Rio Tinto: la empresa minera que está
siendo expulsada de Serbia y quiere
explotar litio en Salta
Por Ramiro Giganti, Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022.
La empresa anglo -australiana Rio Tinto, anunció hace dos semanas su intención de comprar el proyecto Rincón para explotar litio en la provincia de Salta. Actualmente se están desarrollando masivas movilizaciones en Serbia para expulsar a la empresa por un proyecto similar. Rio Tinto figuró entre las 25 mayores productoras de dióxido de carbono en el mundo. En Australia, Estados Unidos, Indonesia y otros países la empresa fue duramente criticada y denunciada por trabajadores debido a sus abusos laborales. Incluso se la acusa de asesinar a una militante en India que protestaba contra la extracción ilegal de diamantes en ese país.
“Esto no es normal, vienen a destruir un país, a someter a la población mientras los magnates se enriquecen cada vez más y el gobierno hace negocio con criminales” manifestaba un activista serbio al canal Euronews durante una movilización exigiendo la expulsión de Rio Tinto de ese país. Durante todo el 2021 se desarrollaron movilizaciones contra la empresa minera en ese país. Hacia noviembre las movilizaciones se fueron radicalizando y expandiendo por todo el país, movilizando a miles en la capital Belgrado, con cortes de calle y represión. Dichas movilizaciones continuaron en diciembre pese a que se hayan retirado dos leyes que favorecían a las empresas extranjeras como Rio Tinto exigiendo que se suprima por completo cualquier posible explotación de litio en el país por parte de Río Tinto y otras empresas por su enorme daño a la naturaleza.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=Red__Accion&creatorUserId=158505485&dnt=true&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1478128534656794633&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.anred.org%2F2022%2F01%2F05%2Frio-tinto-la-empresa-minera-que-esta-siendo-expulsada-de-serbia-y-quiere-explotar-litio-en-salta%2F&sessionId=6e3877589c232fd193fcf41323d577f9cd875d02&siteScreenName=Red__Accion&siteUserId=158505485&theme=light&widgetsVersion=9fd78d5%3A1638479056965&width=auto
A mediados de diciembre, tras sucesivas movilizaciones, la ciudad serbia de Loznica suspendió el plan regional que permitía la extracción de litio. Dicha decisión parlamentaria llegó precedida de una petición contra la mina de litio firmada por más de 5.000 personas y de las protestas de ciudadanos y activistas por toda Serbia en apoyo a los residentes en la zona.
Pese a esto, el pasado fin de semana continuaron las movilizaciones, en este caso centradas en la ciudad de Novi Sad, la segunda más grande del país después de Belgrado. Las movilizaciones, manifestantes le exigen al presidente Aleksandar Vucic que expulse definitivamente a la empresa e impida este tipo de intervenciones en el país.
Un prontuario global
Rio Tinto Group es un grupo empresarial multinacional del sector de la minería, surgido de la fusión en 1995 de la empresa británica Rio Tinto-Zinc Corporation (RTZ) y y Conzinc Riotinto of Australia Limited (CRA). El poderoso grupo empresario se dedica a la extracción de diversos minerales siendo el extractor de carbón más grande del mundo. Luego, en 2007, llegó a un acuerdo para comprar la empresa canadiense de aluminio Alcan Inc. por más de 38 mil millones de dólares, en un movimiento que la convirtió en la mayor empresa de aluminio del planeta. La empresa también se dedica a la extracción de mineral de hierro, cobre, dióxido de titanio, sal, e incluso diamantes a través de varias divisiones a lo largo del planeta.
Fundada en 1878, la británica Rio Tinto Company Limited (RTC) había empezado a gestionar las recientemente compradas minas de Rio Tinto en la región de Huelva, España. Hacia mediados del siglo XX con las ganancias acumuladas de dicha explotación, la empresa comenzó a expandirse creando nuevos proyectos en Estados Unidos, Canadá, Rodesia, la Unión Sudafricana, Australia, y otros países.
Tan diversa y global es su expansión como lo son sus conflictos. La empresa acumula críticas de diversa índole en distintas partes del mundo. En 1967, Francisco Franco inauguró junto al embajador estadounidense el Polo Químico de Huelva, en España, que luego sería un enorme generador de desechos tóxicos, largando 230.000 toneladas de ácido sulfúrico por año. Tras acuerdos de “descontaminación” fallidos en los años 80, se estima que residuos tóxicos como mercurio, arsénico, plomo, cadmio e incluso residuos radiactivos como el uranio 226 y el polonio 210 fueron arrojados impunemente al río durante años, hasta 1998. Desde ese entonces se comenzó a apilar los desechos a 500 metros de las casas, en terrenos pantanosos. En numerosas ocasiones, organizaciones civiles o gubernamentales intentaron limpiar los desechos sin éxito.
El periódico The Guardian, la situó en el puesto Nro. 24 entre las 100 empresas con mayor emisión de dióxido de carbono en el mundo entre 1988 y 2015.
En el año 2008 Noruega incorporó a la empresa a su “lista negra”, junto a otras empresas como Wallmart, o la armamentista británica BAE, prohibiéndole invertir en ese país. Dicha “distinción” se dio por sus repudiadas gestiones ambientales.
En marzo de 2018, Rio Tinto fue instada a adherir a los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. La empresa se negó.
