Tras una semana internado con covid-19
Murió Roberto Digón
Militante peronista con un largo recorrido en el mundo sindical, también tenía una extensa trayectoria como dirigente de Boca Juniors y era vicepresidente tercero del club. Denunció los negociados con jugadores que allí hicieron Mauricio Macri y Gustavo Arribas.
El vicepresidente tercero de Boca Juniors y ex líder sindical Roberto Digón murió en la noche del domigo, tras una semana internado por covid-19. Digón fue parte de la primera gestión de Mauricio Macri en el club de La Ribera, pero luego se alejó, denunció los negociados de Gustavo Arribas en la entidad e integró la lista de unidad que sacó a Daniel Angelici del club, que le puso fin a la gestión macrista en Boca.
Tras su partida recibió saludos de hinchas, periodistas y celebridades a través de las redes sociales. «Lamento profundamente el fallecimiento de Roberto Digón, un amigo, un gran dirigente y, sobre todo, una enorme persona. Acompaño en este doloroso momento a toda su familia y seres queridos», escribió en sus redes el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal.
La noticia se conoció cerca de la medianoche del domingo y hasta mañana el predio de Boca en Ezeiza –donde el equipo termina la pretemporada– amaneció con las banderas a media asta para homenajear al vicepresidente tercero de la entidad. La presentación del jugador Pol Fernández, última incorporación del club fue suspendida.
Quién era Roberto Digón
Digón no fue solo un dirigente xeneize –club del que era socio desde 1961 y lideraba la agrupación Nuevo Boca– sino que era militante peronista con un largo recorrido en el mundo sindical. Llegó a ser secretario general del Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina (Suetra) en dos periodos entre 1970 y 1976, y de 1983 a 1993.
También llegó a ser secretario de Relaciones Internacionales de la CGT entre 1981 y 1989 e integró la «Comisión de Los 25», que resistió la política antisindical de la dictadura militar, época en la que llegó a ser detenido por su actividad gremial. Su relato sobre aquella época quedó inmortalizado en el documental «Se va a acabar» de David «Coco» Blaustein y Andrés Cedrón.
Las denuncias de Digón contra Macri y Arribas
Con esa impronta, Digón supo integrar la agrupación que impulsó la primera presidencia de Mauricio Macri en Boca. Durante los primeros años de la gestión macrista en el club estuvo la Comisión Directiva para luego alejarse y denunciar los negociados armados durante el mandato del expresidente. En particular, denunció los manejos de Gustavo Arribas como representantes de jugadores antes de llegar a ser el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), nombrado durante el macrismo.
«El escribano Arribas era el testaferro», denunció Digón cuando precisó que los jugadores del equipo profesional de fútbol no cobraban el 15 % de lo que les correspondía por sus transferencias, dinero que «iba a parar a una cuenta en Suiza donde estaba el escribano Arribas».
«Me acabo de enterar de la muerte de Roberto Digon. Dirigente del Movimiento Obrero, del Peronismo y de Boca Jrs. Poseedor de una lucidez única y una generosidad ejemplar, sus amigos siempre sentíamos que estaba ahí para cuidarnos», le dedicó el diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro. Digón también supo ocupar una banca en la Cámara baja del Congreso entre 1993 y 1997.
Por su parte, el periodista Diego Brancatelli le dedicó un sentido mensaje por redes sociales: «Amigo. Referente. Sin dudas Roberto marcó mi vida. Mi antes y después. Ya (casi) no quedan cuadros como él. Honesto. Enfrentó a la mafia de Macri. Un ejemplo de vida. Torturado durante la dictadura. ¡Q.E.P.D querido Roberto!».
La diva Moria Casán también recordó a Digón como un «compañero de la vida» del ex dirigente menemista y padre de la actual titular de Aysa, Fernando «Pato» Galamarini, de quien ella es pareja. «Nuestro más sentido pésame a la partida de un gran amigo del Pato Galmarini, Roberto Digón», lo saludó.
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Salta.La precarización laboral mata: falleció en su lugar de trabajo un operario de la mina Proyecto Lindero
Pablo Calpanchay, de 26 años falleció ayer en el acto tras atascarse con una cinta y ser triturado por la máquina mientras trabajaba.
Un obrero de la mina Proyecto Lindero, a cargo de la empresa Mansfield S.A., falleció ayer en el acto tras atascarse en una cinta del stacker de apilamiento y morir triturado.
El joven de 26 años se llamaba Pablo Calpanchay y era oriundo de San Antonio de los Cobres. Trabajaba en la mina desde octubre de 2021 en el área de procesos.
Proyecto Lindero es un yacimiento de oro y la primer mina a cielo abierto de la provincia que utiliza, para extraer el mineral, el contaminante método de lixiviación por cianuración. Está ubicada a 75 km de Tolar Grande, en el departamento de los Andes. El proyecto le pertenece a la empresa Mansfield S.A, subsidiaria de la multinacional canadiense Fortuna Silver Mines.
Mansfield es la misma empresa que en marzo de 2020, a comienzos de la pandemia, despidió a 250 obreros. Mostrando año tras año que la vida de las y los trabajadores no le importa nada.
La referente del PTS en el Frente de Izquierda local, Daniela Planes, mostró en las redes sociales la bronca frente a este crimen social, expresión de la precarización y flexibilización laborales. «Nuestras vidas valen más que sus ganancias! Bronca y dolor, muere un trabajador mientras la empresa Mansfield se la lleva en pala junto con nuestros recursos naturales».
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Zabaleta, los intendentes del PJ y un nuevo intento por quitar poder a las organizaciones sociales
El ministro de Desarrollo de la Nación busca que las personas que se pretendan bajar de una cooperativa de trabajo vayan automáticamente a municipios y a la estructura de punteros del PJ en los barrios. Breve historización de los intentos gubernamentales por correr a las organizaciones de la intermediación con el territorio. Por Nicolás Salas para ANRed.
No es la primera, ni será la última, en la que un gobierno realice vericuetos en las políticas públicas con el objetivo de quitar poder a las organizaciones sociales en el territorio. En esta oportunidad, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, volverá a intentar aquello que tantas veces buscó el Estado desde el surgimiento del movimiento piquetero; cortar con la mediación que se produce en el territorio y fortalecer la estructura de intendentes y punteros vinculados al Partido Justicialista.
Los primeros días de enero, los mismos funcionarios de la cartera nacional le comunicaron a la dirigencia de las organizaciones la nueva disposición que el gobierno buscará aplicar y que implicará reformular el alcance de las unidades de gestión (UG) que las organizaciones vienen estructurando. En la actualidad, una organización social construye una UG que es el ente que organiza el trabajo y las cooperativas de lxs adjudicatarios del Potenciar Trabajo (Programa de empleo).
