos, no podemos seguir reduciendo el debate al consumo de una sustancia.
En el barrio hay solo un centro de salud que aborda las problemáticas de consumo pero no cuenta con recursos ni estructura, lo que demuestra el lugar que ocupa esta problemática para el Estado porteño”.
Las textuales pertenecen a Florencia y Karina quienes, como integrantes de la Red, realizan abordajes en salud y servicios socio jurídicos comunitarios.
Fuente: Facebook Revista Cítrica
Declaración de la Corriente Federal
de Trabajadores de cara a la próxima
compulsa electoral
Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021.

La Cancillería recibió a familia
Villalba y la Gremial de Abogadxs
y emitió una declaración en la que
lamenta la falta de esclarecimiento
del crimen de niñas argentinas en
Paraguay
Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021.
La Cancillería lamentó con «profunda preocupación» que los asesinatos de las niñas de nacionalidad argentina Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ocurridos hace un año en el Departamento de Concepción, en Paraguay, en el contexto de un operativo militar, aún no se hayan esclarecido.
«La República Argentina lamenta que a la fecha no hayan sido esclarecidos los hechos vinculados a la muerte de las niñas, y por ello ha manifestado en numerosas oportunidades al gobierno de la República de Paraguay su profunda preocupación» ante esta situación, indicó el Palacio San Martín a través de un comunicado.
Así se refirieron al asesinato de las niñas de 11 años, quienes murieron a manos de la Fuerza Tareas Conjunta (FTC), la fuerza militar paraguaya que se dedica a perseguir y combatir a la organización guerrillera del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El asesinato de las menores ya había sido también repudiado, a principios de este año, por organismos de derechos humanos argentinos, que acusaron a Paraguay de comportase ante este tema como «un estado terrorista».
En tanto, hoy, en el comunicado de la Cancillería, se recordó que el Gobierno argentino «ha solicitado que, en el marco de la permanente y estrecha relación bilateral entre ambos países, se realicen las gestiones necesarias para investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a los familiares de las víctimas».
En este contexto, Argentina pidió al gobierno paraguayo «que facilite el acceso de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para colaborar con la investigación de los hechos y para realizar una autopsia, así como que se permita el acceso a las actuaciones administrativas y judiciales a los/as familiares de las niñas y representantes del Estado argentino, a lo que Paraguay se ha negado sistemáticamente», se subraya en el texto.
Asimismo, nuestro país ha manifestado su intención de «acompañar con un Amicus Curiae la petición efectuada por los familiares de las víctimas ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, con el fin de solicitar una investigación independiente, objetiva e imparcial que permita el esclarecimiento de las circunstancias en las que éstas fueron asesinadas».

Y para que se pueda «verificar el proceder posterior adoptado por las agencias del Estado paraguayo y las responsabilidades que le caben a cada una de ellas en el marco de lo normado por la Convención sobre los Derechos del Niño», destacaron desde la Cancillería.
El 2 de septiembre del 2020, la Fuerza Tareas Conjunta (FTC), la fuerza militar paraguaya que se dedica a perseguir y combatir la EPP, mató a Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, y anunció que había abatido a varios miembros de esa organización.
Tras conocerse la edad de las niñas y luego su nacionalidad, el caso no solo se convirtió un reclamo de los organismos de derechos humanos, sino también del Gobierno argentino, quien condenó las dos muertes y ratificó a través de un informe oficial de Registro Nacional de Personas (Renaper) entregado a la Justicia paraguaya la ciudadanía de las chicas fallecidas.
La Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y la familia Villalba convocadas por la cancillería argentina.
Se trató el tema de las niñas y la situación de Laura Villalba
La Cancillería Argentina convocó a la Familia Villalba y a la Gremial de Abogados y Abogadas a una reunión que se desarrolló hoy 1ro de septiembre, a un día de cumplirse un año del asesinato de las niñas
Lilian Mariana y María Carmen Villalba.
De la reunión participaron el Vicecanciller Pablo Tettamanti, el Representante Especial para Asuntos de Derechos Humanos Remo Carlotto, el Director de América del Sur Federico Gonzales, Directora de Derechos Humanos Cecilia Meirovich, entre otros funcionarios y funcionarias de la Cancillería Argentina.