La cuestión ambiental no es el único foco de crítica hacia la empresa. Rio Tínto fue denunciada en distintos territorios por violaciones a derechos humanos y laborales. En el año 2014 en Indonesia, donde la empresa posee una participación del 40% en la mina Grasberg, trabajadores de Rio Tinto concentraron para plantear los problemas que afrontan. Allí denunciaron la precarización laboral mediante subcontrataciones y tercerizaciones con las cuales la empresa incumplía leyes laborales convenidas.
Movilización contra Rio Tinto en Indonesia (año 2014)
En la región de Pilbara, Australia occidental, sector dedicado íntegramente a la actividad minera donde la empresa es uno de los principales operadores, se registró un número de suicidios por encima del promedio, lo que instó a revisar la protección de la salud mental de sus trabajadores.
Allí, en 2020 Rio Tinto volvió a ser el foco de fuertes críticas por destruir sitios sagrados como la cueva de Juukan George, que fue habitada durante 46.000 años por comunidades originarias.
Rio Tinto también fue acusado de planear y financiar el asesinato de la activista Shehla Masood en Bhopal, India. Masood protestaba contra la extracción ilegal de diamantes realizada por la empresa en connivencia con funcionarios del gobierno, y en una carta escrita en el año 2009 disparó duras acusaciones contra el grupo empresario. Si bien nunca fueron probadas las vinculaciones, la empresa se vio involucrada por ser el foco de sus denuncias de corrupción vinculada a la extracción de diamantes. Su asesinato, en 2011, tuvo condenados, pero solo autores materiales, atribuidos a cuestiones personales, lo que actualmente, pasados más de 10 años, sigue siendo objeto de polémica.
El 31 de enero de 2010, Rio Tinto despidió a 570 trabajadores de una mina de borato en Boron, California, EE. UU. Se trata de la mina a cielo abierto mas grande de California, a unos 160 kilómetros de Los Angeles. Algunos de los trabajadores despedidos en este Lock Out llevaban mas de 40 años trabajando en esta mina que la empresa explota desde 1967. La empresa reemplazó a trabajadores con experiencia y antigüedad, muchos de ellos ocuparon toda su vida laboral allí, para reemplazarlo por trabajadores jóvenes, con contratos precarios temporales, logrado así incumplir los convenios colectivos de trabajo y evadir leyes.
Convocatoria a la presentación de un informe contra Rio Tinto en abril de 2014, que tuvo lugar en Londres frente a su oficina principal.
En septiembre del 2020 la empresa fue denunciada por haber contaminado el agua en el pueblo de Bougainville, Papua Nueva Guinea «Nuestros ríos están envenenados con cobre, nuestras casas se llenan de polvo de los montículos de relaves, nuestros niños se enferman por la contaminación», declaró una habitante a la BBC.
Lo que se viene…
Mientras en Argentina gran parte de la población se encuentra algo alejada de las noticias por vacaciones, otra parte mantiene el alerta tras lo sucedido en Chubut y la costa Atlántica se moviliza contra resolución 436/2021 que autorizó la explotación petrolera en tres zonas del Mar Argentino, frente a la costa de Mar del Plata, otro emprendimiento que amenaza el medio ambiente está próximo a embarcar.
El pasado 21 de diciembre se conoció que la empresa Rio Tinto anunció que va a adquirir Rincón, una salmuera que aún no ha sido explotada en la provincia de Salta. Allí, la empresa se dedicaría a la extracción de litio mientras busca construir su posición como proveedor de materiales para baterías. La compra supone una transacción de 825 millones de dólares. Se espera que la transacción se complete en la primera mitad de 2022.
Algunos medios mencionan las protestas en Serbia de grupos ambientalistas, pero poco se publica sobre el amplio prontuario de este gigante global y los daños, no solo hacia el medioambiente, sino las denuncias por violaciones a los derechos laborales.
Fuente: ANRed
El preso político Facundo Molares
es trasladado al penal de Ezeiza
Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022.
A 2 meses de su detención exigen «No a la Extradición y el Resguardo de su Vida»
A dos meses de la injusta detención de Facundo Molares, ciudadano argentino, foto-reportero y militante popular, actualmente trasladado a la cárcel de Ezeiza, volvemos a gritar ¡No a su Extradición a Colombia y al gobierno narcoterrorista de Duque! Acogido al tratado de paz vigente firmado en el 2016, entre el estado de Colombia y los ex miembros de las FARC, proceso del cual el compañero formara parte activa, no podemos permitir este atropello contra su vida por parte de un gobierno que ha sistemáticamente debilitado y socavado dicho proceso.
Facundo es hoy un Preso Político.
Las muestras de solidaridad en nuestro país y en América Latina, han ido en aumento entre organizaciones sociales y políticas, referentes del campo popular y de organismos de DDHH, fortaleciéndose a partir de las distintas actividades que se fueron realizando en estos 60 días. En ese marco se ha roto el cerco mediático de la desinformación en los grandes medios, pudiendo visibilizar la situación y aclarando la responsabilidad política que tiene el gobierno argentino en su ejecutivo, sobre la vida de Facundo, dejando librada una posible extradición a la justicia del juez Otranto, el mismo que interviniera con la desaparición de Santiago Maldonado.
Es de señalar que la propia JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), organismo especial creado durante el proceso de paz para investigar y juzgar a las partes del conflicto armado, reveló que desde 2016, a 5 años del acuerdo de Paz, han sido asesinados más de 300 ex miembros de las FARC que se acogieron al tratado de paz y 904 líderes y lideresas sociales. El contexto implica la existencia de amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques de los que han sido víctimas desde la firma del pacto.
