Dos transfemicidios en las primeras
semanas de 2022
Por Agustina Ramos, Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022.
En la segunda semana desde el inicio del 2022 ocurrió el segundo transfemicidio del año en la Argentina.
Policías de San Isidro hallaron el jueves 13 de enero a una mujer trans de 46 años y apellido Giacobbi asesinada a cuchilladas en una vivienda de la localidad de Beccar, en el partido de San Isidro de la provincia de Buenos Aires, según informó el parte policial del distrito.
Tras tres días sin tener conocimiento del paradero de la mujer y alarmades por un “fuerte olor”, vecines de la zona dieron aviso a la policía. Al llegar a la casa ubicada en calle América al 2400, entre Gobernador Udaondo y Padre Acevedo, encontró su cadáver y pisadas con manchas de sangre.
La investigación sobre el caso la lleva adelante personal de la fiscalía en turno del Departamento Judicial San Isidro, a cargo de la fiscal Carolina Asprella.
Qué se sabe del caso
El cuerpo de la mujer fue examinado por médicos forenses que constataron que la muerte ocurrió entre 36 y 48 horas antes del momento en el que fue descubierto el cuerpo.
“Es como que la sociedad argentina no registra el travesticidio y el transfemicidio. No hay forma. Solamente la comunidad LGBTIQ+ le da cierto valor. La travesticidad siempre queda en el último escalón”, dijo a Presentes Marcela Tobbaldi, presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja.
Para ella, “la violencia que existe por parte de los masculinos es muy fuerte” y considera que “el crimen de Beccar es un crimen de odio”.
Según el registro que lleva adelante La Rosa Naranja desde hace cinco años en todo el país, el año pasado hubo 67 muertes de mujeres trans, travestis y transgénero, y 4 de varones trans. De elles, 10 fueron asesinadas.
Una violencia que no desciende
El segundo transfemicidio del 2022 ocurrió con una diferencia menor a una semana del anterior, el de Aldana Lorenz, una mujer trans de 35 años. En este panorama, ya ocurrió el 20 por ciento de los crímenes hacia mujeres trans y travestis que tuvieron lugar el año pasado.
En lo que va del año, la asociación registró ocho muertes de compañeras travestis y trans por travesticidio o transfemicidio social -es decir, aquellas que se encuentran vinculadas al abandono estatal, judicial y social- y dos asesinatos.
“Es una aberración que nos sigan matando de esa manera. Esto nos afecta a todas”, dijo Erika Moreno, referenta de la Red Diversa Positiva de la provincia de Tierra del Fuego.
Sobre esto, amplió: “La comunidad travesti trans siempre somos las personas relegadas, sudacas, que no tenemos realmente oportunidades. Algunas tenemos posibilidades, otras muchas no. Las adultas mayores viven en situaciones paupérrimas, donde estamos carentes de un montón de cosas”.
Por eso, concluyó: “Necesitamos urgentemente una reparación histórica, una indemnización, que se nos tenga en cuenta realmente”.
Fuente: Agencia Presentes
Tercera Iniciativa Popular por un
Chubut sin Megaminería
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022.
A un mes del Chubutaguazo que logró derribar la ley de zonificación minera que la Legislatura provincial había aprobado, la U.A.C.Ch. (Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut), integrada por vecinos/as, asambleas y organizaciones, lanzó la tercera iniciativa popular, que busca posibilitar la sustentabilidad económica, ecológica y social del desarrollo; asegurar la conservación de la diversidad biológica; prohibir la explotación de la megaminería contaminante; prevenir y evitar efectos nocivos de las actividades humanas.
La iniciativa popular es un mecanismo de participación semidirecta, por el que el pueblo puede presentar un proyecto de ley para ser tratado en legislatura (Art. 263 de la Constitución Provincial de Chubut).
Primero se debe elaborar un proyecto de ley de manera popular y luego recolectar firmas de personas que apoyan el proyecto y que figuren en el último padrón electoral de Chubut. Hay que juntar un 3% del padrón de la provincia, que implican aproximadamente 13.500 firmas.
Las firmas se presentan al tribunal electoral, que tiene un plazo de 90 días para validarlas, y después ingresa la iniciativa a la Legislatura para su tratamiento. Hay un plazo máximo de 6 meses para su debate.
Cabe recordar que esta es la tercera iniciativa popular. Previamente se había realizado durante 2020 (sin el tratamiento que dicta la ley), se juntaron más del 7%: unas 30.916 firmas. Es decir, un promedio de 281 firmas por día.
“¿Va a lograr el pueblo chubutano superar ese número?” se preguntan desde la U.A.C.Ch. “¡Vamos en busca de 100.000 firmas! Si todas las personas que estuvimos en las calles nos comprometemos a apoyar la Iniciativa Popular y a sumar a una persona más, seguramente lo lograremos”, aseguran.
A 25 años de la causa que desnudó
la mafia del poder y que no tiene a
nadie preso
Por Gastón Rodríguez, Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022.
El 25 de enero de 1997 el asesinato de José Luis Cabezas conmocionó al país. El abogado de ARGRA, Miguel Gaya, repasa el crimen, ícono del menemismo: «Se cometió para mostrar impunidad».
Pasaron 25 años, pero las circunstancias –los detalles– siguen estremeciendo. Ese 25 de enero de 1997, una patota de delincuentes y policías emboscó al hombre que llevaba la cámara colgada. A trompadas lo subieron al asiento trasero de un auto rentado por la temporada. La punta de un revólver calibre 32 silenció cualquier intento de resistencia. Fueron algunos kilómetros, pero parecieron muchos más hasta la frenada, los empujones y la orden de arrodillarse en el piso. Es probable que en ese instante haya pensado en sus hijos, en su mujer y en sus padres, y que haya soltado un llanto inútil antes de los dos tiros en la nuca.
El cuerpo del reportero gráfico José Luis Cabezas estaba estropeado por el fuego cuando lo encontraron en la cava de General Madariaga, cerca del acceso a Pinamar. La conmoción fue inmediata. No se había asesinado solo a un hombre: se había atentado a la vista de todos contra el libre ejercicio de una profesión. El país ya no volvería a ser el mismo.
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“Fue un crimen cometido para mostrar impunidad. En un acto demencial de arrogancia, Alfredo Yabrán mandó a matar a José Luis y así demostró que a él no lo podía tocar nadie. Es la misma impunidad del poderoso que todavía se ve, que piensa que puede hacer lo que se le cante”, remarca Miguel Gaya, abogado de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el encargado de representarla durante el juicio.
