1 de febrero de 2022

TROPEL 2 del 01.02.2022.

 

Una mirada travesti trans de la historia

Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022.

El Archivo de la Memoria Trans trabaja desde 2014 en la construcción de la memoria travesti trans de nuestro país, desde los años 40 hasta los 90. En noviembre del 2021, lanzaron un podcast en el que se pueden escuchar historias totalmente borradas de las historias oficiales.

En 2014, como un grupo de Facebook, comenzaba a funcionar el Archivo de la Memoria Trans, donde muchas travestis y trans compartían fotos y las comentaban reconstruyendo quiénes aparecían, quiénes ya no están en este plano, a quiénes les mataron. La iniciativa surge de la necesidad de dar cuenta de un trabajo de archivo sobre la vida cotidiana de las travestis en nuestro país, desde los años 40 hasta los 90. En ese momento, no contaban con leyes que les reconozcan derechos básicos y vivían la criminalización cotidiana. Fueron surgiendo distintas propuestas de visibilización y difusión sobre el colectivo en ese periodo histórico y, en noviembre de 2021, se dio a conocer el podcast del Archivo de la Memoria Trans. 

“Este podcast significa una ampliación significativa de nuestro archivo. Un documento sonoro que recupera más de veinte testimonios y reconstruye, a través de ellos, una historia muy poco contada, en donde la dictadura no termina en 1983 ni los 90 representan pizza y champagne”. Así presentan en el Capítulo Prólogo los siete capítulos que pueden escucharse en Spotify.

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Se trata de una recopilación de vivencias, estrategias, fiestas, velorios, conquistas y exigencias de una de las comunidades más perseguidas, criminalizadas y estigmatizadas. La Dictadura Eterna; Cabaret: Solo mis recuerdos; Exilio: Todo por ser mariposa; El acorazado travesti y La infancia y el cuerpo son los cinco capítulos que, junto al Prólogo y el Epílogo, componen la serie.

Camila Sosa Villada pone voz a las narraciones y muches compañeres hacen parte de los capítulos con sus testimonios. Las producciones fueron realizadas por el Archivo de la Memoria Trans, el Centro Cultural Kirchner y Futurock. 

“Durante este podcast, escuchamos historias duras, tristes. Historias que nunca antes habían sido contadas: historias totalmente borradas de las historias oficiales -dicen María Belén Correa y Julieta González en la última entrega-. Todo este podcast es la ampliación de nuestro archivo, pero también una clara muestra de nuestro derecho a exigir, de nuestro derecho a pedir por una Ley de reparación histórica, una indemnización para todas las que sobrevivimos a décadas y décadas de persecución estatal”.

Fuente: La Tinta



Entregar$e al FMI para beneficio 

del capital extranjero

Por Horacio Rovelli*, Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022.

El viernes 28 de enero 2022 el gobierno argentino le pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) intereses por 731 millones de dólares más de su deuda externa y arribó a un acuerdo con el organismo internacional, que debe ser refrendado por el Congreso de la Nación

Hay un denominador común entre: 

-El intento de hacer aprobar entre gallos y medianoche en la Legislatura de la Provincia de Chubut, la explotación a cielo abierto de las minas de plata en los Departamentos de Gastre y Telsen, por la Panamerican Silver, finalmente vetado por el gobierno ante el reclamo de la población.  

– El proyecto de dinamitar la plataforma submarina a 4.000 metros de profundidad y a 307 kilómetros de la costa de Mar del Plata para obtener gas por la empresa noruega -mayoritariamente estatal- Equinor, más Shell e YPF SA, propuesta que iniciara Fernando Aranguren, CEO de Shell Argentina, cuando fue Ministro de Energía del gobierno neoliberal de Cambiemos. 

– Y las declaraciones del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, de proponer que saldemos el déficit comercial con esa Nación, vendiéndoles minerales, madera y celulosa, etc. y, unos días antes, sentenciar que “tenemos que cerrar con el “Fondo” de la mejor manera. A nadie le sirve que el acuerdo se dilate”?.

En un inteligente artículo, la doctora en Biología e investigadora del Centro Universitario Bariloche, Dora Grigera,  cita un trabajo de la investigadora belga Alicia Jardel, en el que trata de explicar la fuerte reproducción de las aves en el Golfo San Jorge  y en las localidades pesqueras aledañas de las sureñas provincias argentinas Chubut y Santa Cruz y, concluye que se debe a que los buques que buscan langostinos (sólo les interesa esa especie), arrojan al mar la merluza, el cazón, el abadejo, las rayas y hasta el salmón que caen en sus redes, que son el alimentos de los albatros y las gaviotas.

El cálculo que hace es que – nunca menos de 100 barcos–  tiran por día 10.000 kilos solo de merluza.  Finaliza la investigación sosteniendo que “La causa de semejante mutación de aves no es otra que la enorme riqueza de los argentinos, casi tan grande como su propia estupidez”. 

Todo ésto tiene un denominador común: se está rediseñando la economía del país para beneficio del capital extranjero en desmedro de las riquezas naturales argentinas, de su población, de su trabajo, del presente y del futuro. Y ese nuevo diseño de un modelo extractivista, agropecuario-exportador que se impone, es para generar las divisas para pagar los servicios de la deuda externa.

Por qué la deuda

Lo primero que debemos preguntarnos es porqué se originó la deuda y qué se hizo con ella, cuando la Argentina es un país rico en recursos de todo tipo y cuenta con una mano de obra capacitada y numerosa, con un alto nivel de educación y formación, que puede capacitarse aún más.

La deuda externa del gobierno anterior, de la coalición derechista Cambiemos, se generó cuando decidió tomar deudas en divisas para cubrir el déficit fiscal del año 2015,  que era en moneda nacional y de aproximadamente el 4,5% del PIB,  unos 216.000 millones de pesos. Y se tomaron dólares para ello. 

A ello hay que agregarle el pago a los fondos buitres encabezados por Paul Singer, por 9.300 millones de dólares, más los déficit fiscales de su inepta administración causado por la disminución de las retenciones de la soja y derivados y la eliminación de todos los demás derechos de exportación, más un plan de reducción del impuesto a las ganancias que generó déficit fiscal que también cubrían colocando títulos públicos en divisas, incluso en un bono a 100 años.

Ingresaron las divisas y como la Administración Nacional debía afrontar los gastos internos en pesos (jubilaciones y pensiones, contratos, salarios de las fuerzas armadas y de seguridad y del resto de los empleados públicos, transferencias, licitaciones de obras, etc.), le dió la moneda extranjera al Banco Central (BCRA) y la autoridad monetaria se los cambió al valor oficial por pesos.  

El problema es que esas divisas el BCRA y basándose en la reforma financiera de 1977, se las vendió también al tipo de cambio oficial a los particulares, principalmente a las grandes empresas  y como el gobierno de Cambiemos fue subiendo el monto máximo que se podía comprar e incluso eliminó ese límite en septiembre de 2016, permitió que 100 empresas compraran 24.769 millones de dólares en los cuatro años de gestión de Cambiemos.

El problema es que esas 100 empresas no pagaron el impuesto a las ganancias por el monto que compraron.  Esto es,  deberían haber declarado ganancias y haber pagado la tasa del 35% y después del 30% de esa suma, y en los cuatro años de gobierno la recaudación total del gravamen fue de menos del 10% de los 24.769 millones de dólares.  

Ninguna de las 100 empresas alcanzó a pagar la mitad de los dólares que compraron, lo que supone delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la de “lavado de activos” para los bancos, que le vendieron esos dólares del BCRA y no tomaron los recaudos del origen de los fondos (claramente demostrado porque no declararon ganancias ni otro tipo de ingresos por los 24.769 millones de dólares)

 Paralelamente el gobierno, que priorizó la negociación de la deuda externa por encima de impulsar la economía nacional, la producción y el trabajo, logró un período de gracia con los tenedores privados de títulos de deuda hasta el segundo semestre de 2024. Eso sí, se le paga los intereses.

Pero con el Fondo Monetario Internacional, deuda que fue tomada sin autorización previa del Congreso de la Nación, no solo se la convalidó desde el inicio del actual gobierno de Alberto Fernández, sino que incluso se le pagaron las dos primeras cuotas de capital que, sumado a los intereses significaron erogaciones por 6.359 millones de dólares en los dos primeros años de gestión. 

