Informe final de la Comisión Investigadora No Gubernamental de Diciembre Negro
El empeño colectivo contra la impunidad
En forma de libro, se puede leer el detalle de lo ocurrido los últimos días de 2001 en Santa Fe, y queda en evidencia la responsabilidad del ex gobernador Carlos Reutemann.
A 20 años de la represión estatal del 19 y 20 de diciembre de 2001, que en la provincia de Santa Fe tuvo nueve víctimas fatales, cientos de heridos y de detenidos, la Comisión Investigadora No Gubernamental que se conformó el 22 de julio de 2002 publica en forma de libro su informe final, con ilustración de tapa de Tomás Expósito (El Tomi), redacción del periodista Osvaldo Aguirre y una voluntad política anclada en la actualidad: “Los crímenes de diciembre de 2001 en Santa Fe no son un suceso del pasado. La impunidad constituye una amenaza para el presente”, dice el texto introductorio. “20 diciembres impunes” es el título de la publicación, que incluye contexto histórico, el detalle de cada crimen, a partir del cotejo entre los testigos directos con las actuaciones policiales y judiciales amañadas; entrevistas realizadas a los entonces ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, y delegado de ese Ministerio, Osvaldo Turco. Esas son algunas partes del rompecabezas que se abre con la primera respuesta al gobierno de Carlos Reutemann, elaborada por la Coordinadora de Trabajo Carcelario, para desmentir la versión oficial. En todos los casos las personas asesinadas fueron acusadas de atacar a la policía, y en todos los casos los testigos directos lo desmintieron. Fueron ejecuciones sumarias, todas las personas fueron asesinadas por balas policiales de plomo. La responsabilidad política de Carlos Reutemann -que murió impune en julio de 2021- y de quien fuera secretario de Seguridad, Enrique Álvarez, es irrefutable.
El informe detalla los últimos minutos de Juan Delgado, Claudio “Pocho” Lepratti, Yanina García, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Graciela Acosta y Walter Campos, asesinados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, así como de Marcelo Pacini, a quien mataron en Santa Fe, y de Graciela Machado, que murió por una descompensación cuando huía de la represión.
“La Comisión Investigadora surgió de la iniciativa de organismos de derechos humanos, instituciones intermedias, gremios, familiares de víctimas y sacerdotes, en reacción a una serie de maniobras que en los primeros meses de 2002 se insinuaba de parte del Poder Ejecutivo provincial, a cargo de Carlos Alberto Reutemann, en procura de evitar la investigación de los sucesos y garantizar la impunidad de los responsables”, se lee en la página 11 del libro.
Si bien la misma conformación de la comisión fue colectiva, es importante recordar a quienes la integraron. Fueron Rubén Naranjo (Foro Memoria y Sociedad, fallecido en 2005); Iván Hernández Larguía (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fallecido en 2012); los sacerdotes Juan José Gravet, Néstor Negri, Daniel Siñeriz, Marcelo Valsecchi y Salvador Yaco (Carpa de la Resistencia); Tomas Juan D´Espósito (“El Tomi”, historietista, director del “Ángel de Lata”); Lilian Echegoy, Federico Garat, Mariana Hernández, Carmen Maidagan y Antonio Tesolini (Coordinadora de Trabajo Carcelario); Gustavo Martínez (secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado filial Rosario); Florencia Barrera, Enrique Font, Paula Moretti y Ana Oberlin (Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario); Eduardo Cecchi, Ángel D’Ambrosio, Eduardo Di Pollina, Federico Pezz y Alicia Tate (diputados provinciales), Alicia Gutiérrez y Alberto Piccinini (diputados nacionales por Santa Fe).
La necesidad de recuperar aquel trabajo tiene que ver con la memoria histórica, claro, pero también con develar continuidades. En los Tribunales Federales de Rosario se juzga la desaparición forzada de Franco Casco, en 2014. En 2015 desaparecieron a Pichón Escobar. En mayo de 2017, María de los Ángeles París llegó a la comisaría 10° y a las dos horas había muerto. En febrero de 2020, Carlos Bocacha Orellana fue hallado sin vida, en el río Paraná, tras haber estado en el boliche Ming. En cada uno de estos crímenes -y en otra decenas de hechos de violencia letal- la lupa está puesta en el accionar policial.
