"De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades"
La nueva carta de Cristina Kirchner sobre la negociación con el FMI y su "silencio"
La vicepresidenta responde a las especulaciones opositoras y mediáticas sobre su posición frente a un posible acuerdo con el Fondo Monetario y pone el acento en la responsabilidad del macrismo, de todos los legisladores y del Presidente, "que siempre tuvo, tiene y tendrá la lapicera".
En medio de las presiones externas e internas que afronta el gobierno en su pulseada con el Fondo Monetario Internacional, Cristina Fernández de Kirchner difundió este sábado una carta pública en respuesta a la “confusión que se pretende instalar” desde los medios hegemónicos en relación con sus "silencios". Recordó que por la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública aprobada este año serán “la totalidad de las fuerzas políticas” las que deberán decidir en el Congreso si se aprueba o no lo que acuerde el Poder Ejecutivo con el FMI, criticó “la irresponsabilidad política” de la oposición que acaba de ganar la elección pero “no se hace cargo de nada”, y ratificó su respaldo a Alberto Fernández con una larga cita de su discurso del 9 de Julio, cuando el presidente aseguró que no piensa claudicar ante los acreedores ni firmar “algo que arruine la vida del pueblo argentino”. “Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL de nuestro país”, destacó la vicepresidenta, subrayando esas tres palabras.
El texto que CFK difundió desde su web personal, titulado “De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades”, apunta desde la primera línea a las especulaciones que unifican a medios de comunicación hegemónicos, sectores del poder real en la Argentina y brokers de Wall Street sobre su posición con respecto al posible acuerdo por los 57.000 millones de dólares que el gobierno de Mauricio Macri le pidió al Fondo en 2018, de los cuales se desembolsó “en menos de un año la bonita suma de 44.500 millones de dólares”, recordó. Como ejemplo del “grado de confusión que se pretende instalar” y las eternas operaciones para mostrarla enfrentada con el jefe de Estado citó el titular “El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta”, que publicó el columnista Marcelo Bonelli en Clarín.
Pero no se detuvo solo ahí sino que remarcó “la curiosa actitud” de los voceros de Juntos por el Cambio y declaraciones como “no vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine”. Con preguntas retóricas les cuestionó que “no se hagan cargo de nada” luego de haber “reiniciado el ciclo trágico de endeudamiento” con el FMI que Néstor Kirchner había clausurado en 2005, y que le pidan que defina si el acuerdo está bien o mal luego de hacer campaña “recitando el mantra ‘hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno’”.
“¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión”, reclamó. “Cuando se busca el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones se debe ejercer la responsabilidad de esa representación. Más aún, cuando se han ganado las elecciones. ¿O para qué quieren las bancas? ¿Para cobrar la dieta? ¿O tal vez para viajar al exterior con pasajes gratis y viáticos en dólares? ¿Para posicionarse de cara al 2023?”, se preguntó. Recordó que desde el 10 de diciembre, por primera vez desde 1982, el peronismo no tendrá quórum propio en el Senado, y admitió que no la sorprende “la irresponsabilidad política de la oposición” porque “la historia de nuestro país está plagada de fuerzas políticas que llegaron al gobierno diciendo una cosa e hicieron exactamente lo contrario una vez que atravesaron la puerta de la Casa Rosada”.
La lapicera la tiene Alberto
La segunda mitad del texto de la expresidenta se centra en “la responsabilidad legal, política e histórica” que deberá asumir el Congreso cuando deba pronunciarse sobre el eventual acuerdo con el FMI y en la virtudes necesarias para afrontar ese tipo de negociaciones: la capacidad, voluntad y coraje en la última reestructuración por los que homenajeó a su excompañero de vida, y su propia decisión de no ceder “a la extorsión de los Fondos Buitre” en 2010.
En contraste con la experiencia de 2018, cuando el gobierno la alianza Pro-UCR-Coalición Cívica “nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación”, CFK destacó como una “excelente iniciativa” la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que dispone que “todo el programa de financiamiento y operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Apuntó a los desmemoriados que ese proyecto del gobierno del Frente de Todos se aprobó en el Senado con 65 votos positivos y una abstención, y se convirtió en ley en Diputados en febrero último con 223 votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones.
“Surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Todo ello sin perjuicio de que es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia”, recordó, y volvió al titular de Clarín para corregirlo: “La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”.
La vicepresidenta remarcó que el país, igual que el resto del mundo, sufre la pandemia y los riesgos de mutación y retorno permanentes, pero además “tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el FMI”. En un contexto de trascendidos sobre las negativas del Fondo a alargar plazos o reducir la sobrecarga de intereses, y de presiones de financistas globales y sectores empresarios locales, advirtió que “es un momento histórico de extrema gravedad” y que la definición que se tome “puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL de nuestro país”.
"No es Cristina"
“¡Y ojo! Que nadie está hablando de desconocer deudas”, advirtió, y calificó como un “atributo histórico” del kirchnerismo el hecho “de haber pagado las deudas que generaron otros gobiernos”. Citó como ejemplos la cancelación con el FMI de Kirchner en 2005, cuando Alberto Fernández era su jefe de gabinete, y elogió “tanta capacidad, tanta voluntad y tanto coraje”; la reestructuración con acreedores privados en 2005 y 2010, “con la quita más grande de capital e intereses de la que se tenga memoria”, y recordó que como presidenta no cedió “a la extorsión de los Fondos Buitre” porque implicaba desconocer los derechos de los acreedores externos que habían acordado con el Estado, “con consecuencias irreparables para la Argentina”. Frente a la actual negociación, de acuerdo a la Constitución y a la citada Ley 27.612, “no es Cristina… son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia”, destacó.
El cierre fue un gesto de respaldo al presidente. “Tampoco olvido, y además comparto plenamente”, aclaró, el discurso del jefe de Estado en la Casa de Tucumán y su referencia al Fondo. “¿La Argentina sabe que de acá a fin de año tenemos compromisos por casi 5 mil millones de dólares que afrontar con el Fondo, tomado por un gobierno que asumió ese compromiso hace dos años atrás?”, preguntó en aquel discurso. “Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino”, aseguró, y añadió que “si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante”. “Que Dios y la Patria los ilumine a todos y todas”, concluyó la expresidenta.
El texto completo de Cristina Kirchner
Los silencios y las curiosidades.
Hace ya varias semanas desde los medios de comunicación hegemónicos, los sectores del poder real en la Argentina y, crease o no -según pude leer en letra de molde-, también desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los brokers de Wall Street, se especula con “el silencio de la vicepresidenta” y su posición respecto de un posible acuerdo con el FMI por los 57.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018, de los cuales se alcanzó a desembolsar en menos de un año, la bonita suma de 44.500 millones de dólares.
Se preguntan “¿qué va a hacer Cristina respecto de esta cuestión?”. Sólo para reflejar el grado de confusión que se pretende instalar, elijo al azar uno de los titulares que se han publicado: “El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta” (SIC).