Hoy seguimos luchando para que Facundo se quede en su tierra, y exigimos su No Extradición y Libertad.
Apoyamos a La Gremial de Abogados y Abogadas, que lleva adelante la causa judicial, y sostenemos cada una de las presentaciones judiciales llevadas adelante por ella, desde el primer momento del apresamiento. Esas acciones conjuntamente con la movilización y organización de amplios sectores, en estos dos meses, nos permitirían garantizar hoy mejores condiciones para Facundo, acercando a los organismos de DDHH, favoreciendo su atención de salud y la cercanía a sus afectos familiares.
Confiamos plenamente en la solidaridad movilizada y activa de tod@s para garantizar que Facundo se quede acá y en Libertad.
¡Nos mantenemos alertas, movilizados y en la Calle!
Exigimos al gobierno nacional de Alberto Fernández una postura acorde a la defensa de los DDHH, sabiendo que la Colombia de Duque atenta contra ellos y solicitamos el resguardo de la vida de Facundo Molares.
Ya es tiempo que Facundo Molares
sea liberado
Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022.
El internacionalismo es una de las expresiones más altas de la solidaridad. Ser internacionalista es una decisión no menor, ya que quienes a lo largo de la historia nuestramericana han emprendido ese camino lo han hecho imbuidos de una alta dosis de ternura y amor por los que más sufren las consecuencias del capitalismo o del avance destructor del imperialismo sobre los pueblos. Hay varios y conocidos íconos en ese sentido: desde libertadores como Bolívar y Juana Azurduy, hasta ese heroico Quijote que fue el Che, máximos ejemplos de entrega incondicional para reconquistar territorios ultrajados o libertades conculcadas. Tampoco se quedan atrás en ese mismo sentido figuras emblemáticas como Tania, la guerrillera que sucumbió bajo las balas de los «rangers» bolivianos, auspiciados por la CIA, o esa enorme legión de médicos y médicas, alfabetizadores y alfabetizadoras de Cuba socialista que aún hoy, en las peores circunstancias derivadas de la pandemia, ejercen el internacionalismo solidario en diversos confines del planeta.
Si al rol de ser luchador internacionalista se le suma la apuesta por ejercer la comunicación popular, contrainformativa y al servicio de los que no tienen voz, dibujaremos el perfil de quien hoy queremos visibilizar y reivindicar. Nos referimos a Facundo Molares, actualmente preso político en su país de origen, Argentina, adonde llegó a fines del 2020 muy enfermo, después de un periplo digno de ser recordado cuando se escriba la historia de las y los que luchan por la independencia en el continente.
Antes que nada, decir que Facundo es un comunista convencido, de esos que combinan teoría y práctica y la traducen en acción cada vez que sea necesario para bien de las mayorías. Un militante de la vida, no un superhéroe, sino un ser despojado de cualquier tipo de falsas medallas o egolatrías acumuladas, como a veces suele verse en algunos ámbitos de izquierda. De su historial pueden darse muchos datos: que fue parte de la juventud comunista (la Fede) en Argentina,que luego marchó a insertarse en las FARC en Colombia, que luchó durante años hasta que se acogió, como tantos otros y otras, a los acuerdos de paz. Esos que fueron firmados en La Habana y a los que el uribismo y la burguesía colombiana convirtieron en papel mojado y en un inagotable cementerio de nuevas víctimas. De allí, Molares decidió viajar a Bolivia, para ejercer su rol de corresponsal de la revista argentina de izquierda «Centenario», con tal mala fortuna que, mientras cubría informativamente los sucesos del golpe de estado fascista contra el gobierno plurinacional, fue detenido,herido y torturado por la policía boliviana. A consecuencia del mal trato recibido estuvo 23 días en coma. A esto se sumaron otros 25 días en terapia intensiva ya que para detenerlo, los esbirros policiales lo balearon, incrustándole tres municiones de plomo en el cuerpo. Incluso, en la actualidad, aún tiene una bala alojada en el cráneo y una esquirla que le provoca dificultades en un ojo.
Poco después de recuperar el conocimiento en el hospital, y de impedir que su padre, llegado desde Argentina, pueda visitarlo, lo trasladaron a la cárcel de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra, donde llegó en un estado deplorable de salud. A pocos días de estar allí lo ve un médico, quien aconseja un urgente tratamiento para intentar reestablecerlo, pero este intento se frustra porque la dictadura boliviana, empeñada en machacar al preso político hasta llevarlo al borde de la muerte, decide trasladarlo al penal de Chochocoro, ubicado a casi 4000 metros de altura, en el Alto, La Paz. Allí estuvo incomunicado, sufriendo hipertensión arterial,y con un pulmón funcionando al 50% de su estado normal.
En ese marco, y durante toda su detención, la solidaridad militante en Argentina y en otros países del continente pusieron bien alto su nombre en las calles, ya que los medios hegemónicos no solo no hablaban de su caso, sino que cuando lo hacían lo tipificaban como un «terrorista». De esas luchas y de la recuperación victoriosa del gobierno por parte del pueblo boliviano, llegó el ansiado día de la libertad para Facundo. Así, tras casi un año de prisión en Bolivia, viajó a Argentina en un avión fletado por la Cancillería y desde su llegada se dedicó, por una parte a atender su deteriorado estado de salud, y por el otro a militar en el Movimiento de Rebelión Popular.
