El ministro Lagna pidió a la oposición que no medre con la inseguridad
Renunció por un viaje, no por la violencia
El viceministro de Seguridad, Jorge Bortolozzi, tuvo que dimitir tras haberse ausentado en plena escalada de crímenes por motivos no laborales. "Soy un chivo expiatorio", dijo.
Fue la trascendencia pública de su viaje a Centroamérica y no la violencia urbana descontrolada lo que hizo caer a Jorge Bortolozzi de la Secretaría de Seguridad. Por eso ayer el ministro Jorge Lagna, al presentar al sucesor, Claudio Brilloni, reprochó a quienes hicieron uso político de la ausencia del funcionario: "Partidizar la violencia, la inseguridad, es nefasto. Le hace daño a cualquier gobierno, sea del signo que sea. Ojalá que la Junta de Seguridad no sea una cáscara. Nadie puede decir que no tiene nada que ver con esta situación", avisó.
Bortolozzi se enteró en una entrevista al aire que Lagna le estaba pidiendo la renuncia. El corondino, ante el desenlace inevitable, reveló que su superior y el gobernador Omar Perotti estaban al tanto de su viaje. "Incluso el ministro me dijo cómo no le traje perfumes", chanceó y se agarró del mantel. Había viajado a Nicaragua para asistir a una reunión del Club de Leones, del cual es miembro, y aseguró que había avisado antes. Pero la escapada se filtró a la prensa desde algún sector de la oposición y el Ejecutivo no estuvo dispuesto a aguantarlo. Y sacrificó la pieza.
Lagna ayer dijo que Bortolozzi le había comunicado "por WhatsApp que se iba de viaje unos días, no adónde. Las consecuencias de los actos de los funcionarios públicos exceden a la media de una persona normal. Todo lo que diga él me tiene sin cuidado. No hay autorizaciones, hay responsabilidades”.
Ante el hecho consumado, el dimitente se declaró como "un chivo expiatorio" en una crisis difícil de resolver: "Con la infiltración narco de la policía y fuego amigo es muy difícil combatir el delito", dijo. El año pasado había dicho que "Rosario está en guerra" y proponía declarársela al narcotráfico.
Asumió en su lugar Claudio Brilloni, un comandante retirado de Gendarmería Nacional que desde diciembre fungía como subsecretario de Prevención y Control. Antes, desde esa fuerza federal, había coordinado el envío de agentes a Rosario que Patricia Bullrich había dispuesto durante el gobierno de Macri, y participó de aquella cinematográfica persecución de los fugitivos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci, capturados en Cayastá. Brilloni tiene la venia, o el reconocimiento al menos, de oficialismo y oposición. El propio Maximiliano Pullaro ayer lo dejó en claro.
En su primera alocución como viceministro del área, Brilloni renovó "el compromiso de trabajar de manera articulada" con otras agencias del aparato estatal. Valoró los procedimientos que se vienen realizando y lo atribuyó "al trabajo en equipo". Duplicar esfuerzos e incrementar el trabajo territorial, dijo. En cuanto a la policía, "van a encontrar en mí a un camarada, pero también dispuesto a corregirlos cuando lo tenga que hacer".
Mientras sucedía este cambio de piezas en el gobierno, las calles rosarinas sumaban el homicidio n° 92 en lo que va del año, y Ariel "El Viejo" Cantero volvía a ser detenido, esta vez en su casa de Vía Honda, junto con otras 20 personas y un vasto procedimiento de fiscales, TOE y AIC, por una serie de balaceras extorsivas perpetradas en vísperas de elecciones, el año pasado, contra estaciones de servicio y escuelas. Y a la vez, Pablo Javkin anunciaba un proyecto para que los intendentes puedan elegir al jefe de Policía, y reclamaba la presencia de 1500 gendarmes prometidos por Nación para marzo pasado.
"Nación tiene un atraso en la instalación de la Unidad Móvil N°7 de Gendarmería. Han venido 875 nuevos agentes. El ministro Aníbal Fernández me ratificó que esa unidad de 1.000 agentes estará en Rosario", aseguró Lagna.
El ministro destacó que está por incorporar 180 patrulleros a Rosario y otra tanda de 65 en talleres (sic). Asumió que dispone de "un suculento presupuesto a ejecutar", pero aclaró que "no hay soluciones mágicas, el problema con el delito complejo es de larga data, el narco no es de ahora, empezó en 2007 o 2008 con mucha violencia. Me planteo bajar esos índices, pero será largo. Hay que mejorar en investigación, en tecnología, la Justicia Federal. La relación con el MPA, con la Justicia federal mejoró muchísimo. Antes no pasaba", afirmó.
Asumió que "hay que ser más duro con la conducta de los agentes", al reconocer que la Policía hoy es más parte del problema que de la solución. Y los servicios penitenciarios también. "Los delincuentes más famosos de Santa Fe están en cárceles federales y cometen más delitos desde adentro que afuera", cuestionó.
