Piqueteros marcharán mañana para pedir más planes sociales
La protesta comenzará a las 10. Las columnas se concentrarán en Retiro y Constitución y desembocará en el ministerio de Desarrollo Social
“A seis meses de la presentación del proyecto que planteamos al ministerio de Desarrollo Social sobre la generación de un millón de puestos de trabajo genuino en base a la obra pública, la situación nacional está empeorando”. Con ese argumento como base, y la seguridad de que no se abrirá el ingreso a más beneficiarios al Programa Potenciar Trabajo, mañana, desde las 10, la Unidad Piquetera, encabezada por el Polo Obrero (PO), realizará una marcha desde las estaciones terminales de micros y trenes de Retiro y Constitución que finalizará frente al ministerio que conduce Juan “Juanchi” Zabaleta.
Los organizadores prometen que la concentración será masiva y generará un caos de tránsito en el centro porteño.
La movilización será la continuación de una serie de medidas que tuvo su puntapié inicial el pasado 8 de febrero y que tenía como telón de fondo el desacuerdo con el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La concentración de mañana será el preludio al “plenario nacional” que el 11 y 12 de marzo realizarán las cuarenta organizaciones de izquierda y piqueteras en Plaza de Mayo y que estará acompañada “con cortes de rutas y puentes desde Ushuaia a la Quiaca”, según las palabras de Eduardo Belliboni, el dirigente del Polo Obrero.
Hoy a la tarde estaba prevista una reunión entre los representantes de esas organizaciones sociales y funcionarios del ministerio de Desarrollo Social a efectos de descomprimir la situación en las calles. De hecho, Belliboni viajaba desde la ciudad más austral del país para asistir al encuentro. Los recibirá Gustavo Aguilera, el secretario de Articulación de Política Social ya que Zabaleta, como estaba previsto, viajó a Formosa.
Junto a su par de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro para encabezar, junto al gobernador Gildo Insfrán, el tercer sorteo del Programa Mi Pieza y firmar convenios para 17 ciudades, en el marco del Programa Municipios de Pie, destinada a mujeres residentes en barrios populares del ReNaBaP.
Entre esos acuerdos, se destaca la urbanización del Barrio Simón Bolívar, compuesto por 2.225 familias. El monto de la trasferencia será de 2.136.153.395 pesos.
Marcha de norte a sur
“Las organizaciones de la Unidad Piquetera salimos de norte a sur porque el hambre y la miseria salarial no se aguanta más. Por el trabajo genuino, la apertura y aumento en los programas sociales, asistencia integral a comedores populares, y por el derecho a organizarse libremente”, justifica ante Infobae la marcha de mañana Belliboni antes de embarcar en el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires después de una serie de actividades en la Patagonia.
—Hoy usted se reunirá en el ministerio de Desarrollo Social. Quizás se acerquen posiciones y se pueda llegar a levantar la medida, le dijo este medio al dirigente del PO.
—No. Ya nos anticiparon que el Programa Potenciar Trabajo no se va a abrir. Y empleos genuinos, que es nuestro principal reclamo, tampoco se va a dar. El acuerdo con el FMI significa profundizar el empobrecimiento y la desocupación crónica que se instaló en nuestro país gobierno tras gobierno. En las barriadas se sufre la inflación y los tarifazos que impactan de lleno en las condiciones de vida, dejando miles de familias sin acceso a lo elemental que es un plato de comida. Así que no, mañana vamos a reventar las calles de gente desde Retiro y Constitución al ministerio.
La semana pasada, según pudo reconstruir Gustavo Aguilera se reunió con varios dirigentes de la Unidad Piquetera (en la que no estuvo presente Belliboni) en la que se debatieron los reclamos centrales que llevaron los dirigentes populares.
Allí, Aguilera habrían sido tajante al asegurar que el Gobierno, al menos por ahora, no tiene previsto aumentar el número de planes del Potenciar Trabajo.
La marcha de protesta de mañana es la primera reacción a ese encuentro en el cual no recibieron las respuestas que esperaban.
El año pasado, y después de varias cumbres entre los principales dirigentes piqueteros y el ministro Zabaleta, se logró, al menos por unos meses, destrabar parte de los cortes de rutas y accesos a CABA que estaban previstos.
Sin embargo, la paz en las calles duró un suspiro. El 2022 promete ser un año movido en cuanto a reclamos sociales.
La inflación, al menos en el primer trimestre, no baja. El acuerdo con el FMI, entienden las organizaciones sociales, está acompañado con ajustes. De hecho, interpretan que la no ampliación del Potenciar Trabajo sería una de esas consecuencias.
Desde el entorno de Zabaleta desmienten esta última afirmación. “No hay recortes en los planes sociales”, aseguran y sostienen que no es necesario abrir la lista de beneficiarios de los planes porque “la reactivación económica ya se nota”.
“El gobierno sólo recauda dólares para el pago de la deuda, no solo a base de salarios a la baja, sino con la depredación y contaminación medioambiental. Saquean al país y sus recursos naturales. Profundizan el ajuste golpeando al sector más vulnerables, ajustan los gastos sociales, aumentan el precio de los servicios, y nos someten a los monitoreos trimestrales del FMI. Rechazamos esta intervención extranjera que generara un problema permanente de inestabilidad, que aprovecharan los grandes pulpos económicos para golpear más nuestros derechos”, responde Belliboni en la convocatoria a la movilización de mañana.
Como se ve, las posiciones están lejos y las avenidas, rutas y puentes serán, una vez más, el epicentro de esos desacuerdos.
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Clarín convocó a trabajar presencial de forma compulsiva y los periodistas lo acusan de ignorar «la crisis salarial a la que se nos somete»
La asamblea de trabajadores y trabajadoras de Clarín, suplementos, revistas y publicaciones relacionadas reclamaron al grupo empresario una mesa de negociación para evaluar cómo organizar una modalidad mixta entre trabajo presencial y remoto. En caso contrario, ya evalúan posibles medidas de fuerza que incluyen el no retorno a las oficinas.
La Gerencia de Redacción de Clarín anunció el retorno a la presencialidad plena bajo un esquema prepandémico. Las trabajadoras y trabajadores del medio expresaron su desacuerdo y solicitaron una reunión para dialogar otras opciones.
«De forma unánime votamos expresar que creemos que la decisión no solo es arbitraria, sino que va a contramano de los cambios sanitarios, sociales, culturales y económicos atravesados durante los últimos dos años de una pandemia que aún no terminó.», argumentaron.
Según el comunicado que circuló la Comisión Interna de SiPreBA en el diario, esta política se diferencia inexplicablemente de todo el resto de la empresa. «Ignora, por último, la crisis salarial a la que se nos somete y por la que reclamamos desde hace años.»
En ese sentido, repudiaron el anuncio de retorno a la presencialidad total, exigieron argumentos para esta decisión en un contexto en el que el CEO de AGEA, Héctor Aranda, envió mails con reconocimiento por los logros sostenidos y los objetivos superados durante la pandemia.
Y por último pidieron «Emplazar a la cúpula periodística a tener una mesa de negociación sobre un esquema híbrido de trabajo para las redacciones que combine presencialidad y teletrabajo. Dar plazo hasta el jueves 17/2 para abrir esa instancia de diálogo.»
Caso contrario, habrá una nueva asamblea en la que se evaluarán medidas de fuerza y pasos a seguir, incluida la no vuelta al trabajo presencial.
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Medios populares reclaman por pauta oficial
En un comunicado público, la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios compartió la preocupación por la falta de diálogo con el gobierno por la distribución de la publicidad estatal. Denuncian que se prioriza a los medios concentrados de CABA.
Redacción Canal Abierto | La Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios manifestó su preocupación sobre la distribución de la pauta publicitaria oficial del Estado nacional. Fue a través de un comunicado en el que se recordó que «desde el principio del actual gobierno hemos señalado la necesidad de revertir el histórico esquema de distribución de la pauta publicitaria oficial -esencialmente concentrado en pocos medios propiedad de grupos económicos con sede en la ciudad de Buenos Aires- por uno desconcentrado, democrático y federal». Pero «los criterios de distribución se han mantenido, sin embargo, concentrados y promoviendo en sus líneas generales la concentración», lamenta el escrito.
Y explica que «en ese marco existieron canales de diálogo y la posibilidad de devolver algo de ese derecho arbitrariamente arrebatado por el macrismo a medios históricos e incluir nuevos medios locales, pero en los últimos meses, luego del cambio de gestión en la Secretaría de Medios, la situación empeoró: las nuevas autoridades han cortado directa y unilateralmente los canales de diálogo y las asignaciones de publicidad a cientos de medios cooperativos y comunitarios de todo el país, sin mediar siquiera explicaciones».