Pero el imperialismo y sus cómplices no cejan nunca en perseguir a quienes lo enfrentan de mil maneras. Así fue como en noviembre pasado, mientras Facundo visitaba a su padre en el sur del país fue detenido nuevamente, esta vez por la policía del gobierno de Alberto Fernández. Para ello se utilizó la lamentable excusa de que el régimen fascista colombiano lanzó una orden de captura internacional y pedido de extradición, aceptada rápidamente por la Cancillería argentina. Como consecuencia de ello se puso en marcha el operativo captura. Alojado en la comisaría de Esquel, a pesar de que sus familiares y el médico personal informaron que el detenido estaba a punto de ser operado del corazón. La maldad gubernamental no cesó allí, y de buenas a primeras, el Servicio Federal Penitenciario (a cargo de una ex jueza kirchnerista) lo hizo trasladar al siniestro penal de Rawson, en Chubut, donde lo mantuvieron varios meses incomunicado. Todo ello hasta este viernes 7 de enero en que debido a la enorme presión de la militancia y el encomiable rol de la defensa, a cargo de la Gremial de Abogados y Abogadas, logró que Facundo fuera trasladado al penal bonaerense de Ezeiza. Claro que sigue preso, pero ahora se redoblará la presión popular para que pueda ser urgentemente atendido por un servicio médico responsable que ayude a curar las consecuencias de sus heridas y torturas recibidas.
Esta es la sintética historia de un luchador internacionalista de estos tiempos. Para él no existen «bondades» ni «prebendas» gubernamentales, ya sea con administraciones de derecha o «progresistas». Donde manda el imperio o su adláter económico, el FMI, sobran las palabras «justicia» o «derechos humanos». Facundo lo está sintiendo en su propio cuerpo, pero no se rinde. Está erguido como siempre, no le han borrado la sonrisa ni las ganas de seguir batallando por los más humildes. Sabe mejor que nadie que sus compañeros y compañeras, agrupado en una Coordinadora, esos que han marchado una y otra vez reclamando su inmediata libertad, lo seguirán haciendo. También tiene claro que sus abogados de la Gremial (muy duchos en estas lides) harán lo imposible para evitar su extradición.
Como ayer y como siempre, la única verdad a tener en cuenta es que «solo el pueblo salva al pueblo». De allí que somos muchos los que estamos convencidos de que pronto Facundo estará otra vez entre nosotros. Lo contrario, que este gobierno lo mantenga entre rejas, es algo más que una infamia, aquí y en cualquier parte, se llama complicidad con el imperialismo.
En defensa del plan petrolero
Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022.
Juan Manzur, Gabriela Cerruti y Axel Kicillof, entre otros, avalaron el proyecto de exploración a 300 kilómetros de la costa marplatense.
Tras cinco días sin declaraciones oficiales y fuertes críticas y campañas en contra, funcionarios del gobierno expresaron públicamente sus argumentos con respecto al permiso que el Poder Ejecutivo otorgó por decreto el último jueves para realizar estudios hidrocarburíferos a través de exploraciones sísmicas en el subsuelo del Mar Argentino, más precisamente a 300 kilómetros de la costa marplatense.
Primero fue el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, que se mostró junto al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y el secretario de Energía, Darío Martínez, en la supervisión del inicio de los trabajos: «Promoverá un desarrollo viable y profundizará el perfil de Argentina como proveedor de gas de la región», aseguró en sus redes sociales.
Luego de la reunión, Martínez mantuvo una charla con periodistas acreditados en la Casa Rosada en la que ratificó la decisión: «Venimos desarrollando offshore hace años y vamos a seguir haciéndolo y vamos a generar la energía que necesita el país y en eso estamos trabajando. Hay que hacerlo con los mejores controles de la manera más exigente para evitar cualquier tipo de accidente», y agregó que «en la provincia Buenos Aires se han hecho 18 pozos de exploración en la historia y no ha habido ningún accidente medioambiental ni humano».
«La aprobación tiene mucho control. Pasó por Ambiente, porque somos firmantes de acuerdos internacionales que nos obligan a realizar este tipo de procesos. Tiene control. Va a ser controlado por Pampa Azul. Estamos tomando todas las medidas para que se haga de la mejor forma posible», acompañó la portavoz de presidencial, Gabriela Cerruti, durante su habitual conferencia de prensa semanal.
Cerruti reconoció que el país debe llevar adelante cambios de producción y consumo «que van a llevar 20 o 30 años. Hasta que lleguemos a ese momento en que el mundo tenga energías renovables o energías más sustentables, nosotros vamos a tener que llevar adelante un proceso de transición en donde el gas va a ser la principal fuente de energía». Para recorrerlo de manera armónica, la funcionaria habló de una necesidad de diálogo profundo con las organizaciones ambientales: «No es sobre la costa de Mar del Plata, es a 400 km con lo cual muchas de las imágenes que se están divulgando son falsas. No estamos de acuerdo con generar indignación y angustia», remató.