Y el viernes 28 de enero 2022 se le pagaron intereses por 731 millones de dólares más y se arribó a un acuerdo que debe ser refrendado por el Congreso de la Nación 

Es más, a la grandes empresas que aparecen en el listado de los compradores de dólares, el BCRA que realizó el informe,  les vendió al tipo de cambio oficial 8.300 millones de dólares. Y a su vez le vendió al tipo de cambio oficial  a grandes importadores para que adelanten el pago de las mismas, más de 6.300 millones de dólares en los dos años transcurridos.  

Además pagó intereses de la deuda a los bonistas y, como los servicios -como el de flete (transporte), comunicaciones, patentes o royalties, etc.- son todos deficitarios , y razón por la cual el brutal ajuste externo reflejado en superávit comercial de 12.528 millones de dólares del año 2020 y los 14.750 millones del año 2021 se evaporaron, haciendo que las reservas internacionales desciendan en los dos años de gestión de Alberto Fernández.

El BCRA incluso operó en estos dos años y un mes de gobierno, vendiendo dólares a futuro y en el mercado del contado con Liqui y otras operaciones bursátiles y extrabursátiles, para morigerar el precio de los distintos dólares paralelos, todos permitidos por la autoridad monetaria con el pretexto de que no se le puede cerrar la salida de capitales a los grandes fondos de cobertura /inversión que quedaron en el mercado local, como si ello fuera prioritario y no el de generar créditos a la producción y al comercio.  

Paralelamente, el BCRA se niega a dar oficialmente los nombres de los grandes compradores por acogerse a los artículos 39 y 40 de la ley 21.526 de secreto bancario de la reforma financiera de 1977.

El acuerdo con el FMI

El pago al FMI, las otras erogaciones y la compra de divisas por los grandes compradores dejaron al BCRA sin reservas de libre disponibilidad por incapacidad manifiesta de sus directivos, repitiendo el mismo modus operandi del BCRA de 1989, cuando José Luis Machinea que funcionaba como su Presidente, dijo el 6 de febrero de 1989 que no podía vender un solo dólar más. 

Entonces, su valor oficial era de 17,62 australes (esa era la devaluada moneda nacional), en abril pasó los 100 australes, cuando asumió en forma anticipada Carlos Menem la Presidencia de la República, lo fijó el 9 de julio de 1989 en 650 australes y terminó en 10.000 australes el 1 de abril de 1991. 

En el ínterín se aprobaron las leyes de Reforma Administrativa del Estado y el marco legal para las privatizaciones, vendiendo a precio vil Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentina, Empresa Línea Marítimas Argentinas (ELMA), Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), Obras Sanitarias de la Nación. Además, se traspasaron los puertos a las provincias para que los privatizaran o concesionaran, se le dio a la mineras estabilidad fiscal por 30 años, etc. etc.

La presión cambiaria hizo que el gobierno aceptara el acuerdo con el FMI, y de esa manera limita aún más su lento accionar sobre el endeudamiento y su fuga de la gestión de Cambiemos, incluida la complicidad de los funcionarios que la permitieron.

El acuerdo subordina la política económica al FMI quién a cada vencimiento de capital, efectuará un nuevo crédito pero a diez años de plazo, con la condición que el gobierno cumpla las metas fiscales y monetarias fijadas por el organismo, con lo que la deuda con el FMI se reprograma y también su monitoreo por otros 50 años, como fue el período 1956-2006 en que el expresidente Néstor Kirchner libró al país de su tutela y dependencia.

Este año 2022 vencen cuotas de capital del crédito otorgado por el organismo internacional al gobierno de Cambiemos, en los cuatro trimestres, por un total de  19.115 millones de dólares.  En el año 2023 son 19.365 millones de dólares y en el año 2024 los 6.920 millones de dólares restantes para completar el pago.

Cada trimestre de ahora en más será revisado por los técnicos del FMI quienes determinarán si se cumplió o no con las metas propuestas

Se dieron a conocer las metas anuales de déficit fiscal sobre el PIB de 2,5% para este año 2022, de 1,9% para el año 2023, de 0,5% para el año 2024 y de 0% para el año 2025, acompañadas de una fuerte reducción del financiamiento por parte del BCRA que fue del 3,7% del PIB en el año 2021 y pretenden que sea solo del 1% para este año 2022

Por lo tanto el ajuste fiscal total del año 2022 es del 0,7%del PIB, pero se le debe sumar el menor financiamiento del BCRA en 2,7% del Producto Interno Bruto. Por ende el ajuste de las cuentas públicas es del 3,4% del PIB,  que se calcula en 416.111 millones de dólares. Por ende el ajuste este año con respecto al año pasado debe ser equivalente a unos 14.100 millones de dólares (es en pesos)

El gasto público de la Administración Nacional es del 22,1% del PIB, uno de los más bajos de los últimos 75 años y pretenden llevarlo al 18,7% del PIB.  Es claramente imposible.   Entonces van a exigir que se vendan los recursos naturales a precio vil, con leyes como la de Emergencia Económica y  la de Reforma Administrativa del Estado  de 1989.

Vienen por el subsuelo argentino y por lo que cultiva el país, para comprarlo a precio de remate. Es más, para ello van a utilizar los dólares que fugaron en la gestión de Cambiemos y los que “alegremente” les vendió el BCRA en los dos últimos años.

Por eso es que se debe rechazar este acuerdo y suspender todos los pagos con el FMI, mientras se recupera parte de la deuda fugada por lo que compraron dólares baratos con dinero ilegal, como lo hicieron mayoritariamente las 100 empresas que en la gestión de Cambiemos compraron 24.769 millones de dólares. Y de esa manera determinaría Argentina la cancelación de la deuda con el FMI

Ante ello se torna imprescindible:

1)    Decretar la Emergencia Cambiaria y no vender un solo dólar más bajo ningún concepto y menos los de libre mercado que este gobierno garantizó.

2)    Suspender todos los pagos con el FMI, tanto de intereses como de capital  y exigir un tiempo prudencial de atraso en la cancelación de los mismos.

3)    Levantar el secreto bancario  por la Emergencia Cambiaria y que la AFIP y demás organismos de fiscalización exijan a los grandes compradores de monedas extranjeras (se puede empezar con los primeros 100 compradores que lo hicieron por 24.769 millones de dólares en la gestión de Cambiemos) que expliquen como hicieron para comprarlo. Castigar con multa y recuperar parte de esas compras, que lo van a pagar en pesos, pero que sirve para financiar gasto público y de esa manera y naturalmente se reduce el déficit fiscal y es más, se obtiene un superávit que le permite al Estado nacional comprar las divisas para ir amortizando la deuda con el FMI.

4)    Establecer un férreo control cambiario con intervención de todo el poder de policía del Estado, que se castiguen todas las operaciones paralelas habidas y por haber en el marco de la emergencia cambiaria

5)    Emplear gran parte de las Leliq y pases pasivos del BCRA para crear un fondo de crédito para la producción y el trabajo

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Fuente: Rebelión /  https://estrategia.la/



Numerosas firmas reúne la convocatoria 

a marchar este martes a Tribunales 

para exigir la renuncia de la Corte

Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022.

Marcha a Plaza Lavalle frente a los Tribunales, 1º de febrero 18 hs


Los abajo firmantes nos unimos a todas las Organizaciones y personalidades que
también se encuentran convocando a la marcha 1F, adhiriendo a las consignas que una
enorme mayoría de la sociedad argentina ya ha hecho suyas:


● Por la Renuncia de la Corte
● Por el fin del Lawfare
● Por la Democratización de la Justicia


Reafirmamos que no hay democracia plena con un Poder Judicial hegemonizado y
cooptado por fuertes intereses y que desde hace años ha dejado de ser un poder
imparcial e independiente. Día a día se develan todas las tropelías a que son sometidas
las personas e instituciones, especialmente el pueblo trabajador y sus
representaciones, que se cruzan en el camino de los poderes fácticos y su voracidad de
poder.
La corrupción se extiende a lo largo y ancho de nuestra Patria en la Administración de
Justicia y asumimos el compromiso por luchar para erradicarla.
El 1F nos movilizaremos exigiendo la renuncia o remoción de la cabeza de ese poder, la
CSJN, el fin del Lawfare y la democratizacion de la Justicia.