Las primeras horas
“Era la época menemista de los indultos –continúa–, los asesinos estaban sueltos y había una sensación de anomia, de que ellos podían hacer de nuestras vidas lo que quisieran. Ese era el contexto durante las primeras horas de desconcierto y dolor. Encima ARGRA casi no existía, no tenía ni sede propia, solo nos juntábamos una vez al año para la muestra. Igual tratamos de organizarnos y alguien dijo que lo peor de todo era que esta conmoción iba a desaparecer en dos meses. Así se nos ocurrió la frase ‘No se olviden de Cabezas’ porque recordarlo era comprometerse. Empezamos a hacer unos folletos con la foto del carnet de José Luis, la única que teníamos, y atrás escribimos ‘La impunidad de su crimen será la condena de la Argentina’. Desde un primer momento nos dimos cuenta de que, si lo dejábamos pasar, después vendrían por más. Todavía no conocíamos al autor, pero sabíamos que se estaba ante un mensaje mafioso”.
“El crimen se pagó socialmente”
El crimen de Cabezas provocó un cimbronazo político. “Me tiraron un muerto”, fue la primera reacción del entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, al enterarse de la noticia. Después, apremiado por su próxima candidatura presidencial, comenzó una serie de purgas y reformas en la policía Bonaerense (la misma que tiempo atrás había calificado como “la mejor del mundo”) en un intento desesperado por borrar el mote de “maldita” que la cubría por esos años noventa de pizza, champagne, mafia y poder. La derrota en las elecciones de 1999 probaría el costo pagado.
Margarita Di Tullio, más conocida por su apodo de «Pepita la pistolera» junto a otros malandras de los bajos fondos marplatenses fueron los “perejiles” de turno. La declaración de un testigo enderezó la investigación hacia el policía de Pinamar Gustavo Prellezo y la banda “Los horneros”. Un entrecruzamiento de llamadas entre Prellezo y Gregorio Ríos, jefe de la custodia del empresario postal Alfredo Yabrán, terminó de cerrar el círculo criminal.
El domingo 3 de marzo de 1996, la Revista Noticias había publicado en tapa la primera imagen del empresario caminando junto a su esposa por las playas de Pinamar. Yabrán, para quien una foto era como si le dieran «un tiro en la cabeza”, tardó un año en escarmentar el atrevimiento de Cabezas.
“Convencí a Osvaldo Baratucci, el presidente de ARGRA de aquella época, de presentarnos en el juicio porque la instrucción la estaba haciendo la propia policía. Logramos que, por primera vez en Argentina, una asociación civil fuera aceptada como parte querellante en defensa de los intereses de sus asociados. Lo que hicimos fue pulir toda la prueba porque si lográbamos una sentencia con pruebas falsas después te la podían voltear –resalta Gaya–. A Yabrán no se lo pudo condenar porque estaba muerto pero el resto de las sentencias quedaron firmes».
«Muchos repiten ahora que nadie está preso por el crimen de José Luis, que están todos libres, pero pienso que el dolor es irreparable, no hay cárcel que alcance, no se puede poner pena al daño provocado. ¿Cuántos años hubieran sido los correctos? Lo importante es que ese crimen se pagó socialmente”, destaca.
El atentado a la libertad de expresión que significó el asesinato derivó en el decreto de ley 24.876, promulgado el 13 de octubre de ese mismo año, que estableció el 25 de enero como Día Nacional del Reportero Gráfico. En la actualidad, más de 70 lugares públicos, entre plazas, calles y barrios, llevan el nombre de José Luis Cabezas.
“El saldo a 25 años –concluye Gaya– es que no tuvimos otro trabajador de prensa asesinado. En cualquier otro país, ni hablar de México, la cantidad de crímenes cometidos por el ejercicio de la profesión es impresionante. La sociedad argentina no se banca otro muerto, ha puesto límites que son difíciles de franquear”.
Un asesinato sin detenidos
El 2 de febrero del año 2000, tres años después del asesinato, un tribunal de Dolores condenó a la pena de reclusión perpetua a los expolicías Gustavo Prellezo (autor material), Sergio Camaratta y Aníbal Luna; a los “horneros” Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana; y al jefe de Seguridad del empresario Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos.
En un segundo juicio, realizado en 2002, también fue sentenciado por liberar la zona el comisario Alberto “La Liebre” Gómez. Ninguno continúa preso.
Los integrantes de la banda de Los Horneros tuvieron reducciones de penas por la aplicación del «2×1”, salvo Retana, que murió en prisión. Por su parte, entre 2007 y 2010, los ex policías detenidos fueron abandonando la cárcel de a uno, menos Prellezo que recién fue liberado en 2017, aunque ya gozaba de prisión domiciliaria desde 2010. El ex oficial estudió en la cárcel y se recibió primero de abogado y luego de escribano en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Una denuncia presentada por la familia de Cabezas le impidió ejercer como abogado.
Homenajes
A El 25 de enero, José Luis Cabezas será recordado en diferentes actos a los largo de todo el país, como Santa Fe, Córdoba y Neuquén.
El más significativo será el organizado por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), en Pinamar, la ciudad donde mataron a Cabezas.
Arrancará a las 20 en el Monolito que lo recuerda, en el acceso a la ciudad, frente a la terminal, para rememorar «un nuevo aniversario del peor atentado a la libertad de expresión en democracia», remarcaron desde ARGRA.
Habrá un recorrido histórico, una memoria fotográfica en la que se contará a través de imágenes los momentos más significativos de estos 25 años. Y se entregarán reconocimientos «a quienes cuidaron y sostuvieron la memoria en esa ciudad balnearia a lo largo de todo este tiempo». Participarán artistas y referentes locales, y en el cierre plantarán un pino en su recuerdo. En ese momento sonará la canción ‘Enero Gris’ compuesta por Martin Echeverría.
Este martes 25 de enero, a las 20, se realizará un acto para rememorar el 25 aniversario del crimen del reportero gráfico. Será en el monolito José Luis Cabezas, en el acceso a la ciudad de Pinamar, frente a la terminal, organizado por Argra, periodistas y vecixs de la localidad balnearia.
A partir de las 20, habrá un recorrido histórico, una memoria fotográfica que estará emplazada en el Monolito y repasará los momentos más significativos de estos 25 años. También se entregarán reconocimientos a quienes cuidaron y sostuvieron la memoria en esa ciudad balnearia a lo largo de todo este tiempo y se contará con la participación de artistas y referentes locales de Pinamar. Para finalizar se procederá a plantar un pino.
“A 25 años del asesinato de José Luis no claudiquemos en esta lucha. Esa sería nuestra peor condenada. Para que el crimen de nuestro amigo no sea el primero sino el último, no nos olvidemos de él, porque hoy todos somos José Luis Cabezas…”, se afirma en la convocatoria.
Una radiografía de la violencia
patriarcal
Por Miranda Carrete, Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022.
Anabella amamanta a su hija de cinco meses mientras charlamos sobre el inmenso trabajo que realizan en el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, el primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por aborto clandestino y desaparecidas, como indican en su página web http://observatorioluciaperez.