El escrito concluye contando que «llamamos a la Secretaría de Medios, a cargo de Valeria Zapesochny, a replantear esta actitud, que genera enormes perjuicios a trabajadores/as y audiencias, la preocupación de cientos de medios en todo el país, y lesiona el derecho a la información plural del pueblo en su conjunto».
La Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios está nuclea a distintas redes y federaciones de medios de estas características. Estas son el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO),la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA), la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) y la Red de Medios Digitales (RDM). En total son más de 400 radios medios en sus distintos soportes en el que se desempeñan más de 2000 trabajadores y militantes de la comunicación popular.
Consultado por Canal Abierto, el periodista Lucas Molinari, integrante de Radio Gráfica y miembro de la Mesa Nacional de FARCO, afirmó que «estamos por arrancar el año, estamos proyectando el 2022 y venimos realmente con un incertidumbre en cuanto lo puedan hacer los recursos de pauta. Hasta ahora, lo que podemos decir es que este gobierno ha dado pauta a más medios, pero lo que se está repartiendo o no alcanza para proyectar, para consolidar nuestros medios en un contexto por todos conocido de crisis, inflación y precarización».
También planteó que «lo que hoy por hoy lo que venimos viendo y que es lo que denunciamos es que las respuestas a los medios concentrados están y a los últimos que seríamos los medios cooperativos y comunitarios. En la agenda oficial no está habiendo ni una respuesta a reuniones concretas de tuvimos y propuestas que no fueron contestadas«.
Molinari relató que «en diciembre hemos tenido reuniones donde hemos llevado una planilla con una propuesta de distribución de pauta y no hay ningún tipo de respuest. Pareciera que hay un diálogo cortado,entonces lo que nosotros venimos planteando es que haya un criterio democrático, un criterio federal que permita que los medios de comunicación de todas las provincias puedan seguir emitiendo, comunicando y haciendo periodismo».
Y destacó que otro de los cuestionamientos tiene que ver con el carácter poco federal que refleja esta distribución, ya que «la pauta este concentrada en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que los medios llamados nacionales son solamente lo que transmiten la relación Autónoma de Buenos Aires que aparecen vinculados con los grupos económicos».
Sobre este punto, Molinari destacó que no sucede lo mismo con algunos estados subnacionales y en tal sentido graficó que «si ustedes escuchan el Informativo FARCO se van a encontrar con pautas del gobierno provincial de La Pampa o de San Juan. En general las provincias reciben y reconocen mejor la construcción federal que en el Gobierno Nacional. Quizá sea por la proveniencia de los funcionarios que que viven y piensan el centralismo porteño y que no lo recorren tanto las provincias».
De todas maneras, el comunicador destacó que «la distribución de la pauta hasta favoreciendo como ocurrió con el gobierno de Macri y a los grandes grupos económicos. La diferencia en cuanto a nuestro sector es que por ejemplo en el caso de FARCO o varias radios están recibiendo pauta y con el gobierno de Macri no no recibían nada. Pero estamos muy lejos de la expectativa de poder proyectar nuestros medios de comunicación, de poder competir y sobre todo que haya un criterio hasta ahora ahí más bien un criterio irracional».
En tal sentido, advirtió que «no estamos diciendo que el 100% de la pauta se usa según un criterio que podríamos pensar democrática y federal. Pero sí aunque sea un porcentaje, que la discrecionalidad sea relativa, no sea total. De lo que sí estamos convencidos es que una ley tendría que poder regular. Es decir que haya un un marco legal que permita que no sea discutir de cero con funcionarios de hasta el mismo gobierno».
«Lo que nos encontramos con la nueva Secretaría de Medios, que todavía no la conocemos, pero sí con la subsecretaria es que tenés que presentarte como si fuese una nueva gestión dentro de un mismo gobierno y tenés que explicarles lo que hicieron sus antecesores», concluyó.
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El cine argentino en pie de lucha
Trabajadores del universo del cine se organizaron en defensa de la producción cultural, de sus fuentes de trabajo, y del financiamiento de un arte que debe estar al servicio del pueblo. “Peligra el 80% del financiamiento de la producción cinematográfica local”, advierten.
Redacción Canal Abierto | En diciembre de 2017, el macrismo impulsó y votó la modificación del proyecto de ley que regula los fondos que integran el llamado Fondo de Fomento Cinematográfico -asignaciones específicas y direccionadas para el sector audiovisual y otras industrias culturales-, que entraría en vigencia en diciembre de este año. Realizadores, productores y artistas reclaman una prórroga a estas asignaciones ya que, de no modificarse a tiempo, peligra el 80% de los ingresos al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es quien los regula para mantener tanto la calidad como la cantidad de las producciones locales.
Se trata del 25% de los recursos que llegan a través de los impuestos que los canales pagan al ENACOM por emitir películas locales, y que lo sostienen con la publicidad que venden en el mercado. En tanto que las entradas de los cines representan el 20% del financiamiento del INCAA. Con la pandemia los cines se cerraron y ese 20% se perdió. Ahora peligra el otro 80%, y con eso toda la producción cinematográfica local.
“Esto nos ha puesto una falta de respaldo completa a nuestras producciones, mantenimiento de salas, el desarrollo de nuestras escuelas, y elimina la posibilidad de realización de producciones con respaldo del INCAA, ya que estamos ante la posibilidad de que el instituto no tenga fondos”, explica el documentalista Adrian Jaime, quien además dirige la cooperativa de trabajo audiovisual Sulky.
El dinero que ingresa al INCAA es el que permite el financiamiento concreto, la autarquía, fundamentalmente la independencia económica a la hora de producir soberanamente, y para sostener las escuelas de cine que dependen del Instituto. “Acá tenemos un problema serio de soberanía cultural, audiovisual y política”, remarca Jaime y recuerda una experiencia similar en la década de los 90: “Con Cavallo pasó lo mismo, perdimos la autarquía y terminamos haciendo 4 películas al año. Es una experiencia que ya tuvimos. Se convierte en un cine totalmente elitista, donde los canales son socios de las películas grandes que se hacen y pierden el resto de las producciones”.
Ante el crecimiento del flujo de las plataformas de streaming y las formas de producción que imponen al tener recursos en dólares, el fortalecimiento del INCAA es clave: “Tenemos que pensar qué modelo de país queremos y qué realidades queremos mostrar en nuestras pantallas. Tenemos una ficción muy reconocida mundialmente por mostrar la realidad en la que vivimos en nuestro país”, expresó.
Lucha, organización y propuestas
Desde distintos sectores de la industria cinematográfica local se está trabajando coordinadamente para que el Congreso de la Nación trate y apruebe un proyecto de ley que permita prorrogar por varios años las asignaciones direccionadas y así darle continuidad al Fondo de Fomento Cinematográfico, reconocido mundialmente. El impuesto a los canales seguirá cobrándose, pero las asignaciones específicas son las que están en discusión.
“Estamos tratando de sumar a todos los sectores políticos, entidades y organizaciones para evitar este colapso de la producción audiovisual, y éste es un momento decisivo. Necesitamos evitar que en diciembre de 2022 se materialice esto, porque nosotros ya estamos produciendo para los años venideros”, explica Jaime.
El documentalista también señaló que entre las principales propuestas para sostener y ampliar el financiamiento del cine nacional se encuentra el pago de un nuevo impuesto a las plataformas de streaming, y que esos recursos sean dirigidos al fomento de la producción local. “Esto triplicaría los recursos del INCAA, pero además nos permite no quedar sujetos a lógicas que vulneren la soberanía audiovisual argentina”, afirma.
Otra opción es el redireccionamiento de una parte de los impuestos que ya se les está cobrando a las plataformas para el sostenimiento del INCAA. “Fundamentalmente es necesaria la inmediata articulación del INCAA con el Ministerio de Cultura. No puede ser que funcionen dicotómicamente. Nosotros abogamos por una coordinación y unificación en ese sentido, y una participación del espacio productivo en las decisiones y en el proyecto que se decida implementar”, reclamó.
Fuente: CTA Autónoma
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La comunicación popular repudia los dichos de Berni
El ministro de Seguridad bonaerense afirmó que «en muchas radios barriales el narcotráfico pone plata para que se hable mal de la policía», en el marco de una entrevista televisiva en la que era consultado acerca de la cocaína adulterada. SiPreBA y FARCO lanzaron escritos cruzando sus declaraciones.
Redacción Canal Abierto | Tal vez aburrido de que sus blancos siempre se encuentren en el gabinete nacional, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni decidió ganarse enemigos en otros ámbitos. Esta vez fue el mundo de las radios barriales y comunitarias.
