Perotti aprobará los pedidos de aumento de tarifa de Assa y Epe
Pero también dijo que cuidará los bolsillos
El gobernador aseguró que los incrementos no deberán sobrepasar la inflación ni "los aumentos salariales" que puedan conseguirse. Para energía pidieron un 25%.
El gobernador Omar Perotti confirmó que aprobará los aumentos de Aguas Santafesinas y la Empresa Provincial de la Energía (EPE), con la condición que las subas no sobrepasen los índices de inflación ni los aumentos salariales que se puedan conseguir. Por otro lado, y ante la falta de Presupuesto –el año pasado la oposición rechazó el proyecto del gobernador y lo envió de vuelta a comisiones–, aseguró que el gobierno provincial ya está preparado para manejarse con el Presupuesto reconducido de 2021, pero apeló a la “reflexión de algunos actores”.
“Las empresas hay que cuidarlas, tienen que tener como mínimo su capacidad operativa resguardada, si no, la prestación de servicios se debilita”, argumentó el gobernador a favor de un aumento de luz y agua. Pero aclaró que no puede ser cualquier aumento: “Hay que acompañar a la agente que se recupere y en el esquema tarifario ideal, las empresas tendrán que acompañar el bolsillo de la gente”. Y aseguró que “no se puede pedir otro esfuerzo adicional sobre el que ya se está haciendo”, advirtió en declaraciones a Radio Dos.
Sobre el Presupuesto 2022 que los opositores en Diputados no quiso aprobar y lo mandó a comisiones por los menos hasta el mes que viene; Perotti envió un mensaje a la oposición. “Nos hemos preparado para trabajar durante el año con certeza y la certeza es que tenemos un presupuesto reconducido”, dijo y señaló: “Nos si bien estamos preparado para trabajar con el presupuesto reconducido del 2021 todo el año porque es lo que tenemos hoy; ojalá existan posibilidades de acuerdos, mejoras y reflexión de algunos actores que no es bueno dejar a una provincia ni a una nación sin presupuesto”.
Sobre las tarifas hay que recordar que el pasado 7 de enero, la EPE solicitó en audiencia pública un aumento escalonado en la tarifa de la energía eléctrica: un 15 por ciento en enero y entre un 8,5 y 9 por ciento en marzo o abril. La EPE recordó que en 2020 hubo un congelamiento de las tarifas en el marco de la emergencia por coronavirus en la provincia y todo el país, y que en 2021 se dispuso porcentajes de incrementos máximos escalonados, que se aplicaron en el caso de usuarios residenciales, comerciales, industriales e institucionales, en un 14 por ciento para mayo, 8 en julio y 9 en noviembre. Además de recabar las posturas para definir el aumento, en la audiencia la empresa tuvo que rendir cuentas de sus acciones, obras y avances.
Según datos provisorios del sistema de medición comercial de la EPE, la electricidad operada durante diciembre de 2021 en el territorio santafesino tuvo un crecimiento del 22,8 por ciento comparando con igual mes de 2020. En particular el miércoles 29 de diciembre se registró el pico de demanda de potencia del mes, con 2.385,9 MW.
Por su parte, la empresa Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) solicitó en una audiencia pública un aumento en la tarifa de agua potable y cloacas para este año del 60% en dos tramos, propuesta que recibió críticas de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y de legisladores de la oposición, entre otros.
El titular de ASSA, Hugo Morzán, justificó la necesidad de ese aumento en el hecho que “muchos de los insumos que debe adquirir la empresa para realizar la potabilización del agua están dolarizados y otros no, pero todos igualmente han incrementado mucho su valor”.
Se hace extensivo a todo Santa Fe la vacunación libre a mayores de 40
Listos para el refuerzo sin sacar turno
La ministra de Salud, Sonia Martorano, informó que a partir del próximo lunes 31 de enero las personas mayores de 40 años; las embarazadas, junto a su pareja; docentes y personal de seguridad, podrán acceder sin turno previo a su tercera dosis de vacuna contra el Covid-19. En este sentido, la ministra precisó que “a partir del lunes se hace extensivo, a toda la provincia de Santa Fe, la vacunación libre con terceras dosis a mayores de 40 años; a las embarazadas, junto a su pareja; personal docente y de seguridad, siempre y cuando hayan cumplido 4 meses después de haberse colocado la segunda vacuna. Febrero va a ser el mes fuerte de terceras dosis".