El informe lo expresa con esta claridad: “Al mantener en funciones a las y los responsables directos e indirectos de los hechos, al demostrarles que en la provincia de Santa Fe se podían cometer crímenes y no recibir ningún castigo, se expuso al conjunto de la sociedad a la posibilidad de nuevas ejecuciones a manos de las fuerzas de seguridad, como de hecho han seguido ocurriendo desde entonces en distintos puntos de la provincia”.
Sólo dos crímenes tuvieron un esclarecimiento -y condena- parcial, Fueron el de Claudio “Pocho” Lepratti, el más emblemático, que derivó en una pena de 14 años de prisión al efectivo Esteban Velázquez, ya cumplida. Por el asesinato de Graciela Acosta, Luis Armando Quiroz fue condenado a 11 años de prisión por la Cámara de Apelaciones en lo penal, después de un largo derrotero judicial, en diciembre de 2007. El informe dedica un apartado al juicio por el encubrimiento del crimen de Pocho. “La policía de Rosario volvió a mostrar su oficio en el apañamiento de irregularidades y el falseamiento de sumarios para encubrir el asesinato de Claudio Lepratti”, dice el informe.
En las páginas finales del libro que ahora se publica, se establece que “las pruebas recabadas por la Comisión Investigadora indican que después de las 14 horas del 19 de diciembre de 2001 hubo un cambio en la acción policial en todos los puntos de conflicto de Rosario y que la Unidad Regional II actuó orgánicamente y bajo la orden de reprimir el reclamo social, con armamento de fuego disuasivo y letal. Las personas asesinadas y las heridas por balas de plomo disparadas por la policía son la prueba más elocuente al respecto”.
Que la orden de Reutemann -a través de Álvarez- fue reprimir, lo comprobó la Comisión a partir de las declaraciones del ex ministro Domínguez a la Comisión; los testimonios recogidos en los barrios y en los expedientes judiciales, donde se manifiesta una actitud tensa pero pacífica de vecinos y vecinas y principios de acuerdos en la entrega de mercadería por comerciantes, que concluyen con una represión desmedida por parte de la policía; la falta de entrega de alimentos por parte del gobierno provincial el 19 de diciembre; y una policía acuartelada 72 horas antes.
La orden de reprimir se complementa “con la actitud posterior de la policía ante las investigaciones judiciales, al ocultar información sobre las consecuencias de la represión (por ejemplo, no se dio cuenta al Juez interviniente de la gran cantidad de heridos y heridas que existieron. Esta información es requerida por éste al Ministerio de Salud a través del Área VIII y la Secretaría de salud de la Municipalidad, pese a que casi todos los hospitales tienen destacamento policial); al aportar datos deliberadamente erróneos sobre el personal, los móviles y el armamento utilizado en distintos lugares, modificados por la misma policía y contradichos por las imágenes televisivas; y mediante la obstrucción sistemática de las actuaciones en procura de la impunidad”.
Según establecieron en la Comisión, “las órdenes existieron y resultaron ilegales en cuanto se dispuso reprimir a la población utilizando la fuerza y cualquier tipo de armamento, desconociendo el reclamo social con la finalidad de sacar a la gente de la calle a cualquier costo, violando la ley y el principio de excepcionalidad del uso de fuerza, causando siete homicidios y gran cantidad de heridos y heridas. Y tales órdenes surgieron del subsecretario de Seguridad Pública, bajo la directiva del gobernador Reutemann, con quien mantenía un contacto directo y personal y de quien recibía órdenes, como lo corroboraron las declaraciones del ex ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez y su delegado en Rosario”.
Con el detalle de las actuaciones judiciales, también queda de manifiesto que “la Justicia fue el mecanismo que selló la impunidad. A través de simulacros de investigaciones, desarrolladas mediante actuaciones que en general sólo existieron en las apariencias y en formalidades sin mayor consecuencia, su objetivo central fue impedir el conocimiento de la verdad histórica y dejar impunes a los responsables”.
Pocho
Conmemoración frente a los Tribunales
Aniversario con vigilia y marcha
Familiares de las víctimas del Diciembre Negro vuelven a reclamar justicia. Hoy acto a la mañana y movilización a la tarde.