Para las integrantes del Observatorio es un honor y una gran responsabilidad llevar el nombre de Lucía Pérez, la adolescente asesinada en Mar del Plata el 8 de octubre de 2016. Su caso impulsó movilizaciones en todo el país en lo que fue la antesala del primer paro nacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Hoy el Observatorio trabaja en conjunto con la familia de Lucía, familiares de sobrevivientes, organizaciones sociales y territoriales. “Fueron ellas las que proporcionaron un montón de información que era importante sumar, como por ejemplo: cuántos hijes tenía cada víctima, quién es la o el fiscal y la fiscalía de la causa, qué imputación pusieron en la causa, si hubo denuncias previas, si estaba embarazada, si el femicida era policía o pertenecía a las fuerzas de seguridad, entre otras cosas”, detalla Anabella, atenta a su hija y a las preguntas.
El aumento de violencia durante el primer año de pandemia fue alarmante y las cifras no cesaron durante el 2021. Al cierre del último año el Observatorio Lucía Pérez contabilizó 318 Femicidios y travesticidios en todo el país. “Mi hija no es una cifra”, dijo una madre durante una reunión y ese fue el disparador para que el Observatorio sea más que una estadística. Con las familias consensuaron mostrar detalles de cada historia, en los padrones ves la foto, el nombre, la edad, de dónde era, si tenía hijos, qué fue lo que pasó y otras anotaciones que llevan adelante durante las investigaciones. Se trata de una reconstrucción de cada historia de vida, más allá del registro sistemático necesario para contabilizar la violencia patriarcal en nuestro país. Anabella señala que esa información debería estar en manos del Estado y lamenta que no exista en la actualidad un Observatorio público de femicidios que se actualice a diario.
“No vemos políticas públicas fuertes para disminuir el aumento e impacto de la violencia y estamos preocupadas por la intención del recorte del 40% del presupuesto en el monto nominal destinado al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad”, expresa la entrevistada. Y es una inquietud que comparte con sus compañeras, con las que trabajan a diario y ponen el cuerpo en el territorio. En tanto desde el Ministerio aseguran que la Cartera recibió 3 ampliaciones presupuestarias que elevaron su crédito durante el año, lo que implicó un aumento de la partida inicial en un 183%, situación que podría repetirse en 2022. Sin embargo, son varias las organizaciones y espacios políticos que señalan que el recorte presupuestario en el área es una realidad. En esa línea, durante el debate en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Myriam Bregman señaló: «En el presupuesto, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ejecutó sólo un 71,11 % de lo que se había previsto. Menos de lo que se ejecutó para otros organismos. Para 2022, dicho Ministerio tiene asignado un 39% menos en términos nominales respecto al presupuesto vigente de este año. ¿Por qué recortan ese presupuesto, si sigue habiendo una muerta por violencia de género cada 30 horas en la Argentina?». Pregunta que se repite, también, a lo largo de la nota con Anabella.
Traveticidios y Tranfemicidios Sociales
La decisión de incluir en el informe un detalle sobre travesticidios y transfemicidios sociales fue una necesidad colectiva, cuenta Anabella, ya que no había registros al respecto. Además de las muertes violentas, se suman las que son producto de violencias simbólicas como la falta de acceso a derechos fundamentales como vivienda y salud. Situaciones que dan cuenta de la deuda histórica de políticas públicas que contemplen a la población travesti, trans. “Es una forma de hacer memoria, un proceso de reparación, poder nombrarse y que tus compañeras te reconozcan”, concluye.
Luchar hasta encontrar justicia
Los brazos en alto y un grito que transmite euforia, emoción, bronca, tristeza y refleja la lucha incansable de una madre que perdió una hija, es una de las postales del juicio por el femicidio de Araceli Fulles. El tribunal condenó a prisión perpetua a tres de los cuatro responsables del asesinato de la joven. La protagonista de esa foto es su madre, Mónica Ferreyra, quien se puso al hombro la búsqueda de justicia y encontró en esa pelea una red de organizaciones, familiares, amiges, funcionaries y personas autoconvocadas que la acompañaron estos años. “Dentro de todo estamos conformes, pero por más que condenen a quien condenen, mi hija no vuelve más”, reflexiona Mónica y continúa: “Nosotros lo que hicimos fue molestar, a la gente, a los políticos, a la Corte Suprema, a los jueces, a todos, esto lo conseguimos luchando durante 4 años y 6 meses”.
La voz de Mónica es firme cuando describe cada lugar que recorrió, las innumerables marchas de las que participó y las que se organizaron para exigir justicia por Araceli en el país y en otras partes del mundo. Repasa la primera vez, que después de muchos intentos, el presidente Alberto Fernández leyó una de sus cartas. Fue en Chapadmalal, un lugar muy significativo para ella y su familia, ya que Araceli participó en varias oportunidades del programa educativo -Jóvenes y Memoria-. “Me acerqué a la Casa de Gobierno con una cartita atrás de una foto de mi hija, lo metí en un sobre y le di la carta con un barbijo que decía justicia por Araceli. Lo recibió y gracias a eso me contacte con el Ministerio de Mujeres”.
Mónica está muy agradecida con el acompañamiento que recibió y recibe, desde el 2 de abril de 2017 cuando su hija desapareció, y luego cuándo 25 días después el cuerpo de Araceli fue hallado bajo unos escombros, en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez. Hasta el juicio los tres acusados estuvieron en libertad, el único detenido en la causa, Darío Badaracco, murió tras ser atacado por dos presos en el penal de Sierra Chica. “Ella ahora va a descansar en paz, le volverán a crecer las alas y volará bien alto”, dijo el 5 de noviembre cuando el tribunal dio a conocer la condena. La mamá de Araceli, destaca también el trabajo de los jueces que les asignaron en la causa, afirma que se sintió escuchada y acompañada. Pero también es consciente que no todas las familias corren la misma suerte, ya que tal como indican los informes del Observatorio Lucía Pérez, las irregularidades abundan, llegar a un juicio es una odisea, y tanto la perspectiva de género como el acompañamiento a las familias escasean en el poder judicial.