Trascendió que un hermano de la jefa de Policía, Emilce Chimenti, trabaja en la sección Balística de la URII, allanada la semana pasada por el desvío de armas bajo custodia policial hacia delincuentes. "Hay imputados y detenidos, un familiar de la jefa trabaja ahí. Apoyamos totalmente la investigación de los fiscales, y que se llegue hasta las últimas consecuencias", declamó Lagna.
Ante la pregunta y a pesar de las circunstancias, el ministro enfatizó que sí, que en Santa Fe "hay control político sobre la Policía".
"Si la solución fuera otro nombre (como ministro), yo no tengo problema, es decisión del gobernador. Pero partidizar la violencia, la inseguridad, es nefasto. Le hace daño a cualquier gobierno, sea del signo que sea. Ojalá que la Junta de Seguridad no sea una cáscara. Nadie puede decir que no tiene nada que ver con esta situación", concluyó.
Alquileres
El proyecto de Javkin para designar jefes policiales
El intendente con opinión y peso
El proyecto implica que la autoridad política territorial tenga injerencia sobre el funcionamiento de la policía en su lugar
El intendente Pablo Javkin presentó ayer un proyecto de ley para que los intendentes puedan elegir a los jefes policiales de su jurisdicción. "Esto nos va hacer ganar en tareas de prevención" argumentó en diálogo con Rosario12. Y de inmediato se quejó porque " nos enteramos por los diarios de los últimos jefes policiales rosarinos", y de que las juntas de seguridad funcionan informalmente. "No hay compromiso legal para que lo que volcamos en ellas se concrete. Son expresiones sin correlato a veces en el trabajo preventivo", razonó. Para el intendente de este modo "le damos formalidad".
-¿Qué se gana con el proyecto?
-El proyecto obliga a tener la opinión del intendente para designar los jefes y fija por ley las juntas de seguridad locales, qué es algo que funciona a veces pero sin la autoridad política del intendente. Para resaltar del proyecto es que la autoridad política territorial tenga injerencia sobre el funcionamiento de la policía en su lugar. Eso es lo más importante.
-Hace no mucho tiempo el entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain advirtió sobre el peligro del avance del poder político local en la designación de los jefes de unidades regionales, y daba el claro ejemplo del senador Armando Traferri y su ligamen con el grupo de policías de la unidad regional 17 de San Lorenzo. ¿No cree usted que se corren riesgos con esta ley?
-No, lo creo, porque precisamente es la autoridad territorial la que responde frente a los vecinos y vecinas. Entonces la autoridad política sobre la policía siempre es fundamental. Ahora bien hay que ver de dónde viene esa autoridad política, y creo que siempre es mejor la que viene del que está expuesto territorialmente, cotidianamente a la demanda de la gente , que aquella que viene de un poder más mediato.
-¿Podemos profundizar esa figura?
-Si, esto responde a que el intendente siempre tiene un nivel de cercanía con el reclamo social, muy diferente al que se da en un poder como en el Senado. Entonces obviamente las motivaciones y los intereses son diferentes siempre.
- Cuando los intendentes deben resolver en muchos casos problemas escenciales como el transporte público o la recolección de la basura, ¿no es sumarle más problemas sobre las espaldas a estos funcionarios?
-No, esta es una tarea que estamos obligados a hacer, porque en la planificación territorial y en el diseño de los servicios, lo que impacta es la inseguridad. Hoy tenés que diseñar un sistema de transporte donde no podés caminar dos cuadras , entonces hay una relación directa de cómo la inseguridad atraviesa a los otros servicios. Al contrario pienso, porque hoy tenemos juntas semanales de seguridad, pero el problema es que hablamos pero facultativamente no hay ninguna obligación legal y por lo tanto no hay ninguna obligación de responder. No es que no lo hacemos, pero lo hacemos informalmente.
-Hoy hay una mirada muy crítica sobre la institución policial, ejemplo claro es el último joven de 23 años que hace poco tiempo fue egresado de la escuela de Cadetes y terminó en la sección Balística vendiendo 5 armas por una moto a una estructura narco. ¿Alcanza sólo con nombrar a un jefe de policía habida cuenta del desgranamiento del respeto y la honestidad que exhibe la fuerza policial?
-No, no alcanza pero yo no estoy planteando una policía local, estoy planteando la injerencia que va a tener el poder local sobre la policía. Para eso está el Ministerio de Seguridad, que deberá controlar la formación, los ascensos y todo lo relativo a la carrera policial. Lo que pedimos ser escuchados a la hora de la distribución territorial de la fuerza en la ciudad y que quién la conduce tenga una correspondencia con el poder político local. Obviamente eso no implica que el intendente va a asumir todas las funciones que le corresponden al ministro de seguridad. El ejemplo que usted da, es un ejemplo típico de la formación y control de la fuerza.
-¿Qué puede ganar un intendente al designar al jefe de la regional?
- Mire lo que necesitamos es un mayor nivel de prevención, algo que después impacta en todas las actividades de la ciudad.
