Repercusiones de la instalación del sistema anti aéreo Sky Sabre
Cancillería rechazó el nuevo despliegue de armamento militar británico en las Islas Malvinas
Se trata de "una nueva e injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales", sentencia el Ministerio en un comunicado.
"La República Argentina rechaza en los términos más contundentes el nuevo despliegue de armamento militar británico en las Islas Malvinas", sentencia un comunicado de Cancillería. Recientemente se conoció la instalación del sistema anti aéreo Sky Sabre en las islas, un sistema de defensa aérea, basado en tierra, de nueva generación, que viene a reemplazar a los misiles de tipo Rapier y que triplica su alcance.
De acuerdo a Cancillería, se trata de "una nueva e injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas".
La persistencia del Reino Unido en la ampliación de su armamento militar en el Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación por ella recomendado, puntualiza el texto.
La presencia militar contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que entre otras disposiciones, "exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región". En ese sentido, la alegada condición defensiva de la base militar británica en el Atlántico Sur "no sólo es totalmente injustificada sino también representa una amenaza para toda la zona".
"Frente a estos nuevos actos de hostilidad, la República Argentina sigue reafirmando su vocación pacífica y su permanente y constante voluntad de retomar las negociaciones con el Reino Unido con el fin de alcanzar una solución definitiva a la disputa de soberanía", concluye el comunicado.
Diálogo informal con el presidente tras la firma del acuerdo con el Fondo
Lo que piensa Alberto en el día después
"Nada que festejar", dice Fernández, pero enfatiza que se abre una oportunidad. Los peligros del default, lo que pudo pasar si no había acuerdo. Las diferencias con Macri y las críticas.
“La tragedia no es el acuerdo que hicimos con el Fondo: La tragedia es haber vuelto al Fondo” describe el presidente Alberto Fernández. “No celebro lo que firmamos. Esa no es la expresión correcta; no hay nada que celebrar. Pero si el viernes no firmábamos, hoy no estaría hablando con usted sino analizando si decretábamos feriado cambiario el lunes”. Para el Presidente el default no era opción válida, hubiera detonado una catástrofe.
El mandatario dialogó un rato ayer a la tardecita con este cronista, por celular, de modo informal. La conversación no se graba pero se autoriza a divulgarla, de buena fe.
“El martes --rememora el mandatario—le dije a Martín Guzmán (el ministro de Economía) que si no cerrábamos trato antes, el viernes no le pagábamos la cuota al Fondo”.
El escenario ulterior (virtual y no concretado) agrega, le fue adelantado por autoridades de la Banca Europea de Inversión. “Teníamos un contrato de inversión en puerta, para firmar el viernes. Me adelantaron que solo se haría si mediaba arreglo con el FMI”.
“China y Rusia no son excepción –describe y se enoja un poco–, se equivocan los que creen que podemos arreglar con ellos a espaldas del resto del mundo. No entregan nada si no se está en regla con los organismos internacionales de crédito”.
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“No provocamos la tragedia, la estamos reparando” – reincide el mandatario. “Nadie más crítico que yo, fui el primer presidente que inició acciones judiciales contra los que pactaron un crédito, burlando todas las reglas legales”.
“¿Para qué sirven esas demandas que nunca llegan a sentencia?”, cuestiona el cronista.
“Para marcar diferencias, para que no quede todo impune. No hago borrón y cuenta nueva” se embala el presidente-abogado. Y enfila contra Macri: “ellos pidieron el préstamo y suprimieron los ministerios de Trabajo, de Salud y de Ciencia y Tecnología”. “Nosotros conservamos la inversión social en todos esos rubros”. “No podíamos consentir cambios estructurales con tanta pobreza y pandemia”. Esa diferencia con los Acuerdos clásicos es la fortaleza argentina, la prueba de que se negoció con firmeza, remarca el presidente quien minimiza el riesgo de presiones insoportables en las revisiones trimestrales. “Sin metas estructurales no hay margen para que nos exijan cambios de políticas. Los resultados cuantificables se medirán por año, no cada tres meses. Podemos cumplirlos, si sostenemos el crecimiento. En 2021 bajamos el déficit fiscal superando nuestras previsiones… y pagándole al Fondo”.
“La espada de Damocles sigue ahí” sugiere el cronista. Fernández discrepa: “Podemos crecer un cuatro por ciento, si mejoramos la administración tributaria, que paguen impuestos los que tienen que pagar”. No alude a reforma fiscal ni a nuevas leyes sino a los debates con la oposición sobre las alícuotas de Bienes Personales.