Los pies en la calle contra la impunidad
Las familias de víctimas y sobrevivientes de femicidios se reúnen todos los segundos miércoles del mes en Plaza de Mayo. El último encuentro fue el pasado 9 de diciembre en el que le entregaron una carta al presidente Alberto Fernández solicitando una reunión, de la que aún no obtuvieron respuesta. En esa ronda estuvo presente la familia de Cecilia Basaldúa, una joven que fue encontrada sin vida el 25 de abril del 2020, tras 20 días de intensa búsqueda. Su cuerpo fue hallado cerca de un basural de Capilla del Monte, en Córdoba. Desde que comenzó la investigación la familia pudo comprobar irregularidades en la causa y falta de perspectiva de género en el abordaje de la misma. De hecho la investigación se cerró y el juicio se postergó para 2022. Guillermo Basaldúa, hermano de Cecilia, contó a Periódico VAS que la causa judicial no incorpora elementos claves como testimonios, pericias y complicidades de la policía provincial. “Como querellantes apelamos, a pesar de que no podíamos hacerlo y quedó la elevación a juicio pero la investigación cerrada, más allá de los pedidos a indagatoria que quedaron pendientes”, afirma y explica que por el momento hay un detenido e imputado, Lucas Bustos, acusado de abuso sexual y homicidio doblemente calificado por violencia de género. Sin embargo, tanto la querella como la defensa acuerdan que no hay pruebas suficientes para incriminarlo. La familia de Cecilia explica que la policía es la que dice que el acusado confesó, sin embargo no hay testigos de ese momento y más tarde negó todo y declaró que lo obligaron a decir que él la mató. “La fiscal Paula Kelm no se preocupó por investigar a ninguna otra persona”, incluso se viralizó un audio de una testigo que detalla las últimas horas de Cecilia en Capilla del Monte, un relato que involucra a policías de la zona y a la fiscal a cargo, que según Guillermo esconde más de lo que investiga. Para ilustrar la situación que se vive en la fiscalía de Cosquín, dónde llevan adelante el caso, el hermano de Cecilia agrega que el jefe de policía que llevaba adelante la investigación y el jefe de bomberos que intervino durante la búsqueda, hoy están detenidos, ambos por causas de violencia de género.
Es por eso que la familia tiene muchas expectativas puestas en el juicio, a pesar de la conocida impunidad que hay en Córdoba “se van a presentar los testigos que quedaron pendientes durante la investigación y después de eso, se verá, queremos justicia”, concluye Guillermo.
La convicción de Mónica Ferreyra en la lucha colectiva, también se puede escuchar en la voz de Guillermo, cuando asegura que para conseguir justicia, para dar la lucha hay que organizarse con otrxs “si no hubiésemos tenido el apoyo de organizaciones, medios independientes, nuestra abogada Daniela Pavón y otras familias que vivieron lo mismo, no hubiéramos llegado a esta instancia”, reflexiona agradecido por el acompañamiento que recibió desde el primer día, en el que tuvo que poner su voz para ir en búsqueda de la verdad tras el femicidio de su hermana.
“Luchar sirve”, decimos cada vez que se logra conquistar un derecho en las calles, cuando se hace justicia gracias a la insistencia y el reclamo colectivo de las familias. Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, sabe de esos grandes pasos que representan un descanso entre la hostilidad de los procesos judiciales en nuestro país. En una medida histórica y ejemplificadora el pasado 23 de noviembre, se hizo lugar a la acusación contra los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas por falta de perspectiva de género en la causa, quienes en 2018 absolvieron a los acusados del femicidio de Lucía, resolución revocada por la Cámara de Casación el año pasado. El Jurado resolvió la suspensión de los magistrados y el embargo del 40% de su sueldo. Ahora se dará inicio a un debate público para establecer si se dispone la destitución, un reclamo que sostiene la familia de Lucía.
Las cifras del terror
Según el informe 2021 del Observatorio Lucia Pérez se contabilizaron en 2021:
– 308 femicidios
-10 travesticidios
-57 travesticidios sociales
-Hay 241 personas desaparecidas, Y la pregunta: ¿Dónde está Tehuel?, sigue resonando en las calles.
Durante el año se llevaron adelante 371 marchas y movilizaciones exigiendo ¡Paren de matarnos!
Además, del total de femicidios, 32 fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Violencia que se suma al entramado policial-judicial y la violencia institucional a la que están expuestas las familias que buscan justicia.
Mientras que en los primeros 10 días de 2022, 5 mujeres fueron víctimas de femicidio.
Lo cierto es que detrás de las estadísticas y los números que retratan la violencia patriarcal en nuestro país, hay historias de vida, familias, hijxs que quedan huerfanxs, amigxs y compañerxs que hoy siguen buscando respuestas.
No se trata sólo de cifras, sino de la carencia de políticas públicas, campañas de prevención, recursos que lleguen a tiempo para evitar los femicidios, a lo que se suma, en la mayoría de los casos, tanto la falta de escucha a las familias de las víctimas de femicidio, como a las mismas a las víctimas de violencia machista.
Fuente: Periódico Vas
El gobierno y el sistema judicial
federal desconocen por completo
la Jurisdicción Especial para la
Paz de Colombia en el juicio de
extradición de Facundo Molares
Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022.
COMUNICADO DE LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE ARGENTINA
ni las cosas son como aparentan
ni son tan fáciles como a veces se dice
La Gremial suele dar charlas de formación, pero casi nunca para abogados y abogadas.
Se supone que los abogados y abogadas saben de Derecho y la idea de la Gremial ha sido dotar de elementos, sobre todo, a gente que se encuentra sola y sin abogados que acepten sus casos, para que tengan mínimas herramientas.
En esas charlas siempre explicamos que una cosa es lo que las leyes dicen y otra muy distinta es cuando las aplican jueces y fiscales que se cagan en todo.
Incluso los jueces y fiscales más «garantistas» o “progres» (algunos de nombres rutilantes y fama de intachables), quienes se ponen en esas posturas en seminarios o púlpitos universitarios, pero que después la Gremial los ve en sus funciones respectivas y no difieren en nada de los peores jueces y fiscales abiertamente de derechas.
Esto viene entonces a cuento respecto de la situación jurídica de Facundo Molares, detenido en Argentina con fines de extradición a Colombia.
Para los que poseen menos datos: Facundo Molares es un joven argentino internacionalista que durante años militó en las FARC colombianas.
Finalizada la guerra interna, se presentó -como otros cientos- a desmovilizarse, entregó los atributos de su militancia y regreso a la Argentina sin restricciones.
Con el golpe de Áñez en Bolivia concurre en su carácter de fotoreportero; es muy mal herido y encarcelado.
Finalmente la derrota del golpe le permite ser liberado y regresar nuevamente a la Argentina, nuevamente sin capturas ni restricciones.
Acá es detenido por la Policía Federal a principios de noviembre del año pasado por requerimiento del estado de Colombia y puesto a disposición del juez federal de Esquel.
En esta historia de Facundo, una cosa es lo que puede parecer fácil y otra es la dura realidad del expediente donde la Gremial pelea centímetro a centímetro con fiscales, jueces y Cámaras de Apelaciones que rechazan todo.
Como todos saben, la guerra interna en Colombia entre la guerrilla colombiana de las FARC y el Estado colombiano aparentemente finalizó.
En el marco del proceso de paz se creó una estructura especializada con amplias facultades jurisdiccionales para la resolución de los temas judiciales resultantes del conflicto armado, que se llama JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).
La JEP, debido a la ley de amnistía dictada e, incluso, a un capítulo transitorio agregado a la Constitución colombiana, tiene la competencia exclusiva para entender en todo delito cometido durante el desarrollo del conflicto por las partes beligerantes y, obviamente, en relación con el accionar de las fuerzas político-militares enfrentadas.