Sin embargo, la actitud más curiosa proviene de la coalición opositora que ha ganado, a nivel nacional, las elecciones parlamentarias celebradas el 14 de noviembre pasado. Declaraciones como “no vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine” son moneda corriente en portales, programas de TV y redes sociales.
¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?
¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra “hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno”, ahora quieren que “Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal”?
¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión. A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación.
Cuando se busca el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones se debe ejercer la responsabilidad de esa representación. Más aún, cuando se han ganado las elecciones. ¿O para qué quieren las bancas? ¿Para cobrar la dieta? ¿O tal vez para viajar al exterior con pasajes gratis y viáticos en dólares? ¿Para posicionarse de cara al 2023?
Debo confesar que no me sorprende la irresponsabilidad política de la oposición. La historia de nuestro país está plagada de fuerzas políticas que llegaron al gobierno diciendo una cosa e hicieron exactamente lo contrario una vez que atravesaron la puerta de la Casa Rosada.
Las leyes y las responsabilidades.
El 11 de noviembre del 2020 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado de la Nación el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Excelente iniciativa que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación.
Permítanme reproducir textualmente el artículo 2 de aquel proyecto: “Dispónese que todo el programa de financiamiento y operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente.”
19 días después de ingresada aquella propuesta, que contaba con apenas 5 artículos, el Senado de la Nación la aprobó con 65 votos favorables y una abstención. La Cámara de Diputados no se quedó atrás. Con fecha 11 de febrero del 2021, la convirtió en ley -bajo el número 27.612- con 233 votos afirmativos, 2 votos negativos y 2 abstenciones.
Como se podrá observar, surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Todo ello sin perjuicio de que es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia.
Vale la pena aquí parafrasear y corregir el título al que hiciéramos mención al comienzo de este texto: la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina.
Argentina, como el resto del mundo, fue y sigue atravesada por la pandemia y los riesgos de una mutación y retorno permanentes. Nuestro país además, tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el FMI. Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe, puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL de nuestro país.
¡Y ojo! Que nadie está hablando de desconocer deudas. Creo que el kirchnerismo (y permítanme utilizar el “ismo” para de algún modo homenajear la formidable gestión de quien fuera mi compañero de vida e identificar un proceso político del peronismo) tiene un atributo histórico que es el de haber pagado las deudas que generaron otros gobiernos. Basta recordar una vez más la cancelación de la deuda con el FMI llevada a cabo por Néstor Kirchner, así como también la reestructuración de deuda llevada a cabo en 2005 y en 2010 con acreedores privados, con la quita más grande de capital e intereses de la que se tenga memoria.
He sido legisladora nacional desde el año 1995 hasta el año 2007, cuando fui electa por primera vez como Presidenta de la República Argentina. Me tocó vivir como ciudadana, al igual que todos los argentinos y argentinas, momentos muy difíciles y como Senadora y Diputada nacional tener que votar en situaciones de gravedad institucional sin precedentes. Y siempre voté de acuerdo a mis ideas y convicciones, lo que no pocas veces me deparó algún que otro inconveniente. Hoy, como marca la Constitución y la ley 27.612, no es Cristina… son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia.
También he sido Presidenta de la Nación por dos períodos consecutivos. En el año 2010, me tocó completar la reestructuración más exitosa de deuda soberana de la que se tenga memoria realizada, paradójicamente, por quien fuera el Presidente que con menos votos asumiera la primera magistratura en toda la historia argentina. Vaya mi homenaje, una vez más, a tanta capacidad, tanta voluntad y tanto coraje. Cuando como Presidenta me tocó decidir, no cedí a la extorsión de los Fondos Buitre porque ello significaba desconocer los derechos de todos aquellos acreedores externos que de buena fe habían acordado con el Estado argentino en 2005 y en 2010, con consecuencias irreparables para la Argentina. Aún recuerdo cuando en el año 2016, ya con Mauricio Macri en el gobierno, se discutió en el Congreso de la Nación la derogación de las Leyes de Pago Soberano.
Aún retumba en mis oídos el eco de los discursos de algunos compañeros y compañeras legisladoras que votaron en contra de aquella derogación y premonitoriamente sostuvieron que a partir de allí se iba a iniciar un proceso de endeudamiento que indefectiblemente culminaría con la vuelta del FMI a la Argentina. Aunque debo reconocer que ninguno de ellos ni de ellas, como así tampoco quien escribe estas líneas, nunca imaginamos la magnitud de lo que iba a suceder.
Tampoco olvido y, además comparto plenamente, el discurso del Presidente de la Nación del pasado 9 de julio en la conmemoración de la gesta de la Independencia en la Casa de Tucumán:
“Todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie, y todos los días peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada. Y no paro, y sigo, y acordamos con los acreedores privados, estamos negociando con el Fondo. ¿La Argentina sabe que este año, de acá a fin de año, tenemos compromisos por casi 5 mil millones de dólares que afrontar con el Fondo, tomado por un gobierno que asumió ese compromiso hace dos años atrás? ¿La Argentina lo sabe? Y además me reclaman que arregle rápido. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante”.
Que Dios y la Patria los ilumine a todos y todas. Los argentinos y las argentinas lo necesitamos.
Otra muestra del escaso poder de convocatoria de Juntos por el Cambio
Hernán Lombardi organizó un cacerolazo contra Cristina Kirchner y no fue nadie
Luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 sobreseyera a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en la causa en la que se los investigó por supuesto lavado de dinero de las sociedades Hotesur y Los Sauces, el autoproclamado Secretario de Movilización PRO, Hernán Lombardi, convocó a un cacerolazo contra la expresidenta, pero solo logró que asistan ni diez personas.
El exsecretario de Medios del gobierno de Mauricio Macri llamó a manifestarse frente a la casa de la presidenta del Senado, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, como rechazo a la decisión judicial. Sin embargo, solo un puñado de personas se acercó hasta el lugar.
Al no poder compartir imágenes de la jornada, el exfuncionario macrista subió a sus redes un video desde un balcón, en donde se llegan a escuchar algunas ollas de fondo. "Arrancó el cacerolazo. Que aguante hasta que duela", escribió en su cuenta de Twitter.
No es la primera vez que el poco poder de convocatoria de la oposición queda expuesto. Lo mismo sucedió semanas atrás cuando el expresidente, Mauricio Macri, se presentó ante el juez Martín Bava en Dolores por la causa que investiga el espionaje a familiares de tripulantes del ARA San Juan.
Si bien desde el PRO habían lanzado una fuerte campaña y convocatoria a través de las redes sociales, en aquella jornada no se percibió a una multitud acompañando al exmandatario como hubieran deseado. Desde Juntos por el Cambio intentaron justificar la poca asistencia por cuestiones de tránsito.
Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, insistió con la idea de manifestarse y anticipó este sábado que habrá marchas y protestas para que se "sienta el ruido social de la oposición" en el rechazo al sobreseimiento de la vicepresidenta, al tiempo que advirtió que avanza "la talibanización de la Argentina" porque "el poder le gana a la ley".
