La Bancaria ratificó el paro y el jueves no habrá atención al público
Reclaman un incremento equivalente a los pronósticos inflacionarios privados que difunde el BCRA hoy en un 59,2%.

La Asociación Bancaria liderada por Sergio Palazzo ratificó hoy la medida de fuerza que habían anunciado la semana pasada pautada para el próximo jueves por un período de 24 horas.
La decisión de confirmar la medida se tomó luego de una nueva reunión paritaria donde las partes no pudieron ponerse de acuerdo en una negociación que, formalmente, debió concluir en diciembre del año pasado y que pudo postergarse a partir del otorgamiento de algunas cifras puente que, al momento, ya expiraron. Ese acuerdo particular implicaba una suma fija de $10 mil en enero y de $14.500 en febrero para la categorías que percibieran, a diciembre de 2021, un salario inferior a los $155 mil. Los salarios superiores recibieron otras cifras de la misma característica pero con montos superiores.
El reclamo sindical apunta a obtener en paritarias un aumento equivalente a los pronósticos de inflación que difunde el BCRA a partir del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que, según el último informe publicado, llegan al 59,2% para el presente año.
Fuentes sindicales explicaron que, en el encuentro de hoy, las patronales bancarias presentaron una “propuesta inadmisible” que, además, según la interpretación de los mismos dirigentes “desconoce el mandato del Presidente de la Nación quien claramente manifestó que los sueldos deben superar la inflación”.
En un comunicado llamaron a “las cámaras empresariales, especialmente las privadas, a reflexionar urgentemente, ya que, empecinadamente, siguen mirando sólo su conveniencia, producto de su avaricia y sus rentabilidades de manera mezquina, sin importarles avasallar nuestros derechos”.
El sindicato informó que la medida se hará con presencia en los lugares de trabajo para garantizar una movilización posterior y con desconexión de los trabajadores que se desempeñen bajo la modalidad de “teletrabajo”.
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Organizaciones sociales movilizan a sedes de la ANSES por acceso «sin restricciones ni maniobras» al IFE 4