Lo cierto es que pese a todo eso, aparecen de pronto una jueza y un fiscal colombianos (por fuera de la JEP) que le solicitan al estado argentino la detención de Facundo con fines de extradición, para que responda por delitos cometidos en el marco de la guerra interna que asoló por décadas a Colombia.
El gobierno argentino, sabiendo la existencia de la JEP, acepta este pedido de quienes no tienen competencia para intervenir en esta cuestión, lo detiene y notifica al Juez, quien, a su vez, formaliza la detención cautelar de Facundo.
Las cosas parecían fáciles para muchos, tanto en la Argentina como en Colombia.
Es común escuchar (y seguir escuchando) cosas como: «todo es re fácil, se informa sobre la JEP y chau».
O planteos como: «hay que impugnar la intervención del fuero penal ordinario colombiano para solicitar la extradición, porque para eso está la JEP».
Obviamente la Gremial es considerada, respetuosa y extremadamente agradecida con todos aquellos y aquellas que nos brindan sus opiniones directa o indirectamente.
Pero… al igual que todo en la vida, y sobre todo en el Derecho y en particular en el interior de los expedientes judiciales, las cosas no son tan sencillas ni son, desgraciadamente, como muchos dicen o creen que son.
Todo esto es a propósito de que el sistema judicial federal argentino (y obviamente el gobierno por medio de la Cancillería y otros ministerios) actúan como siempre han actuado en los juicios de extradición.
Todos y todas saben que la Gremial de Argentina posee vastísima experiencia y muchas victorias en extradiciones.
Cuando damos charlas de formación (esta vez sí para abogados y abogadas) sobre extradición siempre explicamos lo delicado y especial que es este instituto.
Y explicamos que en la extradición la defensa de la persona requerida tiene un camino muy estrecho, toda vez que se nos impide por completo discutir la causa que origina la extradición.
«Eso acá no se discute», nos dijeron durante años y años los jueces argentinos. Ese es el fundamento último de la jurisprudencia de la Corte Suprema de nuestro país.
El planteo de los jueces es simple: «Acá se requiere a Pedro y el detenido es Pedro.
Se requiere que lo pida un Juez constitucional del país requirente y eso está confirmado.
El delito lo es también para las leyes argentinas y no está prescripto.
Se requiere que haya un Estado de Derecho y en Colombia (o Perú, o Paraguay o Chile, etc.) hay Estado de Derecho (es decir, ¡hay elecciones! y hay poder judicial “independiente”, etc.).
Así que, si al extraditado lo torturan o lo someten a una farsa con nombre de juicio, siempre puede recurrir a las instituciones de la democracia para defender sus derechos».
Con esto basta y sobra para enviarlo al país requirente.
«Todo lo demás vayan a discutirlo en el país requirente, no acá».
Eso dicen siempre los jueces.
La Gremial en sus muchos juicios de extradición triunfantes (vascos de ETA, italianos de las Brigadas Rojas, peruanos de Sendero, etc., etc.) SIEMPRE entró a la cancha perdiendo por goleada.
Y debimos torcer un partido perdido desde el principio.
Esto lo explicamos cien veces y pareciera que no se entiende algo tan simple.
«Es fácil, los fueros ordinarios colombianos carece de jurisdicción. Para eso está la JEP». Nos dicen de buena onda, en referencia a este caso, una y otra vez abogados y militantes sueltos y orgánicos.
Pero al juez y al fiscal del proceso de extradición en Argentina no les importa nada la JEP y su competencia :
«Vayan a discutir eso a Colombia, no acá!!!».
Obviamente se hacen los boludos. O directamente se expresan de muy mala fe.
El poder judicial argentino, los jueces y las Cámaras de Apelaciones nos niegan y rechazan todo planteo de la defensa respecto de incorporar como elementos de prueba en el proceso de extradición la documentación que prueba que la competencia en este caso es de la JEP y que el proceso que están llevando adelante (y la detención de Facundo) están sostenidos en el pedido de una jueza y un fiscal incompetentes. Esto, a pesar de que el Tratado vigente exige esa competencia, lo que obliga al juez argentino a verificar el requisito.
Eso es lo que realmente ocurre.
La Gremial lo viene diciendo desde hace años: las leyes de la explotación y la dominación dirán una cosa; la aplicación de esas leyes en forma concreta es otro cantar.
Ponemos a disposición de todo el que lo requiera los escritos de la defensa de Facundo peticionando la documentación o pidiendo se dirijan formales oficios judiciales a la JEP.
Y ponemos a disposición las respuestas y rechazos en distintas instancias judiciales de cada uno de nuestros planteos.
Por supuesto aún falta mucho; falta mucho trabajo por hacer.
Falta el envío de documentación por parte del estado requirente (porque el primer envío aceptado por el Juez argentino carecía prácticamente de todos los requisitos exigidos); parte de ella solicitada tanto por la fiscalía como por nuestra defensa, etc.
Y por supuesto, la Madre de Todas las Batallas, que será el juicio oral y público de extradición que se llevará a cabo en la ciudad de Esquel, a cientos de kilómetros de Buenos Aires.
Falta mucho, pero la Gremial siempre informa todo y aclara todo.
Y las cosas no son tan fáciles como a veces se las pinta.
Continúa la exigencia por la
libertad de Carmen Villalba
Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022.
Carmen Villalba de nacionalidad paraguaya es prisionera política y se encuentra privada ilegítimamente de su libertad desde el mes de julio de 2021, año que compurgó la totalidad de su condena de 18 años. Sin embargo aún continúa detenida en la cárcel del Buen Pastor, en Asunción del Paraguay porque la fiscalía desempolvó una causa prescripta hace 14 años atrás. Desde la Coordinadora por la Libertad de Carmen Villalba que aglutina organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales exigen su libertad.
Carmen Villalba de nacionalidad paraguaya es prisionera política y se encuentra privada ilegítimamente de su libertad desde el mes de julio de 2021, año que compurgó la totalidad de su condena de 18 años. Sin embargo aún continúa detenida en la cárcel del Buen Pastor, en Asunción del Paraguay porque la fiscalía desempolvó una causa prescripta hace 14 años atrás.
En el 2005 la fiscalía desestimí la causa con 190 hojas, con la carátula de: “Resistencia a la Autoridad”, que prevé una pena de 5 años. Pero en el 2018, revive dicha causa con tan solo 78 hojas, cambiando la carátula original por “Homicidio Doloso en Grado de Tentativa”, cuya pena es de 15 años.
Néstor, su único hijo varón fue asesinado en el 2010, crimen aún continúa impune, al igual que la desaparición forzada de su hija Lichita, en el 2020 en inmediaciones del Cerro Guazu, Amambay, en el marco de un operativo de las Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), donde asesinaron a sus dos sobrinas argentinas de 11 y 12 años en septiembre del 2020, Lilian Mariana y María Carmen. Su hermana, Laura Villalba, quién vio con vida por última vez a Lichita en noviembre del 2020, se encuentra presa sin pruebas hace 1 año.
