Presentan amicus curiae para que la
Corte resuelva habeas corpus a favor
de defensores de Guapinol
Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021 .
Nueve organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional presentaron este miércoles un amicus curiae ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en el que señalaron el camino a seguir para interpretar los estándares internacionales sobre detención preventiva y debido proceso en el caso de los defensores de Guapinol.
En el documento de 13 páginas concluyen que la hoja de ruta parte por el reconocimiento de las resoluciones emitidas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas en relación a que la detención a la que fueron sometidos los ocho ambientalistas es ilegal. A partir de esto destacan que «es imperativo que el Estado adopte medidas para cesar esta situación y reparar a los agraviados».
Además, especifican que el cumplimiento de esta decisión inicia con la liberación inmediata de los defensores, pero aclaran que también se requiere de otras medidas en materia de investigación y de ser pertinente sanciones para quienes hayan incumplido la ley en relación a los fiscales, jueces y magistrados que promovieron el caso contra los defensores del agua. Así como reparaciones a los agraviados, quienes permanecieron 27 meses encarcelados arbitrariamente.

También señalan que cuando la Sala Penal extendió la detención «preventiva» a seis meses más, las autoridades hondureñas ya conocían la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Al no tenerla en cuenta, la Sala contravino los estándares internacionales y constitucionales, por lo que es obligación de la Sala de lo Constitucional corregir la situación y dar paso a la implementación de la resolución del Grupo de Trabajo.
El amicus curiae fue presentado luego de que el habeas corpus del equipo legal que defiende a los ocho ambientalistas fue admitido en tiempo récord por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
A través de la Sala de lo Constitucional se nombró como juez ejecutor para efectos del habeas corpus a la abogada Claudia López, quien a la vez deberá solicitar en las próximas horas los informes respectivos a las autoridades jurisdiccionales que han conocido del expediente y corroborar el estado de los imputados con las autoridades carcelarias.
Los familiares de los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro desean que «puedan quedar en libertad para que puedan pasar una Navidad con nosotras en Familia», dijo Gabriela Sorto, hija de Porfirio Sorto, uno de los ocho activistas detenidos ilegalmente por su oposición a la mina de óxido de hierro a cielo abierto instalada en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Las organizaciones que presentaron el amicus curiae son:
- Clínica de Derechos internacional de los DDHH, Escuela de derecho, Universidad de Virginia, EEUU
- Clínica de Derechos Humanos, Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa
- Civicus – Internacional
- Fundación para el Debido Proceso – Internacional
- Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Honduras
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, Honduras
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) – Internacional
- Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR), EEUU
- Comité Internacional del Gremio Nacional de Abogados, EEUU
Fuente: Criterio
El pueblo debe seguir exigiendo
derogación de leyes nocivas
Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021.
De la forma masiva que acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades, instan a los hondureños continuar demostrando su poder en la toma de decisiones y exigir la derogación de leyes nocivas contra la nación y el cumplimento de las promesas de gobierno.
Las elecciones del 28 de noviembre dejaron marcado un precedente al ser las votaciones con mayor participación en los últimos 20 años y acabar con 12 años de gobierno del conservador Partido Nacional.
Los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo rector de los comicios, exponen a Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación (Libre) como la presidenta electa de los hondureños venciendo de manera contundente al candidato nacionalista, Nasry Asfura, con una diferencia de 14,29 puntos de diferencia situación que evitó una nueva crisis política-electoral.
En el proceso electoral de 2017, se permitió la ilegal reelección del actual mandatario Juan Orlando Hernández imponiéndose mediante un fraude electoral que culminó con una crisis que dejó al menos 23 civiles asesinados por miembros de la seguridad del Estado y pérdidas económicas mayores a los 1,600 millones de lempiras.
A pocos días de las votaciones, organismos de sociedad civil auguraban una crisis peor en estas elecciones debido a la incertidumbre que cobijaba el proceso electoral, sin embargo, la votación masiva de los hondureños cambió el panorama.
“La gente se levantó, se levantó indignada a ejercer un sufragio y un voto de castigo con la fe de cambiar este país, ese espíritu de indignación pero también la esperanza que impulsó a la gente a generar un cambio, el pueblo valiente decidió decir basta ya”, expuso el abogado y analista político, Josué Murillo.