Tres abogados de la Gremial acompañaron a Mariana y Myriam Villalba.
Los altos Funcionarios relataron todos los pasos dados por el Gobierno Argentino en relación al esclarecimiento de lo sucedido a las niñas, los permanentes obstáculos y negativas del Gobierno del Paraguay a dar información o permitir el ingreso del Equipo Argentino de Antropología Forense para que realice una autopsia independiente.
Asimismo, los funcionarios informaron que ya habían establecido contacto con el Comité de Derechos del Niño para presentarse como Amicus Curiae en la investigación que se encuentra en curso por ese organismo.
También destacaron el apoyo a la Familia Villalba residente en Argentina, así como también que continuarán exigiendo al Gobierno del Paraguay que se investigue lo sucedido con Lilian y María Carmen.
Expresaron su preocupación por la situación de Laura Villalba, encarcelada en Paraguay poniéndose a disposición en relación a sus cuatro hijos pequeños de nacionalidad argentina que residen en nuestro país y la desaparición de Lichita, en la que se encuentran limitados para actuar jurisdiccionalmente en razón de ser de nacionalidad paraguaya.
Myrian Villalba (madre de Lilian Mariana) y Mariana Ayala López (abuela de las tres niñas) agradecieron al Gobierno Argentino las acciones realizadas y le solicitaron que continúen solicitando al Gobierno del Paraguay justicia por las niñas.
La Gremial de Abogados y Abogadas relato con detalle el profundo conocimiento que posee del funcionamiento de la administración de justicia en Paraguay. También reconocio el esfuerzo de la Cancillería argentina con el Vicecanciller Tettamanti y el aporte en este año del Ministerio de Seguridad y de la Secretaria de DDHH de la Nación.
La Gremial expreso que somos conscientes que, frente a un estado terrorista, es imprescindible la actuación internacional que permita romper el silencio de la impunidad y consideramos un gesto político muy importante que se haya convocado a la Familia Villalba por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores para afirmar el compromiso en la causa.
Docentes deSalta: a pesar de la
claudicación de algunos sindicatos,
muchas maestras autoconvocadas
están resueltas a seguir la lucha
Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021.
Marcela Romero, es una maestra que durante 18 años viene luchando para que sus alumnos aprendan y a pesar de la realidad en que viven sus familias, de necesidades o de ninguneo por parte de los distintos gobiernos, sigan creyendo en un futuro mejor. !8 años ejerciendo la docencia con salarios miserable y mal trato por parte de las autoridades. Ella y muchas maestras más no se rinden y pelean por lo que les corresponde. De eso se trata este conflicto en Salta que ya lleva cinco semanas de acampe, marchas, represión y desprecio por parte del Gobernador Gustavo Sáenz, un «peronista» cooptado por el macrismo.,
Pero Marcela y sus compañeras siguen ahí en la Plaza de Grand Bourg, y maldicen por los acuerdos a espaldas de las mayorías que pactaron los sindicatos burocráticos. De todo esto hablamos este jueves, a pocas horas de que la Asamblea de Autoconvocados resuelva por donde seguirá esta lucha.
Marcela ¿cómo está la situación actual del conflicto docente a partir del hecho de que algunos sindicatos han pactado con el ofrecimiento que ha hecho el gobierno salteño. ¿Qué repercusión tiene esto con la concurrencia a clase, o no, por parte de los maestros y maestras?