«Carmen y su familia cargan con todo el ensañamiento en éste siglo, toda la barbarie estatal propio de las dictaduras del siglo pasado. La Coordinadora por la Libertad de Carmen Villalba, aglutina a organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos para defender la Legítima Libertad que corresponde a Carmen Villalba y alza la voz denunciando al Estado Paraguayo por su reiterada violación a los Derechos Humanos» publicó el medio Agencia para la Libertad.
Fuente: ANRed
Científicos denuncian indiferencia
global ante la sexta extinción
masiva de especies
Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022.
Como ocurre con la crisis climática, la avalancha de datos sobre la pérdida de biodiversidad global es innegable. Desde la extinción masiva del Cretácico, un evento que acabó con tres cuartas partes de las especies animales y vegetales de la Tierra hace 66 millones de años, no se ha producido un ritmo de extinción de especies tan acuciado y alarmante como el que lleva ocurriendo desde la presencia del Homo sapiens sobre el planeta, especialmente desde la revolución industrial. La mano del ser humano comienza a acercarse al poder destructor del mismísimo meteorito que acabó con los dinosaurios, aunque no todo el mundo lo vea.
Tal como sucede en otras materias, el negacionismo también está aquí presente. Y por supuesto la indiferencia. Un nuevo estudio publicado en la revista Biological Reviews, elaborado por tres científicos adscritos al Centro de Investigación en Biociencias del Pacífico (Universidad de Hawai, EE UU) y al Instituto de de Evolución Sistemática de la Biodiversidad (Universidad de la Sorbona, París), ha analizado las últimas informaciones científicas en lo que respecta a la pérdida de biodiversidad del planeta y el grado de aceptación de lo que ya se considera como la sexta extinción masiva de especies.
“Aunque una considerable evidencia indica que existe una crisis de biodiversidad con extinciones crecientes y poblaciones que caen en picado, algunos no aceptan que esto equivale a una sexta extinción masiva”, denuncian en el paper, titulado La sexta extinción masiva: ¿hecho, ficción o especulación?
La Lista Roja de Especies Amenazadas incluye 120.372 especies de plantas y animales, pero eso supone solo el 5,6% del total de en torno a 2,14 millones existentes
El grupo de investigadores señala que la forma de elaboración de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un instrumento clave para conocer el estado de la fauna y la flora global, es a menudo utilizada para restar importancia al problema y no considerarlo un evento de extinción masiva, “argumentando que la tasa de pérdida de especies no difiere significativamente de la tasa natural”, así como que las tasas de pérdida de especies han sido exageradas.
Asimismo, denuncian que hay voces que niegan este proceso, una tendencia que consideran que, debido a que los humanos son parte del mundo natural, las extinciones causadas por humanos son un fenómeno natural, una parte de la trayectoria evolutiva de la vida en la Tierra. “Algunos incluso abrazan” este enfoque, señalan, “con el deseo de manipularlo para el beneficio humano”, una tesis con la que los investigadores se muestran en absoluto en desacuerdo, recordando que los humanos somos la única especie capaz de manipular la Tierra a gran escala y conseguir que ocurra una crisis de semejantes proporciones.
Lista limitada
La Lista Roja de Especies Amenazadas estaría, para este grupo de científicos, muy sesgada en lo que se refiere a las especies que la forman: en ella se evalúa el estado de conservación de casi todas las especies de aves y mamíferos, pero tan solo una pequeña fracción de los invertebrados.
“La incorporación de estimaciones del número real de extinciones de invertebrados lleva a la conclusión de que la tasa supera con creces la tasa natural y que, de hecho, podemos estar presenciando el comienzo de la sexta extinción masiva”, señalan los investigadores en el artículo publicado en Biological Reviews. De hecho, remarcan que el uso de los datos de la Lista Roja conduce inevitablemente a la subestimación de las tasas de extinción, a excepción de las aves, los mamíferos y, probablemente, los anfibios.
Los invertebrados suponen el 97% del total de especies animales conocidas
“Es posible que la sexta extinción masiva aún no haya ocurrido, pero ya se han producido tasas elevadas de extinción y una gran disminución de la población y el rango, y como sea que se califique, la biodiversidad está cambiando a un ritmo mayor de lo que lo haría en ausencia de influencias antropogénicas”, concluyen.
En concreto, la Lista Roja incluye 120.372 especies de plantas y animales, pero eso supone solo el 5,6% del total de en torno a 2,14 millones existentes, según la propia IUCN acepta. El listado estaría, entonces, “fuertemente sesgado hacia los vertebrados no marinos, especialmente mamíferos y pájaros”, apunta el informe.
Mayoría invertebrada
Así, “muchos de los argumentos tanto a favor como en contra de la realidad de la sexta extinción masiva se han basado en análisis de vertebrados, principalmente mamíferos y aves, y en cierta medida anfibios, que han sufrido disminuciones y extinciones significativas”, señalan. “Los arrecifes de coral a veces se incorporan a dichos análisis, al igual que las plantas, pero los invertebrados rara vez se consideran”, continúan los autores del estudio.
El último informe Planeta Vivo 2020 concluye que entre 1970 y 2016 las poblaciones de especies de vertebrados han disminuido una media del 68%
Esto llevaría, según sus conclusiones, a que se haga la suposición implícita, o incluso explícita, de que las evaluaciones de las tasas de extinción de mamíferos y aves reflejan las tasas de extinción de toda la biodiversidad, cuando los invertebrados suponen el 97% del total de especies animales conocidas.
Incluso si se toma solo en consideración el grupo de los vertebrados, los datos son alarmantes. El último informe Planeta Vivo, realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), concluye que entre 1970 y 2016 las poblaciones de especies de vertebrados han disminuido una media del 68%. Dicho informe, que recoge múltiples indicadores, como el Índice Planeta Vivo elaborado por la Sociedad Zoológica de Londres, analiza el estado de 21.000 poblaciones monitorizadas de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios.
Con 19 ediciones detrás y una abrumadora cantidad de datos, desde WWF señalan como conclusión que “la actividad humana insostenible está empujando los sistemas naturales del planeta que sustentan la vida en la Tierra al límite”.
“Como biólogos sistemáticos, fomentamos el fomento de la apreciación humana innata de la biodiversidad, pero reafirmamos el mensaje de que la biodiversidad que hace que nuestro mundo sea tan fascinante, hermoso y funcional se está desvaneciendo desapercibida a un ritmo sin precedentes”, concluye por su parte el grupo de investigadores sobre la aceptación social y científica de la sexta extinción masiva.
“Ante una crisis creciente, los científicos deben adoptar prácticas de arqueología preventiva y recolectar y documentar tantas especies como sea posible antes de que desaparezcan”, advierten, remarcando que “negar la crisis, simplemente aceptarla y no hacer nada, o incluso aceptarla en beneficio ostensible de la humanidad, no son opciones apropiadas y allanan el camino para que la Tierra continúe en su triste trayectoria hacia una sexta extinción masiva”.