A continuación Martorano detalló que “durante este mes de enero, la vacunación viene evolucionando de gran manera. Este mes se colocaron 750 mil dosis en la provincia, lo que nos permitió llegar al 84% de la población con esquema completo y el 28% de los ciudadanos y ciudadanas ya cuentan con su dosis de refuerzo”.
Asimismo, la titular de la cartera sanitaria recordó que “quienes han cursado la enfermedad, se les aconseja esperar 90 días y esto tiene que ver con que después de tener Covid, quedan anticuerpos en el organismo y tienen protección. Al colocar después la vacuna, lo que permite es tener los anticuerpos por mas tiempo”.
Al ser consultada por el inicio de clases que se aproxima, la ministra de Salud señaló que “estamos preparándonos fuertemente para lo que se denomina escuelas seguras y para eso el primer punto es la vacunación. Cabe destacar que el 96% de los docentes tienen el esquema completo y el 72% ya tiene su tercera dosis. En cuanto a niños, niñas y adolescentes, la franja que va de 3 a 11 años, el 68% tiene dos dosis y en la franja de 12 a 17, el 81% tienen ambas vacunas. Esto nos va a garantizar poder iniciar las clases”.
“Además esta semana nos reunimos con la ministra de Educación, Adriana Cantero, para trabajar en las cuestiones de protocolos, ventilación, lavado de manos, barbijos y demás”, informó la funcionaria.
Por otra parte, la ministra de Salud recordó la nueva estrategia que está llevando adelante la provincia en cuanto a la descentralización y expansión de los vacunatorios: “Ya se han habilitado en Santa Fe dos vacunatorios, uno en el Centro Unión Empleados de Comercio y el otro en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); y uno en Rosario en el sindicato Luz y Fuerza. Asimismo, estamos conversando con otros vacunatorios para que se sumen”, destacó.
A su vez, Martorano detalló la situación en cuanto a los testeos que se están realizando en la provincia. Al respecto precisó que “los turnos para ser hisopados en los centros de testeos se consiguen mediante la web provincial. Lo que estamos notando es que ha bajado la cantidad de personas que lo solicitan, lo cual tiene que ver con el momento epidemiológico”.
Movilización de mujeres y disidencias de la Colectiva Feminista de Santa Fe
Reclamos para los tres poderes
El año inició en la provincia con hechos de violencia de género muy graves, cuatro fatales. Marcharon a Casa de Gobierno.
Tres femicidios, un travesticidio y otros hechos de violencia machista cometidos en lo que va de 2022 motivaron una movilización de mujeres y disidencias, realizada en la ciudad de Santa Fe, que llegó a la Casa de Gobierno en reclamo de justicia por las víctimas y políticas de prevención a todos los niveles del Estado. Además, desde la Colectiva Feminista de Santa Fe presentaron una nota a las autoridades provinciales de Igualdad, Género y Diversidad en la que sostienen que "la gravedad de la situación nos alerta a redoblar las exigencias".
Desde que empezó el año hubo casos de fuerte impacto en diferentes localidades de la provincia, donde incluso se hicieron movilizaciones espontáneas para reclamar justicia para las víctimas. En la ciudad de Santa Fe, el primero que se conoció fue el travesticidio de Alddana Lorens, quien agonizó diez días, por una golpe en la cabeza. En Rosario, conmovió el femicidio de Melani Juárez, de 21 años, que fue apuñalada en una pensión de barrio Martin (ver aparte). Esta semana se sumó el caso de Carcarañá, donde la víctima, Celia Acosta de 29 años, fue asesinada después de haber realizado denuncias por violencia machista contra su pareja, lo que derivó en una restricción de acercamiento que no se cumplió. Dos días después, Marina del Carmen Espíndola estaba en su casa de la localidad e Murphy cuando recibió un disparo del arma reglamentaria de su expareja, una policía de 49 años que luego se quitó la vida, al que ella había denunciado en agosto. Ese último hecho generó intervenciones ministeriales y el pase a disponibilidad de agentes de esa localidad, ya que no se cumplió el protocolo ante la denuncia.
"Es una preocupación la que traemos, porque todos los días hay una situación nueva que nos alerta. Vamos viendo noticias donde hay víctimas que exponen situaciones en redes, también el caso de una mujer que está internada", señaló Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la organización Mumalá, que realizó la convocatoria a la marcha.