-Nosotros entramos esta semana en la quinta semana de paro, es un conflicto que ha ido creciendo desde antes de las vacaciones. Hay cuatro sectores en lucha, dos asambleas de autoconvocados, una que es de las autoconvocados de la Plaza, otra la Asamblea Autoconvocados Provincial, y otros sindicatos Sitepsa y Movimiento docente. Este miércoles, Sitepsa levantó el paro y aceptó la oferta del gobierno, que ellos indican que la oferta es fuera de las paritarias que se habían cerrado con solo un 15% de aumento salarial. Sin embargo, el conflicto docente seguía en alza, seguía firme, había acampe en (el céntrico barrio) Gran Bourg. Además, esta semana se realizó una marcha enorme de cuadras y cuadras de miles de docentes que llegaron a Grand Bourg y lo sitiaron. Para descomprimir todo esto, negocia Sitepsa con el gobierno y levanta el paro en una asamblea. Honestamente, nosotros como Autoconvocados, no nos sentimos referenciados por los gremios. Acá, la intergremial firmó el 15% y el paro sigue. No sabría decirte cómo va a afectar que Sitepsa levante el paro, en la medida de fuerza y en los compañeros que estamos luchando hace cinco semanas. Cuando estén los resultados de la asamblea veremos ese impacto, pero desde ya el repudio desde nuestra Asamblea de Autoconvocados a este gremio que lo que quería era sentarse con el gobierno, y lo peor es que parado desde nuestros hombros llegó a la Casa de Gobierno y ahora nos levanta el paro. Este es el problema real de Autoconvocados, siempre hacemos tremendas luchas y finalmente hay unos pocos que terminan beneficiados. Y luego volvemos a trabajar por «chauchas y palitos». Espero que esta vez no nos pase eso. La oferta superadora que ya se había rechazado en todas las asambleas son de unos míseros $180.
¿$180, nada más?
-Lo anterior, la semana pasada se rechazó por unanimidad en todas las asambleas departamentales y en los cuatro sectores en lucha. Ahora nos ofrecen $180 más y levantan el paro
¿Cuánto están reclamando ustedes desde Autoconvocados y Autoconvocadas?
-Autoconvocados de la Plaza pedía 25%, nosotros pedimos un salario igual a la canasta familiar para el salario que recién se inicia. El gobierno hará su mejor oferta, ellos dicen que esto que ofrecieron es lo mejor que se puede ofrecer. Vi que antes de ayer en la represión de Grand Bourg salieron a ofrecer un montón de plata a los medios para que esto no se divulgue. Plata siempre tienen, pero no para arreglar este conflicto. Pretendemos que por lo menos, el porcentaje que las bases están arreglando esté unido a la cláusula gatillo para que el sueldo no pierda poder adquisitivo, pero el cuerpo de delegados y Sitepsa sacaron la cláusula gatillo del petitorio que presentaron al gobierno. O sea que esta miserable oferta de $180 ni siquiera tiene, los porcentajes que dieron acá creo que son el 50% total, ni siquiera tiene la cláusula como para que esto no se pierda cuando haya un golpe inflacionario como el que posiblemente va a haber.
¿Cuánto está ganando una maestra ahora?
-Mirá,yo tengo 18 años de antigüedad como docente, tengo un cargo, soy maestra especial, mi sueldo es de $50.000. Quien recién se inicia tenía un sueldo de $28.000. creo que ahora con este acuerdo llega a los $50.000. Pero 18 años más tarde estará en la situación que estoy yo ahora.
No llega a cubrir la canasta básica…
-No. estamos pidiendo $120.000 queremos dejar se ser pobres, como decía una compañera, somos la docencia.
¿Cómo viven como mujeres esta situación tan difícil con ese sueldo insuficiente, como lo viven como hermanas, como hijas, todas las mujeres que además llevan adelante los cuidados, y lo han hecho durante una pandemia durísima?
-Aquí, la docencia es un movimiento donde el 90% de las bases somos mujeres, y que llevan adelante esta lucha, junto con su casa, junto con sus hijos a los que dejan. En cinco semanas, las he visto cortando rutas, marchando, acampando, prendiendo fuego, dándole de comer a los compañeros, llegando a la casa, dándole de comer a los que están en su casa, con $2 que nunca alcanzan, con mucho sacrificio y con una entereza (llora) indescriptible. Encima el gobierno ha mandado a la policía a reprimir a mujeres con el delantal puesto. En las cuatro semanas de paro nos reprimieron en todos lados, este gobierno es el reflejo de los índices que tiene esta provincia en femicidios. Un gobierno que no le cabe otro apelativo que el de “Machirulo», que manda a golpear a mujeres, mujeres que enseñan a los que como gobierno deberían sentir como sus hijos. Nosotras sí los sentimos nuestros hijos a los alumnos.