Las organizaciones sociales de la Unidad Piquetera realizarán hoy una conferencia de prensa a las 12 en el Obelisco y luego movilizarán a la ANSES, en reclamo de acceso «sin restricciones ni maniobras» al bono de Refuerzo de Ingresos (también conocido como IFE 4 2022), anunciado por el gobierno de Alberto Fernández, de $18.000 (que se pagarán $9.000 en mayo y $9.000 en junio). «A 48 horas del cierre de inscripción son millones los que no pueden ingresar a la página de ANSES. Para acceder al bono, todos, con la única excepción de los jubilados, deben anotarse nuevamente en una página de ANSES que está colapsada por la enorme demanda social que hay en una Argentina empobrecida por décadas de gobiernos ajustadores. Sin embargo, el gobierno tiene los datos de todas las personas que cobraron el IFE o que están cobrando la AUH, o las bases de datos del RENATEP o las de los programas sociales. ¿Por qué hace este requerimiento? Es sencillo, especula con que las personas con menor capacidad técnica queden afuera, la caída en la cantidad de beneficiarios y, por lo tanto, el ‘gasto’ «, denuncian. Por ANRed.
Recientemente el gobierno de Alberto Fernández anunció un nuevo pago del bono de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La cuarta edición de este bono, popularizada en los medios como el «IFE 4», pero difundida por el gobierno con el nombre de «Refuerzo de Ingresos para un crecimiento con inclusión«, consistirá en dos tipos de pagos.
Por un lado, un solo pago automático de $12.000 en mayo para personas jubiladas y/o pensionadas con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas; titulares de Pensiones No Contributivas (PNC); y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En este caso, no deben realizar ninguna inscripción, ya que cobrarán el bono de forma automática.
Por otro lado, el gobierno anunció un pago de $18.000 por única vez, que se pagarán $9.000 en mayo y $9.000 en junio, destinada a trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras y trabajadores de casas particulares, y monotributistas sociales y monotributistas A y B. El bono es compatible con quienes cobran la Asignación Universal por Hija y/o Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social, el Progresar, la Prestación por Desempleo, el Potenciar Trabajo, inscriptas e inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) y planes alimentarios provinciales y municipales, según anunció el gobierno. En este caso, deben inscribirse a través de la web de ANSES, que «evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes», detalla el organismo.
En este marco, las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera anunciaron que este miércoles 27 de abril realizarán una conferencia de prensa en el Obelisco porteño para luego movilizar a la sede central de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) – marcha que replicarán en otras sedes del organismo en todo el país – en reclamo del acceso al bono «sin restricciones ni maniobras».
«Luego de una inflación brutal que elevó los precios de los alimentos en tres meses más de un 20% (con lo que aumentó la recaudación del IVA en forma exponencial), y de de que miles ganáramos las calles contra el ajuste con marchas y acampes, a 48 horas del cierre de inscripción son millones los que no pueden ingresar a la página de ANSES«, denuncian en un comunicado conjunto.
En la misma línea, agregan: «para acceder al bono, todos, con la única excepción de los jubilados, los que están de condiciones de cobrar este paliativo, deben anotarse nuevamente en una página de ANSES que está colapsada por la enorme demanda social que hay en una Argentina empobrecida por décadas de gobiernos ajustadores. Sin embargo, el gobierno tiene los datos de todas las personas que cobraron el IFE o que están cobrando la AUH, o las bases de datos del RENATEP o las de los programas sociales. ¿Por qué hace este requerimiento si tiene la base de datos que es necesaria para otorgar ese paliativo? Es sencillo, especula con que las personas con menor capacidad técnica queden afuera, la caída en la cantidad de beneficiarios y, por lo tanto, el ‘gasto’ «, sentencian.
Ante esta situación, reclaman al ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta y Fernanda Raverta, la titular de la ANSES, el acceso irrestricto y sin maniobras al pago de dicho bono: «reclamamos que no haya más especulaciones y se tomen las bases de datos existentes para que las y los que cobran la AUH, los que están registrados en el RENATEP y los programas sociales cobren en forma directa con los datos existentes. Ante el reclamo, Zabaleta se lava las manos y Raverta ejecuta la exclusión. Por ello, movilizamos a las principales sedes de ANSES en todo el país», concluye el comunicado.
La Unidad Piquetera está integrada por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organización 17 de Noviembre (M.D.L. Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T., el Frente de la Resistencia, La William Cooke, el R.U.P., Barrios de Pie-Libres del Sur, el MST Teresa Vive, y la Coordinadora por el Cambio Social, integrada por el Frente de Organizaciones en Lucha-FOL, el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y COPA en Marabunta, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, y la OLP y Resistir y Luchar.
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La Ciudad no ejecuta el presupuesto para sacar el asbesto del subte
La Legislatura aprueba todos los años una partida para este fin pero el gobierno no lo pone en marcha. “El servicio está cada vez más degradado y las fibras de asbesto que se eliminan por los túneles, ponen en peligro a pasajeros y trabajadores”, denuncia la AGTSyP y advierte medidas de fuerza.
Redacción Canal Abierto | Ya van más de cuatro años que las y los trabajadores del Subte de Buenos Aires denuncian la presencia de asbesto, material cancerígeno prohibido desde principio de siglo, en las formaciones, talleres y túneles.
Producto de esta lucha se lograron cambios parciales por parte de Emova (ex Metrovías) y el ingreso de una parte de los trabajadores al Registro de Agentes de Riesgo. Sin embargo, la inacción de la empresa y del gobierno de la Ciudad tuvo consecuencias más graves: 55 trabajadores con afecciones pulmonares -algunos con cáncer- y tres fallecidos.
Los trabajadores nucleados en la AGTSyP denunciaron que el último fin de semana, Emova tomó la decisión de retirar de una sola vez y sin ninguna protección, aislamiento, método o protocolo de seguridad, todo el sistema de ventilación forzada de la Línea B. “Esto trajo aparejado la dispersión en el taller, y luego en toda la línea, de ingentes cantidades de asbesto de dicha estructura, violando lo acordado, desconociendo la ley y también el fallo vigente de la jueza Liberatore, que entre otras mandas a la empresa concesionaria plantea la prohibición de tomar contacto con lugares o elementos con presencia de asbesto”, señalaron.
Por su parte, Francisco “Pancho” Ledesma, secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente en el Trabajo de la AGTSyP, informó: “También estamos denunciando que el gobierno de la Ciudad, a través de la empresa estatal Sbase, quiere rematar varias formaciones que están sin desasbestizar en unos galpones que Sbase le alquiló al Grupo Clarín en la calle Magaldi, a 50 metros del riachuelo. Esos predios son del diario Clarín y de la Nación. Eso no puede salir a la venta si no se desasbestiza. Nosotros queremos que saquen el asbesto, pero no que lo tienen por la Ciudad o por el conurbano porque nuestros trabajadores, igual que cualquier ciudadano, tienen el derecho a que el Estado los cuide, no a que se enfermen adrede”.
Al mismo tiempo, añadió: “Ellos se habían comprometido en 2021 a un cronograma de trabajo para sacar asbesto ya no solo de los trenes, sino de las instalaciones como por ejemplo, los cuartos de bombeo. El subte, aunque Mauricio Macri dijo que no se inunda más la Capital Federal, se sigue inundando. En medio de la pandemia se inundó, entonces a esos cuartos de bombeo hay que repararlos. Los cuartos y las bombas tienen asbesto, por eso a nuestros trabajadores no les permitimos que vayan a trabajar ahí porque ya está confirmado por todas las partes que tiene asbesto y si van a trabajar ahí los estamos mandando a que adrede se enfermen”.
En este sentido, Ledesma expresó: “Ellos se preocupan de la operatividad, del servicio -para obviamente lucrar- pero nosotros entendemos que el transporte público es eso, es un bien que está al servicio de la comunidad, no es un transporte para lucrar, aunque la empresa lo trata así hace 28 años”.
Y agregó: “La Legislatura, donde tiene mayoría el partido gobernante, todos los años destina una partida para el subte, exclusiva para sacar asbesto. O sea, el presupuesto no es un problema para comprar flotas nuevas, sino al contrario, no ejecutan el presupuesto para hacer eso. Mientras tanto, el servicio está cada vez más degradado y a partir de la fibra de asbesto que se elimina por los túneles, el pasajero y principalmente los trabajadores, que estamos muchas horas en ese lugar que no tiene ventilación forzada ni ventilación natural, estamos a merced de esa fibra cancerígena que ya se ha cobrado la vida de tres trabajadores”.
El secretario de Salud Laboral comentó también que la problemática está afectando psicológicamente al plantel. “Es muy fuerte, tanto para el que viene a trabajar todos los días y dice ‘¿hoy me llevaré el cáncer encima a mi casa y contagiaré a mi familia?’, y para los afectados, que hasta el día de hoy no pueden volver a trabajar porque la ley indica que por una cuestión de salud no pueden volver a trabajar a un lugar donde está el material cancerígeno. Es una situación traumática psicológicamente porque si no te enfermas con el asbesto te estalla la cabeza. Ante la empresa estatal, la empresa privada y el Gobierno nacional que no toman decisiones políticas, se están enfermando los compañeros psicológicamente. Es una bomba de tiempo”, dijo Ledesma.
Para finalizar, resaltó: “A nosotros la vida se nos va laburando y queremos que la decisión política sea más rápida porque no es una cuestión de presupuesto. La Ciudad de Buenos Aires es la que tiene más presupuesto nacional, pero además en la Legislatura, donde ellos tienen mayoría, todos los años votan una partida específica de presupuesto para asbesto”.
La AGTSyP a los usuarios, a las organizaciones ambientales y de derechos humanos a sumarse a la lucha de las y los trabajadores del subte para que se retire el asbesto cancerígeno del subte y advierten la posibilidad de medidas de fuerza “en defensa de nuestras vidas”.
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Enfermería retomó las calles porteñas por salario y reconocimiento profesional
En los hospitales de la Ciudad se sintió fuerte el paro convocado por SUTECBA al que se sumó ALE. Hubo protestas y asambleas en varios hospitales. Los trabajadores salieron a la calle exigiendo salario igual a la canasta familiar, pase a planta permanente de los contratados y el reconocimiento profesional de enfermería.
Por Natalia Laris, Enfermera

Durante la mañana de este martes, trabajadores de enfermería de los 34 hospitales se plegaron al paro convocado por SUTECBA con asambleas y cortes de calle en varios de ellos. A la medida se sumó también la Asociación de Licenciados de Enfermería, quienes exigieron paro de 48hs a SUTECBA, la semana que viene con movilización el 12 de mayo. En las protestas se expresaron los reclamos de los trabajadores que estuvieron al frente de la pandemia y cobran salarios que apenas llegan a la mitad de la canasta básica.
Algo llamativo fueron los reclamos que se expresaron durante la jornada, exigiendo salario de 140.000$, el pase a planta permanente de los trabajadores contratados en pandemia, y el reconocimiento profesional. Las exigencias iniciales de los dirigentes del gremio en el paro de la semana pasada fueron centralmente aumento del pago de módulos (horas extra), actualizar plus sanitario, y otras medidas mínimas.