En el contexto de una entrevista en C5N a la que lo habían invitado para hablar de las muertes por consumo de cocaína adulterada, sin nada que viniera a cuento ni aportar ningún tipo de pruebas Berni se despachó con que “en muchas radios barriales el narcotráfico pone plata para que se hable mal de fulano, se hable mal de la policía, se hable mal de allá, se hable mal de acá y el narcotráfico sigue avanzando”.
Estas afirmaciones no pasaron inadvertidas en el ámbito de la comunicación popular, comunitaria y alternativa y desde distintos sectores hicieron saber su descontento con la actitud de quien debería ocuparse de prevenir el delito.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) plantearon a través de un comunicado que “las compañeras y los compañeros de los medios comunitarios y autogestivos son quienes le dan voz a las organizaciones barriales que intentan enfrentar al narcotráfico. Y en algunos casos son parte de esas redes de contención sociales. Lejos de recibir plata, suelen quedar peligrosamente expuestas y expuestas ante el narco, al que funcionarios como Berni deberían combatir, en lugar de estigmatizar a quienes se plantan con los pies en el territorio”.
“Por eso desde el SiPreBA, organización de la que son parte centenares de afiliados y afiliadas, trabajadoras y trabajadoras de prensa que participan en esos medios, repudiamos las declaraciones y nos solidarizamos con quienes día a día enfrentan al crimen organizado”, concluye la misiva.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) nuclea a más de 100 radios de todo el país y publicó en su sitio una nota en la que se plantea que “las radios populares y comunitarias son mucho más que radios en los barrios, son organizaciones que trabajan cuerpo a cuerpo para mejorar la vida de los vecinos y las vecinas que son parte de la organización”.
“En ese sentido, hay radios comunitarias y populares que trabajan en conjunto con espacios como el SEDRONAR, porque están trabajando para la vida de los y las vecinas. ”, agrega el escrito.
En el artículo se citan muchas de estas experiencias contadas en primera persona por sus protagonistas o habitantes de las comunidades que integran, como el caso de Radio El Aguaribay en Godoy Cruz, Mendoza, que “nace a partir de un pedido de la comunidad de convertir dentro de la fundación Coloba, una fundación que tiene más de 35 años en la zona, un espacio donde la palabra pueda mitigar la violencia que se generaba en los conflictos de narcomenudeo, tanto es así que la radio se convierte en un espacio de participación, gestión y articulación entre la comunidad y los adolescentes que son siempre muy apuntados para ser captados por el narcomenudeo”.
Desde una de estas emisoras, Radio Tinkunako de José C. Paz, el periodista Daniel Sambrana dialogó con Canal Abierto y manifestó que “es gravísimo que señale que el narcotráfico pone plata en las radios barriales y que además lo hace para que se hable mal de la policía cuando no hace falta que nadie diga nada de la policía cuando uno los casos que Correpi presenta en sus informes anuales”.
Y explicó que “nuestros medios tienen un claro posicionamiento de la comunicación como el derecho de rescatar las voces de esos sectores que justamente son estigmatizadas generado por los medios masivos de comunicación privados y hegemónicos que en general de muestran de nuestros barrios solamente delitos y que siempre buscan que justamente que los problemas se analicen a partir de las consecuencias, no de las causas. No se no es una oración al mismo tratamiento al que fuga divisas y hunde al país que a un carterista de un barrio popular”.
“En general son radios que están ubicadas en los barrios que transmiten con comunicadores y comunicadores que son vecinos y vecinas muchas veces formados en una universidad pública para encarar la responsabilidad del derecho a la comunicación. Venimos desde nuestra conformaciones, que algunas radios datan de la década del 80, 90 y post2001 construyendo espacios para hacer justamente un pleno ejercicio de la comunicación con muchísimas dificultades para sostener a nuestros proyectos en cuanto a lo económico”, agregó.
“Lo que dijo Berni es absolutamente falso mentiroso, tendencioso e injurioso porque justamente nuestros proyectos tienen formas absolutamente diversas y creativas de sostenerse y el sostenimiento de las radios populares comunitarias, libres y barriales tiene que ver también con esta posición política en la que la mayoría son cooperativas, asociaciones civiles, mutuales o distintas formas de organizarse en cada colectivo”, concluyó Sambrana.
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Exploración petrolera
Gremio pesquero respaldó desarrollo de explotación hidrocarburífero
La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), que conduce Jorge Frías, ratificó su respaldo a «las posibilidades de desarrollo que representan las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera offshore para Mar del Plata y el país».
La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas marplatenses al hacer lugar a una medida cautelar, la que será apelada por el Gobierno nacional a través del análisis del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación, informaron fuentes oficiales.
Al respecto, el secretario de Energía Darío Martínez expresó que el Gobierno es «respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada», y se manifestó «convencido que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina».
En un comunicado del gremio y del Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (Cesmar), que depende del sindicato y también encabeza Frías, sostuvo que «el avance de esa tarea en el mar argentino generará empleo de mano de obra de forma intensiva, el desarrollo de numerosas actividades conexas para la industria y la posibilidad de que el país logre la autosustentabilidad en materia petrolífera».
«Ello representa demasiado para la industria nacional, que incluye a la pesca industrial», afirmó el dirigente, quien sin embargo reclamó «el mejoramiento de la información proporcionada hasta ahora y datos sólidos y confiables para garantizar el desarrollo sostenible de la exploración sísmica», aseguró en el comunicado.
Frías, integrante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (/CATT), consideró que la suspensión judicial de la ejecución del proyecto de exploración sísmica «no es el camino adecuado para lograr el desarrollo de la exploración hidrocarburífera en el mar argentino con seguridad medioambiental».
«Los cuestionamientos que subsisten respecto de ese tema deben resolverse en el ámbito de las autoridades estatales competentes y con la participación de todos los actores, como reclaman el gremio y el Cesmar y lo ratifican», puntualizó el dirigente.
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Movilización
Camioneros movilizó frente al Ministerio de Salud para reclamar cobertura de ART por Covid
Los trabajadores exigen la prórroga del decreto de cobertura de los choferes que se enfermen por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Foto: infocamioneros
«El Decreto presidencial que declaraba a los camioneros como trabajadores esenciales y nos garantizaba la cobertura médica por Covid por parte de las ART. Eso se anuló y no se reconoció el trabajo que hicimos en los meses más difíciles de la pandemia. Vamos a movilizarnos a Plaza de Mayo y van a empezar paros en las empresas que les descuenten a los trabajadores que deban asilarse por contagio», señaló el secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano en declaraciones a la prensa formuladas durante la protesta que se llevó a cabo este mediodía frente a la sede ministerial de avenida 9 de Julio 1925 de CABA.
Los trabajadores exigen la prórroga del decreto de cobertura de los choferes que se enfermen por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
El sindicalista explicó que «el reclamo es justo y legítimo», pero no hubo acuerdo, y explicó que las autoridades deben reconocer de forma extendida a la Covid-19 como enfermedad profesional y proteger a los trabajadores cuando se contagian.
«No es posible que cuando un trabajador contrae la grave enfermedad las empresas realicen descuentos de haberes por esos días, como también es inaceptable que no tengan cobertura de salud por parte de las ART», puntualizó Moyano.
Un comunicado firmado por Hugo y Pablo Moyano sostuvo que el 31 de diciembre expiró el decreto que obligaba a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) a cubrir a los trabajadores en caso de contraer coronavirus, aunque señaló que «la ausencia de prórroga de ese instrumento hace que los choferes estén en un vacío que permite descontar los días de aislamiento si se contagian la enfermedad».
«Las ART, aprovechando el vencimiento del decreto, miran para otro lado. Ante ese atropello, el gremio se movilizó el jueves en demanda de la prórroga inmediata del decreto y reclamó que se reconozca a la enfermedad como profesional», aseguró.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo había asegurado en un comunicado el 14 de enero que «los trabajadores tienen cobertura por la Covid-19 de acuerdo con el régimen que corresponda según la actividad», y sostuvo que el Decreto 260/20 que el gremio reclama prorrogar expiró el 31 de diciembre ante «el cambio de la coyuntura sanitaria por la exitosa implementación del programa de vacunación».
Moroni explicó que el trabajador que contraiga el virus continuará cubierto por las ART, pero señaló que, «cuando se liberaron las restricciones y se determinó que el lugar laboral no es foco de principal contagio, se resolvió que la Covid-19 siga siendo enfermedad laboral, pero ahora hay que pasar por una comisión médica».