Desde la Colectiva Feminista de Santa Fe presentaron una nota al Ministerio de Igualdad y Género, en la que reclamaron -también a Seguridad- por casos en los que incluso, "los propios policías son los femicidas". También apuntaron al Poder Judicial, "porque responde siempre a destiempo de las urgencias y porque el servicio de justicia es prácticamente inaccesible para muchas mujeres"; al Legislativo, "porque la legislación debe servir para prevenir las violencias, para superar las brechas de género y para reparar a las víctimas"; y "a los gobiernos locales, que siguen sin actuar con la responsabilidad y los recursos que la legislación les asigna".
En la convocatoria a la movilización, Mumalá mencionó las cifras locales que registró el Observatorio de la organización, sobre los casos del año pasado. "Fueron 33 las muertes violentas en Santa Fe: 9 femicidios, 17 muertes en contextos de violencias vinculadas a economías delictivas (narcotráfico, entre otras), 1 suicidio femicida, 7 hechos en investigación y 15 intentos de femicidio". En ese sentido, en lo que va de enero, ya se registraron dos casos en grado de tentativa.
Este jueves se conoció el hecho por el que una mujer de 40 años quedó internada en el hospital Cullen, de Santa Fe, donde llegó con el 35 por ciento del cuerpo quemado. Por el hecho fue detenida su pareja, de 32 años. El identificado como M. E. L. será imputado hoy por la fiscal Alejandra Del Río Ayala. El hecho ocurrió en pasaje Pedro Vega al 4000. Desde el efector indicaron a medios santafesinos que se trata de un caso "grave" y que la paciente tiene "pronóstico reservado ya que hay lesiones en parte de la vía aérea".
Además, otra mujer fue agredida con maniobras de ahorcamiento en su casa de barrio Acería, de la ciudad capital, por lo que fue imputado su pareja, de 36 años. Si bien en ese caso se solicitó la prisión preventiva desde el Ministerio Público de la Acusación, en la audiencia se le otorgó la libertad con restricciones.
Sumado a ello, en Venado Tuerto, se conoció otro caso con un agente de las fuerzas de seguridad involucrado. La víctima relató en la red social de Facebook que hace poco más de un año se separó de quien era su pareja, un gendarme. "Hace un año vivo un calvario, no puedo ir a ningún lado tranquila porque me sigue y me golpea, me insulta, me amenaza y a todas las personas de mi entorno", relató. La mujer dijo además que tiene una niña y que hizo denuncias contra el agresor. "Hice 5 denuncias, 3 perimetrales y me dicen que no se puede hacer otra cosa, y hasta lo denuncié en su propio trabajo, en el cual tomaron la decisión de mandarlo a trabajar a Rosario, pero hasta el día de hoy está acá", reza la publicación del 25 de enero.
Fuente:Rosario12
Justicia radicalizada
La base de la causa por “espionaje ilegal” son las declaraciones de empleados
del Organismo de Investigaciones militantes de la UCR, ligados a Pullaro.
Abundancia de boinas blancas en la policía judicial.
Las declaraciones de un grupo de funcionarios del Organismo de Investigaciones (OI) y
militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) ligados al actual diputado provincial de
Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, conforman la base inicial de la causa por la
presunta recolección ilegal de datos de parte del Estado que involucra al exministro de
Seguridad, Marcelo Sain, y a parte de su equipo, originada en una presentación del ex
funcionario radical del Frente Progresista, Víctor Moloeznik, actual subdirector del OI.
La abundancia de boinas blancas detrás de la investigación deja traslucir su cariz político
y la acumulación de seguidores de Leandro Nicéforo Alem en el organismo revela que
el proceso de copamiento no se produjo solo en parte del MPA, sino que se extendió a
su policía judicial.
Los fiscales del caso -que con o sin malicia la prensa local denomina “espionaje ilegal”-,
Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, señalaron en un escrito que “la investigación
CUIJ N° 21-08672711-8 se inició con la denuncia realizada por el Sr. Víctor Moloeznik,
a partir de la cual se comenzó investigar si funcionarios pertenecientes al Organismo
de Investigaciones del MPA y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe
recopilaban ilegalmente información de personas físicas y jurídicas utilizando para ello
a personal, bienes y servicios pagados por el Estado Provincial”.
Antes, Moloeznik había iniciado un sumario administrativo en el OI por el presunto
malestar que las acciones de una funcionaria del área de Inteligencia Criminal, Débora
Cotichini, generaba en otros empleados del organismo.