Alejandrina Barry, legisladora de la Ciudad del PTS en el Frente de Izquierda, expreso su apoyo, como siempre a los trabajadores en lucha.
Desde el Hospital Elizalde, una enfermera nos decía: “Estamos reclamando que se reabran las paritarias. Un 12% de aumento en lo que va del año no nos alcanza para nada”. A su vez nos aclaró que “acá solo se hace lo que dicen los delegados, o sea el gremio central. Ojala esta ola nos de algo a los laburantes, hay que seguir aprovechando la tormenta” concluyó.
Claudia Ferreyra, enfermera del Hospital Rivadavia, referente de la Marrón Salud, nos expresó: “El gobierno nos tiene que dar una respuesta a los trabajadores de la salud. Porque autorizan aumentos de tarifas, de precios, para que ganen los empresarios, porque pagan millones al FMI, y los trabajadores esenciales estamos con sueldos de pobreza. En mi hospital nos estamos preparando para continuar el paro el día de mañana con movilización al que se sumó ATE, según nos informaron hoy. Los dirigentes del SUTECBA son los responsables, los que acuerdan las paritarias a la baja hace años y son los que negociaron con Larreta que no nos reconozcan como profesionales. No tenemos ninguna confianza en ellos. Es el momento de tomar el reclamo en nuestras manos y llenar las asambleas todos los trabajadores de los hospitales juntos sin importar el gremio o la afiliación. Exigir a las conducciones la continuidad del plan de lucha, coordinar entre todos los hospitales como hicimos en la marea blanca del 2018 para preparar una gran movilización el 12 de mayo, junto a nuestras familias y nuestros pacientes que también sufren la precarización de la salud pública y el ajuste, invitando a los estudiantes de la salud, y las organizaciones que nos quieran venir a apoyar. Que esta vez se sienta con fuerza que no nos callamos más”.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La Unión Trabajadores de la Educación denunció escuelas con filtraciones e inundaciones por falta de inversión en infraestructura escolar
El comunicado del sindicato docente señala que “Una vez más la lluvia deja al descubierto la desinversión del gobierno porteño y la falta de mantenimiento de los edificios escolares, en las escuelas de la Ciudad, de distintos niveles y modalidades” donde se vieron filtraciones y sectores anegados por estar inundados.
Foto: UTE
El listado de escuelas con problemas tras las tormentas comienza con la EEM N°6 “Padre Múgica”, “cuyo edificio fue inaugurado en 2019, presentó filtraciones tanto en aulas como en espacios comunes. Esta situación se suma a un avanzado estado de deterioro que preocupa a su comunidad educativa a tan poco tiempo de su inauguración y que se advierte, por ejemplo, en el mal estado de los techos”.
También, “la EEM 1 DE 13, que comparte edificio con el Comercial 6 DE 13, presenta filtraciones en el primer piso producto de la caída de mampostería. En ese mismo distrito, en el interior de la Escuela 19 DE 13, edificio en el cual también funciona el JIN A, llovió tanto como afuera, producto de las filtraciones generalizadas; esta situación se repitió en el JII 13 DE 20”.
Por su parte en el Otto Krause también se registraron graves filtraciones, esta vez en el segundo piso. El Colegio 1 DE 3, “Bernardino Rivadavia” presentó un panorama similar agravado por estar en medio de una obra que preocupa mucho a su comunidad educativa, la cual se movilizó a principios de año por el estado de abandono de su edificio escolar”, denuncia la UTE.
El comunicado señala que “estos son sólo algunos de los numerosos casos de problemas edilicios que dejó en evidencia la lluvia del día de hoy”, por ello acompañan los reclamos y repudian “la situación de abandono en la que se encuentran las escuelas de nuestra ciudad y exigimos a Larreta y Soledad Acuña que garanticen soluciones inmediatas a los problemas de infraestructura y aumente el presupuesto educativo, único camino posible para generar condiciones dignas de enseñar y aprender”.
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Represión policial
Hospital T. Borda: realizaron un acto al cumplirse nueve años de la brutal represión en la institución
La Asociación Trabajadores del Estado junto a distintas organizaciones, realizaron ayer un acto con motivo de cumplirse nueve años de la represión ejercida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra pacientes, trabajadores, legisladores y periodistas en el Hospital Borda.
Foto: Ate capital
«2013-2022, a nueve años de la represión en el Borda, seguimos exigiendo justicia», fue la consigna de la convocatoria que se hizo desde las 10hs. en la sede de ese centro de salud porteño, ubicado en la calle Ramón Carrillo 375 del barrio de Constitución.
Las organizaciones recordaron en un comunicado que «se cumple un nuevo aniversario de aquella represión policial dentro del hospital que dejó más de 50 heridos entre trabajadores, pacientes, periodistas y legisladores de la Ciudad», y señalaron que se trató del día «en que nos arrebataron el Taller 19».
«Seguimos reclamando que paguen los responsables políticos de aquella represión, recuperar las vacantes para trabajadores y pacientes; paritarias, salarios y condiciones de trabajo dignas para atender a nuestros pacientes», manifestaron los trabajadores de ATE
El 26 de abril de 2013, la Policía Metropolitana irrumpió violentamente en las instalaciones del Hospital T. Borda con el objetivo de demoler los Talleres Protegidos. La orden fue dada por la gestión del entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y su vicejefa, María Eugenia Vidal, quienes tenían la intención de instalar allí un centro cívico para que funcionen dependencias gubernamentales.
Pacientes psiquiátricos, trabajadores, legisladores, militantes, vecinos y comunicadores que se acercaron al hospital en esa oportunidad fueron víctimas de esa represión, que incluyó golpes y gases lacrimógenos.
El acto, que contó con la participación de más de 250 personas, tuvo como puntos centrales el pedido de castigo a los responsables de la represión, la defensa de la salud pública, la reivindicación de la labor diaria de sus trabajadores y el reclamo de reconstrucción del Taller Protegido 19 en el lugar donde estaba ubicado.
«Hoy los hospitales de salud mental siguen abiertos gracias a que lo sostienen los trabajadores y trabajadoras de salud, gracias a su esfuerzo cotidiano y a la resistencia que arrancó ese 26 de abril de 2013, afirmó el delegado de Talleres Protegidos, Gustavo Fernández Ferro y sostuvo que se trata de «una fecha que debemos recordar porque es la prueba más cruda de lo que significa la salud pública para el neoliberalismo».
Por su parte, las Juntas Internas de ATE de los hospitales Borda, Moyano, Alvear, Tobar García y Talleres Protegidos señalaron en un comunicado que «estamos orgullosos y orgullosas, porque si bien el costo que pagamos fue alto y el taller ya no está, sin esa lucha, sin enfrentar cara a cara a la policía ese 26 de abril, hoy no tendríamos el hospital Borda abierto, de pie».
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La UTEP se movilizará el 1° de Mayo con el fin de impulsar “propuestas concretas para mejorar la realidad de los trabajadores y las trabajadoras que más lo necesitan”