A 20 años del estallido social y la crisis de 2001, Rosario recuerda a los muertos por la represión policial del 19 y 20 de diciembre de aquel año y vuelve a reclamar justicia por ellos. Las actividades que llevan adelante familiares, organizaciones sindicales y sociales comenzaron ayer por la tarde con una vigilia cultural frente a los Tribunales Provinciales y continuarán hoy con un acto central desde las 10 en ese mismo espacio y con una gran movilización por la tarde. Durante la jornada se criticó el acto encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada por “dividir a los familiares” en una fecha tan especial y por no permitirles participar en la elaboración del proyecto de ley que busca establecer un beneficio reparatorio para familiares y sobrevivientes.
Con un escenario instalado en la Plaza del Foro, frente a los Tribunales Provinciales, familiares de las víctimas volvieron a reunirse con el acompañamiento de organizaciones sociales y gremiales para recordar a Yanina García, Marcelo Pacini, Graciela Machado, Rubén Pereyra, Walter Campos, Ricardo Villalba, Juan Delgado, Graciela Acosta y Claudio "Pocho" Lepratti, muertos en el marco de la violenta represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001. Para eso, eligieron una “vigilia cultural” que contó con una obra de teatro, pintura colectiva, proyecciones, buffet y música en vivo.
“El arte fue una de las herramientas que nos sostuvo y nos empujó a seguir, que nos enseñó a decir cuando no teníamos palabras. El arte es lucha”, dijo una emocionada Celeste Lepratti al subirse al escenario en representación de los familiares de las víctimas. Una de las frases que se repitió a lo largo de la jornada fue que “la justicia es algo que depende de nosotros y nosotras, que está en lo cotidiano”, en contraposición a la justicia formal que les dijo “que a nuestros muertos y muertas no los mató nadie o que nadie les dio las órdenes o que el gobernador no estaba al tanto”.
Por otro lado, la hermana de Pocho Lepratti se refirió al acto encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada para homenajear a las 39 personas asesinadas en el país por aquellos días. “Una parte de los familiares de las víctimas de Rosario y Santa Fe hoy viajaron a Casa de Gobierno. Cada familia decidió si quería o no estar ahí. Nos llamaron hace tres días y era solo preguntar si íbamos o no; no hubo una explicación de para qué era la convocatoria ni se nos concedió la posibilidad de leer el proyecto. Tampoco se le dio la palabra a los familiares para decir lo que querían decir, lo tuvieron que decir de prepo y encima fue cortada la transmisión en ese momento”, criticó Lepratti ayer.
Al mismo tiempo, consideró que el proyecto que busca establecer un beneficio reparatorio para familiares y sobrevivientes “es solo una parte” de la deuda que el Estado tiene para con ellos. “Nos es muy caro este día para que también nos dividan, para que nos hagan viajar con expectativas y no nos muestren en qué consiste el proyecto y si lo podemos discutir. De hecho fue inaugurada una placa para recordar lo que el Estado salió a hacer en diciembre de 2001. Iba a contener los nombres de los y las asesinadas, pero todavía no están porque el Estado no conoce a las víctimas, nosotros les tuvimos que pasar los nombres”, criticó enojada Lepratti.
Las actividades continuarán hoy a las 10 con un acto central frente a los Tribunales provinciales y a las 17 se llevará a cabo una multitudinaria marcha, en la que se esperan cerca de 15 mil participantes, que partirá desde Plaza San Martín hacia el Monumento Nacional a la Bandera.
Maniobra ilícita en el gremio de los municipales santafesinos
Festram es querellante y se viene la imputativa
El juzgado en lo Penal de Santa Fe García Troiano otorgó el carácter de querellante a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) para intervenir en el proceso penal que involucra a Juan Medina, actual Secretario General de ASOEM (Municipales de ciudad de Santa Fe) y Pablo Casale del mismo Sindicato.
Festram resultó damnificada con la maniobra ilícita llevada a cabo por los mencionados dirigentes, quienes además fueron expulsados de la Federación como resultado de una investigación interna, la que fue ratificada por un Congreso General Extraordinario.
La estafa cometida consistió en “falsificar la desafiliación del gremio Asoem a la Federación” para hacerse de varios millones de pesos correspondientes a Festram. En los próximos días se realizará audiencia imputativa a Medina y Casale en la mencionada causa.