Lo que sucede en el territorio es que si una persona se quiere pasar de una UG a otra lo puede hacer a través de la notificación que los movimientos hacen llegar al ministerio. Lo que se pretende con el cambio impulsado por el gobierno es que si la persona define irse de una cooperativa a otra, por ejemplo por prácticas punteriles en el trabajo o simplemente porque se muda de ciudad donde hay cuadrillas de trabajo de otra UG, quien definirá su destino será el gobierno. La ecuación es simple, cada persona que pierda su potestad con el Estado irá a parar a las estructuras oficialistas de los municipios o los punteros vinculados al Partido Justicialista.
Zabaleta fue el hombre elegido por los intendentes para deteriorar el poder de las organizaciones sociales y acrecentar el de las estructuras municipales. Para eso llegó al ministerio y eso es lo que viene haciendo. No es el primero en intentarlo y seguramente no sea el último.
Breve historización de los intentos estatales
Uno de los promotores no intendentes para que Zabaleta ocupara el máximo cargo de Desarrollo Social fue su par en territorio bonaerense, Andrés “cuervo” Larroque, quien en algún punto viene fijando el plan del gobierno para los próximos años. Durante una entrevista con INFOBAE en mayo de 2021 había dejado claro su posición de que el Estado retome protagonismo en el territorio asegurando que “cuando las organizaciones determinan quiénes son los beneficiarios o los sujetos de derecho, estamos en una dificultad frente al conjunto de la sociedad”.
Esta perspectiva ya fue asumida por otros gobiernos en el pasado, siendo derrotadas sucesivamente por la resistencia y relación de fuerzas construidas por las organizaciones. Con el primer cutralcazo en 1996, el Estado empieza a estructurar una respuesta en base a la entrega de planes sociales a aquellos sectores que protagonizaban puebladas o empezaban a realizar acciones concretas. Esa primera administración estará mediada, por lo general, por intendentes y municipios, y en el breve lapso de disputa terminarán siendo gestionados (en los hechos) por las organizaciones que lograban arrancarle al gobierno ese beneficio.
Más allá de los vaivenes durante el menemismo, con la asunción de la Alianza en 1999 la situación empezará a modificarse sustancialmente. En principio porque el gobierno radical definirá dar curso libre a que las organizaciones estructuren sus propios asociaciones civiles y desde allí gestionen y organicen los planes con el objetivo de quitarle poder a los intendentes del PJ.
Este movimiento táctico se le volverá un boomerang poco tiempo después las organizaciones mostrarán un crecimiento y radicalidad importante. De esta evaluación, nacieron los “comités de crisis”, propuesta interministerial delineada por Christian Colombo (Jefatura de Gabinete), Graciela Fernández Meijide (Desarrollo Social) y Federico Storani (Interior). Este nuevo organismo buscaba repartir –con las administraciones provinciales y municipales– los costos crecientes que tenía la resolución de los conflictos, al tiempo que intentaba bloquear el surgimiento de nuevas organizaciones.
De esta manera, y más allá de la forma orgánica que tomara la intervención, el objetivo era cortar la política “benevolente” hacia lxs piqueterxs, incluso a costa de mantener mayores niveles de confrontación con el sector por un tiempo determinado. La efectividad de esta disposición será una aspirina para el cáncer que se desataba en el país, donde el grueso de los conflictos debía dirimirse con funcionarios del gobierno interviniendo directamente en el territorio. Otro capítulo de esta intentona tendrá lugar con Duhalde en el poder.
Esta perspectiva tendrá mayor volumen ya que surgirá de legislación concreta a partir de la creación del plan “Jefes y Jefas” de hogar. En la disposición de dicho programa de empleo, que llegará a alcanzar a más de 2 millones de personas, señalaba en su artículo N°9 que el plan tenía “descentralización operativa en cuanto a su ejecución, la que se producirá a través de cada Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se aplicará por medio de los municipios”.
Este artículo desatará y será el gesto a intendentes y gobernadores y una nueva apuesta por recuperar la territorialidad perdida ante las organizaciones. Más allá de lo formal, las organizaciones lograrán, a fuerza de piquetes, ingresar sus listados propios sin filtros de intendentes. Se reforzará esta perspectiva con la creación, en el mismo decreto, del Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control (CONAEyC), el cual estaría conformado por organizaciones de empleadores, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, entre otras. La CONAEyC fortalecía la institucionalidad a partir del vínculo con intendentes que en muchos casos eran quienes, previo dictamen del consejo local, eran los encargados de aprobar los proyectos de actividades comunitarias o de capacitación a realizarse en los territorios que gobernaban. A esto se le sumarán los consejos municipales y provinciales que ya existían desde principio del 2002 e incluso algunos con antecedentes en el gobierno de la Alianza.
Estas iniciativas no lograrán efectividad alguna principalmente con los sectores “duros” o “combativos” que se encontraban en la calle. De esta manera, Duhalde consolidará la planificación represiva contra las organizaciones que tendrá su epicentro en la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002. Ya con la crisis de hegemonía (2001/2002) superada, en el kirchnerismo caerán la cantidad de planes que organizarán las organizaciones y recuperarán cierta centralidad en el debate con la aparición del plan “Argentina Trabaja” en 2009. Allí nuevamente pondrán a los intendentes y gobernadores al frente del control de las Unidades de Gestión dejando fuera a las organizaciones sociales, tanto oficialistas como opositoras. Las movilizaciones y acampes de estas últimas bajo la consigna “cooperativas sin punteros” será central para destrabar el acceso de dicho programa, cuestión que favorecerá también a los movimientos que eran parte del gobierno en ese entonces.
Por último, Macri, a través de su ministra Carolina Stanley, buscará retomar la iniciativa, no ya a través de los intendentes, sino quitando el carácter de contraprestación y trabajo (Haciendo Futuro) y asignándole un rol educativo, es decir la persona que terminaba la secundaria o hacía algún tipo de capacitación no necesitaba rendir cuentas ante la UG ni la organización. Buscaba el éxodo de trabajadorxs de las organizaciones, cuestión que finalmente no ocurrió. Estos ejemplos solo representan una arista de la hegemonía estatal para quitar poder a las organizaciones, sin tener en cuenta aquellos aspectos netamente represivos y criminalizadores.
Puede decirse que la “contradicción” que el gobierno tiene con las organizaciones sociales (y su intermediación) se desprende del carácter mismo que el Estado históricamente le ha dado a los programas de empleo, denegando la posibilidad que sean universales y acotándolos a aquellos sectores que se encuentran organizados o en lucha. ¿El motivo? La decisión de mantener un esquema ajustado de las políticas sociales y de empleo. Por último, el fracaso de las intentonas contra los movimientos sociales se ha cernido sobre un problema más general del capitalismo argentino (y mundial) que apunta a la destrucción constante del empleo y el crecimiento de la desocupación “estancada”, aquella que pese a los momentos de crecimiento económico (2003-2008) continúa sin poder volver al empleo formal o registrado.