Cuando se le pregunta sobre la inflación o la desigualdad, resalta qué difícil fue gobernar “con las amenazas del Fondo y la pandemia”. La inflación “es una tarea pendiente, queda por delante la lucha contra la concentración económica, acentuada pero no iniciada en tiempos de Macri”. Por un rato el mandatario abandona la economía y se va a la tele, al fútbol. “¿Vio cómo aplicamos la ley de Defensa de la Competencia a Disney? Ellos amagaron repartir algunos contenidos (el fútbol u otros deportes). Le exigimos que desinvirtieran porque tienen posición dominante”.
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En un palique así, el protagonista no usa la frase- consigna “sin comentarios”, pero el presidente Alberto rehúsa hablar de debates o internas en el Frente de Todos. “No es el momento”.
Nobleza obliga, cuando se lo interroga acerca de la necesidad de promover nuevas políticas sociales AF prefiere imaginar que de sostenerse el crecimiento llegarán soluciones al mercado de trabajo. Asume que hay sectores sociales informales que tienen que ser tutelados tras cuatro años de malaria económica. “El gasto social llega al 11 por ciento del PBI, es una cifra alta en el mundo. Pero seguramente la asignación tiene fallas, hay que revisarla”. De nuevo, retorna al eje de la conversación: ahora es el momento, tras el alivio que trae el acuerdo. La perspectiva de cambios cualitativos, de nuevas políticas sociales, no lo “engancha”, cuanto menos no en este diálogo.
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“¿No cree que hay funcionarios que no funcionan para la nueva etapa, tan desafiante?”… el reportero pregunta y opina a la vez, como tantas luminarias de la tele.
“Puede que haya desgastes, hay que repasar”. Tiene la cabeza en otro lado, trata de transmitir que se dio un paso adelante.
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“Recordé cuando pulseamos con el FMI, con Kirchner presidente. El titular del Fondo, Horst Köhler, pretendía que un comité de bancos internacionales comandara la reestructuración de la deuda argentina y que privatizáramos la banca pública. Nos opusimos, le pedí nos dejara hacer nuestra política. Meneó la cabeza, dudó un instante, me estrechó la mano…consensuamos. Era más un político que un economista, llegó a ser presidente de Alemania”. La condición de político asoma allí como virtud.
El presidente escucha los reproches, aún los del frente interno. Acepta preguntas críticas. Atraviesa el bálsamo de haber cerrado, está convencido de que la economía mejorará. “La industria vuela, la automotriz va muy bien, la temporada de vacaciones es súper exitosa, en un año vamos a estar hablando de otra agenda”. “Bajar el déficit es una necesidad no un castigo. No tengo la soga al cuello. Tenemos dos años sin pagos, es una oportunidad”.
Los temas pendientes ya lo asaltarán, ambos interlocutores lo saben. El viaje a Rusia y China está casi en pre embarque pero en estas horas Fernández atraviesa un trance de optimismo de la voluntad. Ojalá tenga razón, aunque quedan muchas polémicas por zanjar.
Una nueva relación con el Fondo
El Gobierno eligió el mal menor al default con el FMI, se abren polémicas, interrogantes y desafíos
La bisagra que abre el flamante acuerdo y la obligación que se impone: mejorar la vida de los argentinos. Las críticas por izquierda, las miradas embellecedoras del default. El peso de las futuras visitas del Fondo, los condicionantes, el peligro de las metas a cumplir. La oportunidad que queda.
Esta columna prolonga otras escritas sobre el tema, en particular la publicada este sábado. El contrato de lectura para hoy es restringir repeticiones, alusiones “ad hominem”, discutir argumentos y en sustancia “mirar para adelante”. Para abreviar, entonces, damos por expresados los cuestionamientos al espantoso legado del expresidente Mauricio Macri y su equipazo, a las condiciones extorsivas e ilegales en las que se contrajo la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la conducta irresponsable y destructiva de la oposición política y de los medios hegemónicos a partir de diciembre de 2019. Son esenciales. Página/12 y este cronista cuentan con un archivo que los respalda. Nos remitimos a decenas de notas escritas desde 2016, no desde la semana pasada. También obviaremos mencionar que las valoraciones de la nota son opiniones del cronista, no verdades religiosas; proponemos leer bajo ese prisma. Pasemos al presente y al futuro, pues.
El Gobierno eligió sellar el Acuerdo con el Fondo, sobre el que faltan aspectos a cerrar y redacción definitiva. Privilegió ese mal menor al default. Ambas alternativas reflejan la debilidad de la Argentina.
Desde el vamos el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán señalaron ese rumbo. Cumplieron, entonces, su contrato inicial. Atendiendo a la virulencia con que se debate en nuestro país, incluso en la interna del Frente de Todos (FdT), opinamos que este Gobierno actúa con patriotismo, con enorme capacidad de trabajo. Que según su verdad relativa, escogió lo mejor dentro de lo escaso disponible.