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La Justicia da un primer aval a los trabajadores de Cresta Roja para autogestionar la empresa en quiebra y pide investigar a funcionarios del macrismo por hacer negocios con la crisis
La fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín dictaminó a favor de los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja para que se les permita autogestionar a la firma en quiebra. Además reclamó que se investigue a ex funcionarios por su presunto aprovechamiento de la situación en que se encontraba la empresa a principios de 2016.
Mediante un dictamen de unas 70 páginas, la fiscal requirió que «se revoque la resolución» que le desconoció a la cooperativa de trabajadores la posibilidad de hacerse cargo de las actividades de la empresa en quiebra para mantener las fuentes de trabajo en un sector productivo.
En primera instancia le fue rechazada la «legitimación a la Cooperativa de Trabajo para efectuar los planteos formulados» con lo que virtualmente se la excluyó de una eventual solución de continuidad de la actividad de la firma.
Cuando la empresa entró en crisis y se encaminaba a la debacle, su planta productiva fue vendida a la firma Proteinsa S.A., que también ingreso en concurso de acreedores y no estabilizó ni aseguró la continuidad de la actividad.
La fiscal libró oficios a la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) para que intervenga en relación con «los aportes en calidad de préstamo o de otra índole que habría efectuado el Banco BTG Pactual SA en forma directa o a través del BTG Caimán a Proteinsa SA».
Esa operación financiera supuestamente destinada al rescate de la empresa también está bajo investigación.
Además, resolvió «atento a lo señalado por la Cooperativa de Trabajo en cuanto al rol del Estado con una participación activa, más o menos velada, de ciertos representantes estatales, en un manifiesto conflicto de intereses´ se libra oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a los efectos que estimen corresponder».
La fiscal también ofició «a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en relación a la denuncia formulada por la Cooperativa» sobre los obstáculos para la continuidad de sus actividades.
Finalmente, Boquín dio intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ante la posibilidad de que se hubiera producido el delito de lavado de dinero.
La cooperativa de trabajadores había pedido que «se la autorizara a gestionar la unidad productiva de la fallida Rasic Hnos. S.A. ante los graves incumplimientos para con los trabajadores de quien la tenía a su cargo -Avícola Tres Arroyos S.A.- y se instara la investigación de lo actuado por los sucesivos operadores de dicha unidad productiva, en especial, por Proteinsa S.A. y por Avícola Tres Arroyos S.A.».
«Entre otras cosas señaló la existencia de vínculos familiares o de amistad entre integrantes de tales sociedades y ciertos funcionarios del Gobierno, el escaso capital social de Proteinsa SA en comparación con el pasivo de la quiebra de Rasic Hnos SA, su enorme deuda por cheques sin fondos, el incumplimiento de su compromiso de incorporar trabajadores, el cálculo de las indemnizaciones de los trabajadores, su pago en cuotas sujetas a la depreciación propia de la inflación o en acciones de una empresa en concurso, habiendo usufructuado Proteinsa SA los importes cobrados del erario público en concepto de subsidios o REPRO».
La Cooperativa denunció que «diferentes funcionarios de reparticiones públicas obraron en pos de favorecer los negocios privados de los adquirentes de los activos falenciales».
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Palazzo apura la derogación de la ley con la que Vidal le sacó el régimen previsional a los empleados del BAPRO
El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, se reunió con Martín Insaurralde y Marina Lesci para debatir cuándo se tratará en la Legislatura bonaerense la derogación de la Ley 15.008, el régimen de jubilaciones, subsidios y pensiones de los empleados del Banco Provincia que había promulgado la gestión de María Eugenia Vidal.
Sergio Palazzo anunció que tras juntarse con el Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde y la Intendenta de Lomas de Zamora Marina Lesci, confirmó que se tratará la derogación y reforma de la ley 15.008 en sesiones extraordinarias.
«Martín me ratificó el compromiso del Gobernador Axel Kicillof de tratar en sesiones extraordinarias la derogación de la ley 15008 que afectó derechos previsionales a las y los jubilados, pensionados y trabajadores del Banco Provincia.», afirmó Palazzo en sus redes sociales.
Ya renovadas las bancas de la Legislatura bonaerense y con el senado a favor del oficialismo, la ley ingresada por la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, actual diputada electa por la Ciudad, María Eugenia Vidal, podría finalmente derogarse.
Tras ser fuertemente combatida por los trabajadores del Banco Provincia que sufrieron severos descuentos salariales y denunciaron severas persecuciones antisindicales, la reforma previsional que perjudicó a las y los jubilados del BaPro podría retroceder.
El proyecto presentado baja la edad jubilatoria de las mujeres a 60 y la de los varones a 65, restituye el 82% mientras que eleva los aportes de los trabajadores activos en 2 puntos porcentuales y suben las contribuciones del Banco a la Provincia de Buenos Aires en un 5%.
En julio de 2021, el gobernador Axel Kicillof ya se había pronunciado al respecto: «Es una ley que ha sido cuestionada legalmente hasta por el actual procurador, que en la provincia de Buenos Aires había sido funcionario del gobierno anterior», argumentó cuando aun no se relacionaba a Julio Conte Grand con la Mesa Judicial macrista.
«Se hizo un trabajo muy serio que permite un esfuerzo compartido, devolver derechos que les habían quitado como el 82% móvil, la reducción de la movilidad, la reducción de la edad jubilatoria para las mujeres a los 60 años, reconocer muchísimos derechos», había destacado el gobernador en aquella oportunidad.
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Transporte confirmó aumento de los subsidios a colectivos para el interior del país
En el marco del debate entre Nación y Ciudad por la posible eliminación de los subsidios para más de 30 líneas de colectivos que operan en CABA, este lunes el Ministerio de Transporte confirmó un aumento de 40% en los subsidios para el transporte público por automotor de pasajeros urbano y suburbano del interior del país, estableciendo una asignación mensual de 3.200 millones de pesos durante el primer trimestre de 2022.
La decisión fue oficializada con la resolución 82/2022 de la cartera de Transporte encabezada por Alexis Guerrera, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El aumento había sido anticipado por el ministro en la reunión de gobernadores del Norte Grande de este viernes, quienes también avalaron la decisión de Transporte de discutir con el gobierno porteño los eventuales subsidios de las 32 líneas de colectivos con recorrido dentro del territorio de CABA. Los mandatarios provinciales remarcaron que las tarifas de los colectivos en CABA son las más bajas del país ya que reciben más subsidios del Estado nacional que el resto de los distritos.
La resolución fija el «Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país» en un monto mensual de $3.200 millones para el trimestre enero-marzo, totalizando $9.600 millones para todo el período. Este fondo fue creado para “generar un sistema de distribución equitativo y que garantice la trazabilidad del uso de los fondos públicos” a través de “un proceso de liquidación caracterizado por su transparencia y por brindar un marco de igualdad” para sus beneficiarios.
Luego, retomando un análisis de la Subsecretaría de Política Económica y Financiera de Transporte, se explica que “si bien en los últimos tiempos ha habido una mejora en lo que hace a presentación de información por parte de las jurisdicciones, sigue evidenciándose que hay jurisdicciones y empresas del interior que aún no han cumplimentado los oportunos requerimientos de información”.
En ese sentido, se establece la suscripción de convenios con Transporte como condición para que las provincias y/o municipios puedan acceder a los recursos de este fondo. Por estos convenios las jurisdicciones se comprometen a continuar aportando un monto que mantenga la proporción de 2021.
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Autoconvocados.Trabajadores despedidos de Garbarino marchan a Plaza de Mayo
Marcharán este martes 15 de febrero a las 11hs para entregar un petitorio al Presidente y exigir que intervenga ante la desesperada situación, luego de casi un año en la que Carlos Rosales, dueño de la empresa, dejó de abonar salarios e indemnizaciones. Serán acompañados por organizaciones sociales, políticas y delegaciones del Subte, aeronáuticos de Latam y GPS, entre otros.
Este martes 15 de febrero a las 11hs, trabajadores despedidos autoconvocados de Garbarino marcharan a plaza de mayo para entregarle un petitorio al Presidente y exigir que intervenga ante la desesperada situación que se encuentran luego de casi un año en la que Carlos Rosales, dueño de la empresa, dejó de abonar salarios e indemnizaciones. Estarán acompañados por organizaciones sociales, políticas y delegaciones del Subte, aeronáuticos de Latam y GPS, entre otros.
Como venimos reflejando en este diario desde hace ya casi un año, los y las trabajadoras de Garbarino vienen luchando contra el cierre de sucursales, despidos, 10 meses de salarios atrasados y el reclamo de las indemnizaciones, que tampoco fueron abonadas. Luego de innumerables reuniones entre los funcionarios del Ministerio de Trabajo, el sindicato de Comercio de Armando Cavallieri y los representantes de Garbarino de Carlos Rosales, nunca ha habido una solución para los 4 mil trabajadores distribuidos en las 200 sucursales a lo largo del país.