"El concepto de la lucha es el de que las cosas las vamos a tener que conseguir con continuar como hicimos en esta vuelta, logrando muchísimos votos, capacidad de ser actores de esta Argentina", sostuvo la ex ministra de Seguridad en declaraciones radiales.
A pesar de la fallida marcha del viernes, la exministra de Seguridad persiste en la idea de lograr movilizaciones: "Se van a organizar, naturalmente, marchas, concentraciones: es importante que se sienta el ruido social de la oposición a que en la Argentina no exista una relación entre un sistema jurídico y las formas en que se están resolviendo las cosas, un paralelismo a la Justicia".
El sobreseimiento
En voto dividido, el Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó este viernes a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, los empresarios Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Cristóbal López, y todos los demás imputados en la causa por presunto lavado de activos, dádivas y asociación ilícita en la explotación de las empresas hoteleras Los Sauces y Hotesur.
En Tribunal, por dos votos contra uno, consideró que la prueba reunida tras la elevación de la causa a juicio, especialmente un peritaje contable, demostró la inexistencia de perjuicio y, en consecuencia, también de delito.
"Aún cuando no pueda desconocerse la trascendencia que pesa sobre las investigaciones en los delitos contra la administración pública, no es posible soslayar que su persecución debe hacerse siempre con la ley en la mano y en plena observancia", sostiene la resolución, de 375 páginas.
La causa Los Sauces y Hotesur era la más complicada que aparecía en el horizonte judicial de la vicepresidenta y, de hecho, involucraba directamente a sus hijos, quienes estaban en camino al juicio oral junto con ella.
El sobreseimiento fue dictado por los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado, con la disidencia de Adriana Palliotti, quien consideró que el planteo de los abogados de la familia Kirchner, Ary Lernovoy y Carlos Alberto Beraldi, debía ser rechazado.
Las historias desconocidas de los pasillos judiciales
Por qué fracasó el macrismo y Cristina Kirchner fue sobreseída por el Tribunal Oral
Las sentencias en causas como Hotesur, Plan Qunita y Memorandum demuestran que no se completó el intento de dominar completamente los tribunales orales.
La tapa de Página/12 del 9 de enero de 2017 mostraba a Mauricio Macri, que llevaba poco más de un año como presidente, con toga y un martillo de juez. “JUSTICIA ILEGITIMA”, decía el título. Por esos días todavía no se veía con toda nitidez el uso político del aparato judicial y su alianza mediática, apenas se usaba la palabra “lawfare” y si bien había ciertas detenciones arbitrarias como la de Milagro Sala, aún no eran masivas ni llevaban el nombre de “doctrina Irurzun”. Pero la ofensiva judicial estaba en plena configuración y este diario advirtió que al filo del final del año que acababa de terminar se había aprobado sin mucho ruido una ley que era una apuesta fuerte de Cambiemos en la batalla contra sus adversarios políticos: creaba un mecanismo para elegir a dedo a los integrantes de los tribunales orales federales, es decir, aquellos que dictarían sentencia en los casos “de corrupción”.
El macrismo confiaba en buena parte de los jueces de primera instancia de Comodoro Py, pero no en los tribunales orales existentes, quería dominar los nuevos, e incluso ponía obstáculos para ciertos concursantes que aspiraban a integrarlos. Esos tribunales eran y son claves, porque definen la suerte de los expedientes. Son el escenario judicial donde se juegan las principales cartas y las pruebas dirimentes. Y tienen facultades para revisar todo lo que hicieron los jueces que actuaron en las etapas anteriores.
Causas armadas al desnudo
La sentencia que sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y empresarios en la causa Hotesur/Los Sauces es la tercera de este año con la que un tribunal oral desnuda el mecanismo de las causas armadas y/o con figuras penales forzadas. Las otras dos son las que determinaron que no había razones (delitos) que motivaran hacer un juicio en el caso del Memorándum con Irán y en el del Plan Qunita. En una cuarta incluso la Cámara de Casación Penal Federal, una instancia más alta aún que la de los tribunales de juicio, dijo que no había delito en el caso “dólar futuro”.
Es ineludible decir que todas estas fueron causas donde la instrucción estuvo a cargo del fallecido Claudio Bonadio, quien contó con la complicidad de colegas para quedarse con algunas de ellas o clonarlas, e hizo escuela. En este período histórico estas “investigaciones” penales tuvieron un nombre: CFK. Mientras fueron instruidas sirvieron para llenar tapas de diarios y alimentar la apuesta de desgastar a la actual vicepresidenta.
Pero la “hora de la verdad”, llega en la etapa de juicio oral. La noticia que hay que sumar a la de los sobreseimentos es que el plan del macrismo de conquistar tribunales orales federales naufragó, fue un fracaso. En parte porque todavía hay cierto impulso reflejo dentro del propio sistema judicial que ha evitado el grotesco extremo. Esto explica también que algunos referentes de Juntos, como Patricia Bullrich, salieran a decir después del fallo en Hotesur-Los Sauces, la palabra “impunidad” y a reclamar una “justicia independiente”, la muletilla que usan cuando una sentencia no les gusta.
Justicia in the pendiente
Es una gran paradoja --aquella falsa proclama de la “independencia”-- si nos detenemos un instante para refrescar el mecanismo que quiso usar el gobierno de Macri para tener a los tribunales orales a sus pies, pero le salió mal. No es que interese revolver el pasado, sino ver los efectos actuales y entender las proclamas con las que insisten. El 30 de diciembre de 2016 se votó la ley 27307 “de fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal federal y de los tribunales orales en lo penal económico”. Para ese entonces en Comodoro Py había seis tribunales orales federales (TOF), dos en proceso de conformación por concursos y otros cuatro proyectados. Aquella ley preveía que seis TOF quedarían armados gracias a la mágica conversión de seis tribunales orales ordinarios –dedicados a juzgar delitos, comunes, como robos, hurtos, estafas, también homicidios— en federales.
O sea, jueces y juezas que habían concursado para ocuparse de delitos ordinarios obtendrían cargos en la justicia federal, gracias a una mayoría simple del Consejo de la Magistratura, que por entonces manejaba el macrismo.
Antes de comenzar a poner esa estrategia en marcha, ese sector intentó dilatar la conformación de los tribunales 7 y 8, en especial este último, con el desplazamiento de dos mujeres que eran las mejor posicionadas, Sabrina Namer y María Gabriela López Iñíguez. No les importaba su idoneidad, sino que no formaban parte del grupo de magistrados/as que imaginaban dóciles antes sus imperativos.
Hasta la Corte se puso colorada
Como era todo tan alevoso, apuraron sin concurso la generación de otros TOF, y así fue como transformaron el tribunal criminal 10, en tribunal federal 9, trasladando a la jueza Silvia Mora y los jueces Alejandro Nocetti Achával y Alejandro Becerra. Era tal el apuro que fuera el tribunal que recibiera las primera causas importantes contra CFK o vinculadas a su gestión, que con la anuencia de la Cámara de Casación ese TOF9 fue incluido en el sorteo de expedientes sin tener la habilitación de rigor de la Corte Suprema. Le tocaron las causas del Memorándum y la de la “ruta del dinero K”, como se llamó a la que tuvo como protagonista a Lázaro Báez por lavado.