Uno de los ministros más apuntados por parte de las organizaciones ambientalistas es el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En una extensa entrevista radial, el ministro apoyó el permiso: «Nuestra mirada política está muy lejos de las dos posturas extremas, de que hagan lo que quieran y del prohibicionismo. Se tiene que cuidar el ambiente y desarrollar las comunidades donde se instalan. Tenemos que buscar el equilibrio para lograr puestos de trabajo. El país hoy tiene 80 mil empleos en minería y podría tener 600 mil. En petróleo podemos tener cerca de un millón. Este es el camino. Ir generando recursos para estabilizar la macroeconomía, generar más empleo, y también financiar la transición ecológica, desarrollar más hidrógeno verde, más minería y más energías renovables”, y agregó que “hay que tener los mejores métodos productivos, y evitar el prohibicionismo. Siempre pongo el mismo ejemplo: todos los años hay algún bosque del Sur que por culpa de algún turista irresponsable tiene algún incendio, ¿pero a alguien se le ocurre prohibir el turismo? No, lo que hacemos es trabajar en que los turistas tengan conciencia. Y ocurre lo mismo en cualquier actividad económica. Hay riesgos ambientales en toda actividad, pero tenemos que controlarlos, tener buenos mecanismos de control”.
También apuntó contra los argumentos que se difundieron por parte de ambientalistas: “Se dijeron gran cantidad de falacias. Se dijo que iba a haber explosiones dentro del mar, eso es desconocer cómo es la tecnología sísmica. Se vieron notas diciendo que esto va a afectar a las ballenas, y no es así. Necesitamos un debate honesto, científico. Hay algunos sectores que recurren a mentiras para generar miedo y una reacción negativa. Y eso no es bueno».
El gobierno provincial también manifestó su apoyó a la medida. El gobernador Axel Kicillof aclaró que el proyecto se encuentra en territorio nacional, ya que el Mar Argentino no es jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, pero admitió que «para la Provincia, podría ser una actividad económica muy importante. Para los municipios también. Por lo que sé hasta ahora, en el único lugar que perforaron hay 32 mil millones de dólares”. Kicillof resaltó la importancia de la «cuestión ambiental» a la vez que desmintió las campañas virales en contra: “No va a afectar la cuestión visual y es prácticamente imposible que haya un derrame”.
Deuda y extractivismo . ¿La pesada
herencia de Macri?
Por Guillermo Cieza, Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022.
El crecimiento de la deuda externa hasta límites impagables es responsabilidad del gobierno de Macri, pero no denunciar la estafa y proponerse pagarla apelando a promover el extractivismo es responsabilidad de Alberto Fernández. ¿Será el ambientalismo el sepulturero de este gobierno?
En nuestro país ya es un clásico que cada nuevo gobierno que asume haga referencia a la penosa herencia que recibe de la administración anterior. La repetición periódica de que han recibido un país al borde de la ruina, quita credibilidad a estos argumentos. Sin embargo hoy hay números que son contundentes como por ejemplo el peso de la deuda externa heredada. Cuando se hace referencia a esto, la mayoría de los economistas de distinta procedencia ideológica no comparan deuda en términos absolutos, la cantidad de dólares adeudados, sino en términos relativos con el conjunto del PBI. Medida así podemos decir que el kircherismo recibió una deuda en 2003 que equivalía al 139,5% del PBI y en el último dato oficial disponible correspondiente a 2013 la había reducido al 45% del PBI. Sobre lo que ocurrió en 2014 hay distintas versiones. Las estimaciones privadas difieren entre que alcanzó un 47% o hasta un 63%, segun fuentes afines con el kirchnerismo o el PRO. El gobierno de Macri tomó nuevos créditos, el más oneroso fue acordado con el FMI de forma totalmente irregular. También permitió la fuga de 88 mil millones de dólares y elevó el peso de la deuda a más del 90% en relacion al PBI.
Parece indiscutible que el Gobierno de Alberto Fernández recibió una pesada herencia en lo que hace a la deuda externa, pero también recibió ese compromiso afectado por una serie de irregularidades y no puso nunca en duda que debía pagar esa deuda. Por eso, lo poco que la investigó fue para obtener algunas concesiones en la negociación de los pagos. Antes de tomar la decisión de pagarla, debió investigarla en profundidad, y hubiera concluído que lo que recibió fue una estafa. Y esa estafa vuelve a convertirse en deuda cuando el gobierno decide pagarla, aún estirando plazos y consiguiendo algunas concesiones.
Además, la decisión de pagar la deuda significa hacerse cargo de un condicionamiento externo del proyecto de país por varias generaciones. Y una de sus consecuencias más evidentes es el incremento del extractivismo. El gobierno de Alberto Fernández no inventó el extractivismo, ni siquiera Macri.
El extractivismo definido como una avanzada del capital multinacional para apropiarse y explotar grandes volúmenes de recursos naturales de un país, generando enconomías de enclave, con producciones destinadas a la exportación, que perjudican a las economias regionales y y generan impactos negativos en el ambiente y las poblaciones locales, viene de mucho mas atrás, y fue favorecido con la reforma constitucional de 1994 que cedió a las provincias el patrimonio de los recursos naturales. La cuestión es que un proyecto de país que incluye honrar los intereses de una deuda externa ilegítima e impagable centra su interés en la exportación a cualquier precio y por eso sus prioridades son hacer crecer el proyecto de Vaca Muerta, apelando al fracking, aumentar las exportaciones agropecuarias, destruyendo suelos con el modelo agropecuario industrial exportador, obtener recursos por exportaciones mineras, volando montañas para hacer megaminería a cielo abierto y ahora a explotar petroleo en el mar. No mucho mas.