Ocho de ellos prestaron declaración en el sumario interno. Sus testimonios se replicaron
–al menos algunos de ellos- en sede judicial, cuando fueron convocados por los fiscales
Jiménez y Hernández para declarar en la causa por presunta recopilación de información
por parte del Estado en transgresión a las normas que regulan esa actividad.
El paralelismo entre ambos expedientes, el administrativo en el OI y el judicial en el
MPA, hizo que algunos de los testigos declarasen primero en uno y luego en otro, o a la
inversa, dijeron a El Eslabón fuentes del caso, como una suerte de juegos de espejos.
Se trata de los empleados del OI Laureano Brufal, Natacha Abello, Guillermo Nicolás
Gallo, Mariano Rodríguez Grancelli, Betiana Odesti, Denise Philipp y Facundo Bomboni,
subordinados de Moloeznik.
Tuitero bueno
En la reunión conjunta de ambas cámaras legislativas de noviembre pasado que
removió a Sain como director del OI, cargo que al que había llegado por concurso, el
diputado peronista Leandro Busatto confrontó los argumentos del acusador, el senador
radical Lisandro Enrico, con las acciones del segundo de Sain en el Organismo,
Moloeznik.
Enrico había tachado a Sain por realizar acciones proselitistas desde su cuenta de la
red social Twitter mientras ocupaba la conducción del OI, órgano dependiente del MPA,
lo cual colisionaba –a su entender- con el artículo 89 de la Constitución provincial, el
que establece que “los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna
en política”.
Busatto leyó en aquella sesión conjunta una serie de tuits de Moloeznik, subdirector del
OI, que antes de ocupar ese cargo se contaminó políticamente siendo asesor del
Ministerio de Justicia durante la gobernación de Hermes Binner y subsecretario en la
cartera de Seguridad, con Raúl Lamberto como su conductor, en la gestión de Antonio
Bonfatti, ambos del Frente Progresista.
“CFK acaba de superar a Blumberg hablando de los jueces «garantistas». Le está
fallando la medicación a la talentosa abogada?”, dice uno de los posteos. En otro trata
de “chorizos” a los adherentes a la agrupación La Cámpora y en uno más, entre varios,
sostuvo: “Escucho a Perotti decir «el estado se administra como una casa». Concepto
neoliberal, pero además, sobre todo, de pedorro vuelo intelectual”.
El militante radical también bregó en la red social por “Bonfatti gobernador, Lamberto
diputado!!”.
Enrico reaccionó, al señalar que “está a cargo de un organismo de investigación técnico,
científico, y tiene que trabajar con objetividad. No puede tener, como cualquier
miembro del Poder Judicial, una idea política ni tampoco una militancia”.
Agregó que “él sigue siendo una persona que tiene participación política, lo demuestra
claramente y esto lo certifiqué con escribano”. Claro que se refería a Sain y no a su
segundo, el tuitero bueno.
Les pibes de Maxi
Algunos de los empleados del OI cuyo testimonio en el sumario interno iniciado por
Moloeznik conformaron la base de las declaraciones para la causa por “espionaje” que
se inició en la sede Santa Fe del MPA, gobernada por adversario público de Sain, el
fiscal Regional Carlos Arietti, cuentan con antecedentes de militancia en la órbita del
exministro de Seguridad Pullaro, que los conchabó en la naciente policía judicial.
En 2016 se empezó a conformar la estructura del OI, creado por una ley de la
Legislatura provincial.
Al comienzo, los ingresos se realizaban mediante contratos gestados en la órbita del
Ministerio de Seguridad y los nóveles funcionarios realizaban estadísticas de las muertes
violentas en la ciudad de Rosario, construyendo mapas del delito.
Según conocedores del tema, esos contratos se hicieron desde el Ministerio de Seguridad,
que conducía Pullaro, y se pagaban por la oficina privada de dicha cartera, a cargo del
ahora diputado provincial de la UCR, Juan Cruz Cándido, una de las voces que denuncia
el “espionaje ilegal”.
Al ser contratos gestados enteramente desde el Ministerio de Seguridad, sin control
alguno de ninguna instancia del Poder Judicial, estos ingresos fueron mayoritariamente
elegidos entre personas del grupo político que comandaba la cartera.
Entre los primeros que ingresaron de esa manera, aseguraron fuentes consultadas para
esta nota, estaban Laureano Brufal y Natacha Abello, quienes trabajaban en el Concejo
Municipal de Rosario para la concejala María Eugenia Schmuck.