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Movilización del 1F
Moyano: “Es una obligación marchar para pedir una Justicia independiente, una justicia democrática»
En declaraciones al Destape Radio, el secretario General adjunto de la CGT, Pablo Moyano, subrayó sobre la movilización del 1F, frente al Palacio de Tribunales, que “es una obligación marchar para pedir una Justicia independiente, una justicia democrática”.
Foto: Infocamioneros
Sobre el video de la “Gestapo” antisindical el dirigente camionero señaló “Ese video saca a la luz lo que nosotros denunciamos durante años. Ojalá que la Justicia haga justicia e investigue esa mesa judicial que tanto daño causó a los dirigentes y a los trabajadores».
Además, precisó que “La única ley, la de reforma laboral, que no pudo llevar adelante el macrismo la denunciamos en la calle con paros y movilizaciones…fue algo que no nos perdonaron, inventaron causas, allanamientos, multas de miles de pesos a quienes nos oponíamos a su gobierno de derecha que venía a sacarle derechos a los trabajadores».
No somos convocantes sino somos partícipes de una movilización que fue organizada por distintos sectores de la sociedad, al ser uno de los mayores perjudicados, más perseguido, tanto quien te habla como nuestra organización gremial y luego de haber salido esos bochornosos videos es una obligación marchar para pedir una Justicia independiente, una justicia democrática”, afirmó Moyano
También advirtió que «Un trabajador para cobrar una indemnización tiene que esperar 20 años. Cuando hay juicios de sectores como empresarios o políticos de derecha son automáticos los fallos”.
Este es el comienzo de una gran movilización. Ojalá sirva, que se dicten fallos de una vez por todas a favor de los que menos tienen y no para los que viven en contra de ellos», recalcó Moyano
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#1F: «Meter el reclamo en la grieta no va porque la sociedad entera está pidiendo esto, que el Poder Judicial sea democrático e independiente»
La titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju) Marieta Urueña Russo realizó declaraciones en la previa a la movilización que se realizará mañana 1 de febrero en reclamo al Poder Judicial: «Habría que preguntarse a qué sector político le puede interesar la persecución a dirigentes sindicales.», afirmó.
La secretaria general del Sitraju Marieta Urueña Russo dialogó este domingo con Radio 10 sobre los motivos de la convocatoria y adelantó que se movilizaará en todo el país: «Nosotros adherimos y convocamos a la marcha en cada una de las provincias.» El Sitraju es un gremio que abarca a trabajadores y trabajadoras de la Justicia Federal por lo que tiene presencia en todo el territorio.
Al ser consultada por el periodista Darío Villarruel sobre cuáles cree que son los motivos para que los grandes medios y la oposición ataquen la marcha y la tilden de «golpista», Urueña Russo respondió «Justamente lo que se está reclamando es que el Poder Judicial sea democrático e independiente del poder real. Los medio hegemónicos lo que hacen es proteger esa dependencia.»
En la misma línea se le preguntó por qué los medios asocian la movilización al kirchnerismo: «Yo creo que es para dejar este reclamo, que es de un reclamo de toda la sociedad, dentro de la grieta. Entonces estás a favor o estás en contra. Y tener un Poder Judicial que no es democrático, que no es transparente y es antipopular, perjudica a toda la sociedad.»
«Habría que preguntarse a qué sector político le puede interesar o puede abalar la persecución a dirigentes sindicales o a dirigentes políticos. O qué sector de la política se beneficia con el lawfare.», agregó.
Urueña Russo también es militante feminista por lo que puso de ejemplo otro de sus reclamos afectado por la falta de democratización del Poder Judicial: «Nosotras analizamos los últimos años en la sociedad, por ejemplo, el Ni una Menos. Lo que venimos reclamando en cada una de las marchas las distintas organizaciones es la reforma judicial feminista, que no es otra cosa que democratizar el Poder Judicial. Meterlo en la grieta no va, porque la sociedad entera está pidiendo esto.»
Virrarruel agregó su consideración relativa a la movilización de los sindicatos, «también deberían marchar los sindicatos que no fueron perseguidos, por solidaridad. Si le pasó a uno no implica que en cualquier momento, si esto sigue así, le pueda pasar a otro.»
«Sabemos que es una transformación que lleva años pero también sabemos que es la Corte Suprema la que se niega a dar los pasos necesarios para esa transformación.», señaló la dirigente.
Para cerrar enumeró algunas exigencias del orden gremial que finalmente quedan abarcadas por el pedido general: «Como trabajadores y trabajadoras también tenemos un montón de reclamos. Por ejemplo, somos el único sector que no tiene convenio colectivo de trabajo. No tenemos un espacio para discutir no solamente la cuestión salarial sino sobre nuestra carrera, que es muchas veces manoseada por las cabezas del Poder Judicial, los jueces y las juezas. La falta de perspectiva de género no se expresa solamente hacia afuera en las sentencias sino también hacia adentro, con nuestros jefes. Para nosotros, como sindicato, es una obligación.»
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Crece la convocatoria del 1F contra la Corte Suprema, con importante presencia gremial
La movilización que diversos sectores políticos, sociales, gremiales y de derechos humanos convocaron para este martes 1 de febrero contra la actual composición de la Corte Suprema de Justicia también puso en evidencia algunas diferencias históricas entre los distintos sindicatos. Así, mientras las organizaciones alineadas con el Frente Sindical por un Modelo Nacional fueron parte activa de la convocatoria y comprometieron su presencia, otros sectores vinculados a los gremios “gordos” de la Confederación General del Trabajo (CGT) prefirieron mantener su distancia, incluso cuando, como en el caso de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), se encuentran directamente perjudicados por la estrategia montada por el macrismo en la llamada “Gestapo antisindical”.
El Frente Sindical, que nuclea a más de 50 organizaciones incluyendo a las dos CTA y a algunos importantes gremios de la CGT, tuvo un rol destacado en la convocatoria. Se descuenta que gremios como Camioneros, Bancarios, los estatales de ATE y los judiciales del Sitraju movilizarán a Plaza Lavalle este martes.