El referente de La Bancaria y diputado nacional, Carlos Cisneros, ratificó que el anuncio está vigente. Hoy hay reunión en la cartera laboral para destrabar la situación. Si no hay acuerdo, podría dictarse la conciliación obligatoria.
La Asociación Bancaria confirmó que sigue firme su decisión de llevar adelante un paro nacional por 24 horas para mañana jueves 28 de abril ante el fracaso en la negociación paritaria. Lo informó esta mañana Carlos Cisneros, referente del gremio y diputado nacional.
En tanto, esta tarde habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo entre La Bancaria y las cámaras del sector para tratar de destrabar la situación. De no llegar a un acuerdo, la cartera laboral podría dictar la conciliación obligatoria.
Ante esa posibilidad, Cisneros cuestionó al ministro Claudio Moroni al remarcar que “nos gustaría que el Ministerio de Trabajo, que forma parte de un gobierno peronista, equilibre las fuerzas para el lado de los trabajadores y no para el lado de los bancos y los banqueros”.
La Bancaria manifestó que los empresarios «mantienen su misma postura al ofrecer una propuesta insuficiente y dilatar el acuerdo salarial, especialmente porque ellos mismos sostienen ante el BCRA en el informe REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) un pronóstico inflacionario para el presente año, pero por otro lado pretenden dar migajas a sus trabajadores».
El sindicato además remarcó que las cámaras empresariales «tampoco dan respuesta a los restantes puntos presentados y planteados, como por ejemplo la regulación de la ley de teletrabajo, guardería universal, tercerizaciones, desarticulación del trabajo bancario, reconversión de los puestos laborales respecto del avance tecnológico, frenar los cierres de sucursales, derogar las circulares del BCRA que permiten brindar servicios financieros por fuera del sistema bancario, entre otros».
La paritaria bancaria venció el 31 de diciembre y, por el momento, solo se acordó el primer trimestre, que estableció $10.000 en enero, $14.500 en febrero y $14.500 en marzo para todo el personal.
En el marco de las negociaciones, también está pendiente convenir el aumento por el Día del Bancario.
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Paro por tiempo indeterminado: los trabajadores de peaje iniciaron una medida de fuerza en AUBASA

Se trata de una huelga que lleva adelante en todas las estaciones de peaje a cargo de AUBASA incluido el corredor Atlántico por «la falta de respuestas a los reiterados reclamos que se realizan desde agosto de 2021”.
El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), que dirige la secretaria general Florencia Cañabate, inició este martes a la noche un paro por tiempo indeterminado del personal de la empresa Autopistas Buenos Aires SA (AUBASA), que incluye el levantamiento de barreras en todas las estaciones, bases y oficinas del Acceso y Corredor Atlántico de la Provincia de Buenos Aires.
Según detallaron desde el gremio, la medida de fuerza se definió tras «la falta de respuesta a los reiterados reclamos que vienen realizando los trabajadores y trabajadoras desde agosto del año pasado».
Entre ellos: por persecución sindical, negativa de la empresa para aplicar a trabajadores y trabajadoras la vacuna antigripal, como también para hacer efectivo el descuento del 3% de sus haberes al personal jerárquico para el pago de la cuota sindical, entre otros reclamos.
Los motivos del paro de SUTPA
–Persecución Sindical: AUBASA suspendió a trabajadorxs en medio de una conciliación obligatoria que dictaminó el Ministerio de Trabajo de la Provincia.
–Negativa de la Empresa a aplicar la vacuna antigripal, derecho que la organización conquistó hace 6 años. Esta situación se da en uno de los momentos más críticos en materia de salud desestimando las sugerencias de la OMS.
–AUBASA se niega a realizar el descuento del 3 % correspondiente a la cuota sindical de los jerárquicos, según lo que estipula el estatuto para el crecimiento de nuestra Organización.
–Siguen en funcionamiento móviles con más de 500.000 km que debían ser reemplazados según el compromiso asumido luego del conflicto del año pasado. Los móviles que compraron no fueron carrozados según lo que corresponde.
–AUBASA quiere precarizar a los compañeros y compañeras del sector de espacios verdes sacándoles derechos e intimándolos con cartas documento por el ejercicio de su legítimo derecho a huelga.
–Falta de indumentaria y elementos de seguridad para las y los trabajadores de distintos sectores.
–Falta de mantenimiento y condiciones edilicias adecuadas para poder desarrollar sus trabajos.
«Todo lo descripto fue acordado con la Empresa en agosto del 2021 luego del paro que realizó nuestro Sindicato y AUBASA, a pesar de lo consensuado, incumplió su compromiso lo cual es una absoluta falta de respeto a las y los trabajadores, a nuestra Organización y a las autoridades de Ministerio de Trabajo intervinientes», enfatizaron desde el sindicato.
«Reiteramos nuestra decisión de defender las conquistas de tantos años de lucha. No permitiremos que vulneren nuestros derechos. Hoy y siempre, SUTPA somos todas y todos», cerraron.
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Yasky le pidió a Alberto afloje con la UIA que «repite el libreto de la oposición» y que escuche a los empresarios Pymes

El diputado del Frente de Todos (FdT) y secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, sostuvo hoy que el poder económico del país «genera inestabilidad e incertidumbre» y que «utiliza como pretexto para mantener la renta extraordinaria que obtienen el constante aumento de precios».
«El poder económico genera inestabilidad e incertidumbre y la utiliza como pretexto para mantener la renta extraordinaria que obtienen, entre otros mecanismos especulativos, por la vía del aumento de precios», opinó Yasky en declaraciones a Télam.
En esa línea, el legislador consideró que «los sectores del poder económico centrados en la UIA (Unión Industrial Argentina) apuestan a encerrar al Gobierno en un laberinto en el que los sectores populares sean los que más sufren las consecuencias de un mundo convulsionado».
«No se puede admitir que esas consecuencias las tengan que pagar los mismos de siempre», remarcó.

Para el titular de la CTA, «la UIA repite el libreto de la oposición. Ese nado sincronizado no es casual. Por eso el Gobierno debería escuchar también a una inmensa cantidad de empresarios Pymes que no aparecen en el radar de la política, ni están representados por los grandes grupos concentrados que expresan UIA y AEA».
Finalmente, para Yasky, «las propuestas de la Unión Industrial saben a guiso recalentado de las viejas recetas neoliberales, siguen insistiendo con la destrucción de los derechos laborales, las pasantías como mano de obra barata y todo aquello que ya fracasó cada vez que gobernó la derecha en la Argentina».
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Así lo dispuso hoy el Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional N° 63 a cargo de la jueza Vanesa Peluffo. Entre los 41 choferes de la UTA que fueron acusados se encontraba Miguel Ángel Bustinduy que encabeza la agrupación opositora «Juan Manuel Palacios». «Se cayó el armado de causas de Fernández», afirmaron.
El 16 de diciembre de 2019 la sede del sindicato de choferes de colectivos UTA terminó tomada por cientos de trabajadores, delegados y referentes de distintas líneas de colectivos.
El origen del conflicto se encuentra en un polémico proceso electoral con el que Roberto Fernández finalmente renovó nuevamente su mandato. Para aquella ocasión no homologó la nómina de Miguel Ángel Bustinduy, hombre clave en el armado sindical de la zona metropolitana y cabeza de la principal agrupación opositora.
Luego de no poder presentarse a los comicios las diferencias se acrecentaron con el acercamiento de los opositores al moyanismo. En aquella jornada a fines de 2019 y luego de paralizar más de 60 líneas de colectivos, tomaron las instalaciones mientras le exigían la renuncia a Fernández.
Con el correr del tiempo, la situación escaló y algunos de los presentes «provocaron daños en mobiliarios e instalaciones –mampostería, puertas internas y externas, vidrios de ventanas y de puertas tanto internas como externas, entre otros- agredieron físicamente y lesionaron a varios empleados que se encontraba realizando sus tareas en el lugar y sustrajeron diversos objetos.», según se afirma en el documento judicial al que accedió InfoGremiales en exclusivo.
De la investigación judicial resultó que la jueza Peluffo decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer a Miguel Ángel Bustinduy, Carlos Ramón Franco, Orlando Gabriel Varela, Gustavo de Jesús Esquivel, Juan Manuel Segui, Ricardo Fabián Michel, Julio Daniel Noguera, Walter Osvaldo Fernández, Walter Hugo Fernández, Luis Ángel Ludueña, Eduardo Ernesto Morandi, Cristian Adrián Aramberry, Roberto Enrique Tevez, Luis Gustavo Zuñiga, Matías Ezequiel Viccichi, Néstor Fabián Rivero, Héctor Gastón Quinteros, Martin Adrián Almada, Jesus Horacio Lascano, Sergio Maximiliano Clemente, David Roberto Reynoso, Julián Emilio Baioni, Walter Leonardo Narváez, Ángel Gamarra, Daniel Oscar Sosa, Carlos Alberto Coronel, Aldo Andrés Zambrano, Cristian Damian Castillón, Jorge Javier Isabella Matos, Hernán Antonio Romero, Walter David Castillon, Mauro Israel Gómez, Jose Luis Fernández, Gabriel Alejandro Naveira, Oscar Rodolfo Carófalo, Raúl Horacio Jerónimo, Silverio Gómez, Javier Omar Pacios, Jonathan Fabián Mansilla, Miguel Adrián Roberti y Esteban Joel Montaño, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos por los que fueron indagados en la causa.
«Se cayó el armado de causas de Fernández», afirmaron desde la «Juan Manuel Palacios».