Liga Argentina por los Derechos Humanos – Central de Trabajadores de la Argentina –
Corriente Federal de Trabajadores – Frente Sindical – Camioneros – Justicia Legítima – DDHH
San Oscar Romero – Foro por la Democracia y la libertad de lxs Presxs Políticxs – SUTEBA –
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – ATE Capital – Frente Milagro Sala –
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Movimiento Ecuménico por los ddhh (MEDH) –
Asociación Americana de Juristas, rama Argentina – Comité por la Libertad de Milagro Sala –
Fliares de perseguidxs por el Lawfare – Organización Barrial Tupac Amaru – Federación Judicial
Argentina – SITRAJUR Río Negro – Secretaría de DDHH Municipalidad de Avellaneda –
Secretaría de DDHH de la Pcia de La Rioja – Equipo de defensa de Milagro Sala – Grupo de
Curas en Opción por los Pobres – Asociación Judicial Bonaerense – Frente de Abogadxs
Populares – Populismo K – Palermo K – FATPREN – Manifiesto Argentino – ACIFAD – FETIA –
Sindicato Obrero Curtidores – Fatica – SITRAJU CABA – PJ AVELLANEDA – PJ LA PLATA – PJ LUJAN

  • MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI – Pdo Frente Grande – Uruguayos en la Argentina por los
    ddhh – Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia – Partido Comunista – Federación Juvenil
    Comunista – MTL – Corriente Lohana Berkins – Mov Universitario de Izquierda –
    Organizaciones Sociales, Sindicales, profesionales, religiosas, políticas y de ddhh de La Rioja –
    Barrios por Memoria y Justicia de Lomas de Zamora – Hacha y Tiza – Asoc Ex Detenidos
    Desaparecidos – Instituto Espacio por la Memoria – Llamamiento Judío Argentino – Corriente
    de abogadxs laboralistas 7 de Julio – Somos Barrios de Pie – Pdo de la Soberanía Popular – Fte
    22 de Agosto – Org Liberación Nacional – Confederación General de Jubilados Pensionados
    Retirados y Adultos Mayores del País (RA) – Corriente de la Izquierda Nacional – Sindicato
    Argentino de la Manufactura del cuero (SAMC) – Sindicato de Prensa de Buenos Aires
    SIPREBA – Org Política Abriendo Caminos – Partido de la Liberación – Comisión de Homenaje
    a los Desaparecidos y Mártires del Pueblo – Partido Solidario – Moreno por la Memoria –
    Asociación de Sobrevivientes Familiares y Compañeros de Campo de Mayo – Red de
    programas de radio «Vamos a Andar» – Espacio Interreligioso Patrick Rice – Corriente Unidad
    Popular Latinoamericana – Proyecto Cultural Maiz – Com DDHH de Tigre Padre Pancho Soares
  • Colectivo por el derecho humano a la comunicación – Asociación por la Memoria y los DDHH
    de Pergamino – Sindicato Tekefónico Noa – Agrupación Mario Herrera – Frente de Abogados
    Peronistas de Merlo – Agrupación Político Social Raíces Peronistas La Paz – Partido Piquetero –
    Organización Soberana – Unidad Piquetera – Casa de la Memoria por la Verdad y la Justicia
    Ramallo – Federación de Unificación Militante – Sindicato Técnicos y Supervisores Telefónicos
    de NOA – Corriente Popular K – Asamblea Popular Feminista – Comisión Vedubio y Puente 12 –
    MP La Dignidad Confluencia Córdoba – Foro de Empresarios Nacionales – Revista Transformar
    Argentina – Historias Desobedientes Argentina – Centro de Estudios Para Transformar
    Argentina – Asociación Sobrevivientes de la Tortura – Agrupación Político Social «La René» –
    Federación de Docentes Perinistas Néstor Carlos Kirchner – Espacio Cultural Tiza y Carbón –
    Agrupación Néstor Kirchner Rafaela – UB Vuelta de Obligado Comuna 11 CABA – Agrupación
    Verde y Blanca de ATE JUJUY – Asociación Seré por la Memoria y la Vida – Agrup Gaucho
    Rivera de Lomas de Zamora – Red de Construcción Ciudadana (RCC) – Fundación Integradora
    Latinoamericana Ambiental (FILATINA) – Pdo Solidario Pcia de Bs As – Encuentro Regional por
    la Memoria y Justicia «Cholo Budossi» San Pedro, Lincoln, San Nicolás, Pergamino, Junín y
    Ramallo – Colectivo «Palabra Justa» – Familiares de Víctimas de Violencia Institucional –
    Fundación Agenda de las Mujeres – Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte –
    Abogadxs de Formosa – Pdo Kolina Nacional – Grupo Abogadxs Solidarixs – Liberación Popular
    Comunismo Revolucionario – Instituto Futaleufú de Esquel – Barrios por Memoria y Justicia
    Almagro Boedo – Agrup Tropa de Todos – Usina del Pensamiento Nacional y Popular – Ateneo
    Liberación Revista Liberación – Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) –
    PVP Frente Amplio de Uruguay – Corriente Urbana de Militantes Peronistas – URBANA TV –
    Asamblea Permanente por los Derechos Humanos CABA – Red de Organismos de DDHH de
    Entre Ríos (RODHER) – Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia – Sobrevivientes de la
    Tortura – Abogados por la Justicia Social AJUS – Abogados de Peronismo por la Ciudad –
    Espacio Memoria Quilmes – Asamblea Popular de la Puna – FORJA – Agrup de abogadas y
    abogados del Frente Grande «Dr Julio Maier» – Frente por la Niñez y Adolescencias Protegidas
    Buenos Aires, 30 de enero 2022.




A un mes de la muerte de Paula 

Martínez, piden celeridad para 

juzgar a quienes la violaron

Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022.

Paula Martínez (23) en el 2016 concurrió a una fiesta de cumpleaños en frente de su casa en la localidad de Florencio Varela y denunció que allí  la drogaron, la secuestraron y la violaron en grupo. Cinco de los agresores que eran vecinos fueron detenidos. Sin embargo desde el ataque la joven recibió continuos hostigamientos, había realizado mas de 30 denuncias de amenazas de muerte por parte de los familiares de los agresores. El 26 de diciembre de 2021, su tío la halló muerta en su casa, a meses de que comience el juicio contra los acusados del hecho. Desde la Mesa Local de Prevención en violencia de Género de Florencio Varela continúan exigiendo justicia por la joven. «Recordamos que hace un mes falleció Paula Martínez, en un contexto de lucha por sus derechos como mujer, al haber denunciado ser víctima de violencia sexual grupal de varones y luego psicológica y física, por parte de familiares de los acusados». 

En el 2016 Paula Martínez de 23 años concurrió a una fiesta en frente de su casa. La joven denunció que fue drogada, secuestrada y violada por un grupo de varones que eran sus vecinos. Por el hecho y según información de los medios locales, tres hombres de 29, 30 y 40 fueron detenidos poco después del ataque mientras que otros dos fueron capturados por la Policía recién en 2019. Sin embargo uno de los imputados Mauro Nahir Goncalves se encuentra prófugo. La causa fue tramitada en la Fiscalía N° 10 de Florencio Varela a cargo de la fiscal Mariela Eliana López, a quien las organizaciones feministas le exigen la caputura del prófugo y la ampliación de la imputación a la mujer que invitó a Paula a la fiesta.

Después del ataque sufrido la joven había intentado suicidarse y estuvo internada para recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico. Asimismo denunció en 30 oportunidades hostigamiento y amenazas de muerte por parte de  los familiares de los detenidos.“Esto es lo que sufro siempre, constantemente. Es inhumano vivir así y yo no entiendo cómo la Justicia sigue sin hacer nada. Está bien, (los acusados) están presos, pero esto también es una injusticia”, había expresado la joven en una entrevista que brindó al medio Telefé en marzo del 2020.

Despúes de cinco años de aquel episodio y a meses de inicarse el juicio, el 26 de diciembre de 2021 su tío la halló muerta en su casa y los investigadores creen que se pudo haber tratado de un suicidio, debido a los antecedentes ya que había intentado quitarse la vida en otras ocasiones.