Fuente: ANRed
Agrotóxicos en Tandil: la legislación
que desoye la evidencia científica,
a vecinos y productores
Por Marcos Pearson e Ivonne Guevara, Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022.
En el municipio bonaerense está vigente una ordenanza que habilita la fumigación con agrotóxicos a solo 60 metros de las casas, 150 de escuelas rurales y 20 de cursos de agua. La norma se votó a espaldas de fallos judiciales, pruebas científicas y voces de los vecinos que en esta nota se recuperan para exigir un modelo que proteja la salud e impulse la soberanía alimentaria.
El 6 de diciembre pasado, a puertas cerradas, el Concejo Deliberante de Tandil aprobó una nueva ordenanza para la aplicación de agrotóxicos en el partido bonaerense. Desde entonces, se pueden aplicar agroquímicos a solo 60 metros de las casas, 20 metros de los cursos de agua, 50 de los pozos de agua y a solo 150 de las escuelas rurales. Esta legislación aprobada por los concejales tanto del oficialista Juntos por el Cambio como por los del Frente de Todos, desoyó la voz de especialistas, investigadores, productores rurales, vecinos y vecinas de la comunidad de Tandil, cuyas voces son recuperadas esta nota especial. Los funcionarios públicos y sectores del agro que apoyaron la ordenanza también fueron convocados, pero eligieron no responder.
El debate sobre una normativa de aplicación de agrotóxicos –que reemplazara la ordenanza 12.316 del año 2011– terminó con un Concejo Deliberante a puertas cerradas y cercado por un fuerte operativo policial, tal como se contó en la nota publicada por Agencia Tierra Viva a fines del año pasado. Pero el inicio estuvo en aquellos que no fueron escuchados por los y las concejales de Tandil. Fueron diversas situaciones que tomaron impulso a nivel local gracias a la insistencia de un grupo de vecinos y vecinas, al que cada vez se adhirieron más personas, las llevaron a la necesidad de debatir sobre una normativa, que suponía sería superadora a la vigente.
Algunos de esos sucesos clave fueron las fumigaciones que se percibieron prácticamente encima de una escuela en la zona rural conocida como La Porteña, el reconocimiento de la presencia de productos químicos en el aire a raíz de la deriva en áreas de la localidad de Gardey y el contundente estudio científico de investigadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que detectaron la presencia de al menos 16 agroquímicos plaguicidas en el agua de pozo y tierra de 15 escuelas rurales de Tandil, fueron los más relevantes.
Esos reclamos vecinales consiguieron una medida cautelar del juez Francisco Blanc, del Juzgado Provincial en lo Civil y Comercial 2 de Azul. En su sentencia –en octubre de 2020 y ratificada en mayo de 2021–, el magistrado prohibió la aplicación aérea a menos de 2.000 metros y, en forma terrestre, a una distancia menor a 500 metros. La medida, que además exhortaba a la conformación de una Mesa Intersectorial, fue omitida por el Estado.
La nueva legislación municipal (Ordenanza 17.404) fue escrita por la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente, tras largos meses donde aseguraron haber convocado a las partes involucradas. Sin embargo, al momento en que los vecinos y vecinas solicitaron una Audiencia Pública para ser escuchados, no tuvieron lugar a ese derecho constitucional y consagrado por pactos internacionales como el Acuerdo de Escazú, nacionales como la Ley General del Ambiente y locales como la Ordenanza 8094.
La aprobación de la nueva ordenanza había sido rechazada por la comunidad médica de Tandil que se pronunció en 2020 y acudió a exponer al simulacro de audiencia pública –una reunión de comisión ampliada convocada en noviembre pasado–. Allí destacaron el estudio realizado por la Universidad del Centro y la propia evidencia epidemiológica surgida de la atención en el sistema de salud.
Entre otras especificidades, la comunidad médica, en particular los profesionales de la salud especialistas en Pediatría y Endocrinología Infantil, advirtió que asisten a un número creciente de pacientes provenientes de distintas zonas del partido de Tandil y ciudades vecinas con alteraciones en el sistema reproductor, cánceres hormonodependientes, enfermedades neurológicas y metabólicas. Asimismo, avalaron el aumento del número de nacimientos prematuros y retardo de crecimiento intrauterino. Y los relacionaron con los altos niveles de contaminación ambiental.
De hecho, sostuvieron que hace décadas se ha comprobado el efecto estrógeno mimético de pesticidas, parabenos y fitoestrógenos, así como su potencial carcinogénico.“Este incremento nos obliga a manifestar nuestra preocupación y encender la alarma sobre los potenciales daños a los cuales está expuesta nuestra comunidad”, denunciaron.
La defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, también fue contundente en su valoración sobre la votación del Concejo Deliberante tras el debate público generado a partir de la acción de los vecinos y vecinas de Tandil: “Creo que la ordenanza, independientemente de las 30 reuniones y capacitaciones a las que asistieron los concejales a los fines de poner en consideración del cuerpo legislativo local el proyecto que finalmente fue sancionado y sin desconocer que estos ostentan la representación popular, adolece de un vicio en su génesis, ya que desoye los lineamientos del Acuerdo de Escazú en cuanto no se cumple con la participación pública en la toma de decisión de asuntos ambientales como el presente”.
“No existe una ‘zona de exclusión’ para los productos biocidas en Tandil”
Doctora Graciela Canziani es investigadora del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable y Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Autora del Informe “Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil”.
El informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil tuvo mucha repercusión en la población y generó irritación en sectores del agronegocio. Sabemos que ha habido intentos de invalidarlo y descalificarlo, al punto de figurar en los considerandos del proyecto de ordenanza una manifestación de ilegitimidad. También en la reunión ampliada de noviembre, uno de los oradores que apoyaba el proyecto de ordenanza expresó explícitamente que el informe desinformaba. Nunca se presentaron argumentos que respalden la descalificación de los resultados obtenidos.
Los resultados de los análisis efectuados en muestras de suelo y agua de las 15 escuelas rurales del partido generan incomodidad, más aún cuando la evaluación de estos se apoya en una nutrida lista de referencias científicas. Sobre todo porque para cada ingrediente activo plaguicida detectado no hay una concentración por debajo de parámetros con los que se pueda afirmar que no produce un efecto nocivo a la salud en el mediano o largo plazo, luego de una o repetidas exposiciones.
Los formulados de la “línea jardín”, cuya aplicación la ordenanza autoriza explícitamente en las denominadas “Zonas de Exclusión”, contienen principios activos como el Glifosato, el Clorpirifós, el Diclosulam, el Imidacloprid y la Cipermetrina, iguales a los presentes en los formulados que se aplican en los campos. Los cuatro primeros fueron detectados en las escuelas rurales. Esto implica que, en la práctica, no existe en todo el partido de Tandil “Zona de Exclusión” para estos productos biocidas.