Reproducimos el comunicado de prensa que nos hicieron llegar las y los trabajadores de Garbarino en lucha.
COMUNICADO DE PRENSA
Las y los trabajadores de Garbarino en lucha realizaremos el día martes 15 de febrero a las 11hs. una movilización a plaza de mayo. En este marco vamos a hacer lectura y entrega de un petitorio al presidente Alberto Fernández pidiendo nuevamente que intervenga para conseguir una solución a la desesperada situación que estamos viviendo.
Desde abril del 2021 más de 4000 familias quedamos a la deriva sin cobrar sueldos, sin obra social y sin aportes jubilatorios. Finalmente, en el mes de noviembre nos despiden y tampoco recibimos la indemnización correspondiente. El responsable de toda nuestra situación es el empresario Carlos Rosales y todos los que componen el directorio del grupo Garbarino.
Este proceso de vaciamiento de la empresa que vienen haciendo en forma paulatina lo vienen llevando a cabo en complicidad de un sindicato que no actúa para defender a las y los trabajadores como debería ser.
Durante este tiempo el gobierno prometió intervenir pero a casi un año las soluciones no llegan. Esta por esta razón que se hicieron varias acciones de protesta y ante la falta de respuestas concretas las y los trabajadores de Garbarino vamos a realizar una vez más una movilización a plaza de mayo para de una vez por todas conseguir una solución a nuestro conflicto.
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Estaba precarizada en el Colón y la echaron a meses de ser madre
Maia trabajaba haciendo trajes. Lo hacía codo a codo con un equipo que está en blanco mientras ella no. Hoy se encuentra cursando su sexto mes de embarazo y quedó desempleada tras sufrir maltratos.
Por Cecilia Díaz
Es joven. Tiene 31 años. Estudió en UBA. Está embarazada de seis meses. Era una de las trabajadoras precarizadas en la sastrería del Teatro Colón. Hoy, Maia Bernztein es noticia porque fue víctima de maltratos y de un despido que no debió ser.
“Hace tres años que cumplo con mi trabajo a la par de mis compañeras de planta, pero bajo una forma de contratación sumamente precaria: con un sueldo de $42.000, al que debemos descontar $4.260 de monotributo, sin percibir vacaciones, ni aguinaldo, ni bono, ni herramientas o un uniforme de trabajo», denunció Maia mediante una carta pública que posteó en sus redes.
La trabajadora agregó, también, que padeció las actitudes violentas de su jefa, quien no solo le gritó sino que llegó al maltrato físico. “A esto se suma un maltrato constante por parte de mi jefa, Stella Maris López, que se intensificó al enterarse de mi embarazo: me amenazó con darme solo 2 meses de licencia por maternidad cuando por ley corresponden 3, en una ocasión corrió violentamente una mesa en el taller impactando sobre mí y el 22 de diciembre de 2021, en el detrás de escena de la Misa Criolla me gritó llegando a levantarme el brazo de forma amenazante frente a compañeros de diferentes áreas del teatro que estaban como testigos”.
La situación es cruel y no es la única porque, según comentó, en su grupo laboral hay otra persona más que quedó en la calle por una razón injusta: «Me enteré de mi despido al saber que se habían renovado todos los contratos menos el mío y el de una compañera que solicitó un aumento salarial, a pesar de haber sido informadas de que retomaríamos actividades en febrero de 2022», aseguró Maia.
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Histórico: la UTN entregará por primera vez título rectificado a ingeniera trans
Se trata de Valentina Valkiria Zarattin, quien se graduó con segundo mejor promedio en 1990 y, tras transicionar en 2018, solicitó los títulos con los datos que figuran en su DNI rectificado.
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional La Plata entregará por primera vez los títulos con datos rectificados a la ingeniera transgénero Valentina Valkiria Zarattin, según establece la Ley de Identidad de Género, 26.743, sancionada en el 2012.
La ceremonia se realizará el próximo viernes en el Salón de Actos de la casa de estudios superiores, donde se espera la participación de autoridades de los ministerios de Mujeres, Género y Diversidad Nación y de la provincia de Buenos Aires y de representantes de agrupaciones feministas, trans, travestis y de la comunidad tecnológica.
Las designaciones en los ministerios deberán adoptar la equidad de género
Valkiria Zarattin se graduó con segundo mejor promedio en 1990 y, tras transicionar en 2018, solicitó los títulos que la reconocen con la identidad asumida y que figura en su documento rectificado.
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Ante el pedido, el rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional emitió los nuevos títulos solicitados por la ingeniera con el nombre correspondiente a su identidad de género autopercibida.
Valentina trabajó como ingeniera en empresas privadas como Supercemento y Nordelta, y se desempeña en la actualidad en el área de inspecciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
Extractivismo o muerte: el Gobierno va a «insistir» con la exploración offshore
Desde la nueva gestión de la Regional La Plata, encabezada por el ingeniero Luis Ricci, manifestaron «el gran orgullo de recibir, después de más de tres décadas, a una destacada egresada de la casa y más aún, de ser parte de este hecho que sienta un precedente y permite que más personas gocen plenamente de sus derechos«.
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Planes sociales y precarización en aumento
Desde inicios de febrero, organizaciones sociales y partidos políticos de San Luis comenzaron a visibilizar que cientos de trabajadores y trabajadoras del Plan Solidario de la provincia fueron notificados de la baja en dicho beneficio. El argumento del Ministerio de Desarrollo de la provincia fue la incompatibilidad con el programa nacional Potenciar Trabajo. Así, funcionarios de esa cartera comenzaron a llamar a los y las trabajadoras para anunciarles la desvinculación del Plan Solidario. Sin aviso previo, dejaban a un significativo número de familias de estrato popular de San Luis al borde de la indigencia. Por Radio La Bulla.
El día miércoles 09, las organizaciones sociales emitieron un comunicado en repudio a la medida. “Denunciamos el avance del ajuste social por parte del gobierno de la provincia de San Luis con el despido anunciado de cientos de trabajadores y trabajadoras del Plan Solidario en un momento económico de enorme exigencia para las familias puntanas”. Y continuaban: “sorpresivamente, muches de les trabajadores y trabajadoras que cuentan como único ingreso el plan solidario provincial y el plan potenciar nacional (38 mil pesos en total) son víctimas de un brutal ajuste que los deja sin ese precario ingreso, indispensable para la vida de sus familias”.
Ese mismo día, las organizaciones que emitieron el comunicado -Movimiento Evita, Corriente Clasista Combativa (CCC), Libres del Sur, Movimiento Territorial Liberación (MTL), Partido Comunista, Octubres, Lealtad Sanluiseña, TIERRA TECHO Y TRABAJO, Federación Juvenil Comunista (FJC), Frente Popular Darío Santillán, Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Movimiento Patriótico de Liberación (MPL), Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- se hicieron presente en las puertas del Ministerio de Desarrollo provincial. Allí, pudieron mantener un breve diálogo con el ministro Nicolás Anzulovich, quien manifestó que no han sido bajas sino suspensiones del Plan. “El ministro planteó que están cruzando datos. Nosotres le planteamos que hay una situación desde hace años de suspensiones y que ahora queremos que se levanten las suspensiones”, detalló Arturo Gómez, integrante del Frente Popular Darío Santillán, luego del encuentro con el ministro.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=Red__Accion&creatorUserId=158505485&dnt=true&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1491435186378412033&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.anred.org%2F2022%2F02%2F11%2Fplanes-sociales-y-precarizacion-en-aumento%2F&sessionId=72468f073e9f080a3e1ee687641c2952f67116b2&siteScreenName=Red__Accion&siteUserId=158505485&theme=light&widgetsVersion=0a8eea3%3A1643743420422&width=auto
A la espera de respuestas positivas, las organizaciones volvieron a movilizarse el jueves 10, para exigir el cese de bajas y la inmediata reincorporación de todes les trabajadores. La respuesta por parte del Ministerio de Desarrollo provincial fue que se levanta la suspensión de todas las personas pero van a tener que elegir entre un plan u otro.
Es evidente que el gobierno provincial entiende que una familia puede vivir con un ingreso de $22.000 que es el del plan de la provincia, o con uno de $16.000 que es el de la nación. Y así, se perpetúa la precarización laboral dibujando cifras de alto empleo en San Luis, que en realidad son planes sociales sin aportes jubilatorios.