Su gestión, empero, estuvo por debajo de sus intenciones y objetivos. La etapa fue difícil, signada por la trágica pandemia. El Acuerdo coloca una bisagra, un escueto resquicio de oportunidad. El Gobierno necesita cambiar, estar a la altura, mejorar. No para “honrar la deuda externa” exclusiva o principalmente, sino para mejorarle la vida a los argentinos. La reputación de “mal pagador” no se borrará, la deuda es y será impagable. Pero están en juego los derechos de los trabajadores, la gobernabilidad, el sostenimiento del sistema democrático y como corolario de ese camino, las chances del oficialismo de revalidarse en 2023. Nada garantiza continuidad democrática con los actuales indicadores económicos y sociales. Mucho menos que el FdT sea competitivo en el cuarto oscuro el año próximo, ceteris paribus.
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Default y judicializaciones virtuales: Los negociadores pensaron que el default llevaba a una catástrofe inminente. Las corridas financieras, la caja exhausta del Banco Central, el cierre de créditos internacionales para particulares y para el Estado eran el precipicio. Podía haber cierres con el FMI más odiosos que el default; no es el caso del obtenido.
Las mayores críticas surgen “a la izquierda” del Gobierno, de su propia coalición o de fuerzas opositoras de esa ideología. La mayor es que las condicionalidades, las metas anuales a cumplir, las revisiones trimestrales precedidas por visitas de enviados del Fondo resignan soberanía de forma intolerable, imponen de facto un “cogobierno” que le marcará el paso a AF, le impondrá políticas de ajuste antipopular. Que, más pronto que tarde, el Fondo impondrá un programa de derecha, similar al de Juntos por el Cambio (JpC). O a caer en default, quieras que no. Ese horizonte es factible pero no inexorable. ¿Habrá alguien que repita el rol del célebre enviado Anoop Singh, un burócrata de segunda línea que disciplinó a autoridades argentinas? Dependerá de las contingencias, de la tesitura del Fondo. Y, en el borde, de la respuesta del Gobierno argentino, de su voluntad de diferenciarse de otros para afrontar imposiciones intolerables en medio de situaciones límite. Habrá que ver.
En la Rosada y en Economía piensan que la existencia de metas cuantitativas es un logro de la negociación. “Con solo metas cuanti e indicativas existen más perspectivas de cumplir”. “Ningún funcionario vendrá a decirte que vas por mal camino si los números dan bien, y van a dar”. Las revisiones incordian, asumen, pero son el precio de la correlación de fuerzas preexistente: “esta tragedia de la deuda se viene cociendo en cámara lenta desde 2018”. Tal vez faltó, analizan funcionarios avezados, una valla social, movilizada durante ese plazo de cocción, cuando el macrismo entraba velozmente en el ocaso.
Los reproches a los riesgos de las visitas “virreinales” tienen asidero y antecedentes históricos. En cambio, varias miradas embellecen demasiado al default, que no es un paseo ni una puerta a la libertad del Gobierno. Un horizonte desconocido y plagado de riesgos.
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Las judicializaciones y la política: Las hipótesis sobre judicializar el conflicto de modo victorioso, otro tema muy tuiteado, carecen de precedentes conocidos. Las ilegalidades del Pacto con Macri jamás hubieran derivado en la anulación de sus efectos. No en Tribunales nacionales, poco propicios para esos reclamos y además incompetentes para imponer conductas a un organismo internacional. En las Cortes internacionales no hay precedentes de anulación de Acuerdos de esta magnitud ni de tamaño coraje frente a los dueños del mundo.
La Argentina no disponía de recursos extra políticos para repudiar exitosamente la deuda. Jamás lo concretó en el pasado, por cierto.
En paralelo, peca de simplismo el contraargumento oficial: “el verdadero kirchnerismo es el que paga para desembarazarse. Néstor Kirchner lo hizo”. Así fue, en un contexto distinto. Muy distinto. La estrella política de Kirchner iba en ascenso, enfilaba a duplicar los votos conseguidos en 2003, la economía iba viento en popa, mediaba consenso popular por satisfacción de necesidades. Para trazar simetrías, Alberto debería haber arrasado en la votación de medio término y el Banco Central contar con reservas que multiplicaran varias veces la cifra pagada. Kirchner compró gobernabilidad y márgenes de libertad porque tenía poder y guita en magnitudes fabulosas. Los había acumulado a pulso, “abriendo frentes”, pugnando. Construyó sobre esa base doce años de continuidad y crecimiento, acumuló consenso para hilvanar tres elecciones presidenciales seguidas (el récord nacional).