-¿Porqué polemizó con el ministro de Seguridad de Nación Aníbal Fernández?
-No quiero polemizar, no tengo ningún interés en una polémica pública pero me preguntaron sobre una cuestión qué es fundamental para nosotros como es la instalación del destacamento de gendarmería en Rosario y dije que lo necesitamos urgente es qué Nación no nos abandone con el envío de 1500 gendarmes. Ya desmalezamos un predio y colocamos adoquines pero faltan los contenedores y los hombres y mujeres.
Jerarquía constitucional para un acuerdo ambiental
Acceso, información y ambiente
El senador Lewandowski presentó el proyecto.El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, presentó un proyecto en la Cámara de Senadores de la Nación para otorgarle jerarquía constitucional al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe aprobado por Ley Nº 27.566.
Lewandowski afirmó que este acuerdo es "importante para que toda persona tenga acceso adecuado a la información sobre el ambiente, oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones y acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos", tal como lo establece el acuerdo.
Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.
En el texto del proyecto considera que nuestra Carta Magna, en su Capítulo Cuarto “Atribuciones del Congreso”, artículo 75, inciso 22, provee la herramienta para “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede” y otorga a los tratados y concordatos una jerarquía superior a las leyes.
En ese mismo sentido sostiene que es importante "recordar que este Honorable Congreso, al momento de debatir y tratar el Acuerdo de Escazú (Mensaje PEN N° 155/19), sancionó de manera unánime en la Cámara alta (13-08-2020) y por una amplia mayoría en la Cámara Baja la aprobación de dicho Acuerdo el 24 de septiembre de 2020".
Vicentin
Propuesta de pago
SUPERMERCADISTAS
Convocados por la concejala Susana Rueda
Asociación santafesina contra la penalización del uso terapéutico
Mamás cannabis llegó a la Corte Suprema nacional
El amparo presentado por la asociación Mamás Cannabis Medicinal (Macame) de Santa Fe para que no las penalicen por cultivar la planta con la que producen el aceite para el uso terapéutico de sus hijos llegó ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habilitó por primera vez en el país una audiencia pública por la causa. "Estamos aquí para pedir que estas familias sean ayudadas y no perseguidas por el Estado, ni policial ni judicialmente. Pedimos que se declare no punible el cultivo de cannabis cuando tenga fines terapéuticos", planteó el abogado de Macame, Domingo Rondina. "En el expediente se demostró que no hay riesgos en los preparados caseros de la planta de cannabis y sí muchos beneficios", consideró el abogado.
La audiencia pública realizada ayer estaba programada en dos jornadas, pero se decidió que se concrete ayer en un solo día. En primer lugar expusieron los amigos del tribunal, el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe, la Asociación Civil Fe y Esperanza Papis Adicciones, el CELS y el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). También hablaron el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal; Mariana Graso y Pablo Ordoñez por la Defensoría General de la Nación, y el Fiscal de Estado de Santa Fe, Rubén Weder.
Al comenzar su exposición, que se extendió por más de 50 minutos y fue interrumpida varias veces por los ministros de la Corte que preside Horacio Rosatti para realizarle preguntas, Rondina remarcó que "siendo conductas privadas no punibles del artículo 19, no pueden exigirse autorización estatal ni inscripciones. También pedimos la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 27.350 -que da el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis- porque impone para la provisión gratuita del aceite la incorporación a un programa que regula el Ejecutivo".
"La sustancia que las madres usan no son estupefacientes porque no se procesa con calor, por ello no es diferente el encuadre de este caso al de una familia que cultiva en su patio valeriana o tilo, y preparan un té con esas plantas. Todas las madres actúan bajo indicación y control de sus médicos libremente elegidos", agregó el abogado.
Tras la audiencia, Rondina dijo a Rosario/12 que la Corte "se mostró empática con las mamás al convocar a esta audiencia, y las preguntas que realizaron demuestran que tienen dudas sobre la posible confusión del aceite casero que fabrican con un medicamente. También si es un producto susceptible de causar daños que el Estado debería controlar o sí como nosotros decimos es un producto doméstico que sólo genera beneficios".
El abogado remarcó que el Estado nacional "expresamente consintió que no hay efectos graves producto del aceite casero de cannabis, y admitió que el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) "no controla ni ayuda para mejorar la calidad de lo producido, solamente es una base de datos de personas que cultivan". Rondina dijo que no está en contra del registro, pero consideró que "no debe habilitarse el control del Estado sobre estas conductas que son privadas".
Rondina pidió a la Corte que "exhorte al Congreso para que dicte una norma similar a la que existe con la masticación de hojas de coca, donde la ley de estupefacientes dijo que no es punible por tratarse de una práctica cultural que no dañe a nadie".
"Nada ha sido fácil para nosotras. Nos tocó esta parte porque la luchamos y la seguimos luchando y luchando por siempre. Van a haber muchos días para analizar y entender", posteó Laura Acosta, presidenta de Macame Santa Fe.
Fuente:Rosario12
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