Pasó la campaña electoral del 2021 y las promesas se diluyeron en bajas en los planes, amedrentamientos y amenazas. Así, pretende del gobierno provincial continuar con sus slogans acerca de San Luis como la provincia “mejor administrada”, que es “otro país” o que “no tiene pobreza”. Pero esto no es más que una cortina de humo en una provincia donde la precarización laboral crece día a día.
Fuente: https://labulla.org/planes-sociales-y-precarizacion-en-aumento/
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El mensaje de los docentes porteños a Rodríguez Larreta: «El aumento 2022 debe superar la inflación»
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación también reiteraron su reclamo por un bono de 20.000 pesos y por la eliminación de las categorías y topes de las asignaciones familiares. Tras el cuarto intermedio de la reunión de este miércoles, se espera que el Gobierno fije nueva fecha.Feb 11, 2022 | Gremiales |
Los docentes porteños avisaron este viernes que no aceptarán aumentos por debajo de la cifra oficial de la inflación, después de que la negociación paritaria pasara a cuarto intermedio.
En la reunión celebrada este miércoles entre funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y representantes gremiales del sector, asistieron todos los gremios con representación en ese distrito.
Así, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) expusieron que “el aumento 2022 debe superar la inflación del año en curso y generar un proceso de recuperación de lo perdido durante los últimos años de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta”.
Sin que la fecha de la próxima reunión esté establecida, desde la UTE reiteraron su reclamo de un bono de 20.000 pesos para febrero, en línea con los bonos otorgados por los Gobiernos nacional y provincial, además de la eliminación de las categorías y topes de las asignaciones familiares.
Los docentes porteños vienen de recibir un aumento salarial del 52,25 % en 2021, incluyendo los 1.250 pesos de aumento del concepto de conectividad acordado en la Paritaria Nacional Docente.
Vale recordar que el salario mínimo de maestro de grado, inicial o taller, de jornada simple, se fijó en 55.190 pesos en diciembre pasado.
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Desde Amsafe Rosario ratificaron que «sin paritarias no hay comienzo de clases»
“Faltan pocos días para que empiecen las clases y no ha habido una convocatoria del gobierno provincial. Un gobierno que dijo que a principio de mes se abría la discusión salarial, pero estamos a escasos días del arranque y nada”, se quejaron con Conclusión.
“Ya estamos en febrero y no hay fecha de paritarias”, se quejaron desde Amsafe Rosario ante la ausencia de convocatoria provincial para comenzar la discusión salarial de cara a lo que será el ciclo lectivo 2022, programado para arrancar el próximo 2 de marzo.
“Faltan pocos días para que empiecen las clases y no ha habido una convocatoria del gobierno provincial. Un Gobierno que dijo que a principio de mes se abría la discusión salarial, pero estamos a escasos días del arranque y nada”, manifestó indignado el secretario general del gremio Gustavo Terés.
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En esa línea, consideró que “debe ser una discusión extendida, que tiene que tener sus tiempos porque hay muchas problemáticas a abordar, y el Gobierno hasta ahora, no ha hecho ninguna convocatoria oficial. Ni siquiera dio pistas de lo que pretende o por dónde piensa avanzar”.
Si no hay convocatoria a paritarias no se van a iniciar las clases.
Según Terés, “necesitamos una paritaria que aborde la discusión salarial, entendiendo que atravesamos un panorama inflacionario que no decrece y que afecta los salarios, que corren detrás de la inflación”.
Además, señaló la necesidad de revisar la asignación por hijo, “porque tenemos una de las más bajas del país. El Gobierno no reconoce a los hijos, lo cual es obsceno”, así como garantizar que ningún docente se encuentre bajo la línea de pobreza. También pidió discutir la falta de aulas, los cargos, y los cuidados sanitarios como la provisión de barbijos para todos los docentes.https://www.youtube.com/embed/TMYrSomqeLA
“El día miércoles haremos una reunión plenaria para estar debatiendo algunas líneas de acción con una movilización que realizaremos seguramente el viernes, para darle visibilidad a los reclamos”, adelantó el gremialista.
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Los médicos bonaerenses se declaran en estado de alerta
El gremio CICOP se declaró “en estado de alerta y asamblea” mientras exige la convocatoria a su paritaria sectorial
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) se declaró en «estado de alerta y asamblea para discutir en los lugares de trabajo el curso de las negociaciones» con el gobierno bonaerense «y el pliego de reivindicaciones que elevaremos en nuestra paritaria sectorial» de la Ley 10.471.
A través de un comunicado, explicaron que «apremia la necesidad de continuar con la negociación paritaria en la provincia con propuestas salariales, que no solo nos protejan de la inflación, sino que además permitan una recomposición de nuestro poder adquisitivo».
En el mismo analizaron que «durante la semana que comienza se dará a conocer el dato oficial de la inflación del mes de enero” y que “todo indicaría que el proceso inflacionario continúa con un ritmo acelerado que impacta directamente mes a mes sobre el bolsillo de las y los trabajadores”.
Una vez más, manifestaron que “la propuesta salarial para nuestro sector debe contemplar la sobrecarga laboral que venimos sufriendo desde que comenzó la pandemia y el atraso salarial histórico que tiene el sector de la salud pública».
#CICOP en estado de alerta y asamblea. Exigimos la convocatoria a nuestra paritaria sectorial. Seguimos reclamando una oferta salarial que contemple la sobrecarga laboral que venimos sufriendo desde que comenzó la pandemia.#ReconocimientoYA @PrensaCICOP pic.twitter.com/2xtrBhQESA
— CICOP (@CICOP_ok)
«La paritaria sectorial, asimismo, debe ser instrumento para mejorar las condiciones laborales y seguir avanzando en la regularización del personal que aún sigue con formas precarias de contratación», precisaron desde la organización gremial.
Por otra parte, destacaron que «la precarización laboral, en el ámbito de la salud, es un problema central en numerosos municipios, en los cuales persisten -y en algunos casos avanzan- formas ilegales de contratación como el monotributo para la incorporación de profesionales a los planteles estables».
Y en el mismo sentido, señalaron que «es una realidad que preocupa en los hospitales regidos bajo la Ley SAMIC, en donde, en la mayoría de ellos, los trabajadores están bajo contratos de trabajo precarios” y ejemplificaron que “en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, el mes pasado, efectuaron despidos bajo la forma de la no renovación de contratos».
Por último, subrayaron que «la contratación precaria también subsiste a nivel provincial en la figura de becarias y becarios (que ingresaron durante los dos años de pandemia), y que venimos reclamando que pasen a planta como interinas e interinos».
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RE/MAX: sindicato de Comercio denuncia a la cadena por presunto fraude
La organización gremial acusa a la firma de probable fraude a la ley laboral y pidió la intervención oficial para revertir las condiciones de contratación.
La controversia en torno a la operatoria de la cadena de franquicias RE/MAX no deja de aumentar. Mientras se aguarda por un fallo de la Justicia comercial que ratifique la prohibición para el ejercicio de la actividad fijada por la Inspección General de Justicia (IGJ) hace más de un año, este viernes el Sindicato de Comercio elevó ante la cartera de Trabajo un pedido de citación para que la empresa brinde explicaciones sobre el status laboral de los agentes inmobiliarios que responden a la red.
Según publicó iProfesional, la secretaría de Asuntos Gremiales de la organización acercó al Ministerio en cuestión una «denuncia de conflicto colectivo» con pedido de audiencia.
Entre sus argumentos, el sindicato alega que «REMAX ARGENTINA S.R.L., empleador de más de 5.000 trabajadores dependientes, mantiene las relaciones laborales contraídas al margen de toda registración, en franco fraude a la ley laboral, sindical, de obra social y de la seguridad social, enmascarando las mismas bajo la figura comercial del ‘monotributo’».
«La empresa denunciada, valiéndose de su marca internacional, armó una extensa red interempresarial utilizando los contratos de franquicia para desplegar un marco contractual de cobertura, con el único objeto de mantener al margen de toda registración a sus dependientes; en franca violación a la normativa vigente de colegiación de la actividad martillera», detalla el texto de Comercio.
Añade el sindicato: «De esta forma, la empresa, en un ingenio al servicio de la ilicitud laboral, utiliza la pantalla del ‘agente inmobiliario’, como una pseudo categoría en contra de la normativa que rige la colegiación de los martilleros, con el único fin de evitar registrar el vínculo laboral dependiente».
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Observatorio Gremial
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Participación en las ganancias: ¿qué proponía el proyecto presentado por el ex diputado Héctor Recalde?