Otros seis, sin embargo, quedaron procesados por ser considerados prima facie autores del delito de hurto calamitoso en tentativa, que implica tomar cosas ajenas aprovechando la ocasión de un incendio, inundación u otra calamidad, y esperan la resolución judicial en libertad provisional.
Según la UTA, los imputados, junto a otras cientos de personas a la fecha no identificadas, tras ingresar a la sede gremial mediando fuerza física en las cosas y violencia sobre las personas, se apoderaron ilegítimamente mediante el uso de al menos un arma de fuego, de: -electrodomésticos y otros bienes que fueran donados previamente a UTA por varias empresas de transporte público de pasajeros para ser sorteadas en la fiesta de fin de año del gremio, billeteras varias, libro de actas y la suma de unos $876.000.
El documento también registró a 10 heridos con fracturas y politraumatismos de toda índole.
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La industria automotriz advierte que se podría paralizar por falta de insumos

A pocos días de la primera revisión del Fondo Monetario Internacional en la economía argentina, la industria automotriz advirtió al Banco Central (BCRA) que «están en riesgo» los planes de producción, exportación e inversiones y que “podría paralizarse el sector”, por la escasez de dólares a la hora de comprar insumos importados.
En ese sentido, desde el sector se reclama que “sea cambiada la asignación de dólares para la compra de esos insumos” que además están sujetos a “condicionamientos externos” propios de una economía global en guerra.
Las cámaras empresarias advirtieron que la comunicación «A» 7466 del BCRA que modificó la asignación de dólares a las empresas para la importación de insumos impacta directamente «en el abastecimiento necesario para la fabricación de la cadena de la industria automotriz».
El pedido fue realizado por la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), con el respaldo del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).
La nota diseñada incluye a varias empresas autopartistas que temen “no poder continuar abasteciendo a las empresas terminales a partir de los primeros días de mayo”, al “no haber sido aceptado por parte de sus proveedores del exterior los cambios en las condiciones comerciales que tenían previamente a la comunicación A 7466″.
Esto anticipa «un impacto negativo muy significativo en las exportaciones y en el índice de la actividad industrial», algo que desde el sector y los gremios afines intentan evitar pues «de no encontrarse una solución en el corto plazo, “esta situación pondrá en discusión y riesgo los planes de producción, exportación e inversiones proyectados para todo el año, tanto de las empresas terminales como autopartistas», con las consecuencias laborales derivadas de éste “parate”.
De ahí la necesidad de una urgente solución al problema que enfrenta uno de los sectores estratégicos por su derrame económico y social y la situación del personal afectado a las tareas. Algo que ya fue planteado al Gobierno, por un grupo de sindicatos industriales que ven con preocupación la falta de «políticas contundentes» desde el Estado a la hora poner verdaderamente en marcha el «motor productivo» de la Argentina.
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Un panorama global sombrío se suma a la inestabilidad Argentina y el FMI deberá revisar nuestro plan

El contexto mundial inflacionario no colabora con la fragilidad de la macroeconomía argentina. Las principales potencias mundiales se ven afectadas por índices de precios en alza, desconocidos por ellos desde hace décadas, cuestión que no contribuye al intento local de ir en contra de la corriente y poder cumplir con la estimación del 48% que se estableció en el plan de pago de la deuda.
Por ese motivo, el FMI admitió que deberá revisar las metas de inflación que acordó con la Argentina para este año, por el impacto de «los nuevos shocks de la economía global». En el acuerdo que el Fondo Monetario cerró con la Argentina, se estableció un rango de inflación de entre el 38% y el 48% para 2022, pero se estima que la suba de precios será mucho más alta.
Más allá de esto, desde el Gobierno -con Martín Guzmán en la cuerda floja- descartan “que se puedan aplicar modificaciones en los objetivos macroeconómicos del programa”. De este modo, ratificaron el objetivo de reducir el déficit fiscal a 2,5% en relación al PIB para este año, cuestión que generó una interna “insalvable” en el Gobierno, otro factor que complica la trayectoria del acuerdo.
A ello se suma un sector que impulsa con fuerza la idea de que sea Macri quien pague la deuda contraída. Cómo? a través de la recaudación de «dólares fugados del mismo crédito», algo que deberá atravesar el Congreso y la Justicia.
Mientras tanto, el Fondo, busca «priorizar medidas para asegurar que los objetivos del programa sean alcanzados. Las metas no van a cambiar, vamos a dar apoyo al Gobierno para priorizar para cumplir los objetivos del programa», enfatizó Martín Goldfajn, representante del organismo, también sabedor de la responsabilidad del Fondo a la hora de otorgar un crédito de semejante magnitud a un país en peligro de “default”.
Las cuestiones “políticas” que llevaron al otorgamiento del crédito en el gobierno de Mauricio Macri, casi no están en discusión, y hay intenciones de saldar todos esos “imponderables”, lo que no hay certezas es de cuánto sea el costo de saldarlos, tanto para el país como para el órgano crediticio que conduce Kristalina Georgieva, quien por éstas horas se encuentra con otras prioridades a nivel mundial.
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La echaron por intentar representar a un gremio, fue a la Justicia y le dieron la razón
La mujer fue despedida en 2015 de la firma Liebherr, la que ahora deberá pagar por el daño moral ocasionado.