A criterio del doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, el pueblo hondureño demostró que es un contra poder que despertó frente al régimen que estableció el Partido Nacional al mando de Hernández durante los últimos doce años.
“Lo más importante es el voto masivo y que el pueblo hondureño entendió que con su voto es un contra poder y ese contra poder es capaz de derrocar dictaduras y eso quedó demostrado”, añadió.
SEGUIR DEMOSTRANDO EL PODER POPULAR
Tanto Murillo como Mejía coinciden que ahora es responsabilidad de la población seguir demostrando el poder que emana de este exigiendo a las nuevas autoridades del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo cumplir con sus promesas de gobierno y derogar las leyes contraproducentes a los intereses nacionales.
“Lo que falta por demostrar es que este mismo pueblo hondureño demuestre que es un contra poder en el ejercicio de su libertad de asociación, manifestación y reunión en el sentido de presionar, a través de movilizaciones pacíficas, para que el nuevo Congreso Nacional derogue todas aquellas leyes que son contrarias a los intereses nacionales y para que el nuevo gobierno cumpla con aquellas promesas que ha hecho en su plan de gobierno”, dijo Mejía.
En tanto, Murillo exhortó a las nuevas autoridades gobernar en benefició de los hondureños y no de sectores de poder retribuyendo ese voto masivo y de castigo contra aquellos que flagelaron sus derechos.
“Para retribuir ese esfuerzo del pueblo hondureño deben gobernar de manera íntegra sin importar fuerzas internas o externas, deben gobernar con integridad, deben generar políticas públicas que sean factibles, realizables y que tengan un impacto en las poblaciones más vulnerables del país”, exhortó.
Mejía insta a los hondureños demostrar que son un contra poder no solo mediante las urnas, al tiempo que insiste exigir el respeto a sus derechos humanos movilizándose de forma masiva.
“El pueblo hondureño ha dado un golpe sobre la mesa en las elecciones demostrando que ahora es un contra poder real y ahora creo yo que hay muchos políticos que han visto eso y que de cierta manera perciben que ese contra poder de esa gente que salió de forma masiva a votar puede seguir ejerciendo su derechos políticos y democracia de forma movilizada y no únicamente por medio de las urnas”, concluyó.
Fuente: Criterio
Xiomara Castro no usará fondos
del Estado para su traspaso de
mando
Por Dassaev Aguilar, Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021.
En Honduras Xiomara Castro da indicios de como se desarrollara su administración. Ordenó que en su traspaso de mando no se usaran fondos del estado.
Tras varias semanas de dudas del lugar donde se realizará el traspaso de mando a Xiomara Castro la primera Presidenta hondureña, se confirmó que será el estadio nacional de Tegucigalpa.
Xiomara Castro quiere marcar historia, por eso ordenó que en su traspaso de mando no se usaran fondos del estado, y se activó una cuenta bancaria para que por medio de donaciones se financie el evento.
Tradicionalmente los jefes de estado erogan grandes cantidades de dinero para la toma de posesión en su cargo, pero las finanzas de Honduras están en rojo.
El estadio nacional necesita reparaciones que serán ejecutadas antes del 27 de enero, pero no se permitirá el ingreso masivo. Por eso se colocaran pantallas gigantes en barrios y colonias para que todos participen.
El envió de invitaciones a los mandatarios de todo el mundo ha sido masivo, muchos de ellos ya conformaron y se harán públicos en los próximos días.
Fuente: HispanTV
Policía Nacional desaloja a 80
familias de la Cooperativa San
Isidro del Municipio de Tocoa,
Colón y amenazan con continuar
con más desalojos hasta el 21 de
diciembre
Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021.
Este jueves 16 de diciembre, juzgados ordenaron el desalojo a la comunidad campesina de la Cooperativa San Isidro del Municipio de Tocoa, Colón. Alrededor de 150 policías desalojaron a 80 familias de la Cooperativa.
Según información de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), el juzgado ha emitido órdenes de desalojo hasta el 21 de diciembre, desalojando a un grupo por día, sin embargo se desconocen cuáles serán los siguientes grupos por desalojar.