El propio Pablo Moyano, dirigente de Camioneros y flamante integrante del triunvirato de conducción de la CGT, denunció que en la administración de Cambiemos se “inventaron causas y allanamientos” para cargar contra los opositores, por lo que considera una “obligación marchar mañana para pedir una justicia independiente y democrática y para que los jueces dejen de permanentemente fallar en favor de los sectores de poder”. El dirigente también remarcó que hay múltiples motivos para marchar contra el estado actual de la Justicia, ya que un trabajador hoy debe estar “15 o 20 años” para cobrar una indemnización en tanto que “empresarios o políticos de derecha” obtienen fallos favorables de “forma automática”.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional remarcó que la movilización responde a “la necesidad de terminar con un aparato de Justicia que, en su cabeza, está permanentemente alineado detrás de los mandatos de los poderosos, que tiene pasillos y laberintos oscuros donde el poder de los intereses corporativos y de la derecha política terminan imponiéndose”.
Rodolfo Aguiar, secretario adjunto nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado e integrante de la CTA Autónoma, sostuvo que los actuales integrantes de la Corte Suprama “se tienen que ir”. “Deben renunciar porque cuentan con la reprobación de toda la sociedad. La connivencia que mantienen con algunos sectores políticos es alarmante ya que nunca garantizaron la división de poderes. También son responsables del endeudamiento dolorosa con el FMI y la fuga de divisas”, concluyó.
Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense, enfatizó: “En el campo sindical fuimos muchas las organizaciones que sufrimos este padecimiento, esta persecución. Hay temas de fondo sobre los que avanzar, y para los cuales es necesario modificar la relación de fuerzas: y esto se consigue con la movilización del pueblo y con instituciones legítimas, acompañando al Gobierno”.
La marcha, que se replicará en 30 ciudades del país, se realizará bajo la consigna “Basta de impunidad” y exigirá “el fin del lawfare”, una estrategia de alianza entre política, Justicia y medios que quedó claramente en evidencia con la reunión con empresarios y agentes de inteligencia en la que el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal Marcelo Villegas propuso crear una “Gestapo” para perseguir a los gremialistas opositores al gobierno de Mauricio Macri.
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Vitivinícolas reclaman salarios y condiciones laborales: «Ganan en dólares y pagan sueldos por debajo de la canasta básica»
Trabajadores Vitivinícolas Autoconvocados movilizaron por Mendoza este lunes. Reclamaron salarios dignos y mejores condiciones laborales: «Ganan en dólares y pagan sueldos por debajo de la canasta básica».
La agrupación de Trabajadores Vitivinícolas Autoconvocados asistió este 31 de enero a las 10 de la mañana al Nudo Vial de Mendoza, en el marco del Día del Trabajador Vitivinícola celebrado cada 1 de febrero.
Reclamaron para el período 2022-2023 un sueldo digno no menor a la canasta básica familiar, bono de fin de año igual a un sueldo vitivinícola en el mes de diciembre, pase a planta permanente de los compañeros que está tercerizados, paritarias cada 6 meses y por el no aumento en cuotas.
Por su parte, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) acordó un extra en febrero de 10% en conceptos no remunerativos, a pagarse en cuotas y la paritaria anual empieza a mediados de ese mismo mes. Todos admiten que la recomposición salarial es necesaria.
Guido Álvarez, secretario general de Foeva Mendoza, afirmó en dialogo con el medio Enolife que si bien no fueron convocados a la marcha de los Autoconvocados, están en sintonía con los reclamos: “Tenemos una visión similar a la que están planteando los Autoconvocados, porque sabemos que es la realidad que están viviendo hoy en día los trabajadores. Todos esos reclamos los venimos tratando con la patronal. Si bien no nos invitaron, esperamos que esta manifestación dé resultado porque el beneficio lo van a tener los trabajadores, que es lo que nosotros también queremos”.
En relación a la futura paritaria, Álvarez señaló: “Para la nueva paritaria de 2022/2023 queremos superar el porcentaje del año pasado, para poder llegar a la canasta básica, que es lo que los trabajadores nos están pidiendo. Un trabajador vitivinícola, en la categoría de obrero común en bodega, en el mes de febrero, va a quedar en $42.440,92 brutos, muy lejos de la canasta básica». Y amplió: «De todos modos, sólo un 10% cobra ese salario, porque un 90% de trabajadores en bodega tienen categoría de especializados, ya que la sistematización de los procesos en las bodegas requieren personal para el funcionamiento de máquinas, es decir que la mayoría cobra de $46 mil para arriba”.
Sobre la tercerización, Álvarez afirmó al mismo medio: «Estamos luchando con esto desde hace un año pero es lento porque la ley ampara este tipo de contratación, son empresas avaladas por el Ministerio de Trabajo, que además contratan en blanco. Una eventualidad no puede durar más de 3 meses, sino es un fraude laboral. Así que tratamos de buscar la vuelta para que estos trabajadores pasen a planta. Hemos hecho ya en algunas bodegas el traspaso”, afirmó.
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Gremio de médicos bonaerenses le reclama a Kicillof que se reconozca «la sobrecarga laboral»
31 enero, 2022
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) reclamó hoy que el Gobierno bonaerense reconozca «la sobrecarga laboral» que debió afrontar el personal de salud durante la pandemia de coronavirus, como parte de la discusión salarial paritaria que mantiene con las autoridades del distrito.
La organización gremial destacó que en la primera reunión paritaria, «las autoridades bonaerenses reconocieron las demandas de los trabajadores del sector, pero no formularon aún una propuesta salarial».
La organización sindical aseguró por medio de un comunicado que en ese encuentro se expresó «un enérgico reclamo de un justo reconocimiento a la tremenda situación de sobrecarga laboral y exposición al riesgo de contagio que padece nuestro sector desde que comenzó la pandemia» de coronavirus.
Además, definió las situaciones que viven los trabajadores de la salud como «excepcionales» en el actual contexto de la emergencia sanitaria.
«Nuestro objetivo es recomponer salarios que aún siguen estando muy por debajo de las necesidades que debemos afrontar para llegar a fin de mes y de lo necesario para avanzar contra el pluriempleo y la precarización laboral que hoy sufren la mayoría de los profesionales de la salud», subrayó el sindicato.
Además, se reclamó «la continuidad de la mesa técnica sectorial para avanzar en el pase de ley de todos los profesionales que aún están encuadrados en la ley vigente y la ampliación del listado de profesiones que integran la carrera hospitalaria», entre otras demandas.
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La CTA Autónoma rechazó el acuerdo entre el Gobierno y el FMI: «Se abre un trayecto de ajustes y condicionamientos para nuestro país»
La CTA Autónoma se diferenció de las otras centrales sindicales y rechazó el preacuerdo entre el Gobierno Nacional y el FMI. Pidió investigar la deuda y aseguró que «se abre un trayecto de ajustes y condicionamientos para nuestro país».