«Recordamos que hace un mes falleció Paula Martínez, en un contexto de lucha por sus derechos como mujer, al haber denunciado ser víctima de violencia sexual grupal de varones y luego psicológica y física, por parte de familiares de los acusados. Exigimos al Estado que actúe con seriedad y celeridad» expresaron desde la Mesa Local de Prevención en violencia de Género de Florencio Varela.

Además exigen al poder Judicial que en la causa caratulada «averiguación causales de muerte» de trámite por la fiscalía 5 de Florencio Varela, del Dr. Hernán Bustos Rivas,  se investigue con celeridad y se analice la muerte desde una perspectiva de género, aplicando el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia» explicaron.

Asimismo desde la Mesa exigen a las autoridades provinciales y municipales que brinden la contención atención y acompañamiento de profesionales de la salud mental a Sandra Zapata (mamá de Paula) quien necesita ayuda económica y una pronta solución habitacional (se quedó sin casa y continúa con las fajas de policía científica a la espera de pericias), y para sus hijes menores de edad.

Finalmente las activistas solicitan a los medios de comunicación respeto en el tratamiento de la causa para evitar toda situación de violencia mediática: «sean cuidadosos en las publicaciones, para no seguir generando violencia en la memoria de Paula Martinez y de sus familiares, ya que hemos detectado notas gráficas y móviles en vivo por señales de cable, cuyos contenidos entendemos fueron cargados de violencia mediática y simbólica contra las mujeres (exponer el cuerpo sin vida de Paula, acusar a la madre, cuestionar la denuncia y las declaraciones de Paula por las que se inició la causa de violencia sexual grupal, etc.)».

Fuente: ANRed




Este martes comienza el período 

de sesiones extraordinarias 

convocadas por el Gobierno

Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022.

Entre el 1° y el 28 de febrero se realizarán las extraordinarias, en las que el Gobierno de Alberto Fernández planteará, entre otros proyectos, la reforma del Consejo de la Magistratura, beneficios para las patronales como la Ley de Desarrollo Agroindustrial, y la explotación petrolera. Las iniciativas del Frente de Todos parecen estar orientadas siempre para el mismo lado, lejos del pueblo trabajador.

El martes por la tarde, a pocos días del anuncio oficial del principio de acuerdo con el FMI, comenzarán a desarrollarse las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. Entre los proyectos que se tratarían se encuentra la Reforma del Consejo de la Magistratura, leyes que beneficiarán a las patronales del agro, la industria y la explotación petrolera. A su vez, el negocio del cannabis seguirá en pocas manos, ya que no está planteado derogar las leyes que persiguen y criminalizan a quienes cultivan sin fines de lucro.

Formalmente sólo pueden tratarse en sesiones extraordinarias las propuestas del Poder Ejecutivo, y en consecuencia el oficialismo presentará las iniciativas que considera con posibilidades de ser aprobadas, teniendo en cuenta que no cuenta con mayoría propia para las votaciones en Diputados y en Senadores. Tras las últimas elecciones legislativas, el Frente de Todos tiene 117 votos en Diputados (Sergio Massa, presidente de la Cámara, sólo vota si hay empate) y 35 en el Senado (CFK sólo podría votar si hay también empate).

Según trascendió en los últimos días, se trataría la reforma del del Consejo de la Magistratura (el organismo encargado de designar, remover y juzgar a los jueces), luego de que la Corte Suprema declarara en diciembre “inconstitucional” la ley vigente desde 2006 según la cuál se redujeron de veinte a trece los miembros del organismo. La idea del Gobierno es fijar en 17 el número de miembros del Consejo, aumentando lo que fijaba la ley de 2006 (votada durante el gobierno de Néstor Kirchner e impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández).

De esta manera se incorporaría un miembro más en representación de los jueces (pasando de tres a cuatro), dos más en representación de la corporación de abogados de matrícula federal (de dos a cuatro) y uno más en representación de “académicos y científicos”. De votarse afirmativamente, el Consejo pasará a estar compuesto por cuatro jueces, seis legisladores, cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico-científico.

Para sancionar el proyecto el Gobierno deberá alcanzar un acuerdo con sectores de la oposición, ya que la iniciativa se debe votar con una mayoría especial de 129 votos en Diputados y 37 en Senadores.

El Gobierno intentará además que se sancionen un conjunto de iniciativas económicas, algunas de las cuales ya están presentadas en el Congreso. Lo que el Gobierno busca es brindar beneficios y subsidios a empresarios buscando que, según el discurso oficial, éstos puedan “crear nuevos puestos de trabajo”. Entre esos proyectos estaría el de la creación de un “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial”.

A partir de una serie de “beneficios fiscales” e “incentivos productivos”, se promoverá la adquisición de nuevas tecnologías y maquinarias por parte de las patronales agrarias. El Frente de Todos promete garantizarles a las empresas “una amortización acelerada” y la devolución de IVA para nuevas inversiones, además de cambios en el esquema para la valuación del pago del impuesto a las Ganancias. Y a partir de un crédito fiscal del 50 % del valor, asistir a los empresarios en la compra de insumos “para impulsar la producción sustentable”. Siempre según el discurso oficial, las “nuevas inversiones” promovidas con se régimen se generarían, entre 2022 y 2030, unos “700.000 nuevos puestos de trabajo en el sector”.

Sobre este proyecto, el periodista Horacio Rovelli escribió en el sitio El cohete a la luna: “regirá hasta el 31 de diciembre de 2025 y le confiere a los grandes productores, acopiadores y comercializadores de granos, carnes y todos sus derivados (harina, pellets, aceite, biocombustible), estabilidad fiscal, por ende no pueden modificarse hacia arriba, los derechos de exportación (retenciones) ni otros gravámenes. Le permite a las empresas del sector amortizar contablemente hasta en tres años la compra de materiales y equipos (cuando el plazo real de pago es en diez años) y un sinfín de beneficios impositivos por la compra de agrotóxicos (glifosato, glufosinato, ariloxifenoxi, etc.), fertilizantes sintéticos, y semillas que dependen de grandes empresas proveedoras (Bayer/Monsanto, Syngenta, Dow, Pionner, Indear, Basf, Ciba-Geigy, etc.) cercando más el negocio a unos pocos y, paradójicamente, se presenta discursivamente como ‘producción sostenible’”.

Vale decir que el proyecto oficial fue elaborado en conjunto por el Gobierno, a través de los ministerios de Desarrollo Productivo (conducido por Matías Kulfas) y de Agricultura, Ganadería y Pesca (con Julián Domínguez a la cabeza), y el Consejo Agroindustrial Argentino, una agrupamiento de más de 60 organizaciones patronales del sector. Es un proyecto que “se propone extender aún más la frontera agropecuaria, a costa de la pérdida de millones de hectáreas de bosques y montes nativos y el despojo a la agricultura familiar, a campesinos e indígenas”, afirma Rovelli en su artículo.

Otro de los proyectos que el oficialismo quiere que se vote en extraordinarias es el de “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas”. Su nombre habla por sí sólo, aunque el discurso del Gobierno es perseguir el “autoabastecimiento” energético y a su vez, pasar a ser un país “exportador neto de combustible”. En concreto, el Frente de Todos propone garantizarles por veinte años la llamada “estabilidad fiscal” al puñado de empresas productoras de petróleo y gas, a través de privilegios tributarios, arancelarios y hasta cambiarios (podrán comprar dólares con cotización oficial y luego girarlos a sus casas matrices o importar insumos). Negocio redondo.

El Gobierno pretende profundizar su asociación “estratégica” con las grandes corporaciones exploradoras, productoras y distribuidoras de hidrocarburos. Aún a costa de enfrentarse, con fundamentos burdos, a especialistas y organizaciones dedicadas al estudio del impacto ambiental de la producción hidrocarburífera. Las grandes movilizaciones que denunciaron y repudiaron el plan oficial de explotación offshore en el Mar Argentino con el #Atlanticazo en las costas bonaerenses, promete continuar llenando las calles hasta vencer los planes oficiales, pese al insistente ninguneo del Frente de Todos a esa demanda elemental en favor de la salud y la vida de la población, la fauna y la flora, llamando «ambientalismo bobo», al justo reclamo.