Hay que reconocer que fue la propia Corte la que frenó aquel invento: anuló el sorteo de causas asignadas y dejó sin efecto la designación de los jueces. Votaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Aquel episodio hizo montar en cólera al exministro de Justicia, Germán Garavano, que empezó a hablar de una “mayoría peronista” entre los cortesanos.
La conversión de tribunales para poder elegir jueces/zas quedó trunca. El gobierno de Macri siguió haciendo “traslados” en otros cargos para elegir su propia “justicia”, y muy a la larga la Corte también lo cuestionó, con el argumento de que no puede haber traslados definitivos, como en los casos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, nombrados por traslado en la Cámara Federal, y que todavía siguen ahí porque no terminó el concurso de los puestos que ocupan.
Tribunales no binarios
Es relevante revisar esta trama antes de caer en el binarismo que todo lo reduce a un esquema de castigo versus impunidad, o que dicta que si un fallo no agrada el apetito político/económico el destino de quien lo firmó es la destitución o la persecución hasta que renuncie. Aunque es obvio decirlo, eso es lo contrario de la garantía de independencia.
Pasa algo más que interesante en los tribunales orales federales: no hay posturas uniformes o unívocas, hay ideas jurídicas en pugna, es precario hacer una lectura política lineal de las decisiones o atarlas a si sus autores/as tuvieron alguna relación o no con Justicia Legítima.
Lo que irrita hoy a la oposición política/económica/mediática son las sentencias que muestran los hilos de causas que tuvieron mucho de armadas. Esto no invalida los interesantes debates jurídicos, por ejemplo, sobre el lavado de activos, y las “bibliotecas” que se pueden aplicar. Lo que incomoda es que haya fallos que expliciten que se acusó y en ciertas ocasiones hasta se privó de la libertad por un delito inexistente. Que, como el de Los Sauces/Hotesur, tomen como ejemplo el fallo de la Corte de Brasil que derribó las acusaciones contra Lula, que digan que desde hace añares hay un delito comodín, el de “asociación ilícita”, que es peligroso y uno de los grandes emblemas de las persecuciones políticas.
Lo que une al exmandatario y al exjefe de la AFI desde Boca hasta hoy
Para Macri y Arribas viajar es un placer
Uno como presidente de la Fundación FIFA y el otro como intermediario, encontraron la coartada justa para salir del país mientras siguen sometidos a proceso judicial por espionaje.
En Los viajes de Gulliver el personaje principal de Jonathan Swift llegaba a Liliput. Un imaginario país donde vivían unos hombrecitos de seis pulgadas. Mauricio Macri y su ex jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas, siguen con esa tradición. No van en barco, van en avión. Pero quizás crean que exista una nación de enanos mentales muy fáciles de subestimar. Siempre tienen una tarjeta de embarque a mano para andar por el mundo con el fútbol como coartada. El expresidente en su condición de “executive chairman” de la Fundación FIFA. Bajo ese título en inglés, lo invitó el quinto fabricante de agrotóxicos del mundo, UPL, a dar una conferencia sobre cambio climático y agricultura sustentable en Santiago de Chile. Justo a él que en abril de 2019 criticó un fallo judicial que prohibía la fumigación de campos en Entre Ríos cerca de las escuelas. Su amigo y ex funcionario procesado en cuatro causas por espionaje le pidió a la Justicia permiso para trasladarse a Emiratos Arabes Unidos. Argumentó que debía reunirse con la empresa Sapphire Sport Management con “el propósito de discutir eventuales negocios” como empresario futbolístico.
Macri y Arribas forjaron una relación interesada cuando el primero presidía a Boca y el escribano se puso a su servicio desde Brasil. El pase de Carlos Tevez al Corinthians gracias a la multimillonaria inversión del grupo MSI –sospechado de lavar dinero– expuso por primera vez al ex Señor 5 allá por 2005. Desde aquel momento los dos personajes se volvieron inseparables, aunque ya se conocían desde muy jóvenes porque integraban el mismo equipo de fútbol. El expresidente justificó su designación al frente de la AFI con una pregunta sobre sus amigos en el libro M de la periodista Laura Di Marco: “¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas?”. La respuesta es obvia.
Seis años después –Arribas fue nombrado en diciembre de 2015– el desenlace de esta historia es conocido. Ambos desfilan a marcha forzada por tribunales y Macri pierde la compostura cuando la querella de los familiares espiados del submarino ARA San Juan le marca la cancha. A la abogada de los familiares de las víctimas, Valeria Carreras, la acaba de llamar “pseudo detective” porque desconfía de sus viajes por actividades de la FIFA. En la justicia federal, por ahora solo están procesados su amigo itinerante y la segunda exjefa en la AFI, Silvia Majdalani. En los tribunales de Comodoro Py se toman su tiempo mientras los dos hombres del fútbol se dedican a viajar por el bien del deporte.
El expresidente nunca perdió la costumbre de volar. Cuando ejercía la primera magistratura, el Cronista Comercial publicó una nota donde documentó que durante 865 días de gobierno había realizado 136 vuelos oficiales. El período tomaba desde que llegó a la Casa Rosada hasta el 23 de abril de 2018. Ya sin razones de estado que esgrimir, la presidencia de la Fundación FIFA le permitió continuar con la rutina aérea. Pese a la pandemia y las restricciones vigentes para los ciudadanos de a pie. Paraguay, España, Francia, Suiza, Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar y ahora Chile son los destinos que eligió para viajar.
Arribas fue más módico cuando le pidió autorización a la justicia para trasladarse al exterior: Uruguay, Brasil y Emiratos Arabes. Su situación judicial es, por ahora, más comprometida. Tiene cuatro procesamientos: dos en Dolores y otro par en Lomas de Zamora, todos por espionaje.
Los viajes ininterrumpidos de Macri bajo el paraguas protector de la FIFA hicieron sospechar una y otra vez a la abogada Carreras y a su colega Luis Tagliapietra –padre de uno de los 44 submarinistas muertos– de que el expresidente “se podría profugar” y que existían “serios peligros de evasión”. En el caso del reciente periplo por los reinos saudita y qatarí plantearon medidas judiciales por un cambio de itinerario. La letrada lo acusó de realizar “una trapisonda, engaño, mendacidad, falsedad ideológica”. A la estadía en Arabia Saudita siguió una escala en Doha donde presenció el Gran Premio de Fórmula 1. Qatar lo organizó como una actividad conjunta entre la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la FIFA a la que asistieron Gianni Infantino y los ex futbolistas Beckham, Pirlo y Desailly con fines promocionales. Macri no iba a perderse el evento pese a que alteró el viaje autorizado por el juez de Dolores, Martín Bava.