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Las condicionalidades suprimidas y las otras: Los negociadores argentinos vivieron con alivio el cierre tras dormir pocas noches y atravesar picos de estrés. Los mensajes de Guzmán y del presidente trasuntaron una dosis de optimismo que cuesta compartir del todo. El mayor logro respecto de otras tratativas, sin duda, es que no se concertaron políticas concretas de ajuste, clásicas. Achicamiento del gasto social, despidos de empleados públicos, reformas laborales o jubilatoria, privatizaciones. La contrapartida son las metas cuantitativas, entre exigentes y catonianas. La duda futura es si se pueden cumplir sin echar mano a alguna de esas medidas antipopulares y recesivas a la vez. Las visitas siempre fueron un calvario porque la contabilidad estatal argentina no es un dechado de virtudes y porque los criterios interpretativos de los funcionarios internacionales suelen ser ortodoxos hasta el caracú.
El gasto social, batamos el parche: Guzmán hablo de “expansión moderada”, modismo que suena a oxímoron. La deuda social del Gobierno es alta, la redistribución del ingreso no llegó, los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes. Es valioso, a fuer de inédito, que el FMI admita acuerdos de precios. Lo afea el flojo resultado de esa gama de medidas para combatir la inflación, domesticar a los formadores de precios, humanizar los precios de los artículos de primera necesidad. Media allí una deuda con la gente común, que un nuevo programa debe reparar.
La narrativa oficialista se entusiasma con el crecimiento 2021 pero yerra cuando imagina que su continuidad permeará hacia sectores de menos recursos.
Un estudio del CIAS titulado “Mapa de las políticas sociales en la Argentina”, firmado por Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino, estudia la asignación del gasto social. Concluye, “contra intuitivamente” que el nivel de gasto es elevado, comparado con otras comarcas. Su asignación es controvertible. Entre otras variables, concluye que “la inversión en pensiones no contributivas es mayor que todo el resto del gasto social en su conjunto. Esto implica que el gasto destinado a adultos mayores pobres supera ampliamente el gasto dirigido a niños/as pobres: en 2019, por cada peso que el Estado gastaba en asignaciones familiares para niños pobres, gastaba cinco pesos en pensiones para adultos mayores pobres”. La solución, con palabras propias, no es achicar la inversión en jubilaciones, una variante epocal de la guerra del cerdo, sino ampliar el abanico de acciones enfiladas hacia chicos, chicas y jóvenes. Más y mejor gasto, no menos. Un intríngulis para el porvenir inmediato, irrenunciable, ¿compatible con las cuentas por cerrar?
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Pandemia y economía, las tragedias: La pandemia signó el mandato de Alberto Fernández, lo condenó a la opción por el mal menor en las principales decisiones, signadas por la incertidumbre y el desconocimiento del porvenir. Optar entre la salud y la economía, al inicio.
El manejo de la peste fue la mejor política pública del gobierno, con la vacunación como pilar. No garantizó rotundo apoyo electoral quizá porque la ciudadanía entendió que es un deber estatal. O porque las penurias económicas contrapesaron. O porque, como en tantas otras latitudes, el oficialismo de turno en pandemia fue castigado en las urnas. El sufrimiento social se traslada al cuarto oscuro, las restricciones afligen, enojan, indignan. Los oficialismos, de surtidos colores, pagan el pato. Un conjunto de derechas salvajes repartidas en todo el globo se dedican a agravar los males.
El rumbo fue acertado, el timing discutible. Por ejemplo, en la duración del ASPO y del DISPO. O en el debate sobre la presencialidad en las escuelas, mal enfocado y mal relatado.
Salvando siderales distancias, también faltó tiempismo en decisiones económicas clave. Se creyó que la reactivación acontecería a fines de 2020 o principios de 2021, arribó después. Con ese diagnóstico se discontinuó prematuramente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y se distendió el ritmo de las tratativas con el FMI. La taba se dio vuelta en contra, Georgieva perdió poder, el veredicto electoral debilitó al Gobierno que fantaseaba otro resultado.
La reactivación actual y la interina pax con el FMI tienen algo de oportunidad, “finita” en cualquier acepción de la palabra.
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De acá para adelante: El Gobierno supone que las metas son compatibles con su proyecto. Los desembolsos de “otros” organismos internacionales (inimaginables con default) permitirían incentivar la construcción y la obra pública. Protagonistas de primer nivel se entusiasman con la perspectiva de un programa de crecimiento, desarrollo y distribución. Se abre una etapa tremenda y difícil, la oportunidad que le queda al Gobierno. Para ponerle una bisagra a la historia precisa atender a las necesidades populares, que son demandas y derechos. Sin apoyo popular nada es sostenible. Y, de nuevo, revisar el elenco. Para un desafío de este calibre hay funcionarios que no funcionarían, un relanzamiento impone revisar el equipo, darle volumen, sumar compañeres de primer nivel y peso específico.
Post data; entre lo mucho que se ha escrito a favor del oficialismo pero con sentido crítico constructivo merece recomendarse un hilo de tuits del gobernador chaqueño Jorge Capitanich. Se recomienda, con énfasis.