Efectivamente, la participante de los campamentos de la Juventud Radical fue asesora
del bloque Radicales Progresistas entre junio de 2014 y marzo de 2016, según publica
en su perfil de la cuenta de LinkedIn.
Brufal, otro de los declarantes en la causa, fue el noveno candidato a concejal en las
elecciones primarias de 2015 de la lista encabezada por Schmuck.
Luego ingresaron a la estructura del OI el abogado Guillermo Nicolás Gallo y Mariano
Rodríguez Grancelli, ambos ligados al espacio político de Pullaro.
El radical Gallo fue tercer candidato a concejal por el Frente Progresista en Villa Cañás,
en una lista encabezada por Martín Castellini. Rodríguez Grancelli, militante de la
Juventud Radical “Nuevos Vientos” en Entre Ríos, asesoró a la comuna de Theobald y
luego ingresó sin concurso al OI, bajo el generoso dedo del padrinazgo político.
Un poco más tarde ingresó al organismo Betiana Odesti, militante activa en la ciudad de
Roldán del espacio de la UCR ligado a Pullaro, testigo en el sumario iniciado por
Moloeznik.
Odesti fue candidata a convencional nacional de la UCR por Santa Fe en 2019 y el año
pasado, tras declarar en la causa, abandonó el OI para convertirse en secretaria de
Desarrollo Social de Roldán, en la gestión del intendente radical en Juntos por el Cambio,
Daniel Enrique Escalante.
Otro de los ingresantes fue Facundo Bomboni, de estrecho vínculo con el entonces
integrante del Ministerio de Seguridad y actual diputado, Juan Cruz Cándido, con quien
fue compañero en la Facultad.
Por medio del director provincial de Investigación Criminal durante la gestión de Pullaro
en el Ministerio, Darío Chávez, ingresó también al OI Denise Philipp, cuyo testimonio
contribuye a la base de la causa que llevan los fiscales Hernández y Jiménez. Chávez,
por su parte, concursó y ganó el cargo de director del Organismo de Investigaciones en
la 5ta circunscripción judicial, con sede en Rafaela.
En la entrevista del concurso, el fiscal Regional Diego Vigo le preguntó si existe alguna
relación entre la eficacia y la prevención o no reiteración de hechos delictivos, a lo que
Chávez dijo que si el OI hace una investigación eficaz y eficiente, el mayor beneficiario
sería el fiscal.
Como no había comprendido cabalmente la interrogación, se la reformularon, haciendo
hincapié en “si la eficacia repercute en la prevención del delito”. El concursante respondió
otra vez afirmativamente, porque “el imputado sabrá que si lo han «agarrado» una vez
lo harán nuevamente, «el que las hace, las paga» refirió”. Expertise y adecuada gestión
del lenguaje técnico resultan fundamentales.
Sordos ruidos
Legalmente se establecieron tres formas de ingreso al OI en sus inicios. Sin embargo, la
gestión del Frente Progresista aprovechó la instancia de traspasos de personal del Poder
Ejecutivo al MPA, que era una de ellas.
El objetivo de esta habilitación contenida en la ley consistía en que si había personal en
el Ejecutivo que ya estaba formado en la investigación criminal, podría aprovecharse su
experiencia.
En los hechos, lo que ocurrió fue que traspasaron del Ejecutivo al OI personas que unos
meses antes habían ingresado por contratos del Ministerio de Seguridad, muchos sin
calificaciones criminalísticas, pero con suficientes vinculaciones políticas. Entre ellos
estaban les pibes de Pullaro.
Algunos ingresaron como suboficiales de la Policía, en el escalafón técnico, subescalafón
criminalística, y fueron conchabados como “analistas”, como Brufal y Abello. Casi nadie
cuestionó entonces la “injerencia política” en la designación de personal técnico.
“En sus orígenes el OI fue un espacio que se conformó con militantes de facciones
políticas y, a veces, como pago de favores”, dijo a este semanario un conocedor de aquel
proceso.
“Pero además –siguió- hubo también gente no sólo vinculada a la UCR, sino a los mandos
policiales y también al Poder judicial, en especial allegados a miembros directivos del
MPA”.
En marzo de 2019, cuando aún gobernaba el Frente Progresista, se conoció que por una
resolución del Fiscal General, Jorge Baclini, 195 personas pasaron del Poder Ejecutivo al
MPA.
En la lista había candidatos del Frente Progresista, militantes de su brazo universitario, el
Movimiento Nacional Reformista, y la hermana de María Victoria Tejeda, por entonces
precandidata a vicegobernadora en la fórmula con Bonfatti.