El magistrado es el mismo que el 1° de octubre le había prohibido salir de la Argentina. Cuando dictó esa medida, el expresidente “estaba en Miami Beach y demoró su regreso al país por 18 días más” escribió en este medio Luciana Bertoia. El próximo martes Macri disertará en Santiago en el evento The Gigaton Challengue organizado por la multinacional india UPL y la Fundación FIFA. La empresa que lo invitó a la capital chilena entre el 30 de este mes y el 1° de diciembre, envió toda la información sobre su estadía en el sofisticado hotel Mandarín Oriental. Es la compañía que el 6 de mayo pasado fue sancionada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires por “incumplimiento de la ley 27.729 que fija la obligación de recolectar y tratar los envases con agrotóxicos”. Apareció en la lista de las diez más contaminantes con multas por 51,7 millones de pesos.
Macri viajará a Chile después de que su abogado Pablo Lanusse presentara la invitación de UPL Ltd, los pasajes de LATAM y Aerolíneas Argentinas para ir y venir más el voucher del hotel cinco estrellas. También solicitó medidas adicionales “ante el hipotético caso de un pronunciamiento adverso al pedido que aquí se formula, por comprometer ello la libertad del Sr. Mauricio Macri, el debido proceso, la defensa en juicio, la dignidad humana y su estado de inocencia”. Formuló “las reservas de recurrir en casación y del caso federal”. A Lanusse no le hizo falta pedir ninguno de estos recursos. La Cámara Federal de Mar del Plata revocó la decisión que le prohibía salir del país a su cliente. El expresidente puede seguir ahora incursionando en la era del agro-fútbol, un producto que parecería tóxico. Todo indica que se aproxima su procesamiento porque el gobierno que presidía espió a los familiares del ARA San Juan.
A Macri lo invitó una multinacional de pesticidas para hablar del cambio climático y a su ex jefe de Inteligencia una compañía –Sapphire Sport Management– que según la abogada Carreras “fue dada de baja” en los registros societarios del Reino Unido. El defensor del escribano, Jorge Sourigues, presentó como toda constancia el 23 de noviembre una nota manuscrita donde sostiene que la empresa anfitriona de Emiratos Árabes “más allá de la situación que pueda tener en el Reino Unido, se encuentra plenamente activa en la ciudad de Abu Dabi donde se llevarán a cabo las reuniones con el señor Arribas”. El viaje está en curso. Pidió autorización para hacerlo entre este sábado 27 y el martes 30 de noviembre. Duraría cuatro días y se pasaría viajando algo más de treinta horas. Es lo que se tarda partiendo desde San Pablo, Brasil, ida y vuelta. El intermediario vivió en esa ciudad hasta que se sumó al gobierno de su socio itinerante en los negocios del fútbol. Necesita trabajar, aunque era el funcionario que más patrimonio declaró cuando integraba el gabinete de Macri.
Las tareas de inteligencia de la AFI macrista para medir la conflictividad
El espionaje ilegal sobre la protesta social
Los seguimientos a las manifestaciones en contra del gobierno de Cambiemos. El semáforo que marcaba los niveles de riesgo.
Mientras se dedicaban a vigilar a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, los espías de la delegación Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tenían una lista de actividades que sucederían entre el 5 y el 13 de febrero de 2018 en la ciudad balnearia y que despertaban la inquietud de la exSIDE. Entre otras, estaban la marcha de las Madres de los jueves por la tarde, las protestas de las familias de los submarinistas y de otros buques que se hundieron en la zona e incluso las movilizaciones que se hacían en el bosque Peralta Ramos contra la domiciliaria del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Lejos de ser una rareza de la base Mar del Plata --ahora en el foco de la atención pública por la causa que involucra al expresidente Mauricio Macri--, el interés de los espías estuvo centrado en aquellos y aquellas que protestaban.
“Todas las causas están mostrando que, en forma rutinaria, había un seguimiento de la conflictividad social”, explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a Página/12. “Esas prácticas tienen que ver con un modo de pensar la inteligencia y demuestran que quienes están en el gobierno la entienden como una herramienta útil para medir la conflictividad”, añade.
En un descargo ante el juez federal Martín Bava, que subroga en Dolores, el exjefe de la base Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez, reconoció que se hacían informes sobre “conflictividad social”. Sus dichos parecían estar orientados a relativizar los seguimientos que hicieron sobre los familiares de los 44 tripulantes o los informes que enviaron para adelantar cuáles serían sus reclamos. Sin embargo, lo que terminó revelando es que había un control férreo sobre toda actividad que para la AFI podía ser considerado un riesgo -- y más aún en una que suscitaba el interés nacional e internacional como fue la búsqueda del submarino--.
Tanto en Mar del Plata como en otros lugares del país, la AFI organizaba o sistematizaba la información de acuerdo a los colores del semáforo. El primero en aparecer fue el que ordenaba las prioridades para espiar a los exfuncionarios o empresarios kirchneristas que estaban presos en dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Esa documentación se halló en poder de los espías conocidos como Súper Mario Bros --en su mayoría, policías de la Ciudad que se habían integrado a las filas de la AFI durante el macrismo--. “Alguien definía quién iba a seguir a quien, establecía un orden de interés y decidía cuáles eran los datos que tenían que saber y almacenar”, explica la mecánica Alejandro Rúa, abogado querellante en la causa.
En ese mismo expediente, se encontró un semáforo con actividades que sucederían el 18 de diciembre de 2018 a lo largo y ancho del país. Entre otras se destacaba con color rojo -- máximo interés o máximo riesgo-- una marcha a Plaza de Mayo contra el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich. Lo que muestra ese documento es que todas las delegaciones seguían una misma metodología a la hora de sistematizar la información que les llegaba. Incluso se dividió con los colores del semáforo a los periodistas que se acreditaron para cubrir la cumbre del G20 y, para ese evento también, se realizó un cuadro con partidos de izquierda, organizaciones sociales y referentes que podrían manifestarse.
No es una novedad que la AFI haya centrado su atención en estos sectores, ya que en otra causa que tramita en Comodoro Py figura un informe que los espías confeccionaron sobre una reunión del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) que se hizo en el Hotel Bauen antes de una marcha por la desaparición de Santiago Maldonado y como parte de los preparativos de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se llevó a cabo en Buenos Aires a finales de 2017.
“El espionaje a la protesta social es un mecanismo más de control social, una forma de asegurarse que no tengan oposición las medidas antipopulares que toman los gobiernos”, dice Myriam Bregman, diputada nacional electa por el FIT-U. “Lo que ocurre con el gobierno de Macri es que esta práctica se extendió y profundizó de una forma feroz, que cosas que habíamos denunciado en forma aislada se dieron todas juntas: la represión a los que luchan, la infiltración en las organizaciones junto con el espionaje sobre la oposición política”.
La primera causa que destapó cómo la AFI se había abocado entre 2016 y 2017 a hacer tareas de inteligencia ilegal sobre organizaciones sociales fue la del “Proyecto AMBA”, que estuvo inicialmente en manos del juez Alejo Ramos Padilla. El magistrado halló desde información sobre comedores populares en poder de las delegaciones bonaerenses de la exSIDE hasta seguimientos de actos de Cristina Fernández de Kirchner o festejos por el día de les niñes. También surgió que un agente había estado infiltrado en Barrios de Pie cuando se hallaron los papeles por la licencia médica que tuvo que tomar después de que se desplomó desde el techo cuando colocaba micrófonos y cámaras antes de una reunión.