La discusión sobre el extracción de bienes naturales no renovables no es una discusión puramente ideológica, tambien es política. Es admisible que un gobierno con un proyecto de país soberano y solidario asuma algunos costos ambientales para obtener energía, o para conseguir recursos imprescindibles para sostener las condiciones de vida y de bienestar de su población.
En Cuba, en 1993, en pleno período especial cuando el pueblo cubano pasaba enormes dificultades económicas el gobierno habilitó la exploración de empresas mixtas para que buscaran petróleo en el mar. En esta iniciativa las empresas extranjeras corrían con todos los costos y el gobierno cubano garantizaba el control de los trabajos porque poseía mayoría en el paquete accionario y la mitad de lo producido si tenían exito. En la actualidad se ha avanzado en esa iniciativa. Hay plataformas de origen chino o españolas operando en el mar territorial cubano, respetando las condiciones ambientales que impone el gobierno. Se perfora a 1700 metros de profundidad, lo que agrega complejidad a estas operaciones. También se ha avanzado con la explotación de petróleo en tierra firme. Al evaluar estas iniciativas el gobierno cubano ha debido contemplar que no puede poner en peligro el turismo que es uno de sus principales aportante de ingresos, y que debe garantizar el abastecimiento de energia a un país que todavía depende mayoritariamente de combustibles fosiles, mientras avanza en la transición a energias alternativas donde se destacan los calentadores solares de agua que se utilizan en el sector estatal y el polo turístico y la biomasa cañera, los biodigestores y molinos para el riego y bombeo de agua que se emplean en la agricultura.
El gobierno de Alberto Fernández, impulsa el extractivismo y asume costos ambientales para obtener divisas para pagar los intereses de la deuda. No hay un proyecto nacional que se plantee fortalecer áreas productivas estratégicas que permitan sustentar la soberanía nacional y el crecimiento del bienestar de la población. El grave problema que está encontrando esa orientación es que ya no se enfrenta a la resistencia exclusiva de un puñado de ambientalistas. En el conjunto del pueblo ha crecido la conciencia que es necesario tomar algunas medidas para enfrentar el desastre ambiental que se avecina y que ya está mostrando sus primeros avances, con los incendios, temperaturas extremas, sequías e inundaciones. A esa resistencia se han empezado a sumar quienes defienden intereses de las economías regionales. Por ejemplo, en las playas atlánticas el proyecto petrolero del mar es rechazado porque se ven afectados intereses del turismo, de la pesca y del comercio. Se repite en Mendoza con los productores vitivinicolas que se sumaron en la lucha por el agua, en Tierra del Fuego donde el proyecto de las salmoneras afectaba a la gastronomía y el turismo, o en las provincias del noroeste donde los productores agrícolas advierten que las mineras le están quitando las aguas para riego. En las zonas de influencia de las comunidades originarias aparecen también grupos muy activos que no sólo están protegiendo los bosques, los cerros y las fuentes de agua, sino que están reclamandoe territorios ancestrales.
La diversidad de intereses que se conjugan en la resistencia a los proyectos extractivistas, dificulta también la posibilidad de que el gobierno pueda acallarlos con prebendas o subsidios. No hay un partido político, una cámara corporativa, un sindicato, un cacique originario o jefe territorial con quien sentarse a negociar. Enfrentan a un sujeto diverso que ha demostrado en puebladas como la de Chubut, que no puede ser engañado con maniobras leguleyas y tiene disposición de sostener sus demandas incluso en escenarios represivos.
Las astucias políticas, como publicitar el 24 de diciembre el acuerdo con la empresa noruega Equinor para explorar el mar frente a la costa atlántica, no parecen haber dado resultados. El ministro Cabandié, mas allá de sus intenciones, ha demostrado que no ofrece garantía alguna de que velará por los intereses ambientales del conjunto de nuestro pueblo, y la empresa YPF, que ni siquiera es estatal, no ofrece seguridades de controlar a las multinacIonales petroleras. Puede ser que no se conozcan los detalles pero quienes se suman a las movilizaciones antiextractivistas estan convencidos y convencidas que ni el gobierno, ni el Estado Nacional, puede ponerle límites a estos buitres ambientales.
Lo más pesado de la herencia de Macri ha sido sin duda la abultada factura externa. Tratar de enfrentar esa estafa por la vía de promover mayor extractivismo es una decisión que le compete a Alberto Fernández, que la dirigencia opositora de derecha acompañará, por razones ideológicas, pero también por conveniencia, porque advierten que el ambientalismo puede ser el sepulturero de este gobierno.
Fuente: Tramas
Rio Negro: Pretenden criminalizar
la solidaridad
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022.
La Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) hace pública la siguiente declaración en la que que describen como «política racista» las acciones de la gobernadora Arabela Carreras. «Política racista que se evidencia en la negativa permanente a cualquier mesa de diálogo solicitada innumerables veces por las comunidades mapuche y por organizaciones de Derechos Humanos», entre otras acciones. Compartimos la declaración.
Avanza el fascismo y el colonialismo en la comarca, pretenden criminalizar la solidaridad.
Represión parapolicial y criminalización de la protesta se agregan al combo de la política racista de Arabela Carreras, que se evidencia en la represión del 24 de septiembre a la Lof Quemquemtrew y el violento sitio policial que se le impuso a la comunidad desde ese día y se mantiene con docenas de efectivos con armas largas hasta hoy, prohibiendo el ingreso de personas y alimentos al territorio durante ya 104 días.