Un anticipo del debate legislativo
Las posiciones de todo el arco político respecto al acuerdo con el FMI
En el Frente de Todos existe un consenso mayoritario a favor del entendimiento, con excepción de algunos dirigentes de movimientos sociales. Juntos por el Cambio aún no definió su posición. La Izquierda y los libertarios lo rechazaron.
Si bien todo el arco político, oficialista y opositor, aguarda expectante a conocer la letra chica del acuerdo con el FMI, son varias las figuras que ya comienzan a sentar posición de cara al futuro debate parlamentario. En el Frente de Todos, el albertismo salió en bloque a respaldar el anuncio del presidente, al que consideran "el mejor acuerdo posible", en línea con el massismo y los gobernadores. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aún no se expresó. Además, un grupo de diputados oficialistas que responden a los movimientos sociales lo criticó. En la vereda de enfrente, Juntos Por el Cambio destacó como "positivo" haber eludido el default, pero pateó para más adelante las definiciones (aunque algunos no se privaron de hacer de comentaristas de una situación de la que ninguno, aún, se hizo cargo). La izquierda y los libertarios, por su parte, rechazaron el acuerdo (aunque por motivos muy distintos). Las fuerzas provinciales piden esperar hasta leer el proyecto que enviará el Ministerio de Economía, aunque la mayoría coincidió en que "no obstaculizaría el debate".
Hace un año, la Cámara de Diputados sancionó la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que todos los futuros acuerdos con organismos internacionales debían ser aprobados sí o sí por el Congreso. En el marco de esta normativa - que será puesta en práctica por primera vez para hacer frente a la situación que motivó su sanción: el millonario endeudamiento de la gestión macrista -, el Ministerio de Economía deberá mandar un proyecto con la letra del memorándum de entendimiento que, según precisaron en el gobierno, tardará algunas semanas. La expectativa del Ejecutivo, sin embargo, es poder tener el proyecto aprobado antes del 21 de marzo (fecha en la que el país tendrá que pagar un vencimiento de 2,8 mil millones de dólares). Diputados del oficialismo calculan que, para finales de febrero (es decir durante la sesiones extraordinarias) y principios de marzo, comenzará el tratamiento.
Las posturas dentro del FdT
Las primeras reacciones al anuncio del presidente Alberto Fernández fueron un vendaval de gestos de apoyo. Al día siguiente, esta catarata aprobatoria volvió a repetirse, con expresiones de respaldo por parte de los y las principales referentes del espacio. "Nos estamos haciendo cargo de una deuda que contrajo el gobierno anterior, que no está ni en rutas, hospitales o viviendas. Se hizo un acuerdo serio y razonable para que la Argentina siga creciendo. No había posibilidad de consolidar un rumbo con una mochila como esta. Se desarmó una bomba. Es un paso, no para festejar", declaró el ministro Gabriel Katopodis en línea con lo que siempre fue la postura oficial: es el mejor acuerdo posible, pero ningún acuerdo es un buen acuerdo.
"El acuerdo ahora va a tener que ingresar al Congreso y creo que, más allá de los matices, se va a aprobar. Va a ser una discusión intensa con mucha pirotecnia verbal, pero lo importante es que se apruebe porque, si no, habrá que pagar 19 mil millones de dólares este año. Y nosotros tenemos un proyecto de país, no somos una fuerza testimonial", sostuvo a Página 12 el diputado del FdT, Marcelo Casaretto, que integra la Comisión de Presupuesto. La "pirotecnia verbal", sin embargo, no será exclusividad de la oposición, ya que algunos sectores del oficialismo empezaron ya a deslizar que no acompañarán el acuerdo. Más allá de las críticas de figuras como el director del Banco Nación, Claudio Lozano, o sectores más marginales como el grupo "Soberanxs", existe un grupo de diputados referenciades en los movimientos sociales que denuncian que la deuda es una "estafa" y que pide que se atienda "la otra deuda que es con el pueblo".
"Deberle 45 mil millones de dólares al FMI es una estafa. Hay una deuda con el pueblo argentino frente a la que construir un acuerdo con el Fondo, sea de las características que sea, no va a ser bueno para la Argentina. Macri nos puso en una situación muy complicada y tener al FMI cada tres meses revisando tus cuentas pone en juego la soberanía", explicó el diputado Federico Fagioli, referente de Patria Grande, destacanado que había que "cumplir el contrato electoral del 2019" e impulsar políticas como el salario universal. Patria Grande cuenta con tres diputados - Fagioli, Itai Hagman y Natalia Zaracho - que, en principio, tienen planeado abstenerse en la votación. Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, también representantes de organizaciones sociales, sostuvieron una postura similar.