“Hay una práctica de recolectar información --para ver después en qué se usa-- que no es solo propio de la AFI,sino también del resto de las fuerzas e incluso del SPF, como quedó en evidencia en la causa de Lomas de Zamora”, dice Claudio Pandolfi, investigador y docente de Seguridad Ciudadana en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). “El desafío es ver cómo desarmar una estructura que muchas veces juega sola” concluye.
Fuente:Pagina12
Feletti defendió la canasta regulada de consumo masivo: "Hay muy buen grado de aceptación"
El secretario de Comercio Interior señaló que se pudo instalar el concepto y remarcó la necesidad de un desacople entre precios internos e internacionales para garantizar el consumo.
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró que se logró instalar el concepto de "canasta regulada" de productos de consumo masivo, que se cumple en un "alto grado" en valores y abastecimiento, y remarcó la necesidad de un desacople entre precios internos e internacionales para garantizar el consumo.
"Nos trazamos como objetivo frenar la aceleración de precios de los primeros 15 días de octubre y acordar una canasta regulada de más de 1.400 productos de góndola que reflejen el estándar y el perfil de consumo promedio de las y los argentinos", explicó Feletti en diálogo con radio La Red.
Según el funcionario, "el concepto de canasta regulada la logramos instalar (…) y se está cumpliendo con un muy buen grado de aceptación tanto en precio como en abastecimiento"; y adelantó que trabaja con todos los eslabones del sector "planteando una propuesta consensuada para el 8 de enero".
En el caso de la carne, trigo y maíz, Feletti planteó la necesidad de desacoplar los precios internos de los internacionales.
"Vemos una suba de los precios internacionales (y el año que viene va a seguir), entonces si no hay una política de desacople en maíz, trigo y carne, no es posible sostener la política de precios que venimos llevando adelante"
"Vemos una suba de los precios internacionales (y el año que viene va a seguir), entonces si no hay una política de desacople en maíz, trigo y carne, no es posible sostener la política de precios que venimos llevando adelante", planteó.
Para el secretario, "se tienen que desacoplar los precios para garantizar el abastecimiento del mercado interno".
"Puede ser a través de cualquier herramienta: desacople, cupo, retenciones o incluso un acuerdo, cruzando precios", detalló.
Tras destacar los "muy buenos diálogos" que mantuvo con los referentes del sector cárnico, advirtió que éstos "quieren un plan de negocios que les permita exportar un millón de toneladas de carne" lo que "significaría que las y los argentinas vamos a consumir menos carne".
"Si no hay un desacople, la demanda internacional de alimentos y de carne específicamente, va a lograr que las y los argentinos tengamos que cambiar nuestra dieta para peor y comer menos carne; si no se trabaja con un criterio de, primero abastecemos al mercado interno y luego se exporta a precios diferenciales, estamos en un problema", reiteró.
En ese sentido, señaló que "se está pensando en aumentar la oferta de carne para que baje un poco el precio instalado, pero como tendencia más a mediano plazo, se debe pensar en el desacople porque, si no, no vamos a poder sostener la canasta regulada".
Kulfas: "Cuidar los pocos dólares de nuestra economía es un acto de responsabilidad social"
El ministro de Desarrollo Productivo defendió la decisión de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior. Dijo que la prioridad es importar insumos y máquinas que no se producen.
28-11-2021
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, defendió la decisión de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior, y sostuvo que “cuidar los pocos dólares" de la economía argentina "es un acto de responsabilidad social”.
“En este contexto de restricciones inéditas por dos crisis que no provocamos -la de 2018-19 y la de la pandemia-, cuidar los pocos dólares que dispone nuestra economía es un acto de responsabilidad social”, afirmó el funcionario nacional a través de su cuenta Twitter.
En ese marco, agregó: "Sería irresponsable que el Estado financie una actividad que nos cuesta tantos dólares, sobre todo teniendo en cuenta que cuantos menos dólares tengamos, más riesgos hay de devaluación; y como vimos en 2018 y 2019, ya sabemos el impacto que ésta tiene sobre las familias”.
El titular de la cartera productiva argumentó que en la Argentina “la gran mayoría de las crisis económicas se dieron por la falta de dólares, que detonó devaluaciones y pérdida del poder adquisitivo de las mayorías”, y dijo: "Por eso, la pregunta por a dónde van los dólares que produce nuestra economía es tan relevante”.
“Esa característica histórica se ve hoy agravada por la deuda inédita con el FMI que nuestro gobierno no contrajo pero debe pagar”, y “ante este nivel de restricción, el Estado debe priorizar a dónde destina esos dólares escasos”, afirmó.
En ese sentido, explicó que en la última década el turismo exterior fue “una gran fuente de salida de dólares de Argentina: hubo mucho más turismo de argentinos en el exterior que visitantes extranjeros en Argentina”, lo que “significó 23.500 millones de dólares menos para nuestra economía en 10 años”.
“Que quede bien claro: no motiva la decisión estatal el ánimo de afectar a grupos particulares, son muy saludables las aspiraciones que nuestros ciudadanos tienen por mejorar la calidad de vida, más aún luego de años tan difíciles”, sostuvo y justificó que se trata de que “estamos saliendo de una larga crisis que, como todos sabemos, golpeó a la inmensa mayoría de la sociedad, y la economía lleva 10 meses seguidos creando empleos formales, pero todavía falta muchísimo para recuperar el daño que sufrimos en los últimos años”.
En esa línea, Kulfas dijo que “para seguir por este camino de recuperación el Estado debe priorizar los dólares para importar insumos y máquinas que no se producen aquí y que son esenciales para que nuestras industrias crezcan y continúen creando nuevos puestos de trabajo, y a eso apuntan las medidas del jueves del BCRA, que en simultáneo vinieron acompañadas de una resolución que facilita el acceso a divisas para que nuestras pymes puedan importar maquinarias”.
“Esperamos que el aumento de las exportaciones, las inversiones que hemos conseguido (y que continuaremos fomentando) y la llegada a buen puerto de las negociaciones con el FMI nos permitan continuar ordenando la macroeconomía y levantar esta medida”, concluyó.
Mediante la Comunicación "A" 7407, el Banco Central (BCRA) adoptó el días atrás la medida que limita el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como alojamientos, excursiones y alquiler de transporte, entre otras, tanto en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.
Fuente:Telam
Las tres diferencias que demoran el acuerdo con el Fondo
El gobierno quiere tenerlo listo "cuanto antes". Pero se profundizan las disidencias en asuntos como el déficit fiscal, la brecha cambiaria y las reservas. Cuáles son las exigencias del organismo. El rol de las expectativas para calmar a los mercados y ayudar a reducir la inflación. Pero los plazos son muy cortos.
27/11/2021
Foto: Presidencia
Cuanto más cerca se está de concluir la ventana de tiempo en la que el gobierno se había propuesto cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más en duda parece su concreción en el corto plazo. En los últimos días afloraron rispideces propias de toda negociación de este tipo pero suficientes para agregar una dosis de incertidumbre todavía mayor.