Ante el «acuerdo» firmado el viernes con el FMI, la atención del organismo estará puesta en cómo el Gobierno se hace de los dólares que necesita para pagar los próximos vencimientos de la fraudulenta e ilegal deuda.

Las prioridades del Frente de Todos van en sintonía con las exigencias del Fondo, de los grandes empresarios y especuladores, pero nada tienen que ver con las condiciones de vida del pueblo trabajador, que se deterioran mientras las conducciones sindicales y demás “representantes” de los trabajadores no dejan de mostrar su complaciencia a los planes oficiales.

Fuente: Izquierda Diario



Ramallo: Un nuevo reclamo popular 

contra la hidrovía

Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022.

El sábado 29 de enero una delegación del FSN (Frente por la Soberanía Nacional) estuvo en un acto frente a la costa de Ramallo, reclamando contra la instalación de la hidrovía frente a las playas de la ciudad.
Fue una actividad muy importante porque puso en los medios nacionales el problema del abuso de las vías navegables y sus consecuencias socioambientales para las poblaciones ribereñas. Nuestra presencia como FSN, como parte de una delegación integrada con Oscar Verón (ATE Vías Navegables) y Guillermo Ferreyra (SUTEBA Tigre), nos permitió no sólo llevar nuestra solidaridad y apoyo a la lucha del pueblo de Ramallo (que nos escuchó con mucho respeto y atención) sino también expresar nuestra posición de vincular la lucha ambiental con la lucha por recuperar la soberanía y el control sobre el río Paraná, los puertos y vías fluviales, y el comercio exterior. Los problemas ambientales son la consecuencia de un modelo extractivista que se profundiza principalmente a favor de las multinacionales agroexportadoras, y del conjunto del capital monopólico y extractivista. El Decreto 949/2020 y la privatización del Paraná forman la cadena que nos ata a la mayor dependencia y a la pérdida creciente de soberanía en sus distintos niveles (portuaria y fluvial, ambiental, alimentaria, etcétera).
Fuimos recibidos en forma fraterna por les asambleístas de Ramallo, y por el compañero Luciano Orellano.
Mientras el Gobierno nacional avanza en un nuevo acuerdo con el FMI que profundiza la dependencia económica y política con el imperialismo, desde los pueblos y las organizaciones populares debemos profundizar cada vez más las luchas contra este sistema de explotación. En ese camino seguiremos luchando cada día.

Video con la intervención del Leo Santa María (MULCS).






14 caminata por el agua, la tierra y 

la vida en Cosquín, Córdoba

Por Yuyina Acuarela, Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022.

En la semana de uno de los festivales de folclore más grandes y turísticos a nivel nacional, la ciudad de Cosquín se vio contrastada por la marcha en defensa del territorio originario: En defensa del monte nativo, el agua, la fauna, nuestra vida y la generaciones futuras con una consigna fuerte y clara “El agua que nos falta es el monte que destruyen. El extractivismo mata. Gobierno y empresariado ecocidas

Fotografía: Alejandro Alzate

Video y edición: Leo Mora

Nos convocamos vecinxs, familias, asambleas ambientales y organizaciones sociales. La caminata se caracteriza por tener una impronta de múltiples expresiones artísticas, donde en cada bloque de la marcha está sucediendo algo: Murga, candombe, malabares, fuego, teatro…

Deseamos compartirles una de las problemáticas emergentes en el actual departamento Punilla: Autovía.

¿Qué está sucediendo en Córdoba?

Luego de una temporada de fuego, que encubre el agronegocio y empresas inmobiliarias, que arrasó con el monte nativo quemando alrededor de 66mil hectáreas en 2021 y unas 300mil hectáreas durante el confinamiento y el año pandémico 2020, el gobierno cordobés de Juan Schiaretti recién está comenzando con sus obras disfrazadas de progreso, buscando destruirlo todo.

La habilitación, aprobación y ya comienzo de una la obra ilegal de una primera parte de autovía, paralela a la ruta 38, es uno de los tantos reclamos que nos convocaban a marchar.

Se están violando los artículos 41 y 75 de la Constitución Nacional, las leyes ambientales de presupuestos mínimos nro. 25675- Ley General de Ambiente y nro. 26331- Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo y tratados internacionales que comprometen al Estado Argentino como el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT. Abusa de la misma Ley provincial de Ambiente 10.208 y hasta del Código Civil.

La obra de Autovía atravesaría en primera instancia un trayecto desde la Cumbre hasta el puente Las Mojarras en Villa Parque Siquiman, consta de unos 20 puentes la maqueta del proyecto, donde uno de ellos cruza el lago San Roque en una de sus partes más anchas y otro puente que cruza en Rio Yuspe a metros de la juntura de los ríos… ¿Se imaginan el impacto que tendrá en el agua? ¿Qué agua vamos a tomar? ¿Cuánto cloro habrá que ponerle para que sea potable?

Economía: La obra costará 200 millones de dólares solo para construir 40km de ruta, la provincia está endeudada y seremos nosotres quienes pagaremos la misma destrucción. El gobierno fija sus prioridades, mientras el pueblo tiene necesidades más urgentes: Conseguir un banco en las pocas escuelas de la zona para les hijes y rogar conseguir un turno en el único hospital (Dean Funes- Santa Maria) que hay para todo el sector de Punilla.

Bosque Nativo y Calentamiento Global: Se atraviesa kilómetros de zona de bosque nativo milenario, arrasando con especies de animales y flora de gran importancia ya que son quienes mantienen el equilibrio del ecosistema. La obra atraviesa diferentes Reservas Naturales de gran valor turístico y ambiental. La traza de la ruta pasa por zonas recientemente incendiadas.

Agua: Se cortará transversalmente muchos arroyos y ríos provenientes de las Sierras Grandes y Pampa de Olaen, que son fuente esencial de agua para les habitantes de Punilla, Calera y de Córdoba Capital. Además, pasa por la Reserva Hídrica Pampa de Achala, protegida por la Ley.

Expropiaciones: Se estiman 330 expropiaciones a familias sin otra alternativa.

Paisaje: Pone el riesgo el turismo como mayor fuente de ingreso de la región ya que altera totalmente el paisaje serrano y la tranquilidad del lugar. No se realizó un estudio de impacto ambiental previo verídico a la autorización de la obra.

Arqueología: Se destruiría de forma irreparable sitios arqueológicos que datan de 4000-12000 años de antigüedad, de nuestrxs ancestrxs Comenchingones y Ayampitín: Morteros, cuevas, enterramientos, sitios ceremoniales, pictografías, etc.

IIRSA: Es importante ser conscientes que no es una obra aislada, sino que es parte de un corredor bioceánico instalado en toda Sudamérica, será la vía para llevarse los bienes naturales propios de la región, eso de que será una ruta para llegar más rápido de un lugar a otro es puro chamuyo.

(Te recomendamos buscar “IIRSA: Infraestructura de la devastación”)

Pueblos Originarios: Se viola el derecho de posesión y propiedad comunitaria de las tierras nativas tradicionalmente ocupadas (Art 75 inciso 17 de la constitución nacional). No se cumplió con la consulta previa a los pueblos originarios que exige el convenio 169 0IT ley 24071, previa vigencia de la ley 26160.

Participación Ciudadana: No se consultó a nadie salvo los dueños del poder, los intendentes. Se ocultó información pública y no se tuvo en cuenta la voluntad de la ciudadanía expresada en la Audiencia Publica exigida desde el pueblo. Un 90% rechazo el proyecto con fundamentos y opiniones contundentes.

Finalmente, exigimos la mayor difusión de lo que está sucediendo, contamos con vos en la lucha y ¡Exigimos al Tribunal Superior de Justicia que una medida cautelar precautoria ya! ¡No queremos autovía!

¡Fuera el extractivismo de todo el territorio de Abya Yala!



Claudio Katz: El nefasto regreso 

del FMI

Por Claudio Katz[1], Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022.

Finalmente el gobierno firmó un acuerdo con el FMI que convalida la fraudulenta deuda tomada por Macri. Fernández endulzó el anunció con la promesa de evitar el ajuste y sugirió que es la mejor opción posible. Pero desechó las alternativas a esa rendición y olvidó que el país nunca salió airoso de esos compromisos.