Mientras tanto, desde el kirchnerismo los gobernadores Axel Kicillof y Alicia Kirchner manifestaron su apoyo a través de las redes sociales. Hasta el momento, no hubo más expresiones de sus máximos referentes. Se aguarda la palabra de la vicepresidenta.
El tablero opositor
Desde un principio, Alberto Fernández fue muy claro: para que el acuerdo pudiera ser aprobado necesitaba contar también con el respaldo político de la oposición. En el caso de Juntos Por el Cambio, la más grande de las coaliciones opositoras, la primera reacción fue la cautela. En un comunicado escueto, la mesa nacional advirtió que se pronunciaría recién cuando conocieran la letra chica. "Estamos hablando sobre una carta de intención y líneas generales de un acuerdo que todavía se está negociando y que deberemos evaluar en el Congreso. Lo bueno es que se evitó el default y hay una hoja de ruta. Lo malo es que falta el plan de vuelo, es decir las medidas para alcanzar las metas fiscales y monetarias que se impuso", destacó a Página 12 el presidente del Pro en Diputados, Cristian Ritondo, y agregó que el interbloque acompañaría "un acuerdo razonable que no hipoteque el futuro del país ni le genere condiciones negativas al gobierno que asuma en 2023, que será de JxC".
JxC no es, sin embargo, el único sector con el que el oficialismo deberá negociar. En la Cámara de Diputados, por fuera de la tensa paridad entre el FdT y JxC, hay un total de 25 bancas que pertenecen a fuerzas provinciales y bloques minoritarios. Por un lado, Provincias Unidas - un interbloque que en el pasado ha funcionado como aliado clave del oficialismo - celebró el entendimiento: "Me parece bien el acuerdo porque es lo que la Argentina puede cumplir sin dejar de crecer y de atender las cuestiones internas que tenemos que resolver", declaró el diputado Diego Sartori a este diario. En el caso del interbloque Federal, su presidente, el "Topo" Rodríguez, sostuvo que "todavía no hay nada escrito" y que había esperar a conocer la letra del proyecto antes de opinar. Los tres cordobeses que responden a Juan Schiaretti, sin embargo, ya salieron a aclarar que darían quórum para "no obstaculizar el debate" pero que se abstendrían en la votación.
La izquierda y los libertarios, mientras tanto, anunciaron que votarán en contra del acuerdo. En el caso del FIT, sus principales referentes denunciaron que el entendimiento era un "pacto colonial" y llamaron a movilizarse en contra este lunes. Los libertarios de ultraderecha, por otro lado, también se pronunciaron en contra, pero en su caso fue porque consideraban que el ajuste no era lo suficientemente brutal. "El acuerdo con el FMI es una burla al ciudadano porque la baja del déficit es insignificante lo cual implica estar 5 años conviviendo con emisión de dinero y endeudamiento", sostuvo ayer José Luis Espert. Entre la izquierda y la extrema derecha, sin embargo, son ya ocho votos negativos seguros en la votación en Diputados.
Una convocatoria contra el lawfare
El 1F: Amplio apoyo a la marcha por la reforma del Poder Judicial
Referentes de derechos humanos, asociaciones judiciales, organizaciones políticas y gremiales explicaron la importancia de movilizarse para reclamar cambios en la Justicia y la Corte Suprema.
Bajo la consigna "Basta de impunidad" y para exigir “el fin del lawfare”, el próximo martes se llevará a cabo la marcha del 1F. La movilización, que se replicará en más de 30 ciudades de todo el país, aglutinará a diversas organizaciones que exigen una reforma integral del Poder Judicial. En diálogo con Página/12 referentes políticos, gremiales, de derechos humanos y asociaciones jurídicas explicaron la importancia de llevar adelante cambios en el sistema judicial, en general, y la Corte Suprema, en particular.
"Un acto patriótico, no político ni partidario"
Juan María Ramos Padilla, juez titular de la Cámara del Tribunal Oral N°29 de la Ciudad de Buenos Aires.
--¿Cómo surgió la idea de la marcha?
-- El 15 de diciembre se contactó conmigo un grupo de militantes, personas autoconvocadas que me pidieron que las acompañara en una marcha en repudio de la Corte Suprema, que hiciera un retuit a la convocatoria. La gente empezó a acompañar, entusiasmada, porque siempre se habló de una convocatoria pacífica, para todos, sin ningún personalismo. Un acto patriótico, no político ni partidario.
--¿Por qué adhiere a la movilización?
--Hace más de diez años que pienso que el Poder Judicial tiene que ser un poder de servicio para el pueblo, no un lugar de privilegios para los poderosos. No creo que haya mucha gente, desde el lugar del ciudadano común, que diga que tenemos un buen servicio de Justicia. Ya lo decía Hernández con el Martín Fierro: que la ley es una telaraña que atrapa al bicho chico, y esa es una verdad que es difícil que te puedan discutir. Y no podemos naturalizar estas cosas.
--¿Cuál es la importancia de que el pueblo se movilice el próximo martes?
--La Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Cuando tu representante te traiciona, tenés que reasumir tus responsabilidades. Y el soberano, el que tiene el poder y lo delega, es el pueblo. Espero que esto despierte algo de dignidad y se vayan los miembros de la Corte Suprema y nos dejen hacer una Justicia para todos y no para un grupito que roba riquezas, se aprovecha de los vulnerados y permite las deudas.
"El Poder Judicial es patriarcal e injusto"
Martina Forns, jueza federal de San Martín e integrante de Justicia Legítima.
--¿Cuál es la expectativa frente a la movilización?
--Hay mucho entusiasmo porque se ha logrado poner en agenda el tema de la Justicia. Es un momento muy importante porque se va a manifestar en la calle, se van a hacer visibles cuestiones que hasta ahora estaban en manos de un Poder Judicial patriarcal, elitista, injusto, lejos del pueblo.
--Usted ya venía denunciando a la Corte desde hace tiempo, ¿qué siente al ver el camino recorrido respecto de este tema?
--Alegría, en el sentido de que es en la cabeza del Poder Judicial en quien hemos visto todas las consignas que trae esta marcha. Es una Corte que ha permitido el espionaje; con dos integrantes designados por decreto; compuesta solo por hombres y sin diversidad. Son heridas a la democracia que la sociedad no perdona a este poder antimayoritario.
--¿Por qué cree que diferentes organizaciones de la sociedad se sumaron a la convocatoria?
-- Por el cúmulo de prácticas que la sociedad ha decidido poner de manifiesto. Para que todos se enteren de que queremos una Justicia mejor, que represente al pueblo porque, a pesar de que no sean elegidos por voto directo, eso no nos exime a los jueces de representar al pueblo y respetar sus derechos. Yo voy a ir a la marcha porque considero que, si bien integro el Poder Judicial, tengo que estar al lado del pueblo escuchando estos reclamos. Es una oportunidad histórica.
"Es una pieza esencial de la persecución"
Leopoldo Moreau, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires (Frente de Todos)
--¿Cuál es la importancia de la manifestación?
--Esta marcha arrancó de una autoconvocatoria de la ciudadanía, y eso le da un inmenso valor porque es la respuesta a una demanda que tenemos aquellos que queremos una Justicia independiente. Esta estructura del Poder Judicial no da respuesta a los ciudadanos comunes y en algunos casos es pieza esencial en el engranaje de persecución política e impunidad.
Todos los que estamos comprometidos con el Estado de derecho tenemos que estar presentes en esta jornada porque es muy difícil remover estas estructuras judiciales tan ligadas al bloque de poder de la Argentina. Pero el pueblo ha protagonizado luchas más complejas y difíciles. Es el principio de un camino que hay que transitar. Y hay que hacerlo, además, para darle fortaleza al Gobierno para que tome las decisiones que no se pueden seguir retrasando.
--¿Y cree que este camino que comienza tiene en su final la reforma de la Justicia?
-- Si unimos la demanda de la sociedad, si la organizamos y la transformamos en una conciencia extendida en la mayoría de nuestros compatriotas, y a eso lo acompaña la voluntad política, no tengo dudas de que se puede llevar adelante la reforma judicial.
"Tienen prácticas oscuras e inquisidoras"
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional
--¿Cuál es el objetivo de la movilización?
-- La idea es que se pueda construir una convocatoria ciudadana que sintetice colectivamente algo que está instalado en la calle: la necesidad de terminar con un aparato de Justicia que, en su cabeza, está permanentemente alineado detrás de los mandatos de los poderosos, que tiene pasillos y laberintos oscuros donde el poder de los intereses corporativos y de la derecha política terminan imponiéndose.
--¿Y qué expectativas tiene respecto de la convocatoria?
-- La expectativa es una gran movilización que va a ser el primer paso de una continuidad que va a escalar no solo en masividad, sino en la convocatoria de sectores que se van a ir sumando para convertir esto en una verdadera epopeya del pueblo, pidiendo una Justicia que deje de ser corrupta y de estar alineada al poder y fundamentalmente alejada de la democracia. Esto es una construcción de una fuerza social articulada a una demanda ciudadana que tiene que ver con recuperar la Justicia como un valor vinculado a prácticas transparentes, a la defensa del criterio de verdad y a la idea de que quienes forman parte de la familia judicial tiene que ser ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que el conjunto. Es en pos de democratizar un sistema judicial elitista, alejado de la gente, con prácticas oscuras e inquisidoras, que se cree dueño de la democracia. Pero es importante construir este movimiento desde la idea de que tiene que representar a todos los sectores de forma horizontal para que se expresen en todo el país.
"Se manejan al compás de la política"
Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense
--¿Cómo se gestó la movilización y de dónde surge la necesidad de marchar?
--Todos los sectores de la sociedad se fueron involucrando con la movilización porque hay pendiente una reforma de la Justicia que el mismo presidente Alberto Fernández planteó como necesidad. Y luego los sucesos posteriores confirmaron las sospechas de las organizaciones que fueron perseguidas sistemáticamente por el gobierno anterior. Era inevitable que confluyéramos y nos organizáramos en pos de una reforma que tiene que ser muy profunda, porque un sector muy importante de la Justicia se maneja al compás de la política y de aquellos que ostentan poderes.
--¿Qué expectativas tiene sobre la convocatoria?
--Esperamos un pueblo movilizado y que esto se modifique lo antes posible, porque un funcionario del gobierno provincial planteando conformar una "Gestapo" es algo atroz, y en esto la Justicia tiene que actuar. En el campo sindical fuimos muchas las organizaciones que sufrimos este padecimiento, esta persecución. Hay temas de fondo sobre los que avanzar, y para los cuales es necesario modificar la relación de fuerzas: y esto se consigue con la movilización del pueblo y con instituciones legítimas, acompañando al Gobierno.
"Es el Poder con menos credibilidad"
Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas
--¿Qué significa esta convocatoria y por qué es tan importante?
-- Se trata de una convocatoria que ha prendido rápido y transversalmente en nuestra sociedad, porque emergen los damnificados de este sistema de Justicia. Hace años venimos repitiendo que esta falta de servicio ha damnificado los derechos económicos, sociales y culturales de nuestra población. No queremos agotar ni personalizar el reclamo en la Corte, lo que hay que cambiar es nuestro sistema. Esta marcha es la voluntad de una sociedad de terminar con un Poder Judicial que es el Poder con menos credibilidad, a pesar de que tiene muy buena prensa.
--¿Cuál es la importancia de que sea el pueblo el que se movilice?
--Es importante porque le da un sentido profundamente democrático y permite desarmar algunos clichés discursivos de sectores que se arrogó el sentido de la democracia pero defienden un poder patriarcal, corporativo y elitista.
--¿Qué espera de los miembros de la Corte Suprema?
– Sería bueno que como hombres de derecho que son, den un paso al costado por reivindicación propia, y permitan que de una vez por todas este país tenga un servicio de Justicia.
"Son un grupo elitista y autoritario"
José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
--¿Cuál es el significado de la marcha?
--Es un proceso de participación ciudadana en donde no hay personalismo. Esta es una lucha que no termina, porque no estamos pensando cuestiones personales, sino proponiendo una reforma judicial verdadera y con respeto. Por eso esperamos una participación masiva y tenemos confianza de que este va a ser el comienzo de un proceso para cortar con la reproducción de la persecución judicial y recuperar un sistema de administración de justicia que hoy está en manos de un grupo elitista y autoritario, subordinado a las decisiones de los sectores más derechistas de la Argentina.
--¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir y hacia quién está dirigido?
--Le hablamos a la Corte: queremos que se vayan. Creemos que también el Gobierno va a escuchar porque sabemos que hay sectores que quieren producir cambios, y podrán sentirse respaldados. Pero le hablamos a la sociedad: tenemos derecho a un sistema distinto, y hay que empezar por la Corte que impide la transformación democrática del sistema.
Informe: Sofía Moure
Los números de la pandemia
Coronavirus en Argentina: se registraron 41.978 casos y 179 muertes
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas el número total de contagios desde el comienzo de la pandemia ascendió a 8.313.614, en tanto que los fallecimientos se ubican en 120.836.
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 41.978 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con estos registros, suman 8.313.614 casos desde que comenzó la pandemia. Además, se registraron 179 nuevas muertes de pacientes con coronavirus lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 120.836.
En cuanto al AMBA, en la provincia de Buenos Aires se detectaron 17769 contagios y en la Ciudad de Buenos Aires, 5528 casos positivos.
En el día fueron realizados 77448 tests y desde el inicio del brote se practicaron 32440547 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.
Hay por el momento 2924 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 49.8 por ciento a nivel nacional y en un 48.1por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
En detalle
Provincia/contagios
- Buenos Aires 17769
- CABA 5528
- Catamarca 500
- Chaco 845
- Chubut 794
- Corrientes 346
- Córdoba 2723
- Entre Ríos 1101
- Formosa 1206
- Jujuy 757
- La Pampa 440
- La Rioja 512
- Mendoza 734
- Misiones 343
- Neuquén 658
- Río Negro 549
- Salta 498
- San Juan 1196
- San Luis 723
- Santa Cruz 205
- Santa Fe 2960
- Santiago del Estero 271
- Tierra del Fuego 286
- Tucumán 1034
- Fuente:Pagina12
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