Cuando ocurrió, en 2015, llamó la atención porque los trabajadores manifestaban que habían sido despedidos producto de un reclamo sindical, ya que intentaban tener representación gremial dentro de la empresa. Por su parte, la firma había indicado que la desvinculación se debía a una reestructuración y a que un área específica, donde desempeñaban tareas los empleados, había sido desmantelada, algo que con el tiempo no se comprobó. Si bien fueron entre 20 y 30 los trabajadores afectados, al menos una concurrió a la Justicia y solicitó una indemnización por daño moral, por haber sido víctima de un despido con tinte discriminatorio producto de su afiliación sindical. Tras un paso negativo en primera instancia, con una resolución a favor de la empresa, la mujer sostuvo su punto de vista ante la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, que le dio la razón y obligó a la firma a hacer frente al reclamo de la trabajadora. Fuentes judiciales indicaron que se trata del primer fallo de este tipo en la provincia, en el que una compañía es castigada por discriminación sindical.
Los protagonistas del expediente fueron Carla Costabile, actual secretaria Adjunta de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la actividad minera (ASIJEMIN), y la firma Liebherr, ubicada en Rawson, encargada de dar servicio y asistencia técnica a maquinaria de esa empresa en la minería. El fallo, fue dictado por la Sala I de la Cámara Laboral, con el voto principal de Mariano Ibáñez, quien tuvo el respaldo de su par Guillermo Rahmé. En su resolución, el magistrado fue muy duro con el juez de primera instancia, Matías Pallito, porque este «resolvió por el camino más corto con evidente perjuicio para la trabajadora discriminada, quien se vio efectivamente privada de su trabajo en forma arbitraria e injusta, como consecuencia de un accionar empresarial dirigido a extinguir el vínculo», motivación «que debió ser expresamente reconocida por el juez». Es que, el primer magistrado había rechazado el planteo por un detalle muy sutil, al indicar que la ley antidiscriminatoria indica que se debe «dejar sin efecto el acto o cesar en su realización y a reparar el daño moral ocasionado», mientras que la mujer sólo solicitó que le sea reparado el daño moral. En esa línea, Ibáñez destacó que «se debe privilegiar al trabajador discriminado, quien puede pretender retornar a su puesto laboral, o, por el contrario, solo reclamar el daño moral, pues en materia de discriminación, parece más válido que se tenga en cuenta el deseo de quien ha sufrido una afrenta a un derecho humano fundamental que el de quien lo ha violado».

A su vez, reafirmó que la empresa «transgredió el derecho de la trabajadora a no ser discriminada por motivos antisindicales». Es que, según el expediente, la movida empresarial contra la trabajadora y sus pares quedó clara ya que, el 13 de octubre de 2015, ASIJEMIN le informó a Liebherr las listas de candidatos para las elecciones de delegados que iban a celebrarse el 27, 28 y 29 de ese mes. El 14 la firma contestó negando el reconocimiento de investidura gremial a la trabajadora y, finalmente, el 15 procedió al despido de todos los candidatos, incluida Costabile.
Con un fallo favorable Cámara, la empresa deberá pagar a la sindicalista 150 mil pesos actualizados, unos 500 pesos indicaron las fuentes. Por su parte, el único recurso que le queda a Liebherr es ir a la Corte y que esta decida analizar su causa.
Fallo inicial
La resolución de primera instancia fue dictada por el titular del Primer Juzgado Laboral, a cargo de Matías Pallito. El fallo vio la luz en septiembre del año pasado. El magistrado resolvió a favor de la empresa rechazando el planteo de la trabajadora quien dijo haber sufrido discriminación sindical.
Despidos
20 Fue la cantidad de despidos que hizo la empresa Liebherr luego de que los trabajadores anunciaran filiación sindical.
Fallo de Cámara
El juez Mariano Ibáñez sostuvo en su fallo que «el despido fue una medida expulsiva con un claro tinte discriminatorio» porque la empresa «estaba al tanto de que ASIJEMIN se encontraba próximo a obtener el ámbito de actuación personal y territorial de Rawson».
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PUBLICIDAD: TRABAJO CLANDESTINO CON MENORES
La productora Open Mind intentó rodar un comercial para la agencia Juna y su cliente Megacable sin cumplir con las normas de respeto de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y de disposiciones nacionales protectoras del trabajo artístico de niños, niñas y adolescentes que establece el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y COPRETI. Efectivamente, en un trabajo de inspección conjunto con la Secretaría Gremial de SICA APMA, nuestros inspectores detectaron la ilegalidad y se realizaron las acciones para revertir la irregular situación de las trabajadoras y trabajadores, tanto técnicas y técnicos como actrices y actores, y especialmente la de los menores en cuestión, que sin autorización de los padres y entes responsables, se intentaba hacer trabajar. Este avasallamiento de nuestros derechos laborales fue impedido gracias a la acción coordinada de las trabajadoras y trabajadores junto a sus organizaciones gremiales.Defendiendo siempre el Trabajo Registrado.
SECRETARÍA GREMIA LCONSEJO INTEGRAL ASOCIACIÓN DE ACTRICES Y ACTORES
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La empresa Eventbrite radicada en Mendoza implementará la semana laboral de 4 días
El primer viernes de cada mes, la compañía adoptará la medida “para favorecer el bienestar y la salud mental de sus trabajadores en todo el mundo”. Lo llaman el “BriteBreak Friday” pretende potenciar la conciliación entre el aspecto laboral y el familiar.Abr 27, 2022 | Gremiales |

Se trata de la multinacional Eventbrite, radicada en Godoy Cruz, Mendoza. Una vez por mes, a nivel global, implementará una semana laboral de 4 días. Dará los viernes libres “para favorecer el bienestar y la salud mental de sus trabajadores”.
Unos 150 trabajadores empleados en una multinacional que tiene su oficina central argentina en la localidad mendocina de Godoy Cruz tendrán el primer viernes de cada mes libre. La decisión es “para favorecer el bienestar y la salud mental de sus trabajadores en todo el mundo”, indicaron desde la empresa.
“La empresa tomó esta medida para mejorar la calidad de vida de su plataforma tecnológica global de gestión de eventos y de compra de entradas, impone el primer viernes de cada mes libre”, señalaron desde la firma Eventbrite que está instalada en la localidad de Godoy Cruz.
El “BriteBreak Friday” – como la compañía denomina a este beneficio social – proporciona a cada empleado “tiempo para desconectar de la rutina y recargar energía”.
Esta medida es una más entre otras que buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores y para que puedan potenciar la conciliación entre los aspectos laboral y familiar.
“Es muy importante ya que se empieza el mes con otra mentalidad. Sabes que sí o sí vas a tener un fin de semana largo para dedicarlo a cosas para las que durante la semana quizás no tengas tanto tiempo. Mientras que el mundo a mi alrededor sigue avanzando con su rutina, puesto que es un viernes normal para ellos, sé que mi día va a ser relajado y voy a poder dedicar ese tiempo a mi bienestar”, detalló la manager de Eventbrite, Vanesa Boulet.
Antecedente en la provincia
La semana laboral reducida a cuatro días también fue implementada por otra empresa radicada en Mendoza a fines del año pasado cuando por iniciativa del propio equipo de trabajo, la compañía de software Midas decidió hacerla realidad.
En tal sentido, uno de los socios de Midas, Fernando Santanciero, había especificado: “En nuestro caso apuntamos con esta dinámica a implementar beneficios para las personas que trabajan en Midas que estén alineados con la cultura, los valores y con la impronta que buscamos darle a los recursos humanos que tenemos, lo cual es muy importante para la empresa».
“Buscamos lograr mayor retención, fidelidad y motivación con nuestros empleados”, afirmó
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DERECHOS LABORALES
Gremio minero alertó que minorías «están al acecho y pretenden eliminar conquistas sociales»
El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, reivindicó alertó sobre minorías que «están al acecho y pretenden eliminar conquistas sociales» y rechazó proyectos legislativos opositores de intromisión en los gremios.