Las discusiones con el staff técnico de la entidad son “permanentes”, según dijeron voceros del organismo a Tiempo. Sin embargo, no están previsto viajes desde ni hacia Washington; todo se lleva a cabo por teléfono y videoconferencia. En esos encuentros virtuales, los puntos de discusión son cada vez más espinosos. En particular, el camino hacia el equilibrio fiscal, la reducción de la brecha cambiaria y el cese de la emisión monetaria como recurso para equilibrar las cuentas, aspectos en los que el cuándo, el cuánto y el cómo abren serias diferencias.
Esas cuestiones prácticas están conspirando contra la voluntad política de cerrar “cuanto antes” el nuevo programa, discurso que cada vez es enarbolado por más funcionarios. Ya no son solo el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández los que lo pregonan, convencidos de que no hay alternativa. En la última semana se sumaron al coro el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, y hasta el titular de una cartera eminentemente política como Wado de Pedro, ministro del Interior, frente a empresarios españoles. “Estamos haciendo todos los esfuerzos, por todos los medios”, dijo Manzur.
El tiempo que se había fijado el gobierno para arreglar la cuestión oscila entre diciembre y marzo. Fernández había prometido que a comienzos del mes entrante enviará al Congreso el programa económico plurianual que incluirá “los mejores entendimientos” alcanzados entre el FMI y el gobierno; Guzmán redobló la apuesta y dijo que en ese proyecto ya estará incorporado el acuerdo con el organismo, lo que da a entender que planea cerrarlo la semana que viene. Por otra parte, las autoridades se habían comprometido con el Club de París a normalizar la deuda con ese grupo antes del 31 de marzo, garantizando que para entonces estaría solucionada la cuestión con el Fondo.
En el medio hay obligaciones concretas que surgen del stand by de 2018, todavía vigente. En vísperas de Navidad vence una cuota cercana a los U$S 1900 millones, que será atendida con los DEG que recibió el Banco Central. En enero hay otra amortización prevista por U$S 731 millones, en febrero intereses trimestrales por U$S 372 millones y en marzo un remezón fuerte: un compromiso por U$S 2873 millones. Nadie asegura que para esa fecha las reservas netas del BCRA alcancen para su cancelación.
El des-acuerdo
Lo llamativo es que los puntos centrales del debate con el FMI son los mismos que Guzmán pactó hace un año y medio con Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo. Esto es, un acuerdo de facilidades extendidas a diez años de duración (el ala del oficialismo más reacia ya se resignó a que no habrá un plazo mayor) y sin mayores reclamos de reformas estructurales, que postergue el pago de los U$S 44 mil millones girados por el organismo por cuatro años y medio. Para ello, la entidad giraría un importe similar a cada cuota que vence en ese ínterin.
Las diferencias que obturan el cierre de un nuevo programa, como ya se apuntó, están vinculadas a cuestiones fiscales, cambiarias y monetarias. Pero los indicios también apuntan a una brecha conceptual. El gobierno insiste en que la firma de un nuevo programa no debe interferir en la búsqueda de la recuperación económica y que ella requiere políticas expansivas. “Buscamos un acuerdo sobre la base de nuestra visión. Es necesario que el Estado pueda cumplir su rol apuntalando el crecimiento de la demanda y que al mismo tiempo puedan ir ordenándose las cuentas públicas. Queremos seguir dándole continuidad a ese camino”, resumió Guzmán.
Sin embargo, trascendió que en las últimas conversaciones, Julie Kozack y Luis Cubeddu (los negociadores del Fondo) insistieron en pedir como requisito para refinanciar la deuda que el camino hacia el equilibrio fiscal se recorra en solo un par de años y que la distancia entre el dólar oficial y los alternativos se recorte lo más rápidamente posible para garantizar la liquidación de exportaciones y la acumulación de divisas netas.
De esa postura se desprende que la preocupación del FMI es asegurarse que la Argentina tenga suficientes recursos para hacer frente a partir de 2026 a un cronograma de pagos de deuda no mucho más contemplativo que el actual. La situación interna en términos de nivel de actividad y sobre todo de índices socioeconómicos quedaría entonces desplazada a un segundo plano.
Las señales desde el gobierno son ambivalentes. Pese a los discursos sobre políticas expansivas, y aun con el evidente empujón al gasto durante la campaña electoral, el déficit fiscal hasta octubre fue del 1,8% del PBI, bastante por debajo del 4,5% proyectado para todo el año en el Presupuesto 2021. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el gasto en jubilaciones y pensiones cayó en términos reales un 4% interanual en octubre y en materia de prestaciones sociales, el acumulado en diez meses está un 14% por debajo del nivel de 2020. Aunque el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo en el acto del Día de la Construcción que “hoy están en marcha más de 3000 obras en todo el país”, la OPC señala que hasta octubre la ejecución presupuestaria en el rubro gasto de capital fue de solo el 65,5%. También, ya se anunció para el año próximo la segmentación de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, para reducir su impacto en el Tesoro.
Este sesgo hacia la austeridad lleva al Instituto del Trabajo y la Economía (ITE) a preguntarse cuál es la estrategia fiscal para el año que viene, para el que el Presupuesto bosqueja un déficit primario del 3,3% del PBI, y si hay una meta “FMI-friendly” para 2022. “Un ajuste fiscal del 1% del PBI como prenda de negociación para lograr un acuerdo con el FMI que lleve el déficit al 2,3% para 2022 simplemente equivale a sincerar una proyección sobrestimada”, arriesga ese centro de estudios.
Expectativas
En un webinar para inversores, Leonardo Chialva, de Delphos Investment, recordó que en los recientes acuerdos celebrados por el FMI en los últimos años, con Argentina y con otros países como Islandia, Ucrania, Angola y Ecuador, se observan como patrones comunes no solo una baja del déficit sino una exigencia de que la tasa de interés real sea positiva, de manera de reducir presiones hacia el dólar. “Esa tasa positiva golpearía contra el consumo y la producción. Sirve para poner la economía en una recesión que permita acumular reservas, pero no parece ser políticamente viable en la Argentina. Y si no es creíble, no servirá para anclar expectativas”, opinó.
El Banco Central, en su Informe de Política Monetaria, reconoció que una renegociación exitosa es esencial para generar mayor confianza en la gestión oficial. “Con vistas al 2022, un próximo acuerdo con el FMI ayudará a mejorar las expectativas”, afirma el documento, y agrega que eso será clave para “contener las presiones cambiarias y las expectativas de inflación”.
Otro ítem que frena el apuro del gobierno es el recargo en las tasas de interés que el Fondo le aplica a Argentina por haber superado el límite de crédito disponible (excepción que, se recuerda, autorizó expresamente el propio FMI). La derogación de esa sobretasa de tres puntos anuales no fue aprobada en octubre, como se esperaba. Sin embargo, voceros del Fondo dijeron a Tiempo que “en diciembre el directorio va a discutir las sobretasas”. Como su eliminación permitirá ahorrar al país más de U$S 1000 millones anuales en concepto de intereses, difícilmente el gobierno acepte cerrar un nuevo acuerdo antes de esa decisión. «
PRONÓSTICOS
La distinta mirada del gobierno y el FMI también alcanza a las previsiones sobre la actividad económica. Mientras las autoridades creen que la suba del PBI este año rozará el 10%, el organismo mantiene sus proyecciones del último Panorama Mundial: 7,5% en 2021 y 2,5% el año que viene.