LEGITIMACIÓN DE UNA ESTAFA

El acuerdo legaliza las irregularidades de un crédito que violó todas las normas del FMI y financió la fuga de capitales, sin aportar un sólo dólar a los emprendimientos productivos. Todas las denuncias del oficialismo de ese fraude quedan ahora archivadas y las querellas contra los funcionarios de Cambiemos pierden sentido. No es cierto que “Fernández resuelve el problema generado por Macri”. El presidente ratifica las tropelías de su antecesor y avala el endeudamiento forzoso de las próximas generaciones.

            El mandatario ofreció ciertas precisiones de lo acordado para los próximos dos años y medio, pero no dijo nada del escenario posterior. A partir del 2025 reaparecerá toda la carga de los 45.500 millones de dólares adeudados al Fondo. En ese momento resurgirá la imposibilidad de pago y la consiguiente obligación de concertar otro acuerdo más gravoso.

            Por esta razón, Guzmán soslayó esta vez su término predilecto de “convenio sustentable”. Concertó un deshago inmediato que pospone el problema, repitiendo la dilación ya negociada con los bonistas privados. Acordó una relativa tregua para el próximo bienio, que mantiene activada la bomba de un endeudamiento explosivo.

            Si la postergación funciona, al concluir el período de gracia habrá que afrontar la misma montaña de vencimientos impagables. Los 20.000 millones de dólares anuales que demanda el Fondo no aparecerán tampoco en el futuro. En ese momento el FMI volverá a la carga con sus conocidas exigencias de reforma laboral y previsional. Guzmán se jacta de haber logrado la eliminación de esos atropellos en el convenio actual, pero oculta que resurgirán en la próxima refinanciación.

            Algunos funcionarios argumentan que el país podrá negociar con mayor fuerza dentro de dos años. Pero no explican cómo emergerá esa redoblada capacidad de Argentina para plantarse ante el Fondo. Los inspectores de ese organismo ya estarán cómodamente instalados en el Ministerio de Economía y el Banco Central y se habrá perdido la gran carta de la ilegitimidad del pasivo.

Ningún funcionario podrá objetar en el futuro la estafa que convalida en la actualidad. No podrán alegar la responsabilidad de Macri, Trump y Lagarde en un crédito ratificado por Fernández, Biden y Giorgieva. 

            Todas las denuncias de un pasivo odioso irán al cajón de los recuerdos. Lo mismo ocurrirá con las demandas de intervención a la ONU y la Corte Internacional de Justicia, para que declaren la nulidad de una operación financiera irregular.

 Fernández repite la misma aceptación del fraude que asumieron todos los gobiernos de las últimas cuatro décadas. Esa sucesión de ratificaciones ha transformado al endeudamiento en un aluvión inmanejable. Por enésima vez una gestión progresista blanquea los atropellos de su antecesor derechista, con la misma repetición de la división del trabajo. El escandaloso pasivo asumido por los equipos económicos ortodoxos es bendecido por sus pares de la heterodoxia.

            Mientras el país se hace cargo de la estafa, los funcionarios del FMI respiran aliviados. Transformaron a la Argentina en el principal deudor del organismo y no tendrán que explicar por qué razón, ninguna otra nación afronta una situación semejante. Los otros dos pagadores pendientes (Egipto e Irak) adeudan montos incomparablemente más bajos.

            El mismo auxilio oficial se extiende a los grandes capitalistas locales, que transformaron el dinero otorgado por el FMI en cuentas propias depositadas en el exterior. La investigación ya realizada por el Banco Central tiene identificados a los beneficiarios de esa fuga, que naturalmente aprueban la convalidación de su maniobra. Las principales entidades del establishment ya anticiparon ese entusiasta apoyo al convenio.

Guzmán tuvo en su escritorio el listado completo de esos enriquecidos y congeló la investigación. No permitió siquiera el cruce de datos con los registros de la AFIP, para evaluar si los dólares expatriados fueron declarados al fisco.

Los funcionarios sólo emitieron vagos pedidos de colaboración al FMI, para que contribuyera a la recuperación de los dólares escondidos en los paraísos fiscales. Obviamente el principal cómplice de la estafa no aportó ninguna información y el cajoneo de la investigación anticipó el acuerdo propiciado por Washington.

¿UN RECORTE SIN AJUSTE?

            El gobierno sustituirá el crédito suscripto por Macri por otro que refinancia el incumplimiento de ese préstamo. El FMI se asegura el cobro de lo adeudado con la prolongación de los plazos y la custodia de la política económica. Esa auditoría se concretará a través de diez revisiones trimestrales, que le garantizan al Fondo una estratégica cogestión durante los próximos mandatos presidenciales.

Guzmán presenta esa reinstalación del FMI como un dato “razonable” que contribuirá a reducir la “incertidumbre”Pero omite que esa injerencia reactivará el desprecio que exhibieron por el país todos los emisarios del Fondo, en los 22 acuerdos suscriptos en las últimas seis décadas. Mientras Giorgieva pone cara de ocasión y comparte con el Papa Francisco los mensajes indulgentes, los directivos reales del organismo (David Lipton, Ilan Goldfajn) son viejos cómplices de Macri, que exigen una gran cirugía de Argentina.

Por esa razón han demolido todas las peticiones de benevolencia. Rechazaron la posibilidad de una condonación o quita del capital adeudado y también la conversión de los pasivos en obligaciones climáticas o la extensión a 20 años de los vencimientos. Incluso mantuvieron el cobro de una insólita sobretasa por el exorbitante volumen del crédito que ellos mismos colocaron. Han vetado, además, el eventual otorgamiento de fondos adicionales por parte de otros socios de la institución.

            Guzmán disimula esa dureza, alabando los cuatro compromisos acordados con el FMI para los próximos dos años y medio. Realza, en primer lugar, la reducción del déficit fiscal que el gobierno proponía situar en 3,3% del PBI para el año en curso y que finalmente se ubicará en 2,5%. Para el 2023 deberá ser de 1,9% y en 2024 de 0,9%.

Estas disminuciones han sido el gran estandarte de la ortodoxia derechista, que sitúa la principal desgracia de la economía argentina en el gasto público. Guzmán siempre proclamó lo contrario, pero ahora descubre los méritos de esos recortes. Afirma que esas podas tendrán efectos virtuosos, puesto que en lugar de asentarse en ajustes del gasto, emergerán del mayor ingreso obtenido por el fisco con el crecimiento y la tributación.

            Pero en la gestión de los últimos meses no prevaleció ese criterio y por esa razón el rebrote de la pandemia fue privado del correspondiente subsidio (IFE). Además, el pacto fiscal negociado con los gobernadores y el frustrado proyecto de presupuesto del 2022 fueron diseñados con recortes, para sintonizar con el Memorándum de Entendimiento que exige el FMI.

            Guzmán presenta igualmente lo ocurrido en el último trimestre del 2021, como un ejemplo de reducción del gasto por efecto del crecimiento y la tributación. En ese período los ingresos del Estado aumentaron significativamente, al compás de un rebote de la economía que compensó la caída previa (10%).

El ministro generaliza a futuro ese dato y afirma que no habrá ningún ajuste en partidas relevantes (como obra pública o ciencia y tecnología). Pero no aclara qué tasa de crecimiento y recaudación se necesitaría, para lograr la drástica reducción del déficit que ha comprometido para el próximo bienio.

Se concertó con el FMI los porcentuales de esa disminución, pero no los guarismos que permitirían el achicamiento. No se estableció cuánto aumentará el salario, qué nivel de recuperación tendrán las jubilaciones o cuánto bajará la pobreza y subirá el PBI. Mientras que esas cifras son magnitudes a revisar, el recorte del déficit ha quedado rigurosamente preestablecido. Los auditores del Fondo estarán presentes para monitorear ese cumplimiento.

            El segundo compromiso oficial es la reducción del financiamiento fiscal con la emisión monetaria. Ese recorte comenzó en el 2020 (7,3%), se afianzó el año pasado (3,7%) y se intensificará en forma fulminante en el 2022 (1,00%), 2023 (0, 6%) y 2024 (0%). Con ese cronograma se llegaría a la gran meta de la ortodoxia que es la emisión cero. Los monetaristas siempre han fantaseado con encarrilar la economía, mediante la simple aspiración del dinero circulante.