El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, reivindicó en Salta la labor sindical; alertó sobre minorías que «están al acecho y pretenden eliminar conquistas sociales» y rechazó proyectos legislativos opositores de intromisión en los gremios, al clausurar el III Congreso Nacional de la entidad en Salta.

Ante dirigentes de 18 filiales y la conducción nacional, Laplace sostuvo «la necesidad de estar cerca de la gente»; remarcó que la realidad económica y política «no es fácil porque es casi imposible vivir con un 6 o 7% de inflación mensual» y rechazó un proyecto presentado por la oposición para «entrometerse con la personería de los gremios».
El dirigente cuestionó: «¿Desde cuándo la política puede meterse en la vida de los sindicatos y los trabajadores?«, quien también criticó un anteproyecto de ley presentado para que los empleadores no practiquen los descuentos a los afiliados.
Para Laplace, esas iniciativas no son democráticas y reviven «las épocas más nefastas del país», y aseguró que esos proyectos «no apuntan contra los dirigentes sindicales sino contra los trabajadores, en un claro intento por eliminar las conquistas sociales».
El dirigente agregó: «Las cosas no están bien, pero hay que saber que hay enemigos al acecho que solo pretenden otorgar más beneficios a una minoría, la que más tiene, como ya ocurrió hace poco tiempo. Hay otros que vienen por todos los beneficios», enfatizó el gremialista.
Laplace reivindicó el documento de la CGT que afirmó que solo «se podrá salir de esta crisis con más producción y trabajo», difundido por la central obrera luego del último encuentro de consejo directivo, y coincidió en rechazar «las especulaciones políticas», sostuvo el dirigente gremial.
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NO LOS ESCUCHAN
Músicos municipales en problemas: “En otras gestiones no era una cosa tan brutal como ahora”
Durante una movilización realizada este lunes frente a la secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, denunciaron “condiciones de abandono y precarización laboral además de “vaciamiento” de los organismos que integran. Reiteran pedidos de audiencia que no son respondidos.

Trabajadores de la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario, del Ensamble Municipal de Vientos de Rosario, del Quinteto Municipal de Cuerdas de Rosario y del Quinteto Municipal de Vientos de Rosario, se movilizaron este lunes frente a la Secretaría de Cultura “con propósito de denunciar las condiciones de abandono, precarización laboral y vaciamiento de los organismos” que integran.
Allí, con el apoyo del Sindicato de Municipales, uno de los integrantes del Quinteto de Cuerdas, Marcelo Ajubita, detalló que “desde antes de la pandemia, hubo integrantes de todos los organismos que se fueron jubilando y hay fallecidos”.
Por ello, agregó Ajubita, “los organismos sin esa gente no pueden funcionar” y por eso piden la realización de concursos “para que esos cargos se efectivicen”.
Después de revelar que anteriormente le pidieron audiencia tanto al secretario de Cultura, Dante Taparelli, como al subsecretario del área, Federico Valentini, y no fueron atendidos, el músico señaló que “de parte de la Secretaría es una precarización absoluta porque lo que pretenden hacer son audiciones, que no son concursos, y contratar a gente que cada dos meses vaya rotando”.
“Eso es inviable porque los organismos musicales, al integrar a alguien nuevo, tienen un mínimo de preparación para armar un repertorio, al menos un mes. Entonces si se arma un contrato cada dos meses con gente distinta ¿qué ocurre? Ensayás y no tocas”, especificó.
Más adelante, Ajubita que lo que quieren hacer es trabajar y remarcó que “siempre hubo problemas, pero que en otras gestiones no era una cosa tan brutal como ahora que entre todos los organismos, nos faltan quince integrantes”.
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Agricultura apuesta por el fortalecimiento de las cooperativas
A pocos días del «tractorazo» amarillo, el Gobierno pone el foco en otro sector del campo: las cooperativas que buscan otro tipo de de economía, producción e incluso alimentación.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, garantizó que se está «construyendo un plan nacional de desarrollo cooperativo» para lograr una «mayor productividad y más valor agregado en origen». De esta manera, y a poco de realizarse el llamado «tractorazo», el funcionario corre el foco de los empresarios ruralistas y sus reclamos para referirse a un grupo de productores que creen en otro tipo de sistemas, negocios e incluso alimentación porque aportan por lo orgánico y los campos sin glifosato.
«Estamos construyendo un plan nacional de desarrollo cooperativo con todo el sector para potenciar un modelo de producción con más productores, con la familia rural adentro. Es una propuesta que se inserta en nuestros objetivos de generar mayor productividad y más valor agregado en origen», indicó Domínguez desde Israel, donde realiza una visita oficial junto a gobernadores y funcionarios nacionales.
Durante la jornada, el titular de la cartera agropecuaria participó de una recorrida junto a su par de Interior, Eduardo «Wado» De Pedro; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme; y gobernadores, para interiorizarse sobre el trabajo que se lleva adelante en los Kibbutz.
Este tradicional sistema de organización de la producción de Israel se caracteriza por ser asociativo hacia el interior de la comunidad, pero que se integra como empresa de alta eficiencia productiva para insertarse en los mercados internacionales más competitivos.
De la recorrida participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Río Negro, Arabela Carreras; de San Juan, Sergio Uñac; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
En ese marco, el titular de la cartera agropecuaria se refirió al trabajo que está desarrollando la cartera agropecuaria en conjunto con el sector para potenciar a las más de 600 cooperativas argentinas. «Estamos en una coyuntura donde la demanda global, la revolución técnica, científica y los desafíos climáticos requieren repensar todos los modelos de producción. En el cooperativismo encontramos una fuerza económica, social, solidaria y organizativa para colocar al productor en el centro de la política productiva», expresó.
Por eso, el ministro nacional resaltó que «la esencia de nuestra propuesta es apostar a los mejores valores del cooperativismo como una fuerza económica, social y productiva que destaque el rol fundamental que tienen nuestros productores y destaque su contribución con un modelo productivo sustentable».
En ese sentido, el secretario de Alimentos, Bioeconomia y Desarrollo Regional, Luis Contigiani, encabeza en representación de la cartera «una agenda de trabajo junto a los principales actores del sistema cooperativo argentino», informó Julián Domínguez.
«Comenzamos esta misma semana con el esquema de trabajo con el sector. Vamos a plantear nuestra propuesta, dialogar y escuchar los aportes para enriquecerla. El secretario Contigiani ya estuvo en Córdoba a principio de semana y continuará con la agenda de trabajo en Santa Fe y Entre Ríos», finalizó.
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“Los del tractorazo deberían regularizar a miles de trabajadores”
La Uatre, el sindicato que nuclea a lxs trabajadorxs rurales, emitió un documento en el que despega a lxs verdaderxs laburantes del campo de la protesta del sábado pasado y exige a las patronales que registren a sus empleados.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) reclamó a los productores agropecuarios que encabezaron una protesta el sábado pasado que regularicen a lxs miles de trabajadorxs del campo que no están registradxs.
A través de un documento, el secretario general de la Uatre, José Voytenco, rechazó este martes la manifestación que se desplegó en Plaza de Mayo y en el resto del país porque «no tuvo presencia, ni participación de los trabajadores rurales».
El sindicato que lidera representa a 560 mil afiliadxs en todo el territorio nacional. Desde ahí, el gremialista enfatizó: “Los del ‘tractorazo’ no son del campo sino que es el personal el que a diario pone el hombro para que la comida llegue a la mesa de todos los argentinos».
En el documento, se exige a «los empleadores rurales que a diario deambulan por los medios de comunicación que registren a los miles de empleados» del sector, uno de los históricamente explotados y marginados del mercado de trabajo registrado.
«La actividad funciona muy bien, pero a la dirigencia gremial le cuesta mucho alcanzar aumentos salariales para que los trabajadores vivan de forma digna», puntualizó.
Desde su asunción, Voytenco apartó al gremio de la Mesa de Enlace y de forma reciente fue respaldado por más de 70 entidades que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) de Pablo Moyano.
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Observatorio Gremial
Desigualdad y carreras universitarias: una deuda pendiente
El 9 de abril se fijó como el Día del Pago Igualitario por la diferencia en los ingresos entre varones y mujeres. ¿Qué pasa entre las mujeres profesionales?