Política racista que vuelve a evidenciarse en la liberación del paso para que sicarios ingresen a la Lof Quemquemtrew y asesinen a Elías Cayicol y disparen contra otro peñi hiriéndolo de gravedad.
Política racista que se evidencia en la negativa permanente a cualquier mesa de diálogo solicitada innumerables veces por las comunidades mapuche y por organizaciones de Derechos Humanos.
Política racista que se evidencia en la sumisión total del poder judicial de Río Negro al poder ejecutivo y empresarial, cuando niega habeas corpus para la comunidad y la fiscalía trabaja coordinadamente con el testaferro Rolando Rocco.
Se evidencia la política racista con una organizada campaña en redes con apoyo de los gobiernos locales y su fuerza de choque, los patrioteros que a fuerza de armas intentan controlar El Bolsón, como cuando el 21 de noviembre de 2021, día en que asesinaron a Elías, corrieron con caballos y facones a quienes se manifestaban y a quienes velaban por el herido en el hospital, ante la mirada cómplice de policías y gendarmes.
Política racista y violenta, la que se destila en el discurso del intendente de El Bolsón, al día siguiente del accionar de sus propias fuerzas parapoliciales, cuando las felicitó por su valiente proceder en contraste con la inacción de Gendarmería.
Así se está intentando estigmatizar, perseguir, desalentar y criminalizar las luchas sociales que se vienen librando en la Patagonia contra el modelo extractivista, racista y colonial que los malgobiernos al servicio de las empresas intentan imponer a sangre y fuego.
Las Asambleas nucleadas en la Unión de Asambleas Patagónicas visibilizan y acompañan a las compañeras asambleístas en la situación que hoy les toca atravesar y exigen que se detenga esta persecución por parte de los grupos fascistas organizados desde el Consenso Bariloche y el malgobierno de Juntos Somos Río Negro y del nefasto gobernador Arcioni en Chubut, así como de las alianzas político-partidarias del Frente de Todos que los sostienen en el poder. Exigimos que se ponga fin de manera inmediata a la Militarización de toda la Comarca Andina.
La Unión de Asambleas Patagónicas llama a seguir autoorganizándonos en los territorios y la trama de la vida, tejiendo solidaridad y renovando la alianza con el pueblo nación mapuche y mapuche tehuelche.
#bastadecriminalizarlasluchas
#NoAlDesalojodeLofQuemquemtrew
#LofQuemquemtrewResiste
#EliasCayicolPresente
#DesmilitarizaciónYA
Foto en tapa: gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras
María Lujan Barrios, la lucha por
su aparición continúa
Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022.
No aflojamos. No cedemos. No nos rendimos. No naturalizamos que en nuestra provincia las pibas desaparezcan y toda la estructura política, judicial y policial del Estado esté puesto al servicio de encubrir tamaño hecho.
Un mes de la desaparición de Marilú, un mes de angustia de sus familiares, de nuestras organizaciones. Un mes de encubrimiento. A las violencias permanentes que entrañan vivir hacinados, pobres, socialmente precarizados, ahora nos dicen que debemos tolerar la desaparición. Que no es la primera, todos los meses desaparecen pibas. Todos los días, asesinan pibas.
O las permanentes violencias hacía las disidencias, como con Tehuel de la Torre, que lleva casi un año desaparecido y nadie movió nada para que aparezca. ¿Su crimen? Ser un varón trans.
Cuando las compañeras dijeron ni una menos no era una metáfora, no era un signo de impotencia. Era una voz en el horizonte que se alzaba con la fuerza de la vindicación popular. NI UNA MENOS significaba y significa sencillamente eso. No toleramos perder a nadie más. Queremos con vida a María Luján y la queremos ya.
La bronca se sigue acumulando, la obvia complicidad gubernamental y estatal clama justicia. Justicia que hasta ahora ninguno de los poderes del Estado están dispuestos a dar. Justicia que conquistaremos con organización y lucha, yendo hasta las últimas consecuencias.
El martes movilizamos a la La Plata, que nadie mire para otro costado. Que todos se miren a sí mismos porque si Marilú no aparece no nos temblará el pulso ni habrá miramientos.
¿Qué queremos? La queremos a ella, feliz, ilesa y con vida. La secuestraron, lo encubrieron, la justicia llama a la puerta, y la encarnamos sus familiares y organizaciones.
Ni una menos. Aparición con vida ya de María Lujan Barrios.
**
María Luján Barrios salió de su casa en Luis Guillón el 3 de diciembre. Desde entonces, no se sabe dónde está. «Una desaparición que se suma a la larga lista de chicas que desaparecieron este año. Vivimos con miedo, desconfianza y desazón ante esta realidad que nos atraviesa. La policía local recién empezó a realizar rastrillajes y búsquedas exhaustivas a raíz de nuestros reclamos frente al Polo Judicial de Monte Grande y en la Comisaría 5° de El Jagüel, por eso esta vez vamos a marchar hasta el DDI de Monte Grande y vamos a contar con el apoyo y el acompañamiento de otras agrupaciones que también viven esta ola de inseguridades en sus distritos provinciales», remarcan.
El 80% de los asalariados cobra
menos de 65.000 pesos
Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022.
Menos que la Canasta Básica Total de octubre para una familia de 4 integrantes. Bajó la desocupación y hay más actividad pero sobre todo de subsistencia. A 2,5 millones de empleados en relación de dependencia les pagan menos que el salario mínimo establecido por el gobierno.