Luego, para intentar evadir una mayor penalidad por sus conductas ilegales, efectuaron una asamblea absolutamente improcedente, la que no fue aprobada por el Ministerio de Trabajo y que generó un pedido de informes en la Legislatura santafesina por el exceso de personal de tropas especiales de la policía de Santa Fe para intimidar a los participantes.
No se descarta que en la maniobra hayan participado otros dirigentes que conocían esta defraudación, en ese contexto Festram podría ampliar la denuncia por otros delitos confluyentes como las posibles acciones de “extorsión económica”, cuya amenaza se concreta con este fraude que habrían dado origen.
Movida de la Municipalidad y centros comerciales abiertos
En los barrios le sacaron provecho
Buena convocatoria de público, mayores ventas y disfrute del espacio público en la promoción de comercios de cercanía antes de las fiestas.
Centros comerciales de la ciudad y la Municipalidad dieron en el clavo a la hora de aunar esfuerzos para promocionar actividad y ventas en los días previos a las fiestas de fin de año. Con gran receptividad por parte de vecinas y vecinos, el programa Navidad en tu barrio se realizó el viernes y el sábado con la participación de 365 comercios entre las 60 cuadras intervenidas de paseos comerciales de Fisherton, Alberdi, Godoy, Industrial, Tiro Suizo, San Luis, Peatonales, Ayacucho y Ovidio Lagos. Se sumaron 46 puestos gastronómicos con muy buenas ventas y 47 intervenciones culturales.
“Las vecinas y vecinos que se acercaron a cada uno de los centros comerciales durante este fin de semana, de mañana, de tardecita o de noche, no solamente fueron a comprar algo en un comercio de cercanía, que está muy bien que lo haga, sino que también están volviendo a disfrutar de la calle y del espacio público, porque la calle es nuestra”, resaltó el intendente Pablo Javkin.
Una encuesta realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo relevó que, en promedio, las ventas se incrementaron entre un 40% y un 45% respecto al año 2020 y la facturación se elevó hasta en un 90%. Además, el 95% de los encuestados manifestó estar de acuerdo en volver a realizar este tipo de acciones en fechas festivas y peatonalizar dichos espacios.
En tanto, el 84% de los encuestados calificó como excelentes o muy buenas las acciones desplegadas, y el 72% refirió que sus ventas se vieron incrementadas con estas convocatorias, en conjunto con cada centro comercial.
“Hubo una docena de eventos de promoción comercial, en distintos puntos de la ciudad, que en algunos casos tuvieron peatonalización, que fueron acordados con cada uno de los centros comerciales, que fueron aprovechados por rosarinas y rosarinos”, destacó el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Sebastián Chale.
“Era una necesidad, en esta fecha, una de las más importantes comercialmente, para que los comercios, después de un año irregular, puedan tener un ingreso que les permita terminar el año con una sonrisa”, destacó el secretario, quien además agregó: “Creo que los pone en una buena situación para encarar el 2022, ya que los centros comerciales, junto con la gastronomía y la hotelería, fueron los sectores más golpeados por la pandemia. Por lo que esta recuperación es muy necesaria”.
Santa Fe y el rechazo al Presupuesto nacional 2022
Cleri le apuntó a la oposición
“La actitud irresponsable y mezquina de la oposición ha generado que nuestra provincia pierda no menos de 23 mil millones que iban a llegar en 2022, según lo previsto por el proyecto de Presupuesto que impidieron aprobar”, indicó Marcos Cleri, consultado respecto del impacto de la no aprobación en el Congreso Nacional del Presupuesto 2022.
“Es difícil de entender que legisladores y legisladoras nacionales por Santa Fe, que le dijeron a las santafesinas y santafesinos que iban a defender sus intereses, ahora hayan hecho todo lo contrario, obstruyendo la principal herramienta para gobernar y cortando la llegada de fondos que hacen mucha falta en todas las regiones de nuestra provincia”, remarcó el diputado nacional del Frente de Todos.
“El rechazo al presupuesto frenó una readecuación de los impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias que significan unos 15 mil millones menos de coparticipación para Santa Fe, que además pierde 2752 millones en subsidios al transporte. A la vez, el Presupuesto contemplaba un plan plurianual de obras públicas para las que en nuestra provincia se iban a invertir 4.665 millones en 2022 y 32.590 millones contando hasta el 2024. Entre las obras frenadas está la construcción de escuelas para mejorar la educación, el puente Santa Fe-Santo Tomé y la construcción y reparación de rutas”, señaló Marcos Cleri.