La CTA Autónoma se convirtió en la primera central sindical en cuestionar el preacuerdo al que llegó el Gobierno Nacional y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«Reafirmamos nuestra posición de que antes continuar pagando o aceptar nuevos programas de refinanciación debe investigarse la forma irregular en que este préstamo (el más abultado en la historia del FMI) fue otorgado con responsabilidades administrativas, políticas y de política económica tanto en la anterior gestión como en el propio organismo internacional», señalaron los ceteístas.
«Los programas del FMI no tienen por objetivo recuperar condiciones virtuosas de desarrollo económico, sino que se generen excedentes para pagar esa deuda por lo que queda en claro que el Estado deberá impulsar un ajuste importante, ceder soberanía en materia en políticas fiscales monetarias y financieras. Las propias declaraciones del ministro de Economía Martín Guzmán afirmando que se ha conseguido el mejor acuerdo que se podría conseguir, evitando dar un salto al vacío, no hacen más que adelantar que se abre un trayecto de ajustes y condicionamientos para nuestro país», agregó la central.
EL comunicado, con la firma de Ricardo Peidro, Hugo «Cachorro» Godoy y Claudia Baigorria, asegura que «Argentina desembolsará 1100 millones de dólares entre hoy y el próximo martes llevando las reservas líquidas del BCRA a un piso realmente peligroso».
Para los ceteístas «Argentina entra en un sendero de ajuste para llegar al déficit cero en el 2025 (recordar que ante los gobernadores el Guzmán decía que esa meta era inalcanzable). Este sendero de ajuste profundizará el que ya llevaba adelante la ejecución presupuestaria antes del acuerdo».
«En definitiva, de pasar a denunciar al FMI y la administración anterior, Argentina opta por el camino de refinanciar un préstamo fraudulento, asumiendo un sendero de ajuste y resignando soberanía», concluyeron.
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Para el gremio de las organizaciones sociales, «el Gobierno Nacional tuvo la estrategia de no dejarse apretar» y el acuerdo con el FMI permitirá «que el país crezca y se genere trabajo»
El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Esteban «El gringo» Castro, respaldó el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al señalar que «permitirá estirar plazos de vencimientos de pagos y eso posibilitará que el país crezca y se genere trabajo».
«Entiendo que este acuerdo nos permite estirar los tiempos de pagos hasta el 2026 y eso es algo auspicioso para nosotros porque nos querían apretar PARA que paguemos todo ahora», destacó Castro en declaraciones a Télam.
El titular de la UTEP -el primer sindicato conformado por distintos movimientos sociales- resaltó además que «el Gobierno Nacional tuvo la estrategia de no dejarse apretar por nadie y la fue llevando hasta que hizo el acuerdo más conveniente».
«Además, este acuerdo nos da tiempo para seguir construyendo, para seguir creciendo, pero hay un punto que me parece importante y es lo que ahora hay que poner en debate y es el tema del crecimiento de Argentina y de los argentinos», propuso el dirigente.
Castro consideró que para ese sector, «la distribución está vinculada al desarrollo, al impulso de la economía popular, al desarrollo crediticio hacia la economía popular y al desarrollo de lo que nosotros denominamos como proyecto Tierra, Techo y Trabajo (TTT), que es pensar cómo desarrollar una estrategia del proyecto nacional y popular que tenga mucho que ver con una repoblación de la Argentina».
El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “sufrimos un problema y ahora tenemos una solución con un acuerdo sin restricciones”, al referirse a los entendimientos alcanzados entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un mensaje grabado en la Residencia de Olivos.
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Nuevo proyecto de ley para poner en valor el trabajo del sector de la enfermería
Lo presentó en el Congreso el diputado Hugo Yasky. La iniciativa busca que el país adhiera a un convenio de la OIT, que destaca la labor en el sistema sanitario de este sector.
El diputado nacional Hugo Yasky presentó en el Congreso un proyecto de ley para la ratificación del Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el personal de enfermería, que reconoce «su aporte en las tareas de cuidado y considera sus necesidades y derechos laborales».
La iniciativa lleva la firma de los legisladores Pablo Carro, Walter Correa, Mónica Macha, Gabriela Cerruti, Rosana Bertone, Laura Russo, Itai Hagman y Juan Emilio Ameri.
En el marco de la pandemia por Covid-19, «es preciso que nuestro país otorgue un reconocimiento amplio y efectivo al personal de enfermería, ratificando este convenio que contempla una serie de disposiciones que permiten abordar muchos de los problemas con los que se enfrentan los enfermeros y enfermeras de nuestro país».
«Se trata, especialmente, de establecer normas de trabajo decente, elevando el perfil profesional y el peso político del personal de enfermería, proporcionando incentivos a estos profesionales para que sigan desempeñando sus funciones», según los argumentos y fundamentos del proyecto de ley presentado por el titular de la CTA de los Trabajadores.
Además, dispone la necesidad de que todo país que ratifique dicho convenio deberá mejorar las disposiciones legislativas existentes en materia de higiene y seguridad del trabajo adaptándolas a las características particulares del trabajo del personal de enfermería y del medio en que éste se realiza.
Desvalorización
Por otro lado, la iniciativa señala la desvalorización que sufre desde hace años la población laboral enfermera, por ser consideradas sus tareas de cuidado y asistencia «atributos típicamente femeninos, en contraposición con las actividades médicas, que se consideran del orden de lo racional y lo científico».
Sumando a lo detallado, los «escraches» que incluso han obligado a la Legislatura Porteña a modificar el Código de Contravenciones 1.472 para sancionar los ataques contra los trabajadores y trabajadores de la salud, entre los que se encuentran los enfermeros y enfermeras que le ponen el pecho a esta batalla que librada por el Covid-19.
Entre otros aspectos, el articulado destaca que se tomarán las medidas necesarias para proporcionar al personal de enfermería: una educación y una formación apropiadas al ejercicio de sus funciones; y condiciones de empleo y de trabajo, incluidas perspectivas de carrera y una remuneración, capaces de atraer y retener al personal en la profesión.
A su vez, establece que el personal de enfermería deberá gozar de condiciones por lo menos equivalentes a las de los demás trabajadores del país correspondiente horas de trabajo, incluidas la reglamentación y la compensación de las horas extraordinarias, las horas incómodas y penosas y el trabajo por turnos; descanso semanal; vacaciones anuales pagadas; licencia de educación; licencia de maternidad; licencia de enfermedad; seguridad social.
Respaldo internacional
Adoptado por la 63ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 21 de junio de 1977, el convenio citado por Yasky establece «normas de trabajo decente, elevando el perfil profesional y el peso político del personal de enfermería, proporcionando incentivos a estos profesionales para que sigan desempeñando sus funciones».
Si bien el convenio internacional fue redactado hace más de cuarenta años, la OIT lo clasificó en el 2002 como uno de los instrumentos que no ha perdido actualidad y reafirmó su pertinencia respecto de la realidad social y económica de aquel momento.
Todo ello, en armonía con el contenido de la Resolución WHA 54.12 adoptada en 2001 por la Asamblea Mundial de la Salud sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería.
«En los tiempos que corren, más que nunca los gobiernos registran la gravedad provocada por la escasez de personal calificado y la utilización inadecuada del personal de enfermería existente, todo lo cual constituye un obstáculo para el desarrollo de servicios de salud eficaces», destacó el proyecto de Yasky
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OBSERVATORIO GREMIAL
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Megaminería en Catamarca: extraer la vida
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En la provincia de Catamarca habitan más de 40 comunidades indígenas. Cada una tiene su propio nombre y la mayoría forma parte de la Nación Diaguita-Calchaquí. Los pueblos donde viven están ubicados en los cerros de los departamentos Santa María, Belén, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra, en la zona oeste de la provincia. A partir de 1997, cuando se instaló el proyecto minero a cielo abierto Bajo La Alumbrera sobre las cumbres de las Sierras Capillitas, en el límite de Santa María y Belén, los problemas relacionados con la contaminación y con la gestión del agua comenzaron a agravarse.
Operado por el gigante empresarial Glencore, la Alumbrera es el primer proyecto megaminero que se instaló en la Argentina con el objetivo de extraer principalmente oro y cobre. Hasta 2018, estos metales eran llevados por un mineraloducto de cerca de 320 kilómetros de largo hasta una planta de secado en Tucumán y luego, en trenes, hasta los puertos que están a la vera del Paraná, en la provincia de Santa Fe.
Tanto para transportar los minerales a través de ese ducto como para el lavado de la roca se usa agua. Mucha agua. Cuando trabajaba a pleno, la empresa utilizaba un promedio de 69 millones de litros por día, es decir cinco veces más de lo que consume el departamento Santa María -12 millones de litros- en el mismo lapso, o el equivalente al 31% de lo que gastan todos los habitantes del Valle Central de la provincia por jornada. La principal consecuencia es clara: un déficit hídrico que se agrava con la crisis climática global, en una provincia donde la emergencia por la falta de agua ya fue declarada varias veces y continúa vigente.
Leandro Gómez, coordinador del Programa de Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) explicó: “La actividad minera tiene relación con el cambio climático; por un lado por los impactos de producción de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Por otro, porque la actividad tiene un alto consumo energético y también de recurso hídrico”.
El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizado por la minera en 1998 ya indicaba -a través de los resultados de sus investigaciones- que el proyecto extractivo generaría daños irreversibles en los ecosistemas de la zona. Advertía sobre la disminución de cuencas hídricas, la depresión de los acuíferos, la reducción del caudal de los ríos, alteraciones en la calidad del agua y el aire, la destrucción de los hábitats y la afectación de la flora y la fauna. Hoy, 24 años después, para los pueblos originarios que habitan los alrededores, esos pronósticos ya son un hecho.
Pese a que el proyecto Alumbrera dejó de extraer minerales en 2018, se sigue bombeando agua desde el campo El Arenal para mantener en funcionamiento el mineraloducto. Ninguna de las fuentes consultadas pudo confirmar cuánta agua se utiliza para eso, como si se tratara de un secreto de estado en la provincia.
El eco de las últimas detonaciones de la minera aún permanece en la memoria de los pobladores de la zona. “Después del ruido veíamos cómo el polvillo que traía el viento se asentaba sobre las hojas de la papa y el maíz y se les hacían agujeros. Era como si les cayera veneno porque se empezaban a pudrir”. Quien habla es Víctor, el marido de Adela Cruz, una “sanadora” diaguita de Santa María.
El Algarrobo de Adela
Adela, Milagros Romero Moreno y Guillermina Guanco pertenecen a los pueblos originarios de Famabalasto, Toro Yaco y La Hoyada. Entre las tres, ilustran el cambio que produjo la mina en las comunidades donde habitan y que están asentadas alrededor de la cuenca de más de 4.700 kilómetros cuadrados, denominada Campo El Arenal.
Ese lugar, una reserva de agua fósil de más de 60 millones de años, es de donde Alumbrera saca el agua y la zona en peligro. Más de una década atrás, en 2010, la Universidad Nacional de Rosario daba cuenta de que esas aguas subterráneas registraban un descenso abrupto en las zonas afectadas por los bombeos. “Antes, a un metro de profundidad se podía encontrar agua, a la fecha del relevamiento de datos se encuentra a siete metros de profundidad”, asegura el estudio “Fiscalidad y medio ambiente en Argentina: impacto de la actividad minera”.
La casa de Adela está ubicada 20 kilómetros hacia el oeste de la mítica ruta nacional 40, en el margen de las Sierras de Quilmes y del río El Cajón o Santa María. Hacia el sector sur, detrás de una gran duna, está el Campo El Arenal.
“Territorio comunitario de la comunidad indígena de Famabalasto. Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional”, se lee en el cartel de la entrada de su casa. Así se reconoce el lugar en el que convive con Víctor. La pareja se dedica a la venta de cabras para carne y cuero, cosechan algunas verduras, crían patos, dos pavos y gallinas. Ella cobra una pensión por ser madre de siete hijos -aunque tiene ocho-, pero la dedica completa a que ellos puedan estudiar.
Mientras camina por el lecho del río seco, Adela señala con un palito las plantas del lugar. Conoce los nombres de todas. El sol de las cuatro de la tarde se refleja en la inmensidad de la arena y las piedras. El agua se ve a los lejos, apenas un poco. El viento comienza a escucharse. Suena seco como la retama, como la jarilla, como el jaboncillo y la cortadera.
Explica que antes todas esas especies autóctonas estaban verdes, que ya había lluvia en noviembre. La senda por donde camina está marcada, casi sedimentada por la cantidad de años que pasaron desde que el río disminuyó su caudal. Adela dice que Famabalasto es su tierra, su hogar. Ella y sus ancestros vivieron ahí desde siempre. “Todo esto cambió cuando llegaron los gringos con la minera”, cuenta.
Con una sonrisa transparente, la mujer explica que viene de una familia de “sanadores” y asegura que todas las plantas de la zona sirven para curar. “La algarroba hace unas florcitas rojas, son como fosforitos. Ese es el remedio que nos da. La chaucha también, de ahí se saca la harinita y después se hace la aloja que es como un jugo muy rico que sirve para los riñones. Pero bueno, hace como ocho o nueve años que ya no tenemos. Sale la flor y no cuaja. No da la vaina”, se queja.
Como árbol autóctono, el algarrobo ayuda a equilibrar los ecosistemas. Para sobrevivir, necesita entre 110 y 300 milímetros de agua al año. En caso de no obtenerla, sus raíces profundas buscan agua en la tierra.