En el tercer trimestre de 2021, un 59,4% de la población urbana tuvo algún ingreso, cuyo promedio general quedó en 51.594 pesos, dentro de un amplio rango que va de una media de menos de 7.000 pesos a más de 162.000 pesos, entre el grupo de personas con menores y con mayores ingresos respectivamente. Sin embargo, el ingreso personal más recurrente (mediana) que muestra el informe Evolución de la Distribución del Ingreso fue de 22.300 pesos, por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) de octubre para un adulto.
La población de referencia se compone por 28,9 millones de personas que viven en los 31 aglomerados urbanos relevados regularmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
De ese total, 17,2 millones tuvieron algún ingreso: 3,3 millones por ser patrones o cuentapropistas, 5,9 millones por ser asalariados formales registrados y 2,8 millones por ser asalariados informales. Las 5,2 millones de personas restantes cobraron una jubilación o pensión, recibieron alguna ayuda dineraria de terceros, o son beneficiarios de alguno de los planes sociales vigentes.
En general, el 76,5% de la masa total de ingresos distribuidos entre la población, proviene de tareas laborales de distinta modalidad. El resto son percepciones de jubilaciones y pensiones, alquileres, ayudas de familiares o planes sociales del gobierno. Pero en el conjunto de los hogares de menores ingresos, los aportes no laborales tuvieron un peso relativo mayor del orden del 59,5%.
El ingreso promedio del total de personas asalariadas fue de 50.849 pesos: 62.038 pesos para los registrados y 27.301 pesos los no blanqueados por sus patrones. Sin embargo, el salario percibido por el 80% está por debajo del costo de la canasta para una familia de 4 personas, promediando 31.876 pesos, entre 8.600 pesos del primer decil (el más bajo) y 65.345 pesos del octavo.
Por si fuera poco, los resultados de la encuesta dejan a la vista la precarización de la fuerza laboral en general. Si se toma en cuenta el universo de los ocupados, compuesto por asalariados, patrones y quienes generan sus ingresos por cuenta propia -que suman 12,4 millones de personas-, el 80% promedió ingresos de 32.924 pesos, entre 6.756 pesos del decil más bajo y 62.718 del octavo. Recién en el decil siguiente, el ingreso personal superó el costo de la canasta familiar.
Se evidencia así que hay cada vez menos lugares en el mercado de contrato laborales y que quienes se las rebuscan, necesariamente por fuera, obtienen ingresos menores. La situación queda a la vista en el también reciente informe del INDEC sobre el Mercado Laboral en el 3º trimestre de 2021.
La Tasa de Ocupación subió 37,4% a 42,9% entre el tercer trimestre de 2020 y el de 2021. El número refleja la relación entre la población total y la población que tiene alguna ocupación. La suba, en este contexto, revela la necesidad de llevar mayores ingresos al hogar. El universo de ocupados está compuesto en 72% por asalariados, 23,3% de trabajadores por cuenta propia, 4% de patrones y 0,7% de trabajadores en emprendimientos familiares que no reciben estrictamente una remuneración.
En ese mismo período de tiempo, la Tasa de Desocupación bajó de 11,7% a 8,2%. Esta cifra muestra el saldo entre la población que quiere o necesita una actividad laboral y quienes no la consiguen. Efectivamente hay menos personas que siguen buscando un empleo y más personas que tienen ahora una ocupación: un bache que fue cubierto por realizar alguna actividad por cuenta propia.
El conjunto de los datos muestra que la calidad de esa actividad es precaria y de subsistencia en relación al costo de vida. Tanto, que incluso el porcentaje de trabajadores ocupados que manifestaron la necesidad de querer trabajar más horas, aumentó del 14,8% al 16,5% en el mismo período de un año que se compara.
Parámetros
El INDEC midió que, en función de los precios de los alimentos y de los otros artículos y servicios que la componen, la Canasta Básica Total (CBT) de octubre de 2021 costó 23.419 pesos para un adulto y 72.365 pesos para un grupo familiar de 4 personas (2 mayores y 2 menores), cifra que en un año aumentó un 45%.
Si el ingreso de la persona o el total de dinero ingresado al hogar son menores a la CBT, se está en condición de pobreza. Así vivió el 40,6% de la población urbana durante los primeros seis meses de este año.
En noviembre, la CBT siguió subiendo y llegó a 23.922 para un adulto y de 73.918 para el grupo familiar.
Desde octubre también, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) fue establecido en 32.000 pesos y llegará a 33.000 pesos en febrero. Fija legalmente un piso pero que de hecho no se cumple: 1,8 millones de asalariados no registrados (sin aportes jubilatorios y previsionales) y 791.000 de los registrados, cobran menos.
Los últimos cada vez más últimos
El 70% de las personas que tuvieron algún tipo de ingreso, sumaron apenas un poco más que lo percibido por el 10% de la población cuyos rango de ingresos oscila entre 100.000 pesos y 4 millones de pesos. Al primero grupo fue el 38,9% de la torta de ingresos y al segundo, el 31,4%.
El 10% de la población de menores ingresos, cuyo rango va de 200 pesos a 12.000 pesos, recibió el 1,4% de la masa total distribuida.
La brecha de ingresos per cápita entre los grupos familiares del primer decil y el último, es de 15 veces.
Fuente:El Megafono
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario