Nutrida movilización en Rosario por la democratización de la Justicia
Si se juntan tantos, algo serio está pasando
Numerosos espacios políticos, sociales y gremiales coincidieron frente a Tribunales Federales para exigir el saneamiento del sistema judicial.
Que más de 2 mil personas se congreguen en la primera tarde de febrero en el centro de Rosario, frente a Tribunales Federales, para exigir la democratización de la Justicia, el fin del lawfare y las operaciones mediático judiciales, y que ese clamor popular se replique en numerosas ciudades del país connota el deterioro de la paciencia ciudadana para con el sistema. Eso ocurrió ayer en Oroño al 900, donde una estela de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, políticas, gremiales, barriales, profesionales y estudiantiles proclamaron el Documento 1F, que condensa ese malhumor. En medio del gentío, también se colaron expresiones de rechazo al acuerdo con el FMI.
El escrito arrancó con el pedido de renuncia a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Están al servicio de la dominación imperial y fue moldeada por la derecha como una herramienta para implementar el Lawfare, asegurar la impunidad para los genocidas, no tocar a los delincuentes de la deuda externa ni a los responsables de los desastres ambientales, dedicándose afanosamente a la persecución de las y los que luchan por los derechos populares", apuntó.
El documento acusa sin dobleces de corrupción al máximo tribunal y le exige que se allane a los tratados de DDHH que Argentina suscribió. Le reprochan que no haga valer su autoridad para proteger el medioambiente, que admita aún que haya presos y presas políticas, y que "sea funcional a los poderes concentrados, proteja a los evasores y permita por acción u omisión el vaciamiento de empresas y pérdidas de puestos de trabajo".
En un tramo que leyó Nadia Shujman (HIJOS, blanco de fiscales santafesinos en la operación que llaman "causa de espionaje ilegal"), el documento señala que los males del sistema federal también habitan el Poder Judicial de Santa Fe. "Hay sectores vinculados al crimen organizado, o que le aseguran impunidad, y a su vez se prestan como instrumento polìtico de persecución de militantes y defensores de derechos humanos, sometiéndolos a procedimientos arbitrarios e ilegales, con la complicidad de algunos medios de comunicación que son parte de esa violencia judicial y política", dice.
El paper denuncia "un pacto político multipartidario" que influye en la Justicia local y "jueces que son funcionales a fueros de privilegio para impedir la investigación de la corrupción política".
El planteo también es de género, por cuanto la Corte nacional tiene solo 4 miembros, todos varones, y en la provincial solo integra una mujer. En esa línea, el colectivo de firmantes reclamó reformas, democratización, sensibilización del sistema.
La expresión de este reclamo político y estructural de la Justicia lo integra también cada tragedia familiar, cada crimen impune en una ciudad que los cuenta de a cientos cada año. Ahí estaba Walter Mena, a quien una banda narco del Parque de Mercado le asesinó a su hijo homónimo en 2016, a la salida de un baile en Mitre y Zeballos, porque él se negaba a entregarles su casa familiar. "Vine por la corrupción de los fiscales, en mi caso Marisol Fabbro y Adrián Spelta, ellos avalaron el crimen de mi hijo, que los narcos me arrebaten la casa, y luego dejaron que se escapara uno de los asesinos, (Ariel) Teletubi Acosta. No me siento perseguido por los narcos sino por las autoridades", dijo.
Edgardo Orellano, padre de Bocacha, asesinado en el boliche Sr. Ming River House en 2020, también denotó significado local al reclamo. "En 2020 presentamos un escrito en el Monumento a la Bandera al Presidente Fernández, ya ahí pedíamos la democratización de la Justicia, que sea elegida por el pueblo como al resto de las autoridades políticas, voto popular, basta de transa y de puestos heredados por familia, y que haya juicio por jurado", resumió. Y relacionó eso con los desaguisados recientes que dan contexto al triple crimen de Ibarlucea, del sábado pasado.
"La Corte nacional saca el cuerpo a las causas que todos necesitamos, e influye cuando cada vecino y vecina percibe que no accede a un derecho porque el servicio de Justicia no funciona. Humedales, derechos laborales, derechos de género, son ejemplos cercanos que justifican este pronunciamiento", dijo la concejala Norma López.
La diputada Matilde Bruera, ex defensora oficial federal y miembro de Justicia Legítima resumió:"Es el mensaje político de la sociedad que hay que democratizar la Justicia, donde su cabeza, la Corte Suprema de la Nación, viola permanentemente el estado de derecho".
TARIFAS
La investigación al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain
Las supuestas pruebas en secreto
Ese fue el planteo de los fiscales. Las defensas se opusieron. La jueza Carrara deberá resolver el incidente.
Desde Santa Fe
El secreto es lo que impera en la investigación al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y a su equipo de colaboradores. El hecho quedó a la vista ayer en una audiencia en Tribunales, donde –a dos meses de los operativos en el Ministerio de Seguridad-, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez le pidieron a la jueza Rosana Carrara mantener en “reserva” la causa por el doble del tiempo habitual y por lo tanto, impedirle a las defensas acceder a las supuestas pruebas contra sus defendidos. En consecuencia, al no haber una imputación formal, tampoco hay imputados. Los cuatro abogados defensores se opusieron al imperativo de Hernández y Jimenez, dos fiscales conocidos en Santa Fe porque responden a uno de los perseguidores de Sain, el fiscal regional Carlos Arietti. La jueza Carrara anunció que resolverá el incidente por escrito en el plazo de ley, que es de tres días, aunque podría hacerlo hoy, según fuentes judiciales consultadas por Rosario/12.
Ya el lunes a la noche, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció que Hernández y Jimenez solicitarían la duplicidad de plazos en los legajos que investigan a Sain por supuestas “defraudaciones a la administración pública cometidas en el marco de un proceso licitatorio” y presuntas “maniobras ilegales en la recopilación de información por parte de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia”.
Los fiscales fundaron su pedido en el artículo 346 del Código Procesal Penal de la provincia, que dispone: “Cuando la tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada o trasnacional, a solicitud del fiscal, el Tribunal podrá ordenar la duplicación de todos los términos previstos en este Código, sin perjuicio de los acuerdos relativos a la arbitración de trámite que las partes puedan acordar”.
El planteo de Jiménez y Hernández fue rechazado por los cuatro abogados defensores: Hernán Martínez –que patrocina a Sain- y sus colegas Juan Lewis, Nicolás Mosconi y Oscar Silva. “Nosotros somos muy respetuosos de la convocatoria de la jueza", dijo Lewis antes de la audiencia. "Venimos a discutir exactamente aquello para lo que se nos convocó, es decir si la causa es compleja o no. Y consecuenemente, si tiene sentido habilitar la duplicación de plazos para que los fiscales mantengan las cosas en reserva o no". El ex ministro de Justicia recordó que a mediados de diciembre solicitó el acceso a la causa para saber qué se les reprocha a sus defendidos, pero "entre una cosa y otra" la audiencia se realizó el 1º de febrero, y aún no lo sabe.
Lewis volvió a denunciar lo que llamó el “oscurantismo”, la “opacidad” y el “abuso” del MPA que “trasciende esta causa” en la que se investiga a Sain y su equipo. “Uno se entera de cosas” por los medios porque “es una causa que tiene repercusión pública, pero es una repercusión que fue impulsada adrede por los propios fiscales” Hernández y Jiménez, que “ahora no se hacen cargo de esta comunicación patológica”. “Lo cierto que estas cosas son fruto del descontrol del MPA en varios aspectos. El MPA es una institución descontrolada" porque "no tiene los controles republicanos y democráticos que debería tener una institución que puede meter presa a una persona", apuntó.
Después, en la audiencia ante la jueza Carrara, Lewis impugnó los "tiempos" de Hernández y Jiménez, les reprochó la supuesta "filtración de datos de la investigación" y hasta "brindar datos falsos sobre el origan de la causa". "Tengo muchas dudas que esta causa sea compleja", señaló. El abogado de Sain coincidió. Martínez negó la existencia de una "pluralidad" de hechos ("no se pueden establecer porque hasta ahora, la Fiscalía no dijo cuáles son") y cuestionó a los fiscales de "filtrar información" a los medios, tanto del operativo en el Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre, como de una supuesta lista de 661 "perfilamientos" de personas con bases de datos de acceso público. "Es una causa que tiene más de los mediático que de lo real", acusó Martínez.
“La ciudadanía necesita que se termine el oscurantismo de esta causa -planteó Lewis-. Batieron el parche con que había miles de carpetas de espionaje ilegal y siguen sin mostrar ninguna evidencia concreta. Mientas tanto, van ensuciando gente. El fiscal Hernández volvió a pedir que se declare compleja la causa, para tener más tiempo sin mostrar pruebas. Y mientras tanto, el tema circula en los medios sin decir de qué acusan a nuestros defendidos. Hacen una acusación muy seria, pero sin ningún hecho. Hablan de que hubo un delito, pero no explicitan contra quién, en qué momento, ni de qué forma”. “Siguen hablando a través de algunos medios, con notas de las cuales no se hacen cargo. El propio fiscal Hernández nos dijo hoy (por ayer) que no se hace responsable para nada de las publicaciones periodísticas que hablaron de listas y nombres que supuestamente habían sido perfilados a través de búsquedas en bases de datos que se habían hecho desde el Ministerio de Seguridad”, agregó Lewis.
El Banco Municipal cumple 126 años y se renueva
Con iniciativas de sostenibilidad
El Banco Municipal nació de la voluntad del intendente Floduardo Grandoli, que a fines del siglo XIX consideró que una entidad financiera pública y local era una buena manera de dar apoyo a las clases más desfavorecidas, conteniendo la usura. Con los años y pese a todos los embates privatizadores de los 90, el Banco se mantuvo en la órbita púbica, sostenido por todas las administraciones municipales, y especialmente por sus trabajadores.
Esto permitió que durante la pandemia, la entidad acompañara a más de 3.000 unidades productivas con líneas de crédito a tasas por debajo de la inflación, y que apoyara al comercio local manteniendo sus promociones con tarjetas de crédito en momentos en que otros bancos las reducían.
En su calidad de facilitador de políticas públicas, el Banco tuvo antes de la pandemia líneas de crédito muy convenientes para promover la inversión en energías renovables. Y en pleno 2020 decidió invertir en este tipo de energía instalando 84 paneles solares en la terraza de su edificio, con los que produce 25 kva/hora, el equivalente a toda la iluminación de su casa central.
Esta acción tan trascendente, así como su origen estrechamente ligado a lo social, lo llevaron a pensar en la importancia de medir y mejorar su accionar en términos del triple impacto, económico, social y ambiental. Así, en 2021 realizó un acuerdo con las Universidades Nacional de Rosario y Católica Argentina para presentar su primer informe de sostenibilidad o Balance Social siguiendo estándares internacionales GRI. Hacia fines de 2021 la entidad suscribió el Protocolo de Finanzas Sostenibles y en 2022 se propone suscribir el Pacto Global de Naciones Unidas.
Para el Banco Público local, cumplir años implica renovar el compromiso fundacional y actualizarse con los más altos estándares internacionales de sostenibilidad para apoyar a la ciudad no sólo en cada coyuntura sino también en el largo plazo.
Desde hoy
Aumenta el boleto
Santa Fe estuvo tercera en el ránking de femicidios
Un comienzo de año sin tregua
Mumalá contabilizó 4 muertes violentas de mujeres y trans en enero de 2022 en la provincia, de las 38 que hubo en el país.
El Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) ubicó tercera a Santa Fe en el Registro Nacional de Femicidios, Lesbicidios y Trans-Travesticidios, en el primer mes de 2022. Según indicaron en su informe mensual, que va del el 1 al 31 de enero, se produjeron 38 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en el país, de las cuales 4 se registaron en la provincia de Santa Fe. Primera, ubicaron a Córdoba, con 6 casos; y a Buenos Aires, segunda, con 5.
"El Estado y los gobiernos son responsables de garantizar nuestros derechos y nuestras vidas. Exigimos, aún más en este contexto de crisis socioeconómica, presupuesto para la prevención, asistencia y erradicación de las violencias machistas y declaración de la #EmergenciaNiUnaMenos!", exigieron tanto Mumalá como Libres y Diverses, que dieron a conocer los datos de enero.
El 3 de enero, el travesticidio de Alddana Lorens fue el primer caso que se conoció en la provincia, luego de que agonizara diez días en el Hospital Cullen, con un golpe en la cabeza. Melani Juárez, en tanto, fue encontrada sin vida en su habitación de una pensión de 9 de Julio al 500, en barrio Martin, ante la insistencia de su familia que no sabía de ella desde hacía días, ya que no tenía actividad en WhatsApp ni en sus redes sociales, situación que les extrañó. El hecho se conoció el 18 de enero, pero el fiscal Ademar Bianchini dio cuenta que el femicidio se cometió el domingo 16. Anteayer fue imputado por el hecho Matías Domínguez, quien habitaba la misma casona. Una semana después, se conoció el caso de Celia Acosta, de 29 años, asesinada en Carcarañá luego de haber realizado varias denuncias por violencia de género; y al día siguiente, el policía Gabriel Olegario Robles le disparó con su arma reglamentaria a Marina Espíndola, quien era su expareja, en su casa de la localidad de Murphy. Luego se quitó la vida.
Desde el registro que dio a conocer ayer Mumalá, se contabilizaron 38 casos en el país, de los cuales 24 son femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios; 8 muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales; 3 muertes violentas de mujeres que están en proceso de investigación -uno de ellos es un caso de Santa Fe (ver aparte)-; y 3 suicidios femicidas". Como si fuera poco, también indicaron que hubo 28 intentos de femicidios en el país, durante enero, dos de los cuales son de Santa Fe. Como consecuencia de las víctimas de todo el país, 29 niños, niñas y adolescentes quedaron sin su madre.
Entre otros datos, el informe destaca que el 65 por ciento de los femicidios a nivel nacional fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida; el 55 por ciento, fue cometido por parejas o exparejas.
Además, el 70 por ciento de las víctimas fueron asesinadas con arma blanca; y la edad promedio de las mismas era de 36 años. También indicaron que el 20 por ciento de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor; de ese porcentaje, el 75 por ciento tenía una orden de restricción de contacto o perimetral, y el 25 por ciento, además, contaba con botón de pánico.
Otro dato que tuvo su ejemplo en la provincia de Santa Fe con el caso de Marina Espíndola, es que el 5 por ciento de los femicidios fue cometido por personal de las fuerzas de seguridad.
Movilización por un posible femicidio en Santa Fe
La familia pide ser escuchada
Elisabet Zamaro tenía 27 años, era madre de dos hijas y se desempeñaba como suboficial de policía en la ciudad de Santa Fe. El 25 de enero pasado, la mujer fue encontrada sin vida en la vivienda que habitaba en la zona norte de la capital provincial. Hoy, su familia y allegades convoca a marchar para reclamar el esclarecimiento de su muerte, que -según se indicó- se investiga como "posible femicidio". La movilización será a las 11 de la mañana, frente a la Fiscalía de Violencia de Género, ubicada sobre calle 3 de Febrero de la ciudad de Santa Fe. "Mi hermana no se suicidó. Hay muchas dudas y cosas que no nos cierran", aseguró Emma, una de las hermanas de la víctima.
"A una semana de su dudosa muerte, pedimos respuestas", plantearon los familiares de la mujer que estaba recientemente separada y que ese día iría a encontrarse con un abogado, pero "nunca llegó", según contó su hermana, quien indicó que la última vez que la vieron Elisabet había ido a su casa a buscar unos papeles y bañarse.
"Ella estaba decidida a avanzar con su vida. Hay muchas cosas que no podemos decir pero queremos que nos atiendan en Fiscalía, porque vemos falencias, hay muchas dudas que nos surgen incluso en relación a pruebas que se omitieron ese día. Ella no estaba en depresión, ni con tratamiento psicológico, era una persona que quería avanzar porque salió adelante cuando le pasaron cosas. Sabemos que se actuó mal", dijo la mujer.
En tanto, desde la Colectiva Feminista de Santa Fe, acompañarán a la movilización de hoy, y en redes sociales expresaron: "Exigimos que la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual dé urgentes respuestas sobre el caso y escuche lo que el círculo familiar y allegados tienen para decir sobre el contexto de violencia del que era víctima. Como grupo de mujeres y diversidades que se preocupa y ocupa en problemáticas de violencias de género, pedimos celeridad en la investigación, respuestas de la justicia, esclarecimiento del hecho y que la fiscal a cargo reciba a la familia de manera inmediata".
HOMICIDIOS
Más que una estadística
Durante el primer mes de 2022, el departamento Rosario registro 24 homicidios. El informe de la Dirección de Política Criminal de la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos de la Fiscalía General, así como la Subsecretaría del Observatorio de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención y Control Urbano del Ministerio de Seguridad, suma a los asesinatos ocurridos en la ciudad, datos de la localidad de Alvear, donde se cometió el primer crimen del año, también se suman hechos de Villa Gobernador Gálvez, y los últimos cometidos en la localidad de Ibarlucea.
Al mismo tiempo, el informe ubica en el segundo lugar al departamento La Capital, con números muy inferiores, ya que fueron ocho personas asesinadas el mes pasado en esa jurisdicción.
Fuente:Rosario12
#1F
Este martes, organizaciones sociales, políticas y sindicales marcharon frente al edificio
de Tribunales Federales de calle Oroño 840 por la “democratización de la justicia” y para
“que renuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
La manifestación que convocó a un centenar de rosarinas y rosarinas tuvo su su
epicentro frente a la sede de la Corte Suprema de la Nación, en Buenos Aires, y se
replicó en distintas ciudades de todo el país.
El acto organizado en Rosario tuvo “como objetivo exigir la renuncia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, corrupta y mafiosa, cómplice de sus secuaces provinciales
que enlodan con su accionar el derecho a la justicia y a la dignidad de nuestro pueblo”,
señalaron los organizadores a través de un comunicado y agregaron que la convocatoria
es “para manifestar el repudio a estos a estos nefastos personajes como camino hacia
una reforma judicial”, señala el comunicado.
En Buenos Aires, el comunicado leído en la masiva marcha del #1F contra la Corte
Suprema y el Poder Judicial dejó durísimas consignas contra la Justicia y el pedido fue
contundente: “Esta Corte se tiene que ir. Con esta Corte no hay Justicia ni Democracia”,
afirma el escrito.
Es la primera marcha masiva contra esta Corte Suprema frente al edificio en el que
trabajan los cuatro cortesanos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti
y Juan Carlos Maqueda. Se hicieron presentes jueces, fiscales, trabajadores judiciales,
sindicalistas, intelectuales, periodistas, artistas, referentes sociales, organismos de
Derechos Humanos y también algunos funcionarios nacionales.
El documento leído en el acto de Rosario
«Hoy llegamos a estos Tribunales Federales para exigir la renuncia de los miembros de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dos de sus miembros intentaron ingresar a
este máximo tribunal a través de un DNU violando el proceso constitucional de
designación de jueces. Pedimos la renuncia porque está al servicio de la dominación
imperial y fue moldeada por la derecha como una herramienta para implementar el
Lawfare, asegurar la impunidad para los genocidas, no tocar a los delincuentes de la
deuda externa ni a los responsables de los desastres ambientales, dedicándose
afanosamente a la persecución de las y los que luchan por los derechos populares.
Esta Corte corrupta es una amenaza para la democracia que tanto nos costó recuperar
y que hoy continuamos construyendo. Sabemos que no alcanza solo con nuestro repudio,
también estamos aquí para plantear el debate acerca de todo el poder judicial. Creemos
que es tiempo de comenzar, como sociedad, a definir la necesidad de una Corte que sea
absolutamente respetuosa del Estado de Derecho y que cumpla con los tratados de
derechos humanos que ha suscrito Argentina.
Una Corte amplia, con paridad y perspectiva de género que garantice la igualdad de
derechos en las diferencias, permitiendo construir un sistema de justicia basado en el
principio de igualdad y no discriminación. La justicia debe tener una comprensión del
género no limitada al binarismo patriarcal.
Una Corte que priorice el derecho ambiental, sobre los principios de prevención y
protección del medioambiente, y no los mandatos de los representantes del
neoliberalismo más salvaje. Una Corte que administre Justicia en forma cristalina y
democrática. Que se apegue firmemente a lo que manda nuestra Constitución como
elemento unificador de los derechos que como pueblo seguimos construyendo.
No hay democracia si hay presos y presas políticas. Hoy tenemos 37 casos a merced de
la Justicia Federal. Basta de este sistema judicial que desprotege a los sectores de tutela
preferente y es funcional a los poderes concentrados. Basta de este sistema judicial que
protege a los evasores y permite con su acción u omisión el vaciamiento de empresas y
pérdidas de puestos de trabajo y soberanía nacional.
Es un poder judicial que mantiene altos niveles de prisionización de los sectores más
humildes y no da respuesta a las necesidades del pueblo ni avanza seriamente sobre los
focos de violencia que azotan a la sociedad.
En nuestra provincia de Santa Fe, el Poder Judicial, también es pasible de similares
críticas, donde hay sectores que están vinculados al crimen organizado, o que le
aseguran impunidad, y a su vez se prestan como instrumento polìtico de persecusiòn de
militantes y defensores de derechos humanos, sometiendolos a procedimientos arbitrarios
e ilegales, con la complicidad de algunos medios de comunicación que son parte de esa
violencia judicial y polìtica.
Hay un pacto político multipartidario, que somete y digita al Ministerio Publico Fiscal, y
persigue a los funcionarios políticos y a los Fiscales que dignamente están tratando de
investigar el crimen organizado y los vínculos del poder. Jueces que son funcionales a
fueros de privilegio para impedir la investigación de la corrupción política.
El máximo tribunal de la Provincia, constituido por jueces varones y sólo una mujer,
exige también una profunda reestructuración, en su integración, y en la perspectiva de
sus decisiones, para que esté en consonancia con la democratización que reclamamos de
todo el Poder Judicial, para que sea capaz de abordar los conflictos de los sectores más
necesitados, sobre todo en materias tan sensibles como la seguridad, la violencia de
género, los derechos de las y los trabajadores, el derecho a la salud física y mental, a un
ambiente sano, los derechos de los sectores juveniles, de les niñes y personas mayores,
y de terminar con la violencia institucional de un sistema penal que persigue a las víctimas
sociales, y no a los victimarios.
Somos un pueblo decidido a defender nuestros derechos, a seguir construyendo
democracia y no hay nada que pueda vencer nuestra fuerza cuando hay unidad y
sabemos muy bien lo que tenemos que hacer».
Día Mundial
La Asociación Bocacha Orellano y la Multisectorial Humedales convocan al encuentro de
visibilización y conciencia en relación a los humedales, organizado para este miércoles 2
de febrero, a las 17, en el Puerto y Paseo de pescadores Bocacha Orellano (Nansen y
Arroyo Ludueña).
“Frente a la caída de la ley de Humedales, la continuidad de las quemas, el avance
sobre la apropiación del espacio público, y el ataque constante al río Paraná, entendemos
que es fundamental encontrarnos con las voces de quienes habitamos y defendemos este
territorio frente a la desprotección y la desidia de quienes deberían bregar por su resguardo,
por el cuidado de la salud ambiental y de la población”, expresan en la invitación a sumarse
al encuentro de esta tarde, organizado en la fecha que se conmemora el Día Mundial de
los Humedales.
Respecto de la propuesta y el escenario elegido manifiestan: “Lo hacemos en un sitio de
importancia como es el encuentro del arroyo Ludueña con el río Paraná, donde intereses
privados vuelven a querer avanzar en la apropiación de este Humedal Urbano que
precisamos (como sociedad presente y para el futuro de nuestra ciudad) siga siendo
espacio público y preservado en sus beneficios ambientales y culturales”.
La actividad incluye propuestas musicales diversas e intervenciones de organizaciones
como Taller Ecologista, Re.Na.Hu., Asociación Bocacha Orellano y Multisectorial Humedales
en una jornada de acción cultural y educativa que se extenderá hasta cerca de las 21.
“En la muestra clara de complicidad y obsecuencia de quienes entregan y destruyen
nuestros bienes comunes, nos seguimos rebelando con la fuerza de nuestro legado
litoraleño, originario, potente y transformador”, dicen también en el comunicado de la
convocatoria.
El Día Mundial de los Humedales remite a la Convención sobre los Humedales, celebrada
en la ciudad iraní de Ramsar el 2 de febrero de 1971.
Fuente:RedaccionRosario
Vuelta al cole: lanzan una
canasta de útiles a precios
cuidados
La Secretaría de Comercio Interior de la Nación anunció este miércoles la renovada
lista de productos incluidos en el programa "Vuelta al Cole" con +Precios Cuidados,
la etapa específica de la iniciativa que establece valores de referencia para la canasta
escolar en la previa al inicio del ciclo lectivo 2022.
Con una oferta que abarca 25 categorías y más de 160 productos, las chicas y los
chicos de todo el país van a poder comenzar las clases equipados con todos los
útiles y artículos esenciales a precios acordados para proteger los ingresos de las
familias argentinas.
En esta edición, la canasta de "Vuelta al Cole" vuelve a incluir productos clave en el
rubro textil, como guardapolvos en todos los talles, pantalones y buzos de frisa y
variedades de zapatillas.
En lo que respecta a útiles escolares, se destaca la caja de lápices de colores,
adhesivo sintético, repuesto de hojas rayadas/cuadriculadas, variedad de sacapuntas,
cuaderno forrado, lapicera roller gel, resaltadores fluo, goma de borrar, tijera, carpeta,
témperas, bolígrafo, juego de geometría (regla, escuadra, transportador), cuadernos
de tapa dura, lapiz negro, cartucheras y liquido corrector, entre otros.
Además, para promover un entorno escolar protegido, la lista contiene productos
específicos de cuidado contra el COVID-19, como varias presentaciones de alcohol en
gel y diversidad de barbijos.
Todos los productos del acuerdo estarán disponibles desde el 2 de febrero hasta el 31
de marzo y podrán encontrarse en las cadenas de supermercados Carrefour, Disco,
Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Walmart y Changomas, librerías y comercios adheridos
a la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), locales de Todo Moda
y sucursales de Cooperativa Obrera.
Para más información, los consumidores pueden encontrar toda la información del
programa y el listado completo de los productos en la web del programa.
YPF aumentó 9% el precio de los combustibles
Un sacudón inflacionario el incremento que aplicó la petrolera nacional a sus combustibles, luego del último ajuste de mayo de 2021.
La petrolera YPF incrementó sus combustibles desde este miércoles un 9%
promedio en las estaciones de todo el país, el primero de este año y luego del
último aumento en mayo 2021.
La compañía informó este martes por la noche noche que la decisión se tomó "con
el fin de sostener su plan de crecimiento para 2022 en un contexto de prudencia
financiera y en el marco de la evolución de los últimos meses de ciertas variables
macro locales e internacionales".
En consecuencia, YPF realizará "a partir del miércoles 2 de febrero a las 0 un
aumento de precios de surtidor del 9% promedio país, luego del último aumento
en mayo 2021" tras lo cual continuarán "monitoreando la evolución de las variables
que inciden en la formación de precios".
El incremento incluye un incremento de 2 puntos porcentuales más en los productos
premium (YPF Infinia), precisaron fuentes de la empresa.
De esta manera los nuevos valores de referencia en Rosario serán para la nafta
súper $107,8; la infinia a $126,20; diesel $98,30; y el diesel premium en $119,20.
Se descartaba en el mercado en las últimas horas que ante el movimiento de
precios en surtidores de YFP que controla el 56% del mercado minorista de
combustibles, el resto de las empresas harían lo propio en las próximas horas y en
similar proporción.
Desde mayo 21 a la fecha, las diferentes variables que impactan en la economía de
YPF evolucionaron de acuerdo a una devaluación del 11,35%, una inflación de
29,18% desde mayo a enero pasado (proyección BCRA-REM); y aumentos en los
precios del etanol de 16,07%, del biodiesel 46,61% y del brent en dólares de 31%
(hoy en 89 USD/bbl).
En este contexto, en la compañía venían advirtiendo una fuerte recuperación de la
demanda de combustibles a diciembre de 2021 del 10% en gasoil y 8% en naftas
respecto de diciembre de 2019, con lo cual el último mes del año pasado fue el más
alto de la historia.
De la misma manera, el consumo en estaciones de provincias limítrofes, en
particular Misiones, se ha incrementado en varias estaciones de servicio en hasta
dos veces el consumo histórico.
Las fuentes señalaron también que las estaciones "se encuentran muy por debajo
del punto de equilibrio y existen importantes riesgos de sostenibilidad de la
actividad, resultando imprescindible una mejora de los ingresos de la red".
Con este aumento de 9% se prevé para 2022 "continuar con un crecimiento
significativo del plan de Inversiones superior al 40 % respecto al año anterior,
apuntalando principalmente las actividades de producción de petróleo y gas natural,
afianzando su liderazgo en energías renovables y poniendo en marcha importantes
reformas en las refinerías de la compañía", señaló la empresa.
La empresa de mayoría accionaria estatal recordó que durante 2021 incrementó
significativamente las inversiones en línea con su plan anunciado a comienzos de
año por un valor de 2.700 millones de dólares, representando un incremento de
más del 70% respecto a las inversiones de 2020.
"Este nivel de inversiones permitió un fuerte crecimiento en la actividad petrolera en
todo el país y una importante recuperación de la producción a partir del segundo
semestre", señaló al precisar que mediante este plan "logró estabilizar la producción
de petróleo crudo y gas después de 5 años de caídas consecutivas".
Asimismo, se recordó que la compañía continuó con el proceso de desendeudamiento
iniciado en 2020, alcanzando en el último trimestre, el menor nivel de deuda
registrado desde el año 2015.
Fuente:RosarioPlus
No hay comentarios:
Publicar un comentario