“Tampoco podremos contar con lo que se iba a destinar a dar cumplimiento a las resoluciones de liquidación de las condenas judiciales firmes a favor de nuestra provincia y La Pampa a partir de un artículo del Presupuesto que autorizaba al Jefe de Gabinete a disponer las acciones necesarias en ese sentido”, agregó el legislador nacional santafesino.
Sitratel
Reelección en telefónicos
Hospitales y Cemar
Trasladan vacunatorios
Vaciamiento Banco Provincial de Santa Fe
La fiscalía sigue la investigación
El viernes se realizó la audiencia de apelación para evitar que se cierre la causa penal por el vaciamiento del ex Banco Provincial de Santa Fe, en el marco de la investigación de maniobras ilícitas por al menos 500 millones de dólares. Los fiscales Mariela Jiménez y Jorge Nessier fueron los fiscales que llevaron adelante el rechazo a la prescripción decretada en primera instancia y el juez de cámara Jorge Andrés estuvo a cargo de la conducción de la audiencia y deberá resolver el planteo.
“A esta instancia se llegó a raíz de la impugnación que realizamos luego de la resolución de primera instancia en la que se declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de todos los hechos denunciados en 1990 por integrantes de la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe”, informaron los representantes del Ministerio Público de la Acusación.
De la audiencia de Cámara también participaron tres abogados defensores de las 10 personas investigadas que fueron integrantes del directorio del Banco Provincial entre 1983 y 1990.
Los fiscales puntualizaron que “existen sobrados motivos para considerar que los actos de corrupción que se investigan, sus incidencias en enriquecimientos patrimoniales y la incalculable afectación de las arcas del Estado provincial hacen viable su consideración como ‘delito constitucional’ y, por ende, imprescriptible".
Nessier y Jiménez también subrayaron que “la investigación tuvo idas y vueltas entre la justicia federal y la provincial, y estuvo estancada casi 20 años”. “Durante 14 años estuvo en un juzgado provincial y otros 5 años más en la secretaría de un juzgado federal, y en ninguno de los dos casos se adoptó medida alguna”. Refirieron al informe de 2013 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). “En ese documento se afirma que el derrotero errático del legajo no fue más que una estrategia para eludir la investigación”, destacaron. A pesar del tiempo transcurrido, la causa jamás tuvo imputados. “Recién en abril de 2019 se remitió el expediente al MPA, y se inició una investigación penal preparatoria que es la que estamos trabajando ahora”.
Por otra parte, los funcionarios del MPA argumentaron que, “en tanto uno de los involucrados reviste el carácter de funcionario público, estamos ante una circunstancia que suspende el curso de la prescripción”.
Hoy y mañana se resolverán dos pedidos de constitución de querellantes, de la Fiscalía de Estado de Santa Fe y la Asociación Bancaria Argentina.
Fuente:Rosario12
Diciembre de 2001
Foto de Archivo: Juane Basso
Diversas organizaciones locales y de la región realizarán este lunes, desde las 17, una movilización por el centro de la ciudad para exigir juicio y castigo a los responsables de la represión de hace dos décadas, que se cobró las vidas de 39 personas. Además, ex
igirán el rechazo al acuerdo con el FMI.
Organizaciones sociales, sindicales y políticas marcharán desde la plaza San Martín (Santa Fe y Moreno, frente a la sede de Gobernación) hacia el Monumento Nacional a la Bandera, para recordar y pedir justicia a los responsables políticos de la feroz represión policial, que en la provincia de Santa Fe se llevó 9 vidas.
“A 20 años seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables de la represión de aquel diciembre que en nuestra provincia se llevaron la vida de Walter Campos, Rubén Pereyra, Graciela Acosta, Graciela Machado, Ricardo Villalba, Juan Delgado, Claudio “Pocho” Lepratti; Marcelo Pasini y Yanina García”, indicaron en un comunicado.
Esta marcha unitaria también se expresará contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “A 20 años del Argentinazo, la deuda sigue siendo con el pueblo”, reza el lema de la convocatoria, y agrega: “No al acuerdo con el Fondo, para no pagar la estafa Macri-FMI”.