Está claro que este gobierno, responde con represión a un reclamo que es legítimo. Quería preguntarte en función de eso, cómo reacciona la sociedad salteña, no me refiero a la sociedad aristocrática que Salta también la tiene, sino a los de abajo, los y las humildes. ¿Ellos y ellas sienten esté proceso que ustedes protagonizan como parte de una rebelión que es necesaria, como parte de un reclamo que es justo, como lo están viviendo?
-Totalmente. Cuando cortamos la ruta, la gente pasa en los coches y nos grita que “no aflojemos”. La sociedad salteña, no los que viven en una burbuja elitista como vos dijiste, sino el pueblo llano, está con nosotros, es solidario, porque lo que consigamos nosotros va a beneficiar a mucha gente. Cerca de Grand Bourg, hay barrios humildes, y desde allí viene mucha gente a traernos comida o jugos, y a darnos aliento todos estos días de acampe.
-¿Como sigue este conflicto?
-Dependerá de lo que se resuelva este jueves en las asambleas de Autoconvocados, la de la Plaza y la provincial. Allí veremos, pero sabemos que hay mucha gente que no está dispuesta a regalar la lucha. Mientras sigamos en pie, no está todo perdido.
LO PACTADO POR EL SINDICATOS CON EL GOBIERNO

Sitepsa y los delegados que firmaron aceptar la Res 429 sobre «recuperación de contenidos» le ponen candado no sólo al paro autoconvocado, sino también al paro legal. Por qué: 1) sitepsa se hace reconocer como legal al firmar la entrega. 2) Por lo tanto su paro de agosto es legal. 3) Hasta ahora el decreto antihuelga «justificaba» descuentos de haberes, PERO NUNCA inasistencias injustificadas para un paro legal. 4) La reciente Res 428 de «recuperación de contenidos» va más allá de atar recuperación a no descuento, ya que lo ata también a inasistencias injustificadas. 5) La Res 428 refiere a las inasistencias justificadas, incluso para un paro LEGAL, y por todo este ciclo lectivo! 6) EL PARO DEBE SEGUIR PARA QUE CAIGA LA ENTREGA DE SITEPSA Y DELEGADOS FIRMANTES, QUE ILEGALIZAN TODO PARO CON LA 428!!! SITEPSA Y GOBIERNO LO HICIERON!
Acampan en la Legislatura de
Mendoza por Abigail Carniel
Por Laura Lescano, Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021.
A fin de visibilizar la causa de Abigail y repudiar el accionar de la justicia que liberó a los detenidos por el crimen de la joven, la familia Carniel invita a la sociedad al acampe que realizarán desde este miércoles, todos los días de 10 a 18 hs.
A casi 5 meses de la desaparición de Abigail Carniel, su familia comienza este miércoles un acampe en la Legislatura Provincial, concentrándose todos los días de 10 a 18 hs.
La iniciativa que pretende visibilizar la causa de Abigail apunta a manifestar el repudio tras la liberación de dos de los tres detenidos acusados de su femicidio.
El tribunal integrado por Víctor Comeglio, Belén Salido y Marcelo Gutiérrez del Barrio, revocó las prisiones preventivas de Matías “Fido” Díaz, Martín “Chupetín” Márquez y Vicente Chumacero
Para los jueces, no hay elementos para mantenerlos detenidos por la desaparición y femicidio de la joven.
Mientras, Matías Díaz continúa detenido, pero por lavado de activos, causa que corresponde a la justicia federal, pero no por el crimen de Abigail.
Verónica Carniel, mamá de Abigail, contó que la justicia desestimó el material probatorio aportado por testigos. “Parece que no les importan las pruebas, o se vendieron”, manifestóen un video que difundió en redes sociales.
“Quiero respuestas ¿Porque estos tipos están libres con las pruebas que tiene? Quiero respuestas de la jueza, quiero respuestas del fiscal ¿Dónde está mi hija? Si está viva, si está muerta ¿Por qué no la buscan?”, reclamó la mujer con angustia y desesperación.
Todo esto condujo a que la familia de Abigail decida iniciar este 1 de septiembre, a casi 5 meses de su desaparición, un acampe en la explanada de la Legislatura.
“Voy a salir a escrachar todos los días a esta justicia de mierda, inoperante, que tenemos en Mendoza”, expresó Verónica.