FMI: la pulseada que se viene en el Congreso por un acuerdo consensuado
Las leyes que el oficialismo apuesta a conseguir antes de cerrar con el organismo. La postura de los bloques opositores y las tensiones dentro del FdT. La posición de la Rosada.
27/11/2021
A la composición actual de las dos cámaras del Congreso le quedan dos semanas. Las legisladoras y legisladores electos en las generales del 14 de noviembre jurarán a partir del 7 de diciembre y tres días después concretarán el recambio que dictaron las urnas. Detrás de las especulaciones sobre los temas que se podrán tratar antes del 10 de diciembre, en el oficialismo ya están con otra agenda: estiman que para entonces la Casa Rosada habrá puesto en juego las cartas que tiene para explorar un acuerdo con la oposición en el Congreso y, luego de saldar ese intento, avanzar en el tramo definitivo de la negociación que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos, que lideran Máximo Kirchner y Cecilia Moreau, trabajan sobre una hoja de ruta que se basa en los tiempos que planteó la Casa Rosada. Deslizan que ya están definidas las pautas generales del borrador que negocia el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el staff del FMI. Aseguran que tendrá cuatro años de gracia y un plazo de pago de diez años a partir del 2025, es decir, cuando el próximo presidente o presidenta comience a transitar la segunda parte de su mandato. Si esos datos se confirman, serán un freno para las aspiraciones del kirchnerismo, que apuntaba a conseguir el doble de ese plazo a partir de un cambio en la carta orgánica del FMI.
Entre las incógnitas que hay en danza, dentro del Congreso no ventilan certezas sobre la posición que adoptará el directorio del organismo sobre el pedido argentino de recudir las sobretasas. Son aumentos de 200 puntos básicos (2%) que afectan a los préstamos por encima del 187,5% de la cuota de un país. La sobretasa trepa a los 300 (3%) puntos básicos en los créditos que están por encima de ese porcentaje durante tres años, como es el caso de la Argentina. “Esperamos que el presidente anuncie el borrador del acuerdo con el FMI la primera semana de diciembre y que luego envíe el plan plurianual que mencionó el día de las elecciones”, confió a este diario una alta fuente parlamentaria.
Más allá de las perspectivas que le endosan al presidente, en la Cámara Baja aseguraron que el proyecto entraría el 6 de diciembre, un día antes de la jura de los legisladores electos. Pero no se animaron a precisar si la iniciativa será tratada en forma simultánea con el proyecto de Presupuesto 2022, que el Ejecutivo envió el 15 de septiembre y acumula 80 días sin tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado Carlos Heller.
En el interbloque de Juntos por el Cambio, que preside el radical Mario Negri, están aferrados a la demora del oficialismo con la Ley de Leyes y desconfían de cada movimiento. Creen que el plan plurianual cambiará todos los términos del presupuesto y que por esa razón el oficialismo “no movió un dedo” para activar el debate en comisión.
“No lo tratan porque todos los números van a cambiar cuando el gobierno mande las metas que está negociando con el Fondo”, resumió un dirigente del macrismo que da por hecho que el debate económico recrudecerá en diciembre. “Por eso Alberto extendió el período de ordinarias hasta fin de año, pero vamos discutir esto el tiempo que sea necesario y no les vamos a votar nada a libro cerrado”, bramaron desde la bancada de la Coalición Cívica, que lidera Juan Manuel López.
Sin embargo, la fundadora de ese espacio, Elisa Carrió, marcó una orientación diferente este sábado durante el congreso del partido para conmemorar los 20 años de su creación. En el encuentro estuvieron todos los integrantes de la Mesa Nacional de JxC. Les pidió “mantener la institucionalidad” y “acordar con el FMI” para “honrar las deudas”.
Pocas horas después, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió una carta en las redes sociales. Habló sobre la negociación con el FMI. Respaldó al presidente pero volvió a marcar la cancha sin dejar de exhibir su predisposición para acordar. “La lapicera no la tiene Cristina…Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”, lanzó la titular del Senado.
Dentro del oficialismo no hay una posición unánime sobre el abordaje de la negociación soberana de la deuda externa. Los aliados esquivos también anticiparon que el debate no será tan llano. El jefe del Interbloque lavagnista, Alejandro “Topo” Rodríguez, anticipó su posición. “El Congreso no debe entregar un cheque en blanco” en la negociación y sostuvo que “la continuidad de las retenciones a las exportaciones al agro son una mala manera de promover el crecimiento económico”, dijo el diputado de diálogo cotidiano con el excandidato presidencial Roberto Lavagna.
El FdT advierte que el FMI pedirá retenciones y otras salidas fiscales porque quiere cobrar. En el espacio aseguran que si la oposición no quiere acompañar el plan plurianual, “quedarán expuestos por negarse a acompañar la renegociación de la deuda que tomaron ellos cuando fueron Gobierno”. También acotan que hay un agravante si no acompañan, porque el año pasado aportaron los votos para la ley que obliga que todos los acuerdos de endeudamiento pasen por el Congreso.
Amparados en esa lectura, los emisarios del Palacio de Hacienda en el Congreso aseguran que quieren cerrar el Presupuesto y el plan plurianual antes de fin de año. El lapso asoma muy corto para que los textos sean aprobados en ambos recintos. El oficialismo perderá el quórum propio en el Senado desde el 10 de diciembre y deberá redefinir su esquema de alianzas, aunque en Hacienda no descartan que el plan plurianual ingrese por la Cámara Alta y sea debatido mientras se reactive el trámite del Presupuesto en Diputados.
En la Casa Rosada aseguran que con la firma de un acuerdo con el “staff” se destrabarán una serie de inversiones frenadas. Una de las ofrendas previas la lanzó el titular de la Cámara baja, Sergio Massa. Dijo que buscarán suspender la ley de alquileres. Es en la misma línea de las recomendaciones del FMI que desaconseja el control de precios y ya le bajó el pulgar a ese texto, un dato que en el FdT prefieren eludir con diplomacia.
A la par del debate presupuestario, en el oficialismo vaticinan que los proyectos que seguirán tratamiento legislativos son “las fábricas para hacer dólares”, es decir, las iniciativas impulsadas por la Rosada para el sector agroindustrial, para la industria automotriz, de hidrocarburos y de electromovilidad, además del régimen para el cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Esa ambiciosa agenda podría avanzar después de la pelea sobre la deuda que se avecina, aunque en el medio está el tratamiento de la ley de envases que, al cierre de esta nota, corre el riesgo de quedar sin chances para llegar al recinto. Puede caer en medio de una dura ofensiva de lobby y de una negociación que ya está a un paso de tomar las definiciones económicas más importantes para la próxima década.
Fuente:TiempoArgentino
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