La idea del ex diputado justicialista tuvo ingreso en la Cámara Baja de la Nación en 2010, y tras no haber avanzado su tratamiento, insistió en 2014 sin que hoy se haya convertido en ley. El cálculo original estimaba que los trabajadores percibían un monto que está en el orden del 10 %.
La conmoción que produjo el pago de 730 mil pesos a cada trabajador de la empresa Bridgestone, correspondientes al convenio de participación en las ganancias firmado oportunamente por la dirigencia sindical y la fábrica de neumáticos, reabrió el debate sobre la extensión de este acuerdo hacia los demás sectores de la actividad productiva y laboral.
En su oportunidad, el ex diputado justicialista Héctor Recalde presentó un proyecto que llevaba la intención de formalizar en una ley la posibilidad de que los empleados de una empresa participen de las ganancias de la misma, en virtud de ser factores imprescindibles a la hora de que la misma avance en su crecimiento.
Corría el año 2010 cuando Recalde presentó con su sola firma la iniciativa en la Cámara Baja de la Nación tras haber caducado el trámite de la misma en su primera instancia al no obtener tratamiento.
Más adelante, el laboralista insistió en la propuesta bajo el número de expediente 1745-D-2014, que fue girada a diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, sin que se haya podido materializar.
Sostenida en su razón constitucional expuesta en el artículo 14 Bis, la propuesta establece en su primer artículo que «todos los trabajadores, empleados u obreros que presten servicios en virtud de un contrato de trabajo en una empresa con fines de lucro, tendrán derecho a una retribución anual en concepto de participación en las ganancias, sujeta a los resultados del ejercicio económico de la empresa a que pertenecen».
En tanto, el segundo punto expone que «la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas no integra ni sustituye al salario legal o convencional, ni su pago puede compensar o alterar la percepción de otros beneficios u obligaciones a cargo del empleador, tengan o no carácter remuneratorio».
Además, establece que «en ningún caso la participación en las ganancias se computará para la determinación de las cargas sociales, montos de indemnización, ni de los aportes y contribuciones con destino a regímenes previsionales o asistenciales, y no tiene incidencia en ningún otro instituto relativo al contrato de trabajo».
De igual forma, el proyecto instaura que «se considerará ganancia de las empresas a la renta gravable de conformidad con las normas de la legislación impositiva vigente sobre Impuesto a las Ganancias, o las que se establezcan en el futuro sobre los beneficios, utilidades, réditos o ganancias de las empresas».
Los puntos destacados
1.- El monto a distribuir y cómo se pagará el beneficio. El importe mínimo a repartir entre los empleados deberá ser acordado en base a las ganancias netas anuales, descontando el pago de impuestos y la incidencia de inversiones.
«En términos generales, sería el 10%. Es una propuesta, podría ser el 11 o el 9%», indicó Recalde en sus fundamentos.
De acuerdo con el texto de la propuesta parlamentaria, ese porcentaje se distribuirá en caso de firmas con más de 300 empleados, aunque ese tope bajará a 100 dependientes una vez que se cumplan dos años desde la aprobación de la ley. Y después del tercer año, todas las compañías se verán obligadas a efectuar dicha distribución entre su personal.
2.- Reinversión de utilidades. Si el empresario reinvierte utilidades no participa el 100% que tiene para participar sino la mitad. Por sentido común, si un trabajador sabe que si la empresa gana va a tener un mejor ingreso, es mejor que gane (la firma para el empleado), indicó Recalde.
3.- Presentismo. El proyecto incentiva «el presentismo» al atar el porcentaje de la participación del empleado en las ganancias a los días realmente trabajados.
«Al trabajador que falta sin justificación se le descuenta del orden de participación. Porque la mitad de lo que recibe se determina en función de los días efectivamente trabajados y la otra mitad, el otro 50%, según la categoría profesional y la remuneración. Esto facilita la productividad», aseguró.
Es decir, el mencionado 10% se distribuiría del siguiente modo:
– El 50% entre todos los trabajadores, en proporción al número de días efectivamente trabajados por cada uno en el año. Se considerarán los días efectivamente laborados y a todos los períodos de licencias legales o convencionales que no tengan por causa la culpa o voluntad del empleado.
– El 50% restante, en proporción a la sumatoria de las remuneraciones devengadas por cada dependiente durante el ejercicio económico que se trate.
4.- Derecho a la información. Cada empleador debía informar a los trabajadores de la empresa o establecimiento y a la asociación sindical que ostente la representación de los intereses colectivos de estos, la ganancia a repartir, la información de los días trabajados y remuneraciones devengadas por cada trabajador y el proyecto de distribución de ganancias.
Según el texto original, la firma no puede negarse a la entrega de la información y documentación requerida, ni obstaculizar el ejercicio de las facultades de control. Esta conducta puede llevar a sanciones. En tanto, la asociación sindical deberá guardar secreto al respecto.
5.- El reparto no generará aportes ni contribuciones. El pago de las utilidades a los trabajadores no computará para la determinación de las cargas sociales, montos de indemnización, ni los aportes y contribuciones con destino a regímenes previsionales o asistenciales, y no tendrá incidencia en ningún otro instituto relativo al contrato de trabajo.
6.- El Consejo tripartito fijará el piso a distribuir. Pretendía creará un organismo tripartito donde intervendrán el Estado, la representación empresarial y de los trabajadores, cuya función principal será fijar el monto mínimo de ganancias a distribuir.
7.- Pequeñas y medianas empresas, con tratamiento especial. Otra de las funciones del Consejo tripartito iba a ser la de tener en cuenta la existencia de asimetrías, la estructura de costos de las firmas, la tasa de actividad y el tamaño de las empresas a los fines de determinar la distribución de utilidades.
8.- El Fondo Solidario. Otro de los aspectos que buscaba impulsar Recalde era la registración de los trabajadores en «negro». De acuerdo con el proyecto, la mitad de las utilidades que el sector privado debía distribuir entre los empleados (5%) sería destinada a un Fondo Solidario para auxiliar a los trabajadores informales.
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Febrero y marzo, dos meses decisivos y diferentes
Paritarias, jubilaciones y perspectivas económicas a la espera del Acuerdo con el FMI
Febrero con sequías varias. Expectativas oficiales para marzo. En un escenario único arrancan las convenciones colectivas. Jubilaciones y AUH: sin reformas, con aumentos. La recaudación impositiva, mejoras sin creación de impuestos. Las sesiones ordinarias, su apertura, su desarrollo: desafios para el Gobierno
Febrero es un mes corto, espinoso y cuesta arriba. Viene difícil, piensan funcionarios nacionales. La sequía damnifica a las producciones agropecuarias. Las arcas del Banco Central están vacías. Pocos dólares para defenderse de los embates especulativos y devaluacionistas, pues.
La renuncia del diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos (FdT) detonó la mayor crisis de la coalición desde que gobierna.
El entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanza aunque no está cerrado. Resta atravesar el tratamiento legislativo que será peliagudo, inédito.
Marzo, suponen en la Casa Rosada y arrabales, tendría que ser mejor. El acuerdo con el FMI podría firmarse, entrar dólares, oxígeno imprescindible en la actual contingencia.
El ciclo natural dará una mano: las retenciones a la soja comenzarán a ingresar. Los altos precios garantizan que los productores vendan pronto, minga de acopios especulativos.
Luego del Acuerdo con el FMI, confían en Economía y en Olivos, habrá meses de relativa tranquilidad (medida con los peculiares parámetros argentinos).
La temporada veraniega record y el crecimiento de la industria estimulan el optimismo del Gobierno. La recuperación, suponen, llegó para quedarse. La obra pública sumará otro motorcito, intuyen y propugnan.
El comienzo de las clases servirá para encauzar la cotidianeidad de las familias. Si la pandemia aminora puede arrancar en los hogares argentinos un año menos estresante, más normal que 2020 y 2021.
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Jubilaciones y paritarias: Para compensar algo las dificultades, las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo aumentaron el 12,8 ciento. El aumento de la recaudación impositiva, un dato auspicioso de 2021, impacta en el porcentaje alcanzado.
Despuntan las negociaciones por convenciones colectivas.
Sin reforma jubilatoria ni laboral, la política social discurre como años atrás. Las tratativas entre empresarios y sindicalistas se despliegan “como siempre” (apodando “siempre” al período inaugurado en 2003 por el presidente Néstor Kirchner). Arranque de una buena nueva, que lo será del todo si esas rutinas redundan para mejorar los ingresos de los trabajadores activos o jubilados.