Los familiares de Abigail Carniel responsabilizan al jefe de policías, Roberto Munives, al ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y al Procurador, Alejandro Gullé y Suarez de que Abigail todavía no aparezca.
Asimismo, señalan al gobernador Rodolfo Suarez ante la inoperancia de la búsqueda de la joven desaparecida desde el 15 de abril.
“A falta de respuestas, tomamos estas medidas para que nos escuchen”, reclaman sus familiares, a la vez que denuncian: “En Mendoza siguen matando a pibas todos los días ¿Qué más vamos a esperar?”
El Bolsón: denuncian «embestida
inmobiliaria» con persecuciones a
trabajadores y mapuches
Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021
En las últimas semanas se registraron proyectos simultáneos en la zona de El Bolsón, que prevén importantes inversiones inmobiliarias de distinta escala.
Se trata de proyectos que apuntan a la subdivisión parcelaria y la construcción en áreas urbanas y semi-rurales. Mientras tanto, se multiplican los reclamos por falta de soluciones a los barrios populares en conflicto y los ataques a comunidades mapuches.
FUENTE: Tramas
“Gerardo Morales quiere nuestras
tierras para instalar un ecocidio
con la explotación del litio»
Resumen Latinoamericano, 2 septiembre de 2021.
“Desde el Gobierno de Gerardo Morales hay presión sobre todas las comunidades. Lo que quiere es explotar sus tierras, pero también instalar un ecocidio con la explotación del litio. Nosotros nos unirnos por la defensa del territorio y el trabajo. Ayer fue desalojada la familia Peralta, una familia ganadera que perdió todo y ¡también sus animales!
La localidad donde está la familia se llama El Fuerte, no hay señal de teléfono y la población es muy chiquita, ni siquiera hay móviles policiales. Ayer llegaron seis patrulleros que tenían no sólo efectivos de la Policía, sino también del grupo de Infantería, con oficiales masculinos y femeninos. Eso quiere decir que venían preparados para desalojar.
Este tipo de desalojos se vienen dando en la provincia desde el 2017, como pasó el año pasado en Palpalá, donde hubo personas heridas. Dentro de la zona de El Fuerte quieren armar un un proyecto de gestión de residuos, pero nunca se hizo ninguna audiencia pública, ni se notificó a las personas que viven allí. Hay un total de diez familias que van a ser afectadas si se instala este proyecto: van a ocupar de 10 a 20 hectáreas para una planta de tratamiento de residuos.

Ayer la familia realizó la denuncia por turbación de posesión y no querían tomarla porque todos los efectivos policiales se encontraban en el lugar custodiando a nuevos empleados, que no sabemos de dónde aparecieron y empezaron a romper parte del alambrado de la familia para colocar postes de lo que sería la planta.
El de Morales es un Gobierno totalmente destructivo y avasallante, no hay un plan maestro, no hay absolutamente nada. Las tierras que empiezan a tomar de esta forma son propiedad de cada familia, estamos amparados por la Ley de Agricultura Familiar. Nosotros somos desconocidos por la Provincia, nos dicen que somos usurpadores, que no tenemos ningún tipo de registro, sin embargo, los compañeros y compañeras tienen la propiedad de sus tierras.
También quieren desalojar a la gente para construir supuestos hoteles en otros lugares y hacer un negocio inmobiliario, pero no sabemos si efectivamente van a llegar esos hoteles, ese supuesto trabajo, o si a futuro se terminan dividiendo entre ellos estas tierras, como siempre, favoreciendo al sector privado.”
Esperanza Pereyra es referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy. Su relato pone de relieve una historia que se repite desde hace años en la provincia, donde las comunidades sufren constantemente la persecución del Gobierno de Gerardo Morales y son despojados de sus territorios.
Esta vez le tocó a la familia Peralta. El Movimiento está constituido por 11 organizaciones barriales, campesinas y comunidades originarias de distintas puntos del territorio jujeño. Una de ellas es la de El Fuerte, ubicada aproximadamente a 120 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Las autoridades provinciales quieren instalar allí una planta de tratamiento de residuos, pero el acaparamiento de tierras viene de la mano de otros negocios privados como la construcción de hoteles, tal como denuncian las familias afectadas.
Fuente: Facebook Revista Cítrica
Envio;RL








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