El despojo de las tierras en el Bajo Aguan pone en riesgo la vida y la integridad de las familias, cuyos títulos de propiedad les pertenecen. En 2012, la cooperativa San Isidro recuperó sus tierras luego de un arduo proceso legal, pero después del fallo a su favor, el abogado y apoderado legal de la lucha, Antonio Trejo, fue asesinado, lo que permitió la manipulación del sistema de justicia y el desalojo de las familias. En 2019 se realizó un primer desalojo bajo un contexto de extrema violencia.
El día de ayer, 15 de diciembre, la Cooperativa presentó un amparo en los juzgados de Francisco Morazán en jurisdicción nacional, el cual fue aceptado, sin embargo, dos horas después, el juez ejecutor ordenó el desalojo a la comunidad. La orden de desalojo emitida por el juzgado es ilegal y beneficia a la élite y las empresas extractivas de Honduras.
Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos la militarización, el despojo y la violencia contra las 80 familias campesinas en el Aguan.

Fuente: im-defensoras.org
Lanzan herramienta para responder
a amenazas contra defensores de
DD.HH.
Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021.
Al menos 30 organizaciones especializadas en derechos humanos, incluidos relatores y relatoras de las Naciones Unidas, presentaron este jueves el Protocolo de la Esperanza, la primera herramienta internacional que promovería una respuesta efectiva a las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos, quienes protegen la democracia y los derechos a nivel global.
El objetivo del instrumento es proporcionar una hoja de ruta a los Estados para el establecimiento de políticas públicas que aborden eficazmente las amenazas, así como directrices para una diligente investigación penal, lee en parte el comunicado publicado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El nombre del protocolo fue elegido por dos motivos: su objetivo de garantizar un futuro esperanzador a las personas defensoras y en honor a La Esperanza, Intibucá, ciudad natal de Berta Cáceres, activista de los derechos indígenas, feminista y ambientalista asesinada en 2016 después de 33 amenazas no investigadas.
El pronunciamiento señala que el asesinato de la ambientalista y líder Lenca, ejemplifica una preocupante tendencia mundial, en la que el 85% de personas defensoras de derechos humanos afirman recibir o conocer a alguien que recibió alguna forma de amenaza por su trabajo de defensa en los últimos años.
En su pronunciamiento, la CEJIL señaló que 3 de cada 10* de las personas defensoras afirman que las amenazas que recibieron tenían como objetivo detener una actividad específica; 2 de cada 10* expresaron que las amenazas estaban destinadas a causarles daño psicológico o psicosocial y 5 de cada 10* informaron que la amenaza tenía la intención de advertir sobre alguna forma de violencia futura contra sí mismo, su familia, un grupo vulnerable o su reputación.
Especificaron que las mujeres defensoras experimentan amenazas específicas que obedecen a estereotipos de género y violencia contra ellas. A pesar de su gravedad, por lo general, estas amenazas se mantienen en la impunidad, lo que aumenta el ciclo de violencia y amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas.
Asimismo, indicaron que las amenazas contra personas defensoras tienen un profundo impacto en su vida diaria, la de sus familias y comunidades; en algunas situaciones, las amenazas pueden incluso constituir tortura. El 81%* cree que no recibiría las mismas amenazas si su trabajo no estuviera relacionado con su labor de defensa.
El Protocolo de la Esperanza daría respuesta a esta necesidad como herramienta para canalizar la problemática de manera efectiva con estándares específicos que guíen las investigaciones y puedan ayudar a superar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.
Esto se lograría a través de la visibilización de los efectos diferenciados de las amenazas sobre las personas defensoras con identidades diversas, fortalecimiento de las investigaciones, la reiteración de la importancia de un enfoque interseccional de los patrones de violación de los derechos humanos y la promoción de adopción de medidas de reparación.
La iniciativa es liderada por la CEJIL y fue desarrollada a lo largo de más de cinco años en conjunto con personas expertas en derecho internacional y personas defensoras, quienes trabajaron en esta herramienta que pretende concientizar sobre el alto coste que representan las amenazas en contra de las personas defensoras y la impunidad de estos crímenes.
Entre las 30 organizaciones que apoyan el Protocolo de la Esperanza están: African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Artículo 19, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Oxfam, Peace Brigades International (PBI), RFK Human Rights y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA), entre otros.
Fuente: Criterio
Envio:RL
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