Un estudio hídrico que concretó, en el año 1976, el entonces ministerio de Agua y Energía de la Nación señalaba que en el Campo El Arenal llovía una media de 144 milímetros anuales. En la actualidad ese promedio es de menos de 100 mm.
La mujer sigue enumerando yuyo por yuyo de los que cree que fueron afectados por la falta de agua. “Del arcayuyo, ya no hay más. También hay poco anís silvestre, la retamilla ya no tiene olor. Cuando llega el viento con ese polvillo que trae de los desechos que dejaron en la mina, los duraznos se caen y hace como cinco años que no podemos comer”. También relata que algunos animales silvestres hace muchos años que no habitan la zona: “El otro día encontré un umucuti (lagartija en quechua) que hacía como cinco años que no veía, pero me lo mató el perro”.
Su marido, responsable de cuidar a los animales que crían, la escucha hablar con atención y pesadumbre porque muchos comuneros dejaron de criar ovejas, vacas y cabras. “Se han cansado de caminar para buscar agua y qué comer”, dice. “Además, antes no hacía falta vacunarlos y ahora sí, por el moquillo y otras enfermedades. Incluso les salen tumores por comer el pasto de la zona”.
De acuerdo con el Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Latinoamérica, que detalla las acciones de esta multinacional en la región, durante sus años de extracción la minera detonaba 25 mil toneladas anuales de explosivos. Con las ondas sonoras se emitían altos niveles de gases nitrosos a la atmósfera, eso generaba lluvias ácidas con efecto sobre las personas, el agua, los suelos, la flora y la fauna.
El informe de impacto ambiental de fines de los años ‘90 realizado por la multinacional ya hablaba del potencial erosivo del suelo e indicaba que la cantidad de polvo “podría superar los estándares admisibles reconocidos en Estados Unidos”.
Adela y Víctor coinciden en que ahora el calor se siente más fuerte y las vertientes están desapareciendo. Las lagunas que tenía el Campo El Arenal ya no existen y los flamencos que venían desde Antofagasta de la Sierra “no saben qué hacer porque tampoco encuentran comida”. Aseguran que las zonas de vegas del río (las más fértiles) se secaron en todos lados. Quedó sólo pasto seco con salitre.
La mujer ceba mates y mira hacia la inmensidad mientras el atardecer va tiñendo de lila las montañas. “A los cardones les sale una mancha negra, después de eso se pudren y se les desprende la carne dejando sólo el palito. Había muchísimos. Con eso hacíamos nosotros los cajones para los difuntos. Ahora no sé, pero yo les dije a mis hijos que quiero que me pongan en uno. Así, clavado con las mismas espinitas”.
La Pacha usurpada
La comunidad indígena de Toro Yaco está ubicada en la misma dirección que Famabalasto, pero 60 kilómetros más hacia el oeste, en medio de las Sierras de Quilmes. Ahí viven 18 familias. Las casas están divididas por el río y asentadas sobre las montañas en lo alto y a una distancia de unos 100 metros una de la otra.
Cada una tenía su propia vertiente, “pero desde que llegó la mina comenzaron a secarse”, cuenta Milagros quien, con apenas 18, lleva un año al mando de su pueblo como cacique. Fue elegida en 2020 convirtiéndose en la autoridad más joven que tuvo su comunidad y, además, estudia enfermería en Santa María.
Milagros quiere ser una mujer sanadora, como Adela, y poder combinar todo lo que aprenda con su medicina tradicional. Se la escucha combativa y decidida. Ella misma se postuló como sucesora de su abuelo, el cacique anterior.
Como autoridad, debe asistir a las asambleas que se desarrollan seis veces al año entre las comunidades de la zona para resolver problemas comunes. El que preocupa a todas “es la minería y el agua que les hace falta”, explica. “Los hermanos de Antofagasta siempre piden ayuda por las mineras de litio –el oro blanco del siglo XXI- que tienen en sus tierras”.
Lo que la ocupa actualmente, como cacique de Toro Yaco, es el dique que quiere construir en su comunidad el Gobierno de Catamarca. Se trata de un proyecto de 2007 con fines hidroeléctricos para consumo y para riego de Santa María. Pero para concretarlo, deben inundar el lugar y reubicarlos, y por eso ellos resisten.
“El gobernador (Raúl Jalil) quiso venir el año pasado y no lo dejamos pasar porque nunca nos informó sobre su llegada. El dique no se va a hacer porque es para abastecer de energía a la nueva mina”, asegura la cacique.
Existen además dos proyectos extractivos de litio en Catamarca funcionando en Antofagasta de la Sierra. Milagros cuenta que el Gobierno piensa utilizar y desviar el cauce de agua del río Los Patos. “Nos dicen que se secan por el cambio climático, pero ese cambio lo provocan ellos mismos”, opina.
“Le están usurpando a la Pacha y para entrar hay que pedirle permiso. Yo aprendí de mi abuelo a hacerlo y a agradecer. La Pachamama se puede enojar de muchas formas”, resalta mientras mira hacia al horizonte, hacia el río seco y el verde que falta.
Colonizados
Guillermina es delegada de base de la comunidad indígena de La Hoyada y la máxima autoridad de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Catamarca (UPND), que representa a pueblos como Toro Yaco y Famabalasto. Dice que el Campo El Arenal, “nunca se llamó así”, que siempre su nombre fue El Campo de Los Pozuelos.
En ese momento, la mujer toma una caja que estaba colgada en la pared y canta una vidala ancestral: “Campo de Los Pozuelos, adiós vidita y adiós consuelo” repite varias veces y su voz se multiplica con el viento del lugar mientras percute con el palillo. “Claro, eso ya nos están diciendo los mineros a nosotros”, ironiza cuando termina.
Adela y Milagros también habían hecho su análisis toponímico del nombre de la cuenca. Explicaron que Los Pozuelos se llamaba así porque, además de lagunas, tenía muchas vertientes que afloraban del acuífero. Ahora todo es arena. “Ni los pastos crecen, por eso empezaron a llamarle El Arenal”. Así aparece escrito en el cartel del aeropuerto que construyó la minera en el lugar.
En el catastro provincial fue anotado con los dos nombres: Campo de Los Pozuelos – Campo El Arenal. “No sé por qué la gente se acostumbra a que otras personas vengan a cambiarnos los nombres. Nosotros como comunidad no vamos a aceptarlos”, reclama Guillermina. Para ella, los mineros son los nuevos colonizadores.