 Ahora Guzmán adopta ese programa y promete reintroducir tasas de interés reales positivas para pavimentar la disciplina monetaria. Afirma que por ese camino se consolidará un mercado de financiamiento del gasto público en pesos, que compensará la continuada marginación de Argentina del mercado crediticio internacional.

Pero el ministro omite los conocidos problemas de las gigantescas emisiones locales de bonos. Con esas colocaciones los bancos son inducidos a especular con el crédito público, en desmedro de la financiación de la industria, el agro o los servicios. No se entiende cómo se logrará sostener un alto crecimiento con tasas de interés positivas que desalientan la inversión productiva.

                        TARIFAS Y DÓLAR EN LA LETRA CHICA

El tercer compromiso concertado con el Fondo es la reducción de la inflación para facilitar el superávit fiscal y la adquisición oficial de los dólares destinados al FMI. Guzmán subraya que el organismo ahora acepta el carácter multicausal y no sólo monetario del aumento de precios. Pero omite que esa concesión retórica no tiene consecuencias prácticas. Los inspectores del Washington sólo revisarán si la inflación baja con el corte de la emisión y las altas tasas de interés.

El ministro también afirma que combatirá la carestía con el instrumento heterodoxo de los acuerdos de precios. Pero olvida que esos fallidos convenios han persistido en toda la variedad de ministros neoliberales (que por ejemplo tuvo Macri).

Con la auditoria del FMI aumentará la erosión de esos controles. El Fondo aspira a cobrar sus acreencias con los dólares aportados por la exportación y para incentivar esas ventas fomenta el traslado de los precios internacionales de los alimentos al mercado local. Como también promueve un gran incremento de tarifas, el acuerdo recalentará la carestía que ya tiene un piso del 50% anual.

El tarifazo figura en la letra chica del convenio e incluirá un desdoblamiento de precios, para encarecer el servicio a los sectores de ingresos altos y medios. Las ganancias de las empresas de electricidad, telefonía o gas continuarán siendo un insoldable misterio para el grueso de la población.

            El cuarto compromiso con el FMI es la recomposición de la paridad cambiaria. El gobierno promete evitar una mega-devaluación, pero acepta acelerar el ritmo de desvalorización del peso para intensificar a acumulación de reservas, que el Fondo observa como una garantía de cobro. Ya se fijó la meta de reunir 5000 millones de dólares en las arcas del Banco Central durante el 2022. Pero nadie explica cómo lograrán ese objetivo.

            El año pasado se alcanzó un superávit comercial del 14.000 millones de dólares y no hay un sólo dólar en las reservas disponibles del BCRA. Aunque se pospongan los pagos durante dos años y medio, no hay forma de engrosar el reaseguro de las divisas si persiste la fuga de capitales.

El pico de esa evaporación se produjo con Macri y ha persistido en el último bienio. El mecanismo financiero de esa erosión ha sido sustituido por modalidades equivalentes, en el manejo del comercio exterior por parte de un puñado de grandes empresas. Ese drenaje podría ser cortado mediante drásticas regulaciones que vetará el FMI.

Los auditores del organismo sólo exigirán mayores exportaciones y consiguiente primarización de la economía. Ese rumbo incluye los emprendimientos destructivos del medio ambiente, que el gobierno intensificó en los últimos meses (exploración de petrolero en el mar, megaminería en Chubut).

            En síntesis: nadie sabe por ahora cuál será el ajuste requerido para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno en el plano fiscal, monetario, inflacionario y cambiario. Pero ya está a la vista el escenario de mayor vulnerabilidad y dependencia que generan esas obligaciones.

EXPERIENCIAS DEMOLEDORAS

Algunos funcionarios propagan el espejismo de “un gran éxito para el país”, con las mismas fantasías que acompañaron a todos los convenios precedentes. Auguran un gran crecimiento con redistribución bajo la égida del FMI, olvidando lo ocurrido durante los tres últimos desembarcos del Fondo.

Bajo la gestión Alfonsín se concretaron cinco acuerdos con el organismo. Los inspectores revisaban las cuentas y emitían periódicos veredictos de incumplimiento de las metas pactadas. Para afrontar los temblores cambiarios e inflacionarios que generaban esas evaluaciones los ministros ajustaban sus planes, mientras el Fondo administraba a cuenta gotas la refinanciación de los vencimientos.

Finalmente Alfonsín tiró la toalla en medio de la hiperinflación y el FMI propició la llegada de un mandatario afín. Avaló directamente la conspiración auspiciada por Cavallo y el boicot a un crédito final que pavimentó la presidencia de Menen

En sus recientes discursos Cristina recordó esos episodios sin extraer conclusiones de lo ocurrido. Su cogobernante Alberto ha quedado entrampado en el mismo laberinto que asfixió a Alfonsín. Fernández recibirá cada tres meses la visita de los chantajistas y deberá aprobar el examen.

Si se repite la historia y los inspectores quedan insatisfechos, el FMI buscará un reemplazante. El organismo se especializa en apretar el cuello de los gobiernos progresistas. Los empuja a realizar el trabajo sucio que desmoraliza a la población y facilita el regreso de los neoliberales a la Casa Rosada.

Pero el Fondo no ha sido más contemplativo con los presidentes derechistas que fracasaron en la aplicación de sus recetas. El FMI patrocinó la convertibilidad en el cenit del neoliberalismo y tuteló la apertura comercial, la flexibilización laboral y las privatizaciones que precipitaron la degradación económica de los años 90.

Durante el mandato de De La Rúa promovió la reforma jubilatoria y laboral junto al programa de déficit cero. Cuando la economía colapsó, incentivó un endeudamiento mayor y frente a la imposibilidad de saldar ese pasivo, impuso los dos socorros que precipitaron el derrumbe del 2001 (blindaje y magacanje). Los técnicos del Fondo lograron el récord de triplicar la deuda en tan sólo dos años.

Quiénes ahora celebran el Memorándum que prepara Guzmán deberían recordar cómo terminaron los dos famosos auxilios del FMI, que desencadenaron el fin de la convertibilidad, el default, la corrida cambiaria, el corralito y pesificación asimétrica.

            La experiencia del Macri está más fresca y nadie ha olvidado cómo el Fondo apuntaló un enloquecido endeudamiento, para sostener la mayor bicicleta financiera de la historia contemporánea. Argentina fue la principal tomadora de préstamos del mundo para mero beneficio de los financistas, que lucraban con las altísimas tasas de interés ofrecidas por el Estado.

            Los ministros de Macri naufragaron en la implementación de algunas recetas que ahora reflota Guzmán (reducción del déficit, emisión cero), pero con el socorro-préstamo que envió Trump lograron traspasar el problema al gobierno actual. Como los directivos del Fondo son expertos en culpar a otros por los desastres propios, han emitido una crítica a Macri por las medidas que ellos promovieron. Con ese despliegue de hipocresía eluden sus propias responsabilidades.

            También los macristas ocultan el desmadre que consumaron y prometen resolver el agobio de la deuda, con la misma velocidad que Macri auguraba el fin de la inflación. Esa gestión refutó la ridícula creencia que los gobiernos derechistas gestionan con más seriedad o cuentan con expertos para lidiar con las complejidades de las finanzas.

            En las últimas décadas el FMI ha sido el principal culpable de las desgracias financieras de Argentina. Es totalmente falsa la difundida creencia que los problemas “son nuestros”. El Fondo ha estado directamente involucrado en todas nuestras pesadillas sin asumir nunca las consecuencias de sus fallidos.

 Tampoco se hizo cargo de los giros que propiciaron sus directivos. Apuntalaron la convertibilidad y la devaluación, el shock de los ortodoxos y el rescate de los heterodoxos, el endeudamiento de los neoliberales y los pagos de los progresistas. Argentina se habituó a gestionar su economía bajo un timón fondomonetarista, que ha hundido una y otra vez al país. No existe ninguna razón para esperar un desenlace diferente del nuevo convenio. 

OTRO CAMINO ES FACTIBLE

Muchos oficialistas entienden que el acuerdo es un compromiso indeseado, pero insoslayable en el escenario actual. Con esa postura de resignación han incorporado los argumentos de la derecha, que equiparan la resistencia al Fondo con el abandono del planeta.