Las primeras listas de ingresantes al MPA y al OI fueron especialmente conflictivas, al
punto que generaron la reacción del Sindicato de Trabajadores Judiciales, que pidió su
impugnación.
Por entonces, el Secretario Ejecutivo, de Administración y Supervisión del gremio, Juan
Pablo Langella, dijo a la radio LT9 como respuesta a un llamado de Baclini que “ahora
hablan de consenso, pero es un consenso en un estadio de desconfianza que será difícil
reconstruir”.
“Es una resolución que no se ajusta a derecho. Quienes tienen que bregar por la legalidad
incumplen la ley. Baclini con esta resolución se apartó de la ley. Le hemos pedido a la
Corte que se avoque para solucionar este tema. Si no sucede, seguiremos en un cabildeo
permanente para que estas cosas se reviertan”, afirmó Langella.
Sordos ruidos que se apagaron rápidamente, aunque las consecuencias de aquella
conformación partidaria de los nuevos organismos judiciales continúan produciendo
efectos en la actualidad.
Ahora se entiende
Tal vez por tener tantos militantes amigos en la OI y el MPA es que el diputado Pullaro,
cuando aún no habían concluido los allanamientos a las sedes Rosario y Santa Fe del
Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre pasado, pudo salir a decir en los medios que
los fiscales estaban dando cuenta de “una empresa criminal dedicada a la extorsión a
través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado”.
Por eso calificó la situación como el “hecho más grave de la democracia santafesina” y
afirmó que la cartera de Seguridad, durante la gestión de Sain y no la de Jorge Lagna,
bajo la cual se realizaron los procedimientos, se dedicaba “a carpetear a políticos de la
oposición”.
Finalmente las carpetas no aparecieron, como tampoco existían las escuchas ilegales
que fantaseó Juntos por el Cambio de Santa Fe en un comunicado.
Los fiscales Hernández y Jiménez se centraron en las búsquedas que, aparentemente,
realizaron funcionarios del Ministerio a bases de datos abiertas y pagas, como Nosis,
Sudamericadata o Veraz. Procuran determinar quiénes realizaron esas búsquedas,
informadas por las empresas, y si tenían vinculación con perfilamientos solicitados por
orden judicial. Pero ya cuentan como base con los testimonios ofrecidos por la militancia
radical criminalística santafesina que, a diferencia de Sain, sabe diferenciar su labor
técnica de su acción partidaria.
Hernández fue quien desestimó la causa iniciada a Pullaro por las escuchas en las que
hablaba con un jefe policial sobre el concurso para su ascenso y, luego de la detención
del uniformado, se comunica con Baclini para reclamarle porque el fiscal Regional de
Santa Fe, Arietti, le había dicho que iba a haber arrestos pero que serían después de
las elecciones de octubre de 2017. Republicanismo al palo.
La causa se cerró luego de ser arrebatada al fiscal que investigaba el hecho, Roberto
Apullán, debidamente trasladado más tarde junto a su adjunta María Laura Martí.
Apullán había intentado en dos oportunidades imputar al comisario Adrián Rodríguez
por presunto cohecho, pero se aplazaron las audiencias, primero por decisión de Arietti
y luego por enfermedad del acusado.
En la tercera ocasión, Apullán se presentó a las 8.30 dispuesto a llevar adelante la
acusación y exponer las pruebas, pero se enteró –frente a los periodistas- que había
sido desplazado del caso, lo que suponía también dejar la investigación de supuestos
actos de corrupción en la Municipalidad de Santa Fe, en la causa denominada
periodísticamente “Corral Papers”.
“Es la primera vez que me pasa una cosa así”, dijo atribulado Apullán, y agregó
apuntando a su superior, Arietti: “Hay una reorganización en la Fiscalía y hay cuatro
unidades de fiscales especiales y se están remitiendo las respectivas investigaciones.
La asignación de casos no es una cuestión de los fiscales sino del fiscal Regional”. El
legajo fue a manos de Ezequiel Hernández, que lo desestimó un tiempo después,
mientras no produjo avances públicos sobre la causa que involucró al ahora ex
intendente Corral.
Fuente:RedaccionRosario
No hay más pasajes de Rosario
a Tucumán pero el tren va
casi vacío
Un usuario de Twitter contó su experiencia y quiere visibilizar
la situación para que el Ministerio de Transporte toma nota.
¿Maniobra de las empresas de colectivo?
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