Las negociaciones por la Paritaria Nacional Docente (PND) arrancan (claro) antes del comienzo del ciclo lectivo. La PND fija el piso del ingreso de los trabajadores de la educación para todas las provincias. Es simultáneamente un galimatías (se acodan a la mesa, las 24 provincias, la Nación y cinco centrales sindicales) y una garantía para maestros de los distritos con menos recursos. Primera gran convención colectiva de cada año, su porcentaje de cierre funge como referencia para los reclamos de otros empleados públicos, en las provincias y en la Nación. No está escrito en ningún lado, pero funciona así.
El Gobierno nacional pretende llegar a una cifra decorosa, los gobiernos provinciales también pero como son ellos los que pagarán reclaman cautela.
El Consejo Nacional del Salario se congregará el mes que viene, determinará el salario mínimo vital y móvil. No impacta en los convenios colectivos (cuyos mínimos lo superan, de ordinario). Sí vale como base para el cálculo de salario inicial docente o para la mensualidad de beneficiarios de programas sociales.
La vastedad de la clase trabajadora se deja describir así: hay quienes rondan el salario mínimo vital y móvil; hay quienes se preocupan por el mínimo no imponible a las ganancias.
La desigualdad en la Argentina es la más grande de la historia. Los trabajadores con empleo registrado la pasan mejor que otros hermanos de clase… pero el abanico salarial entre ellos hoy en día supera cualquier precedente. La mayor parte llega con la lengua afuera a fin de mes, hay compañeros que viven mejor.
Un ejemplo (atípico al mango, irrepetible) resalta la tendencia. Los empleados de la fábrica de neumáticos Bridgestone terminarán de cobrar en mayo un premio de $730.000 cada uno. Corresponde como participación en las ganancias de la empresa. Surge de un acuerdo convencional firmado en plena malaria económica, en 2001. La conducción del Sindicato de Trabajadores del Neumático de la Argentina (SUTNA) aceptó una reducción de derechos contra una serie de contrapartidas. Algunas inmediatas. Otra deferida a acontecimientos futuros, inciertos, dudosos: la aludida participación en las ganancias de la empresa, cuando mejorara la economía… si mejoraba. En el momento parecía ilusión pero la reserva de derechos se tornó aplicable. Un ejemplo asombroso de conciencia sindical, de muñeca para pulsear incluso en una etapa de gran debilidad.
La participación en las ganancias está reconocida como derecho por el artículo 14 bis de la Constitución pero son contados los ejemplos en que deja de ser mera enunciación.
La Bancaria, una asociación con dirigencia combativa y lúcida, lo obtuvo en ciertos casos. Existen convenios de empresa que la admiten y en determinadas ramas de actividad se conciertan pactos contractuales en igual sentido. Hablamos de minorías ínfimas dentro del conjunto, las que cruzan a empresas rentables con representantes gremiales (o hasta trabajadores individuales) batalladores e inteligentes.
Hasta esas excepciones necesitan pulsear para hacerse valer. El sector financiero se la lleva con pala desde buen tiempo atrás. La Bancaria consigue sueldos dignos superiores a la inflación y condiciones de trabajo dignas. Pero necesita pelearlas año tras año, sea durante el macrismo, sea ahora. Con paros, movilizaciones, concretados o anunciados. Todo derecho es una conquista, siempre se consigue a expensas del otro. El promedio de las convenciones colectivas será distinto al de la Bancaria, se sabe.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó en un reportaje a radio La Red que el Gobierno pretende que las negociaciones discurran estimando un 40 por ciento de inflación anual como techo para los aumentos anuales. Queda la posibilidad, concretada el año pasado, de reabrirlas si los índices de precios superan esa cifra. Habrá que ver cómo reaccionan las cúpulas sindicales y sus bases. La dirigencia cegetista lleva buenas relaciones o de transigencia con el Gobierno pero hay dos datos de contexto que pueden complejizar el cuadro.
El acuerdo con el FMI dinamiza a cuadros, delegados o seccionales combativas, a luchar “contra el ajuste”. Por otra parte, la recesión de 2020 y los primeros meses flojitos de 2021 quedaron atrás. Circunstancias así disciplinan a los trabajadores, las reactivaciones (con total lógica y derecho) estimulan que busquen mejorar su posición relativa. El crecimiento del Producto Bruto (PBI) que destaca el Gobierno incita a pretender mejoras significativas tras varios años (no menos de seis) de vacas flacas.
Ni en los mejores años del kirchnerismo el Gobierno pudo imponer una pauta, un techo (o como quiera llamárselo) logrando acompañamiento unánime de los gremios y los trabajadores. La deuda interna debe achicarse durante 2022…Habrá que ver.
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El crecimiento prometido: El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Presidente prometen que el crecimiento dará para cumplir las metas pactadas con el FMI, crecer, aumentar el PBI y (en menor proporción) el gasto social. No dispone de margen para vetar la puja distributiva sin contradecirse.
Integrantes del equipo económico imaginan una suba del PBI superior a la que predice el FMI: cuatro por ciento, dice algún ministro en voz alta. No parece tanto tras el envión de 2021 que implica de entrada 3 puntos del PBI de “arrastre estadístico”. En voz baja, en el trajinado “off the record”, el optimismo oficial de la voluntad proyecta 6 puntos… Shhh.
Una reforma impositiva escapa a las previsiones del Gobierno, por varias causas. La más ostensible es que sería imposible con la actual integración del Congreso. Juntos por el Cambio capacita para trabar reformas. Peor aún, imaginan cuadros oficialistas: “En 2023 van a promover proyectos de supresión o bajas de impuestos. Habrá que colgarse del travesaño para frenarlos”.
Sostener la recaudación impositiva, objetivo irrenunciable. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) va en busca del tiempo perdido. Suspendió ejecuciones de deudas durante 19 meses para aliviar las consecuencias de la pandemia. Ahora las activa, identifica morosos, procura mejorar la base para impuestos progresivos, busca bienes en el exterior. Desde ahora, podrá trabar embargos sobre “billeteras virtuales”, que entre tantas funciones cumplen la de esconder patrimonios.
La mejora de la administración tributaria, antes que la creación de nuevos tributos, es parte de la caja de herramientas de la AFIP.
Obtener apoyo de las administraciones provinciales… un incordio o una quimera. Cuando se firmó el Pacto Federal, las provincias ya se manifestaron reacias a crear impuestos a la herencia rehusando una propuesta progresiva del Gobierno nacional.
Más aún, las autoridades de los territorios corcovean cuando se les sugiere actualizar las valuaciones fiscales de bienes (inmuebles en especial) sobre las cuales se perciben tributos. El federalismo argentino es agrisado y mistongo. Los territorios se quejan del centralismo nacional y de su voracidad fiscal pero (en general) no aplican a aumentar gabelas. Casi todos ofrecen una suerte de competitividad espuria, mini paraísos con baja carga impositiva.
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Marzo, Congreso, su ruta: El primero de marzo Alberto Fernández abrirá las sesiones ordinarias. Las extraordinarias quedarán en veremos, no hay plafón. Al cierre de esta nota, en la tarde del sábado, cuesta imaginar qué escenas se verán en el recinto. Las divisiones del FdT lo tornan impredecible, hay pocos precedentes comparables.
La clave en el corto plazo será el debate sobre el Acuerdo con el FMI. Ahorita mismo, JpC parece inclinarse a facilitar la aprobación sin renunciar a denuncias, acusaciones o macartismos variados.
El nuevo presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, conversa con sus distintas “tribus”, por separado. No hay reuniones plenarias, de momento: mejor ir pispeando el clima interno.
Martínez insiste en el optimismo de la voluntad (no da por perdido ningún voto) pero el cuadro de situación indica que la mejor performance posible es asumir que habrá abstenciones y precaver que las divergencias no deriven en agravios ni en divisiones desde cualquier sector de las bancadas del FdT.
Desde la renuncia de Máximo Kirchner las figuras más relevantes del oficialismo se han cuidado de no escalar públicamente las polémicas pero cunden los malestares y los reproches en voz baja.
Tras perder las elecciones de medio término, tras una crisis posterior a las Primarias Abiertas (PASO), el oficialismo en su conjunto afronta el básico desafío de defender la “unidad hasta que duela”, aquella que determinó que hubiera 2019. Todo depende, básicamente, del autocontrol y de la voluntad constructiva de sus dirigentes.
Si se evitan errores, si se gambetean provocaciones de los adversarios, si se encarrilan las divergencias internas, si se cumplen las promesas de AF y Guzmán, puede haber 2023 evitándose el default, la ingobernabilidad y también la amenaza del regreso electoral del macrismo.
En marzo se empezarán a despejar incógnitas, el oficialismo siempre cuenta con más herramientas que sus adversarios. Claro que tiene que saber usarlas… Estas historias continuarán.
.Envio:RL
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