Afirman que el FMI es un “banco del mundo” que asocia a todos los países del orbe. Pero olvidan que el escandaloso crédito a Macri no fue aprobado por esa comunidad. Irrumpió repentinamente mediante una simple llamada telefónica de Trump. Estados Unidos no sólo es el principal accionista con poder de veto en el organismo, sino que maneja todas las decisiones estratégicas de la institución. La pulseada es con Washington y no con “todo el mundo”. Para recuperar la soberanía económica hay que asumir esa tensión.

El temor a la disputa con el Norte encegueció al gobierno a la hora de evaluar otras alternativas. No sólo descartaron una ordenada cesación de pagos, muy distante del periódico default que impone el agotamiento de las reservas. También desecharon los cursos más cautelosos que sugirieron algunos integrantes de la coalición oficial.

Se podía demorar los pagos para alargar la negociación o cancelar los intereses sin abonar el capital o buscar algún status quo de congelamiento de las tratativas. Pero bajo la presión de los financistas en el mercado cambiario, el gobierno aceptó un pacto de rendición.

            Con esa decisión perdió la oportunidad de aprovechar la reactivación de la economía para iniciar otro camino. Si esa expansión incuba un ciclo alcista (que desborda el simple rebote) se ha renunciado a introducir la redistribución del ingreso, en un contexto de repunte del PBI.

Con una reforma fiscal progresiva, el control estatal del comercio exterior y el manejo directo del sistema financiero se podría empalmar esa reactivación, con una contundente mejora del salario y el empleo. El retorno del FMI impedirá discutir ese proyecto, porque el gobierno ha cedido un poder de veto a los enemigos de las conquistas sociales.

El oficialismo desperdició también el contexto de división y pérdida de iniciativa que afecta coyunturalmente a la derecha. Esa oposición no ha logrado consensuar una respuesta frente al dilema que plantea el FMI. Un sector propone acompañar al gobierno en los recortes de los próximos dos años y otro motoriza la confrontación, para asegurar la base electoral de un próximo presidente de Cambiemos. Ninguno de los dos grupos define cómo gestionaría la futura renegociación del convenio.

El Frente de Todos podría aprovechar el desprestigio de Macri para forjar un amplio frente de rechazo al FMI. No lo hace porque tiene más afinidades con sus adversarios de la grieta, que con las corrientes populares enfrentadas con el Fondo.   

            La resignación que impera en el gobierno le impide registrar, además, el gran cambio político de América Latina. Este giro podría aportar un sostén continental a la confrontación con el FMI. El año pasado cerró con tres victorias electorales del progresismo (Perú, Chile y Honduras) y en el 2002 hay grandes chances de un triunfo en Brasil y posibilidades de una grata sorpresa en Colombia. El acoso imperial sobre Venezuela continúa fracasado y la arremetida de la derecha en Bolivia naufragó.

            El propio Alberto Fernández ha sido ungido como presidente de un organismo regional que excluye a Estados Unidos y rivaliza con la OEA (CELAC). Ya circulan, además, contundentes pronunciamientos del presidente mexicano contra la asfixia financiera que el FMI impone a la Argentina. El país no afronta, por lo tanto, el adverso aislamiento que por ejemplo padecía Grecia en Europa, cuando el FMI introdujo el terrible ajuste que todavía padece el pueblo heleno.

Por otra parte, Argentina no es la única víctima regional de las compulsivas cobranzas del Fondo. Ecuador soporta todos los efectos de una refinanciación que recorta salarios y encarece los combustibles. Costa Rica padece, a su vez, las consecuencias de un acuerdo que erosiona el sistema de Seguridad Social. Fernández podría retomar las campañas regionales contra la deuda de las últimas décadas, pero no puede solicitar acompañamiento para una demanda que él mismo archiva. 

También el contexto internacional difiere de los momentos de mayor iniciativa imperialista y unipolaridad estadounidense. El propio viaje de Fernández a Rusia (en pleno conflicto de Ucrania) y a China (para un evento boicoteado por Washington) ilustra la existencia de un marco propicio para rechazar la sumisión al Fondo.

Basta contrastar el tipo de crédito con finalidades productivas que se gestiona en Beijing (infraestructura, central nuclear, represas, modernización ferroviarias) con la estafa financiera que monitoreó el FMI, para corroborar el carácter nocivo del nuevo convenio suscripto con el Fondo.

Habrá que ver además las consecuencias geopolíticas de ese tratado. Seguramente acrecentarán la presión de Estados Unidos para que Argentina abandone sus ambigüedades de política exterior y se amolde al guión del Departamento de Estado. Biden tendrá ahora embajadores adicionales en el Ministerio de Economía y el Banco Central. Los utilizará para exigir contraprestaciones políticas a la indulgencia de esos auditores. Un anticipo de ese rumbo ya afloró en el acompañamiento argentino a las recientes sanciones votadas en Ginebra contra Venezuela.

                       RECHAZO Y MOVILIZACIÓN

            El Parlamento y las calles serán los próximos ámbitos de la disputa que concentra el acuerdo con el FMI. La izquierda ya anticipó su frontal oposición y auspicia una amplia convocatoria para sostener ese cuestionamiento con la movilización popular. Hay muchos indicios de mayor predisposición para esa lucha, pero todavía no irrumpe un movimiento masivo de rechazo al FMI.

La gran tradición nacional de resistencia al Fondo continúa viva, pero el gobierno y la derecha han sembrado el temor a retomar esa batalla. Las estafas de los banqueros son conocidas y la complicidad del FMI es archisabida, pero muchos sectores han internalizado la creencia que es mejor agachar la cabeza y aceptar el mal menor. La polémica con esa actitud es la gran tarea del momento.

            Hay evidencias de un clima más propicio para desenvolver esa lucha. Basta comparar las críticas que ya afloran contra el acuerdo, con la ausencia de cuestionamientos al canje de papeles con los bonistas privados, para notar el cambio de percepciones.

            El resurgimiento de consignas y movilizaciones contra el FMI han contribuido a ese replanteo. Las campañas que desarrollan los partidos de izquierda y la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda ya se plasmaron en actos de impactante concurrencia.

El mitin realizado a mitad de diciembre en la Plaza de Mayo fue ignorado por la prensa, pero contó con una elevadísima participación. Compitió en número con el acto realizado por el gobierno el día anterior en el mismo lugar. También las conmemoraciones del 20 aniversario de la rebelión del 2001 estuvieron centradas en la denuncia del rol jugado por el FMI en esa crisis.

Por otra parte, la capitulación del oficialismo ha disparado fuertes críticas de los sectores radicalizados del kirchernismo. Esas corrientes deberán definir ahora su voto en el Congreso. Allí no habrá espacio para la ambigüedad y la convergencia con la izquierda en un rechazo común constituiría un gran avance para la causa popular.

El gobierno le tendió una mano a la derecha para que vote el Memorándum y la Carta de Intención. El FMI propicia ese sostén compartido, pero si prima la rivalidad y reaparece la grieta se verá un fuego de artificio entre dos bancadas que avalan el retorno de los inspectores del Fondo.

            El pre-acuerdo con los acreedores ya está firmado, pero la batalla para efectivizarlo recién comienza. Conviene recuperar la memoria de todos los estragos causados por el FMI para impedir otra repetición de la misma desventura. El rechazo del convenio es el primer paso de una larga batalla contra el enemigo serial del pueblo argentino. Con actitudes firmes, ideas convincentes y fuerza en las calles se reabrirá el camino de la resistencia al Fondo.

                                                                                                         31-1-2022

RESUMEN

El gobierno legitima la estafa y la renegociación eterna de un pasivo impagable. Acepta inspecciones que condicionan la política económica y obstruyen la redistribución del ingreso. Promete sin fundamentos recortar el déficit sin ajuste y propicia una dureza monetaria que afecta la continuidad del crecimiento. Las mini-devaluaciones y los aumentos de tarifas socavan la reducción de la inflación y el proyectado incremento de las reservas no es compatible con la fuga de divisas.

El FMI ha sido responsable de todas las pesadillas financieras. Asfixió la gestión de Alfonsín, provocó el colapso del 2001 y monitoreó la devastación de Macri. El gobierno dilapidó un contexto favorable para apuntalar la reactivación, aislar a la derecha y forjar un frente latinoamericano de resistencia a los acreedores. La batalla en el Congreso y en las calles recién comienza.


 

[1] Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

Envio:RL









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