Cuando iban a abrir la mina, cuenta, “nos querían hacer creer que si terminábamos la escuela íbamos a trabajar todos ahí”. Cuando su abuelo, Rosendo Gerván, se enteró, dijo que desde que estaba la mina de Farallón Negro -ubicada cerca de donde luego se instaló Alumbrera- empezó a darse cuenta de que el agua había comenzado a mermar. “Se ponía triste porque pensaba que se iba a morir y que los que íbamos a sufrir seríamos nosotros y nuestros hijos”, recuerda.
Para la mujer, los gobiernos los subestiman: “Piensan que uno no se da cuenta que el aire está contaminado. Son muchas las enfermedades que están apareciendo, antes jamás nos enfermábamos. Hay problemas en la piel, en los pulmones, diarrea”. Además, evalúa que los turistas no quieren ir a Santa María o a Belén. “El turismo viene a tomar el aire puro, a tomar el agua sana, a curarse con la misma naturaleza, pero ya no va a poder”.
Sin soltar la caja, que mantuvo en sus manos todo el tiempo, Guillermina profetiza: “No sé hasta dónde les irá a durar la picardía. La madre tierra está cansada, les va a dar su merecido. Ellos creen que la Pachamama no existe porque nos obligaron a adorarla en el corral, escondidos”.
A cielo abierto
Alumbrera comenzó su fase de explotación violando la legislación ambiental vigente en el país porque no cumplió en tiempo y forma con la presentación del Informe de Impacto Ambiental requerido por la Ley Nacional 24.585. A pesar de esto, el Gobierno catamarqueño habilitó a la empresa a operar.
Existen decenas de informes de organismos nacionales y provinciales sobre las consecuencias ambientales y contaminantes que generó Alumbrera en la zona. Existen desde 1999, en la justicia federal, 11 causas abiertas sin sentencia definitiva por contaminación, infracción a la ley nacional 24.051, daños y perjuicios, cobros indebidos y estafa al Estado Nacional por ocultamiento de ganancias. Aunque se consultó, no se pudo obtener información oficial del Ministerio de Minería de Catamarca al respecto.
Aún así, hubo al menos una victoria judicial contra la minera: en 2019, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán falló de forma unánime contra La Alumbrera por un juicio que había empezado 10 años antes por daños y perjuicios.
En este contexto, Leandro Gómez, de FARN, explicó: “Los proyectos mineros son evaluados de manera independiente cuando muchas veces se desarrollan en una misma región o dependen de una misma cuenca hídrica. Si nos enfocamos en el agua, una de las grandes problemáticas que existen es la ausencia de una foto del hoy. No hay información suficiente, objetiva, clara sobre cuál es la situación en términos ambientales de biodiversidad y de agua”.
El investigador explica que los informes son realizados por las propias mineras, que son la parte interesada, “y que son estudios condicionados, poco claros. Esa es la única información con la que cuentan los Estados provinciales al momento de autorizar o no un proyecto”.
“Desde los sectores mineros pueden promocionar ciertas metodologías o avances de reutilización de agua para la reinyección de agua y distintas cuestiones. Nosotros desde FARN consideramos que no hay una actividad minera a gran escala que se pueda desarrollar de una manera sostenible o sustentable. Muchas veces esta actividad no sólo utiliza sustancias contaminantes, sino que también está vinculada a prácticas violatorias de derechos humanos”, resalta.
Santiago Machado, como coordinador general del Informe Sombra, elaborado en 2017 con eje en las consecuencias ambientales de la Alumbrera y otros proyectos extractivos de Glencore, se refirió a lo económico: “Hasta 2015 Alumbrera pagó cerca de 525 millones de dólares a la Argentina, de los cuales solo 16,5 millones fueron para Catamarca. La escasa renta minera que obtiene el país, y en especial la provincia, es fruto de los marcos legales y fiscales de baja imposición”. “La megaminería no genera trabajo. Antes ganaban muchísimo los pocos que accedían, ahora no”, agrega.
La lucha continúa
A tres años del cese de la explotación, y sin la licencia social operativa de las comunidades indígenas ni de las asambleas locales ambientalistas, Bajo La Alumbrera se prepara para ser el esqueleto que albergará a Minera Agua Rica/Alumbrera (MARA). Este proyecto integra el yacimiento Agua Rica -a 17 kilómetros de Andalgalá, al norte de la provincia- con la infraestructura ya existente.
Es por esto que -según confirmaron desde la Justicia Federal- Alumbrera sigue bombeando el agua desde Campo El Arenal, aunque ya haya dejado de extraer el mineral: el objetivo es conservar el ducto para que MARA lo pueda utilizar. La lucha actual incluye la defensa de glaciares ubicados en la cima de esas sierras, cuyos ríos abastecen a la población.
Con respecto a este proyecto, la Comisión de Expertos de la Universidad Nacional de Tucumán publicó un informe este año. Entre las sugerencias, destacan dos cuestiones. La principal es que hay “un profundo desconocimiento en la comunidad en general de los contratos, responsabilidades emergentes y datos concluyentes relativos a la temática ambiental y sanitaria”.
Por otro lado, consideran prioritario “abordar el estudio del estado actual e histórico del uso y la calidad de agua en las cuencas involucradas por las actividades mineras Alumbrera y Mara pues representa el componente ambiental más sensible”.
Vulnerados
En el plano internacional, Argentina adhirió y ratificó el Convenio 169 (C169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). El primero, en referencia a las actividades extractivas, señala que “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados”.
La DNUDPI, por su parte, establece el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Reconoce su derecho a determinar cómo usar sus tierras y territorio. Además, establece la obligatoriedad de los Estados de obtener el consentimiento previo, libre e informado para todo proyecto que afecte sus territorios u otros recursos. Esto significa que no posee carácter definitivo. Un consentimiento puede ser quitado y tampoco debe mediar coacción, coerción ni manipulación para obtenerse.
La Pachamama o “madre tierra” es sinónimo de vida, una deidad a la que la mayoría de las comunidades indígenas de Latinoamérica veneran. Pero para Milagros es mucho más.
“Siempre la definieron como una mujer pero para mí es ver un pájaro que vuela, es el pasto, la tierra. Todo eso es y nosotros somos como piojitos en su cabeza. Si es seco es tierra, si es blanco es nube, si es azul es mar, si es verde es planta. Comunicarse con ella es hermoso porque al dar gracias, ella nos devuelve. Se siente paz, los dolores se calman. Todo lo que nos inquieta, pasa. A veces uno se inspira y encuentra solución”, dice la mujer.
Adela con sus plantas y Guillermina con su caja coinciden. Las tres, le piden cada día que las proteja.
* Esta historia forma parte de “Territorios y Resistencias” la investigación federal y colaborativa de Chicas Poderosas Argentina, que fue realizada entre octubre y diciembre del año 2021.
Envio:RL
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