Por: Ecofeminita
Este mes se celebra el Día del Pago Igualitario, jornada en la que evidenciamos la desigualdad de ingresos entre varones y mujeres, y cómo las últimas tienen que trabajar 3 meses y 9 días más que sus compañeros para alcanzar la misma masa de ingresos.
No faltaron los comentarios y, tal vez también te lo estés preguntando: ¿esta diferencia entre ingresos vale para todos y todas? La diferencia entre los ingresos totales por mes de varones y mujeres es del 28,4%. Cuando nos centramos únicamente en el ingreso de las ocupaciones principales la diferencia es del 26%, y esta es la llamada brecha salarial.
Si hacemos doble clic en la brecha salarial y separamos por nivel educativo vemos que la diferencia de ingresos es de 51,4% para las personas que cuentan con nivel primario completo, y del 31,3% para las personas con el nivel universitario. Es decir, la brecha crece entre los niveles de menor instrucción, llegando a la alarmante cifra de que en el segmento de trabajadores sin cualificación las mujeres ganan menos de la mitad que sus pares varones. Su día del pago igualitario será a principios de julio.
Las mujeres graduadas
Ahora bien, la brecha para el grupo de trabajadoras universitarias es del 31,3% que es mayor al promedio. Tampoco llegamos aún a su día del pago igualitario. Esto nos muestra que en el caso de las trabajadoras más profesionalizadas no sólo existe la diferencia salarial con sus colegas, sino que la misma crece en relación al promedio del mercado.
¿Qué sucede al interior de este grupo que comparte un mismo nivel educativo? La brecha no es igual cuando comparamos entre los distintos sectores ocupacionales. Es decir, no es igual la brecha que presenten un investigador y una investigadora postdoctorales en Ciencias Sociales, que la que existe entre un varón y una mujer con licenciatura en Ciencias Químicas que trabajan en un laboratorio farmacéutico.
La reciente base de datos del sistema Araucano publicada por el Ministerio de Desarrollo Productivo nos brinda información, para el período 2019-2021, sobre las personas que se graduaron de carreras universitarias entre 2016-2018 y nos permite explicar un poco estas cuestiones.
Para las futuras profesionales, un momento clave de la segregación horizontal (el hecho de que mujeres y varones se reparten en distintos sectores) se evidencia en la educación superior. Mientras que las mujeres son mayoría en carreras asociadas a las tareas de cuidado -a través de la enseñanza y el cuidado de la salud-, o en disciplinas dedicadas al estudio de las relaciones e instituciones sociales, los varones se concentran en disciplinas vinculadas a las Ciencias Exactas y su aplicación en los sectores productivos de la economía con mejores remuneraciones.
El hecho de que las mujeres sistemáticamente estén en disciplinas de estudio que responden a los estereotipos femeninos vinculados a lo social y emocional, o directamente se vinculan a su rol como cuidadoras, da cuenta del carácter estructural de las “paredes de cristal” que luego se observan en el mercado de trabajo.

«Carreras para mujeres»
La feminización de ciertas carreras universitarias se corresponde además con la infravaloración de aquellas disciplinas. Podemos observar que las carreras vinculadas a lo social (sea a su estudio o el cuidado) tienen en promedio salarios considerablemente más bajos que aquellas carreras de ramas “duras”. Así es como se explica la magnitud de la brecha de ingresos general: no sólo existe porque las mujeres trabajan remuneradamente menos horas, sino también porque las carreras en las que está socialmente aceptado que se desempeñen son peor remuneradas.

Foto: Ecofemidata
Para analizar las diferencias entre las brechas salariales de cada rama debemos tener en cuenta las características de las ocupaciones: la extensión y configuración de la jornada laboral, la exposición a situaciones de violencia, las posibilidades de ascenso, las distancias a los lugares de trabajo, etc. Por ejemplo, un aporte de la economía feminista es aquel que señala que las mujeres tienden a ubicarse en sectores de empleo con horarios más flexibles, de forma tal que les permiten conciliar el trabajo en el mercado laboral con la jornada adicional de trabajo doméstico y de cuidados en sus hogares.
Todo esto muestra la importancia de recibir una educación -dentro y fuera del sistema educativo formal- que no refuerce los roles de género, así como de visibilizar la menor valorización de las tareas vinculadas al cuidado dentro y fuera de la esfera doméstica, y la distribución entre varones y mujeres de las responsabilidades asociadas a dichas tareas. Además, es necesario ajustar los salarios de las ocupaciones tradicionalmente femeninas reconociendo su relevancia en la reproducción social y brindar licencias y una jornada laboral flexible para dedicar tiempo a las tareas de cuidado en los sectores productivos menos feminizados. Es decir, es necesaria una respuesta estatal: políticas públicas orientadas a corregir la brecha salarial focalizadas en carreras concretas.
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