Aunque en los Considerandos de la ordenanza se haga referencia el artículo 41 de la Constitución Nacional, a la Ley General de Ambiente y a los diez principios de la política ambiental nacional, y se declare explícitamente que su objetivo es priorizar la protección de la salud humana y de los ecosistemas, quedó muy claro en su articulado que no es eso lo que se consiga en la normativa.
De hecho, quedó muy claro que se pretende proteger los intereses de las corporaciones empresarias y del agronegocio basado en la producción y el uso de los agroquímicos plaguicidas, en detrimento tanto de la salud de la población como de los ecosistemas y del ambiente en general.
“Podrán comprar una camioneta último modelo, pero no dejarán agua para los que vienen”
Juan Cruz Bernardo fue fumigador durante siete años, pero hoy produce sin venenos en el partido de Tandil, como lo hicieron sus abuelos y bisabuelos, en la localidad rural de Tandil conocida como María Ignacia o Vela.
A fines de la década del ‘90 estaba estudiando en La Plata, pero sentí ganas de laburar la tierra y volví al campo. Con mi viejo armamos un fumigador, herramienta que en esa época decían que era lo nuevo, lo que iba a traer trabajo. Anduvimos años fumigando. Cuando iba ya por el quinto año como fumigador me encontré con algunos escritos de Eduardo Galeano, empecé a sumergirme en la lectura y entender los trasfondos políticos de este modo de producción. Tomé conciencia del veneno, que hasta ese momento ni me lo había planteado. Le decíamos “remedio” o “caldo”, nunca me lo había cuestionado hasta ese momento.
Nos llevó dos años tomar la decisión de dejar definitivamente la práctica de aplicar agroquímicos, mientras continuábamos trabajando el campo. Recién entonces, compramos un tractorcito y empezamos a sembrar sin usar venenos. La impresión que tengo ahora es la de la cantidad de litros de venenos que entraban en el tanque de la fumigadora, unos 300 litros de agrotóxicos mezclados con tres mil litros de agua pura, buena y sana. Esa mezcla la aplicaba por el campo hasta tres, cuatro o cinco veces por día.
El problema es que no es uno solo el que hace eso, sino que todos los días hay cientos de fumigadores en el partido de Tandil haciendo lo mismo, echando miles de litros. Siento que, más allá de lo que digan otros productores, es una locura esperar que uno no termine afectado por el veneno después de tantas aplicaciones en todos lados y durante tanto tiempo. Podrán comprar una camioneta último modelo, pero no dejarán agua para los que vienen.
“Hay herramientas suficientes para que las autoridades legislen sobre un modelo basado en la soberanía alimentaria”
Virginia Toledo López es licenciada en Relaciones Internacionales (UNICEN), doctora en Ciencias Sociales (UBA), diploma superior en Estudios Sociales Agrarios (FLACSO), investigadora asistente del CONICET e integrante de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria.
Existen grandes esfuerzos de las organizaciones sociales, traducidos en ordenanzas en muchos municipios del país, por legislar a favor del cuidado de la salud y del ambiente. Esto es una prerrogativa que está dentro de las atribuciones en las carta orgánica de las municipalidades, en la constitución de la provincia de Buenos Aires y en la Nacional. Esto es algo importante a tener en cuenta porque parece que cuando se regula la cuestión de los agrotóxicos solamente se piensa en que hay que regular las formas de uso, pero también es posible valerse de estas atribuciones en materia de protección de salud de la población. En concreto, el artículo 192 de la constitución provincial plantea estas atribuciones del régimen municipal.
A nivel nacional, hay varias leyes que deben ser consideradas. La primera de ellas: la Ley General de Ambiente (25.675), que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente para la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Es la que define principios, entre los cuales está el principio precautorio, el de prevención y el principio de no regresividad.
En la provincia de Buenos Aires existen ejemplos de municipios que sancionaron ordenanzas a favor de la protección ambiental y de la salud, por lo que establecen límites al uso de agrotóxicos. En cada caso, con diferentes distancias para las zonas de exclusión. Hay unos 10 municipios en la provincia que establecen distancias de 300 metros, hay otros tantos que establecen distancias de 500 metros, como establecía la medida cautelar que tuvo sentencia para Tandil. Hay otros municipios, como Bolívar y Campana, que se amplían hasta los 1000 metros o ejemplos como General Las Heras y Cañuelas que plantean 2000 metros.
En Tandil falta una discusión profunda para construir herramientas de promoción y efectiva transición hacia un modelo de producción de alimentos basado en la salud, que priorice la soberanía alimentaria, la producción local y el cuidado de las personas en lugar de únicamente buscar la mayor rentabilidad. Hay herramientas y ejemplos suficientes para que nuestras autoridades estudien y legislen sobre un modelo basado en la soberanía alimentaria.
“No pretendo que no se produzca, porque todos vivimos del campo, pero que sea más ecológico”
Mónica Cristina Lima es vecina de la localidad rural de María Ignacia o Vela.
En esta localidad rural somos unos dos mil habitantes. El pueblo tiene toda la infraestructura, excepto cloacas. Últimamente se están dando muchos casos de enfermedades que antes no conocíamos. Dos personas, una de 60 y otra de 70 años, fallecieron por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Otro vecino, que era bombero, falleció por Miastenia Gravis; y otro vecino está comenzando a tener los síntomas de esta enfermedad. Además, hay otros siete casos de esclerosis múltiple y varios casos de cáncer en personas jóvenes. Criaturas con convulsiones repetitivas, adolescentes con tumores en la cabeza, que no tienen diagnóstico de cáncer pero sufren desvanecimientos y convulsionan. Todas esas personas, de un modo u otro, están relacionadas con la actividad agropecuaria.
Estoy segura que proviene del uso de tanto agroquímico y del contacto permanente que tenemos quienes vivimos en zonas rurales, porque abrimos las ventanas a la mañana para ventilar y llega ese aroma de productos aplicados muy encima de la planta urbana. En muchos casos, los equipos pulverizadores están guardados a cien metros de la plaza central o a 50 metros de una cancha donde practican fútbol los niños desde los cinco años. No pretendo que no se produzca, porque todos vivimos del campo, pero que sea más ecológico.
Hace unos 20 años, un médico hizo un relevamiento de los casos de cáncer que había solo a lo largo de la calle Rodríguez, en el casco urbano. En aquel análisis particular encontró a muchísimas personas enfermas, entre ellos varios jóvenes, que en el transcurso de los años fallecieron. Lo único que se pensó que podía causar esas enfermedades eran los aplicadores de agrotóxicos o los transformadores de las líneas eléctricas de alta tensión, por los compuestos con los que funcionan. Si se hace una análisis, hay muchas patologías raras en la localidad.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Envio:RL
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