Fuente:RedaccionRosario
Taxis: Javkin condiciona la suba de la tarifa al servicio que presten en las fiestas
La nueva tarifa se promulgará si es que el fin de semana navideño y Año Nuevo hay un buen servicio. Advierten sanciones si no se mejora.
El servicios de taxis en la ciudad de Rosario se ha vuelto más que deficitario, no sólo por las prestaciones y malas condiciones de algunas unidades sino porque no hay disponibilidad de vehículos sobre todo a la noche y los fines de semana. A esta odisea por encontrar un taxi se le suma el margen mínimo que dejó al nueva ordenanza de Alcoholemia Cero al volante. El malestar de los ciudadanos aumenta día tras días y ahora hay un desafío enorme durante las fiestas.
Justamente ese mojón es el que pone el intendente de Rosario, Pablo Javkin para presionar por un buen servicio. Será la prueba de fuego que puso la municipalidad, sino habrá medidas al respecto. De hecho, el aumento otorgado por el Concejo la semana pasada aún no fue promulgado por Javkin y se encamina a ser el condicionante para que el servicio mejore.
Así lo dijo la secretaria de Movilidad Eva Jokanovick: "Estamos a la espera de que funcione correctamente el servicio de taxis durante las fiestas. El 25 hay esquemas preestablecidos y mediremos ese funcionamiento. En la medida de cómo funcione, el intendente evaluará el decreto que promulgue ese aumento. Lo primero que queremos es que haya taxis estas fiestas".
Según la funcionaria “no es un pedido de excepcional” sino que ya se ha solicitado en otras oportunidades. "No hay la cantidad de taxis que Rosario necesita", dijo y advirtió eventuales sanciones. “Si hay incumplimientos, vamos a caducar más chapas. Es una decisión tomada. Necesitamos que funcione el servicio”, agregó en La ocho.
Incluso advirtió sobre la posibilidad de habilitar más chapas aún de las 500 que pronto se habilitarán. Ese aumento de la oferta es lo que no pretenden los dueños de las licencias de taxis.
Fuente:RosarioPlus
Justicia
Imputan por estafa a dos sindicalistas: Festram fue
admitida como querellante en la causa
Festram resultó damnificada “con la maniobra ilícita llevada a cabo por los mencionados dirigentes, quienes además fueron expulsados de la Federación de Trabajadores Municipales, como resultado de una investigación interna, la que fue ratificada por un Congreso General Extraordinario”
20 de diciembre de 2021
El juzgado en lo Penal de Primera Instancia de Santa Fe otorgó el carácter de querellante a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales para intervenir en el proceso penal que involucra a Juan Medina y Pablo Casale, ambos del Sindicato Asoem.
Festram resultó damnificada “con la maniobra ilícita llevada a cabo por los mencionados dirigentes, quienes además fueron expulsados de la Federación de Trabajadores Municipales, como resultado de una investigación interna, la que fue ratificada por un Congreso General Extraordinario”.
La estafa cometida consistió “en falsificar la desafiliación del gremio Asoem para hacerse de varios millones de pesos correspondientes a Festram. En los próximos días se realizará la audiencia imputativa”.
“Luego, para intentar evadir una mayor penalidad por sus conductas ilegales, efectuaron una asamblea absolutamente improcedente, la que no fue aprobada por el Ministerio de Trabajo y que generó un pedido de informes de la Legislatura provincial por el exceso de personal de tropas especiales de la policía de Santa Fe, para intimidar a los participantes”, remarcaron desde Festram.
“No se descarta que en la maniobra, hayan participado otros dirigentes que conocían esta defraudación. En ese contexto Festram podría ampliar la denuncia por otros delitos confluyentes como las posibles acciones de extorsión económica, cuya amenaza se concreta con este fraude que habrían dado origen””, finalizaron desde Festram.
Contaminación
Promueven acción de protección ambiental para la reserva del arroyo Saladillo
Tras constatar contaminación en el arroyo provenientes de los desechos vertidos por las empresas ancladas en un polígono industrial de la zona, la fiscal extrapenal María Laura Martínez presentó una acción judicial contra las firmas para que inicien un plan de adecuación ambiental en en el lugar
19 de diciembre de 2021
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